Venley

Sentencia N.º 00972

Sentencia
N.º 00972
Fecha
18/06/2014
Sala
Político Administrativa
Expediente
2010-0958
Ponente
Emilio Ramos González
Procedimiento
Recurso de Nulidad

Magistrado - Ponente: EMILIO RAMOS GONZÁLEZ

Exp. 2010-0958

 

La abogada SARA EUNICE GUARDIA SOTO, titular de la cédula de identidad N° 10.277.744 e inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 69.346, actuando en nombre propio, procedió mediante escrito del 4 de noviembre de 2010 a interponer recurso contencioso administrativo de nulidad contra la Resolución N° 0116-2010, dictada el 4 de octubre de 2010 por la COMISIÓN DE FUNCIONAMIENTO Y REESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA JUDICIAL, mediante la cual se declaró sin lugar el recurso de reconsideración ejercido contra la Resolución de esa misma Comisión de fecha 20 de julio de 2010, a través de la cual fue destituida del cargo de “[…] jueza titular del Tribunal de Protección del Niño, Niña y Adolescente de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y de cualquier otro que ostente dentro del Poder Judicial, por incurrir en la falta disciplinaria prevista en el numeral 16 del artículo 40 de la Ley de Carrera Judicial; y se declaró su responsabilidad disciplinaria por incurrir en la falta disciplinaria prevista en el numeral 7 del artículo 39 de la ley de Carrera Judicial, y se le amonestó por incurrir en la falta disciplinaria prevista en el numeral 7 del artículo 38 de la mencionada Ley […]”.

Del anterior escrito y sus anexos se dio cuenta en Sala el 9 de noviembre de 2010, ordenándose remitir el expediente al Juzgado de Sustanciación a los efectos de su admisión.

Por auto del 25 de noviembre de 2010, el referido Juzgado admitió el recurso ordenando notificar a la Fiscal General de la República, Procuradora General de la República y Presidenta de la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial. Igualmente acordó solicitar el correspondiente expediente administrativo y ordenó abrir cuaderno separado, a los fines de que la Sala emitiera el pronunciamiento respectivo sobre la medida de suspensión de efectos.

Mediante diligencia del 26 de enero de 2011 el Alguacil dejó constancia de haber practicado la notificación de la Fiscal General de la República. Igualmente manifestó que no fue posible efectuar la notificación del Presidente de la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial.

El 17 de febrero de 2011 la ciudadana Sara Eunice Guardia Soto otorgó poder especial apud acta, de conformidad con el artículo 152 del Código de Procedimiento Civil, al abogado Isdel José Perozo Quintero, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 75.985.

En fechas 3 de febrero, 23 y 29 de marzo de 2011, el Alguacil consignó firmados los oficios de notificación dirigidos a la Procuradora General de la República, el primero, y al Presidente de la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, los dos últimos.

Por auto del 29 de marzo de 2011, se acordó formar pieza separada con las actuaciones administrativas remitidas a esta Sala por la citada Comisión.

El 13 de abril de 2011 se agregó a los autos copia certificada de la sentencia que declaró improcedente la medida de suspensión de efectos.

Mediante diligencia del 21 de junio de 2011, el abogado Isdel José Perozo Quintero, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 75.985, actuando en su carácter de apoderado judicial de la ciudadana Sara Eunice Guardia Soto, , solicitó se remitiera el expediente a esta Sala a los fines de que se fijara la audiencia de juicio, lo cual fue acordado por auto del 22 de de ese mismo mes y año.

El 6 de julio de 2011, se dejó constancia de la reconstitución de la Sala, en virtud de la designación de la Magistrada Trina Omaira Zurita.

En esa misma fecha se dio cuenta en Sala y se designó ponente a la Magistrada Yolanda Jaimes Guerrero, fijándose para el día 28 de julio de 2011 a las 9:40 a.m. la Audiencia de Juicio, de conformidad con el artículo 82 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, la cual fue suspendida por autos de fecha 19 de julio de 2011 y fijada nuevamente mediante auto de fecha 11 de octubre de 2011.

Llegada la oportunidad fijada para que tuviera lugar la aludida audiencia, esto es el 20 de octubre de 2011, se anunció el acto y al mismo comparecieron la recurrente, la Procuraduría General de la República y la representante del Ministerio Público, quienes expusieron sus argumentos y consignaron los escritos respectivos por Secretaría.

 El 25 de octubre de 2011, se ordenó remitir el expediente al Juzgado de Sustanciación, el cual fue recibido el 27 de octubre de 2011, fijándose un lapso de tres (3) días a los fines de que se llevara a cabo la oposición a las pruebas promovidas en este juicio.

Por escrito del 3 de noviembre de 2011, la parte recurrente presentó escrito de oposición de pruebas.

Mediante auto del 17 de noviembre de 2011, se declaró improcedente la referida oposición y se admitieron las pruebas, ordenándose notificar a la Procuradora General de la República.

Por diligencias del 12 y 17 de enero de 2012, el Alguacil dejó constancia de haber practicado las notificaciones del Presidente del Tribunal Disciplinario y de la Procuraduría General de la República. Asimismo, manifestó en fecha 8 de agosto de 2012, que no fue posible practicar la notificación de la recurrente.

El 2 de abril de 2013, la parte accionante se dio por notificada de la anterior decisión.

Concluida la sustanciación del expediente, se ordenó en fecha 11 de abril de 2013, remitir las actuaciones a la Sala.

Por auto del 16 de abril de 2013 se dejó constancia de la reconstitución de la Sala, en virtud de la incorporación del Magistrado Emilio Ramos González.

El 16 de abril de 2013 se dio cuenta en Sala y por auto de esa misma fecha se designó ponente al Magistrado EMILIO RAMOS GONZÁLEZ, fijándose un lapso de cinco (5) días de despacho para la presentación de los informes.

En fecha 24 de abril de 2013 la parte recurrente consignó el escrito contentivo de los informes correspondientes.

Por auto del 30 de abril de 2013, se dejó constancia que la causa entró en estado de dictar sentencia de conformidad con el artículo 86 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Mediante diligencia de fecha 6 de noviembre de 2013 la representación judicial de la ciudadana Sara Eunice Guardia Soto solicitó se dictara la correspondiente decisión.

En fecha 14 de enero de 2014, reunidos los Magistrados y Magistradas de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, se dejó constancia de la incorporación de la Tercera Suplente Magistrada María Carolina Ameliach. La Sala quedó integrada de la siguiente manera: Presidente, Magistrado Emiro García Rosas; Vicepresidenta, Magistrada Evelyn Marrero Ortíz; Magistrada Suplente, Mónica Misticchio Tortorella; Magistrado Suplente Emilio Ramos González y Magistrada Suplente María Carolina Ameliach Villarroel.

Realizado el estudio de las actas procesales que integran el expediente, procede la Sala a dictar sentencia con base en lo siguiente:

I

DEL ACTO IMPUGNADO

Tal como se expuso en la parte narrativa de la presente decisión el acto impugnado en esta oportunidad lo constituye la Resolución N° 0116-2010, dictada el 4 de octubre de 2010 por la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, mediante la cual se declaró sin lugar el recurso de reconsideración ejercido por la ciudadana Sara Eunice Guardia Soto contra la Resolución de esa misma Comisión de fecha 20 de julio de 2010, a través de la cual dicha ciudadana fue destituida del cargo de “…jueza titular del Tribunal de Protección del Niño, Niña y Adolescente de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y de cualquier otro que ostente dentro del Poder Judicial, por incurrir en la falta disciplinaria prevista en el numeral 16 del artículo 40 de la Ley de Carrera Judicial; y se declaró su responsabilidad disciplinaria por incurrir en la falta disciplinaria prevista en el numeral 7 del artículo 39 de la ley de Carrera Judicial, y se le amonestó por incurrir en la falta disciplinaria prevista en el numeral 7 del artículo 38 de la mencionada Ley…”. (Sic)

Las razones y fundamento del acto recurrido consistieron en lo siguiente:

“(...).

II

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

(...) la recurrente en primer lugar denunció la supuesta violación del debido proceso y derecho a la defensa, vinculados con el derecho a pruebas y su valoración, por cuanto al sancionar a su representada con amonestación, se hizo referencia a ciertas probanzas, las cuales demostraban, según indicó, que en el tiempo de la apelación hubo un proceso de reorganización judicial, que posteriormente, no se verificó ninguna actuación del apelante en la causa judicial, quien no cumplió con su carga, y que no podía afirmarse que el Tribunal debió desplegar una conducta adicional con miras a suplir tal inactividad, así como que los hechos por los cuales se le sancionó no estaban previstos como falta disciplinaria, lo que atentaba contra el principio de legalidad y tipicidad, ya que para poder encuadrarlos en dicha falta este órgano debió considerar un patrón normativo de conducta reglada. En relación a dichos alegatos es oportuno señalar del acto recurrido lo siguiente:

‘...El Órgano Instructor consideró que la ciudadana Sara Eunice Guardia Soto (...) infringió el deber legal que le establecen las leyes, por no actuar diligentemente como directora del proceso al no impulsar el recurso de apelación interpuesto el 13 de octubre de 2005, contra la sentencia en la que declaró sin lugar la demanda de cumplimiento de obligación alimentaria, que fue escuchada en un solo efecto pues, hasta la fecha de la inspección en ese Despacho, dicho recurso nunca subió a la Corte Superior de la mencionada Circunscripción Judicial, falta disciplinaria prevista en el numeral 11 del artículo 40 de la Ley de Carrera Judicial...’

...Omissis...

(...) los elementos probatorios incorporados en el procedimiento disciplinario fueron apreciados por esta Instancia disciplinaria, la cual en uso de su facultad de calificar la conducta de la sometida a procedimiento consideró que de los mismos se desprendía el descuido injustificado en que incurrió en la tramitación del recurso de apelación que le fuera interpuesto (...) es oportuno señalar que los actos dictados por este Órgano Disciplinario son de carácter administrativo, donde el análisis y apreciación de los alegatos y pruebas se realiza de manera global (vid entre otras, Sentencias Nros. 1623 del 22-10-2003; 01669 del 28.06-2006 y 00105 del 29-01-2009 de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia), por lo que se desestima tal alegato y así se decide.

En cuanto al alegato referido a que los hechos declarados no estaban previstos como falta disciplinaria, lo que atentaba contra el principio de legalidad y tipicidad (...) tal como se estableció en el acto recurrido, esta Comisión luego de analizados los hechos comprobados determinó que la ciudadana Sara Guardia Soto incurrió en descuido injustificado en la tramitación del aludido recurso, correspondiendo aplicar la sanción de amonestación prevista para tal conducta, que se encuentra tipificada en el numeral 7 del artículo 38 de la Ley de Carrera Judicial, por lo que no procede tal alegato y así se decide.

Por otra parte en cuanto al argumento referido a que la aplicación de la sanción de abuso de autoridad por decretar el cien por ciento (100%) del embargo sobre bienes propiedad del demandado en la causa de obligación alimentaria, así como por no devolver un cheque dado en garantía (...) es oportuno señalar que la determinación de la responsabilidad disciplinaria es de orden público, pues tiene trascendencia social (...). De allí que la independencia judicial no excluye la potestad de la administración para revisar la responsabilidad disciplinaria judicial, examen que puede implicar la revisión de aspectos jurisdiccionales, pues si bien es cierto que la mayor actividad desempeñada a diario por los jueces/as se desarrolla en el campo jurisdiccional, susceptible de revisión por la alzada, tal circunstancia no impide el control disciplinario por parte de este Órgano de sus actuaciones, cuando éstas se encuentren vinculadas al catálogo de sanciones previstas, en los cuerpos normativos disciplinario, como en efecto se hizo en el acto impugnado; por lo que se desestima tal argumento, y así se declara.

En cuanto al alegato referido a que el demandado no se opuso al aumento del embargo decretado sobre sus bienes en un cien por ciento (100%), circunstancia que no fue considerada por esta Comisión, así como por la Inspectoría General de Tribunales ‘no reprochó el hecho de que se aumentara el porcentaje sobre los bienes embargados, sino el hecho de considerar que no había justificativo para tal aumento, cuando sí los hubo…’ en relación a ello en el acto recurrido se estableció lo siguiente:

...Omissis...

De lo anterior, se verifica los fundamentos por los cuales este Órgano Jurisdiccional estableció que la ciudadana Sara Guardia Soto, incurrió en abuso de autoridad – entre otras faltas declaradas -, lo cual en modo alguno queda desvirtuada por la circunstancia de que las partes en el proceso ejerzan o no los recursos que la ley les otorga, pues el hecho de que las decisiones judiciales tengan medios o recursos ordinarios de impugnación, no es óbice para el control disciplinario de sus actuaciones; siendo que la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial está obligada a revisar los aspectos que se entrelazan en forma directa con la disciplina judicial, en el ejercicio de la potestad que tiene asignada de vigilar el decoro y la disciplina de los jueces de la República, a los fines de determinar la idoneidad del funcionario/a para el ejercicio del cargo. (….)

En relación al argumento acerca de la inobservancia del plazo en el trámite de una apelación en la que, según señaló, esta Comisión enuncia una serie de elementos probatorios, sin valorarlos, que debió tomarse en cuenta la problemática presentada con la inauguración de la nueva sede del Circuito Judicial de Protección, razones por las cuales el tiempo de atraso resultaba justificado, y que el pronunciamiento de la Corte Superior no implicó ningún apercibimiento, por lo que en criterio de la decisión recurrida era desproporcionada e injusta. Al respecto, es oportuno citar parcialmente el acto recurrido en el cual se estableció lo siguiente:

…Omissis…

De lo anterior y contrario a lo alegado, se evidencia que las circunstancias referidas sí fueron consideradas por este Órgano Disciplinario, toda vez, que la decisión recurrida contiene los argumentos de hecho y de derecho en que se funda la decisión, es decir, el hecho imputado, las pruebas aportadas, la normativa legal aplicable, y se desestimaron de manera expresa los alegatos con los cuales pretendió justificar su actuación, y finalmente se subsumió el hecho en la falta disciplinaria de conducta censurable prevista en el numeral 7 del artículo 39 de la Ley de Carrera Judicial (…)

Referente al alegato de que la Comisión declaró que su representada incurrió en una conducta censurable, violando el debido proceso, la tutela judicial efectiva, ya que se desconocía con exactitud cuales eran las piezas y folios presuntamente desordenados, que no fueron valoradas las pruebas, decidiendo sobre una generalidad alegada por el Órgano Instructor, que las correcciones fueron realizadas mediante autos del 27 de enero de 2006, donde se ordenó el desglose de una diligencia y un auto del mismo Juzgado, que por error involuntario se encontraban en otro expediente, que la Alzada lejos de ordenarle a su representada de forma directa la corrección de eventuales errores cronológicos en el expediente contentivo de la revisión de obligación alimentaria, lo que hizo fue advertirle en forma general a todos los Jueces y Abogados el cuidado en la transcripción de datos (…)

….Omissis…   

(...) se evidencia que tanto los elementos probatorios así como las circunstancias alegadas fueron consideradas al momento de dictar el acto recurrido estableciéndose con precisión y claridad los fundamentos para tal declaratoria, tan es así, que este Órgano Disciplinario se apartó de la calificación jurídica dada a los hechos por el Órgano Instructor a la cual se había adherido el Ministerio Público y consideró que se subsumía en la falta disciplinaria establecida en el numeral 7 del artículo 39 de la Ley de Carrera Judicial, que prevé la sanción de amonestación por incurrir en descuido injustificado, lo cual quedó comprobado para este Órgano de los elementos cursantes a los autos del expediente disciplinario que sirvieron de fundamento para la sanción impuesta (...) por lo que se desestiman dichos argumentos, y así se decide.

...Omissis...

III

DECISIÓN

Con fundamento en los razonamientos anteriores expuestos, esta Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el recurso de reconsideración interpuesto por (...) la ciudadana SARA EUNICE SOTO GUARDIA (...) contra la decisión emanada de esta Instancia Disciplinaria el 13 de julio de 2010 (....) mediante la cual se destituyó a la referida ciudadana del cargo de jueza titular del Tribunal de Protección del Niño, Niña y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, y de cualquier otro que ostente dentro del Poder Judicial, por incurrir en la falta disciplinaria prevista en el numeral 16 del artículo 40 de la Ley de Carrera Judicial; y se declaró su responsabilidad disciplinaria por incurrir en la falta disciplinaria prevista en el numeral 7 del artículo 39 Ley de Carrera Judicial, y se le amonestó por incurrir en la falta disciplinaria prevista en el numeral 7 del artículo 38 de la mencionada Ley; decisión que se ratifica en los mismos términos....”. (Sic).

 

II

FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE NULIDAD

 

Acudió a esta instancia jurisdiccional la ciudadana Sara Eunice Guardia Soto, a fin de solicitar la nulidad del acto administrativo dictado por la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, mediante el cual se le destituyó del cargo “…jueza titular del Tribunal de Protección del Niño, Niña y Adolescente de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y de cualquier otro que ostente dentro del Poder Judicial, por incurrir en la falta disciplinaria prevista en el numeral 16 del artículo 40 de la Ley de Carrera Judicial; y se declaró su responsabilidad disciplinaria por incurrir en la falta disciplinaria prevista en el numeral 7 del artículo 39 de la ley de Carrera Judicial, y se le amonestó por incurrir en la falta disciplinaria prevista en el numeral 7 del artículo 38 de la mencionada Ley…”. (Sic)

De esta forma comentó como antecedentes de la presente acción que fue iniciado un procedimiento administrativo en su contra, por las razones que sintetizó en el siguiente orden:

“i) Abuso de autoridad en el cuaderno de medidas cautelares del procedimiento de cumplimiento de obligación alimentaria, al decretar embargo sobre el 100% de los bienes señalados en la demanda, sin causa que lo justificara, falta disciplinaria prevista en el artículo 40 numeral 16 de la Ley de carrera Judicial y que da lugar a la sanción de destitución.

ii) Abuso de autoridad mediante el ‘embargo’ del cheque de gerencia por la cantidad de veinte mil bolívares (Bs. 20.000,00), depositado en calidad de custodia por la parte demandada para garantizar el levantamiento de la medida cautelar de prohibición de salida del país que le había sido decretada, falta disciplinaria prevista en el artículo 40 numeral 16 de la Ley de Carrera Judicial y que da lugar a la sanción de destitución.

iii) Inobservancia de la exactitud de los lapsos procesales al tramitar tardíamente el recurso de apelación interpuesto por la parte accionada, contra el auto de fecha 9 de mayo de 2006, con relación a la medida cautelar de prohibición de salida de país, falta disciplinaria prevista en el artículo 39 numeral 7 de la Ley de carrera Judicial y que da lugar a la sanción de suspensión.

iv) Descuido injustificado al obviar la corrección del orden cronológico de las actuaciones del expediente principal y los respectivos cuadernos separados, falta disciplinaria prevista en el artículo 38 numeral 7 de la Ley de Carrera Judicial y que da lugar a la sanción de amonestación.

v) Descuido injustificado al no impulsar el recurso de apelación interpuesto en fecha 13 de octubre de 2005, contra la sentencia que declaró sin lugar la demanda de cumplimiento de obligación alimentaria, falta disciplinaria prevista en el artículo 38 numeral 7 de la ley de Carrera Judicial y que da lugar a la sanción de amonestación…” (sic).

Dicho procedimiento concluyó con un acto que impuso – entre otras medidas disciplinarias – la sanción de destitución, razón por la que procedió a ejercer el presente recurso, con base en lo siguiente:

-      “Que el acto impugnado se encuentra viciado de nulidad absoluta por disposición expresa de la Constitución y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos [en lo atinente al principio de autonomía e independencia judicial]…”.

Sobre el particular indicó que toda actuación que viole o menoscabe los derechos garantizados por la Constitución debía declararse nula, según lo establecido en el artículo 19 numeral 1 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos en concordancia con el artículo 25 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Concretamente, mencionó que en el caso analizado “…el acto írrito se fundamentó en criterios extra disciplinarios en cada pronunciamiento, como veremos, violentando de este modo el derecho constitucional de independencia judicial, el cual se encuentra establecido tanto en los artículos 254 y 256 del texto constitucional, como en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, así como también violó el derecho al debido proceso, consagrado en el artículo 49 de la Constitución…”. (Sic)

De esta forma, sostuvo que el concepto de independencia judicial abarca “…el reconocimiento de que todo juez es autónomo en la toma de sus decisiones, limitándose tan solo a la Ley y a sus propias concepciones jurídicas en la valoración e interpretación dentro del proceso cognoscitivo y ejecutivo. La independencia judicial abarca dos aspectos, por una parte, frente a los demás órganos públicos, y por otra, la capacidad subjetiva frente a las partes en un proceso…”.

En tal virtud, afirmó que dicha independencia implica “…la inamovilidad de los jueces…”. Es decir, que – en su criterio – aun cuando “…el juez puede ser responsable civil, penal y administrativamente, tal responsabilidad debe fundarse en criterios ajenos al ámbito jurisdiccional, pues el mismo sistema de justicia prevé mecanismos procesales para regular la juridicidad de las actuaciones de los jueces…”.

En apoyo de lo anterior, citó las distintas normas y decisiones que aluden al referido principio e igualmente invocó el artículo 8.1 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, conforme a las cuales “…la independencia del Poder Judicial es clave para cualquier Estado de derecho…”.

-      Vicio de Falso Supuesto

Al respecto, señaló que el acto administrativo impugnado erró al declararla incursa en la falta de abuso de autoridad por dos actuaciones imputadas a su proceder judicial, en un primer momento cuando “…declaró abuso de autoridad por decretar embargo sobre 100% de los bienes propiedad del demandado, ‘sin previa justificación’…”.

Específicamente, precisó que la Comisión incurrió en la referida violación “…cuando de forma extralimitada e incomprensible, no obstante haber reconocido que existió un basamento legal, como fue el artículo 310 del Código de Procedimiento Civil, se pronunció respecto a la forma en cómo, en su criterio, ha debido decidirse en esa oportunidad con relación a las medidas cautelares, subrogándose en la labor judicial, que le es vedado por ley a la Comisión, violentándose los artículos 255 constitucional y 1, 2, 3, 4 y 7 de la Ley Orgánica del Poder Judicial; así como el artículo 31 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura…”. (Sic).

En otras palabras, señaló que la Resolución impugnada consideró que “…había incurrido en abuso de autoridad, simplemente por ejercer mis funciones judiciales, tal y como consideré pertinente…”.

Concretamente, mencionó que, a su parecer, “…el abuso de autoridad a que hace referencia la Ley de Carrera Judicial y ahora el Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza venezolana no puede referirse jamás a una actuación judicial que se enmarque dentro de los límites razonables del sano arbitrio…”. (sic). Por el contrario, estima que “…la normativa disciplinaria únicamente sanciona el ‘error inexcusable de derecho’, como único supuesto en el cual el órgano disciplinario puede invadir la esfera de lo jurisdiccional…”.

En sintonía con lo expuesto, indicó que “…el abuso de autoridad en que puede incurrir un juez se refiere a cosas distintas a las labores de sentenciar. Así, por ejemplo, utilizar el personal del tribunal para fines personales, obtener algún provecho haciendo valer la condición de juez, entre otros, es lo que pudiera considerarse como abuso de autoridad. Pero dictar una sentencia, aun cuando esta sea inmotivada (supuesto negado), no puede considerarse como abuso de autoridad. Tan es así, que tanto la vieja (Ley de Carrera Judicial) como la nueva normativa disciplinaria (Código de Ética) establecen como causal de suspensión (no destitución) faltas más graves que dictar fallos inmotivados (supuesto negado)…”. (Sic)

Por tal razón, manifestó que en el caso analizado resultaba inapropiado que la Comisión haya establecido que su mandante incurrió en la mencionada causal de abuso de autoridad cuando dictó una ampliación de una medida cautelar sin haber supuestamente justificado esa decisión.

Adicionalmente, sostuvo que tratándose de una decisión cautelar no era posible adelantar opinión respecto al fondo de la controversia y con ello era necesario circunscribirse a “…exponer someramente los indicios que considera suficiente para decretar una medida preventiva…”.

En efecto, mencionó que la sentencia objetada por el órgano disciplinario se limitó a ampliar unas medidas cautelares previamente acordadas. Es decir, que – en su criterio – ya existía una decisión anterior en la cual se habían justificado las razones para acordar tales proveimientos. De manera que, a su parecer, “…no tenía ningún sentido volver a justificar la nueva decisión cautelar, en la cual sencillamente me limité a ampliar el porcentaje de los bienes embargados, una vez revisados los argumentos adicionales presentados por la parte solicitante…”.  (Sic)

Indicó que como Jueza “…ponder[ó] la aclaratoria de la accionante, considerando igualmente las potestades oficiosas en materia cautelar, en aras de salvaguardar los derechos constitucionales de protección en cuanto al cumplimiento de la obligación alimentaria…”.

De igual manera indicó que el segundo momento en que le fue erróneamente declarado el abuso de autoridad recayó en la actuación mediante la cual decretó “el supuesto ‘embargo’ del cheque de gerencia por la cantidad de veinte mil bolívares (Bs. 20.000,00), depositado en calidad de custodia por la parte demandada para garantizar el levantamiento de la medida cautelar de prohibición de salida del país que le había sido decretada…”. (Resaltado del original).

Señaló que la “…decisión de retener el tan aludido cheque en la Oficina de Control de Consignaciones fue dictada en ejercicio de mi potestad jurisdiccional con fundamento en los artículos 381 y 512 de la ley especial vigente para ese momento, y como se ha evidenciado a través del presente escrito y de los documentos anexos, mi proceder estuvo dirigido al cumplimiento de los extremos requeridos legalmente, previo el análisis del material probatorio que me fue anexado en la solicitud que hiciera una de las partes y ante una deficiencia probatoria de la otra…”. De ahí que –en su opinión– no existió “…hecho abusivo alguno, pues la decisión motivada de fecha 9 de mayo de 2006 fue el resultado de la función jurisdiccional que encontró su nulidad por la vía ordinaria; por lo tanto no cabe la aplicación de los supuestos definidos jurisprudencialmente a fin de establecer el abuso de autoridad…”.

Igualmente, expresó que no podía concluir la Comisión “…que hubo falta de equidad y de valores éticos, pues en nada guarda relación la decisión incidental cuestionada, ajustada a derecho y dictada dentro del ámbito jurisdiccional, pues la equidad no es más que una valoración social y equilibrio entre la justicia natural y la ley positiva, actuando con razón. La equidad implica igualdad, y ello fue lo que se dio en el caso narrado, pues, ante una contención debió dársele iguales oportunidades de defensa a las partes y sobre esa base se decidió, con prudencia y constancia, aunado a la base legal que sirvió de fundamento para fallar el 9 de mayo de 2006…”.

Paralelamente, esbozó que su actuación no contradijo valores éticos “…pues no hubo alegaciones de la Inspectoría ni se dedujo de autos, que la conducta […] sea de dudosa credibilidad, que haya actuado con parcialidad o de forma extra jurídica, pues todo se desarrolló en el marco de un procedimiento especial regido por una ley especial, respetándosele el debido proceso a las partes, por lo que la valoración de la conducta imputada como contraria a los valores éticos resulta desproporcionada y agregada, a parte de que no señala cuáles valores éticos se infringieron incurriendo en indeterminación, generando una sanción de plano basada en hechos que no fueron investigados, es decir, sin atender a lo alegado y probado en autos…”. (Sic)

De la misma manera estimó, que no podía considerarse que “…por el hecho de que fuere apelada la decisión de fecha 9 de mayo de 2006, y haya sido revocado el pronunciamiento de la jueza en ese entonces, deba destituírsele, pues el ejercicio de la alzada no es más que una consecuencia de lo jurisdiccional…”. (Sic)

En efecto adujo, que aun cuando “…el auto de fecha 9 de mayo de 2006 fue apelado y el órgano superior declaró con lugar el recurso interpuesto anulando el referido fallo, no implica que mi actuar genere responsabilidad disciplinaria ni por ello que mi conducta sea grave, pues la Corte Superior Segunda al decidir, lo que hizo fue extinguir una actuación procesal sobre criterios jurisdiccionales, propios de un Juzgado Superior…”. Por ello, entiende que la destitución de un juez no puede fundarse únicamente en que sus decisiones han sido revocadas por una instancia superior, ni ello puede ser visto como una causal de inidoneidad o de conducta grave.   

-      Violación al debido proceso

A tal efecto señaló la recurrente, que “…la Inspectoría General de Tribunales imputó el hecho de haberse decretado una medida cautelar sobre el 100% de los bienes propiedad del demandado, sin que mediara justificación alguna y ante tal situación la Comisión sólo puede cambiar la precalificación jurídica dada a los hechos por el órgano instructor; es decir, puede declarar una sanción distinta a la solicitada, pero siempre debe decidir considerando si hubo o no justificación, que fue realmente lo imputado; por lo que debía analizar o no el órgano disciplinario era lo referente a la justificación o no de la medida…”. (Sic).

No obstante, advirtió que el acto recurrido calificó como falta de motivación el haber invocado el artículo 310 del Código de Procedimiento Civil únicamente para decretar la medida cautelar correspondiente, sin embargo estimó “…que ya esa norma implica per se una motivación, lo cual no terminó allí, pues como se verá, mi actuar en ese entonces estuvo ajustado a derecho…”. (Sic)

Además expresó, que “…la Comisión no tomó en cuenta las pruebas existentes en el expediente judicial y en el propio expediente disciplinario, relacionados con las motivaciones explícitas contenidas en el auto que dio pie a la destitución…”.

Paralelamente, destacó que aun cuando se estableció que su “…actuar con relación a lo cautelar fue contrario al ordenamiento jurídico…”, no se indicaron “…cuáles serían en todo caso, las normas infringidas por mi persona al momento de decidir…”.

Por otra parte, señaló que el órgano disciplinario no tuvo en cuenta que la medida decretada por su mandante no fue sometida a oposición, lo cual – a su juicio – era fundamental para “…comprender la actividad convalidatoria de la parte…”.

Asimismo, sostuvo que de acuerdo a la normativa especial (artículos 512 y 521 de la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes) “…el juez debe dictar todas las medidas preventivas que considere necesarias a fin de asegurar el cumplimiento de la obligación alimentaria…”.

Por tal motivo, expresó que “…existen suficientes razones por las cuales debe declararse la nulidad del acto impugnado, conforme a lo dispuesto en los artículos 25 de la Constitución; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y 131 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, pues fue subvertido el procedimiento disciplinario al punto de decidir mi responsabilidad disciplinaria sin considerar lo alegado y probado en autos, sin considerar la conducta del juez…”.

En sintonía con lo anterior expresó, que hubo “…falta de pronunciamiento pues se alude al cuestionamiento realizado en el recurso de reconsideración, limitándose a contestar que tiene potestad para revisar lo jurisdiccional, señalando sus atribuciones otorgadas jurisprudencialmente, pero sin entrar a resolver si en el caso concreto prosperaba esa potestad excepcional. No explica de qué forma se encuentran vinculadas al catálogo de faltas…”.    

-      Del vicio de incompetencia

Dicha denuncia fue realizada con fundamento en los mismos argumentos expresados para hacer valer la supuesta violación al principio de autonomía e independencia del poder judicial, los cuales se dan por reproducidos en esta oportunidad.

-      De la violación al derecho a la defensa

Al respecto, adujo que entre los hechos que fundamentaron la decisión recurrida figuraba la existencia de supuestas actuaciones que no se encontraban ordenadas cronológicamente y que presentaban errores de foliatura; no obstante, consideró que “…la Comisión decidió sobre hechos inciertos no examinados, pues la Inspectoría General de Tribunales no especificó cuáles folios ni cuáles piezas se encontraban como tales errores…”.

Lo anterior – a su parecer – “…dificultó el ejercicio de la defensa para desvirtuar la alegación del acusador, y no obstante, lo cierto es que fue consignado, ante la generalidad de la acusación, una pieza completa (revisión de la obligación alimentaria) la cual consta en autos y la misma prueba que tal pieza se encontraba en perfecto estado y las otras fueron corregidas como en efecto consta en el expediente disciplinario…”. (Sic)

Aunado a lo expuesto, indicó que “…la Comisión tampoco consideró el hecho según el cual las correcciones demostradas en el expediente y que demuestran una conducta convalidatoria del hecho genérico imputado, ocurrieron antes de la inspección realizada el 23 de marzo de 2007, ya que las mismas fueron realizadas el 27 de enero de 2007 y 16 de febrero de 2007, sin que fueran valorados expresamente en la decisión el conjunto de documentos que integraron la prueba admitida de informe de gestión, en la cual se hacía referencia a la realidad judicial del Circuito para ese entonces…”. (Sic)

De igual manera, destacó que “…las correcciones aun cuando le competen solo al titular de la secretaría, mediante notas testando folios o dejando constancia de cualquier otra observación, se corrigió mediante autos, lo que demuestra inclusive, la dedicación para corregir lo que había sido observado en fecha 25 de julio de 2006, igualmente de forma genérica…”.

Paralelamente, sostuvo que “…ciertamente en fecha 27 de enero de 2006, en el expediente número AP51-X-2004-005668 se ordenó el desglose de una diligencia y un auto del mismo Juzgado, actuaciones que por error involuntario se encontraban en el expediente contentivo de la revisión de la obligación alimentaria, motivo por el cual se ordenó agregarlas en el expediente contentivo de las medias en el procedimiento de cumplimiento de obligación alimentaria…”.    

Asimismo, comentó que en fecha 16 de febrero de 2007 “…el Tribunal ordenó corregir la foliatura del expediente en las piezas respectivas, aun cuando tales correcciones solamente deben ser testadas mediante una simple nota expedida por el Secretario del Tribunal…”.

Por lo tanto, estimó que “…NO ES POSIBLE QUE EXISTIESE UN NOTORIO DESORDEN, hecho desvirtuado con las pruebas en autos y ante la escueta alegación de la Inspectoría General de Tribunales…”.

En efecto, comenta que, según el informe de gestión 2005-2007 presentado por la entonces Jueza Coordinadora del Circuito de Protección del Niño y del Adolescente del Área Metropolitana de Caracas, “…cuando se iniciaron las actividades del Circuito, que coincide con algunas fechas de los diversos procedimientos judiciales en comento, ‘los documentos (diligencias, escritos, etc) presentados en los asuntos en trámite eran remitidos por la URDD a las Sala de Juicio y Corte de Apelaciones sin el expediente, cada Secretario debía elaborar dos apuntes de agenda, uno para solicitar los asuntos pendientes para sustanciar y otro para solicitar los asuntos pendientes para agregar las actuaciones recibidas…”. Dicha situación, según explicó más adelante, produjo dos consecuencias que sintetizó en el siguiente orden:

“…Retardo por parte del archivo para la entrega oportuna del expediente a la Sala y la consecuente sustanciación del asunto, debido al déficit de personal para la búsqueda de los asuntos.

Asuntos con actuaciones que no correspondían a los mismos…”.

Por consiguiente, estima que fue sancionada por hechos que no le eran imputables, ya que “…desde el mismo momento en que se desarrolló el inventario general de expedientes y el cambio de tribunales, ocurrieron circunstancias propias de un nuevo esquema judicial que aun cuando posteriormente fueron superándose, era difícil controlar todo un cúmulo de situaciones técnicas y humanas por la influencia de diversos órganos auxiliares en proceso de adaptación…”. (Sic)

En otro orden de ideas, adujo que “…la sentencia emanada de la Corte Superior de fecha 25 de julio de 2007, obvió su contenido, declarando sobre situaciones imprecisas menoscabando los derechos de mi poderdante e inobservando el principio de la determinación objetiva que debe contener todo fallo máxime cuando se trata de una decisión sancionatoria…”.

Igualmente, sostuvo que debía considerarse “…el volumen de trabajo para la época (no muy distinto al actual), el cual refleja un gran número de actuaciones que impedían controlar a la perfección cualquier omisión por parte de la Secretaria, por ejemplo las actuaciones que posteriormente fueron desglosadas…”. (Sic)

En resumen, señaló que “…no puede declararse la responsabilidad disciplinaria por hechos genéricos e incongruentes acusados e injustamente declarados, deviniendo tal injusticia en la irregularidad del análisis de las pruebas y del silencio de ellas en el procedimiento por parte de la Comisión, pues no basta con hacer referencia a un legajo probatorio. Las pruebas insertas en el expediente disciplinario desvirtúan los hechos que de forma desproporcionada sirvieron de base para mi sanción, y me pregunto: acaso algunas enmiendas de foliatura y actuaciones agregadas por error, como pudiera ocurrir en cualquier Juzgado, en vista del ritmo cuantioso y acelerado de trabajo, más el hecho aquí alegado de las fallas organizativas del Circuito Judicial, son suficientes para decretar que mi conducta sea descuidada ante situaciones que, como se vio, fueron subsanadas como se demostró, por lo que no existe motivación disciplinaria alguna para sancionarme…”.(Sic)

-      Vicio de desproporcionalidad

Sobre este punto sostuvo, que el tiempo de retraso para oír la apelación incoada en la causa judicial N° AP51-X-2004-001782, nomenclatura llevada por el Tribunal a su cargo, resultaba razonable y justificado, pero dada la falta de apreciación de las pruebas dirigidas a demostrar que el “…expediente fue solicitado en diez (10) oportunidades al archivo de este circuito mediante apunte de agenda…”, era lo que conducía a establecer que el acto impugnado fue dictado con los correspondientes criterios de proporcionalidad.

Específicamente, adujo que “…[u]n mes y medio de tardanza frente a los problemas demostrados en el expediente disciplinario, no puede significar una sanción, por cuanto la apelación se oyó en un tiempo razonable, como modernamente se admite la temporalidad del procedo, reconociéndose de forma notoria las tardanzas en todos los órganos judiciales indistintamente de la jerarquía…”. [Corchetes de la Sala y resaltado del original].

Concluyó que “…la decisión resulta desproporcionada por cuanto no atendió al criterio establecido en el artículo 30 del Reglamento de la Comisión, en cuanto a la ponderación y proporcionalidad de los hechos, y es injusto que por la dilación imputada, se haya declarado la inobservancia de la exactitud de los plazos legales; obviándose todas las pruebas aportadas que justifican el aludido retraso…”.

-      Violación al principio de tipicidad

Alegó que respecto a la declaratoria del acto impugnado sobre la falta de impulso procesal en el trámite del recurso de apelación interpuesta en fecha 13 de octubre de 2005, contra la sentencia que declaró sin lugar la demanda de cumplimiento de obligación alimentaria, causa N° AH51-X-2007-000082 de la nomenclatura de ese Órgano Jurisdiccional que “no existe fundamentación legal que exigía a la jueza constatar dónde se encontraban las actuaciones de ese recurso ni tampoco que debía hacer referencia expresa de que la parte no había consignado la copia simple”. (sic) [Resaltado del original].

En tal sentido, indicó que “…la decisión recurrida decidió la amonestación de mi representada sobre hechos no regulados como falta disciplinaria, reprochándosele la ejecución de una conducta no prevista en la Ley, pues en la Ley Orgánica para la Protección de Niños y Adolescentes vigente para ese entonces y la que se encuentra actualmente en curso no regulan ni prevén tal situación ante la ausencia de la consignación de copias simples, y tal señalamiento equivaldría a una exigencia del Tribunal, demostración de cierto interés que no le está permitido y el Código de Procedimiento Civil tampoco aduce nada al respecto…”. (Sic)

Paralelamente, expresó que “…el descuido injustificado se encuentra dentro del catálogo de faltas disciplinarias previstas en la ley (reserva legal), la conducta de constatar el estado de la apelación no puede ser considerada un descuido pues, como ya se indicó, ni siquiera es un deber legal al cual se encontraba sometida su mandante…”.

Por tal motivo, sostuvo que lo expuesto atentaba contra “…el principio de legalidad de las faltas, tipicidad y establecimiento de la conducta del imputado ante hechos genéricos e indeterminados…”.   

-      Vicio de inmotivación

En el caso concreto mencionó, que “…la Resolución Nro. 0116-2010, dictada por la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, en fecha 4 de octubre de 2010, incurre en el vicio de inmotivación, lo que al mismo tiempo se traduce en una vulneración del derecho a la defensa y tutela judicial efectiva, toda vez que omite en forma absoluta cualquier consideración a los argumentos expuestos en el escrito de recurso de reconsideración…”.

          En este contexto, refirió que “…basta leer el contenido del acto impugnado para percatarse que la Comisión de Funcionamiento y reestructuración del Sistema Judicial se limitó simplemente a transcribir en la parte narrativa del acto, los principales alegatos esgrimidos por mi persona. Sin embargo, cuando entra a analizar cada una de las denuncias en la parte motiva de la Resolución, omite todo tipo de referencia y análisis de los argumentos esgrimidos en el descargo limitándose a transcribir fragmentos de la recurrida, sin explicar ni desvirtuar la existencia o no de los vicios alegados…”.

          Finalmente, adujo que “…existía falta de pronunciamiento en dos puntos, uno relativo a la invasión jurisdiccional relacionada con la supuesta retención ilegal del cheque dado en garantía como ya se explicó, y, por otra parte, respecto a la inejecutabilidad de la decisión de fondo, que fue objeto de reconsideración…”.

III

DEL ESCRITO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

La abogada Raysabel Gutiérrez Henríquez, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 62.705, actuando con el carácter de sustituta de la entonces Procuradora General de la República, procedió mediante escrito presentado el 20 de octubre de 2011 a consignar sus conclusiones escritas, en los siguientes términos:

-      De la presunta ilegalidad del acto

En cuanto al alegato referido a que los hechos no estaban previstos como falta disciplinaria, lo cual – a juicio de la accionante – vulneraba, entre otros principios, el de legalidad, la abogada sustituta de la Procuraduría General de la República advirtió que dicha denuncia debía desestimarse tomando en cuenta que “…la Comisión luego de analizados los hechos comprobados determinó que la ciudadana Sara Guardia Soto, incurrió en el descuido justificado, tipificado en el numeral 7 del artículo 38 de la Ley de Carrera Judicial correspondiendo aplicar la sanción de amonestación prevista en la citada Ley…”. (Sic)

-      De la supuesta violación al debido proceso

Respecto a esta denuncia, la representante de la Procuraduría General de la República procedió, luego de realizar una serie de consideraciones acerca del alcance y significado del derecho al debido proceso a indicar que este no había sido vulnerado en el caso de autos, “…pues el estudio realizado por la Administración, por el cual fue sancionada, se llevó a cabo dentro de un procedimiento administrativo donde se garantizó en todo momento los derechos a la defensa y al debido proceso, estableciendo su culpabilidad con base en las probanzas existentes en el expediente administrativo…”.

Adicionalmente, agregó que “…el hecho de iniciar un procedimiento administrativo sancionatorio, no implica la violación del debido proceso, toda vez que en el caso bajo análisis, la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial tiene legalmente atribuciones para ejercer la potestad sancionatoria, es decir compete a la Comisión revisar aquellos asuntos relacionados directamente con la disciplina del juez, como es el caso de aquellas actuaciones jurisdiccionales que se encuentran vinculadas con el catálogo de sanciones establecido en la Ley de Carrera Judicial y mediante la decisión recurrida, confirmó la sanción de destitución impuesta a la accionante el 20 de julio de 2010, por considerar que la conducta desplegada por la Jueza en cuestión, se subsumía en la falta disciplinaria establecida en el numeral 7 del artículo 38 de la Ley de Carrera Judicial, que prevé la sanción de amonestación en caso de incurrir en descuido injustificado en la tramitación de los procesos o de cualquier diligencia en los mismos…”.

Por tal razón, solicitó se desechara el aludido vicio referido a la violación del debido proceso.

-      De la Inmotivación del acto.

Al respecto, señaló que dicha representación judicial consideraba que “…al momento de dictarse el Acto Administrativo N° 0116-2010, de fecha 04 de octubre de 2010, el mismo se encuentra debidamente motivado, ya que expresa las razones fácticas y jurídicas que sirvieron de presente para el acto final…”. (Sic)

En consecuencia, estimó que “…desde la apertura de la averiguación, la recurrente conoció suficientemente los motivos por los cuales fue sometida a investigación, los cuales además, están ampliamente expresados en el mismo acto impugnado…”. (Sic)

-      De la incompetencia manifiesta

Al referirse a esta denuncia afirmó que “…la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, de conformidad con lo establecido en la propia Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, Disposición Derogatoria, Transitoria y Final, Única letra e) (…) tiene asignada la competencia para sustanciar y decidir los procedimientos disciplinarios contra los jueces y juezas de las Cortes de lo Contencioso Administrativo, Cortes de Apelaciones, los Tribunales Superiores, los Juzgados de Primera Instancia y los Juzgados de Municipio, de todo el país, con excepción de los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia…”. (Sic)

En tal virtud, comentó que visto que del expediente administrativo se desprendía que la accionante incurrió – a su juicio – en las faltas disciplinarias previstas en el numeral 16 del artículo 40 de la Ley de Carrera Judicial, debía concluirse que la destitución de la recurrente “…fue dictada dentro de las esferas de la competencia de la hoy extinta Comisión de Reestructuración y Funcionamiento del Sistema Judicial…”. (Sic)

-      Del supuesto abuso de poder

En cuanto a este aspecto señaló, que dicho vicio no se configuró en el presente caso, toda vez que la Administración “…instruyó su acto administrativo probando los hechos o faltas que dieron lugar a la imposición de la sanción…”, por lo que estimó que, “…contrariamente a lo afirmado por la accionante, (…) la Administración se limitó o utilizó de manera debida sus atribuciones sin desvirtuar la verdad o las realidades de los hechos…”.

-      De la violación a la tutela judicial efectiva

Al respecto sostuvo que – en su criterio – dicho derecho no había sido violado, toda vez que en el caso analizado la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial “…apreció y valoró todos los elementos probatorios incorporados en el procedimiento disciplinario, en uso de su facultad de calificar la conducta de la accionante, y evidenció el descuido injustificado en que incurrió la misma en la tramitación del procedimiento que tenía a su cargo, considerando que dicha conducta se subsume en la falta disciplinaria establecida en el numeral 7, del artículo 38 de la Ley de Carrera Judicial, que prevé la sanción de amonestación…”. (Sic)

Asimismo, advirtió que de la lectura del acto recurrido se evidenciaba que el órgano disciplinario tomó en cuenta “…los alegatos esgrimidos por la accionante en el recurso de reconsideración interpuesto, ya que entre otras disposiciones también estimó ‘los elementos probatorios incorporados en el procedimiento disciplinario’…”.

Igualmente, descartó la falta de base legal de la actuación impugnada, toda vez que su lectura demuestra que “…la accionante estaba incursa en la causal de amonestación previstas en el numeral 7 del artículo 38 de la Ley de Carrera Judicial, de todo lo cual se desprende que el acto impugnado sí es capaz de sostenerse sobre un instrumento normativo, como lo es la mencionada Ley…”.

IV

MOTIVACIONES PARA DECIDIR

Realizado el estudio del expediente se aprecia que la parte recurrente pretende la nulidad del acto dictado por la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial mediante el cual se declaró sin lugar el recurso de reconsideración ejercido por la ciudadana Sara Eunice Guardia Soto y en consecuencia, se confirmó – entre otras sanciones -  su destitución del cargo de jueza titular del Juzgado de “…Protección del Niño, Niña y Adolescente de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas…”.

Ahora bien, esta Sala entra a conocer las denuncias alegadas por la parte demandante de la siguiente manera:

En cuanto a la violación del principio de autonomía e independencia judicial se advierte que –a juicio de la recurrente – la Resolución impugnada la sancionó – entre otros aspectos -  con destitución por haber incurrido en un supuesto abuso de autoridad “…simplemente por ejercer [sus] funciones judiciales…”.

Específicamente, mencionó que la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial estaba incursa en la referida violación “…cuando de forma extralimitada e incomprensible, no obstante haber reconocido que existió un basamento legal, como fue el artículo 310 del Código de Procedimiento Civil, se pronunció respecto a la forma en cómo, en su criterio, ha debido decidirse en esa oportunidad con relación a las medidas cautelares, subrogándose en la labor judicial, que le es vedado por ley a la Comisión, violentándose los artículos 255 constitucional y 1, 2, 3, 4 y 7 de la Ley Orgánica del Poder Judicial; así como el artículo 31 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura…”. (Sic).

De manera que, planteada en tales términos la referida denuncia, se debe observar ha sido criterio pacífico y reiterado de esta Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, que en el ejercicio de su potestad disciplinaria sobre los Jueces, la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, se encontraba habilitada para analizar las sentencias y demás actos dictados por tales funcionarios judiciales, en tanto que dicho examen se limitara a determinar la idoneidad del Juez en cuestión para ejercer la función de administrar justicia y verificar si su conducta encuadraba dentro de algún ilícito disciplinario, aplicando cuando sea procedente las correspondientes sanciones, sin que ello implique una intromisión indebida o configure un atentado a su autonomía o a la independencia judicial. (Vid., entre otras, Sentencias de esta Sala Nros. 490 del 22 de marzo de 2007; 741 del 19 de junio de 2008 y 1047 del 24 de septiembre de 2008).

En efecto, en sentencia Nº 00043 del 21 de enero de 2009, se reiteró el criterio sostenido en la decisión N° 00041 de fecha 18 de marzo de 2003, referido a que el examen de la disciplina de los jueces incluye la revisión de aspectos jurisdiccionales del funcionario para continuar en el ejercicio de su cargo, dada la responsabilidad que supone la función de juzgar. De tal manera que, conforme a la jurisprudencia constante de la máxima cúspide de la jurisdicción contencioso administrativa, no le está vedado a esta Comisión en el ejercicio de su potestad disciplinaria analizar las sentencias o actos dictados por los jueces, siempre que limite su examen a la idoneidad del funcionario tanto en lo moral como en lo profesional.

Por lo tanto, se observa que si bien en el ejercicio de la función jurisdiccional los jueces y juezas gozan de autonomía e independencia, y aun cuando sus decisiones tienen en el ordenamiento jurídico previstos recursos para su impugnación, ello per se no supone la imposibilidad del órgano disciplinario de examinar dichas actuaciones cuando estén vinculadas al catálogo de ilícitos disciplinarios y, por tanto, para ejercer la competencia que le ha sido atribuida, que no es otra que la determinación o no de la responsabilidad disciplinaria de los jueces de la República, conforme lo dispone el artículo 255 constitucional.

Lo anterior resulta relevante para la controversia, ya que en el presente caso la accionante fue destituida con fundamento en la causal atinente a haber incurrido en abuso de autoridad, la cual “…se refiere al ejercicio abusivo, esto es, extremo, desproporcionado, injustificado de los deberes legales que corresponden a todo juez. Así, la aplicación de esta causal requiere de la verificación de dos supuestos: la total carencia de base legal en la actuación y la actividad abusiva que se despliega a través de la conducta del sometido al régimen disciplinario…”. (Vid. Sentencia SPA N° 6035 del 27 de octubre de 2005).

De manera que siendo esta la causal de destitución empleada por la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial para sancionar a la recurrente, estima la Sala que a objeto de evaluar la idoneidad de la jueza investigada resultaba indispensable analizar las actuaciones judiciales desplegadas por la recurrente para establecer si dicha funcionaria incurrió o no en el referido supuesto, sin que ello se traduzca – como pretende la accionante – en una violación al principio de autonomía e independencia del Poder Judicial. Así se decide.

En segundo término, la accionante invocó el vicio de falso supuesto, toda vez que – a su parecer – el abuso de autoridad “…a que hace referencia la Ley de Carrera Judicial y ahora el Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana no puede referirse jamás a una actuación judicial que se enmarque dentro de los límites razonables del sano arbitrio…” (Sic).

Bajo esa premisa, refirió que en el caso concreto el acto impugnado invadió la esfera jurisdiccional cuando “…declaró abuso de autoridad por decretar embargo sobre 100% de los bienes propiedad del demandado, ‘sin previa justificación’…”.

Específicamente, precisó que la Comisión incurrió en la referida violación “…cuando de forma extralimitada e incomprensible, no obstante haber reconocido que existió un basamento legal, como fue el artículo 310 del Código de Procedimiento Civil, se pronunció respecto a la forma en cómo, en su criterio, ha debido decidirse en esa oportunidad con relación a las medidas cautelares, subrogándose en la labor judicial, que le es vedado por ley a la Comisión, violentándose los artículos 255 constitucional y 1, 2, 3, 4 y 7 de la Ley Orgánica del Poder Judicial; así como el artículo 31 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura…”. (Sic).

Ahora bien, con relación al alcance de la señalada causal de destitución, tal como se expuso en las líneas que anteceden, la misma se refiere “…al ejercicio abusivo, esto es, extremo, desproporcionado, injustificado de los deberes legales que corresponden a todo juez. Así, la aplicación de esta causal requiere de la verificación de dos supuestos: la total carencia de base legal en la actuación y la actividad abusiva que se despliega a través de la conducta del sometido al régimen disciplinario…”. (Vid. Sentencia SPA N° 6035 del 27 de octubre de 2005).

Asimismo, la jurisprudencia ha entendido que para la verificación de este ilícito disciplinario, no basta constatar que se trate de un simple ejercicio de una competencia ajena o fuera de su ámbito operativo, sino que será menester que el juez vaya más allá, desplegando una conducta abusiva, desproporcionada de sus deberes legales, que debe poner en evidencia su inidoneidad para ocupar el cargo de juez. Los ejemplos que se señalan para ilustrar mejor lo que constituye dicho concepto, son el caso de un juez civil que ordene un auto de detención o un juez de niños y adolescentes que ordene un reenganche de trabajadores, etc. Así, el control que se ejerza en vía disciplinaria no puede referirse exclusivamente a la incompetencia procesal, ya que el órgano disciplinario estaría violando con su aplicación, atribuciones de los organismos jurisdiccionales de alzada, a los cuales compete mantener a los tribunales dentro de la esfera de sus legítimos límites operativos.

Considera esta Sala preciso transcribir parcialmente el contenido del auto de fecha 5 de mayo de 2005 (folios 249 al 258 de la pieza N° 2 del expediente administrativo) en el cual la ciudadana Sara Eunice Guardia Soto en su condición de Jueza Décimo Segunda de Juicio del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas decretó medida preventiva de embargo sobre el cincuenta por ciento (50%) de los derechos de propiedad del ciudadano Lawrence Elliot Laughlin Guevara sobre varios bienes de su propiedad, el cual señaló:

“REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

TRIBUNAL DE PROTECCIÓN DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS

Caracas, 05 de mayo de 2005

195° y 146°

JUEZ UNIPERSONAL XII

De acuerdo a lo ordenado por auto de [esa] misma fecha, el tribunal abre el presente cuaderno de medidas y en consecuencia y de conformidad con lo establecido en los artículos 381 y 466 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente en concordancia con el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, DECRETA las siguientes:

PRIMERO: Se Decreta MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO, sobre el cincuenta porciento (50%) de los derechos de propiedad que tiene el ciudadano LAWRENCE ELLIOT LAUGHLIN GUEVARA […] de la acción signada con el No. 260 de la Asociación Civil ‘Lagunita Country Club’, ubicada en el Hatillo, Estado Miranda, por lo que se acuerda librar oficio al Tribunal ejecutor de medidas de [esa] Circunscripción Judicial a los fines de que practique la misma.

SEGUNDO: Se Decreta MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO, sobre el cincuenta porciento (50%) de los derechos de propiedad sobre las acciones que posee el ciudadano LAWRENCE ELLIOT LAUGHLIN GUEVARA […] en la Empresa REPRESENTACIONES LANGER 2080, C.A., […].

TERCERO: Se Decreta MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO, sobre el cincuenta porciento (50%) de los derechos de propiedad sobre las acciones que posee el ciudadano LAWRENCE ELLIOT LAUGHLIN GUEVARA […] en la Empresa INVERSIONES VALA C.A., […].

[…Omissis…]

QUINTO: Se Decreta MEDIDA DE EMBARGO, sobre el cincuenta porciento (50%) de los derechos de propiedad que tiene el ciudadano LAWRENCE ELLIOT LAUGHLIN GUEVARA […] sobre un vehículo el cual tiene las siguientes características: Marca: FORD; Modelo: EXPLORER XLT 2000 ELITE; Año: 2000; Color: BLANCO y GRIS; Placas: AAW70D; Clase: CAMIONETA; Tipo: Sedán, Serial de Carrocería: 8XDZU18PXY8A12758; Uso: Particular. […].

[…Omissis…]

NOVENO: En relación a la medida de embargo solicitada sobre los bienes muebles que se encuentran en el actual domicilio del ciudadano LAWRENCE ELLIOT LAUGHLIN GUEVARA, […] [ese] Tribunal al respecto observa que: [de conformidad con el artículo 521 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente] […]. [C]onsidera [ese] despacho que las medidas decretadas cubren prudencialmente el presunto monto adeudado por el obligado alimentario; En consecuencia, y visto lo anterior, [ese] Tribunal niega la medida de embargo solicitada sobre los bienes […].”. (sic) [Resaltado del original, corchetes de la Sala].

Asimismo y mediante auto de fecha 12 de mayo de 2005 (folios 47 al 49 de la pieza N° 1 del expediente administrativo), la referida jueza se pronunció sobre la diligencia de fecha 9 de mayo de 2005 suscrita por la ciudadana Vanessa Jiménez Canelón, y acordó: “PRIMERO: De conformidad con lo establecido en el artículo 310 del Código de Procedimiento Civil, se reforma el auto de fecha 05 de Mayo de 2005, específicamente los puntos PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO Y QUINTO, y se ratifica el resto del contenido de dicho auto […]”, modificando en los referidos puntos el porcentaje del embargo preventivo sobre los referidos derechos de propiedad, pasando de un cincuenta por ciento (50%) a un cien por ciento (100%).

Dentro de este orden de ideas, observó la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial que la ciudadana Sara Eunice Soto Guardia incurrió en la causal de abuso de autoridad del artículo 40 de la Ley de Carrera Judicial, ya que, luego de decretar medida preventiva de embargo sobre el cincuenta por ciento (50%) de los bienes propiedad del demandado, en auto de fecha 5 de mayo de 2005, en el marco de la causa de revisión de obligación alimentaria signada con el N° AP51-X-2004-005668, procedió posteriormente a dictar otro auto en fecha 12 de mayo de 2005, a través del cual “[…] sin causa justificada […] subió el porcentaje de lo embargado al cien por ciento (100%), sobrepasando lo peticionado por la parte actora […]”.

De manera que, a juicio de la instancia disciplinaria, resultaba evidente que “…la jueza Sara Eunice Soto Guardia, incurrió en el abuso de autoridad imputado, pues solo invocó el artículo 310 del Código de Procedimiento Civil, sin expresar motivo de hecho y de derecho en su decisión y procedió a aumentar el porcentaje de las medidas de embargo sobre los bienes propiedad del demandado, de un cincuenta por ciento (50%) a un cien por ciento (100%), aunado a que decretó una medida de prohibición de salida de país en su contra, sin expresar las situaciones de hecho que hicieron variar las circunstancias por las cuales decretó la medida inicial que motivaran dicho aumento, desplegando una conducta por demás abusiva y contraria al ordenamiento jurídico…”. (Sic)

Ahora bien, esta Sala aprecia en el presente caso que la accionante, admitió haber aumentado de oficio el monto del embargo (de 50% al 100%) al indicar que “jamás puede considerarse como un abuso de autoridad el haber dictado un fallo complementario destinado a ampliar unas providencias cautelares previamente acordadas” empleando como único argumento lo establecido en el artículo 310 del Código de Procedimiento Civil, que textualmente prevé:

“Los actos y providencias de mera sustanciación o de mero trámite, podrán ser revocados o reformados de oficio o a petición de parte, por el Tribunal que los haya dictado, mientras no se haya pronunciado la sentencia definitiva, salvo disposiciones especiales. Contra la negativa de revocatoria o reforma no habrá recurso alguno, pero en el caso contrario se oirá apelación en el solo efecto devolutivo.”

Como puede apreciarse, dicha norma se refiere a la revocatoria de los actos de trámites o mera sustanciación dentro de los cuales en modo alguno se encuentran incluidas las medidas cautelares. Tales medidas constituyen sentencias que se encuentran provistas únicamente de autoridad de cosa juzgada formal al no decidir sobre el mérito de la controversia; lo cual permite que, atendiendo a las circunstancias en las cuales las mismas fueron dictadas, el Juez pueda suspender o modificar estos proveimientos en cualquier momento. Por tal razón no podrían calificarse a las medidas cautelares como actos de mera sustanciación y con ello aplicar el artículo 310 del Código de Procedimiento Civil.

Adicionalmente, constata esta Sala de la decisión de fecha 12 de mayo de 2005, dictada por la jueza investigada (folios 47 al 49 de la pieza N° 1 del expediente administrativo) que la misma fue proferida con una motivación insuficiente, lo cual – como lo observó la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial – compromete la idoneidad de la jueza investigada para ocupar dicho cargo, toda vez que la acertada motivación es un elemento indispensable de las actuaciones judiciales, cuya finalidad es prevenir o evitar arbitrariedades. De ahí que, al haber actuado sin la suficiente motivación en la justificación de la decisión, al hacer uso del artículo 310 del Código de Procedimiento Civil, la jueza investigada dejó en evidencia su falta de idoneidad para permanecer en el Poder Judicial.

Asimismo es preciso señalar que en el supra señalado auto de fecha 5 de mayo de 2005 en su punto “NOVENO” la referida jueza negó la medida de embargo “[…] solicitada sobre los bienes muebles que se encuentran en el actual domicilio del ciudadano LAWRENCE ELLIOT LAUGHLIN GUEVARA […]” al considerar que “[…] las medidas decretadas cubren prudencialmente el presunto monto adeudado por el obligado alimentario […]”, de lo cual resulta a todas luces contradictorio que por un lado en el auto originario se haya negado una medida de embargo preventivo por existir suficiencia en la garantía de las resultas del juicio al acordar una serie de medidas alternas a la solicitada y, por el otro que a los pocos días fuera necesario ampliar las medidas previamente acordadas.

Por lo tanto, coincide esta Sala con la interpretación propuesta por la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial en el sentido de que la recurrente se extralimitó en sus funciones al aumentar sin que mediara una causa justificada [al cien por ciento (100%) de los derechos de propiedad del demandado] el embargo decretado en el marco de la causa accesoria signada con el N° AP51-X-2004-005668, cuaderno separado de medidas cautelares, más aún cuando utilizó como único argumento de dicha providencia el antes citado artículo 310 del Código de Procedimiento Civil, el cual resultaba inaplicable a la controversia como se explicó en las líneas que anteceden, siendo que la referida Jueza, en virtud de la figura de la variabilidad que poseen la medidas cautelares podía modificarlas libremente, siempre y cuando motivara su actuación. Así se declara.

Con respecto al segundo caso en que le fue declarado el abuso de autoridad referido al “supuesto ‘embargo’ del cheque de gerencia por la cantidad de veinte mil bolívares (Bs. 20.000,00), depositado en calidad de custodia por la parte demandada para garantizar el levantamiento de la medida cautelar de prohibición de salida del país que le había sido decretada…”. (Resaltado del original).

Señaló que la “…decisión de retener el tan aludido cheque en la Oficina de Control de Consignaciones fue dictada en ejercicio de mi potestad jurisdiccional con fundamento en los artículos 381 y 512 de la ley especial vigente para ese momento, y como se ha evidenciado a través del presente escrito y de los documentos anexos, mi proceder estuvo dirigido al cumplimiento de los extremos requeridos legalmente, previo el análisis del material probatorio que me fue anexado en la solicitud que hiciera una de las partes y ante una deficiencia probatoria de la otra…”. De ahí que –en su opinión– no existió “…hecho abusivo alguno, pues la decisión motivada de fecha 9 de mayo de 2006 fue el resultado de la función jurisdiccional que encontró su nulidad por la vía ordinaria; por lo tanto no cabe la aplicación de los supuestos definidos jurisprudencialmente a fin de establecer el abuso de autoridad…”.

De la misma manera estimó, que no podía considerarse que “…por el hecho de que fuere apelada la decisión de fecha 9 de mayo de 2006, y haya sido revocado el pronunciamiento de la jueza en ese entonces, deba destituírsele, pues el ejercicio de la alzada no es más que una consecuencia de lo jurisdiccional…”. (Sic)

Respecto a la referida situación esta Sala considera prudente examinar la medida dictada por la Jueza demandante en el asunto N° AP51-X-2004-001782, nomenclatura de ese Órgano Jurisdiccional, cuaderno separado de medidas cautelares “(Cumplimiento de Obligación Alimentaria)”, mediante auto de fecha 9 de mayo de 2006 (folios 293 al 294 Pieza N°1 del Expediente Administrativo), en la que señaló que “… en lo que respecta a la devolución del cheque de gerencia No. 90000282, de la cuenta corriente No. 0105-0105-47-030000551, [ese] Tribunal considera, que en vista que la sentencia por cumplimiento de obligación alimentaria dictada por [esa] Juez Unipersonal No. XII, en fecha 06 de octubre de 2005, fue apelada por la parte actora en fecha 13 de octubre de 2005, y por cuanto la corte Superior de protección del Niño y del Adolescente no ha decidido la misma, no puede, hasta tanto se resuelva dicha apelación, acordar lo solicitado por la parte accionada, ya que pudiera ocurrir, que el Tribunal de alzada confirme la apelación interpuesta, y deje asentado expresamente en su decisión que si hubo incumplimiento por parte del obligado alimentario, es por ello, que [esa] Juzgadora considera pertinente, en aras de garantizar los eventuales derechos correspondientes a las Obligaciones alimentarias insolutas de las cuales son titulares las niñas Melanie y Melissa Laughlin Jiménez, acuerda mantener en la oficina de control de consignaciones (O.C.C), el cheque de gerencia cuya devolución se solicita, hasta tanto conste en autos la decisión del Tribunal de alzada…”.

Dicho auto de fecha 9 de mayo de 2006 estuvo dirigido al establecimiento de una medida de retención de un cheque consignado a los efectos de la procedencia de la solicitud de suspensión temporal de la medida de prohibición de salida del país decretada en contra del ciudadano Lawrence Laughlin en fecha 5 de mayo del 2005, para lo cual se considera preciso transcribir parcialmente el auto de fecha 1° de febrero de 2006 (folios 259 al 262 de la pieza N° 2 del expediente administrativo) en el cual la ciudadana Sara Eunice Guardia Soto decretó favorablemente a lo solicitado por el referido ciudadano, señalando:

 “REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

TRIBUNAL DE PROTECCIÓN DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS

JUEZ UNIPERSONAL XII

Caracas, 01 de febrero de 2006

195° y 146°

[…Omissis…]

Ahora bien, en vista que fue apelada la sentencia dictada en fecha 06 de octubre de 2005, por la cual se declaró sin lugar la demanda por cumplimiento de Obligación Alimentaria, incoada por la ciudadana VANESSA CRISTINA JIMENES, contra el ciudadano Lawrence Laughlin Guevara y por cuanto no consta en autos resultas de la dicha apelación; [ese] Tribunal debido a la urgencia invocada por la parte accionada y con plena observancia al artículo que antecede [artículo 512 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, aplicable ratione temporis], acuerda de conformidad a lo solicitado por la representación de la parte actora , en consecuencia procede a dictar la siguiente decisión:

PRIMERO: A los fines de suspender temporalmente la medida de prohibición de salida del país decretada por [ese] Tribunal en contra del ciudadano LAWRENCE LAUGHLIN, en fecha 05 de mayo de 2005, se ordena a la parte accionada presentar Fianza Bancaria por un monto de VEINTE MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 20.000.000,00) exactos.

SEGUNDO: Se suspende de forma temporal la medida de Prohibición de salida del país, decretada por [ese] Tribunal en contra del ciudadano LAWRENCE LAUGHLIN […] en el periodo comprendido desde el 06 de febrero de hasta el 16 de febrero de 2006, reanudándose esta medida el días 17 de febrero de 2006. Sin embargo, esta suspensión temporal surtirá efecto una vez que conste acto la consignación de la fianza solicitada en el parágrafo que antecede.

TERCERO: Asimismo, [ese] Tribunal ordena a la parte demandada presentarse por ante [esa] Sala de Juicio en fecha 17 de febrero del presente año, a los fines de corroborar su presencia física en la República Bolivariana de Venezuela.

CUARTO: La fianza bancaria surtirá efecto hasta una vez que conste en autos la misma y por el tiempo de la suspensión temporal de la medida de prohibición de salida del país decretada en fecha 05 de mayo de 2005.

QUINTO: Por último, se hace saber a la parte accionada que una vez que cumpla lo ordenado por [ese] Tribunal en el Parágrafo primero, se libraran los oficios correspondientes a la Dirección de migración y Fronteras y al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, Maiquetía, estado Vargas, a los fines de comunicarle lo aquí decidido.

 

Dentro de este orden de ideas, observó la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial que la ciudadana Sara Eunice Soto Guardia incurrió en la causal de abuso de autoridad del artículo 40 de la Ley de Carrera Judicial, al embargar el cheque de gerencia depositado en calidad de custodia por el demandado, con la única finalidad del levantamiento de la medida cautelar de prohibición de salida del país acordada en su contra por la prenombrada Jueza

De manera que, a juicio de la instancia disciplinaria, resultaba evidente que “…la jueza Sara Eunice Soto Guardia, desplegó una actuación que afectó el principio de seguridad jurídica, pues acordó inicialmente cuando admitió la caución presentada, que el cheque de gerencia sería devuelto una vez precluido el lapso indicado para que el demandado regresara al país, no obstante luego de verificarse la condiciones establecidas, negó su devolución bajo el argumento de que el cheque quedaría retenido hasta tanto se resolviera la apelación interpuesta contra su decisión del 06 de mayo de 2005, circunstancia que constituyó una evidente denegación de justicia para el demandado, ya que afectó su derecho a una tutela judicial efectiva y a la certeza jurídica de los actos procesales, y que también reflejó una transgresión a los principios de equidad y valores éticos y morales que debe tener como norte todo operador de justicia, resultando en una actuación abusiva y desproporcionada de la ciudadana Jueza, cuando en todo caso la caución presentada por el demandado cumplió su fin…”. (Sic) 

Adicionalmente, constata esta Sala según consta en los folios 103, 106 y 107 de la pieza N° 1 en fecha 10 de mayo de 2006 la representación judicial del ciudadano Lawrence Elliot Laughlin Guevara presentó diligencia mediante la cual apeló del auto de fecha 9 de mayo de 2006 por ante la Corte Superior el día 15 de junio de 2006, indicando en la referida diligencia que la retención era ilegal y generadora de un nuevo embargo, adicional a las medidas de embargo preventivo ya decretadas por auto de fecha 5 de mayo de 2005. (Vid. Folios 33 al 46 pieza N° 2 del expediente administrativo).

En fecha 25 de julio de 2006, la Corte Superior declaró con lugar el recurso de apelación ejercido contra el auto del 9 de mayo de 2006, que negó la devolución de la causa y en cuya dispositiva revocó el referido auto y ordenó la inmediata devolución del cheque dado en caución (Folios 291 al 305, pieza N° 1 del expediente administrativo).

De lo antes expuesto, esta Sala evidencia que una vez decretadas las medidas de embargo preventivas sobre diversos bienes propiedad del demandado, así como medida de prohibición de salida del país a través del auto de fecha 5 de mayo de 2005, analizados ya en acápites anteriores, el ciudadano Lawrence Laughlin motivado a razones de índole laborales necesitaba ausentarse del país de manera temporal, circunstancia por la cual su apoderado judicial solicitó el levantamiento provisional de tal medida por un lapso de veinte (20) días, lo cual fue negado por la Juzgadora bajo el fundamento que aun no se había resuelto la apelación interpuesta contra el fallo dictado el 6 de octubre de 2005.

Posteriormente redujo el lapso de la solicitud de levantamiento de medida de prohibición de salida del país por un periodo de diez (10) días, y ofreció caución por un monto de veinte millones de bolívares (Bs. 20.000.000,00), en la actualidad veinte mil bolívares (Bs. 20.000,00), conforme a lo pautado en el artículo 512 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, siendo que la aludida Jueza accedió al levantamiento mediante auto de fecha 1° de febrero de 2006 supra citado.

Sin embargo, el 23 de febrero de 2006, la parte demandada mediante diligencia solicitó al Juzgado la devolución del cheque, y a la vez solicitó se desestimara el pedimento efectuado por la actora consistente en embargar el referido monto, en razón de que ese dinero constituía un préstamo que fungiría sólo como caución pecuniaria provisional hasta que se verificara su regreso al país, y que quedó demostrado en autos mediante la presentación del pasaporte el 16 de ese mes y año; a pesar de lo anterior, el 9 de mayo de 2006, la citada Jueza dictó auto negando la devolución del referido cheque aludiendo que quedaría retenido hasta tanto se resolviera la apelación interpuesta contra la decisión del 6 de mayo de 2005, decisión contra la cual el demandado ejerció recurso de apelación, correspondiéndole su conocimiento a la Corte Superior Segunda, que declaró con lugar el recurso, anulando el referido auto y ordenado la inmediata devolución del cheque al demandado.

Por lo tanto, coincide esta Sala con la interpretación propuesta por la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial en el sentido de que la recurrente abusó de su autoridad al no devolver el cheque tal como lo fue acordado inicialmente al admitir la caución para suspender provisionalmente la medida cautelar de prohibición de salida del país, en el entendido que dicha cantidad fue presentada al Tribunal únicamente como garantía para el levantamiento temporal de la medida de prohibición de salida del país, y no fue embargada para asegurar el cumplimiento de la obligación alimentaria demandada, por cuanto ya habían sido acordadas sendas medidas cautelares de embargo preventivo sobre varios bienes pertenecientes al demandado, por lo que mal podía la Jueza demandante negarse a la devolución de dicha caución. Así se declara.

De ahí que -en criterio de este Órgano Jurisdiccional- la citada Comisión estimó acertadamente que la recurrente incurrió en la causal atinente al abuso de autoridad, derivada: i) de haber aumentado en los puntos Primero, Segundo Tercero y Quinto, al cien por ciento (100%) el embargo preventivo acordado, sin que mediara una causa justificada que permitiera dicho proceder, siendo que incluso en el auto de fecha 5 de mayo de 2005, la recurrente negó un pedimento de embargo al considerar que las medidas decretadas eran suficientes para asegurar el monto demandado; y, ii) al negarse a devolver el cheque de gerencia por la cantidad de veinte mil bolívares (Bs. 20.000,00), depositado en calidad de custodia por la parte demandada para garantizar el levantamiento de la medida cautelar de prohibición de salida del país que le había sido decretada; razón por la cual esta Sala considera que debe declararse improcedente el referido vicio de falso supuesto. Así se decide.

Respecto a la violación al debido proceso adujo la accionante que existen suficientes razones “…por las cuales debe declararse la nulidad del acto impugnado, conforme a lo dispuesto en los artículos 25 de la Constitución; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y 131 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, pues fue subvertido el procedimiento disciplinario al punto de decidir mi responsabilidad disciplinaria sin considerar lo alegado y probado en autos, sin considerar la conducta del juez…”.

Específicamente, mencionó que“…la Comisión no tomó en cuenta las pruebas existentes en el expediente judicial y en el propio expediente disciplinario, relacionados con las motivaciones explícitas contenidas en el auto que dio pie a la destitución…”.

Paralelamente, destacó que aun cuando se estableció que su “…actuar con relación a lo cautelar fue contrario al ordenamiento jurídico…”, no se indicaron “…cuáles serían en todo caso, las normas infringidas por mi persona al momento de decidir…”.

Al respecto, se aprecia que la accionante fundamenta dicha denuncia en un supuesto silencio de pruebas, así como en la incongruencia negativa en la que – a su juicio – incurrió la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial.

Ahora bien, con relación al vicio de silencio de pruebas, la jurisprudencia de este Máximo Tribunal ha establecido que la autoridad administrativa al igual que el Juez, tiene la obligación de analizar todas las pruebas cursantes en autos, a los fines de garantizar el derecho a la defensa y el debido proceso del administrado.

No obstante, el hecho de que la valoración que haga el juez o la autoridad administrativa sobre los medios probatorios para establecer sus conclusiones, se aparte o no coincida con la posición de alguna de las partes, no debe ser considerado como silencio de prueba. Así, habrá silencio de pruebas cuando el Juez en su decisión o en su caso, la autoridad administrativa, no juzgue, aprecie o valore algún medio probatorio cursante en autos, capaz de afectar la decisión. (Vid. Sentencia de esta Sala No. 01311 de fecha 26/07/2007).

En el presente caso, se desprende del acto recurrido que la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial hizo mención a todos y cada uno de los alegatos y medios probatorios promovidos por la accionante, solo que la apreciación de los hechos no coincide con la interpretación que al respecto propone la recurrente, lo cual – como se explicó en las líneas que anteceden - no se traduce en la materialización del señalado vicio.

Adicionalmente, cabe destacar que la accionante no explicó cuál elemento probatorio fue omitido y de qué forma dicha omisión podía afectar la decisión recurrida, aspectos estos últimos que resultaban indispensables para determinar si la posible verificación de dicho vicio se traduce en la nulidad del acto.

Por el contrario, formuló dicha denuncia en términos vagos e imprecisos, ya que se limitó a señalar que no fueron valorados “…las pruebas existentes en el expediente judicial y en el propio expediente disciplinario, relacionados con las motivaciones explícitas contenidas en el auto que dio pie a la destitución…”, no obstante, esta Sala contrario a lo señalado por la actora evidencia de la revisión del expediente administrativo que el órgano disciplinario sí analizó todos y cada uno de los elementos probatorios cursantes en autos, situación que de acuerdo a lo antes expuesto debe llevar a declarar improcedente el referido vicio. Así se decide.

Por otra parte, en cuanto a la falta de indicación de las normas infringidas por la accionante, observa la Sala que basta con leer el contenido del acto recurrido para identificar las mismas, las cuales – cabe acotar – que han sido incluso reproducidas por la propia accionante a lo largo de su escrito recursivo.

En efecto, se desprende de la Resolución impugnada que la actora fue sancionada por incurrir en los supuestos de hecho a que aluden el numeral 16 del artículo 40 de la Ley de Carrera Judicial, así como el numeral 7 del artículo 39 y numeral 7 del artículo 38 del mismo cuerpo normativo, siendo además evidente que la adopción de resoluciones judiciales sin la motivación correspondiente vulnera - entre otros derechos, principios y garantías constitucionales - el de la tutela judicial de efectiva consagrado en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. De ahí que, a juicio de esta Sala, debe concluirse que en el caso analizado no hubo la pretendida violación al derecho a la defensa y el debido proceso. Así se decide.

Sobre el vicio de incompetencia manifiesta invocado por la recurrente advierte esta Sala que la accionante sustentó dicha denuncia en los mismos argumentos que fueron utilizados para alegar la pretendida violación al principio de autonomía e independencia del Poder Judicial. De ahí que, deban ratificarse los argumentos que en ese sentido fueron realizados en el punto en acápites anteriores de este fallo para su desestimación, y, en consecuencia, se declara sin lugar el aludido vicio de incompetencia. Así se decide.

En cuanto a la supuesta violación del derecho a la defensa expresó la accionante que entre los hechos que fundamentaron la decisión recurrida figuraba la existencia de actuaciones que no se encontraban ordenadas cronológicamente y que presentaban errores de foliatura; no obstante consideró que “…la Comisión decidió sobre hechos inciertos no examinados, pues la Inspectoría General de Tribunales no especificó cuáles folios ni cuáles piezas se encontraban como tales errores…”.

Lo anterior – a su parecer – “…dificultó el ejercicio de la defensa para desvirtuar la alegación del acusador, y no obstante, lo cierto es que fue consignado, ante la generalidad de la acusación, una pieza completa (revisión de la obligación alimentaria) la cual consta en autos y la misma prueba que tal pieza se encontraba en perfecto estado y las otras fueron corregidas como en efecto consta en el expediente disciplinario…”. (Sic)

Ahora bien, en cuanto al contenido y alcance del derecho a la defensa, se observa que el mismo se encuentra consagrado en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual reza lo que sigue:

“Artículo 49. El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas; en consecuencia:

1. La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga, de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa. Serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso. Toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir del fallo, con las excepciones establecidas en esta Constitución y la ley.

(…omissis…) ”.

Con relación a la norma transcrita, esta Sala mediante sentencia Nº 00120 de fecha 4 de febrero de 2010, reiteró que el derecho a la defensa y el debido proceso constituyen garantías inherentes a la persona humana y en consecuencia, aplicables a cualquier clase de procedimientos. El derecho al debido proceso ha sido entendido como el trámite que permite oír a las partes, de la manera prevista en la Ley, y que ajustado a derecho les otorga el tiempo y los medios adecuados para imponer sus defensas, puesto que no podría hablarse de defensa alguna, si el administrado no cuenta con esta posibilidad.

Asimismo, dicho derecho comporta que previamente el particular sea notificado de la decisión administrativa, a los efectos de que le sea posible presentar los alegatos que en su defensa pueda aportar al procedimiento, más aún si se trata de un procedimiento que ha sido iniciado de oficio; el derecho a tener acceso al expediente, con el propósito de examinar en cualquier estado del procedimiento las actas que lo componen; el derecho que tiene el administrado a presentar pruebas que permitan desvirtuar los alegatos ofrecidos en su contra por la Administración; el derecho que tiene toda persona a ser informado de los recursos y medios de defensa y, finalmente, el derecho a recibir oportuna respuesta a sus solicitudes.

En el presente caso, la accionante consideró violado dicho derecho, dado que –a su juicio– la Comisión no indicó cuáles folios o piezas del expediente contenían el desorden procesal que le fue atribuido, concluyendo que la imputación que condujo a su posterior sanción estuvo basada en hechos genéricos o imprecisos.

No obstante, siendo estos los términos en que fue planteada la denuncia llama la atención de la Sala que la recurrente haya hecho mención a la existencia de correcciones de ciertos errores tanto de foliatura como del orden en que fueron agregadas las actuaciones al expediente, lo cual refleja que la jueza investigada sí conocía con exactitud los hechos a los cuales se refería la Comisión y con ello mal puede afirmarse que fue sancionada con base en imputaciones genéricas o imprecisas.

Muestra de lo anterior lo constituye la circunstancia de que en el escrito recursivo sostuvo que “…la Comisión tampoco consideró el hecho según el cual las correcciones demostradas en el expediente y que demuestran una conducta convalidatoria del hecho genérico imputado, ocurrieron antes de la inspección realizada el 23 de marzo de 2007, ya que las mismas fueron realizadas el 27 de enero de 2007 y 16 de febrero de 2007, sin que fueran valorados expresamente en la decisión el conjunto de documentos que integraron la prueba admitida de informe de gestión, en la cual se hacía referencia a la realidad judicial del Circuito para ese entonces…”. (Sic)

Asimismo, destacó que “…las correcciones aun cuando le competen solo al titular de la secretaría, mediante notas testando folios o dejando constancia de cualquier otra observación, se corrigió mediante autos, lo que demuestra inclusive, la dedicación para corregir lo que había sido observado en fecha 25 de julio de 2006, igualmente de forma genérica…”.

Paralelamente, sostuvo que “…ciertamente en fecha 27 de enero de 2006, en el expediente número AP51-X-2004-005668 se ordenó el desglose de una diligencia y un auto del mismo Juzgado, actuaciones que por error involuntario se encontraban en el expediente contentivo de la revisión de la obligación alimentaria, motivo por el cual se ordenó agregarlas en el expediente contentivo de las medidas en el procedimiento de cumplimiento de obligación alimentaria…”.    

De igual forma, comentó que en fecha 16 de febrero de 2007 “…el Tribunal ordenó corregir la foliatura del expediente en las piezas respectivas, aun cuando tales correcciones solamente deben ser testadas mediante una simple nota expedida por el Secretario del Tribunal…”.

Adicionalmente, se desprende del expediente administrativo (folios 54 y siguientes de la pieza N° 7) que la Inspectoría General de Tribunales con ocasión del acta de culminación de la inspección practicada en el Tribunal de la jueza investigada procedió a exhortarla para que verificara y ordenara la corrección del orden cronológico “…de las actuaciones tanto del expediente principal como de los cuadernos aperturados, lo cual ya había sido ordenado por la Corte Superior Segunda, el 26 de julio de 2006 – ocho (8) meses antes – instancia que le había exhortado para que corrigiera el desorden procesal existente en las actas…”. (Sic)

Ahora bien, con relación a este último punto resulta evidente que la Jueza recurrente no solo estaba en conocimiento de los hechos concretos que se le atribuyeron tanto en virtud del acta de la Inspectoría General de Tribunales de fecha 23 de marzo de 2007 (folio 14 al 24 de la Pieza N° 2 del expediente administrativo) así como de la decisión de la Corte Superior Segunda de fecha 25 de julio de 2006 (folio 291 al 305 de la Pieza N° 1 del expediente administrativo), sino que además admitió la existencia de tales omisiones y errores, solo que al efecto estimó que los mismos no eran imputables a su persona o habían quedado convalidados con ocasión de las diligencias practicadas a fin de efectuar su respectiva corrección.

De lo anterior se deduce, que en el presente caso no hubo violación al derecho a la defensa cuando se le atribuyó a la recurrente la existencia de un desorden procesal, por cuanto quedó demostrado que la ciudadana Sara Eunice Guardia Soto sí estaba en conocimiento de los hechos concretos que motivaron dicha imputación y cuya ocurrencia lejos de ser negada fue reconocida por dicha representación judicial al afirmar que tales actuaciones habían sido subsanadas o eran responsabilidad de la secretaria. De ahí que, con base en lo descrito debe desestimarse la aludida denuncia. Así se decide.

Adicionalmente, invocó el vicio de desproporcionalidad de la sanción basado en la circunstancia de que el tiempo de retraso para oír la apelación incoada en la causa judicial llevada por el Tribunal a su cargo resultaba razonable y justificado, pero dada la falta de apreciación de las pruebas dirigidas a demostrar que el “…expediente fue solicitado en diez (10) oportunidades al archivo de este circuito mediante apunte de agenda…”, era lo que conducía a establecer que el acto impugnado fue dictado con los correspondientes criterios de proporcionalidad.

Específicamente, adujo que “…la decisión resulta desproporcionada por cuanto no atendió al criterio establecido en el artículo 30 del Reglamento de la Comisión, en cuanto a la ponderación y proporcionalidad de los hechos, y es injusto que por la dilación imputada, se haya declarado la inobservancia de la exactitud de los plazos legales; obviándose todas las pruebas aportadas que justifican el aludido retraso…”.

Planteada en tales términos la denuncia se advierte que la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, al momento de analizar dicho alegato, observó lo siguiente:

“Del expediente disciplinario se evidencia que el 10 de mayo de 2006, el demandado mediante diligencia interpuso recurso de apelación contra el auto dictado el 9 de ese mes y año; posteriormente, el 15 de junio de 2006 la Corte Superior dictó auto en el cual admitió la acción de amparo constitucional interpuesta por el demandado, en virtud de que el recurso de apelación interpuesto no había sido tramitado; seguidamente mediante autos del 19 de junio de 2006, se dejó constancia de la apertura del cuaderno separado relacionado con el recurso de apelación interpuesto, a los fines de oir dicho recurso por cuanto no fue oído en su oportunidad correspondiente, en virtud de que el expediente fue solicitado en diez (10) oportunidades al Archivo del Circuito mediante apunte de agenda no subiendo el mismo a la Sala a tiempo. En esa misma fecha, la Jueza sometida a procedimiento disciplinario remitió mediante oficio el aludido recurso (folios 105 al 107 pieza N° 1, 32 y 313 pieza N° 2, 71 y 72 pieza N° 6 del expediente disciplinario). El 25 de julio de 2006, la Corte Superior dictó decisión mediante la cual declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto por el demandado; y el 27 de julio de 2006, la aludida Corte declaró inadmisible sobrevenidamente la acción de amparo constitucional incoada por haber favorecido al querellante (folio 291 al 305 pieza N° 1 y 48 al 53 pieza N° 2).

Cabe resaltar la Resolución N° 69, publicada en Gaceta Oficial N° 38.011 del 30 de agosto de 2004, mediante la cual se reguló el Sistema Juris 2000 y los órganos auxiliares creados bajo esta sistema en el Circuito Judicial de Protección del Área Metropolitana de Caracas, así como el Libro de Actas llevado por la Comisión de Implementación del mencionado Circuito, con especial referencia a las actas N° 23 y 102 del 22 de mayo de 2006 y 27 de noviembre de 2007, respectivamente, mediante las cuales se dejó constancia del cambio de Coordinadora del Archivo General del Circuito (folios 88 al 116 , pieza N° 6 del expediente disciplinario).

De lo anterior se evidencia que una vez que ésta decidió mediante auto del 9 de mayo de 2006, que el cheque bajo su custodia no sería devuelto, el demandado apeló de dicha decisión el 10 de ese mes y año, arguyendo que dicha retención era manifiestamente ilegal, ya que configuraba un embargo adicional a los anteriormente decretados, no obstante, visto el tiempo que transcurría sin pronunciarse de la prenombrada jueza sobre la apelación, el demandado ejerció acción de amparo constitucional contra la referida actuación el 15 de junio de 2006, y cuatro (4) días después de interpuesto el amparo, fue que la citada jueza procedió a remitir la apelación a la Corte Superior, siendo que ya había transcurrido aproximadamente mes y medio desde que la apelación fue interpuesta y cuando la Alzada conoció de la acción de amparo constitucional, señaló que la apelación que fue presentada antes del amparo, y que las actuaciones relacionadas con el recurso llegaron con sumo retardo a la superioridad.

…omissis…

Así pues, los argumentos de defensa expuestos por la Jueza referidos a que existió un cúmulo de causas justificadas que dificultaron la admisión de la apelación en el tiempo legalmente establecido, con una dilación prudencial o razonable que no adquiere trascendencia disciplinaria, referidas a la problemática que subsistió meses después de inagurada la nueva sede del Circuito Judicial de Protección, como la desorganización del Archivo y los errores en la nomenclatura de los expedientes; no desvirtúa en modo alguno la imputación formulada en su contra, siendo evidente y como ella misma expresamente lo admite, no observó la exactitud de los plazos a que estaba sujeta conforme a las leyes, cuando tramitó el recurso de apelación, actuación con la cual generó una dilación de mes y medio aproximadamente, desde que fue interpuesto el mencionado recurso; el cual como bien lo apuntó en su defensa  la sometida a procedimiento se oye en un solo efecto, lo que evidentemente resalta la atención que debe prestarle la jueza a su tramitación, apra dar cumplimiento efectivo al principio de celeridad previsto en el artículo 26 constitucional...”. (Resaltado de la Sala)

Como puede apreciarse de la anterior transcripción, la Comisión sí valoró los hechos y defensas argüidos por la recurrente, solo que consideró que los mismos no constituían una eximente de la responsabilidad imputada.

Adicionalmente, no puede pasar inadvertida la circunstancia de que tales hechos – a juicio de la Comisión – configuraron la falta disciplinaria establecida en el numeral 7 del artículo 39 de la Ley de Carrera Judicial que acarrea la suspensión del cargo, lo cual denota que dichos elementos fueron tenidos en cuenta a los efectos de imponer una sanción menos gravosa a la destitución, la cual finalmente le fue aplicada a la recurrente en razón de otras denuncias que  fueron imputadas. Por lo tanto, concluye la Sala que en el caso analizado no se configuró la señalada violación al principio de proporcionalidad de la sanción. Así se decide.

Por otro lado, adujo la actora que se vulneró el principio de tipicidad y legalidad de las faltas, ya que – a su parecer – “…el descuido injustificado se encuentra dentro del catálogo de faltas disciplinarias previstas en la ley (reserva legal), la conducta de constatar el estado de la apelación no puede ser considerada un descuido pues, como ya se indicó, ni siquiera es un deber legal al cual se encontraba sometida su mandante…”.

Sobre este aspecto advierte la Sala que los hechos que dieron lugar a la calificación de la conducta de la actora como un “descuido injustificado” consistieron, según se desprende del acto recurrido, en lo siguiente:

“…los elementos probatorios incorporados en el procedimiento disciplinario fueron apreciados por esta Instancia Disciplinaria, la cual en uso de su facultad de calificar la conducta de la sometida a procedimiento, consideró que de los mismos se desprendía el descuido injustificado en que incurrió en la tramitación del recurso de apelación que le fuera interpuesto contra la decisión dictada por ella, el cual acordó oír en un solo efecto el 17 de octubre de 2005, ordenando remitir las copias certificadas respectivas, siendo que el 19 de ese mes y año, la apelante solicitó que se remitiera a la Corte Superior, ante lo cual, el 20 de octubre de 2006, acordó expedir las copias solicitadas por la apelante y librar el respectivo oficio a la mencionada Corte, que fue elaborado e identificado con el N° 24687, no obstante tal remisión no se materializó, sin que hiciera referencia de hecho alguno que impidiera tal remisión en las actas procesales, a pesar de producir actuaciones en las que señaló que la apelación estaba pendiente de resolución, aunado a ello, es oportuno señalar que los actos dictados por este Órgano Disciplinario son de carácter administrativo, donde el análisis y apreciación de los alegatos y pruebas se realiza de manera global…”. (Sic)

Como puede apreciarse de la anterior transcripción, lo que condujo a calificar como un descuido injustificado la actuación de la accionante fue que a pesar de haber advertido en distintas actuaciones que estaba pendiente de remitir las copias relacionadas con el recurso de apelación, éstas no fueron enviadas sin exponer las razones que se lo impidieron.

Lo anterior resulta relevante, ya que la expresión “descuido injustificado” constituye un concepto jurídico indeterminado, con lo cual corresponde a los operadores jurídicos dotar de significado dicha denominación, atendiendo a las circunstancias de cada caso, sin que ello pueda interpretarse como una violación del principio de tipicidad de la sanción.

En efecto, cabe destacar que en situaciones como la presente el legislador debe renunciar a la exhaustividad que implica la descripción de cada una de las conductas que podían considerarse una infracción, siendo necesario optar por el empleo de conceptos generales e indeterminados, cuyos contenidos y significados puedan ser llenados en cada caso concreto.

Así, observamos que desde el punto de vista literal o gramatical la palabra “descuido”  denota “…Omisión, negligencia, falta de cuidado. || Olvido, inadvertencia. ||Desliz, tropiezo vergonzoso…”. Igualmente, el término “injustificado” representa lo opuesto a justificar que consiste en “…probar una cosa con razones convincentes…”. (Vid. Diccionario de la Real Academia Española)

De manera que uniendo ambos términos podemos concluir que un descuido injustificado se refiere a toda conducta u omisión que denote negligencia, falta de cuidado o una inadvertencia que no esté disculpada por razones convincentes o justificadas.

Tales precisiones se relacionan con la controversia, ya que – como se explicó en las líneas que anteceden – la conducta que dio lugar a la calificación de su actuación como un descuido injustificado fue que no remitió oportunamente las copias relacionadas con un recurso de apelación planteado en el Tribunal a su cargo, sin que para ello esgrimiera alguna razón que justificara dicho proceder, lo cual se subsume en el significado gramatical de la causal antes descrita y por ello, debe declararse improcedente la pretendida denuncia de violación al principio de tipicidad. Así se decide.

Refuerza lo expuesto, el hecho de que la mencionada falta de remisión de las copias a la Alzada demoró el trámite de la apelación, lo cual trajo como consecuencia que el demandado en el procedimiento de pensión alimentaria no pudiera salir del país, debido a la prohibición dictada en su contra por la jueza investigada y cuya revisión por la Alzada no pudo realizarse con prontitud, dada la falta de impulso del recurso y en concreto por la aludida tardanza en la remisión de las citadas copias certificadas, lo cual lógicamente conducía a la aplicación de la falta disciplinaria contemplada bajo la denominación de descuido injustificado. Así se decide.

Por último respecto al vicio de inmotivación denunciado en el caso concreto la demandante mencionó, que “…la Resolución Nro. 0116-2010, dictada por la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, en fecha 4 de octubre de 2010, incurre en el vicio de inmotivación, lo que al mismo tiempo se traduce en una vulneración del derecho a la defensa y tutela judicial efectiva, toda vez que omite en forma absoluta cualquier consideración a los argumentos expuestos en el escrito de recurso de reconsideración…”.

          En este contexto, refirió que “…basta leer el contenido del acto impugnado para percatarse que la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial se limitó simplemente a transcribir en la parte narrativa del acto, los principales alegatos esgrimidos por mi persona. Sin embargo, cuando entra a analizar cada una de las denuncias en la parte motiva de la Resolución, omite todo tipo de referencia y análisis de los argumentos esgrimidos en el descargo limitándose a transcribir fragmentos de la recurrida, sin explicar ni desvirtuar la existencia o no de los vicios alegados…”.

Ahora bien, con relación a dicha denuncia advierte la Sala que el acto recurrido sí respondió los alegatos formulados por la accionante con ocasión del recurso de reconsideración. Por lo tanto, el análisis sucinto de los mismos, o, en sentido contrario al propuesto por la recurrente no se traduce en el vicio de inmotivación, tal como lo ha señalado esta Sala en abundante jurisprudencia sobre el tema (Vid. Sentencia de esta Sala N° 1.311 del 26 de julio de 2007). Así se decide.

Paralelamente, se aprecia que la accionante también sostuvo que “…existía falta de pronunciamiento en dos puntos, uno relativo a la invasión jurisdiccional relacionada con la supuesta retención ilegal del cheque dado en garantía como ya se explicó, y, por otra parte, respecto a la inejecutabilidad de la decisión de fondo, que fue objeto de reconsideración…”.

Sobre este aspecto, se aprecia que, a diferencia de lo indicado por la recurrente, el acto impugnado sí se pronunció sobre dicha denuncia en los siguientes términos:

    “…en cuanto al argumento referido a que la aplicación de la sanción de abuso de autoridad por decretar el cien por ciento (100%) del embargo sobre bienes propiedad del demandado en la causa de obligación alimentaria, así como por no devolver  un cheque dado en garantía violaba flagrantemente la independencia judicial al considerar aspectos de índole jurisdiccional, lo cual escapaba al ámbito disciplinario; es oportuno señalar que la determinación de la responsabilidad disciplinaria es de orden público, pues tiene trascendencia social, tal como lo ha señalado la Sala Político Administrativa del máximo Tribunal de la República (ver sentencia N° 00043 del 21 de enero de 2009) y como se desprende de la Constitución (artículo 255), de allí que esa determinación no solo es una potestad sino un deber de este Órgano en el cumplimiento de la función atribuida, que tiene por objeto velar porque los jueces y juezas cumplan estrictamente con sus deberes y con el decoro que exige su ministerio, siendo además importante acotar que es jurisprudencia reiterada de la referida Sala, que ‘la independencia judicial consagrada en el Texto Constitucional, en sus artículos 26 y 254, tiene sus límites, en el sentido de que aun cuando los jueces gozan de independencia frente a otros poderes, ello no significa que sean inmunes, ya que se hallan expuestos a formas de responsabilidad jurídica (civil, penal, disciplinaria y administrativa). En efecto, el reconocimiento del Poder Judicial como un verdadero Poder, implica la responsabilidad  en su ejercicio y por ello que los jueces están sometidos a la supervisión del órgano constitucionalmente creado al efecto. Ahora bien, en el ejercicio de la función disciplinaria sobre los jueces, resulta necesario equilibrar la independencia como valor fundamental del estado de Derecho, con el de la responsabilidad judicial exigida por el artículo 255 de la Carta Magna. En tal sentido la jurisprudencia ha señalado que el examen disciplinario puede implicar la revisión de aspectos jurisdiccionales, siempre limitando su alcance a los fines de no invadir la esfera jurisdiccional…de tal forma que la Comisión de Funcionamiento y reestructuración del Sistema Judicial puede revisar desde el plano disciplinario, la actuación jurisdiccional de los jueces limitando su examen a la idoneidad del funcionario. De allí que la independencia judicial no excluye la potestad de la administración de revisar la responsabilidad disciplinaria judicial, examen que puede implicar la revisión de aspectos jurisdiccionales, pues si bien es cierto que la mayor actividad disciplinaria desempeñada a diario por los jueces/as se desarrolla en el campo jurisdiccional, susceptible de revisión por la alzada, tal circunstancia no impide el control disciplinario por parte de este Órgano de sus actuaciones…”. (Sic)         

          Como puede apreciarse de la anterior transcripción la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial sí se pronunció sobre la referida denuncia relativa “…a la invasión jurisdiccional relacionada con la supuesta retención ilegal del cheque…”.

          De igual forma, se advierte que aun cuando no consta que la decisión recurrida haya hecho referencia al alegato atinente a la  pretendida  “…inejecutabilidad de la decisión de fondo, que fue objeto de reconsideración…”, cabe destacar que la accionante no explicó en qué consistía dicha denuncia ni de qué forma podía incidir en el acto impugnado, lo cual resultaba indispensable a objeto de declarar la nulidad de la actuación recurrida.

Adicionalmente, no se desprende de la lectura del recurso de reconsideración que dicho alegato haya sido formulado, con lo cual mal puede sostenerse la falta de pronunciamiento sobre el mismo, razón por la que se desecha la referida denuncia. Así se decide.

Finalmente, visto que fueron desestimados todos los vicios y alegatos formulados por la recurrente debe declararse sin lugar el presente recurso y, en consecuencia, se confirma la Resolución recurrida. Así se decide.

V

DECISIÓN

Por las razones expuestas, el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Político-Administrativa, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara, SIN LUGAR el presente recurso de nulidad y, en consecuencia, FIRME la Resolución dictada el 20 de julio de 2010, por la COMISIÓN DE FUNCIONAMIENTO Y REESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA JUDICIAL.

Publíquese, regístrese y notifíquese. Devuélvase el expediente administrativo al Tribunal Disciplinario Judicial junto con copia certificada de la presente decisión. Archívese el expediente judicial. Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los diecisiete  (17)  días del mes de junio del año dos mil catorce (2014). Años 204º de la Independencia y 155º de la Federación.

 

 

El Presidente

EMIRO GARCÍA ROSAS

 

 

 

 

 

 

La Vicepresidenta

EVELYN MARRERO ORTÍZ

La Magistrada

MÓNICA MISTICCHIO

TORTORELLA

 

 

 

 

 

 

El Magistrado

EMILIO RAMOS GONZÁLEZ

Ponente

La Magistrada

MARÍA CAROLINA AMELIACH VILLARROEL

 

 

 

 

La Secretaria,

SOFÍA YAMILE GUZMÁN

 

 

 

En dieciocho (18) de junio del año dos mil catorce, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 00972, la cual no está firmada por la Magistrada Evelyn Marrero Ortíz, por motivos justificados.

 

 

 

 La Secretaria,

SOFÍA YAMILE GUZMÁN

 

 

 

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