Venley

Sentencia N.º 0100

Sentencia
N.º 0100
Fecha
14/08/2020
Sala
Constitucional
Expediente
18-0019
Ponente
Carmen Zuleta De Merchan
Procedimiento
Amparo en apelación

MAGISTRADA PONENTE: CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

El 10 de enero de 2018, se recibió ante la Secretaría de esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, oficio número 579/2017 del 12 de diciembre de 2017, proveniente del Tribunal Superior Tercero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, mediante el cual remite el expediente identificado con el alfanumérico DP11-O-2017-000019, contentivo de la acción de amparo constitucional incoada el 29 de noviembre de 2017, por el abogado Manuel Núñez, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 64.416, en su condición de apoderado judicial del ciudadano SENCIÓN FUENTES VARGAS, titular de la cédula de identidad número V-10.765.764, contra el pronunciamiento dictado el 1 de junio de 2017, por el Tribunal Décimo Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la misma Circunscripción Judicial, con ocasión al  recurso de hecho interpuesto por su persona, el 26 de mayo de 2017.

Tal remisión obedece al recurso de apelación ejercido el 8 de diciembre de 2017 por el abogado Manuel Núñez, contra el fallo proferido el 5 de diciembre de 2017, por el Juzgado Superior Tercero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, que declaró inadmisible la acción de amparo constitucional interpuesta.

El 10 de enero de 2018, se dio cuenta en Sala del presente expediente y se designó ponente a la Magistrada Doctora Carmen Zuleta de Merchán, quien con tal carácter suscribe la presente decisión.

El 29 de enero de 2018, el abogado Manuel Núñez, consignó ante la Secretaría de esta Sala escrito mediante el cual esbozó los fundamentos que sustentan su apelación.

El 24 de abril de 2018 y posteriormente el 8 de noviembre de 2019, el apoderado judicial del accionante solicitó se dictara pronunciamiento en la presente causa.

Realizado el estudio individual del expediente, esta Sala pasa a decidir, previas las siguientes consideraciones:

I

ANTECEDENTES

De los alegatos formulados en el escrito libelar y de los recaudos que lo acompañan, se desprende:

El 12 de agosto de 2016, el ciudadano Sención Fuentes Vargas, titular de la cédula de identidad V-10.765.764, interpuso demanda por cobro de indemnizaciones derivadas de enfermedad ocupacional contra la entidad de trabajo Sanitarios Maracay, S.A.

El 19 de octubre de 2016, el Juzgado Décimo Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, admitió la demanda conforme a lo establecido en los artículos 124 y 12 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, y ordenó las notificaciones de la entidad de trabajo demandada Sanitarios Maracay, S.A., la Corporación de Industrias Intermedias de Venezuela, S.A. (CORPIVENSA) y a la República Bolivariana de Venezuela por órgano del Ministerio del Poder Popular para la Industria y Comercio, en la persona del Procurador General de la República, con arreglo a las disposiciones contenidas en los artículos 81 y 82 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Orgánica de la Procuraduría General de la República; a los fines de la celebración de la audiencia preliminar.

El 29 de noviembre de 2016, se practicó la notificación de la entidad de trabajo demandada Sanitarios Maracay, S.A.

El 24 de enero de 2017, se practicó la notificación de Corporación de Industrias Intermedias de Venezuela, S.A., siendo consignada en el expediente el 25 de enero de 2017.

El 22 de febrero de 2017, se notificó a la Procuraduría General de la República, siendo consignada en el expediente en fecha 6 de marzo del 2017.

El 12 de mayo de 2017, el Juzgado Décimo Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, dio por recibidas las resultas del exhorto conferido al Juzgado Trigésimo Sexto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, así consta en autos la materialización de la última de las notificaciones practicadas.

En la misma oportunidad, el juzgado de la causa ordenó nuevamente la notificación de las partes al considerar que operó la pérdida de estadía a derecho de la entidad de trabajo demandada, en virtud del tiempo transcurrido entre cada una de las notificaciones practicadas.

El 17 de mayo de 2017, el abogado Manuel Núñez, actuando en su carácter de apoderado judicial de la parte actora, apeló de la decisión anterior.

Por auto del 19 de mayo de 2017, el juzgado de la causa negó la apelación ejercida.

El 26 de mayo de 2017, el apoderado judicial del accionante interpuso recurso de hecho contra la negativa anterior.

El 1 de junio de 2017, el Juzgado Décimo Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, declaró inadmisible dicho recurso de hecho.

El 29 de noviembre de 2017, el abogado Manuel Núñez, incoó acción de amparo constitucional contra la anterior decisión.

El 5 de diciembre de 2017, el Tribunal Superior Tercero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, declaró Inadmisible la acción de amparo incoada.

II

DE LA ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL

 

De la lectura del escrito contentivo de la pretensión de amparo, la Sala observa que la parte accionante denunció:

Que “la decisión (…) dictada por el Juzgado Décimo Segundo de Sustanciación, Mediación, y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, violó y vulneró el derecho a la defensa, al debido proceso y la tutela judicial de [su] representado, por cuanto el precitado tribunal actuando fuera de su competencia entró a conocer y decidir el Recurso de Hecho interpuesto y dirigido al ‘Ciudadano Juez Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua’. Desconociendo de esa manera los derechos y garantías constitucionales previstas en los artículos 26, 49 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 4 de la ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.”

Que, “[e]n efecto, en fecha 26 de mayo de 2017, interpus[o] por ante la Unidad de Recepción de Documentos (sic) (U.R.D.D.), ubicada en la calle Vargas cruce con Boyacá, Maracay, Estado Aragua, un escrito contentivo del Recurso de Hecho dirigido al ‘Ciudadano Juez Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua’, y que por un error material e involuntario señalé como el Auto recurrido el dictado en fecha 12 de mayo de 2017, siendo lo correcto el Auto recurrido dictado en fecha 19 de mayo de 2017 el cual negó la apelación interpuesta”.

Que, “el hecho de haberlo interpuesto por ante la Unidad de Recepción de Documentos (sic) (U.R.D.D.) ubicada en la calle Vargas cruce con Boyacá, no significa de manera alguna que deba interpretarse que fue interpuesto ‘por ante este Tribunal de Primera Instancia’ como falsamente lo señala la decisión recurrida y proceder luego a decidirlo, a sabiendas que no le correspondía hacerlo, en atención al grado de jurisdicción, es decir, que al interponer el Recurso de Hecho por ante el tribunal de alzada, el Juzgado Décimo Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, perdía jurisdicción sobre la causa, actuando de esa manera fuera de su competencia, con abuso de poder, usurpando y extralimitándose en sus funciones, violando flagrantemente el derecho a la defensa, al debido proceso y la tutela judicial efectiva de [su] representado, consagrados en los artículos 26, 49 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela e incurriendo asimismo, en la violación del artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales”.

Que, “si el ciudadano Juez del Juzgado Décimo Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, interpretó que fue interpuesto por ante el Tribunal de Primera Instancia y consideró que comet[ió] un error procesal, debió entonces remitir el referido Recurso de Hecho a la Unidad de Recepción de Documentos (sic) (U.R.D.D), ubicada en la calle Carabobo cruce con calle Páez de esta ciudad de Maracay, Estado Aragua, a los fines de su distribución entre los diferentes Jueces Superiores del Circuito Judicial Laboral del Estado Aragua y no entrar a conocer y menos decidir su INADMISIBILIDAD (sic), como en efecto lo hizo, actuando fuera de su competencia y violando expresas normas constitucionales referidas al derecho a la defensa, al debido proceso y la tutela judicial efectiva de [su] representado, por lo que la referida decisión deviene nula de nulidad absoluta e inexistente en el mundo jurídico legal, en atención a lo previsto en el artículo 138 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”.

Finalmente solicitó, “que la presente acción de amparo constitucional sea admitida, tramitada y sustanciada conforme a derecho y declarada con lugar, ordenando la restitución de la situación jurídica infringida de la siguiente manera:

PRIMERO: Que se declare la nulidad absoluta de la decisión dictada en fecha primero (1) de junio de 2017.

SEGUNDO: Que se reponga la causa al estado en que se remita el escrito contentivo del Recurso de Hecho interpuesto en fecha 26 de mayo de 2017 contra la decisión de fecha 19 de mayo de 2017, a la Unidad de Recepción de Documentos (sic) (U.R.D.D.), ubicada en la calle Carabobo cruce con la calle Páez, Maracay, Estado Aragua.

TERCERO: Que se distribuya entre los Jueces Superiores del Circuito Judicial Laboral del Estado Aragua, el escrito contentivo del Recurso de Hecho interpuesto en fecha 26 de mayo de 2017, contra el auto de fecha 19 de mayo de 2017, que por error material involuntario señale como fecha 12 de mayo de 2017, por ante la Unidad de Recepción de Documentos (sic) (U.R.D.D.), ubicada en la calle Vargas cruce con la calle Boyacá, Maracay, Estado Aragua, y se le dé el curso legal correspondiente hasta su resolución definitiva”.

III

DE LA DECISIÓN APELADA

El 5 de diciembre de 2017, el Juzgado Superior Tercero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua declaró inadmisible la acción de amparo constitucional interpuesta por el abogado Manuel Núñez, en su carácter de apoderado judicial del ciudadano Sención Fuentes Vargas, conforme a lo establecido en el numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, con base en las siguientes consideraciones:

 

“MOTIVACIONES PARA DECIDIR

Observa este Tribunal, que la presente acción de amparo constitucional fue interpuesta con motivo de la presunta violación los artículos 3, 26, 27, 49 y 257 de la Constitución de la Rep[ú]blica Bolivariana de Venezuela, por haber declarado el juzgado presunto agraviante inadmisible el recurso de hecho.

Solicitan, a través de esta vía, que este Tribunal actuando en Sede Constitucional que ordene la nulidad de la decisión y se ordene la distribución del escrito contentivo del recurso de hecho entre los Juzgados Superiores del Trabajo de esta Circunscripción Judicial.

Ahora bien, debe este Tribunal en sede Constitucional, pronunciarse inicialmente sobre la admisión de la presente acción de amparo, y en tal sentido se precisa:

Que, se hace necesario realizar ciertas precisiones en torno a la causal de inadmisibilidad contenida en el artículo 6, numeral 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, según el cual la acción de amparo resulta inadmisible cuando el accionante dispone de una vía judicial idónea.  
Esta disposición consagra textualmente lo siguiente:


‘Artículo 6.- No se admitirá la acción de amparo:

...omissis...

5.- Cuando el agraviado haya optado por recurrir a las vías judiciales ordinaria (sic) o hecho uso de los medios judiciales preexistentes’.

 

La norma antes transcrita fue interpretada por la Sala Constitucional en su sentencia del 9 de agosto de 2000, caso Stefan Mar C.A., y en la misma se señaló lo siguiente:


‘Constata este Máximo Tribunal que en el fallo apelado, el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua declaró sin lugar el amparo ejercido, fundamentándose en la causal de inadmisibilidad prevista en el numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, según la cual se debían agotar previamente los medios ordinarios conferidos a las partes por las leyes, para poder ejercer la acción de amparo.

En este contexto es menester indicar que la postura que sirve de fundamento al fallo apelado ha sido corregida progresivamente por esta Sala hasta el punto de considerar que la parte actora puede optar entre el ejercicio de la acción de amparo y la vía de impugnación ordinaria (vid sentencia de fecha 15 de febrero de 2000 entre otras); no obstante, para ello debe poner en evidencia las razones por las cuales decidió hacer uso de esta vía -amparo- ya que de lo contrario se estarían atribuyendo a este medio procesal los mismos propósitos que el recurso de apelación, lo cual no ha sido en ningún momento la intención del legislador.’


    Visto lo anterior, se constata que fue consignado recurso de hecho directamente en el expediente donde se produjo la negativa de apelación, lo cual se patentiza fácilmente de las copias certificadas que fueron acompañadas.


   En atención a lo anterior, el juzgado presunto agraviante actuando como primera instancia se pronunció en relación al recurso de hecho declarando su inadmisibilidad.


    Así las cosas, precisa este Tribunal, que siendo que el juzgado presunto agraviante dictó la decisión de fecha 01 de junio de 2017 actuando como primera instancia procedía contra dicha decisión el recurso ordinario de apelación, es decir, tenía la parte presuntamente agraviada como herramienta para corregir los actos presuntamente ejecutados el recurso ordinario de apelación como vía que permitía el restablecimiento de la situación jurídica supuestamente infringida, que está preceptuada la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y en el Código de Procedimiento Civil.

 
     Ahora bien, verifica este Sentenciador en sede Constitucional, que a través del recurso de apelación, pudo conocer esta Alzada de las presuntas violaciones, y de ser demostradas ordenar su corrección.


    Establecido lo antes expuestos
(sic), es decir, que existía una vía ordinaria que permitía el restablecimiento de la situación jurídica supuestamente infringida, y no estar patentizado en modo que le (sic) recurso ordinario de apelación era inidóneo para lograr su pretensión; es forzoso para este Tribunal Superior Primero para el Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, declarar la decisión inadmisibilidad de la acción de amparo interpuesta, conforme a lo previsto en el ordinal 5º del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Así se decide.


                                                       III
                                                DECISIÓN
    Por las razones que fueron expuestas, este Tribunal Superior Tercero del Trabajo para de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, en Sede Constitucional, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: INADMISIBLE la demanda de amparo que incoó el ciudadano SENCIÓN FUENTES, contra la sentencia definitiva proferida en fecha 01 de junio de 2017, en la causa Nº DP11-N-2011-000064, por el por el Juzgado Décimo Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, con sede en Maracay”.

 

IV

      DE LA COMPETENCIA

Debe previamente esta Sala determinar su competencia para conocer de la presente apelación, y a tal efecto observa que conforme al contenido del artículo 25 numeral 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, le corresponde a esta Sala conocer las apelaciones contra las sentencias que recaigan en los procesos de amparo constitucional autónomo dictadas por los tribunales superiores de la República salvo que se incoen contra las proferidas por los tribunales superiores en lo contencioso administrativo.

Ahora bien, en el caso sub iudice la sentencia apelada fue dictada el 5 de diciembre de 2017, por el Juzgado Superior Tercero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, en la acción de amparo incoada contra la actuación del Juzgado Décimo Segundo de Primera Instancia de Sustanciación Mediación y Ejecución del Trabajo de la misma Circunscripción Judicial; motivo por el cual, esta Sala congruente con la disposición mencionada supra, se declara competente para decidir la presente apelación; y así se declara.

V

FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN

 

Mediante escrito presentado ante la Secretaría de esta Sala, el 29 de enero de 2018, el abogado Manuel Núñez, en su carácter de apoderado judicial del ciudadano Sención Fuentes Vargas, esbozó los fundamentos que sustentan su apelación, en los siguientes términos:

“En el presente caso, se interpuso un recurso de apelación contra el auto de fecha 12 de mayo de 2017 dictado por el Juzgado Décimo Segundo de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, que negó dicha apelación. Posteriormente se propuso por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D), ubicada en la calle Vargas cruce con calle Boyacá, Maracay, Estado Aragua, un escrito contentivo de un RECURSO DE HECHO (sic) dirigido al ‘Ciudadano Juez Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua’, pero, en mala hora, por error humano, material e involuntario dicho escrito fue agregado al expediente de la causa principal № DPI l-L-2016-000664, en vez de enviarlo a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D), ubicada en la calle Carabobo cruce con calle Páez, Maracay, Estado Aragua, para su debida distribución entre los diferentes Jueces Superiores del Trabajo de esa Circunscripción Judicial.

Ahora bien, considero que el Juzgado Décimo Segundo de Primera Instancia, Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, incurrió en la aplicación de un ultraformalismo desproporcionado, por cuanto al percatarse del error que se había cometido, debió haber desglosado y remitido el escrito contentivo del recurso de hecho a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.), ubicada en la calle Carabobo cruce con calle Páez para su distribución y asignación al juez Superior del Trabajo por el correspondiente sorteo, y no proceder como en efecto lo hizo a decidir la INADMISIBILIDAD (sic) del precitado RECURSO DE HECHO (sic).

En definitiva, Ciudadanos Magistrados, no puede un juzgado de primera instancia conocer y decidir un recurso de hecho que por el principio Iura Novit Curia y el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, sabe que dicho conocimiento y decisión le corresponde dictarla a un Juzgado Superior”.

 

Finalmente solicitó se revoque la sentencia apelada se declare con lugar la acción de amparo incoada.

VI

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

 

Preliminarmente, debe la Sala pronunciarse sobre la tempestividad de la apelación interpuesta, y al respecto observa:

De las actas que conforman el expediente se aprecia que el pronunciamiento objeto de impugnación fue proferido el 5 de diciembre de 2017, por el Juzgado Superior Tercero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, decisión contra la cual la representación judicial de la parte accionante ejerció recurso de apelación el 8 de diciembre de 2017, de manera que, siguiendo el criterio fijado en sentencia número 501, del 31 de mayo de 2000 (caso: Seguros Los Andes), y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre los Derechos y Garantías Constitucionales, se estima que el recurso ejercido por la parte accionante fue propuesto tempestivamente. Así se declara.

Por otra parte, denota esta Sala que tal como quedó sentado en sentencia número 442 del 4 de abril de 2001 (caso: Estación de Servicios Los Pinos, S.R.L.), habiéndose establecido en la ley un plazo de treinta (30) días para que el tribunal de alzada decida la apelación de la sentencia de amparo constitucional, este plazo debe considerarse como preclusivo para que las partes consignen cualquier escrito relacionado con el caso. En este sentido, de las actas procesales se evidencia que el 29 de enero de 2018, la parte apelante consignó ante la Secretaría de esta Sala Constitucional escrito contentivo de los fundamentos que sustentan su apelación, verificándose que el mismo fue consignado dentro del lapso correspondiente, se considera igualmente tempestivo. Así se decide.

Establecido lo anterior, pasa esta Sala a resolver el presente recurso en los siguientes términos:

Respecto a la acción de amparo ejercida por el abogado Manuel Núñez, en su carácter de apoderado judicial del ciudadano Sencion Fuentes Vargas, se denunció la violación del derecho a la defensa, a la tutela judicial efectiva y al debido proceso, que, según su decir, habrían sido vulnerados por la actuación del Tribunal Décimo Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, al conocer y decidir el recurso de hecho incoado también por el hoy accionante, ante la negativa de admisión de la apelación intentada contra un auto emanado del mismo órgano jurisdiccional el 12 de mayo de 2017, en el cual, se ordenó la notificación de las partes a los fines de llevar a cabo la celebración de la audiencia preliminar, en virtud de la pérdida de estadía a derecho de la entidad de trabajo demandada; cuando tal recurso de hecho debió ser tramitado ante el juzgado superior.

Por su parte, el a quo constitucional declaró inadmisible la acción de amparo de conformidad con lo establecido en el artículo 6 numeral 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, al considerar la existencia de una vía ordinaria que permitiría el restablecimiento de la situación jurídica supuestamente infringida.

Como sustento del recurso de apelación ejercido contra la sentencia que declaró inadmisible la acción de amparo constitucional, esgrime el recurrente, que no existe tal medio de impugnación para atacar el acto lesivo de sus derechos constitucionales, por cuanto es evidente que el Juzgado Décimo Segundo de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, al negar la apelación propuesta contra el auto de fecha 12 de mayo de 2017, había perdido jurisdicción sobre la causa, por tanto, mal podía actuar como primera instancia para entrar a conocer y decidir el propuesto recurso de hecho, extralimitándose en sus funciones y abusando de su poder.

Como se indicara previamente, la decisión cuestionada mediante el ejercicio del recurso de apelación, estimó que la acción de amparo bajo examen resultaba inadmisible por estar incursa dentro de la causal contenida en el artículo 6.5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, de allí que resulte pertinente destacar que la doctrina jurisprudencial pacíficamente asentada por esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, ha extendido su interpretación en el sentido de que debe entenderse que para la admisión de la acción restitutiva sobre derechos y garantías constitucionales, no deben existir medios ordinarios que puedan materializar la pretensión de tutela que aspira el accionante, ello, con el fin de no desvirtuar la naturaleza extraordinaria de la acción de amparo, que debe cohabitar en el ordenamiento jurídico patrio con los medios y recursos procesales existentes. Sobre esta posición esta Sala en la decisión n.° 1.142 de fecha 26 de junio 2001, estableció que:

“Tal y como se ha establecido, uno de los requisitos fundamentales para la admisión de la acción de amparo constitucional es, en principio, que no deben existir medios idóneos para restablecer la situación jurídica infringida o que existiendo se hubieren agotado y los mismos lesionaran, por distintos motivos, los derechos y garantías constitucionales, pues lo contrario permitiría que la acción de amparo fuese utilizada en sustitución de los medios procesales establecidos en nuestro derecho positivo.” (Destacado de este fallo).

 

En sintonía al criterio antes transcrito, esta Sala, en sentencia n.° 2.369 del 23 de noviembre de 2001, dejó asentado lo siguiente:

“...la acción de amparo es inadmisible cuando el agraviado haya optado por recurrir a vías ordinarias o hecho uso de los medios judiciales preexistentes; por argumento a contrario es admisible, entonces, si el agraviado alega injuria constitucional, en cuyo caso el juez debe acogerse al procedimiento y a los lapsos establecidos en los artículos 23, 24 y 26 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, a fin de ordenar la suspensión provisional de los efectos del acto cuestionado. Ahora bien, para que el artículo 6.5 no sea inconsistente es necesario, no sólo admitir el amparo en caso de injuria inconstitucional, aun en el supuesto de que el agraviado haya optado por la jurisdicción ordinaria, sino, también, inadmitirlo si éste pudo disponer de recursos ordinarios que no ejerció previamente. De otro modo, la antinomia interna de dicho artículo autorizaría al juez a resolver el conflicto de acuerdo con las técnicas integrativas de que dispone el intérprete (H. Kelsen, Teoría Pura del Derecho, Buenos Aires, Eudeba, 1953, trad, de Moisés Nilve)” (Resaltado añadido).

 

Bajo este marco referencial, conviene acotar que la violación o amenaza de violación de derechos fundamentales, el urgente restablecimiento de la situación jurídica infringida, la eventual irreparabilidad del daño y la circunstancial inidoneidad e ineficacia de las vías, medios o recursos judiciales preexistentes (ordinarios o extraordinarios) en un caso concreto, son circunstancias determinantes de la admisibilidad y procedencia de una demanda de amparo, por lo que se puede inferir que corresponde al supuesto agraviado la puesta en evidencia en el escrito continente de su demanda de las circunstancias que justifican el uso de esta vía especial de tutela de derechos constitucionales, de lo cual dependerá, en gran medida, el éxito de su pretensión.

En este sentido, del examen del escrito libelar esta Sala pudo advertir que el accionante invocó el agravio a la esfera de sus derechos al haber dirigido un recurso de hecho a un juzgado superior y que este medio recursivo haya sido decidido por un tribunal de primera instancia; no obstante, la decisión del a quo constitucional tomó como fundamento que el fallo impugnado en amparo al ser un dictamen proferido por un tribunal de primera instancia de cognición, este pudo haber sido apelado, aplicando sin mayor análisis la causal de inadmisibilidad contenida en el artículo 6.5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

Ello así, esta Sala denota que hubo por parte del demandante en amparo la postulación lógica de la injuria inconstitucional que lo afectaba, así como la exposición de los motivos por los que acudía a esta vía extraordinaria como medio para solucionar la situación jurídica presuntamente infringida y siendo que, al exponerse claramente la violación de derechos fundamentales a la defensa, debido proceso y tutela judicial efectiva, el urgente restablecimiento de la situación jurídica infringida, la eventual irreparabilidad del daño y la circunstancial inidoneidad e ineficacia de las vías, medios o recursos judiciales preexistentes, pues según su decir, ya el juez identificado como presunto agraviante había perdido la jurisdicción al emitir pronunciamiento acerca de un asunto para lo cual no estaba facultado, ya que el recurso había sido dirigido al tribunal de alzada; estas circunstancias, por demás determinantes, no fueron analizadas por el a quo constitucional, desatendiendo así los criterios que pacíficamente ha sostenido esta Sala respecto a la causal de inadmisibilidad en cuestión, lo cual lleva a  declarar con lugar la apelación interpuesta, y en consecuencia, revocar el fallo apelado. Así se decide.

Si bien, en principio, la declaratoria anterior debería provocar reposición de la causa al estado en que se emita nuevo pronunciamiento sobre la admisión de la presente acción de amparo, no es menos cierto que, el derecho a la tutela judicial efectiva, consagrado en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, prevé no sólo el derecho de acceso a la justicia para la protección de los derechos e intereses, sino a obtener de manera efectiva la tutela de los mismos, lo cual impone a los órganos de administración de justicia funcionar como medios efectivos para la solución de conflictos, de forma transparente y expedita evitando formalismos, dilaciones indebidas o reposiciones inútiles; conscientes de que dicha disposición debe ser analizada a la luz del contenido del artículo 257 constitucional, así como de los derechos a la defensa y al debido proceso previstos en el artículo 49 eiusdem, esta Sala, en aras de garantizar los principios de economía y celeridad que deben regir el proceso de amparo constitucional, vistas las denuncias aquí planteadas, procede a conocer del mérito de la controversia en los siguientes términos:

Previo a cualquier pronunciamiento fondo, esta Sala debe revisar los requisitos de admisibilidad de la acción de amparo interpuesta y, a tal efecto, observa que la misma no está incursa en ninguna de las causales de inadmisibilidad previstas en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, al mismo tiempo que la solicitud ha cumplido con los requisitos contenidos en el artículo 18 ibídem.

Asimismo, se observa que la demanda de amparo no se encuentra incursa en las causales de inadmisibilidad establecidas en el artículo 133 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Así se decide.

Seguidamente, procede esta Sala a verificar si en el presente caso es procedente la declaratoria de mero derecho para su resolución, en los siguientes términos:

En sentencia n.° 993 del 16 de julio de 2013 (caso: Daniel Guédez Hernández), esta Sala Constitucional sentó criterio vinculante respecto a la procedencia in limine litis de acciones de amparo constitucional interpuestas contra decisiones judiciales, cuando el asunto fuere de mero derecho, al respecto señaló:

“…En la sentencia N° 7, del 1° de febrero de 2000 (caso: José Amado Mejía), la Sala ajustó a la nueva Carta Magna el procedimiento de amparo constitucional, de la siguiente manera:

[…]2.- Cuando el amparo sea contra sentencias, las formalidades se simplificarán aún más y por un medio de comunicación escrita que deberá anexarse al expediente de la causa donde se emitió el fallo, inmediatamente a su recepción, se notificará al juez o encargado del Tribunal, así como a las partes en su domicilio procesal, de la oportunidad en que habrá de realizarse la audiencia oral, en la que ellos manifestarán sus razones y argumentos respecto a la acción. Los amparos contra sentencias se intentarán con copia certificada del fallo objeto de la acción, a menos que por la urgencia no pueda obtenerse a tiempo la copia certificada, caso en el cual se admitirán las copias previstas en el artículo 429 del Código Procedimiento Civil, no obstante en la audiencia oral deberá presentarse copia auténtica de la sentencia.

Las partes del juicio donde se dictó el fallo impugnado podrán hacerse partes, en el proceso de amparo, antes y aún dentro de la audiencia pública, mas no después, sin necesidad de probar su interés. Los terceros coadyuvantes deberán demostrar su interés legítimo y directo para intervenir en los procesos de amparo de cualquier clase antes de la audiencia pública.

La falta de comparecencia del Juez que dicte el fallo impugnado o de quien esté a cargo del Tribunal, no significará aceptación de los hechos, y el órgano que conoce del amparo, examinará la decisión impugnada.

Se mantuvo en dicha interpretación el criterio de la sentencia de la entonces Corte Suprema de Justicia, N° 644, del 21 de mayo de 1996, con ponencia del Magistrado emérito Doctor Humberto J. La Roche, mediante la cual se declaró la nulidad del artículo 22 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, por ser contrario a lo que disponía el único aparte del artículo del 49 y la última parte del artículo 68, ambos de la Constitución de 1961. Desde entonces, se instauró un procedimiento en el cual, una vez admitida la solicitud de amparo constitucional incoada contra cualquier hecho, acto u omisión proveniente de un particular, órganos del Poder Público nacional, Estadal o Municipal, o contra una decisión judicial, se debe realizar una audiencia oral en la que se va a debatir todos aquellos hechos que conforman la controversia y evacuar, en caso, de haberse promovidos, los medios de pruebas que sustentan los alegatos de las partes involucradas en la acción de amparo.

De modo que, la celebración de la audiencia oral en el procedimiento de amparo se hizo rutinaria para hacer prevalecer el derecho de la defensa y oír a las partes y a los terceros interesados.

Por lo tanto, la exigencia de la celebración de la audiencia oral, a juicio de la Sala en realidad se justifica en aquellos procedimientos de amparo constitucional en los cuales debe oírse ineludiblemente a las partes intervinientes, lo que coincide además con lo señalado en el artículo 49.3 constitucional que establece: ‘[t]oda persona tiene derecho a ser oída en cualquier clase de proceso’. Sin embargo, en los casos en los cuales se interponga una demanda de amparo contra una decisión judicial, la Sala estableció que la falta de comparecencia a la audiencia oral del Juez o de los Jueces que dictaron la sentencia considerada como lesiva no significa la aceptación de los hechos, toda vez que el pronunciamiento judicial adversado se basta por sí solo para contradecir los alegatos plasmados en la solicitud de amparo, por lo que el derecho a la defensa de dichos funcionarios judiciales, en este supuesto, no se encuentra cercenado.

Reinterpretando estos conceptos de cara a la Constitución Nacional de 1961 y a la vigente Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, debemos señalar que a diferencia de la derogada Constitución Nacional (1961) que concebía el amparo como una acción procesal conforme al artículo 49 que establecía: ‘[l]os Tribunales ampararán a todo habitante de la República en el goce y ejercicio de los derechos y garantías que la Constitución establece, en conformidad con la ley. El procedimiento será breve y sumario, y el juez competente tendrá potestad para restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida’; la vigente Constitución de la República Bolivariana de Venezuela además de considerar el amparo en su aspecto procesal como una acción, lo considera también como un derecho al señalar en el artículo 27, lo siguiente:

Todos tienen derecho a ser amparados por los tribunales en el goce y ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, aun de aquéllos inherentes a la persona que no figuren expresamente en esta Constitución o en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos.

El procedimiento de la acción de amparo constitucional será oral, público, breve, gratuito y no sujeto a formalidad, y la autoridad judicial competente tendrá potestad para restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida o la situación que más se asemeje a ella. Todo tiempo será hábil y el tribunal lo tramitará con preferencia a cualquier otro asunto.

La acción de amparo a la libertad o seguridad podrá ser interpuesta por cualquier persona, y el detenido o detenida será puesta bajo la custodia del tribunal de manera inmediata, sin dilación alguna.

El ejercicio de este derecho no puede ser afectado, en modo alguno, por la declaración del estado de excepción o de la restricción de garantías constitucionales.

De modo que, es la inmediatez y el restablecimiento de la situación jurídica infringida lo que debe prevalecer en la ponderación con otros derechos constitucionales de igual rango como lo sería el derecho a la defensa.

Así pues, tanto la acción de amparo como el derecho al amparo llevan implícita la celeridad y el restablecimiento inmediato de la situación jurídica lesionada constitucionalmente, razón por la cual el artículo 27 constitucional, conforme con el artículo 1 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, refieren que la autoridad judicial competente tendrá la potestad para restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida o la situación que más se asemeje a ella; de allí que pueda o no hacerse exigible el contradictorio en el procedimiento de amparo, dependiendo ello del hecho de que el juez constitucional estime el procedimiento más conveniente para el restablecimiento inmediato de la situación jurídica infringida que es lo medular en la vía del amparo; si ello no fuese así, el amparo carecería de eficacia. Por lo tanto, cuando el mandamiento de amparo se fundamente en un medio de prueba fehaciente constitutivo de presunción grave de la violación constitucional, debe repararse inmediatamente, en forma definitiva, y sin dilaciones la situación infringida, sin que se haga necesario abrir el contradictorio, el cual, sólo en caso de duda o de hechos controvertidos, justificará la realización de una audiencia oral contradictoria. Si ello no fuera así se desvirtuaría la inmediatez y eficacia del amparo.

En efecto, existen situaciones de mero derecho o de tan obvia violación constitucional que pueden ser resueltas con inmediatez y sin necesidad del previo debate contradictorio porque se hace obvia igualmente la situación jurídica infringida; ¿por qué demorar entonces la restitución de los derechos constitucionales infringidos?

La Sala considera que el procedimiento de amparo constitucional, en aras de la celeridad, inmediatez, urgencia y gravedad del derecho constitucional infringido debe ser distinto, cuando se discute un punto netamente jurídico que no necesita ser complementado por algún medio probatorio ni requiere de un alegato nuevo para decidir la controversia constitucional. En estos casos, a juicio de la Sala, no es necesario celebrar la audiencia oral, toda vez que lo alegado con la solicitud del amparo y lo aportado con la consignación del documento fundamental en el momento en que se incoa la demanda, es suficiente para resolver el amparo en forma inmediata y definitiva.

Así pues, la Sala considera que la celebración de la audiencia oral en estos tipos de acciones de amparo constitucional, en las que se planteen la resolución de puntos de mero derecho, sería antagónico con lo señalado en el artículo 27 de la Carta Magna, que establece que: el ‘procedimiento de amparo constitucional será oral, público, breve, gratuito y no sujeto a formalidad, y la autoridad judicial competente tendrá potestad para restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida o la situación que más se asemeje a ella’ (destacado de este fallo); debido a que el Juez constitucional debe esperar, aun cuando cuenta con todo lo necesario en autos para dictar la decisión de fondo en forma inmediata, la celebración de la audiencia oral que no va a aportar nada nuevo a la controversia. Se trataría, entonces, de una audiencia inútil o redundante que crearía una dilación innecesaria en el procedimiento de amparo incompatible con su naturaleza.

Ejemplo de ello sería el caso en el cual se interponga una demanda de amparo contra una decisión judicial, firme, que condenó a un ciudadano a la ejecución de una pena de muerte o a cumplir una pena de prisión de cuarenta años. En estos supuestos, esperar la celebración de la audiencia oral para resolver el mérito de la controversia planteada, atentaría contra la posibilidad de la restitución inmediata de la situación jurídica infringida, ya que bastaría, con la sola interposición del amparo y la consignación de la copia de la decisión adversada, que el Juez constitucional concluyera ipso iure, por tratarse el asunto de un punto de mero derecho, que toda condena de muerte o la aplicación de una pena que exceda de treinta años es contrario a lo que disponen los artículos 43 y 44.3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, respectivamente.

De modo que, condicionar la resolución del fondo del amparo a la celebración de la audiencia oral sería inútil en aquellos casos en los cuales se intenta el amparo contra una decisión judicial por un asunto de mero derecho o de obvia violación constitucional, toda vez que ello ocasionaría la violación del derecho a la tutela judicial efectiva prevista en el artículo 26 eiusdem, que se concreta en materia de amparo constitucional en el artículo 27 ibidem, debido a que el Estado no garantizaría, en estos casos, una justicia ‘expedita’.

Por lo tanto, a pesar de que en anterior oportunidad la Sala, con base en la necesidad de celebrar la audiencia oral contradictoria, negó una solicitud de declaratoria de mero derecho en un procedimiento de amparo (vid. sentencia N° 988 del 15 de octubre de 2010, caso: Clarense Daniel Rusian Pérez), se impone en el presente caso un complemento de la sentencia N° 7/2000 y se establece, con carácter vinculante, que, en las demandas de amparos en las cuales se ventile la resolución de un punto de mero derecho, el Juez constitucional podrá, en la oportunidad de la admisión de la solicitud de amparo, decretar el caso como de mero derecho y pasar a dictar, sin necesidad de convocar y celebrar la audiencia oral, la decisión de fondo que permita restablecer inmediatamente y en forma definitiva la situación jurídica infringida o la situación que más se asemeje a ella. Así se establece.

Ahora bien, la Sala, tomando en cuenta la anterior doctrina procede a verificar si, en el caso bajo estudio, lo alegado por la representación del Ministerio Público se refiere a la resolución de un punto de mero derecho y, a tal efecto, observa:

[…]

Ahora bien, la Sala precisa que el presente caso versa exclusivamente sobre un punto de mero derecho, esto es, sobre la aplicabilidad o no, en el proceso penal primigenio, de la prerrogativa del antejuicio de mérito establecida en el artículo 266.3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, no siendo necesario, a los fines de la resolución de fondo de la controversia, la convocatoria y sucedánea celebración de la audiencia oral, toda vez que lo señalado en la solicitud de amparo y el contenido del expediente penal original que consignó la parte actora, constituyen elementos suficientes para que la Sala se pronuncie inmediatamente sobre el fondo de la presente controversia, dado que las partes y los terceros involucrados no aportarían nada nuevo en esa audiencia oral. Además, la Sala destaca que parte de las actas del presente expediente constan todas las actuaciones originales (consignadas por la quejosa) de la causa penal primigenia, lo que permiten a esta máxima instancia constitucional, sin lugar a ninguna duda, decidir el amparo en esta misma oportunidad. Así se declara…”.

 

Así pues, conforme a lo expuesto la presente causa versa sobre un asunto de mero derecho, al tratarse de la acción de amparo ejercida contra la sentencia dictada por un tribunal de primera instancia que conociendo sobre un recurso de hecho lo declaró inadmisible; razón por la cual, no existen elementos nuevos o controversias que deban dilucidarse entre el agraviado y un tercero, en consecuencia, la Sala decidirá la presente acción de amparo constitucional en esta oportunidad, prescindiendo de la audiencia oral y pública. Así se decide.

De manera que, esta Sala Constitucional, en cumplimiento de sus deberes de protección a la supremacía, integridad y eficacia de los principios y normas constitucionales, así como de resguardo a la uniformidad en su interpretación, procede, con fundamento en los artículos 2, 257, 334 y 335 constitucionales y 11 del Código de Procedimiento Civil, al examen del acto jurisdiccional que fue objeto de tutela constitucional, para verificar, si ocurrió un desconocimiento de los precedentes de esta Sala referidos al contenido del derecho a la defensa y al debido proceso, que pudiera significar una violación al orden constitucional.

Aunado a lo anterior, resulta significativo acotar, que en el presente asunto se intentó acción de amparo contra una sentencia proferida por un tribunal de primera instancia de conocimiento, de allí que se considere pertinente traer a colación la disposición contenida en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en la que se prevé que: “[i]gualmente procede la acción de amparo cuando un Tribunal de la República, actuando fuera de su competencia, dicte una resolución o sentencia u ordene un acto que lesione un derecho constitucional. En estos casos, la acción de amparo debe interponerse por ante un Tribunal Superior al que emitió el pronunciamiento, que decidirá en forma breve, sumaria y efectiva”.

La disposición normativa transcrita establece los requisitos de procedencia de la acción de amparo contra sentencias judiciales, a saber: a) que el juez que originó el acto presuntamente lesivo haya incurrido en una grave usurpación de funciones, b) que haya actuado con abuso de poder y c) que tal proceder ocasione la violación de un derecho constitucional.

En tal sentido, esta Sala ha sido reiterativa en señalar que la solicitud de amparo incoada con base en lo dispuesto en el citado artículo 4 debe señalar no solo la actuación fuera de su competencia del órgano jurisdiccional, sino que además debe indicar de qué manera dicha actuación vulnera derechos constitucionales del accionante. Este ha sido el criterio jurisprudencial de esta Sala, que conduce a afirmar que el amparo contra decisiones judiciales no es un medio para replantear ante un órgano jurisdiccional un asunto ya decidido por otro mediante sentencia firme, por cuanto el juez de amparo no actúa como una nueva instancia sino como juzgador de la constitucionalidad de la actuación jurisdiccional (vid. sentencia n.° 1.745 del 31 de julio de 2002).

Observa esta Sala, que para la resolución del asunto de autos, se requiere atender al contenido de las normas relativas al trámite del recurso de hecho, siendo que por remisión analógica contenida en el artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, debe observarse concretamente lo estipulado en el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, en el que se dispone que:

“Artículo 305. Negada la apelación, o admitida en un solo efecto, la parte podrá recurrir de hecho, dentro de cinco días, más el término de la distancia, al Tribunal de alzada, solicitando que se ordene oír la apelación o que se la admita en ambos efectos y acompañará copia de las actas del expediente que crea conducentes y de las que indique el Juez si éste lo dispone así. También se acompañará copia de los documentos o actas que indique la parte contraria, costeándolos ella misma. El auto que niegue la apelación o la admita en un solo efecto, fijará el término de la distancia, si fuere procedente, a los efectos del recurso de hecho”.

 

Al respecto debe indicarse, que el ejercicio del recurso de hecho, tiene como finalidad enervar los efectos de un pronunciamiento judicial denegatorio de la admisión de la apelación, o en aquellos casos donde el mismo debía ser oído en ambos efectos y lo fue en el solo efecto devolutivo. Entendido de este modo, tal medio de impugnación se constituye como garantía procesal del recurso de apelación, permitiéndole a los justiciables satisfacer la garantía del doble grado de jurisdicción, teniendo por objeto la revisión del juicio o dictamen emitido por el juez de la causa, en torno a la admisibilidad del recurso ejercido.

En el caso sub lite, del análisis de los argumentos planteados por el recurrente, y el contenido del pronunciamiento impugnado, se observa que el recurso de hecho planteado tiene como fundamento la negativa del Tribunal Décimo Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, de oír la apelación ejercida por el abogado Manuel Núñez, contra el auto dictado por el mencionado órgano jurisdiccional el 12 de mayo de 2017, que ordenó la notificación de las partes en virtud de la pérdida de estadía a derecho.

En efecto, de la revisión de las actas procesales se constata que cursante a los folios 18 al 23, corre inserto escrito contentivo del recurso de hecho ejercido por la representación judicial del hoy accionante, el cual fue recibido por la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos del Circuito Judicial Laboral del Estado Aragua el 26 de mayo de 2017, y el mismo se encuentra expresamente dirigido al “Juez Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua”.

Así, es evidente que de acuerdo a lo aducido por el apoderado judicial de la parte accionante, el juzgado de primera instancia al entrar a conocer y decidir sobre un asunto que no estaba siendo sometido a su conocimiento, actuó manifiestamente fuera de su competencia legalmente establecida, toda vez que conforme a las disposiciones señaladas supra, correspondía al juzgado superior pronunciarse sobre la procedencia de tal medio recursivo.

Aunado a ello, constata esta Sala que en el caso sub examine se suscitó un caso típico de “desorden procesal”, situación esta contraria al debido proceso y a una transparente administración de justicia.

Sobre este particular, en sentencia n° 2821/2003, recaída en el caso: José Gregorio Rivero Bastardo, esta Sala estableció:

“…En sentido estricto el desorden procesal, consiste en la subversión de los actos procesales, lo que produce la nulidad de las actuaciones, al desestabilizar el proceso, y que en sentido amplio es un tipo de anarquía procesal, que se subsume en la teoría de las nulidades procesales.

Stricto sensu, uno de los tipos de desorden procesal no se refiere a una subversión de actos procesales, sino a la forma como ellos se documenten. Los actos no son nulos, cumplen todas las exigencias de ley, pero su documentación en el expediente o su interconexión con la infraestructura del proceso, es contradictoria, ambigua, inexacta cronológicamente, lo que atenta contra la transparencia que debe regir la administración de justicia, y perjudica el derecho de defensa de las partes, al permitir que al menos a uno de ellos se le sorprenda (artículos 26 y 49 constitucionales).

En otras palabras, la confianza legítima que genere la documentación del proceso y la publicidad que ofrece la organización tribunalicia, queda menoscabada en detrimento del Estado Social de derecho y de justicia.

Ejemplos del ‘desorden’, sin agotar con ello los casos, pueden ser: la mala compaginación en el expediente de la celebración de los actos, trastocando el orden cronológico de los mismos; la falta o errónea identificación de las piezas del expediente o del expediente mismo; la contradicción entre los asientos en el libro diario del Tribunal y lo intercalado en el expediente; la contradicción entre los días laborales del almanaque tribunalicio y los actos efectuados en días que no aparecen como de despacho en dicho almanaque; la dispersión de varias piezas de un proceso, en diferentes tribunales; la ausencia en el archivo del Tribunal de piezas del expediente, en determinados juicios; el cambio de las horas o días de despacho, sin los avisos previos previstos en el Código de Procedimiento Civil (artículo 192); la consignación en el cuaderno separado de actuaciones del cuaderno principal, y viceversa; la actividad en la audiencia que impide su correcto desarrollo (manifestaciones, anarquía, huelga, etc.)

Se trata de situaciones casuísticas donde el juez, conforme a lo probado en autos, pondera su peso sobre la transparencia que debe imperar siempre en la administración de justicia y sobre la disminución del derecho de defensa de los litigantes y hasta de los terceros interesados, y corrige la situación en base a esos valores, saneando en lo posible las situaciones, anulando lo perjudicial, si ello fuere lo correcto.

Otro tipo de desorden procesal, ocurre cuando sobre un mismo tema decidendum, existen varios procesos inacumulables, sustanciándose por separado varias causas conexas que en cierta forma incide la una sobre la otra, instruidas por procedimientos distintos, que puedan provenir de acciones diversas (ordinarias, especiales, amparos, etc.).

Esta profusión de causas, con sentencias contradictorias, y por ello inejecutables provenientes de los diversos juicios, conlleva a la justicia ineficaz; y ante tal situación –igualmente casuística- un Tribunal Superior capaz de resolver un conflicto de competencia entre los jueces involucrados que conocen los distintos procesos, debe ordenar y establecer los procesos, señalando un orden de prelación de las causas en cuanto a su decisión y efectos, pudiendo decretar la suspensión de alguna de ellas, así como la liberación de bienes objeto de varias medidas preventivas surgidas dentro de las diversas causas. Se trata de una orden judicial saneadora, que atiende al mantenimiento del orden público constitucional, ya que la situación narrada atenta contra la finalidad del proceso y la eficacia de la justicia.

Dentro de esta categoría de desorden procesal, puede incluirse el caso en que las apelaciones sobre varias decisiones que se dictan en un proceso y que tienen entre sí relación, al ser oídas se envíen a diferentes jueces de alzada, surgiendo la posibilidad de fallos contradictorios, o de lapsos que pueden correr ante tribunales distintos, haciendo que coincidan en el mismo día y hora, actos a realizarse en la alzada.

Los dos tipos reseñados requieren que el proceso sea ordenado, sea saneado en sus vicios constitucionales que conducen a la justicia ineficaz, opaca y perjudicial al derecho de defensa.

Ahora bien, los correctivos del desorden procesal, solo pueden utilizarse –tanto de oficio como a petición de parte, ya que el desorden también perjudica al sentenciador- cuando objetivamente conste en autos o en la audiencia tal situación, hasta el punto que ella puede fijarse válidamente como fundamento de la nulidad o de la orden saneadora…”.

 

Siguiendo los criterios establecidos, se observa que en el caso sub iudice el desorden procesal se produjo cuando el Tribunal Décimo Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, declaró inadmisible el recurso de hecho interpuesto; cuando lo correcto era ordenar el desglose del escrito de la causa principal y su posterior remisión a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos, a los fines de su distribución ante los tribunales de alzada; lo cual tampoco fue observado por el tribunal de alzada cuando conoció en sede constitucional.

En consecuencia, ante las erradas actuaciones tanto del Tribunal Décimo Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, así como del Tribunal Superior Tercero del Trabajo de la misma Circunscripción Judicial, que por desconocimiento o falta de aplicación de los precedentes vinculantes establecidos por esta Sala Constitucional en cuanto al contenido y alcance del derecho a la defensa y el debido proceso, que permitió la conculcación del orden público constitucional, se declara procedente in limine litis el amparo incoado por el ciudadano Sención Fuentes Vargas; en consecuencia, se anula la decisión dictada por el mencionado juzgado de primera instancia el 1 de junio de 2017, y se repone la causa al estado procesal en que dicho juzgado de primera instancia, desglose el escrito del recurso de hecho ejercido por el hoy accionante y lo remita sin demora alguna a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos del Circuito Judicial del Trabajo de la misma Circunscripción, para su distribución ante los juzgados superiores a fin de dar continuidad al trámite del proceso, en el juicio que por cobro de indemnizaciones derivadas de enfermedad ocupacional incoara el ciudadano Sención Fuentes Vargas, contra la entidad de trabajo Sanitarios Maracay, S.A. Así se declara.

VII

DECISIÓN

 

Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República, por autoridad de la ley, declara:

PRIMERO: CON LUGAR el recurso de apelación ejercido el 8 de diciembre de 2017, por el ciudadano Sención Fuentes Vargas.

SEGUNDO: REVOCA la sentencia proferida el 5 de diciembre de 2017, por el Juzgado Superior Tercero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua que declaró inadmisible la demanda de amparo incoada, con fundamento en el artículo 6.5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

TERCERO: DE MERO DERECHO la resolución de la presente acción de amparo constitucional.

CUARTO: PROCEDENTE IN LIMINE LITIS la acción de amparo constitucional ejercida por el ciudadano Sención Fuentes Vargas.

QUINTO: ANULA el acto jurisdiccional dictado el 1 de junio de 2017, por el Juzgado Décimo Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua; en consecuencia, REPONE la causa al estado procesal en que el referido juzgado de primera instancia, desglose el escrito del recurso de hecho ejercido por el hoy accionante y lo remita sin demora alguna a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos del Circuito Judicial del Trabajo de la misma Circunscripción, para su distribución ante los juzgados superiores a fin de dar continuidad al trámite del proceso, en el juicio que por cobro de indemnizaciones derivadas de enfermedad ocupacional incoara el ciudadano Sención Fuentes Vargas, contra la entidad de trabajo Sanitarios Maracay, S.A.

Regístrese y publíquese. Remítase el expediente al tribunal de origen y copia certificada del presente fallo, al Juzgado de Décimo Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua. Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada, en el Salón de Sesiones del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, en Caracas, a los 14  días del mes de agosto  de dos mil veinte (2020). Años: 209° de la Independencia y 161° de la Federación.

El Presidente,

 

 

 

 

JUAN JOSÉ MENDOZA JOVER

 

 

 

Vicepresidente, 

 

 

ARCADIO DELGADO ROSALES

 

 

 

 

 

Los Magistrados,

 

 

 

 

 

CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

                      (Ponente)

 

 

 

 

GLADYS M. GUTIÉRREZ ALVARADO

 

 

 

CALIXTO ORTEGA RÍOS     

 

 

 

LUIS FERNANDO DAMIANI BUSTILLOS

 

                  

 

LOURDES BENICIA SUÁREZ ANDERSON

 

La Secretaria,

 

 

MÓNICA ANDREA RODRÍGUEZ FLORES

 

 

18-0019

CZdeM

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