Venley

Sentencia N.º 00869

Sentencia
N.º 00869
Fecha
31/05/2007
Sala
Político Administrativa
Expediente
2001-0050
Ponente
Emiro García Rosas
Procedimiento
Demanda

MAGISTRADO PONENTE: EMIRO GARCÍA ROSAS              

  EXP. Nº 2001-0050

 

El 11 de enero de 1999, el abogado ARGENIS JOSÉ OLIVEROS LAMEDA, inscrito en el INPREABOGADO bajo el Nº 42.554, actuando en nombre propio, solicitó ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, que se intimara el pago de honorarios profesionales a los abogados Alves Finol, Diego Villalobos, Ricardo Colina, Samer Shtayeh y Antonio Urdaneta, inscritos en el INPREABOGADO bajo los Nros. 46.366, 51.754, 29.113, 63.186 y 20.244, respectivamente, quienes actúan como apoderados judiciales de la empresa PDVSA PETRÓLEO, S.A., antes denominada PDVSA Petróleo y Gas S.A., originalmente inscrita como CORPOVEN S.A., en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, el 16 de noviembre de 1978, bajo el Nro. 26, Tomo 127-A Sgdo., en virtud de las actividades procesales realizadas por él actuando como apoderado de Agropecuaria Rancho Mi Fortuna S.A., en el expediente contentivo de la solicitud de establecimiento y constitución de servidumbre de hidrocarburos, presentada por la sociedad mercantil PDVSA PETRÓLEO, S.A. contra la referida empresa.

Por auto de fecha  17 de febrero de 1999, se le dio entrada a la demanda y el 1º de marzo de 1999, el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia acordó la intimación en alguno de los referidos abogados, para que PDVSA PETRÓLEO, S.A. pagara los honorarios estimados, dentro de los diez días de despacho después de intimados, o se acogieran al derecho a retasa.

            Mediante escrito de fecha 8 de marzo de 1999, el demandante solicitó se decretara medida de embargo provisional sobre bienes muebles que le pertenecen a PDVSA PETRÓLEO, S.A., de conformidad con lo establecido en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil.

            En fecha 9 de marzo de 1999, el demandante aclaró que el presente procedimiento fue incoado "... contra P.D.V.S.A. Petróleo y Gas (...)" y en consecuencia,  solicitó  al Tribunal  "(... ) que así lo establezca en la boleta de intimación todo con el fin de darle celeridad al proceso y que posteriormente los apoderados judiciales de la empresa demandada no aleguen vicios en la misma, como error en la citación u otros, prosperando así una eventual reposición de la causa".

Por decisión de fecha 15 de marzo de 1999, el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia se declaró incompetente para conocer de la presente demanda y declinó su conocimiento en esta Sala Político-Administrativa, de conformidad con los ordinales 15 y 16 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, aplicable ratione temporis.

            En fecha 22 de marzo de 1999, el demandante interpuso recurso de regulación de competencia contra la decisión antes mencionada, motivo por el cual, mediante auto de fecha 27 de septiembre de 2000 el referido Tribunal ordenó remitir el expediente al Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia.

 El 31 de octubre de 2000, el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, declaró que el Tribunal competente para conocer de esta causa era la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, y en consecuencia, ordenó su remisión a dicha Sala.

En fecha 23 de enero de 2001, la referida Sala declaró su incompetencia para conocer de la presente causa y declinó el asunto en esta Sala Político-Administrativa, el cual fue remitido mediante oficio Nº 33 de fecha 25 del mismo mes y año.

            El 30 de enero de 2001, se dio cuenta en Sala y por auto de esa misma fecha se designó ponente a la Magistrada Yolanda Jaimes Guerrero, a fin de decidir la declinatoria de competencia.

            En fecha 29 de marzo de 2001, la Sala dictó un auto para mejor proveer, en el que se le solicitó al demandante documentación “…que cursa y el estado en que se encuentra, el juicio de servidumbre judicial a que hace mención y que, a su decir, es la causa de los honorarios profesionales reclamados...”.

            Por diligencia de fecha 29 de mayo de 2001, el demandante consignó la documentación anteriormente solicitada.

            Mediante decisión publicada en fecha 20 de diciembre de 2001, esta Sala aceptó la competencia que le fue declinada por la Sala de Casación Civil, de conformidad con los artículos 42, ordinal 15 y 43 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia.

            El 9 de abril de 2002, el Juzgado de Sustanciación admitió la demanda y acordó abrir el correspondiente cuaderno de medidas, ordenó emplazar a la sociedad mercantil PDVSA PETRÓLEO, S.A., y notificar a la Procuraduría General de la República.

            En fecha 28 de mayo de 2002, la parte actora solicitó se librara boleta de notificación de conformidad con el artículo 218 del Código de Procedimiento Civil, a la empresa PDVSA PETRÓLEO, S.A., acordada el 29 de mayo de 2002.

            El 11 de junio de 2002, el Alguacil consignó recibo donde consta la notificación efectuada a la Procuraduría General de la República, firmado el día 7 del mismo mes y año.

            Mediante diligencia de fecha 26 de junio de 2002, el abogado Javier Zerpa Jiménez, inscrito en el INPREABOGADO bajo el Nº 53.935, actuando con el carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil PDVSA PETRÓLEO, S.A., se dio por citado en el presente juicio.

            En fechas 1º de octubre y 6 de noviembre de 2002, la demandada consignó escritos de contestación.

Por auto dictado en fecha 19 de noviembre de 2002, el Juzgado de Sustanciación dejó constancia de haber recibido el escrito de promoción de pruebas consignado por la parte actora.

El 14 de enero de 2003, el Juzgado de Sustanciación dejó constancia del escrito de promoción de pruebas consignado por la demandada.

            Mediante escrito de fecha 29 de enero de 2003, la demandada solicitó la suspensión del procedimiento por un lapso de 30 días de despacho.

            En fecha 6 de febrero de 2003, el Juzgado de Sustanciación acordó la suspensión de la causa “…por un lapso prudencial de sesenta (60) días continuos (…), vencidos los cuales el juicio seguirá su curso legal”.

El 26 de febrero de 2003, el Alguacil consignó notificación efectuada al demandante, realizada en esa misma fecha.

En fechas 13 y 19 de marzo de 2003, el Alguacil consignó notificaciones practicadas en las personas del Fiscal General de la República y de la Procuradora General de la República, respectivamente.

El 28 de julio de 2003, la Sala remitió al Juzgado de Sustanciación copia certificada de la decisión dictada por este Supremo Tribunal en fecha 18 de junio de 2003, a través de la cual se declaró improcedente la medida cautelar de embargo solicitada. Asimismo remitió cuaderno separado para ser agregado a la pieza principal.

En fecha 20 de agosto de 2003 el Juzgado de Sustanciación admitió las documentales promovidas por el demandante, y admitió las testimoniales sin citación referidas a los ciudadanos Antonio Ramón Álvarez Castro, Eduardo Salvador Valbuena Marcano y Ezequiel Segundo González, y acordó comisionar al Juzgado del Municipio Lagunillas de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, de conformidad con el artículo 483 del Código de Procedimiento Civil, para su evacuación. Igualmente, ordenó notificar a la ciudadana Procuradora General de la República.

En esa misma fecha el Juzgado de Sustanciación admitió las documentales presentadas por el demandado.

Mediante diligencia de fecha 17 de septiembre de 2003, el demandado solicitó fuera modificado el despacho librado en fecha 9 de septiembre de 2003, donde se comisionó al Juez del Municipio Lagunillas de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, el cual fue acordado el 30 de septiembre de 2003.

El 25 de marzo de 2004, se dio por concluida la sustanciación de la causa y se remitió el expediente a esta Sala.

En fecha 20 de abril de 2004, se dio cuenta en Sala y se designó ponente a la Magistrada Yolanda Jaimes Guerrero, fijándose el (5º) día de despacho para comenzar la relación.

Por auto de fecha 29 de abril de 2004, comenzó la relación y se fijó el acto de informes.

En fecha 18 de mayo de 2004, oportunidad fijada para el acto de informes, compareció únicamente la parte demandada y consignó el respectivo escrito.

Mediante diligencia de fecha 2 de junio de 2004, el demandante solicitó el abocamiento a la presente causa.

En fecha 6 de julio de 2004 se dijo ‘VISTOS’.

Por auto del 7 de abril de 2005 se dejó constancia que el 17 de enero de 2005, se incorporaron a esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, los Magistrados Emiro García Rosas y Evelyn Marrero Ortíz, designados por la Asamblea Nacional el 13 de diciembre de 2004, quedando integrada esta Sala por cinco Magistrados, conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley Orgánica del Tribunal  Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, a saber: Presidente, Magistrado Levis Ignacio Zerpa; Vicepresidente, Magistrado Hadel Mostafá Paolini; y Magistrados Yolanda Jaimes Guerrero, Evelyn Marrero Ortíz y Emiro García Rosas. Se ordenó la continuación de la causa y se designó Ponente a la Magistrada Yolanda Jaimes Guerrero.

El 5 de abril de 2005, el demandante ratificó su solicitud de abocamiento.

En fecha 20 de septiembre de 2005, en virtud de la nueva conformación de la Sala, se designó ponente al Magistrado Emiro García Rosas.

Por diligencias de fechas 29 de noviembre de 2005 y 10 de agosto de 2006, el demandante solicitó el abocamiento.

El 7 de febrero de 2007 se eligió la actual Junta Directiva del Tribunal Supremo de Justicia, quedando integrada la Sala Política-Administrativa de la siguiente manera: Presidenta, Magistrada Evelyn Marrero Ortíz; Vicepresidenta, Magistrada Yolanda Jaimes Guerrero; y Magistrados Levis Ignacio Zerpa, Hadel Mostafá Paolini y Emiro García Rosas.

En fecha 8 de febrero de 2007, el demandante solicitó copia certificada de todo el expediente.

   Siendo la oportunidad para decidir, esta Sala observa:

I

ANTECEDENTES

En fecha 6 de marzo de 1998, la sociedad mercantil PDVSA PETRÓLEO, S.A., solicitó ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, el “establecimiento y constitución de una SERVIDUMBRE JUDICIAL” sobre las mejoras y bienechurías  pertenecientes a la sociedad mercantil Agropecuaria Rancho Mi Fortuna, S.A., de conformidad con las disposiciones contenidas en los artículos 52, 53 y 55 de la Ley de Hidrocarburos, en concordancia con los artículos 1, 5 y 7 de la Ley Orgánica que Reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos del 29 de agosto de 1975.

            Por auto de fecha 10 de marzo de 1998, el referido Juzgado admitió la              solicitud, y en consecuencia, fijó el quinto día de despacho siguiente, después de notificada la sociedad mercantil Agropecuaria Rancho Mi Fortuna, S.A., más un día como término de la distancia, para llevar a efecto el nombramiento de expertos en dicho proceso.

 El 31 de marzo de 1998, se realizó el nombramiento de expertos y se acordó el acto de juramentación para el tercer día de despacho siguiente. Asimismo, el abogado ARGENIS JOSÉ OLIVEROS LAMEDA, actuando con el carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil Agropecuaria Rancho Mi Fortuna, S.A., consignó instrumento poder que acredita su representación.

 Mediante escrito de fecha 14 de julio de 1998, los expertos designados en el presente caso, consignaron informe mediante el cual establecieron como justiprecio a indemnizar por PDVSA PETRÓLEO, S.A. a la sociedad mercantil Agropecuaria Rancho Mi Fortuna S.A, la cantidad de doscientos once millones seiscientos un mil novecientos ochenta y siete bolívares con cincuenta y ocho céntimos (Bs. 211.601.987,58).

En fecha  10 de agosto de 1998, el apoderado de Agropecuaria Rancho Mi Fortuna, S.A. solicitó que se le ordenara "...la elaboración y su correspondiente consignación en este expediente del cheque a la empresa PDVSA PETROLEO Y GAS por la cantidad de DOSCIENTOS ONCE MILLONES SEISCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE BOLIVARES CON 58/100 (Bs. 211.601.987,58)" (sic) (Resaltado de la cita).

 El 16 de septiembre de 1998, el apoderado de Agropecuaria Rancho Mi Fortuna S.A., solicitó se ordenara a la empresa PDVSA PETRÓLEO, S.A., que pagara a su representada la cantidad de ocho millones novecientos cincuenta y ocho mil cincuenta y nueve bolívares con sesenta y dos céntimos (Bs. 8.958.059,62), correspondientes a los gastos de la experticia realizada.

 En fecha 4 de diciembre de 1998, el apoderado judicial de la empresa PDVSA PETRÓLEO, S.A., desistió de la solicitud de "...Establecimiento de Servidumbre de Hidrocarburos", y en consecuencia, pidió su homologación, "…previa demostración por parte de [su]  representada del pago de los costos de la experticia realizada..." .

 El 15 de diciembre de 1998, el apoderado de Agropecuaria Rancho Mi Fortuna, S.A., se opuso al desistimiento formulado por PDVSA PETRÓLEO, S.A.

 Mediante escrito de fecha 11 de enero de 1999, el abogado ARGENIS JOSÉ OLIVEROS LAMEDA, actuando en nombre propio, ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, interpuso demanda por estimación e intimación de honorarios profesionales contra la empresa PDVSA PETRÓLEO, S.A.; en los siguientes términos:

“Con vista al desistimiento pretendido por la parte demandante P.D.V.S.A Petróleo y Gas, el cual cursa en el juicio de servidumbre judicial expediente 3158, a cuya homologación me he opuesto formalmente, vengo en este acto y con las facultades que me otorga el artículo 23 de la ley de Abogados a estimar e intimar mis honorarios profesionales a la accionante resistente en atención a lo previsto en el artículo 282 del código de procedimiento civil, en tal sentido los explano en los términos siguientes:

PRIMERO: En fecha 31-03-98 Acto de designación y Aceptación de Experto para la Realización de Experticia y de Conformidad con el Análisis y Estudio realizado previamente por la Naturaleza de la Experticia, pedí al Tribunal que la misma se rigiera mediante el método Oficial establecido en el manual de precios de bienes de capital, insumo y servicio del sector agropecuario, suscrito por la unidad coordinadora y proyectos conjuntos de la facultad de ciencias veterinarias de la Universidad del Zulia el cual anexe al presente auto. Bs. 13.160.198,oo. (sic).

SEGUNDO:    En fecha 03-04- 98 Acto de Juramentación de Expertos y Diligencias donde se deja constancia de la no asistencia del experto de P.D.V.S.A. Petróleo y Gas para la comparecencia del mismo el día y hora fijado Bs. 300.000,oo.

TERCERO: En fecha 11-05-98 Escrito de observación de las partes a los peritos consignado anexado al avaluo en fecha 14-07-89 donde explano las observaciones y recomendaciones técnicas y jurídicas de la experticia y consecuencialmente [su] presencia permanente en la ejecución de los actos de la experticia desde el 11-05-98 hasta 14-07-98. Bs. 31.740.298,oo. (sic).

CUARTO: En fecha 31-07-98 Escrito solicitando al tribunal ordenara a P.D.V.S.A Petróleo y Gas, concediera a [su] representada vía de acceso a las 250 hectáreas que no habían sido afectadas por la solicitud de servidumbre judicial en virtud de que las mismas no tenían acceso por ningún otro sitio. Bs. 300.000,oo.

QUINTO: En fecha 10-08-98 escrito de seis (6) folios exponiéndole al tribunal los innumerables daños y perjuicios ocasionados por la solicitud de servidumbre judicial debidamente argumentados y del mismo modo, solicitando ordenara a P.D.V.S.A Petróleo y Gas la consignación de los cheques correspondientes al avalúo de la experticia y gastos ocasionados por la misma. Bs. 15.780.100,oo.

SEXTO: En fecha 16-09-98 Escrito donde solicito a P.D.V.S.A ordenara la cancelación de los gastos realizados con ocasión de la experticia. Bs. 1.000.000,oo. (sic).

SEPTIMO: En fecha 29-09-98 Diligencia donde consigno planilla de depósito de aranceles judiciales. Bs. 300.000,oo. (sic).

OCTAVO: En fecha 31-11-98 Diligencia ratificando escrito de solicitud de cheque del valor de la experticia, y solicitando nuevamente ordenación del mismo y pidiendo al tribunal [le] expida copia certificada del expediente consignado para tales fines consigne cuatro papel sellado. Bs. 300.000,oo.

NOVENO: En fecha 08-12-98 Diligencia ratificando nuevamente las solicitudes hechos de ordenación de elaboración de cheque, y pidiendo al tribunal nuevamente la ordenación de la elaboración del mismo, consignando en ese mismo acto tres (03) papel sellado Bs. 300.000,oo. (sic).

DECIMO: En fecha 15-12-98 Diligencia donde formalmente de acuerdo a las defensas y argumentos expuesto [negó su]  consentimiento al pretendido desistimiento de la parte demandante P.D.V.S.A Petróleo y Gas. Bs. 300.000,oo” (sic).

Como fundamento de derecho de su demanda, la parte actora señaló lo previsto en el artículo 23 de la Ley de Abogados y con base en dicha norma y a los hechos anteriormente referidos, pidió que la demandada sea condenada a pagar la suma de sesenta y tres millones cuatrocientos ochenta mil quinientos noventa y seis bolívares (Bs. 63.480.596,00), que es el monto en que estimó los honorarios profesionales causados. Solicitó igualmente “…que a los efectos de la limitación legal de los Honorarios a la parte condenada en costa. Se tome en cuenta los índices de inflación reportados por el Banco Central de Venezuela” (sic).

Por decisión de fecha 21 de enero de 1999, el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, declaró homologado y pasado en autoridad de cosa juzgada el desistimiento efectuado por la demandada.

II

CONTESTACIÓN

En relación a la contestación de la demanda considera la Sala necesario advertir previamente, que si bien constan en el expediente dos escritos presentados a tales fines, el primero presentado el 1 de octubre de 2002 y el segundo en fecha 6 de noviembre de ese mismo año, esta Sala observa que con ocasión de la notificación de la Procuraduría General de la República, la cual consta en autos de fecha 11 de junio de 2002, quedó suspendido el proceso por noventa (90) días. Destaca el hecho de que para el día 14 de agosto de 2002, habían transcurrido sesenta y cinco (65) días de los noventa (90) concedidos, suspendiéndose a partir del 15 de agosto por vacaciones judiciales, siendo que para el 17 de septiembre comenzaban a computarse los veinticinco (25) días restantes del lapso en cuestión, venciendo el 10 de octubre de ese mismo año. El lapso de contestación comenzó a contarse al día siguiente, esto es, el 15 de octubre de 2002 hasta el 14 de noviembre de ese mismo año; por lo que sólo será tomado en cuenta el segundo de ellos consignado en fecha 6 de noviembre de 2002, por haber sido presentado dentro del lapso legal establecido. 

En dicho escrito la parte demandada señaló lo siguiente:

Que en fecha 6 de marzo de 1998, su representada solicitó ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia la constitución de la servidumbre judicial prevista en los artículos 52, 53 y 55 de la Ley de Hidrocarburos, en concordancia con los  artículos 1, 5 y 7 de la Ley Orgánica que reserva al Estado la Industria y Comercio de los Hidrocarburos, sobre las mejoras y bienhechurías pertenecientes a Agropecuaria Rancho Mi Fortuna, S.A., “…para ejecutar trabajos de construcción de un Edificio de oficinas para la División de Exploración y Producción de Occidente en el sector el Menito, Jurisdicción del Municipio Lagunillas del Estado Zulia, cuya autorización para la ocupación del territorio fue otorgada por la Dirección de la Región 16-Zulia del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables, mediante el oficio Nº 2178 de fecha 6 de noviembre de 1.996, para lo cual se pidió la constitución de la referida servidumbre y se autorizara a la solicitante a demoler las mejoras y bienhechurías existentes pertenecientes a la AGROPECUARIA RANCHO MI FORTUNA, S.A”.

Que en fecha 10 de marzo de 1998 fue admitida la solicitud y se ejecutaron todos los actos de sustanciación para el “establecimiento y constitución de una SERVIDUMBRE JUDICIAL”.

Que el 10 de diciembre de 1998 su representada desistió del procedimiento de constitución de servidumbre, con base en lo siguiente:

“Por cuanto hasta esta fecha no se ha adquirido el dominio de las mejoras y bienhechurías objeto del presente procedimiento intentado en contra de AGROPECUARIA MI FORTUNA, S.A y corresponde a [su] representada decidir sobre la oportunidad, necesidad o conveniencia de renunciar a su derecho de proseguir con la presente solicitud, en este acto ejerzo el derecho de DESISTIR de la presente solicitud de establecimiento de Servidumbre de Hidrocarburos. En consecuencia, solicito al Tribunal que le sea colocada la nota de presentación a este escrito, que el mismo sea agregado a las actas y que se provea sobre su homologación, previa demostración por parte de mi representada del pago de los costos de la experticia realizada conforme a lo ordenado en resolución de fecha 04 de diciembre de 1998”.

Que el apoderado judicial de la empresa Agropecuaria Rancho Mi Fortuna, S.A., se opuso al desistimiento planteado.

Que como consecuencia de dicho desistimiento, el apoderado de Agropecuaria Rancho Mi Fortuna S.A. pretende el cobro de honorarios profesionales devenidos de las costas que supuestamente se produjeron por efecto de la aplicación del artículo 282 del Código de Procedimiento Civil.

Que resulta improcedente tal pedimento por “…la naturaleza a la cual pertenece la solicitud de constitución de servidumbre requerida (…) prevista en el artículo 55 de la derogada Ley de Hidrocarburos, como aquellas que se producen en sede de jurisdicción voluntaria, no contenciosa, cuyo procedimiento no es susceptibles de generar costas a cargo de ninguno de los intervinientes…” (sic).

Que la constitución de servidumbre es una limitante al ejercicio del derecho de propiedad, cuyo procedimiento forma parte de la jurisdicción voluntaria en atención a lo dispuesto en los artículos 53 y 55 de la derogada Ley de Hidrocarburos, “…por lo que no hay lugar a la ‘COSA JUZGADA NI A LAS COSTAS PROCESALES’ producto de la ausencia de contradictorio entre partes”.

Que su representada no está obligada al pago de honorarios profesionales con motivo del desistimiento producido por su representada.

No obstante lo anterior, rechazó y contradijo la demanda, así como, sometió a retasa “la estimación de las partidas” de la siguiente forma:

“1.- Impugno por excesiva la suma de TRECE MILLONES CIENTO SESENTA MIL CINETO NOVENTA Y OCHO BOLÍVARES (Bs. 13.160.198,oo) por concepto de la participación del abogado reclamante en el acto de nombramiento de expertos, realizado el 31 de marzo de 1.998, ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia.

 

2.- Impugno por excesiva la suma de TRESCIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs. 300.000,oo) por concepto de una diligencia realizada por el abogado reclamante ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en la que deja constancia de la inasistencia para su juramentación, del experto designado por la parte solicitante del procedimiento.

 

3.- Impugno por excesiva la suma de TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL BOLÍVARES (Bs. 31.740.298,oo), por concepto del escrito de observaciones dirigido a los expertos designados, presentado por ante el Juzgado de la causa en fecha 14 de julio de 1.998.

 

4.- Impugno por excesiva la suma de TRESCIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs. 300.000,oo), por concepto de un escrito de fecha 31 de julio de 1.998, por el que el abogado reclamante le solicita al tribunal, ordene a PDVSA Petróleo y Gas (actualmente PDVSA Petróleo S.A.), concediera a su representada acceder a las 250 hectáreas que no habían sido afectadas por la solicitud de servidumbre judicial.

 

5.- Impugno por excesiva la suma de QUINCE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL CIEN BOLÍVARES (Bs. 15.780.100,oo) por concepto de un escrito de fecha 10 de agosto de 1.998, señalando al Tribunal unos supuestos daños y perjuicios ocasionados por la solicitud de servidumbre judicial, y solicitando a PDVSA Petróleo y Gas, S.A., la consignación de los cheques con motivo de la experticia y sus gastos.

 

6.- Impugno por excesiva la suma de UN MILLÓN DE BOLÍVARES (Bs. 1.000.000,oo), por concepto de un escrito de fecha 16 de septiembre de 1.998, presentado ante el Tribunal de la causa solicitando se ordene a PDVSA Petróleo y Gas (actualmente PDVSA Petróleo S.A.), la cancelación de los gastos realizados con ocasión de la experticia.

 

7.- Impugno por excesiva la suma de TRESCIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs. 300.000,o), por concepto de una diligencia de fecha 29 de septiembre de 1.998, en la que el abogado reclamante consigna una planilla de aranceles judiciales.

 

8.- Impugno por excesiva la suma de TRESCIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs. 300.000,o), por concepto de una diligencia de fecha 31 de noviembre de 1.998, en la que se ratifica la solicitud de la consignación del cheque correspondiente a la experticia y pidiendo una copia certificada del expediente.

 

9.- Impugno por excesiva la suma de TRESCIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs. 300.000,o), por concepto de una diligencia de fecha 8 de diciembre de 1.998, ratificando las solicitudes de elaboración de los cheques.

 

10.- Impugno por excesiva la suma de TRESCIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs. 300.000,o), por concepto de una diligencia de fecha 15 de diciembre de 1.998, donde el abogado reclamante se opone al desistimiento efectuado por mi representada.

 

Finalmente impugno por excesiva la suma total de SESENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS BOLÍVARES (Bs. 63.480.596,oo), por concepto de la estimación de las partidas que reclama el abogado demandante, y que no le corresponden en criterio de esta representación judicial, además de estar sobrestimadas en su cuantificación” (sic).

 

III

PRUEBAS

La parte actora consignó posteriormente a la demanda las siguientes documentales:

1. Ejemplar del periódico “El Regional”, de fecha 26 de febrero de 1999.

2. Ejemplar del periódico “El Panorama”, del 4 de marzo de 1999.

3. Ejemplar del periódico “El Nacional”, de fecha 7 de marzo de 1999, donde se oficializa por parte del Presidente de PDVSA (Roberto Manzini) la reducción del salario y otros beneficios.

Con estos ejemplares de periódico el demandante quería demostrar que “actualmente P.D.V.S.A Petróleo y Gas S.A no tiene presupuesto para cumplir con las obligaciones laborales de los 7.000 empleados que directa e indirectamente han sido despedidos desde hace cuatro (4) meses, dando como único argumento a dichas solicitudes de cobro por parte de los empleados que no tiene dinero para cancelar, teniendo que ocurrir los mismos ante los tribunales de Justicia para demandar lo que le corresponde por concepto de prestaciones sociales y otros beneficios…”.

            Por otro lado, en fecha 3 de abril de 2001, la Sala dictó auto para mejor proveer, a través del cual se acordó solicitar al demandante las actuaciones contentivas del juicio de servidumbre judicial “en que hace mención y que, a su decir, es la causa de los honorarios profesionales reclamados”.

            Conforme a esta solicitud, el demandante remitió la información solicitada mediante diligencia de fecha 29 de mayo de 2001.

En la etapa probatoria las partes promovieron las siguientes pruebas:

Parte actora:

1. El examen del mérito que se deriva de los autos, especialmente los documentos consignados con el libelo de demanda, además de hacer valer “...todas las actuaciones realizadas por [él], en el Juicio de Solicitud de Servidumbre Judicial, inserta en el expediente Nº AA20-C-2001-000874, ante la Sala de Casación Civil de este Tribunal Supremo de Justicia…”.

            2. Que se apreciara la copia simple del “…informe y experticia valuatoria donde se determina los métodos utilizados y valor de las mejoras y bienhechurias…”.

            3. Testimoniales de los ciudadanos Antonio Ramón Álvarez Castro, Eduardo Salvador Valbuena Marcano y Ezequiel Segundo González, titulares de las cédulas de identidad Nros 4.721.599, 409.524 y 10.211.127, respectivamente.           

Parte demandada:

Sólo reprodujo el mérito favorable que de los autos se desprende a favor de su representada.

IV

COMPETENCIA

Es importante precisar que en atención al principio de la perpetuatio fori, previsto en el artículo 3 del Código de Procedimiento Civil, aplicable supletoriamente por disposición expresa del primer aparte del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, el análisis del presente caso debe efectuarse a la luz de lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, aplicable ratione temporis, como lo indicó la Sala en sentencia Nro. 03085 del 20 de diciembre 2001, en la que afirmó su competencia para conocer del presente caso. Así se declara.

V

MOTIVACIÓN DEL FALLO

Pasa esta Sala a pronunciarse sobre el mérito del asunto, para lo cual se observa que el demandante pretende el pago de honorarios profesionales con motivo de las actividades realizadas por él en la solicitud de establecimiento de servidumbre judicial de hidrocarburos presentada por PDVSA PETRÓLEO, S.A., contra su representada, sociedad mercantil Agropecuaria Rancho Mi Fortuna, S.A., con base en los artículos 23 de la Ley de Abogados y 282 del Código de Procedimiento Civil, los cuales estimó en la cantidad de sesenta y tres millones cuatrocientos ochenta mil quinientos noventa y seis bolívares (Bs. 63.480.596,00). Asimismo, solicitó se tomaran “en cuenta los índices de inflación reportados por el Banco Central de Venezuela”.

Fundamentó el demandante su acción, en el hecho de que PDVSA PETRÓLEO, S.A., desistió de la solicitud de establecimiento y constitución de servidumbre judicial presentada ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, sobre las mejoras y bienhechurías propiedad de Agropecuaria Rancho Mi Fortuna, S.A.

A tal efecto, la demandada alegó que “…la reclamación del abogado intimante, se dirige a pretender el cobro de unos supuestos honorarios profesionales provenientes de unas costas procesales originadas con motivo de una solicitud (…) que se desarrolló en sede de jurisdicción voluntaria…”  y “…que su resolución no conlleva el contradictorio natural de los procesos judiciales contenciosos, por lo que (…) no hay lugar a la cosa juzgada y en consecuencia menos aún a las costas procesales” de conformidad con lo previsto en el artículo 55 de la Ley de Hidrocarburos.

Asimismo, en términos similares la parte demandada indicó en los informes, que el presente caso debe ser tratado como un asunto de mero derecho.

No obstante lo anterior, se puede apreciar que la controversia no se circunscribe exclusivamente a una simple estimación e intimación de honorarios profesionales, por cuanto existe discusión acerca de la pertinencia de dicha intimación; por lo que, antes de dilucidar cualquier otro pronunciamiento sobre este particular, debe determinarse la naturaleza del procedimiento de constitución de servidumbres de Hidrocarburos, a los fines de determinar si lo estipulado en el artículo 282 del Código de Procedimiento Civil resulta aplicable al presente caso.

En tal sentido, de las actas procesales se evidencia que el 6 de marzo de 1998, la sociedad mercantil PDVSA PETRÓLEO, S.A. acudió ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, con base en lo previsto en el artículo 55 de la Ley de Hidrocarburos, a fin de obtener la autorización de ocupación judicial para el comienzo de los trabajos, previo el pago de la indemnización determinada por el dictamen de los expertos, sobre las mejoras y bienhechurias propiedad de Agropecuaria Rancho Mi  Fortuna, S.A.

No obstante, el 10 de diciembre de 1998, esto es, nueve meses después de haber iniciado el procedimiento para la constitución de servidumbre ante el referido órgano jurisdiccional, PDVSA PETRÓLEO, S.A., en uso de sus facultades de disposición, desistió de la misma, en los siguientes términos:

      “Por cuanto hasta esta fecha no se ha adquirido el dominio de las mejoras y bienhechurías objeto del presente procedimiento intentado en contra de AGROPECUARIA MI FORTUNA, S.A., y corresponde a mí representada decidir sobre la oportunidad, necesidad o conveniencia de renunciar a su derecho de proseguir con la presente solicitud, en este acto ejerzo el derecho de DESISTIR de la presente solicitud de Establecimiento de Servidumbre de Hidrocarburos.”

Asimismo, esta Sala observa, que luego de presentado el desistimiento, en fecha 11 de enero de 1999, el abogado ARGENIS JOSÉ OLIVEROS LAMEDA, actuando en nombre propio, presentó demanda por estimación e intimación de honorarios profesionales contra PDVSA PETRÓLEO, S.A. ante el referido Juzgado, “en atención a lo previsto en el artículo 282 del código de procedimiento civil” (sic).

Posteriormente, mediante decisión de fecha 21 de enero de 1999, el mencionado Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, homologó el desistimiento, con fundamento en lo siguiente:

 “Vista la diligencia de fecha 10-12-98, inserta al folio 135, en donde la solicitante de la Servidumbre, PDVSA, PETROLEO Y GAS (División Exploración y Producción), filial de Petróleo de Venezuela S.A., desiste de sus actuación; y vista la diligencia de fecha quince de Diciembre del próximo pasado año, en donde la empresa Agropecuaria RANCHO MI FORTUNA S.A., en la persona de su apoderado judicial se opone a ese desistimiento; el Tribunal dado que este procedimiento está incurso dentro de los llamados de jurisdicción voluntario, y para cuya sustanciación fue aplicado lo dispuesto en el articulo 55 de la vigente Ley de Hidrocarburos; y que se distingue de la actividad ordinaria en cuanto no existe en la misma contención alguna, ni siquiera la sustanciación de incidencia; y no es aplicable (…) el dispositivo contenido en el artículo 282 del Código de Procedimiento Civil, en que fundamenta la oponente de ese desistimiento su pretensión. Así se decide.

En consecuencia, se declara homologado y pasado en autoridad de cosa juzgada dicho desistimiento, ordenándose el archivo de la solicitud en la oportunidad legal.

En cuanto a la pretendida estimación de honorarios contenida en el escrito promovido por el Abogado ARGENIS OLIVEROS LAMEDA, quién dice actuar en defensa de sus propios derechos e intereses, se resolverá por auto separado” (sic) (Resaltado de la Sala).

Puede apreciarse de la decisión transcrita, que el mencionado Juzgado consideró que las actuaciones fueron realizadas en el marco de un proceso de jurisdicción voluntaria, no siendo aplicable el artículo 282 del Código de Procedimiento Civil, por ende, de acuerdo a tal razonamiento, PDVSA PETRÓLEO, S.A., no es susceptible de imposición de costas.

Cabe resaltar, que las servidumbres de hidrocarburos son de derecho público y se fundan sobre la existencia de razones de interés público que hacen necesaria su constitución; se diferencian de las servidumbres de derecho privado, que se establecen en interés particular de sus beneficiarios; en el caso de autos, entre PDVSA PETRÓLEO, S.A. y Agropecuaria Rancho Mi Fortuna, S.A., se le confiere el derecho de usar o gozar parcialmente el bien gravado y se le impone al propietario la obligación de hacer o dejar hacer determinadas actividades sobre el bien, sin comportar la extinción del derecho de propiedad sino limitar uno sólo de sus atributos, que es el derecho de usar el bien, tal y como se encuentra previsto en el artículo 115 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

En tal sentido, el artículo 55 de la Ley de Hidrocarburos, publicada en  Gaceta Oficial Nº 1.149 Extraordinario del 15 de septiembre de 1967, aplicable ratione temporis, dispone lo siguiente:

“Los concesionarios tienen el derecho de obtener las mismas servidumbres a que se refiere el artículo 53 en los terrenos de propiedad particular, celebrando con los dueños los convenios necesarios.

En el caso de que no pudieren avenirse, o de que los propietarios particulares se negaren al otorgamiento de la servidumbre, podrá el concesionario ocurrir al Tribunal de Primera Instancia en lo Civil, con Jurisdicción en la localidad, para que este autorice el comienzo inmediato de los trabajos. Para acordar esta autorización, se determinará previamente, por dictamen de expertos, nombrados uno por el concesionario y otro por el propietario o por el Tribunal, cuando el propietario se niegue a ello o no concurra al acto, el monto probable de los perjuicios y de una justa indemnización de ellos y el Tribunal ordenará que se deposite la cantidad correspondiente en un Banco o en una casa de comercio de reconocida solvencia, en dinero efectivo o en títulos de deuda pública venezolana que representen dicha cantidad al valor corriente en el mercado. Cumplidas estas formalidades, podrá el concesionario comenzar inmediatamente los trabajos. Si el depósito se hiciere en títulos de deuda, el depositante podrá percibir los intereses. En caso de que el propietario creyere que los perjuicios resultantes de la ocupación exceden del monto probable fijado, podrá ocurrir ante el Tribunal competente, para que en juicio ordinario se fijen los perjuicios efectivamente causados.

 Para la expropiación y ocupación temporal se seguirán los trámites que la Ley de la materia determine. Se presume la necesidad de la obra en los casos de apertura de galerías, perforaciones y anexos, acueductos, campamentos, almacenes, depósitos, plantas, vías de comunicación y transporte y terminales.

Único: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17, no se autorizará, en ningún caso, contra la voluntad de su dueño, la ocupación de casas y de sus patios o jardines” (Destacado de la Sala).

Por otra parte, la Ley Orgánica de Hidrocarburos publicada en Gaceta Oficial N° 37.323 del 13 de noviembre de 2001 que derogó la Ley de Hidrocarburos antes referida, establece en el artículo 40 el procedimiento de constitución de servidumbres por vía judicial, mediante el cual el Juez de Primera Instancia en lo Civil con competencia en la localidad de la ubicación del inmueble otorga la autorización para el comienzo inmediato de los trabajos previo depósito en el tribunal del monto de la indemnización determinada por expertos designados. Si el afectado acepta la indemnización el Tribunal dictará decisión constituyendo la servidumbre en los términos solicitados; en caso de desacuerdo se seguirán los trámites del juicio ordinario.

Cabe mencionar la confusión en la que incurrió el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, quien calificó el procedimiento de servidumbre como de jurisdicción voluntaria, y luego decidió en su fallo que “se declara homologado y pasado en autoridad de cosa juzgada dicho desistimiento”, ya que, si se tratara de un procedimiento de jurisdicción voluntaria, tal y como lo establece el artículo 898 del Código de Procedimiento Civil, no se producirían los efectos propios de la cosa juzgada que el referido Juzgado declaró, pues en estos procedimientos las determinaciones del Juez no causan cosa juzgada, sino que establecen una simple presunción que los interesados pueden desvirtuar en el procedimiento contencioso.

En refuerzo a lo antes dicho, la autocomposición procesal (convenimientos, transacciones o desistimientos), no puede producirse en los procedimientos de jurisdicción voluntaria.

En este sentido, la Sala Constitucional en fecha 29 de noviembre de 2002, en el juicio de L. P. Rubio en amparo, expuso lo siguiente:

“La autocomposición procesal no puede ocurrir sino dentro del proceso contencioso, de manera que dicho acto equivalente a sentencia pone fin al juicio, y se hace ejecutable, si es que una parte asume la condición de demandado en una acción de condena.

En los procesos no contenciosos, donde no existe controversia y donde no hay cosa juzgada plena, no surge una fase de ejecución de sentencia, tal y como se desprende del Código de Procedimiento Civil, el cual inserta la ejecución de sentencia dentro del juicio ordinario (arts. 523 y siguientes), por lo que en ellos no pueden existir convenimientos o transacciones, como actos de autocomposición procesal.

 No significa lo anterior que con motivo de procesos no contenciosos, las partes no puedan acordar negocios entre ellos; pero el incumplimiento de tales negocios, no genera ejecución alguna contra ellos, sino que quien pretende se declaren derechos a su favor, basados en tales incumplimientos, debe demandar judicialmente. El acuerdo, como acto o negocio jurídico, formalizado ante un tribunal, adquiere el carácter de documento auténtico, de similar naturaleza que el otorgado ante un Notario Público u otro funcionario capaz de autenticar.

 No es por tanto admisible que un acuerdo celebrado en un proceso no contencioso, sea objeto de ejecución, pues a pesar de que el artículo 1159 del Código Civil consagra la autonomía de la voluntad en la configuración de los contratos, la intervención del juez es necesaria en tanto nadie puede hacerse justicia por sí mismo. Por lo tanto, no es admisible que luego de celebrado el “acuerdo” mencionado entre los intervinientes en el proceso de jurisdicción voluntaria, se pretenda, en el supuesto de incumplimiento de lo acordado, omitir la fase de conocimiento del procedimiento ordinario que conlleva, por ejemplo, un proceso jurisdiccional por incumplimiento contractual o por resolución de contrato (art. 1.167 del Código Civil), y llevar directamente a fase de ejecución lo pretendido, al asumir tácitamente que el “acuerdo” tiene la calidad de un título ejecutivo extra legem, con lo cual se violan las garantías del debido proceso y del derecho de defensa, así como el derecho a una tutela judicial efectiva de la persona contra quien se lleva a cabo semejante ejecución sin respeto al principio “auditur et altera pars”.

 

Precisado lo anterior, debe entenderse que el procedimiento de constitución de servidumbres previsto en el artículo 55 de la Ley de Hidrocarburos del 15 de septiembre de 1967, de acuerdo a la verdadera naturaleza jurídica de la solicitud (establecimiento y constitución de servidumbre judicial) se circunscribe a la jurisdicción contenciosa, en el que se verifica un conflicto de intereses, resultando insostenible la calificación efectuada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, al considerar dichas actuaciones como no contenciosas; por lo que la Sala considera que dejó de aplicar el contenido del artículo 282 del Código de Procedimiento Civil, que establece:

“Artículo 282. Quien desista de la demanda o de cualquier recurso que hubiere interpuesto, pagará las costas si no hubiere pacto en contrario.

...Omissis...”.

El desistimiento es una de las formas de auto composición procesal, mediante la cual se produce la terminación del proceso. De manera que quien desista se encuentra obligado al pago de las costas procesales, pues el demandado ha actuado en el proceso y esto le ha generado gastos, teniendo derecho a ser resarcido por los daños patrimoniales causados.

Cabe destacar que el abogado ARGENIS JOSÉ OLIVEROS LAMEDA presentó demanda de estimación e intimación de honorarios profesionales fundamentándose en el referido artículo 282, siendo que el cobro de honorarios profesionales derivados de las costas tiene su fundamento en la decisión que a tal efecto dicte el Tribunal, decisión que no se había dictado para el momento de la interposición de la demanda, esto es, el 11 de enero de 1999.

No debe confundirse la reclamación de honorarios profesionales con costas del proceso, las cuales comprenden todas las erogaciones estrictamente necesarias hechas por la parte vencedora en el transcurso del proceso y con ocasión del mismo. Se trata de una institución jurídica que abarca: a. los honorarios profesionales de los abogados contratados para su defensa; y b. los gastos o costos propiamente dichos que se derivan de la tramitación del juicio. Si bien es cierto, los honorarios profesionales quedan incluidos en las costas del proceso, éstas son impuestas por el Tribunal que condene al pago de las mismas, las cuales tienen una función netamente restablecedora.

Por otra parte, la decisión de fecha 21 de enero de 1999, dictada por el referido Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia que homologó el desistimiento, no se pronunció respecto de las costas y no se evidencia que se haya recurrido de dicha decisión, para que fuese corregida la falta de aplicación del artículo 282 del Código de Procedimiento Civil, sin lo cual no puede exigirse el cobro de éstas.

Cabe destacar que el pronunciamiento referido a la condenatoria en costas debe ser expreso, esto es, debe formar parte de la sentencia, la cual tiene carácter constitutivo, visto que determina el reconocimiento del derecho a percibirlas; por ello, la misma no puede ser tácita o implícita y ante la falta de condenatoria expresa, la parte interesada debió ejercer el o los recursos correspondientes, sin cuya defensa no le nacería el derecho para hacerlas exigibles.

Sin embargo, la falta de condenatoria en costas e incluso la imposición de costas no hace desaparecer la obligación que tiene el cliente para con el abogado de pagarle sus honorarios por los servicios profesionales prestados; en tal sentido, el abogado podrá reclamar a su cliente, no a la parte contraria, sus honorarios, dentro de las limitaciones establecidas en la Ley.

En consecuencia, esta Sala debe declarar sin lugar la demanda interpuesta por el abogado ARGENIS JOSÉ OLIVEROS LAMEDA contra PDVSA PETRÓLEO, S.A. Así se declara.

 

 

VI

DECISIÓN

Por los razonamientos expuestos, la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR la demanda interpuesta por el ciudadano ARGENIS JOSÉ OLIVEROS LAMEDA, contra PDVSA PETRÓLEO S.A.

Se condena en costas a la parte demandante.

Notifíquese a la partes de la presente decisión y a la Procuraduría General de la República, de conformidad con lo establecido en el artículo 95 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuradora General de la República.

Publíquese, regístrese y comuníquese. Archívese el expediente. Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los treinta (30) días del mes de mayo del año dos mil siete (2007). Años 197º de la Independencia y 148º de la Federación.

                

La Presidenta

EVELYN MARRERO ORTÍZ

La Vicepresidenta

YOLANDA JAIMES GUERRERO

 

Los Magistrados,

LEVIS IGNACIO ZERPA

 

HADEL MOSTAFÁ PAOLINI

 

EMIRO GARCÍA ROSAS

Ponente

 

La Secretaria,

SOFÍA YAMILE GUZMÁN

En treinta y uno (31) de mayo del año dos mil siete, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 00869.

 

 

La Secretaria,

SOFÍA YAMILE GUZMÁN

 

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