Venley

Sentencia N.º 01014

Sentencia
N.º 01014
Fecha
10/08/2004
Sala
Político Administrativa
Expediente
2004-0477
Ponente
Levis Ignacio Zerpa
Procedimiento
Consulta

MAGISTRADO PONENTE: LEVIS IGNACIO ZERPA

Exp. N° 2004-0477

 

El Juzgado Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, mediante Oficio N° 1150-04 de fecha 19 de mayo de 2004, remitió a esta Sala el expediente contentivo de la solicitud de calificación de despido formulada por los abogados Aquiles Blanco Romero, Andrés Troconis González, Aracelis Garfido Medina, Félix Edmundo Rodríguez Martínez, Nuris Elena Medina Rivero y Santiago Zerpa Martín, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 21.181, 26.779, 70.748, 32.072, 30.481 y 33.895, respectivamente, actuando en su carácter de apoderados judiciales del ciudadano MANUEL ANTONIO PACHECO GONZÁLEZ, titular de la cédula de identidad Nº 10.292.141, contra la sociedad mercantil INTEVEP, S.A., inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda en fecha 31 de mayo de 1979, bajo el Nº 15, Tomo 65-A Segundo, cuya última modificación quedó registrada en fecha 17 de agosto de 1999, bajo el Nº 17, Tomo 227-A-Sgdo; dicha remisión fue efectuada a los fines de decidir la consulta prevista en los artículos 59 y 62 del Código de Procedimiento Civil, por haber declarado el a quo su falta de jurisdicción respecto de la Administración Pública.

El 01 de junio de 2004, se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado Levis Ignacio Zerpa, a los fines de decidir la consulta.

 

I

ANTECEDENTES

En el escrito presentado ante el extinto Juzgado Primero de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda en fecha 11 de febrero de 2003, los apoderados judiciales del accionante relataron que el 01 de junio de 1998, su representado, de profesión Ingeniero Químico, comenzó a prestar sus servicios para la parte demandada ocupando el cargo de “Profesional 2”, siendo el último salario mensual devengado, la cantidad de dos millones ciento cuarenta y dos mil cien bolívares sin céntimos (Bs. 2.142.100,00). Asimismo, afirmó que en fecha 04 de febrero de 2003 mediante un aviso de prensa publicado en el diario “Últimas Noticias”, se le notificó que fue despedido a partir del 31 de enero de 2003, despido que asegura es injustificado,  razón por la cual, solicitó la calificación de su despido, así como su reenganche y en consecuencia, el pago de los salarios caídos.

            Por auto de fecha 19 de febrero de 2003, el Juzgado Primero de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, admitió la presente solicitud, ordenando en consecuencia, el emplazamiento de la sociedad mercantil demandada y la notificación de la ciudadana Procuradora General de la República, así como el llamado a las partes a los efectos de llevar a cabo un acto conciliatorio, de conformidad con lo establecido en el artículo 257 del Código de Procedimiento Civil.

Como complemento del auto anterior, el tribunal de la causa ordenó la suspensión de la misma por un lapso de noventa (90) días continuos, practicada como fuere la notificación de la Procuraduría General de la República, de conformidad con lo previsto en el artículo 94 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, vencido el cual, comenzaría a correr el lapso de los cinco (5) días de despacho a los efectos de dar contestación a la causa.

Por oficio Nº G.G.L.-A.A.A. 009887 de fecha 21 de agosto de 2003, suscrito por el Gerente General de Litigio de la Procuraduría General de la República, actuando por delegación de la ciudadana Procuradora General de la República, ratificó la suspensión del proceso en los términos establecidos en el artículo 94 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

En virtud de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, el 10 de diciembre de 2003, el Juzgado Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo del Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, se abocó al conocimiento de la causa, ordenando la notificación de las partes y de la Procuraduría General de la República, en los términos establecidos en el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil, así como la suspensión del procedimiento por un lapso de treinta (30) días continuos, de conformidad con el artículo 95 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

Mediante escrito de fecha 21 de abril de 2004, las abogadas Lizbeth Jackson Sequera y Candili Ysslay Quintero, inscritas en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 33.034 y 100.652, respectivamente, actuando en su carácter de apoderadas judiciales de la sociedad mercantil INTEVEP, S.A., filial de PETRÓLEOS DE VENEZUELA, S.A., (PDVSA), opusieron la falta de jurisdicción respecto a la Administración Pública, con base en lo establecido en el artículo 59 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, y la caducidad de la acción propuesta, de conformidad con lo previsto en el artículo 187 eiusdem.

Por oficio Nº G.G.L.- C.A.L. 007237, de fecha 22 de marzo de 2004, el Gerente General de Litigio de la Procuraduría General de la República, actuando por delegación de la ciudadana Procuraduría General de la República, ratificó la suspensión de la causa por el lapso de treinta días continuos, conforme a lo dispuesto en el artículo 95 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

En auto de fecha 04 de abril de 2004, el Juzgado Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, ordenó a la Inspectoría del Trabajo en el Municipio Guaicaipuro del Estado Miranda, informara a ese despacho, si ante dicha inspectoría cursaba expediente contentivo de la solicitud de calificación de despido formulada por el accionante contra la sociedad mercantil demandada, y de ser así, informare el estado en que se encontraba el referido procedimiento, y el envío de copias certificadas de todo el trámite.

Por acta del 05 de mayo de 2004, el juzgado en referencia dejó constancia de haberse llevado la audiencia preliminar, la cual debió ser prolongada para el sexto día hábil siguiente.

En escrito de fecha 05 de mayo de 2004, la representación judicial de la sociedad mercantil demandada ratificó la falta de jurisdicción en los términos opuestos anteriormente.

El 12 de mayo de 2004, fue recibida por el a quo, la información solicitada a la Inspectoría del Trabajo en el Municipio Guaicaipuro del Estado Miranda.

Por auto del 19 de mayo de 2004, estando en la oportunidad fijada para dar continuación a la audiencia preliminar, el Juzgado Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, previa solicitud de las partes, ordenó prolongar nuevamente dicha audiencia para el sexto día hábil siguiente.

Mediante decisión de esa misma fecha, el Juzgado en referencia declaró su falta de jurisdicción en los términos siguientes:

“(...) De la revisión  de las copias certificadas del expediente administrativo Nº 2238-2003, remitidas por la Inspectoría del Trabajo del Municipio Guaicaipuro del Estado Miranda-Ministerio del Trabajo, se evidencia, que el actor de este proceso, ciudadano MANUEL ANTONIO PACHECO GONZÁLEZ, en fecha 25 de febrero de 2003 interpuso solicitud de reenganche y pago de salarios caídos por ante el órgano administrativo arriba identificado, invocando en su beneficio de estar amparado por (sic) siendo admitida dicha solicitud en fecha 12 de abril de 2004, y encontrándose actualmente en la etapa procesal de dictar Providencia Administrativa.

Alegó el aquí demandante ante la Inspectoría del Trabajo, conforme consta de las actas del expediente administrativo que cursa por ante dicho organismo, lo siguiente:

“...Fundamentamos la presente acción en lo previsto por los artículos 93 y 95 de la Constitución Nacional en concordancia con los artículos 450, 451, 453 y 454 de la Ley Orgánica del Trabajo y 248 de su Reglamento, que consagran la Protección de la actividad sindical, dado que mi representado fue despedido sin cumplir con los requisitos consagrados legalmente para aquellos trabajadores que como él..., gozan de la inamovilidad derivada del desempeño de actividades sindicales. Mi representado ... , (sic) es miembro del Sindicato UNIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES PETROLEROS, PETROQUÍMICOS, DE LOS HIDROCARBUROS Y SUS DERIVADOS (UNAPETROL), ...”   

(...) Es sabido que en nuestro ordenamiento jurídico y así lo ha establecido de manera reiterada la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia; que de conformidad con lo preceptuado en los artículos 449, 450, 453 y 454 de la Ley Orgánica del Trabajo, se le atribuye a la Administración Pública por órgano de la Inspectoría del Trabajo el conocimiento de los procedimientos dirigidos a garantizar el fuero sindical de los directivos y promotores de un sindicato.

En este orden de ideas, cabe señalar que corresponde al poder judicial (Tribunales del Trabajo), el conocimiento del procedimiento de Calificación de Despido que protege la estabilidad relativa, estableciendo en los derogados artículos 116 al 124 de la Ley Orgánica del Trabajo; y recogidos actualmente en los artículos 187 y siguientes de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo; en tanto que, la inamovilidad generalmente denominada ‘estabilidad absoluta’ es materia cuyo conocimiento, conforme a la Ley, está atribuido al Inspector del Trabajo.

Conforme al artículo 449 de la Ley Orgánica del Trabajo, el despido de un trabajador que goce de fuero sindical, será calificado por el Inspector del Trabajo, en cuyo caso, como prevé el artículo 454 eiusdem, cuando un trabajador que goce de fuero sindical sea despedido, trasladado o desmejorado sin llenar las formalidades establecidas en el artículo 453 eiusdem (solicitar la autorización correspondiente ante el Inspector del Trabajo de la jurisdicción donde esté domiciliado el sindicato), podrá el Trabajador, dentro de los treinta (30) días continuos siguientes, solicitar ante el Inspector del Trabajo, el reenganche o la reposición a su situación anterior. (...)

(...) Como quiera que en el presente caso nos encontramos ante el mismo supuesto, de un trabajador que alega gozar de inamovilidad por estar investido de fuero sindical, es evidente que el poder judicial no tiene jurisdicción para conocer la presente causa, estando atribuida la jurisdicción al Inspector del Trabajo del Municipio Guaicaipuro del Estado Miranda, todo lo cual así se determinará en la parte dispositiva de este fallo. Así se decide. (...)”

 

En el mismo fallo, el juzgado remitente, en virtud de su declaratoria de falta de jurisdicción, expresó que no tiene materia sobre la cual decidir, con respecto a la caducidad de la acción alegada por la sociedad mercantil demandada.

Para decidir, la Sala observa:

 

II

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN

Disponen los artículos 449, 450 y 453 de la Ley Orgánica del Trabajo, lo siguiente:

“Artículo 449: Los trabajadores que gocen de fuero sindical de acuerdo con lo establecido en esta Sección, no podrán ser despedidos, trasladados o desmejorados en sus condiciones de trabajo, sin justa causa previamente calificada por el Inspector del Trabajo. El despido de un trabajador amparado por fuero sindical se considerará írrito si no han cumplido los trámites establecidos en el artículo 453 de esta Ley.

La inamovilidad consagrada en virtud del fuero sindical se otorga para garantizar la defensa del interés colectivo y la autonomía en el ejercicio de las funciones sindicales.”

     “Artículo 450: La notificación formal que cualquier número de trabajadores, suficiente para constituir un sindicato, haga el Inspector del Trabajo de la jurisdicción de su propósito de organizar un sindicato, coloca a los firmantes de dicha notificación bajo la protección especial del Estado. En consecuencia, desde la fecha de la notificación hasta la de la inscripción del sindicato gozarán de inamovilidad. El Inspector notificará al patrono o patronos interesados el propósito de los trabajadores de constituir el sindicato. La falta de notificación acarreará al funcionario Inspector responsabilidad, de acuerdo con el artículo 636 de esta Ley, pero no afectará el derecho de los trabajadores a la inamovilidad. Esta durará desde la notificación hasta diez (10) días continuos después de la fecha en que se haga o se niegue el registro del sindicato. La solicitud formal de registro del sindicato y la presentación de los documentos constitutivos tendrá que hacerse en un plazo no mayor de treinta (30) días continuos a partir de la fecha de en que se haya informado al Inspector del propósito de constituir el sindicato. El lapso total de inamovilidad no podrá exceder de tres (3) meses.”

“Artículo 453: Cuando un patrono pretenda despedir por causa justificada a un trabajador investido de fuero sindical, o trasladarlo o desmejorarlo en sus condiciones de trabajo, solicitará la autorización correspondiente del Inspector del Trabajo de la jurisdicción donde esté domiciliado el sindicato, en escrito que determine el nombre y domicilio del solicitante y el carácter con el cual se presenta; el nombre y el cargo o función del trabajador a quien se pretende despedir, trasladar o desmejorar, y las causas que se invoquen para ello. (...)”

 

De las normas parcialmente transcritas se evidencia, que sólo podrá despedirse a un trabajador que se encuentre investido de fuero sindical, mediante causa justificada debidamente comprobada por el Inspector del Trabajo, de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 453 antes transcrito.

Por su parte, constata la Sala del análisis de los autos, específicamente los folios 52 y 53 del presente expediente, que el accionante declaró ante la Inspectoría del Trabajo en el Municipio Guaicaipuro del Estado Miranda, que se encontraba investido “de la inamovilidad derivada del desempeño de actividades sindicales”. Y continúan los apoderados judiciales del solicitante aduciendo que su representado es miembro del Sindicato UNIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES PETROLEROS, PETROQUÍMICOS, DE LOS HIDROCARBUROS Y SUS DERIVADOS (UNAPETROL), y que dicha organización sindical se encuentra en la actualidad en proceso de registro ante la Dirección de Inspectoría y Otros Asuntos Colectivos del Trabajo del Ministerio del Trabajo.

Ahora bien, visto que en el caso de autos, ha sido advertida la posible existencia de una causal de inamovilidad, como lo es el hecho de que el trabajador para el momento de producirse el despido, se encontraba investido del fuero sindical, el Poder Judicial no tiene jurisdicción para conocer del presente caso, en virtud de lo dispuesto en el artículo 449 de la Ley Orgánica del Trabajo.

En consecuencia, corresponderá a la Inspectoría del Trabajo determinar si en efecto el accionante estaba amparado por fuero sindical y pronunciarse, de ser procedente, acerca de la solicitud de calificación de despido, reenganche y pago de los salarios caídos incoada. Así se decide.

 

III

DECISIÓN

            Atendiendo a los razonamientos antes señalados, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara que el PODER JUDICIAL NO TIENE JURISDICCIÓN para conocer y decidir la solicitud de calificación de despido, con reenganche y pago de salarios caídos, por los abogados Aquiles Blanco Romero, Andrés Troconis González, Aracelis Garfido Medina, Félix Edmundo Rodríguez Martínez, Nuris Elena Medina Rivero y Santiago Zerpa Martín, actuando en su carácter de apoderados judiciales del ciudadano MANUEL ANTONIO PACHECO GONZÁLEZ, contra la sociedad mercantil INTEVEP, S.A.

En consecuencia, se confirma la decisión consultada de fecha 19 de mayo de 2004, mediante la cual el tribunal remitente declaró su falta de jurisdicción respecto de la Administración Pública.

Devuélvase el expediente al Juzgado Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda.

Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítase copia certificada de la presente decisión a la Inspectoría del Trabajo en el Municipio Guaicaipuro Estado Miranda. Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas a los diez días del mes de agosto del año dos mil cuatro (2004). Años 194º de la Independencia y 145º de la Federación.

 

El Presidente-Ponente,

LEVIS IGNACIO ZERPA

El Vicepresidente,

HADEL MOSTAFÁ PAOLINI

La Magistrada,

YOLANDA JAIMES GUERRERO

La Secretaria,

ANAÍS MEJÍA CALZADILLA

Exp. Nº 2004-0477

En diez (10) de agosto del año dos mil cuatro, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 01014.

La Secretaria,

ANAIS MEJÍA CALZADILLA

 

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