Venley

Sentencia N.º 00964

Sentencia
N.º 00964
Fecha
18/06/2014
Sala
Político Administrativa
Expediente
2014-0462
Ponente
Mónica Misticchio Tortorella
Procedimiento
Apelación

  MAGISTRADA PONENTE: MÓNICA MISTICCHIO TORTORELLA

Exp. Nº 2014-0462

 

El Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Central, adjunto al Oficio N° 0239-14 del 24 de febrero de 2014, remitió a esta Sala el expediente N° 2.901 de la nomenclatura llevada por ese Juzgado, contentivo del recurso de apelación ejercido el 14 de agosto de 2013, por el abogado Alfredo José Cásseres, inscrito en el INPREABOGADO bajo el N° 61.757, actuando en su condición de sustituto del Procurador General de la República, en representación del FISCO NACIONAL, como se desprende a los folios 244 al 247 de la 1ra. pieza del expediente judicial, contra la sentencia definitiva N° 1.237 del 2 de agosto de 2013, que declaró con lugar el recurso contencioso tributario incoado el 24 de mayo de 2012, por la sociedad de comercio CASANAY CHEMICAL, C.A., inscrita en el Registro Mercantil Cuarto de la Circunscripción Judicial del entonces Distrito Federal y Estado Miranda, el 6 de noviembre de 1991, bajo el N° 12, Tomo 62-A.

El aludido recurso contencioso tributario se ejerció contra el “ACTO ADMINISTRATIVO, contenido en el ACTA DE RECONOCIMIENTO identificada SNAT/INA/APPC/DO/2012, con N° C-16561 CUYA FECHA ES 28/02/2012, realizada por (…) la División de Operaciones de la Gerencia de Aduana Principal de Puerto Cabello”, notificado el 20 de abril de 2012, mediante el cual se recomendó aplicar la pena de comiso sobre la mercancía declarada bajo la clasificación arancelaria 2915.31.00 “Acetato de Etilo al 10%” procedente de India, en virtud de lo pautado en los artículos 114, 130 y 147 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Aduanas de 2008. (Destacado del texto).

Por auto del 24 de febrero de 2014, el tribunal de la causa oyó libremente la apelación interpuesta y remitió el expediente a esta Sala Político-Administrativa.

En fecha 19 de marzo de 2014 se dio cuenta en Sala y por auto de esa misma fecha se ordenó aplicar el procedimiento de segunda instancia previsto en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, se designó ponente a la Magistrada Mónica Misticchio Tortorella y se fijó el lapso de diez (10) días de despacho para fundamentar la apelación.

El 10 de abril de 2014, la abogada Marianne Drastrup Gerbasi, inscrita en el INPREABOGADO bajo el N° 56.519, actuando con el carácter de sustituta de la Procuradora General de la República, en representación del  Fisco Nacional, como consta a los folios 55 al 64 de la 2da. pieza del expediente judicial, consignó escrito de fundamentación a la apelación. No hubo contestación a la apelación por parte de la contribuyente.

En fecha 6 de mayo de 2014, vencido como se encontraba el lapso de contestación a la apelación, la presente causa entró en estado de sentencia.

Realizado el estudio del expediente pasa esta Alzada a decidir, previas las consideraciones siguientes:

I

ANTECEDENTES

Evidencia esta Sala Político-Administrativa que en el acto administrativo “SNAT/INA/APPC/DO/2012 Acta de Reconocimiento C-16561 del 28/02/2012 Artículos 49 a 52 de la Ley Orgánica de Aduanas; 155 a 159 de su Reglamento General y 63 a 68 del Reglamento Electrónico”, firmado y sellado por la funcionaria reconocedor de la Administración Aduanera y Tributaria el 13 de marzo de 2012, notificado en esa misma fecha, que el  “05/03/2012, en los patios del almacén Bolipatio 5 (antiguo TAUREL), se efectuó el acto de reconocimiento físico y verificación documental de la mercancía amparada con la factura Comercial N° 11/345 de fecha 31/10/2011 y el conocimiento de embarque N° HLCUBO1111013571 la cual llego a bordo del buque: ORSO en fecha 26/02/2012, transmitida electrónicamente a través del Sistema automatizado SIDUNEA ++ en canal de selectividad Rojo, registrada bajo la Declaración Única de Aduanas N° C-16561 de fecha 28/02/2012, declarado en un contenedor de 20’ identificado con siglas y números HLXU-313293-3 con 80 tambores del químico Acetato de Etilo, procedente de la India. En cuanto a la clasificación arancelaria declarada 2915.31.00 Acetato de Etilo al 10%, se determinó que se encuentra conforme, sin embargo con respecto al régimen legal 4 aplicable se observo que se incluye PERMISO DE IMPORTACIÓN PARA PRODUCTOS QUIMICOS ESENCIALES SOMETIDO A CONTROL, identificado con el número SQC-I-2012-RESQUIMC-00079, emitido por el Registro Nacional Único de Operadores de Sustancias Químicas Controladas adscrito al Ministerio del Poder Popular de Industrias por un total de 110.000,00 kilogramos del producto ACETATO DE ETILO, cuyos países de origen son: USA, EUROPA, SURAMERICA, LEJANO ORIENTE, SUDAFRICA, no obstante las mercancías correspondientes a este embarque tiene como país de origen INDIA, para lo cual no gozan del permiso de importación del régimen legal 4”. (Sic). (Destacado del original).

A través de Oficio N° 006 del 12 de marzo de 2012, emitido por el Registro Nacional Único de Operaciones de Sustancia Químicas Controladas adscrito al Ministerio del Poder Popular de Industrias, se le informó al Representante Legal de la sociedad de comercio Casanay Chemical, C.A. que en ocasión a su comunicación de fecha 8 de marzo de 2012 se autorizó la modificación del país de origen incluyendo a India.

El día 16 de marzo de 2012, mediante comunicación registrada bajo el N° 0110098, el agente aduanal Delgado R. & Asociados, C.A. en representación de la empresa recurrente, solicitó un segundo reconocimiento a la Gerencia de la Aduana Principal de Puerto Cabello, conforme con lo previsto en el artículo 54 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Aduanas de 2008, nuevamente peticionado el 21 de ese mismo mes y año, en cuyo escrito indicó que la “solicitud obedece, a la consignación en ORIGINAL de la modificación hecha por el Ministerio Del Poder Popular de Industrias, en cuanto a la inclusión del país de origen al permiso de importación en referencia”. (Sic). (Destacado del escrito).

Por Memorándum identificado con el alfanumérico SNAT/INA/GAPPC/DO/UAT/2012-000303 de fecha 3 de abril de 2012, la Gerencia de la Aduana Principal de Puerto Cabello ordenó efectuar el nuevo reconocimiento en atención a lo establecido en el artículo 54 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Aduanas de 2008, en concordancia con los artículos 171 y 173 de su Reglamento de 1991, y notificar los resultados del mismo a la parte interesada.

El nuevo reconocimiento quedó asentado en el acto administrativo identificado igualmente con la designación “SNAT/INA/APPC/DO/2012 Acta de Reconocimiento C-16561 del 28/02/2012 Artículos 49 a 52 de la Ley Orgánica de Aduanas; 155 a 159 de su Reglamento General y 63 a 68 del Reglamento Electrónico”, firmado y sellado por el funcionario reconocedor de la Administración Aduanera y Tributaria el 2 de abril de 2012, y notificado el 20 de ese mismo mes y año, en cuyo contenido se expuso que “como consecuencia de memorando N° 6334-2725 de fecha 22/11/2010, emitido por la Gerencia General de Servicio Jurídico, es criterio de la misma, que por ser el ACETATO DE ETILO es una sustancia química controlada, debió cumplir para su importación con lo establecido en la Ley Orgánica de Drogas y gozar de un permiso de importación la cual este no goza por tener como país de origen la INDIA ”, y recomendó aplicar la pena de comiso sobre la mercancía conforme a lo establecido en el artículo 114 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Aduanas de 2008. (Sic). (Destacado del original), 

Con fecha 24 de mayo de 2012, la contribuyente ejerció recurso contencioso tributario contra el aludido acto administrativo, fundamentando lo siguiente:

Manifestó que el Arancel de Aduanas de 2005 exige a los contribuyentes para la importación de su producto, sujeto al Régimen Legal 4, permiso del Ministerio de Industrias Ligeras y Comercio, conocido como Permiso de Importación para Productos Químicos Esenciales sometidos a control, emitido por el Registro Nacional Único de Operadores de Sustancias Químicas Controladas, adscrito al Ministerio del Poder Popular de Industrias, el cual consignó en el primer reconocimiento practicado, pero no fue valorado por la funcionaria actuante por no incluir dentro de los países de origen a India.  

Destacó que “esa falla [en el Permiso] fue subsanada”,  y en el nuevo reconocimiento tampoco fue apreciado por el funcionario “quien se limitó a aplicar una instrucción o memorando de la consultoría jurídica”. (Agregado de la Sala).

Añadió que el Permiso de Importación para Productos Químicos Esenciales sometidos a Control  “identificado con el N° SQC-I-2012-RESQUIMC-00079 (…) [incluyó] India como país de origen (…), [siendo] el mismo permiso, de la misma fecha, por la misma cantidad, sobre el mismo producto, solo que [el órgano emisor] CORRIGIO SU ERROR”. (Sic). (Destacado del escrito). (Agregados de la Sala). 

En ese sentido, señaló que se le cercenó el derecho a la defensa y debido proceso contenido en el artículo 49 de la Carta Magna “al no valorar mediante el nuevo reconocimiento los documentos presentados, incurriendo además en falso supuesto de hecho y de derecho”.

Asimismo, indicó que se le quebrantó el derecho al libre tránsito de personas y bienes prevista en el artículo 50 del Texto Constitucional “al Recomendar la pena de comiso y evitar como de hecho está sucediendo al no permitir la nacionalización, la libre circulación de los bienes de su propiedad”.

Igualmente, expresó que se transgredió el derecho al trabajo contenido en el artículo 80 Constitucional “al impedir mediante este Acto Administrativo, que se ejerza el derecho a la propiedad pues se le está afectando este mediante el comiso de los bienes, amén de haber pagados los derechos de nacionalización y haber cumplido con las exigencias legales, cuando la finalidad del estado es precisamente GARANTIZAR EL TRABAJO”. (Sic).

También, esgrimió que se infringieron los derechos a la libertad económica y a la propiedad desarrollados en los artículos 112 y 115 de la norma constitucional, los cuales sólo podrán ser afectados el primero por mandato legal o constitucional, el segundo por causa de utilidad pública o social, “pero nunca por un acto administrativo, que omite los procedimientos y no toma en cuenta la documentación presentada al efecto, incurriendo por ello en falso supuesto tanto de hecho como de derecho”.

Además, denunció que se violó el artículo 116 constitucional “resultando la norma confiscatoria y como consecuencia desaplicable, mediante el control difuso de la constitucionalidad, pues esta impide y prohíbe la confiscación de bienes a menos que sea mediante sentencia firme”.

Posteriormente, el 8 de junio de 2012 la Administración Aduanera y Tributaria dictó el Acta de Comiso identificada con el alfanumérico SNAT/INA/APPC/DO/AC/008212, notificada el 21 de ese mismo mes y año, en cuyo contenido aplicó la pena de comiso sobre la mercancía debatida, conforme a lo establecido en el artículo 114 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Aduanas de 2008.

II

DE LA SENTENCIA APELADA

Mediante sentencia N° 1.237 de fecha 2 de agosto de 2013, el Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Central, declaró con lugar el recurso contencioso tributario interpuesto por la sociedad de comercio Casanay Chemical, C.A., en los términos que se transcriben a continuación:


“(…) el tribunal observa que en el caso concreto la controversia se concreta a definir si la presentación del permiso de importación con la corrección del país de origen en el segundo reconocimiento cumple con los requisitos de importación y si el comiso debe ser anulado y la mercancía debe entonces ser entregada a su legitimo propietario.

Es importante señalar que el recurso de nulidad fue interpuesto el 24 de mayo de 2012 contra un acta de reconocimiento y que el acta de comiso fue de fecha posterior el 08 de junio de 2012, pero fue consignado por la administración tributaria el 30 de noviembre de 2012.

(…Omissis...)

El comiso se originó por que en el permiso de importación del 12 de marzo del 2012 emitido por el entonces Ministerio de Industrias Ligeras y Comercio se indicaba lejano oriente y no la India que es realmente el país de donde procede la mercancía y que es clasificado por el diccionario de la RAE como país integrante del medio oriente.

La administración tributaria no tomó en cuenta la entrega por parte de la contribuyente en el segundo reconocimiento del permiso de importación corregido (folio 37) y el cual menciona claramente a la India como país de origen.

Aduce la administración tributaria que realizó el comiso de la mercancía de conformidad con los artículos 86 y 98 de la Ley Orgánica de Aduanas, los artículos 94 y 98 de la Ley Orgánica de Drogas y los artículos 1, 2 y 11 de la resolución conjunta de los Ministerios de Hacienda, de Industrias y Comercio, Sanidad y Asistencia Social y de Justicia del 23 de enero de 1998, de los cuales se desprende claramente que la documentación exigida para efectuar la declaración de Aduanas debe ser presentada junto con esta y no en fecha posterior a la llegada de las mercancías.

La Sala Constitucional ya se pronunció en un caso similar al de autos en la Sentencia N° 1923 del 21 de noviembre de 2006, caso Manaplas, C. A. en los siguientes términos:

(…Omissis …)

No escapa a la observación del Juez que la administración tributaria también fundamenta el comiso con base en el memorando interno N° 6334-2775 (folio 45) dirigido por el Gerente General de Servicios Jurídicos del SENIAT al Gerente de la Aduana Principal de Puerto Cabello el 22 de noviembre de 2010 en el cual afirma que: ‘…De la norma parcialmente transcrita, se desprende claramente que la documentación exigida para efectuar la declaración de aduanas, debe ser presentada conjuntamente con ésta, y no en fecha posterior…’.

En este contexto es importante referirnos a la naturaleza jurídica que tienen las circulares de acuerdo al criterio sostenido por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº 02558, publicada en fecha 15 de noviembre de 2006:

(…Omissis…)

‘…Por otro lado y conforme a la doctrina patria, las circulares son comunicaciones expedidas por un superior jerárquico en el ámbito administrativo, dirigidos a sus subordinados en relación con el régimen interno a fin de orientar y aclarar determinados aspectos de la materia, que no tienen por qué ser observados por los contribuyentes y responsables, ya que no crean obligaciones ni derechos para éstos’.

Con vista al análisis de la sentencia supra transcrita este Tribunal forzosamente declara ajustada a derecho la entrega del permiso de importación en el segundo reconocimiento y por lo tanto con lugar el recurso de nulidad interpuesto y nulo de toda nulidad el comiso de la mercancía, la cual debe ser entregada a su legítimo propietario Casanay Chemical,C. A. Así se decide.

(…Omissis…)

Por las razones expresadas, este Tribunal (…) administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley declara:

1) CON LUGAR el recurso contencioso tributario (…) contra el administrativo contenido en el acta de reconocimiento número SNAT/INA/APPC/DO/2012 del 28 de febrero de 2012, emanada de la Gerencia de la Aduana Principal de Puerto Cabello del SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN ADUANERA Y TRIBUTARIA (SENIAT), mediante el cual se aplico la pena de comiso contenida en el artículo 114 de la Ley Orgánica de Aduanas sobre la mercancía consistente en un (01) contenedor de 20´ identificado con las siglas y números HLXU-313293 con Acetato de Etilo de la subpartida arancelaria 2915.31.00 sometido a la presentación de régimen legal 4 y permiso de importación emitido por el Ministerio del Poder Popular de Industrias, el cual no cumple con las especificaciones de la mercancía importada. Valor de la mercancía: bolívares fuertes ciento veintiséis mil doscientos treinta con ochenta céntimos (BsF. 126.230,80).

2) NULA y sin efecto legal alguno el acta de reconocimiento número SNAT/INA/APPC/DO/2012 del 28 de febrero de 2012 y el acta de comiso N° 008212 del 08 de junio de 2012, emanadas de la Aduana Principal de Puerto Cabello del SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN ADUANERA Y TRIBUTARIA (SENIAT), mediante el cual aplico la pena de comiso contenida en el artículo 114 de la Ley Orgánica de Aduanas (…)

3) ORDENA a la Gerencia de la Aduana Principal de Puerto Cabello del SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN ADUANERA Y TRIBUTARIA (SENIAT) la entrega de la mercancía decomisada a su legítima propietaria CASANAY CHEMICAL, C.A. ”. (Sic). (Destacado de la Sala).

III

FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN

   En fecha 10 de abril de 2014, la apoderada judicial del Fisco Nacional, expuso los argumentos de hecho y de derecho siguientes:

Señaló que la controversia planteada “se limita a determinar si la entrega del permiso en el segundo reconocimiento estaba ajustado a derecho”, siendo que el Juez a quo incurrió en una “falsa apreciación del derecho al considerar ajustada a derecho la entrega del permiso de importación”, en ese nuevo reconocimiento, y así declarar improcedente la pena de comiso.

Destacó que la figura del nuevo reconocimiento contenido en el artículo 54 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Aduanas de 2008 asigna competencia discrecional para acordar nuevos reconocimientos, y no se constituye como mecanismo para recurrir o para subsanar errores o faltas cometidas en el decurso del reconocimiento primigenio, además que el artículo 56 eiusdem establece que cuando el consignatario, exportador o remitente no estuvieren conformes con los resultados del reconocimiento podrán recurrir de los mismos conforme al Título VII de la comentada normativa.

En ese sentido, manifestó que en materia de aduana no existe el despacho subsanador debido a que la misma es especial y se rige por lo establecido en el ordenamiento jurídico aduanero, a diferencia de lo atribuido al resto de la Administración Pública a través del artículo 50 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

Puntualizó que “el Legislador no previó en materia aduanera la posibilidad de otras oportunidades distintas al reconocimiento primigenio para corregir o subsanar la falta de presentación de documentos, y ello va en perfecta consonancia con lo consagrado en el artículo 114 de la mencionada Ley, ya que el lapso para acompañar toda la documentación necesaria y establecida por la Ley para la importación de mercancías sometidas a régimen legal, es preclusivo”.  

Acentuó que la contribuyente no cumplió a cabalidad con las condiciones para materializar la importación de la mercancía correspondiente a sustancias químicas controladas (Acetato de Etilo), siendo  “correcta la interpretación dada por parte del órgano actuante (…) [toda vez que] es impretermitible la presentación, conjuntamente con la declaración de aduanas, de los documentos requeridos por las normas respectivas (…) cuyo incumplimiento o inexactitud puede constituir un riesgo para la salud de la colectividad”. (Agregado de la Sala).

Finalmente, solicitó que en caso de ser declarada sin lugar la apelación se exima a la República del pago de las costas procesales, no sólo por haber tenido suficientes motivos racionales para litigar, sino también en aplicación del criterio sentado por la Sala Constitucional en la sentencia N° 1.238 de fecha 30 de septiembre de 2009, caso: Julián Isaías Rodríguez, y por la Sala Político-Administrativa en el fallo N° 113 de fecha 3 de febrero de 2010, caso: CITIBANK, C.A.

IV

MOTIVACIONES PARA DECIDIR

En virtud de la declaratoria contenida en el fallo apelado y las objeciones formuladas en su contra por la representación judicial del Fisco Nacional, la controversia planteada en el caso concreto quedó circunscrita a verificar si el tribunal de la causa incurrió en el vicio de falsa apreciación del derecho, al considerar que la entrega del “permiso de importación corregido” podía efectuarse en el nuevo reconocimiento practicado a la mercancía importada “Acetato de Etilo”, y así declarar improcedente la pena de comiso.

Delimitada así la litis, pasa la Sala a decidir y, a tal efecto, observa:

En el escrito de fundamentación de la apelación la representante judicial del Fisco Nacional denunció que el Juez a quo incurrió en una falsa apreciación del derecho al considerar que el permiso de importación podía entregarse en el nuevo reconocimiento de la mercancía.

En este sentido, afirmó que el artículo 54 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Aduanas de 2008, otorga competencia discrecional a la Administración Aduanera y Tributaria para acordar los nuevos reconocimientos y que el Legislador no previó en materia aduanera de otras oportunidades distintas al primer reconocimiento para corregir o subsanar la falta de presentación de los documentos exigidos para la importación de mercancías sometidas a régimen legal, toda vez que el lapso para acompañar toda la documentación requerida es preclusivo.  

Por su parte, el Juez de la causa en el fallo apelado consideró que la Sala Constitucional en sentencia N° 1.923 del 21 de noviembre de 2006, caso: Manaplas, C.A., ya se pronunció acerca de la situación planteada, por lo que forzosamente declaró  ajustado a derecho la entrega del permiso de importación corregido en el segundo reconocimiento efectuado por la Administración Aduanera y Tributaria.

Precisado lo anterior, esta Máxima Instancia estima pertinente formular algunas consideraciones respecto al procedimiento a cumplir ante la autoridad aduanera, en los casos de ingreso de mercancías extranjeras al territorio aduanero nacional, en el presente asunto,  de la sustancia química controlada “Acetato de Etilo”.

A tal efecto, el artículo 30 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Aduanas de 2008, establece la obligatoriedad para el consignatario de declarar en la aduana respectiva las mercancías objeto de operaciones aduaneras, de la manera siguiente:

“Artículo 30.- Las mercancías objeto de operaciones aduaneras deberán ser declaradas a la aduana por quienes acrediten la cualidad jurídica de consignatario, exportador, o remitente, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su ingreso a las zonas de almacenamiento debidamente autorizadas, según el caso, mediante la documentación, términos y condiciones que determine el Reglamento.

Quienes hayan declarado las mercancías se considerarán a los efectos de la legislación aduanera, como propietarios de aquéllas y estarán sujetos a las obligaciones y derechos que se generen con motivo  de la operación aduanera respectiva.

(…).” (Destacado de la Sala).

En armonía con lo indicado, los artículos 98 y 99 del Reglamento de dicha Ley de 1991, en concordancia con el numeral 4 del artículo 12 del Arancel de Aduanas de 2005 (modificado parcialmente según Resolución del Ministerio del Poder Popular para las Finanzas N° 1.960 y Resolución N° 325 del Ministerio del Poder Popular para las Industrias Ligeras y Comercio del 5 de diciembre de 2007, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.826 de fecha 6 de diciembre de 2007), establecen cuáles son los documentos que deben acompañarse a la Declaración de Aduanas según el tipo de operación a realizarse, así como la oportunidad específica en que los mismos deben ser consignados:

“Artículo 98.- La documentación exigible a los fines de la declaración de las  mercancías, será la siguiente:

a)    Para la importación:

1.   La Declaración de Aduana;

2.    La factura comercial definitiva;

3.    El original del conocimiento de embarque, de la guía aérea o de la guía de encomienda, según el caso;

4.    Los exigibles legalmente a dichos fines, según el tipo de mercancía de que se trate.

(…)”. (Destacado de la Sala).

 “Artículo 99.- A los fines de la aceptación o declaración de las mercancías ingresadas en las zonas de almacenamiento, el consignatario aceptante, o el exportador o sus representantes legales, deberán presentar a la oficina aduanera correspondiente, los documentos mencionados en el artículo 98 de este Reglamento, dentro del plazo establecido en el artículo 24 de la Ley.

Parágrafo Único: Recibidos los documentos se procederá a numerarlos correlativamente y se pasaran al reconocimiento.”  (Nota de la Sala: el artículo 24 corresponde al 30 de la Ley).

 “Artículo 12.- Sin perjuicio de las demás formalidades y requisitos legales exigidos, el régimen legal aplicable a la importación de las mercancías, se ajustará a la siguiente codificación:

(…).

4. Permiso del Ministerio de Industrias Ligeras y Comercio.”. (Resaltado de la Sala).

En concordancia con lo anterior, la Resolución Conjunta de fecha 3 de septiembre de 1998 dictada por los otrora Ministerios de Hacienda, de la Defensa, de Industria y Comercio, de Sanidad y Asistencia Social y de Justicia (publicada en Gaceta Oficial de la República Nº 36.545 del 23 de septiembre de 1998), establece lo siguiente:

“Artículo 1.- Esta Resolución tiene por objeto regular los procedimientos de importación, exportación o comercialización interna de las sustancias químicas, identificadas en la Resolución Conjunta Declaratoria de los Productos Químicos Esenciales Sometidos a Control, dictada por los Ministerios de Hacienda e Industria y Comercio, en virtud de lo dispuesto del Artículo 2 de la Ley Orgánica Sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas”. (Resaltado de la Sala). (Hoy en día Ley Orgánica de Drogas).

“Artículo 2.- La importación y exportación de las sustancias químicas a las que se refiere el Artículo 1 de esta Resolución, se regirá de acuerdo con el procedimiento establecido en la Ley Orgánica de Aduanas y lo previsto en esta Resolución.

(…)”. (Destacado de la Sala).

“Artículo 18.- Las sustancias a que se refiere el Artículo 1 de esta resolución, deberán ser nacionalizadas una vez cumplido con la presentación de los siguientes requisitos:

1.- La documentación y procedimientos exigidos por la Ley Orgánica de Aduanas y la Ley Orgánica sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas.

2.- El Permiso de Importación emitido por el Ministerio de Industria y Comercio.

(…)”. (Resaltado de la Sala).

En ese sentido, la Ley Orgánica de Drogas, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.546 el 5 de noviembre de 2010,  prevé lo siguiente:

“Artículo 3.- A los efectos de la interpretación de esta Ley, se entiende por:

(…)

26. Sustancia química controlada. Toda sustancia química contenida en las lista I y II del anexo 1 de esta Ley (…)

Anexo 1 (…) LISTA II (…)

Acetato de etilo”. (Resaltado de la Sala).

“Artículo 72.- El Registro Nacional Único de Operadores de Sustancias Químicas Controladas (…) constituye un órgano administrativo de carácter técnico especial, dependiente jerárquicamente del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de industrias intermedias, y actúa como órgano centralizador del control administrativo y fiscalización de todo lo relativo con los operadores de sustancias químicas controladas por esta Ley.”. (Destacado de la Sala).

“Artículo 73.- El Registro Nacional Único de Operadores de Sustancias Químicas Controladas, tiene por objeto el control administrativo de la producción, fabricación, preparación, transformación, almacenamiento, comercialización, corretaje, exportación e importación, transporte, desecho, así como cualquier otro tipo de transacción en la que se encuentren involucradas las sustancias químicas, controladas por esta Ley, incluso cuando estas sustancias se hallen en modalidad de desecho.”. (Resaltado de la Sala).

“Artículo 75.- El Registro Nacional Único de Operadores de Sustancias Químicas Controladas, tendrá las atribuciones siguientes:

(…)

3.- Otorgar los permisos de importación y exportación de las sustancias químicas controladas.

(…)”. (Destacado de la Sala).

“Artículo 85.- Los operadores de sustancias químicas controladas deberán solicitar al Registro Nacional Único de Operadores de Sustancias Químicas Controladas, el permiso de importación o exportación de las sustancias químicas controladas, por lo menos con veinte días hábiles antes de la respectiva operación de embarque.

(…)”. (Resaltado de la Sala).

“Artículo 93.- A los fines de la declaración de las sustancias importadas, los funcionarios aduaneros o funcionarias aduaneras, deberán exigir la presentación de todos los documentos establecidos por la Ley Orgánica de Aduanas, los permisos de importación previstos en esta Ley, así como copia de la notificación de comercio exterior. Si no se cumpliere con todas las especificaciones que figuren el permiso de importación correspondiente, las sustancias serán decomisadas por la autoridad aduanera y se procederá de acuerdo con lo establecido en el artículo siguiente a los fines de la entrega de dichas sustancias a la autoridad competente.” (Destacado de la Sala).

“Artículo 94.- Dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de llegada a la aduana habilitada, deberán ser declaradas las sustancias químicas controladas importadas, debiendo retirarlas el operador dentro de los treinta días continuos siguientes a la declaración.

(…)”. (Resaltado de la Sala).

“Artículo 95.- A los fines de cumplir con lo previsto en el artículo anterior, el administrador o administradora de la aduana levantará un acta donde constará lo siguiente:

1. Identificación de la sustancia y peso de la misma, según permiso de exportación o conocimiento de embarque del país de origen.

2. Tipo de embalaje, estado y marca del mismo.

3. La motivación de la nacionalización o decomiso por parte del funcionario o funcionaria actuante.

(…)”. (Destacado de la Sala).

“Artículo 98.- Si para la fecha de llegada o salida de las sustancias químicas controladas, se hubiere vencido, anulado, o no se hubiere tramitado el permiso de importación o exportación respectivo, salvo casos de comprobada fuerza mayor, se procederá al decomiso y se exigirá al contraventor el pago de los derechos, tasas y demás impuestos que se hubieren causado, si no fueren presentados con la declaración (…)”. (Resaltado de la Sala).

En atención a lo dispuesto en el artículo 158 del Reglamento de la Ley Orgánica de Aduanas de 1991, la documentación requerida en la normativa citada, será objeto de confrontación en el procedimiento de reconocimiento llevado a cabo por la Administración Aduanera y Tributaria, y al efecto señala:

“Artículo 158: Una vez iniciado el acto, deberá confrontarse la documentación que respalde la declaración de aduanas.

A tal efecto, se verificará que la información suministrada esté completa y que la documentación exigida esté conforme.”

 De forma que cuando se verifique el incumplimiento de alguno de los requisitos a los que se encuentran sometidas las mercancías objeto de operaciones aduaneras, el artículo 114 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Aduanas de 2008 prevé:

“Artículo 114: Cuando la operación aduanera tuviere por objeto mercancías sometidas a prohibición, reserva, suspensión, restricción arancelaria, registro sanitario, certificado de calidad o cualquier otro requisito, serán decomisadas, se exigirá al contraventor el pago de los derechos, tasas y demás impuestos que se hubieren causado, si la autorización, permiso o documento correspondiente, de ser el caso, no fuesen presentados junto a la declaración.” (Destacado de la Sala).

De lo anterior se desprende el régimen de importación condicionado,  donde se somete ciertas mercancías a prohibición, suspensión, restricción o a alguna limitación, so pena de ser decomisadas, caso en el cual se exigirá al contraventor el pago de los derechos, tasas y demás impuestos que se hubieren causado, siempre y cuando el permiso, autorización o documento exigido no fuese presentado junto con la declaración.

Resulta evidente para esta Superioridad que el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Aduanas de 2008, su Reglamento de 1991, y la Ley Orgánica de Drogas de 2010, prevén la documentación exigida para amparar las mercancías que pretendan ser objeto de operaciones aduaneras, en el presente caso de sustancias químicas controladas, así como los efectos de la falta de consignación de alguna de esa documentación  en la oportunidad establecida para ello.

Realizadas tales precisiones, la Sala considera que debe seguidamente atender al procedimiento para efectuar el reconocimiento de mercancías previsto en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Aduanas de 2008, para lo cual es propio citar el contenido de los artículos 49, 50, 51, 52, 53, 54 y 56, los cuales prevén:

“Artículo 49-. El reconocimiento es el procedimiento mediante el cual se verifica el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el régimen aduanero y demás disposiciones legales a las que se encuentra sometida la introducción o la extracción de las mercancías declaradas por los interesados, conforme a la documentación exigida por esta Ley y su Reglamento para la aplicación de ese régimen. El reconocimiento podrá practicarse de forma selectiva y/o aleatoria.

Parágrafo Primero.- El reconocimiento fiscal se podrá realizar aún cuando no exista la declaración de aduanas.

Parágrafo Segundo.- El Reglamento establecerá las condiciones, modalidades y elementos para el procedimiento de reconocimiento y asignación del funcionario.”. (Resaltado de la Sala).

“Artículo 50.- Cuando fuere procedente, formarán parte del reconocimiento las actuaciones de verificación de la existencia y estado físico de los efectos, de la documentación respectiva, de identificación, examen, clasificación arancelaria, restricciones, registros u otros requisitos arancelarios, determinación del valor en aduana, certificación de origen, medida, peso y contaje de las mercancías, a que hubiere lugar.  

Podrá realizarse el reconocimiento documental o físico de la totalidad de los documentos que se presenten ante la aduana.”. (Destacado de la Sala).

“Artículo 51-. El reconocimiento se efectuará a los fines de su validez, con la asistencia del funcionario competente, quien tendrá el carácter de Fiscal Nacional de Hacienda.

El procedimiento se desarrollará en condiciones que aseguren su imparcialidad, normalidad y exactitud, debiendo estar libre de apremios, perturbaciones y coacciones de cualquier naturaleza.

(…)”.

“Artículo 52- Concluido el reconocimiento documental y/o físico, según sea el caso, se dejará constancia de las actuaciones cumplidas, de las objeciones de los interesados, si las hubiere, y de los resultados del procedimiento. No será necesario levantamiento de acta de reconocimiento cuando no hubieren surgido objeciones en el procedimiento respectivo, bastando la firma y sello del funcionario competente. En caso de objeciones, el acta deberá ser suscrita por los comparecientes y uno de sus ejemplares se entregará al interesado al concluir el acto.”.

“Artículo 53.- El reconocimiento generará responsabilidad penal, civil y administrativa para los funcionarios actuantes, cuando la irregularidad sea consecuencia de su acción u omisión dolosa o culposa.”. 

“Artículo 54.- La Superintendencia Nacional de Administración Aduanera y Tributaria podrá ordenar la realización de nuevos reconocimientos cuando lo considere necesario, o a solicitud del consignatario, conforme a las normas que señale el Reglamento o cuando se trate de efectos que presenten condiciones de peligrosidad, que amenacen la integridad de otras mercancías, personas, instalaciones y equipos, que estén sujetos a inmediata descomposición o deterioro, o cuando existan fundados indicios de alguna incorrección o actuación ilícita.” (Resaltado de la Sala).

 “Artículo 56. Cuando el consignatario, exportador o remitente no estuvieren conformes con los resultados del reconocimiento podrán recurrir de conformidad con lo establecido en el Título VII de esta Ley.”

Ahora bien, atendiendo la normativa citada, del examen del expediente judicial evidencia esta Sala que en el primer reconocimiento físico y documental a la mercancía objeto de importación, realizado por la Administración Aduanera y Tributaria el 5 de marzo de 2012, el fiscal aduanero constató que la misma estaba amparada con la factura comercial N° 11/345 del 31 de octubre de 2011 y el conocimiento de embarque N° HLCUBO1111013571, la cual llegó a bordo del buque ORSO el 26 de febrero de 2012, transmitida electrónicamente a través del Sistema automatizado “SIDUNEA ++” en canal de selectividad rojo, registrado bajo la Declaración Única de Aduanas N° C-16561 del 28 de febrero de 2012, consistente de un (01) contenedor de 20’ identificado con las siglas y números HLXU-313293-3 con ochenta (80) tambores del químico Acetato de Etilo al 10%, procedente de India, y en cuanto a la clasificación arancelaria declarada 2915.31.00 determinó que se encontraba conforme.

Sin embargo, observó que el Permiso de Importación para Productos Químicos Esenciales sometido a Control, identificado con el alfanumérico SQC-I-2012-RESQUIMC-00079, emitido por el Registro Nacional Único de Operadores de Sustancias Químicas Controladas adscrito al Ministerio del Poder Popular de Industrias por un total de 110.000,00 kilogramos del producto de Acetato de Etilo, contenía en el renglón País de Origen a USA, Europa, Suramérica, Lejano Oriente, Sudáfrica, y la mercancía provenía de  “India”, sometida al “Régimen Legal 4” del artículo 12 del Arancel de Aduanas, por lo que recomendó aplicar la pena de comiso sobre la misma.

Posteriormente, el agente aduanal solicitó a la Administración Aduanera y Tributaria los días 16 y 21 de marzo de 2012, un segundo reconocimiento basado en el artículo 54 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Aduanas de 2008, en virtud de la “consignación en ORIGINAL de la modificación hecha por el Ministerio Del Poder Popular de Industrias, en cuanto a la inclusión del país de origen al permiso de importación en referencia”, referente al Oficio N° 006 de fecha 12 de marzo de 2012 emitido por el Registro Nacional Único de Operadores de Sustancias Químicas Controladas adscrito al Ministerio del Poder Popular de Industrias.

Del nuevo reconocimiento practicado, el funcionario reconocedor dejó constancia que “como consecuencia de memorando N° 6334-2725 de fecha 22/11/2010, emitido por la Gerencia General de Servicio Jurídico, es criterio de la misma, que por ser el ACETATO DE ETILO es una sustancia química controlada, debió cumplir para su importación con lo establecido en la Ley Orgánica de Drogas y gozar de un permiso de importación la cual este no goza por tener como país de origen la INDIA” (sic), y recomendó aplicar la pena de comiso.

Constata este Máximo Tribunal que dentro del expediente administrativo figura el Oficio N° 006 de fecha 12 de marzo de 2012, dirigido a la representación legal de la empresa Casanay Chemical, C.A., emitido por el Registro Nacional Único de Operadores de Sustancias Químicas Controladas adscrito al Ministerio del Poder Popular de Industrias (folio 123),  el cual no fue impugnado por la Administración Aduanera y Tributaria y  referido por el Juez de la causa como “permiso de importación corregido”, en el que se señaló lo siguiente:

“(…) en la ocasión de referirme a su comunicación de fecha 8 de marzo de 2012, donde solicita modificación referente al País de Origen en el permiso de importación para el producto ACETATO DE ETILO, N° SQC-I-2012-RESQUIMC-00079. Al respecto, cumplo con informarle que de conformidad con lo establecido en el Artículo 4 de la Resolución N° 131 del 24-10-2011, publicada en Gaceta Oficial N° 39.811 del 30-11-2011, en concordancia con el Artículo 8 de la Resolución Conjunta del Ministerio del Poder Popular de Industrias N° 001 y del Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería N° 177 del 28-11-2011, este Despacho autoriza:

LA MODIFICACIÓN EN EL PAÍS DE ORIGEN:

DONDE DICE:

DEBE DECIR:

USA, EUROPA, SURAMERICA, LEJANO ORIENTE, SUDAFRICA

USA, EUROPA, SURAMERICA, LEJANO ORIENTE, SUDAFRICA, INDIA

 

Este Oficio deberá presentarse con el original del permiso, ante las autoridades de la Aduana correspondiente”. (Destacado del acto administrativo).

De lo anterior se evidencia que el Órgano Emisor modificó su propio acto administrativo incluyendo a “India” entre los Países de Origen autorizados en el Permiso de Importación para el producto Acetato de Etilo identificado con el alfanumérico SQC-I-2012-RESQUIMC-00079.

Respecto a la aludida modificación por parte del Registro Nacional Único de Operadores de Sustancias Químicas Controladas, adscrito al Ministerio del Poder Popular de Industrias, resulta oportuno para esta Máxima Instancia traer a colación lo expuesto en sentencia N°  01054 del 20 de junio de 2007, caso: Manufacturas Jaydan C.A., dictada por esta Sala Político-Administrativa, a través del cual ratifica el fallo N° 0252 del 17 de marzo de 1999, caso: C.A. ENACA, en la que dejó sentado:

 “(…) La Administración Pública está dotada de una serie de potestades cuyo origen directo se encuentra en la Ley, estas constituyen poderes de acción que el ordenamiento jurídico le atribuye a la Administración para la satisfacción de los intereses públicos, y en virtud de las cuales, se le coloca en un plano de supremacía jurídica frente a los administrados para preservar y garantizar ese interés general; ello implica como contrapartida, una sujeción jurídica o sometimiento de los administrados destinatarios de los actos dictados en el ejercicio de esa potestad.

Una de esas Potestades es la denominada por la doctrina como autotutela administrativa en virtud de la cual la Administración Pública tiene el poder jurídico o capacidad de tutelar, por sí misma, sus propias actuaciones, revisar sus propios actos, rectificar los errores u omisiones cometidos en su configuración, corregir los vicios que puedan hacerlo anulable, así como revocar o anular los actos viciados, eximiéndose de acudir a la tutela judicial.

Esta potestad se explica en la orientación del actuar de la administración hacia la satisfacción del interés público, dotándola de una presunción de validez de sus actos, de la cual resulta el principio favor acti, el cual da lugar a la posibilidad de convalidación de los actos anulables mediante la subsanación de sus vicios sin limitación de tiempo y siempre que no se haya verificado la prescripción. Esta potestad puede ser ejercida de oficio por la Administración Tributaria o puede ser instada a ello por los particulares.

 (…)

Estos errores pueden ser corregidos en cualquier tiempo, bien de oficio, o a solicitud de parte interesada, y esta ‘rectificación material’ de errores numéricos o de cálculo, no implica una revocación del acto en cuanto a los supuestos de hecho y de derecho que lo motivaron; el acto administrativo rectificado sigue teniendo el mismo contenido después de la corrección de los errores de transcripción o de cuenta, realizados para favorecer la transparencia y legalidad de la ejecución del acto.”.  (Destacado de esta Sala).

Asimismo, es pertinente citar el criterio sostenido por la Sala Constitucional de este Máximo Tribunal, mediante sentencia N° 1.923 de fecha 21 de noviembre de 2006, caso: Manaplas, C.A., ratificado por esta Sala Político-Administrativa en el fallo N° 02976 del 20 de diciembre de 2006, caso: Carlos Luis Cabana y, más recientemente,  en la sentencia N° 00519 del 9 de junio de 2010, caso: Inversiones A & C, C.A., en el que se señaló lo siguiente:

“…Desde esta óptica, debe analizarse el artículo 54 de la Ley Orgánica de Aduanas, en concordancia con su artículo 114, conforme los cuales:

Artículo 54: (…)

Artículo 114: (…)

La figura del nuevo reconocimiento, no sólo es una manifestación de la potestad de autotutela administrativa que permite a la autoridad aduanera verificar el cabal cumplimiento de las disposiciones normativas aplicables; sino que –cuando es efectuado a solicitud del importador o consignatario de la mercancía- es una oportunidad a su alcance para demostrar que la mercancía en cuestión satisface tales exigencias de orden público, por lo que en caso de verificarse la conformidad a derecho de la solicitud de ingreso de mercancías en el momento de practicar el segundo reconocimiento, la Administración Aduanera está obligada continuar el proceso de su desaduanamiento.

De lo contrario, se estaría sancionando la falta de diligencia del consignatario o importador, lo que en modo alguno se adecúa a los fines y propósitos de la regulación aduanera y constituye una medida desproporcionada y ejercicio patentemente arbitrario de la potestad ablatoria de la Administración”. (Resaltado de la Sala). 

De acuerdo al criterio expuesto, la figura del nuevo reconocimiento previsto en el artículo 54 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Aduanas de 2008, cuando es efectuado a solicitud del importador o consignatario de la mercancía, es una oportunidad a su alcance para demostrar que la mercancía en cuestión satisface las exigencias de orden público, y en caso de verificarse la conformidad a derecho, la Administración Aduanera está obligada a continuar el proceso de su desaduanamiento, adecuándose de ese modo a los fines y propósitos de la regulación aduanera .

Ahora bien, considera esta Alzada que en virtud de la subsanación del Permiso de Importación para Productos Químicos Esenciales sometidos a control emitido por el Registro Nacional Único de Operadores de Sustancias Químicas Controladas (identificado con el alfanumérico SQC-I-2012-RESQUIMC-00079), al incluir dentro de los Países de Origen a “India”, la contribuyente cumplió con su obligación de consignar tal requisito, de allí que la Administración Aduanera y Tributaria en el nuevo reconocimiento efectuado debió concluir que la importación de la sustancia química controlada “Acetato de Etilo” satisfacía las exigencias establecidas en las regulaciones respectivas, necesarias para obtener la nacionalización de la mercancía, por lo tanto erró al sugerir y posteriormente aplicar el comiso según lo previsto en el artículo 114 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Aduanas de 2008. Así se declara.

 Por las razones expuestas, se desestima la denuncia formulada por la representación fiscal en torno a la falsa apreciación del derecho en que incurrió el tribunal de instancia, en consecuencia, se declara sin lugar la apelación ejercida contra el fallo N° 1.237 del 2 de agosto de 2013 dictado por el Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Central,  decisión que se confirma. Así se declara.

En tal sentido, se declara con lugar el recurso contencioso tributario ejercido por la contribuyente Casanay Chemical, C.A. y  nulos los siguientes actos administrativos: (i) Acta bajo la identificación “SNAT/INA/APPC/DO/2012 Acta de Reconocimiento C-16561 del 28/02/2012 Artículos 49 a 52 de la Ley Orgánica de Aduanas; 155 a 159 de su Reglamento General y 63 a 68 del Reglamento Electrónico”, contentiva del primer reconocimiento, firmado y sellado por la funcionaria reconocedor el 13 de marzo de 2012, notificado en esa misma fecha; (ii) Acta igualmente identificada con la designación “SNAT/INA/APPC/DO/2012 Acta de Reconocimiento C-16561 del 28/02/2012 Artículos 49 a 52 de la Ley Orgánica de Aduanas; 155 a 159 de su Reglamento General y 63 a 68 del Reglamento Electrónico”, respecto al nuevo reconocimiento, firmado y sellado por el funcionario reconocedor el 2 de abril de 2012, notificado el 20 de ese mismo mes y año, y (iii) Acta de Comiso identificada con el alfanumérico SNAT/INA/APPC/DO/AC/008212 del 8 de junio de 2012, notificada el 21 de ese mismo mes y año, emanados de la Gerencia de la Aduana Principal de Puerto Cabello del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT).

Finalmente, no procede la condena en costas al Fisco Nacional, en atención al criterio sostenido por la Sala Constitucional de este Máximo Tribunal en la sentencia N° 1238 del 30 de septiembre de 2009, caso: Julián Isaías Rodríguez Díaz. Así se decide.

V

DECISIÓN

Por las razones que anteceden, el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Político-Administrativa, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara:

1.- SIN LUGAR la apelación ejercida por la representación del FISCO NACIONAL contra la sentencia N° 1.237 del 2 de agosto de 2013 dictada por el Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Central, la cual se CONFIRMA.

2.- CON LUGAR el recurso contencioso tributario interpuesto por la contribuyente CASANAY CHEMICAL, C.A., en consecuencia, NULOS los siguientes actos administrativos: (i) Acta bajo la identificación “SNAT/INA/APPC/DO/2012 Acta de Reconocimiento C-16561 del 28/02/2012 Artículos 49 a 52 de la Ley Orgánica de Aduanas; 155 a 159 de su Reglamento General y 63 a 68 del Reglamento Electrónico”, contentiva del primer reconocimiento, firmado y sellado por la funcionaria reconocedor el 13 de marzo de 2012, notificado en esa misma fecha; (ii) Acta igualmente identificada con la designación “SNAT/INA/APPC/DO/2012 Acta de Reconocimiento C-16561 del 28/02/2012 Artículos 49 a 52 de la Ley Orgánica de Aduanas; 155 a 159 de su Reglamento General y 63 a 68 del Reglamento Electrónico”, respecto al nuevo reconocimiento, firmado y sellado por el funcionario reconocedor el 2 de abril de 2012, notificado el 20 de ese mismo mes y año; y (iii) Acta de Comiso identificada con el alfanumérico SNAT/INA/APPC/DO/AC/008212 del 8 de junio de 2012, notificada el 21 de ese mismo mes y año, emanados de la Gerencia de la Aduana Principal de Puerto Cabello del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT).

NO PROCEDE la condenatoria en costas procesales contra el Fisco Nacional.

Publíquese, regístrese y comuníquese. Devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los diecisiete  (17)  días del mes de junio del año dos mil catorce (2014). Años 204º de la Independencia y 155º de la Federación.

 

 

El Presidente

EMIRO GARCÍA ROSAS

 

 

 

 

 

 

La Vicepresidenta

EVELYN MARRERO ORTÍZ

La Magistrada

MÓNICA MISTICCHIO

TORTORELLA

Ponente

 

 

 

 

 

El Magistrado

EMILIO RAMOS GONZÁLEZ

 

La Magistrada

MARÍA CAROLINA AMELIACH VILLARROEL

 

 

 

 

La Secretaria,

SOFÍA YAMILE GUZMÁN

 

 

 

En dieciocho (18) de junio del año dos mil catorce, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 00964.

 

 

 

 La Secretaria,

SOFÍA YAMILE GUZMÁN

 

 

 

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