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Caracas, 14 de abril de 2000
Visto el escrito de fecha 14 de abril del presente año, presentado por la ciudadana María Silvia Rodríguez, actuando en nombre propio y en representación del Instituto Educacional Henry Clay, debidamente asistida por los abogados Mariolga Quintero Tirado, Ery Marcano Valero, María Alejandra Estévez y María Alejandra Correa, mediante el cual hacen formal oposición a la medida cautelar especial decretada por esta Sala Político Administrativa en la decisión de fecha 10 de abril de 2000, notificada el 11 de abril de 2000, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 602 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por reenvío del artículo 48 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, se observa:
En efecto, el artículo 48 de la Ley Orgánica de Amparo reenvía a las disposiciones de las normas procesales que se encuentren vigentes, dentro de las que se encuentran las del Código de Procedimiento Civil. Este reenvío o remisión, opera de manera supletoria, por lo que las disposiciones fundamentales de la Ley Orgánica de Amparo mantienen pleno vigor. Así, el artículo 14 de la referida Ley, prevé la acción de amparo tanto en lo principal como en lo incidental y en todo lo que de ella derive, hasta la ejecución de la providencia respectiva, es de inminente orden público; este carácter de orden público, trae consigo que todos los días y horas son hábiles en materia de amparo; que el amparo tiene un trámite preferente a los demás asuntos que se ventilen en el Tribunal (artículo 15); que por ser el orden público vinculado al interés general del Estado, la acción y la tramitación son gratuitas (artículo 16); que quedan excluidos los privilegios procesales aun cuando el agraviante sea una autoridad pública (artículo 21); igualmente quedan excluidos los actos de autocomposición procesal (artículo 25); que el mandamiento de amparo recae sobre cualquier autoridad de la República , así no haya sido parte en el proceso (artículo 29); que la apelación contra la decisión tiene el solo efecto devolutivo (artículo 35).
Por otro lado el artículo 602 del Código de Procedimiento Civil establece que hecha la oposición se abrirá de pleno derecho una articulación de ocho días, con el objeto de que los interesados promuevan y evacúen las pruebas que consideren pertinentes.
Si la notificación de la medida cautelar especial se realizó, como lo admiten los oponentes el día 11 de abril hogaño, es impretermitible concluir que la oposición presentada el día 14 es temporánea, y así se declara.
No obstante, si hacemos una interpretación hermenéutica y concordada de las disposiciones de la Ley Orgánica de Amparo con las del Código de Procedimiento Civil, la articulación a que se contrae el artículo 602 de la ley de formas se inició el día sábado 15 y concluiría el día sábado 22 de este mes y año, lo que, en criterio de esta Sala haría nugatorio el derecho a la defensa y al debido proceso.
El artículo 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que Venezuela se constituye en un estado democrático y social de derecho y de justicia, ratificando luego a la justicia como un valor superior del ordenamiento jurídico de la República. Por lo que la justicia, por un lado es un principio rector del estado, y por el otro, un valor superior del ordenamiento jurídico. En este sentido, la actuación del Estado como unidad política, que incluye tanto a los ciudadanos y ciudadanas como a las instituciones del Poder Público, deben realizarse en atención a los principios y valores constitucionales que trascienden aun la misma normativa constitucional.
En este orden de ideas, el artículo 3 del texto fundamental de la República cuando establece los fines del Estado, resalta la garantía del cumplimiento de los principios y derechos. Dentro de los derechos fundamentales, se encuentra el acceso a la justicia y que ésta sea accesible e idónea sin atender a formalismos o reposiciones inútiles (artículo 26). Por su parte el artículo 27 ratifica la no sujeción a formalidades dentro del procedimiento de amparo, de donde podemos establecer que todas aquellas formas que impidan el ejercicio efectivo del derecho a la justicia, deben decaer en atención a los valores y principios constitucionales.
Este derecho a la justicia como valor fundamental del Estado adquiere dimensión real en el artículo 49 del texto fundamental que prevé las reglas del debido proceso. Dentro de esas reglas, el numeral 3º establece que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro del plazo razonable; el numeral 1º prevé que el acceso a las pruebas tiene sentido en la medida en que se disponga de tiempo y de los medios adecuados.
De igual forma el artículo 257, establece de manera indubitable que el proceso es un instrumento para la realización de la justicia, y que ésta no pude ser sacrificada por formalidades no esenciales.
En consecuencia si hiciéremos una interpretación dogmática, exegética y positivista del primer aparte del artículo 602 del Código de Procedimiento Civil, de los ocho días de la articulación probatoria tan solo dos de ellos fueron hábiles para esta Sala, con lo que se estaría conculcando el derecho ala defensa y al debido proceso de las partes constituidas en este juicio, y por ende se estaría sacrificando a la justicia como valor fundamental del Estado.
Esta circunstancia particular y especial hace imperativo, de conformidad con lo establecido en el primer aparte del artículo 334 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que a los solos efectos de la situación especial y concreta que se presenta en este caso por la concurrencia de dos días sábado, un día domingo, un miércoles 19 de abril (fiesta patria), jueves y viernes santo (fiestas religiosas asumidas como días feriados por el calendario oficial), dejarían tan solo al lunes 17 de abril (fecha para la que las partes están convocadas para la audiencia oral y pública), y el martes 18 de abril como días hábiles para promover, oponerse, admitir y evacuar las pruebas pertinentes.
En consecuencia y reiterando el uso del poder-deber de desaplicación para el caso concreto, que de oficio tienen todos los jueces de la República, se desaplica, reiterando que es para el caso concreto, la disposición contenida en el primer aparte del artículo 602 del Código de Procedimiento Civil, que prevé que la articulación probatoria se abre de pleno derecho al día siguiente de aquél en que vencen los tres que se confieren para la oposición.
En razón de lo expuesto, la apertura de la articulación a que se contrae el artículo 602 del Código de Procedimiento Civil, tendrá lugar el día lunes 24 de abril y correrán de manera consecutiva los ocho días a que se contrae dicha norma, venciendo en consecuencia el lunes 1º de mayo hogaño. Así se decide.
No puede pasar inadvertido de que por la naturaleza de la acción y el derecho de amparo, el procedimiento debe ser breve (la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela omitió el carácter sumario que establecía la Constitución del 61), razón por la que las incidencias son de carácter excepcional, y no forman parte de la tramitación normal del amparo.
De igual forma, que la actividad probatoria debió, conforme a lo señalado con carácter vinculante en sentencias de la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia de fechas 20 de enero y 14 de marzo de este año, realizarse con el ejercicio de la acción, la presentación de informes y la audiencia oral y pública, a fin de darle sentido al artículo 17 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantía Constitucionales, en razón del cual la actividad probatoria puede realizarse siempre que no signifique perjuicio irreparable para el actor, entendiéndose por éste, cuando exista otro medio más acorde con la brevedad del procedimiento.
El Presidente,
La Secretaria,
Exp. 0254
CEM/chf