Venley

Sentencia N.º 00920

Sentencia
N.º 00920
Fecha
28/07/2004
Sala
Político Administrativa
Expediente
2004-0687
Ponente
Yolanda Jaimes Guerrero
Procedimiento
Consulta en amparo

Magistrada Ponente: YOLANDA JAIMES GUERRERO

Exp. Nº 2004-0687

 

            El Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Los Andes, mediante Oficio N° 1249 de fecha 2 de julio de 2004, remitió a esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, el expediente contentivo de la acción de amparo constitucional autónomo incoada por el ciudadano HERIBERTO JOSÉ MORA YUSTY, identificado con la cédula de identidad N° 11.753.191, asistido por el abogado Juan Gerardo Ovalles, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 78.601, contra la sociedad mercantil HANOVER P.G.N. COMPRESSOR, C.A., registrada por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 17 de julio de 1990, bajo el N° 40, Tomo 21-A-Pro., por la presunta violación de los derechos constitucionales consagrados en los artículos 87, 89 y 93 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Dicha remisión fue efectuada a los fines de decidir la consulta planteada por el remitente.

El 13 de julio de 2004, se dio cuenta en Sala y se designó ponente a la Magistrada YOLANDA JAIMES GUERRERO, a los fines de decidir la consulta.

I

ANTECEDENTES

Por escrito presentado por ante el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Los Andes en fecha 29 de septiembre de 2003, el ciudadano HERIBERTO JOSÉ MORA YUSTY, ya identificado, interpuso acción autónoma  de amparo constitucional contra sociedad mercantil HANOVER P.G.N. COMPRESSOR, C.A., antes identificada, por la presunta violación de los derechos constitucionales consagrados en los artículos 87, 89 y 93 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Por auto de fecha 30 de septiembre de 2003, el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Los Andes, admitió la acción de amparo constitucional y ordenó las notificaciones de Ley.

En fecha 9 de octubre de 2003, siendo la oportunidad procesal, tuvo lugar el acto oral y público en el presente caso.

Por decisión de fecha 10 de octubre de 2003, el referido Tribunal antes referido declaró “...CON LUGAR la acción de AMPARO CONSTITUCIONAL interpuesta por el ciudadano HERIBERTO JOSE MORA YUSTY en contra de la Empresa HANOVER P.G.N. COMPRESSOR C.A.”, con base en las siguientes consideraciones:

“...Considera quien aquí juzga que es necesario aclarar que este tipo de amparo no produce cosa juzgada, ya que los mismos conllevan a restablecer situaciones jurídicas infringidas en el cumplimiento de un acto dictado por un órgano de la administración pública(sic) y visto que la pretensión deducida en el caso de autos tiene por objeto obtener un mandamiento judicial a los fines de la ejecución de un acto emanado de la Inspectoría del Trabajo del estado Barinas y por cuanto no está contemplado en el ordenamiento jurídico procesal ninguna vía judicial que le permita a los justiciables deducir tal pretensión ante la jurisdicción, por ser las mismas contrarias a los principios de ejecutividad y ejecutoriedad de los actos administrativos contenidos en el (sic) artículo (sic) 79 y 80 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, ya que el procedimiento de multa alegado por la parte demandada no satisface las pretensiones del trabajador, cuyo criterio así lo ha sostenido la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia del 02-08-2001 y siendo el amparo constitucional la vía idónea para dirimir la presente controversia y al constatarse la violación de los derechos constitucionales al trabajo y a la estabilidad laboral, debe prosperar la acción y así se decide.

En las actas que conforman el presente expediente se desprende que ciertamente el órgano administrativo ordenó el reenganche y el pago de los salarios caídos del ciudadano HERIBERTO JOSÉ MORA YUSTY y además se evidencia que el patrono no le ha dado cumplimiento a la misma, este Juzgador considera que al existir una Providencia Administrativa a favor del accionante dictada por un órgano competente, como lo es la Inspectoría del Trabajo en el estado Barinas, acto administrativo que ha quedado firme, genera para dicho ciudadano el derecho a que se le respete su derecho al trabajo y la estabilidad en el mismo y la obligación del patrono de acatar la orden administrativa, puesto que de negarse a su cumplimiento, estaría incurriendo en una flagrante violación de los derechos constitucionales denunciados por el accionante y así se declara.

                         ...(Omissis)...

En corolario de lo anterior y ante la evidencia en autos de que en efecto al accionante se le ha vulnerado su derecho al trabajo y a la estabilidad laboral, puesto que existe a su favor una orden de reenganche y pago de salarios dejados de percibir según providencia administrativa emanada de la Inspectoría del Trabajo en el Estado Barinas y la cual ha sido incumplida por el patrono, este Juzgador declara procedente la presente acción de amparo como medio eficaz para garantizar los derechos constitucionales del trabajador.”.

 

Por Oficio N° 1249 del 2 de julio de 2004, el mencionado Tribunal acordó remitir en consulta la presente causa a esta Sala.

Para decidir, se observa:

II

DE LA COMPETENCIA

En primer término, debe esta Sala precisar que la causa remitida a este Alto Tribunal versa sobre la consulta de la decisión dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Los Andes, mediante la cual declaró con lugar la acción autónoma de amparo constitucional interpuesta por el ciudadano HERIBERTO JOSÉ MORA YUSTY, ya identificado, contra la sociedad mercantil HANOVER P.G.N. COMPRESSOR, C.A., anteriormente identificada, por la presunta violación de los derechos constitucionales consagrados en los artículos 87, 89 y 93 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Ahora bien, a los fines de determinar si corresponde a esta Sala conocer de la referida consulta, es menester precisar que el tribunal de la causa ordenó remitir las presentes actuaciones con fundamento en lo establecido por la Sala Constitucional de este Máximo Tribunal en decisión Nº 3.436 del 8 de diciembre de 2003; en efecto, en dicho fallo se dispuso, entre otras cosas, lo siguiente:

“En virtud de las consideraciones que preceden, esta Sala declara competente, para el conocimiento del presente caso, a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.

Sin embargo, para la oportunidad de publicación de esta decisión, es un hecho notorio que la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo no es accesible, temporalmente, para los justiciables, a causa de la destitución de sus miembros, razón por la cual se presenta, en el Distrito Capital, la circunstancia a que se refiere el artículo 9 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales de inexistencia –temporal, se insiste-, en la localidad de ocurrencia del supuesto agravio, del tribunal natural u ordinariamente competente en primera instancia para el conocimiento del asunto de autos –así como de todos los amparos que le competan a dicha Corte en primera instancia- razón por la que, por excepción y con vista a la inusual circunstancia que se anotó, se determina que, a partir de la oportunidad de la publicación de esta sentencia y mientras perdure esa situación, el conocimiento en primera instancia del caso de autos, de conformidad con el artículo 9 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, corresponde a un Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, el cual consultará su decisión, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a su publicación, a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo. Para el caso de que en la oportunidad que corresponda la realización de dicha consulta, la Corte en cuestión todavía sea inaccesible para los justiciables, se producirá, excepcionalmente, el agotamiento de la primera instancia con la decisión del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, de la cual conocerá en alzada, también excepcionalmente, la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia como si de una decisión de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo se tratase. Así se decide”. (Negrilla de la Sala).

 

Siendo ello así, la competencia para conocer en consulta de la decisión dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Los Andes, correspondería a esta Sala; no obstante, la decisión supra transcrita fue aclarada en fallo Nº 3.468 de fecha 10 de diciembre de 2003, indicándose a tal efecto lo siguiente:

 “Por cuanto la Sala advirtió que, por error, en la sentencia n° 3436, que fue publicada el 08 de diciembre de 2003, caso: “ASOCIACIÓN CIVIL Y CULTURAL COMUNITARIA AMIGOS DE SANTA ROSALÍA”, se menciona a la Sala Político-Administrativa de este Tribunal Supremo de Justicia cuando la Sala se refería, de conformidad con su jurisprudencia pacífica en materia de competencia para el conocimiento de las demandas de amparo constitucional, a la propia Sala Constitucional, SE ACLARA, con fundamento en el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil –por aplicación analógica-, que, en el fallo en cuestión, el último párrafo del Capítulo II (De la Competencia), debe leerse como sigue:

`Sin embargo, para la oportunidad de publicación de esta decisión, es un hecho notorio que la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo no es accesible, temporalmente, para los justiciables, a causa de la destitución de sus miembros, razón por la cual se presenta, en el Distrito Capital, la circunstancia a que se refiere el artículo 9 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales de inexistencia –temporal, se insiste-, en la localidad de ocurrencia del supuesto agravio, del tribunal natural u ordinariamente competente en primera instancia para el conocimiento del asunto de autos –así como de todos los amparos que le competan a dicha Corte en primera instancia- razón por la que, por excepción y con vista a la inusual circunstancia que se anotó, se determina que, a partir de la oportunidad de la publicación de esta sentencia y mientras perdure esa situación, el conocimiento en primera instancia del caso de autos, de conformidad con el artículo 9 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, corresponde a un Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, el cual consultará su decisión, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a su publicación, a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo. Para el caso de que en la oportunidad que corresponda la realización de dicha consulta, la Corte en cuestión todavía sea inaccesible para los justiciables, se producirá, excepcionalmente, el agotamiento de la primera instancia con la decisión del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, de la cual conocerá en alzada, también excepcionalmente, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia como si de una decisión de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo se tratase. Así se decide.´;

Téngase este auto como parte integrante e inseparable de la sentencia de esta Sala Constitucional n° 3436, que fue publicada el 08 de diciembre de 2003, caso: “ASOCIACIÓN CIVIL Y CULTURAL COMUNITARIA AMIGOS DE SANTA ROSALÍA”, e incorpórese al sitio web del Tribunal Supremo de Justicia a continuación de la sentencia en cuestión como garantía de su idéntica difusión”.

 

Asimismo, debe advertir la Sala que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece en su artículo 266, que la jurisdicción constitucional será ejercida por la Sala Constitucional del Supremo Tribunal y por tanto, a ella corresponde conocer no sólo lo relativo a la interpretación del Texto Fundamental, sino a la fijación de criterios uniformes que permitan la orientación de las instituciones y procedimientos afines con la materia cuyo conocimiento le ha sido atribuido.

En consecuencia, por cuanto el expediente remitido a este Alto Tribunal versa sobre materia constitucional –acción de amparo autónoma-, resulta forzoso para esta Sala, conforme al criterio transcrito y lo dispuesto en la norma constitucional señalada, declinar la competencia en la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia, a los fines de que conozca la referida consulta. Así se decide.          

 

III

DECISIÓN

Atendiendo a los razonamientos antes señalados, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara que CORRESPONDE a la SALA CONSTITUCIONAL LA COMPETENCIA para conocer en consulta la decisión dictada por el Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Región Los Andes, mediante la cual se declaró con lugar la acción autónoma de amparo constitucional interpuesta por el ciudadano HERIBERTO JOSÉ MORA YUSTY, ya identificado, contra la sociedad mercantil HANOVER P.G.N. COMPRESSOR, C.A., anteriormente identificada, por la presunta violación de los derechos constitucionales consagrados en los artículos 87, 89 y 93 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

            Publíquese, regístrese y notifíquese. Remítase el presente expediente a la Sala Constitucional y envíese copia certificada de la presente decisión al Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Los Andes. Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a  los veintisiete (27 ) días del mes de julio de dos mil cuatro (2004).- 194º de la Independencia y 145º de la Federación.

 

El Presidente,

LEVIS IGNACIO ZERPA

El Vicepresidente,

HADEL MOSTAFÁ PAOLINI

La Magistrada -Ponente,

YOLANDA JAIMES GUERRERO
La Secretaria,

ANAÍS MEJÍA CALZADILLA

YJG

EXP. Nº 2004-0687  

En veintiocho (28) de julio del año dos mil cuatro, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 00920.

La Secretaria,

ANAIS MEJÍA CALZADILLA

Busca más sentencias en Venley

Búsqueda avanzada, colecciones personalizadas y consultas a Kelsen.

Buscar sentencias