Venley

Sentencia N.º 009

Sentencia
N.º 009
Fecha
15/02/2019
Sala
Casación Penal
Expediente
E19-4
Ponente
Juan Luis Ibarra Verenzuela
Procedimiento
Extradición

Ponencia del Magistrado Doctor JUAN LUIS IBARRA VERENZUELA

El 15 de enero de 2019, la Secretaría de esta Sala de Casación Penal le dio entrada al expediente signado con el alfanumérico 43°C-17.640-18, procedente del Juzgado Cuadragésimo Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, contentivo del procedimiento de EXTRADICIÓN ACTIVA del ciudadano LUIS CARLOS RUÍZ ARVELO, venezolano, titular de la cédula de identidad N° 17.719.594, iniciado por el referido Tribunal con ocasión a la orden de aprehensión dictada en su contra por la presunta comisión de los delitos de homicidio calificado ejecutado con alevosía y por motivos fútiles, robo agravado y agavillamiento, previstos y sancionados, en su orden, en los artículos 406, numeral 2, en relación con el 83, y 458 y 286, todos del Código Penal.

El 16 de enero de 2019, se dio cuenta en esta Sala de Casación Penal de haberse recibido el expediente y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 99 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, se designó ponente al Magistrado Doctor JUAN LUIS IBARRA VERENZUELA, quien con tal carácter suscribe la presente decisión.

Cumplidos los trámites procedimentales del caso y siendo la oportunidad legal pasa esta Sala de Casación Penal a decidir sobre la procedencia de la solicitud de extradición activa del ciudadano Luis Carlos Ruíz Arvelo y, a tal efecto, observa:

I

ANTECEDENTES DEL CASO

Consta en las actas que conforman el presente expediente que, el 23 de agosto de 2018, los abogados Tulio Ramón Vásquez Cardoza y Jorge Brazón, Fiscales Provisorio y Auxiliar Centésimo Vigésimo Primero del Ministerio Público con Competencia Plena de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, solicitaron al Juzgado de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, al cual le correspondiera conocer por vía de distribución, decretara orden de aprehensión, entre otros, contra el ciudadano Luis Carlos Ruíz Arvelo, por la presunta comisión de los delitos de homicidio calificado ejecutado con alevosía y por motivos fútiles, robo agravado y agavillamiento, previstos y sancionados, en su orden, en los artículos 406, numeral 2, en relación con el 83, y 458 y 286, todos del Código Penal.

En dicha solicitud, los representantes del Ministerio Público narraron los hechos siguientes:

“(…) [A]proximadamente a las 10:30 horas de la noche, los ciudadanos ELSY CAROLINA PEÑA MEJIAS (sic) [Occisa] y ERICK LEONARDO NUÑEZ (sic) ROJAS (Occiso), quienes mantenian (sic) una relación sentimental, se encontraban conversando en el estacionamiento ubicado entre los Bloques ‘07’ y ‘08’, adyacente al Templo Evangélico Pentecostal (…) Lomas de Propatria vía pública (…) cuando fueron sorprendidos por los ciudadanos JOHASON JOSEPH SILVA MARQUEZ (sic) apodado ‘EL NENE’, OTTO DEL VALLE MARTINEZ (sic) RAMIREZ (sic) apodado ‘OTTO’, YASSEL JESUS (sic) GUZMAN MORALES apodado ‘PELUCA y/o RASTA’, JOHAN ALEXANDER CAPOTE RODRIGUEZ (sic) apodado ‘CARA DE MUERTO’, NEIKER JESUS (sic) LABRADOR CORDERO apodado ‘PATICO DE AGUA’, EINER ORLANDO MONTILLA apodado ‘EL CATIRE’, EDWARD JOSE (sic) MARQUEZ (sic) apodado ‘HAPPY’, LUIS CARLOS LUIS RUIZ (sic) ARVELO apodado ‘TOGATO’, JESUS (sic) GREGORIO MARTINEZ (sic) DAZA apodado ‘TATO’, EDWUAR JESUS (sic) RUS TERAN (sic) apodado ‘EL GORDO EDWAR’, FRANK ISRRAEL RAMOS ARTEAGA apodado ‘EL LACREAO’, KEIBER BAUDILLO PALMA PEREZ (sic) apodado ‘CARA DE HULK’, ELVIS DAVID GONZALEZ (sic) PALMERA apodado ‘DIENTE y/o CONTAGIO’, WUILDER YONAIKER SUMOZA MARQUEZ (sic) apodado ‘PEROL y/o PELUCA’, DIEGO DARIAM ANGULO GUTIERREZ (sic) apodado ‘DIEGO’ (…) y otros sujetos por identificar plenamente apodados ‘TERRY’, ‘ATICALUA’, ‘JHONGIPA’ y ‘MARQUITO’,  quienes conforman la peligrosa banda delictiva denominada ‘LAS BARRAS’, quienes portando armas de fuego en mano, bajo amenaza de muerte los obligan a entregar los objetos materiales que llevaban consigo, por lo que sin poner resistencia despojan de sus pertenencias a ELSY CAROLINA PEÑA MEJIAS (sic) [Occisa] de un (01) telefono (sic) celular movil (sic) marca SAMSUNG (…), mientras a ERICK LEONARDO NUÑEZ (sic) ROJAS (Occiso) lo despojan de un (01) telefono (sic) celular movil (sic) SAMSUNG (…) y un (01) bolso  (…), dinero en efectivo y documentos personales, por lo que los autores optan por retirarse del lugar, mientras las víctimas impactadas por lo ocurrido se quedan en el sitio y al cabo de pocos minutos nuevamente regresan al lugar los ciudadanos (…), quienes se encontraban fuertemente armados, es cuando el ciudadano JOHASON JOSEPH SILVA MARQUEZ (sic) apodado ‘EL NENE’, rapidamente (sic) aborda a la hoy victima (sic) ERICK LEONARDO NUÑEZ (sic) ROJAS (Occiso), con la intención de llevárselo (sic) consigo por lo que requisa entre sus prendas de vestir, a lo que grita a viva voz ‘ESTA ARMADO, ESTA ARMADO’,  y de inmediato proceden a disparar en contra de la humanidad de la hoy víctima (…)” [Mayúsculas y negrillas de la solicitud]. 

De igual modo, sustentaron la solicitud en los elementos de convicción que de seguida se señalan:

“(…) 1.-ACTA DE TRANSCRIPCIÓN DE NOVEDAD: de fecha 27/03/2018, suscrita por el funcionario Inspector JESÚS SERRANO, adscrito a la División de Investigaciones de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (…)

2.-ACTA DE INVESTIGACIÓN PENAL  de fecha 27/03/2018, suscrita por el funcionario Detective Agregado IBRAHIM PEREZ (sic), adscrito a la División de Investigaciones de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (…)

3.-PLANILLA DE LEVANTAMIENTO DEL CADAVER, de fecha 27/03/201, suscrita por el funcionario Inspector JESUS (sic) SERRANO y el Detective Agregado IBRAHIM PEREZ (sic) adscrito a la División de Investigaciones de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (…)

4.-ACTA DE ENTREVISTA, de fecha 27/03/2018, tomada por el funcionario Detective Agregado LUIGGI SOLORZANO (sic), a la persona identificada en Actas Procesales como EDWIN (cuya identificación plena quedara (sic) protegida de acuerdo a lo establecido en los artículos 3 y 4 de la Ley de Protección de Víctimas, Testigos y demás Sujetos Procesales), ante la División de Investigaciones de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (…)

5.-ACTA DE INVESTIGACIÓN PENAL, de fecha  27/03/2018, suscrita por el funcionario Detective Agregado IBRAHIM PEREZ (sic), adscrito a la División de Investigaciones de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (…)

6.-ACTA DE ENTREVISTA, de fecha 28/03/2018, tomada por el funcionario Detective Agregado LEONARDO CHAVEZ (sic), a la persona identificada en Actas Procesales como WLADIMIR (cuya identificación plena quedara (sic) protegida de acuerdo a lo establecido en los artículos 3 y 4 de la Ley de Protección de Víctimas, Testigos y demás Sujetos Procesales), ante la División de Investigaciones de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (…)

7.-ACTA DE INSPECCIÓN TÉCNICA POLICIAL signada bajo el N° 0.584, de fecha 27/03/2018, suscrita  por los funcionarios Detectives Agregados Nuñez Rosbelys, Piñangp (sic) Deyvis y Detective Suarez (sic) Jhonth, adscritos a la División de Investigaciones de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (…)

8.-ACTA DE INSPECCIÓN TÉCNICA POLICIAL signada bajo el N° 0.585, de fecha 27/03/2018, suscrita  por los funcionarios Detectives Agregados Nuñez Rosbelys, Piñango Deyvis y Detective Cambera Pablo, adscritos a la División de Investigaciones de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (…)

9.-INFORME DE TRAYECTORIA DE BALISTICA (sic), N° 9700-029-0342-18, de fecha 27/03/2018, suscrito por los funcionarios Detective MUÑOZ NAIMA (EXPERTO DESIGNADO) y Detective Agregado CARRILLO CARLOS (EXPERTO CALIFICADOR), adscrito a la División de Análisis y Reconstrucción de Hechos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (…)

10.-LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO (sic) N° 9700-029-0372-18, de fecha 07/03/2018, suscrito por el funcionario Detective Agregado LEON (sic) FLORSAYMAR, MUÑOZ (sic) NAIMA (EXPERTO DESIGNADO) y Detective Agregado CARRILLO CARLOS (EXPERTO CALIFICADOR),  adscrito a la División de Análisis y Reconstrucción de Hechos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (…)

11.-RESULTADO DE NECRODACTILIA N° 9700-032-1869, de fecha 27/03/2018, suscrita por la funcionario Experto Dactiloscopista RAMIREZ (sic) ZULLY adscrito (sic) a la División de Lofoscopia del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (…)

12.-ACTA DE ENTREVISTA, de fecha 02/04/2018, tomada por el funcionario Detective JOSE (sic) AGUILERA, a la persona identificada en Actas Procesales como JOSEFINA (cuya identificación plena quedara (sic) protegida de acuerdo a lo establecido en los artículos 3 y 4 de la Ley de Protección de Víctimas, Testigos y demás Sujetos Procesales), ante la División de Investigaciones de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (…)

13.-ACTA DE ENTREVISTA, de fecha 02/04/2018, tomada por el funcionario Detective Agregado LEONARDO CHAVEZ (sic), a la persona identificada en Actas Procesales como HILSE (cuya identificación plena quedara (sic) protegida de acuerdo a lo establecido en los artículos 3 y 4 de la Ley de Protección de Víctimas, Testigos y demás Sujetos Procesales), ante la División de Investigaciones de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (…)

14.-ACTA DE INVESTIGACIÓN PENAL, de fecha 02/04/2018, suscrita por el Detective Agregado  IBRAHIM PEREZ (sic), adscrito a la División de Investigaciones de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (…)

15.-ACTA DE ENTREVISTA, de fecha 02/04/2018, tomada por el funcionario Inspector MIGUEL ESCALONA, adscrito a  la División de Investigaciones de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas a la persona identificada en Actas Procesales como ERICK LEONARDO NUÑEZ (sic) ROJAS, efectuada en el Hospital Doctor Miguel Pérez Carreño (…)

16.-RESULTADO DE EXPERTICIA DE RECONOCIMIENTO TÉCNICO Y COMPARACIÓN BALÍSTICA, N° 9700-018-1185-18, de fecha 03/04/2018, suscrita por los Expertos Detective YENDER IBARRA y Detective JOSE (sic) PINEDA, adscritas (sic) a la División de Balística del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (…)

17.-ACTA DE INVESTIGACIÓN PENAL, de fecha 05/04/2018, suscrita por el Detective Agregado  IBRAHIM PEREZ (sic), adscrito a la División de Investigaciones de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (…)

18.-ACTA DE INVESTIGACIÓN PENAL, de fecha 05/04/2018, suscrita por el Detective Agregado  IBRAHIM PEREZ (sic), adscrito a la División de Investigaciones de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (…)

18.-MEMORANDUM  CNP-OGA-DA-151-18, de fecha 05/04/2018, suscrita por el funcionario Comisionado Agregado (CPNB) Lcdo (sic) HERVIN DEL CARMEN ESPAÑOL MARIÑO, coordinador (sic) de la División de Armamento del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (…)

19.-PLANILLA DE REPORTE DE SISTEMA, de fecha 05/04/2018, emanada de la Oficina de Enlace CICPC-S.I.I.POL correspondiente al Estado SOLICITADO (…)

20.-ACTA DE INVESTIGACIÓN PENAL, de fecha 06/04/2018, suscrita por el Detective Agregado  IBRAHIM PEREZ (sic), adscrito a la División de Investigaciones de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (…)

21.-CERTIFICADO DE ACTA DE DEFUNCIÓN N° N° (sic) 1149 FOLIO N° 149, Tomo 5, de fecha 28/03/2018 (…)

22.-ACTA DE INVESTIGACIÓN PENAL, de fecha 10/04/2018, suscrita por el Detective Agregado  IBRAHIM PEREZ (sic), adscrito a la División de Investigaciones de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (…)

23.-TRANSCRIPCIÓN DE NOVEDAD de fecha 18/04/2018, suscrita por el Funcionario Inspector JORMAN PEREZ (sic), llevada por la División de Investigaciones de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (…)

24.-ACTA DE INVESTIGACIÓN PENAL, de fecha 19/04/2018, suscrita por el Detective YOSER DAGER, adscrito a la División de Investigaciones de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (…)

25.-PLANILLA DE LEVANTAMIENTO DEL CADAVER (sic) de fecha 18/04/2018, suscrita por el funcionario Detective Agregado Carlos SOLORZANO (sic) y Detective Yoser DAGER, adscrito a la División de Investigaciones de Homicidio del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (…)

26.-ACTA DE ENTREVISTA, de fecha 19/04/2018, tomada por el funcionario IBRAHIM PEREZ (sic), a la persona identificada en Actas Procesales como MARISOL (cuya identificación plena quedara (sic) protegida de acuerdo a lo establecido en los artículos 3 y 4 de la Ley de Protección de Víctimas, Testigos y demás Sujetos Procesales), ante la División de Investigaciones de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (…)

27.-ACTA DE INVESTIGACIÓN PENAL, de fecha 20/04/2018, suscrita por el Detective Agregado  IBRAHIM PEREZ (sic), adscrito a la División de Investigaciones de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (…)

28.-RESULTADO DE NECRODACTILIA N° 9700-032-2117, de fecha 19/04/2018, suscrita por la funcionario Experto en Dactiloscopia Detective Agregado MAYERLINE VALENCIA, adscrito (sic) a la División de Lofoscopia del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (…)

29.-RESULTADO DE EXPERTICIA DE RECONOCIMIENTO TÉCNICO N° 9700-018-1382-18, de fecha 20/04/2018 (…)” [Mayúsculas y negrillas de la solicitud].

Consta asimismo, que el Juzgado Cuadragésimo Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, al cual le correspondió conocer de la solicitud en cuestión, el 27 de agosto de 2018, de acuerdo con lo establecido en los artículos 236 y 237 del Código Orgánico Procesal Penal, y con base en los elementos de convicción señalados por el Ministerio Público dictó decisión mediante la cual ordenó la aprehensión, entre otros, del ciudadano Luis Carlos Ruíz Arvelo, por estimar su participación en la presunta comisión de los delitos de homicidio calificado ejecutado con alevosía y por motivos fútiles, robo agravado y agavillamiento, previstos y sancionados, en su orden, en los artículos 406, numeral 2, en relación con el 83, y 458 y 286, todos del Código Penal.

De igual modo, se constata que el 13 de diciembre de 2018, el abogado Tulio Ramón Vásquez Cardoza, Fiscal Provisorio Centésimo Vigésimo Primero del Ministerio Público con Competencia Plena de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, solicitó al señalado Juzgado Cuadragésimo Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, el inicio del procedimiento de extradición activa del ciudadano Luis Carlos Ruíz Arvelo, en virtud de la información suministrada por la División de Investigaciones de Interpol del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, referida a que “(…) fue detenido (…) en virtud de Notificación Roja de INTERPOL N° A-1220/11-2018 librada en fecha 22-11-2018 (…) quien se encuentran (sic) actualmente en Madrid- España (…)” [Mayúsculas y negrillas de la solicitud de extradición].

El 9 de enero de 2019, el Juzgado Cuadragésimo Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, en virtud de la solicitud realizada por el representante del Ministerio Público dictó decisión en la cual acordó “(…) el inicio del procedimiento de EXTRADICIÓN ACTIVA de conformidad con lo establecido en el artículo 383 del Código Orgánico Procesal Penal (…)”; y, en consecuencia, ordenó la remisión de las actuaciones a esta Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia.

Recibidas las actuaciones en esta Sala de Casación Penal, el 17 de enero de 2019, se libraron los oficios números: a) 10, al Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, informándole sobre el proceso de extradición llevado en la presente causa, a los fines de dar cumplimiento con lo establecido en el artículo 111, numeral 16, del Código Orgánico Procesal Penal; y, b) 11, al Director General del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, solicitándole información sobre los datos filiatorios, los movimientos migratorios, las huellas decadactilares, las trazas y los registros fotográficos del serial de la cédula de identidad V-17.719.594.

El 18 de enero de 2019, se recibió oficio signado con el N° 113, procedente de la Dirección de Verificación y Registro de Identidad del Servicio Administrativo de Identificación Migración y Extranjería del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, donde constan los datos filiatorios pertenecientes al ciudadano Luis Carlos Ruíz Arvelo, siendo los siguientes:

“(…) LUIS CARLOS RUIZ ARVELO.//

CÉDULA DE IDENTIDAD N° 17.719.594**//**

NOMBRE DE LOS PADRES: RUIZ MAYS LUIS RANGEL Y ARVELO KARINA DEL C. **//**

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: CARACAS, PARROQUIA LA PASTORA, DEPARTAMENTO LIBERTADOR DEL DISTRITO FEDERAL, EL 13/07/1987.**//**

ESTADO CIVIL: SOLTERO.**//**

DOCUMENTOS PRESENTADOS: PARTIDA DE NACIMIENTO N° 286, AÑO 1988, EXPEDIDA POR LA PRIMERA AUTORIDAD CIVIL DE LA PARROQUIA SUCRE, EL 29/07/1997. (…)” [Subrayado, mayúsculas y resaltados del oficio].

 

II

COMPETENCIA DE LA SALA

Previamente esta Sala de Casación Penal debe determinar su competencia para conocer del presente procedimiento de extradición activa, y, en tal sentido, observa:

La Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia establece las facultades y atribuciones de cada una de las Salas que integran este Máximo Tribunal. De manera específica, respecto a esta Sala de Casación Penal, el artículo 29, numeral 1, de la referida ley especial, señala:

“(…) Son competencias de la Sala [de Casación] Penal del Tribunal Supremo de Justicia: (…) 1. Declarar si hay o no lugar para que se solicite o conceda la extradición en los casos que preceptúan los tratados o convenios internacionales o la ley (…)”.

Por su parte, el Código Orgánico Procesal Penal en su artículo 383, dispone expresamente que:

“(…) Artículo 383. Cuando el Ministerio Público tuviere noticias de que un imputado o imputada al cual le ha sido acordada medida cautelar de privación de libertad, se halla en país extranjero, solicitará al Juez o Jueza de Control inicie el procedimiento de extradición activa.

A tales fines se dirigirá al Tribunal Supremo de Justicia, el cual, dentro del lapso de treinta días contados a partir del recibo de la documentación pertinente y previa opinión del Ministerio Público, declarará si es procedente o no solicitar la extradición, y en caso afirmativo, remitirá copia de lo actuado al Ejecutivo Nacional (…)”.

De la transcripción de los artículos anteriores, se observa que corresponde a esta Sala de Casación Penal conocer y decidir sobre la procedencia de la extradición activa. En el presente caso, se requiere la extradición del ciudadano Luis Carlos Ruíz Arvelo, contra quien pesa orden de aprehensión dictada por el Juzgado Cuadragésimo Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, y tal como se evidencia de lo señalado por los representantes del Ministerio Público “(…) fue detenido (…) en virtud de Notificación Roja de INTERPOL N° A-1220/11-2018 librada en fecha 22-11-2018 (…) quien se encuentran (sic) actualmente en Madrid- España (…)”, por lo que ciertamente se trata de un procedimiento de extradición activa de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 383 del Código Orgánico Procesal Penal. En consecuencia, esta Sala de Casación Penal declara su competencia para conocer de dicho procedimiento. Así se decide.

III

FUNDAMENTOS PARA DECIDIR

Esta Sala de Casación Penal “ab initio” estima procedente reiterar el criterio establecido en aquellos casos de extradición activa en los cuales el Ministerio Público no ha cumplido con la obligación que le impone el artículo 383, segundo aparte, del Código Orgánico Procesal Penal.

En tal sentido, en sentencia N° 2, del 30 de enero de 2018, se dejó establecido lo siguiente:

“(….) el Ministerio Público al tener conocimiento de que el imputado o imputada al cual se le ha decretado una medida cautelar de privación de libertad se halle en un país extranjero solicitará el inicio del procedimiento de extradición ante el Juez o Jueza de Control, Juicio y Ejecución, conforme sea el caso, quien remitirá lo actuado a esta Sala de Casación Penal, instancia judicial ésta que en cumplimiento del Pacto Internacional de que se trate, debe considerar en todo caso, el día de la detención del requerido en el país extranjero, para computar a partir de esa fecha, el lapso con que cuenta para decidir. Es por ello, que sobre esta Sala de Casación Penal pesa la obligación indesconoscible (sic) de decidir con la debida celeridad, es decir, dentro del señalado lapso y nunca fuera de él, sobre la procedencia de solicitar la extradición activa al país requerido, no siendo indispensable para la emisión de dicha resolución, que conste en actas en forma previa la opinión del Ministerio Público, sin perjuicio de consignar la misma con posterioridad; todo ello, con el objeto de preservar los lapsos estipulados en los Tratados o Convenios Internacionales suscritos y ratificados por la República Bolivariana de Venezuela, y para dar cabal satisfacción al principio conocido como pacta sunt servanda, que en el plano del Derecho Internacional, obliga a los Estados partes a cumplir los Tratados con sujeción a lo estipulado en ellos (…)”.

De igual modo, esta Sala de Casación Penal en sentencia N° 31, del 23 de febrero de 2018, dispuso reiterar lo asentado en el fallo transcrito precedentemente en los términos siguientes:

“(…) Considera la Sala oportuno, antes de entrar a conocer del presente asunto, hacer un examen del procedimiento de extradición activa, con el objeto de delimitar el carácter vinculante de la opinión del Ministerio Público, el lapso para dictar pronunciamiento, la naturaleza de la decisión y, en general, la actuación de las partes durante el desarrollo de tal procedimiento (…)

En este aspecto, es importante detenerse y observar que la Sala tiene un lapso de treinta (30) días para dictar pronunciamiento con respecto a la solicitud de extradición activa. Por otra parte, el (la) ciudadano (a) que se encuentre fuera del territorio nacional, y que sea requerido (a) por nuestro Estado, generalmente está detenido (a) en el que será Estado requerido, de manera que, cuando la solicitud llega a la sede judicial, en la República Bolivariana de Venezuela, en la mayoría de los casos, ya obró la detención contra la persona objeto de la solicitud de extradición.

Destaca que, el lapso para presentar la solicitud formal de extradición inicia a partir de la fecha de detención del ciudadano requerido y, en muchos de los supuestos, este lapso puede o no coincidir con lo previsto en nuestro texto adjetivo penal y en los tratados sobre extradición, suscritos por los Estados partes, para dictar la decisión.

En consecuencia, es ineludible ponderar las interrogantes que surgen cuando existe la solicitud de extradición, pero el representante del Ministerio Público no ha consignado su opinión fiscal, mientras que la persona, objeto de la solicitud, se encuentra detenida y, a la vez, el lapso predeterminado en los tratados transcurre en forma ininterrumpida.

Es allí cuando la Sala considera necesario dar preeminencia a la garantía establecida en los artículos 26, 44, numeral 1 y 49, todos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como al artículo 9 del Código Orgánico Procesal Penal, por cuanto la persona que está detenida en otro país tiene derecho a recibir con prontitud una respuesta por parte del Estado venezolano, así como también tiene derecho a que el mismo Estado venezolano se pronuncie sobre la solicitud del procedimiento (…)

De manera que, existiendo la detención judicial de un ciudadano en otro país, es necesaria la actuación diligente, en todos los ámbitos (judiciales y administrativos), por parte de los Estados involucrados en el asunto, a fin de procurar dar una respuesta oportuna. Lo que justifica, evidentemente, dar prioridad a dictar la decisión, pues ya existe una positivización del tratado en legislación interna.

Del mismo modo, es imperioso cumplir con los lapsos previstos en los tratados internacionales, para presentar la solicitud formal de extradición, aunque la opinión del Ministerio Público no haya sido consignada (…)”.

Bajo estos supuestos, en el presente caso, la representación del Ministerio Público tuvo conocimiento que el ciudadano Luis Carlos Ruíz Arvelo “(…) fue detenido (…) en virtud de Notificación Roja de INTERPOL N° A-1220/11-2018 librada en fecha 22-11-2018 (…) quien se encuentran (sic) actualmente en Madrid- España (…)”, y por cuanto contra el mismo existe una orden de aprehensión decretada por el Juzgado Cuadragésimo Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, la cual se encuentra vigente, sumado a que siendo la oportunidad para emitir pronunciamiento sobre la procedencia de la extradición activa del prenombrado ciudadano, sin que el Ministerio Público haya presentado la opinión fiscal que prevé el citado artículo 383 del Código Orgánico Procesal Penal, es por lo que esta Sala de Casación Penal en aras de la garantía del debido proceso del solicitado en extradición, estima prescindir de dicha opinión fiscal sin perjuicio de que la misma pueda consignarse con posterioridad.

En consecuencia, esta Sala de Casación Penal de conformidad con lo establecido en los artículos 266, numeral 9, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; y, 29, numeral 1, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia pasa a decidir sobre la procedencia de la solicitud de extradición activa del ciudadano Luis Carlos Ruíz Arvelo, y, al respecto, observa:

El Juzgado Cuadragésimo Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, ordenó el inicio del procedimiento de extradición activa del ciudadano Luis Carlos Ruíz Arvelo, por cuanto en su contra se decretó orden de aprehensión por la presunta comisión de los delitos de homicidio calificado ejecutado con alevosía y por motivos fútiles, robo agravado y agavillamiento, previstos y sancionados, en su orden, en los artículos 406, numeral 2, en relación con el 83, y 458 y 286, todos del Código Penal,; y el predicho ciudadano “(…) fue detenido (…) en virtud de Notificación Roja de INTERPOL N° A-1220/11-2018 librada en fecha 22-11-2018 (…) quien se encuentran (sic) actualmente en Madrid- España (…)”.

Siendo ello así, esta Sala de Casación Penal estima preciso señalar lo siguiente:

El artículo 3 del Código Penal venezolano establece que:

“(…) Todo el que cometa un delito o una falta en el espacio geográfico de la República, será penado con arreglo a la ley venezolana (…)”.

La disposición normativa en comento consagra el principio de la territorialidad de la ley penal, conforme al cual el Estado venezolano tiene la facultad para juzgar los delitos cometidos dentro de su espacio geográfico.

Por su parte, el artículo 382 del Código Orgánico Procesal Penal establece que:

“(…) La extradición se rige por lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los tratados, convenios y acuerdos internacionales suscritos y ratificados por la República y las normas de este título (…)”.

Y, el artículo 383 del citado texto adjetivo penal, señala:

“(…) Cuando el Ministerio Público tuviere noticias de que un imputado o imputada al cual le ha sido acordada medida cautelar de privación de libertad, se halla en país extranjero, solicitará al Juez o Jueza de Control inicie el procedimiento de la extradición activa.

A tales fines se dirigirá al Tribunal Supremo de Justicia, el cual, dentro del lapso de treinta días contados a partir del recibo de la documentación pertinente y previa opinión del Ministerio Público, declarará si es procedente o no solicitar la extradición, y en caso afirmativo, remitirá copia de lo actuado al Ejecutivo Nacional (…)”.

Bajo estos supuestos, esta Sala de Casación Penal conforme con lo dispuesto en la legislación que rige la materia, observa que entre el Reino de España y la República Bolivariana de Venezuela rige el Tratado de Extradición suscrito en Caracas, el 4 de enero de 1989 y ratificado por el Ejecutivo Nacional el 25 de abril de 1990, publicado en la Gaceta Oficial Nº 34.476, del 28 de mayo de 1990, en el cual las partes contratantes convinieron lo siguiente:

“(…) Artículo 1

Las Partes Contratantes se obligan, según  las reglas y condiciones establecidas en los artículos siguientes, a la entrega recíproca que las personas a quienes las autoridades judiciales de una de las Partes persiguieren por algún delito o buscaren para la ejecución de una pena o medida de seguridad impuesta judicialmente, que consista en privación de libertad.

Artículo 2

1.- Darán lugar a extradición los hechos sancionados, según las leyes de ambas Partes, con una pena o medida de seguridad privativas de libertad cuya duración máxima no sea inferior a dos años, prescindiendo de las circunstancias modificativas y de la denominación del delito.

2. Si la extradición se solicitare para la ejecución de una sentencia, se requerirá, además, que la parte de la pena o medida de seguridad que aún falta cumplir, no sea inferior a seis meses (…).

Artículo 3

También darán lugar a extradición, conforme al presente Tratado, los delitos incluidos en Tratados multilaterales en los que ambos países sean Parte (…).

Artículo 5

1. Para que proceda la extradición, es necesario que el delito que la motiva haya sido cometido en el territorio del Estado Requirente o que, cometido fuera de dicho territorio, tenga el Estado Requirente jurisdicción para conocer de ese delito (…).

Artículo 6

1. No se concederá la extradición por delitos considerados como políticos o conexos con delitos de esta naturaleza. La sola alegación de un fin o motivo político, en la comisión de un delito, no lo calificará como un delito de tal carácter (…).

2. Tampoco se concederá la extradición si la Parte Requerida tuviere fundados motivos para suponer que la solicitud de extradición fue presentada con la finalidad de perseguir o castigar a la persona reclamada en razón de su raza, religión, nacionalidad u opiniones políticas o bien que la situación de aquella pueda ser agravada por estos motivos (…).

Artículo 10

No se concederá la extradición:

a) Cuando la persona reclamada hubiere sido condenada o debiera ser juzgada por un tribunal de excepción o ‘ad hoc’ en la Parte requirente;

b) Cuando de acuerdo a la Ley de alguna de las partes se hubiere extinguido la pena o la acción penal correspondiente al hecho por el cual se solicita la extradición, y

c) Cuando la persona reclamada hubiere sido juzgada en la Parte requerida por el hecho que motivó la solicitud de extradición.

Artículo 11

1. No se concederá la extradición cuando los hechos que la originan estuviesen castigados con la pena de muerte, con pena privativa de libertad a perpetuidad, o con penas o medidas de seguridad que atenten contra la integridad corporal o exponga al reclamado a tratos inhumanos o degradantes (…)

Artículo 15

1. La solicitud de extradición se formulará por escrito y será transmitida por la vía diplomática. Cualquiera de las Partes podrá comunicar a la otra la designación de una autoridad central competente para recibir y transmitir solicitudes de extradición.

2. A toda solicitud de extradición deberá acompañarse:

a) En el caso de que el reclamado ya hubiese sido condenado, copia o trascripción de la sentencia debidamente certificada, así como certificación de que la misma no se ha cumplido totalmente, con indicación del tiempo de la pena o medida de seguridad que faltare por cumplir y, en su caso, las seguridades a que se refiere el artículo 12,

b) En el caso de que la extradición se refiera a una persona que no ha sido condenada, copia o transcripción debidamente certificada del auto de procesamiento, del auto de detención o prisión o de cualquier resolución judicial análoga, según la legislación de la parte requirente que contenga los hechos que se imputan y lugar y fecha en que ocurrieron,

c) Cuantos datos sean conocidos sobre la identidad, nacionalidad y residencia del sujeto reclamado y, si fuere posible, su fotografía y sus huellas dactilares;

d) Copia o trascripción de los textos legales que tipifican y sancionan el delito con expresión de la pena o medida de seguridad aplicable, de los que establecen la competencia de la Parte requirente para conocer del mismo, así como también de los referentes a la prescripción de la acción o de la pena o medida de seguridad (…)”.

Siendo que, como precedentemente se señaló, contra el ciudadano Luis Carlos Ruíz Arvelo, se decretó orden de aprehensión que mantiene su vigencia, y  haber sido detenido dicho ciudadano el 5 de diciembre de 2018, en la ciudad de Madrid, Reino de España “(…) en virtud de Notificación Roja de INTERPOL N° A-1220/11-2018 librada en fecha 22-11-2018 (…)”, tal como lo informó la Oficina Central Nacional de Interpol, Madrid, ello es la razón por la cual se  ha dado inicio al procedimiento de extradición activa para requerir al mencionado ciudadano al Reino de España.

En tal sentido, de las actas del expediente se advierte lo siguiente:

a) En cuanto a la identificación del ciudadano solicitado en extradición, consta de los datos filiatorios expedidos por la Dirección de Verificación y Registro de Identidad del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, que el ciudadano Luis Carlos Ruiz Arvelo, nació el 13 de julio de 1987, en Caracas, Parroquia La Pastora, Departamento Libertador del Distrito Federal, hoy Municipio Libertador del Distrito Capital, hijo de Luis Rafael Ruiz Mays y Karina Arvelo, titular de la cédula de identidad N° 17.719.594, registrado mediante la partida de nacimiento N° 288, año 1988, expedida por la Parroquia Sucre, el 29 de julio 1997.

De lo anterior se evidencia que el ciudadano Ángel Eduardo Varela Ibarra, es titular de la cédula de identidad N° 15.835.438, y es venezolano por nacimiento.

b) Que los delitos por los cuales se solicita la extradición del ciudadano Luis Carlos Ruíz Arvelo, fueron cometidos en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, concretamente en el Municipio Bolivariano Libertador del Distrito Capital, como lo señaló el representante del Ministerio Público en la solicitud de inicio del procedimiento de extradición, por tal razón queda demostrado el principio de territorialidad, conforme lo dispone el artículo 5 del Tratado de Extradición entre la República Bolivariana de Venezuela y el Reino de España.

c) Del mismo modo, el delito de homicidio calificado ejecutado con alevosía y por motivos fútiles se encuentra previsto en nuestra legislación en el artículo 406, numeral 2, del Código Penal, publicado en la Gaceta Oficial N° 5.768, Extraordinario, del 13 de abril de 2005, en los términos siguientes:

“(…) Artículo 406. En los casos que se enumeran a continuación se aplicarán las siguientes penas:

1. Quince años a veinte años de prisión a quien cometa el homicidio por medio de veneno o de incendio, sumersión u otro de los delitos previstos en el Título VII de este libro, con alevosía o por motivos fútiles o innobles, o en el curso de la ejecución de los delitos previstos en los artículos 449, 450, 451, 453, 456 y 458 de este Código.

2. Veinte años a veintiséis años de prisión si concurrieren en el hecho dos o más de las circunstancias indicadas en el numeral que antecede (…)”.

A su vez, el delito de robo agravado se encuentra previsto en el artículo 458 eiusdem, cuya letra es del tenor siguiente:

“(…) Cuando alguno de los delitos previstos en los artículos precedentes se haya cometido por medio de amenazas a la vida, a mano armada o por varias personas, una de las cuales hubiere estado manifiestamente armada, o bien por varias personas ilegítimamente uniformadas, usando hábito religioso o de otra manera disfrazadas, o si, en fin, se hubiere cometido por medio de un ataque a la libertad individual, la pena de prisión será por tiempo de diez a diecisiete años; sin perjuicio a la persona o personas acusadas, de la pena correspondiente al delito de porte ilícito de armas (…)”.

Por su parte, el artículo 286 ibídem prevé el delito de agavillamiento de la manera siguiente: 

“Cuando dos o más personas se asocien con el fin de cometer delitos, cada una de ellas será penada, por el solo hecho de la asociación, con prisión de dos a cinco años.

En términos análogos, el Código Penal español en los artículos 138 al 139, tipifica el delito de homicidio y sus calificantes de la manera siguiente:

“(…) Artículo 138.

1. El que matare a otro será castigado, como reo de homicidio, con la pena de prisión de diez a quince años.

2. Los hechos serán castigados con la pena superior en grado en los siguientes casos:

a) cuando concurra en su comisión alguna de las circunstancias del apartado 1 del artículo 140, o

b) cuando los hechos sean además constitutivos de un delito de atentado del artículo 550.

Artículo 139,

1. Será castigado con la pena de prisión de quince a veinticinco años, como reo de asesinato, el que matare a otro concurriendo alguna de las circunstancias siguientes:

1. ª Con alevosía.

2. ª Por precio, recompensa o promesa.

3. ª Con ensañamiento, aumentando deliberada e inhumanamente el dolor del ofendido.

4. ª Para facilitar la comisión de otro delito o para evitar que se descubra.

2. Cuando en un asesinato concurran más de una de las circunstancias previstas en el apartado anterior, se impondrá la pena en su mitad superior (…)”.

De igual modo, tipifica el delito de robo agravado en el artículo 242, que en su letra dispone:

“Artículo 242.

1.  El culpable de robo con violencia o intimidación en las personas será castigado con la pena de prisión de dos a cinco años, sin perjuicio de la que pudiera corresponder a los actos de violencia física que realizase.

2. La pena se impondrá en su mitad superior cuando el delincuente hiciere uso de las armas u otros medios igualmente peligrosos que llevare, sea al cometer el delito o para proteger la huida y cuando el reo atacare a los que acudiesen en auxilio de la víctima o a los que le persiguiere”.

Ahora bien, respecto del delito de agavillamiento se observa que en el referido Código Penal Español, no existe un tipo penal que contenga supuestos de hecho afines con el previsto en el Código Penal venezolano; no obstante, el Tratado de Extradición aplicable en el presente procedimiento dispone en el artículo 2, numeral 3, lo siguiente:

 “(…) Darán lugar a extradición los hechos sancionados, según las leyes de ambas partes, con una pena o medida de seguridad privativa de libertad cuya duración máximo no sea inferior a dos años, prescindiendo de las circunstancias modificativas y de la denominación del delito.

3. Cuando la solicitud se refiera a varios hechos y no concurriesen alguno de ellos, los requisitos de los párrafos 1 y 2, la parte requerida podrá conceder también la extradición por éstos últimos (…)”.

Siendo ello así, el Estado requerido, en este caso el Reino de España, puede conceder la extradición por el referido delito de agavillamiento.

En virtud de ello, es evidente que los delitos señalados se encuentran previstos tanto en el Código Penal español como en el de la República Bolivariana de Venezuela, circunstancia que denota el cumplimiento del principio de la doble incriminación que hace procedente la solicitud de extradición del ciudadano Luis Carlos Ruíz Arvelo.

d) Igualmente, se observa que los aludidos delitos por los cuales está sujeto a juzgamiento el solicitado en extradición, no son políticos ni conexos con estos, toda vez que los hechos por los cuales se solicitó su aprehensión fueron calificados por el Juzgado Cuadragésimo Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, como los delitos de homicidio calificado ejecutado con alevosía y por motivos fútiles, robo agravado y agavillamiento.

Tampoco existen fundados motivos para suponer que la solicitud de extradición fue presentada con la finalidad de perseguir o castigar a la persona reclamada en razón de su raza, religión, nacionalidad u opiniones políticas, por lo tanto no se encuentran presentes los impedimentos establecidos en el artículo 5 del Tratado de Extradición.

De igual forma, cabe agregar que al haber sido acordado el inicio del procedimiento de la extradición activa del ciudadano Luis Carlos Ruíz Arvelo, en virtud del decreto de aprehensión dictado en su contra, dicha circunstancia hace también procedente la extradición por tratarse de un procesado, tal como lo ha reiterado esta Sala de Casación Penal, entre otras, en sentencia Nº 36, del 31 de enero de 2008, en la cual señaló:

“(…) En ese punto resulta oportuno acotar, que de acuerdo a otros tratados internacionales suscritos por nuestro país y en consecuencia son ley vigente en la República Bolivariana de Venezuela, la extradición activa procede en caso de procesados, requiriéndose solamente la orden de aprehensión (…)”.

e) También, en la República Bolivariana de Venezuela, la pena que pudiera llegar a imponerse al ciudadano Luis Carlos Ruíz Arvelo, no es de muerte, ni infamante, ni privativa de libertad a perpetuidad, ya que la asignada al delito de mayor entidad punitiva, concretamente, el de homicidio calificado ejecutado con alevosía y por motivos fútiles, no excede en su límite máximo de veintiséis (26) años de prisión.

Sobre este particular, el artículo 44, numeral 3, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece que: “(…) No habrá condenas a penas perpetuas o infamantes (…)”.

A la par, de las actuaciones consignadas no se evidencia elemento alguno que haga presumir la prescripción de la acción penal en el presente caso, toda vez que se trata de delitos graves de los cuales el de menor entidad punitiva es el de agavillamiento, sancionado con una pena cuyo límite máximo es de cinco (5) años, siendo su término medio de tres (3) años y seis (6) meses, razón por la que la prescripción de la acción para perseguir dicho delito de acuerdo al artículo 108, numeral 4, del Código Penal, es de cinco años, circunstancia a la que se suma el que los hechos por los cuales se dictó la orden de aprehensión contra el hoy solicitado en extradición se cometieron el 26 de marzo de 2018, librándose la correspondiente orden de aprehensión el 27 de agosto de 2018, en tal sentido, es evidente que la acción penal para la persecución tanto del tipo penal referido como de los demás delitos que tienen asignada mayor pena, no se encuentran prescritos.

De lo expuesto se evidencia que conforme con la legislación venezolana, no ha operado la prescripción de la acción penal.

Por su parte, respecto a la prescripción de la acción penal en el Estado requerido, se observa que el Código Penal español regula dicha institución de la manera siguiente:

“(…) Artículo 131. (Plazos de prescripción de los delitos y faltas)

  1. Los delitos prescriben:

A los veinte años, cuando la pena máxima señalada al delito sea prisión de quince o más años.

A los quince, cuando la pena máxima señalada por la ley sea inhabilitación por más de diez años, o prisión por más de diez y menos de quince años.

A los diez, cuando la pena máxima señalada por la ley sea prisión o inhabilitación por más de cinco años y que no exceda de diez.

A los cinco, los demás delitos, excepto los delitos leves y los delitos de injurias y calumnias, que prescriben al año (…)” [Negrilla y subrayado de esta Sala].

En tal sentido, atendiendo lo preceptuado en el citado artículo y siendo que los hechos por los cuales se dictó la orden de aprehensión contra el ciudadano Luis Carlos Ruíz Arvelo; se cometieron el 26 de marzo de 2018, también es evidente que en dicho Estado tampoco ha operado la prescripción de la acción penal. Por tal razón, se cumple con lo preceptuado en el artículo 5, literal “b”, del Acuerdo sobre Extradición y en el artículo 359 del Código de Derecho Internacional Privado.

En síntesis, de la revisión de la documentación que consta en actas, se aprecia:

a) Que existe una resolución judicial respecto a los hechos por los cuales está siendo solicitado el ciudadano Luis Carlos Ruíz Arvelo;

b) Que dicha resolución indica de manera precisa la naturaleza y gravedad de dichos hechos; y,

c) Que se establecen también las disposiciones de las leyes penales que han de aplicársele.

De igual modo, en el presente caso, se encuentran satisfechos los requisitos legales para solicitar la extradición activa del ciudadano Luis Carlos Ruíz Arvelo, esto es: a) se tiene noticias que el solicitado en extradición se encuentra en un país extranjero; b) que el tribunal competente dictó la correspondiente orden de aprehensión; c) que dicha orden se encuentra vigente, y, d) que cursan en el expediente las pruebas que, a criterio de esta Sala de Casación Penal, acreditan la existencia del hecho imputado y la presunta responsabilidad del ciudadano Luis Carlos Ruíz Arvelo.

Por otra parte, cabe advertir que por encontrarse el proceso seguido contra el prenombrado ciudadano en la fase preparatoria, resulta necesaria su comparecencia para ser sometido a la jurisdicción de los tribunales ordinarios venezolanos, toda vez que en dicha oportunidad es que será impuesto de los hechos y de los elementos de convicción que sustentan su proceso, en razón de lo cual, esta Sala de Casación Penal ratifica el criterio relativo a la prohibición de que el juicio se desarrolle en ausencia del imputado, como garantía establecida a su favor, en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 1° del Código Orgánico Procesal Penal, cuya finalidad es evitar que se juzgue a un ciudadano sin su presencia ante sus jueces naturales y sin haber sido previamente escuchado.

Como corolario de lo precedentemente expuesto, en el presente caso, además de los requisitos de procedencia, también se cumplen a cabalidad los principios generales que rigen la materia de extradición en nuestro país, a saber:

a) Principio de la doble incriminación: conforme a este principio, el hecho que origina la extradición debe ser constitutivo de delito tanto en la legislación del Estado requirente como en la legislación del Estado requerido, y tal como quedó establecido en el presente caso, los delitos de homicidio intencional calificado perpetrado con alevosía y por motivos fútiles, y el de robo agravado se encuentran tipificados en la legislación del Reino de España y en nuestra legislación;

b) Principio de la mínima gravedad del hecho: De acuerdo a este principio, solo procede la extradición por delitos y no por faltas. En el presente caso, la extradición es solicitada por la comisión de los delitos de homicidio calificado ejecutado con alevosía y por motivos fútiles, robo agravado y agavillamiento, cuyos límites máximos de la pena para cada uno de ellos, son veintiséis (26), diecisiete (17), y cinco (5) años de prisión; respectivamente.

c) Principio de la especialidad: En virtud del mismo el sujeto extraditado no puede ser juzgado por un delito distinto a los que motivaron la extradición, cometido con anterioridad a la solicitud, condición a la que se obliga la República Bolivariana de Venezuela en la presente decisión;

d) Principio de no entrega por delitos políticos: En atención al cual se prohíbe la entrega de sujetos perseguidos por delitos políticos y, en el presente caso, se dejó claramente establecido que los delitos que motivan la presente solicitud no son políticos ni conexo con estos;

f) Principios relativos a la acción penal: Acorde a dicho principio no se concederá la extradición si la acción penal o la pena han prescrito conforme con la ley del Estado requirente y del Estado requerido. En el presente caso, se dejó constancia que no existe ningún elemento que acredite la prescripción;

g) Principios relativos a la pena: En base al cual no se concederá la extradición por delitos que tengan asignada en la legislación del Estado requirente la pena de muerte o una pena perpetua, y tal como se determinó en el presente caso, el ciudadano requerido es procesado por delitos cuyas penas no exceden de veintiséis años de privación de libertad.

Con base en las consideraciones precedentemente expuestas, esta Sala de Casación Penal, de conformidad con lo establecido en el artículo 383 del Código Orgánico Procesal Penal declara procedente solicitar al Reino de España la extradición activa del ciudadano Luis Carlos Ruíz Arvelo, titular de la cédula de identidad V-17.719.594. Así se decide.

De igual modo, la República Bolivariana de Venezuela, por órgano del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, asume el firme compromiso ante el Reino de España, que al ciudadano Luis Carlos Ruíz Arvelo, se le seguirá juicio penal por su participación en la presunta comisión de los delitos de homicidio calificado ejecutado con alevosía y por motivos fútiles, robo agravado y agavillamiento, previstos y sancionados, en su orden, en los artículos 406, numeral 2, en relación con el 83, 458 y 286, del Código Penal, con las debidas garantías consagradas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, relativas: a) al derecho al debido proceso (artículo 49) conforme al cual al ciudadano solicitado en extradición se le garantizará el derecho a la defensa; b) al principio de no discriminación (artículo 19); c) a la prohibición de la desaparición forzada de personas (artículo 45); d) al derecho a la integridad física, psíquica y moral y a la prohibición de que las personas sean sometidas a penas, torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes (artículo 46, numeral 1) por lo tanto el ciudadano Luis Carlos Ruíz Arvelo será tratado con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano; e) al derecho a un sistema penitenciario que asegure la rehabilitación del penado (artículo 272) en caso de que el mismo resulte condenado por el señalado delito; f) al derecho a la asistencia jurídica, que en el caso de así solicitarlo se hará mediante el nombramiento de un defensor público; g) al derecho de ser notificado de los cargos por los cuales se le investiga; h) al derecho de acceder a las pruebas y disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa, como a recurrir del fallo que le sea desfavorable, con las excepciones establecidas en la ley; i) al derecho a la vida estipulado en el artículo 43 del texto constitucional, por lo tanto el Estado venezolano protegerá la vida del ciudadano que se solicita en extradición; j) al derecho a la salud previsto en el artículo 83 eiusdem, como derecho social fundamental que el Estado venezolano garantiza al ciudadano solicitado en extradición como parte del derecho a la vida; k) la garantía de todos los derechos civiles y sociales inherentes a la persona privada de libertad; y, l) el requerido no será condenado a pena de muerte, a cadena perpetua, ni a penas infamantes o a penas superiores a treinta (30) años (artículo 44, numeral 3) a cuyo efecto se tomará en cuenta el tiempo que hubiese estado detenido en el Reino de España, con motivo del presente procedimiento de extradición. Así se declara.

IV

DECISIÓN

Por las razones precedentemente expuestas, el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, dicta los pronunciamientos siguientes:

PRIMERO: PROCEDENTE la solicitud de extradición activa del ciudadano LUIS CARLOS RUÍZ ARVELO, titular de la cédula de identidad N° V-17.719.594, al Reino de España, para ser sometido a un proceso penal por la presunta comisión de los delitos de homicidio calificado ejecutado con alevosía y por motivos fútiles, robo agravado y agavillamiento, previstos y sancionados, en su orden, en los artículos 406, numeral 2, en relación con el 83, y 458 y 286, todos del Código Penal,

SEGUNDO: la República Bolivariana de Venezuela, por órgano del Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Penal ASUME el firme compromiso ante el Reino de España, que el ciudadano Luis Carlos Ruíz Arvelo, será juzgado únicamente por su presunta participación en la comisión de los delitos antes mencionados, con las debidas garantías consagradas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, relativas, a) al derecho al debido proceso (artículo 49) conforme al cual al ciudadano solicitado en extradición se le garantizará el derecho a la defensa; b) al principio de no discriminación (artículo 19); c) a la prohibición de la desaparición forzada de personas (artículo 45); d) al derecho a la integridad física, psíquica y moral y a la prohibición de que las personas sean sometidas a penas, torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes (artículo 46, numeral 1) por lo tanto el ciudadano Luis Carlos Ruíz Arvelo será tratado con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano; e) al derecho a un sistema penitenciario que asegure la rehabilitación del penado (artículo 272) en caso de que el mismo resulte condenado por los señalados delitos; f) al derecho a la asistencia jurídica, que en el caso de así solicitarlo se hará mediante el nombramiento de un defensor público, como también el acceso a la asistencia consular; g) al derecho de ser notificado de los cargos por los cuales se le investiga; h) al derecho de acceder a las pruebas y disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa, como a recurrir del fallo que le sea desfavorable, con las excepciones establecidas en la ley; i) al derecho a la vida estipulado en el artículo 43 del texto constitucional, por lo tanto el Estado venezolano protegerá la vida del ciudadano que se solicita en extradición; j) al derecho a la salud previsto en el artículo 83 eiusdem, como derecho social fundamental que el Estado venezolano garantiza al ciudadano solicitado en extradición como parte del derecho a la vida; y, k) la garantía de todos los derechos civiles y sociales inherentes a la persona privada de libertad; y, l) el requerido no será condenado a pena de muerte, a cadena perpetua, ni a penas infamantes o a penas superiores a treinta (30) años (artículo 44, numeral 3) a cuyo efecto se tomará en cuenta el tiempo que esté detenido en el Reino de España, con motivo del presente procedimiento de extradición.

TERCERO: se ORDENA remitir copia certificada de la presente decisión y de las actuaciones que cursan en el expediente, al Poder Ejecutivo Nacional, por órgano del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz.

Publíquese, regístrese y ofíciese lo conducente. Archívese el expediente.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, en Caracas, a los quince (15) días del mes de febrero de dos mil diecinueve (2019). Años: 208° de la Independencia y 159° de la Federación.

El Magistrado Presidente,

MAIKEL JOSÉ MORENO PÉREZ

La Magistrada Vicepresidenta,

ELSA JANETH GÓMEZ MORENO

 

La Magistrada,

FRANCIA COELLO GONZÁLEZ

El Magistrado,

JUAN LUIS IBARRA VERENZUELA

                   Ponente

La Magistrada,

YANINA BEATRIZ KARABIN DE DÍAZ

La Secretaria,

ANA YAKELINE CONCEPCIÓN DE GARCÍA

JLIV

Exp. AA30-P-2019-000004

El Magistrado, Doctor MAIKEL JOSÉ MORENO PÉREZ, no firmó por motivo justificado.

La Secretaria,

ANA YAKELINE CONCEPCIÓN DE GARCÍA

JLIV

Exp. AA30-P-2019-000004

 

 

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