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El Juzgado Primero de Sustanciación, Mediación y Ejecución en el Régimen Procesal Transitorio del Trabajo del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, mediante Oficio Nº 04-0165 de fecha 12 de abril de 2004, remitió el expediente contentivo de la solicitud de calificación de despido, reenganche y pago de salarios caídos, incoada por la ciudadana MARÍA EMILIA ROMERO, portadora de la cédula de identidad Nº 13.480.244, contra la sociedad mercantil INVERSIONES TURÍSTICAS NEVERÍ C.A. (INTURCA), inscrita por ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha 30 de diciembre de 1993, bajo el Nº 61, Tomo 9-A. Dicha remisión fue efectuada a los fines de decidir la consulta prevista en los artículos 59 y 62 del Código de Procedimiento Civil, por haber declarado el extinto Tribunal Tercero de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia su falta de jurisdicción respecto de la Administración Pública.
El 20 de julio de 2004, se dio cuenta en Sala y por auto de esa misma fecha se designó ponente a la Magistrada Yolanda Jaimes Guerrero, a los fines de decidir la consulta.
I
ANTECEDENTES
Mediante escrito presentado ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, la accionante relató que el 3 de abril de 2001, comenzó a prestar sus servicios para la empresa Inversiones Turísticas Neverí C.A.(INTURCA), ocupando el cargo de supervisora de camareras, hasta el 12 de enero de 2003, fecha en la que fue despedida sin causa justificada, a través de comunicación que le hiciera el ciudadano Omar Cañas, en su carácter de Gerente de la mencionada empresa, por lo que solicitó se calificará su despido y se ordenará su reenganche y pago de salarios caídos. Agregó que devengaba un salario diario de veinte mil bolívares (Bs.20.000,oo) y que su jornada laboral se desarrollaba de lunes a domingo.
Luego, el Tribunal Tercero de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, mediante decisión de fecha 7 de julio 2003, declaró su falta de jurisdicción frente a la Administración Pública para conocer el presente caso, con base a las siguientes consideraciones:
El Tribunal ante la situación planteada, observa cuidadosamente el Decreto Nro. 2.271, de fecha 11 de Enero de 2.003, Gaceta Oficial Nro. 37.608 en los artículos 1 y 4, expresan:
Artículo 1. Se prorroga desde el 16 de enero de 2003 hasta el 15 de julio de 2003, ambas fechas inclusive, la inamovilidad laboral especial, dictada a favor de los trabajadores y trabajadoras del sector privado y del sector público regidos por la Ley Orgánica del Trabajo, contenido en el Decreto 2.053, de fecha veinticuatro (24) de octubre del año dos mil dos (2002) y publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 5.607 Extraordinario, de esa misma fecha.
Artículo 4. Los inspectores e Inspectoras del trabajo tramitarán con preferencia los procedimientos derivados de la inamovilidad laboral especial consagrada en el presente Decreto, en virtud de su carácter excepcional y transitorio.
Resultando evidente que se encuentra actualmente un período de inamovilidad laboral y que a juicio de quien suscribe la presente decisión, no existen dudas, basados en los elementos registrados, que la trabajadora MARIA EMILIA ROMERO se encuentra protegida de inamovilidad laboral, en consecuencia, de configurarse el despido, desmejora o traslado sin justa causa, debe ser calificado por el Inspector del Trabajo de la Jurisdicción correspondiente como consideración especial emanada del citado decreto. ASI SE DECIDE.
(...) Por los argumentos antes expuestos, este JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, con sede en Cabimas, declara su FALTA DE JURISDICCIÓN para seguir conociendo, sustanciando y decidir (sic) el presente expediente en este órgano judicial, en virtud de que éste debe ser tramitado por la Inspectoría del Trabajo del Municipio Cabimas del Estado Zulia, organismos (sic) perteneciente al Ministerio del Trabajo perteneciente a la Administración Pública. Cúmplase con lo dispuesto en el artículo 62 del Código de Procedimiento Civil. ASI SE DECIDE...
Para decidir, la Sala observa:
II
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN
Corresponde a esta Sala pronunciarse sobre la consulta sometida a su conocimiento, y en tal sentido se observa que en la solicitud presentada por la ciudadana María Emilia Romero, se pretende la calificación de despido, así como el reenganche y el correspondiente pago de los salarios caídos.
Asimismo se observa que el tribunal consultante declaró su falta de jurisdicción para conocer de la presente causa con fundamento en que para el momento de producirse el despido de la accionante, se encontraba vigente el Decreto de Inamovilidad de fecha 11 de Enero de 2003.
Al respecto, resalta esta Sala que el artículo 187 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, además de consagrar el procedimiento de calificación previa de despido cuando el patrono pretenda despedir a uno o más trabajadores por ante el Juez e Sustanciación, Mediación y Ejecución de su jurisdicción, regula igualmente, la facultad que tiene el trabajador despedido de poder acudir ante el mismo juez, si considera que el despido no estuvo fundamentado en algunas de las causas justificadas, para que de este modo el Juez de Juicio le califique el despido y se ordene el reenganche y el correspondiente pago de los salarios caídos.
De igual forma, la Ley Orgánica Procesal del Trabajo establece en el ordinal 2º del artículo 29, la competencia de los Tribunales del Trabajo para conocer de ...las solicitudes de calificación de despido o de reenganche, formuladas con base en la estabilidad laboral consagrada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en la legislación laboral; sin embargo, si bien en principio corresponde a los Tribunales de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo, debe precisarse que en la Ley Orgánica del Trabajo se establecen situaciones en las cuales es exigida la calificación previa del despido a la Inspectoría del Trabajo, en virtud de la inamovilidad que podrían disfrutar en un momento determinado los trabajadores. Así, entre los trabajadores que para ser despedidos necesitan de la calificación previa por el ente administrativo figuran: a) la mujer en estado de gravidez, b) los trabajadores que gocen de fuero sindical, c) los trabajadores que tengan suspendida su relación laboral y d) los que estén discutiendo convenciones colectivas.
Adicionalmente, requieren de la calificación de despido previa por ante el respectivo órgano administrativo, los supuestos de inamovilidad laboral cuando la misma es decretada por el Ejecutivo Nacional en uso de las potestades que la Constitución y la Ley confieren.
Así, en relación con el último de los supuestos antes señalados, debe esta Sala aclarar que, para el momento de producirse el despido de la ciudadana María Emilia Romero, esto es, el 12 de enero de 2003, se encontraba vigente el Decreto Presidencial Nº 2.053 de fecha 24 de octubre de 2002, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinario de la República Bolivariana de Venezuela Nº 5.607 del mismo mes y año, y no el decreto 2.271 de fecha 11 de enero de 2003, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.608, como erradamente lo estableció el Tribunal remitente. En el mencionado Decreto Nº 2.053 se estableció en los artículos 1º, 3º y 5º lo siguiente:
Artículo 1º .- Se prorroga hasta el quince (15) de enero del año dos mil tres (2003), la inamovilidad laboral especial, dictada a favor de los trabajadores y trabajadoras del sector privado y del sector público regidos por la Ley Orgánica del Trabajo, contenido en el Decreto 1.889, de fecha veinticinco (25) de julio del año dos mil dos (2002) y publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.491,de esa misma fecha.
Artículo 3º.- Los trabajadores amparados y trabajadoras amparadas por la prórroga de inamovilidad laboral especial, no podrán ser despedidos, desmejorados ni trasladados, sin justa causa, calificada previamente por el Inspector del Trabajo de la jurisdicción, de conformidad con o establecido en el artículo 453 de la Ley Orgánica del Trabajo. El incumplimiento de esta norma dará derecho al trabajador o trabajadora a solicitar el reenganche y pago de salarios caídos correspondiente. Ello no excluye la posibilidad de convenios o acuerdos entre patronos y patronas, por una parte, y trabajadores y trabajadoras, por la otra, para lograr la reducción del personal, mediante el procedimiento de negociación colectiva establecido legalmente para tal fin.
Artículo 5º.- Quedan exceptuados de la aplicación de la prórroga de la inamovilidad laboral especial prevista en este Decreto, los trabajadores y trabajadoras que ejerzan cargos de dirección, quienes tengan menos de tres (3) meses al servicio de un patrono o patrona, quienes desempeñen cargos de confianza, quienes devenguen un salario básico mensual superior a seiscientos treinta y tres mil seiscientos bolívares (Bs. 633.600,oo) y los funcionarios y funcionarias del sector público, quienes conservarán la estabilidad prevista en la normativa legal que los rige.
Ahora bien, por cuanto en el libelo la accionante indicó que recibía como salario básico mensual la cantidad de seiscientos mil bolívares (Bs. 600.000,oo), monto éste inferior al establecido en el Decreto parcialmente transcrito, advierte la Sala, que la ciudadana María Emilia Romero se encontraba amparada por la inamovilidad prevista en el referido Decreto, lo cual acarrea en consecuencia que la solicitud de calificación de despido, reenganche y pago de salarios caídos, deba ser conocida por la Inspectoría del Trabajo correspondiente, por cuanto al momento de ser despedida la trabajadora en referencia, esto es, 12 de enero de 2003, se encontraba vigente la inamovilidad decretada por el Ejecutivo Nacional a la que se hizo mención supra. Así se decide.
III
DECISIÓN
Atendiendo a los razonamientos antes expuestos, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara que el PODER JUDICIAL NO TIENE JURISDICCIÓN para conocer y decidir la solicitud de calificación de despido, reenganche y pago de salarios caídos, intentada por la ciudadana MARÍA EMILIA ROMERO, contra la sociedad mercantil INVERSIONES TURÍSTICAS NEVERÍ C.A. (INTURCA).
En consecuencia se confirma la decisión consultada de fecha 7 de julio de 2003, mediante la cual el tribunal remitente declaró su falta de jurisdicción respecto de la Administración Pública.
Devuélvase el expediente al tribunal remitente.
Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítase copia certificada de la presente decisión a la Inspectoría del Trabajo del Estado Zulia. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los veintisiete (27 ) días del mes de julio de dos mil cuatro (2004). Años 194º de la Independencia y 145º de la Federación.
El Presidente,
La Magistrada -Ponente,
YJG/
En veintiocho (28) de julio del año dos mil cuatro, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 00922.
La Secretaria,
ANAIS MEJÍA CALZADILLA