Venley

Sentencia N.º 00951

Sentencia N.º 00951

Sentencia
N.º 00951
Fecha
29/07/2004
Sala
Político Administrativa
Expediente
2004-0682
Ponente
Hadel Mostafá Paolini
Procedimiento
Declinatoria de competencia

EN SALA

POLÍTICO ADMINISTRATIVA

Magistrado Ponente HADEL MOSTAFÁ PAOLINI

Exp. Nº 2004-0682

 

            Mediante Oficio N° 221200400-898 de fecha 10 de junio de 2004, el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, del Tránsito, del Trabajo y de Estabilidad Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo, remitió a esta Sala el expediente contentivo del procedimiento de Oferta de Real y Depósito interpuesto por el abogado Alexander Durán Olivares, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 60.981, en su carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil CONSTRUCTORA PEDECA, C.A., inscrita el 20 de julio de 1955 ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción del Distrito Federal y Estado Miranda, anotada bajo el Nº 19, Tomo 16-A; a través del cual la precitada compañía puso a disposición del juzgado remitente, los montos adeudados a la GOBERNACIÓN DEL ESTADO TRUJILLO por concepto del porcentaje de recaudación bruta de las estaciones de peaje Buena Vista y La Libertad, correspondiente al mes de febrero de 2004, en virtud del contrato de concesión para el financiamiento, reparación, administración y mantenimiento de la vía T001: Límite Lara- Agua Viva- Río Poco.

Dicha remisión se efectuó en virtud de que el a quo declinó en esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, la competencia para conocer la causa.

            El 8 de julio de 2004, se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado Hadel Mostafá Paolini, a los fines de decidir la declinatoria de competencia.

            En la misma fecha, la Secretaría de la Sala dejó constancia en autos del resguardo en caja fuerte de sobre consignado conjuntamente con el expediente de la causa.

I

ANTECEDENTES

            Por escrito presentado el 15 de abril de 2004 ante el Juzgado Distribuidor de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, del Tránsito, del Trabajo y de Estabilidad Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo, el abogado Alexander Durán Olivares, en su carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil Constructora Pedeca, C.A., inició procedimiento de Oferta Real y Depósito de los montos adeudados a la Gobernación del Estado Trujillo, que ascienden a las sumas de doce millones setecientos noventa y dos mil trescientos ochenta y cuatro bolívares sin céntimos (Bs. 12.792.384,00) y cinco millones setecientos siete mil doscientos veinticuatro bolívares sin céntimos (Bs. 5.707.224,00), correspondientes al ocho por ciento (8%) de la recaudación bruta de las estaciones de peaje Buena Vista y La Libertad, durante el mes de febrero de 2004, en virtud del contrato de concesión para el financiamiento, reparación, administración y mantenimiento de la vía T001: Límite Lara- Agua Viva- Río Poco.

            Efectuada la distribución del expediente, le correspondió conocer al Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, del Tránsito, del Trabajo y de Estabilidad Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo, el cual, por auto de fecha 16 de abril de 2004, le dio entrada a la presente causa, acordando su tramitación con arreglo a lo dispuesto en el artículo 1.313 del Código Civil y al procedimiento previsto en los artículos 819 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, y fijando para el día 20 del mismo mes y año su constitución en la sede de la Gobernación del Estado Trujillo, a fin de llevar a cabo el ofrecimiento de las mencionadas cantidades. En el mismo auto, ordenó el depósito de los cheques girados a nombre del tribunal por la sociedad mercantil oferente.

            El 27 de abril de 2004, el precitado Juzgado acordó para el día 28 del mismo mes y año, su traslado y constitución en la Gobernación del Estado Trujillo, para la realización de la oferta.

Suspendido el traslado en varias oportunidades, se fijó para el día 11 de mayo de 2004. En esta última fecha el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, del Tránsito, del Trabajo y de Estabilidad Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo se constituyó en la sede de la Gobernación del Estado Trujillo, en presencia del apoderado judicial de la oferente y del abogado Ramón H. Hernández, en su condición de Procurador General de la precitada entidad, a quien se le hizo formal ofrecimiento de las cantidades de dinero referidas anteriormente, manifestando que el Gobernador del Estado se encontraba ejerciendo funciones propias de su cargo pero fuera del despacho, y que no contaba con autorización para recibir la oferta. Por tal razón, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 822 del Código de Procedimiento Civil, se acordó notificar al mencionado funcionario que dentro de los tres días de despacho siguientes se procederá al depósito de las sumas ofrecidas.

            Por auto del 18 de mayo de 2004, se ordenó el depósito de las cantidades ofrecidas y a tal efecto se acordó abrir Cuenta de Ahorros a nombre de la Gobernación del Estado Trujillo, la cual sería movilizada únicamente con la firma conjunta del ciudadano Juez y la Secretaria del Juzgado remitente. De igual modo, se ordenó el emplazamiento del Gobernador del Estado, a los fines de exponer sus alegatos y defensas dentro de los tres (3) días de despacho siguientes, de conformidad con lo establecido en el artículo 824 del Código de Procedimiento Civil; así como la notificación del ciudadano Procurador General de la mencionada entidad federal, conforme a lo dispuesto en el artículo 233 eiusdem.

El depósito ordenado por el referido auto, fue llevado a cabo el día 19 de mayo de 2004.

Mediante decisión de fecha 26 de mayo de 2004, el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, del Tránsito, del Trabajo y de Estabilidad Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo se declaró incompetente para conocer de la causa y declinó la competencia en esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia.

II

COMPETENCIA DE LA SALA

En el caso de autos la sociedad mercantil Constructora Pedeca, C.A. inició un procedimiento de Oferta Real y Depósito a favor de la Gobernación del Estado Trujillo, de las cantidades adeudadas a dicha entidad por concepto del porcentaje de recaudación bruta de las estaciones de peaje Buena Vista y La Libertad, correspondiente al mes de febrero de 2004, en virtud del contrato de concesión para el financiamiento, reparación, administración y mantenimiento de la vía T001: Límite Lara- Agua Viva- Río Poco.

Revisadas las actas del expediente, el a quo declaró que esta Sala es la competente para conocer de la causa por cuanto “(...) se encuentran satisfechas las características esenciales de todo contrato administrativo, toda vez que el contrato en que fundamenta la solicitante su acción (sic), una de las partes es El Ejecutiva (sic) del Estado Trujillo.”

Siendo ello así, necesario es destacar el contenido del artículo 5 ordinal 25, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, cuyo tenor es el siguiente:

“Artículo 5: Es de la competencia del Tribunal Supremo de Justicia como más alto Tribunal de la República: (...)

(...) 25. Conocer de las cuestiones de cualquier naturaleza que se susciten con motivo de la interpretación, cumplimiento, caducidad, nulidad, validez o resolución de los contratos administrativos en los cuales sea parte la República, los estados o los municipios, si su cuantía excede de setenta mil unidades tributarias (70.000 U.T.); (...)”

Ahora bien, tanto la doctrina como la jurisprudencia han entendido como esenciales a la naturaleza de los contratos administrativos las características siguientes: a. Que una de las partes contratantes sea un ente público, b. Que el objeto del contrato sea la prestación de un servicio público, y c. Que como consecuencia de lo anterior, se advierta la presencia de cláusulas exorbitantes de la Administración, aún cuando no estén expresamente establecidas en el texto de la convención.

En el presente caso se observa que se encuentran satisfechas las referidas características, dado que: a. Una de las partes es un ente público como lo es la Gobernación del Estado Trujillo; b. La presente oferta real tiene por objeto el pago de las sumas de dinero correspondientes al ocho por ciento (8%) de la recaudación bruta de las estaciones de peaje Buena Vista y La Libertad, durante el mes de febrero de 2004, en virtud del contrato de concesión para el financiamiento, reparación, administración y mantenimiento de la vía T001: Límite Lara- Agua Viva- Río Poco, de donde se infiere la finalidad de interés público del mismo; y c. También se encuentran presentes ciertas prerrogativas a favor del ente contratante, tales como:

“(...) CLÁUSULA SEGUNDA: LA CONCESIONARIA asume a su propia y única responsabilidad, todos los gastos y riesgos asociados a la ejecución de los trabajos, construcción de obras y explotación, incluyendo los servicios conexos, administración y mantenimiento de LA VIALIDAD, así como los derivados de la utilización de tecnología, patentes y de acciones y decisiones gubernamentales.(...)

CLÁUSULA SEXTA: LA CONCESIONARIA mantendrá su carácter y naturaleza legal y jurídica, establecida en su Acta de Constitución y sus Estatutos Sociales, al igual que la titularidad, cantidad y valor de las acciones y su capital, no pudiendo disolverse voluntariamente, en caso de alguna modificación, deberá ser autorizada por EL EJECUTIVO. (...)

CLÁUSULA TRIGÉSIMA NOVENA: EL EJECUTIVO rescindirá el presente contrato por las causales que a continuación se indican: (...)

d) EL EJECUTIVO podrá revocar la concesión por razones de interés colectivo debiendo indemnizar a LA CONCESIONARIA, única y exclusivamente con base a las inversiones no amortizadas y a los daños y perjuicios que le hubiere causado, debidamente comprobados.

CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA PRIMERA: Cuando la concesión se extinga por cualquier causa y los bienes hayan sido amortizados, LA CONCESIONARIA se obliga a traspasar al Estado Trujillo, libre de todo gravamen todos los bienes, acciones y derechos adquiridos, Si dichos bienes no han sido amortizados en su totalidad, estos bienes pasarán a EL EJECUTIVO, asumiendo este la deuda contraida (sic) con terceros en las mismas condiciones y términos que la contrató LA CONCESIONARIA.(...)”

            No obstante, constata la Sala que las sumas ofrecidas alcanzan en total solamente la cantidad de dieciocho millones cuatrocientos noventa y nueve mil seiscientos ocho bolívares sin céntimos (Bs. 18.499.608,00), suma ésta considerablemente inferior a las setenta mil una unidades tributarias (70.001 U.T.) establecidas en la norma citada supra, como límite mínimo para la procedencia del fuero atrayente de esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, para el conocimiento de las acciones interpuestas en virtud de los contratos administrativos en los que sea parte la República, los estados o los municipios.

            Sin embargo, advierte la Sala, que mediante sentencia Nº 0035 de fecha 14 de abril de 2004, se declaró competente para conocer del procedimiento de oferta real seguido por la sociedad mercantil Constructora Pedeca, C.A. contra el Ejecutivo Regional del Estado Trujillo, en virtud del pago de las sumas de dinero correspondientes al ocho por ciento (8%) de la recaudación bruta de las estaciones de peaje Buena Vista y La Libertad, durante el mes de febrero de 2003, en virtud del contrato de concesión para el financiamiento, reparación, administración y mantenimiento de la vía T001: Límite Lara- Agua Viva- Río Poco, habida cuenta que bajo la vigencia de la derogada Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, correspondía conocer de dicho procedimiento a esta Sala Político-Administrativa.

Obsérvese entonces, que existe entre el caso de autos y el procedimiento referido anteriormente, una identidad de sujetos procesales y de título, toda vez que ambos procedimientos de oferta real fueron iniciados por la sociedad mercantil Constructora Pedeca, C.A., contra la Gobernación del Estado Trujillo, originándose uno y otro en virtud de la ejecución del mismo contrato de concesión.

Bajo tales premisas, considera pertinente la Sala citar lo establecido en el ordinal 50 del artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, el cual es del tenor siguiente:

Artículo 5: “Es de la competencia del Tribunal Supremo de Justicia como más alto Tribunal de la República: (...)

(...)50. Conocer de los juicios en que se ventilen varias acciones conexas, siempre que al tribunal este atribuido el conocimiento de alguna de ellas; (...)”

 

En atención al contenido de la precitada norma y a las circunstancias referidas anteriormente, se impone a la Sala, a los fines de evitar soluciones contradictorias en ambos juicios, que afecten en definitiva la correcta aplicación del derecho en el caso sub examine, aceptar la competencia que le fuere declinada por el Juzgado remitente. Así se declara.

III

DECISIÓN

Atendiendo a los razonamientos expresados, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ACEPTA LA COMPETENCIA para conocer y decidir de la solicitud de oferta real de pago y depósito efectuada por el abogado Alexander Durán Olivares, actuando en su carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil CONSTRUCTORA PEDECA, C.A., a favor del ESTADO TRUJILLO.

            Pásese el expediente al Juzgado de Sustanciación a los fines de que la causa continúe el curso de Ley.

 Publíquese, regístrese y comuníquese. Envíese copia certificada de la presente decisión al Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, del Tránsito, del Trabajo y Estabilidad Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo.. Cúmplase lo ordenado.

Dada,  firmada  y  sellada  en  el  Salón  de  Despacho  de  la  Sala Político-Administrativa  del  Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los veintiocho (28) días del mes de julio de dos mil cuatro (2004).- Años 194º de la Independencia y 145º de la Federación.

El Presidente,

LEVIS IGNACIO ZERPA

El Vicepresidente Ponente,

HADEL MOSTAFÁ PAOLINI

   La Magistrada,

YOLANDA JAIMES GUERRERO

La Secretaria,

ANAÍS MEJÍA CALZADILLA
Exp. Nº 2004-0682

En veintinueve (29) de julio del año dos mil cuatro, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 00951.

La Secretaria,

ANAIS MEJÍA CALZADILLA

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