Venley

Sentencia N.º 01054

Sentencia
N.º 01054
Fecha
20/06/2007
Sala
Político Administrativa
Expediente
2002-0931
Ponente
Evelyn Margarita Marrero Ortiz
Procedimiento
Apelación

MAGISTRADA PONENTE: EVELYN MARRERO ORTÍZ

EXP.  N° 2002-0931

 

            Mediante Oficio N° 304/2002 de fecha 16 de septiembre de 2002, el Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, remitió a esta Sala Político-Administrativa el expediente contentivo del recurso de apelación ejercido por el abogado Pedro J. Paulo Carrero, inscrito en el INPREABOGADO bajo el N° 38.540, actuando con el carácter de sustituto de la ciudadana Procuradora General de la República, en representación del FISCO NACIONAL, según consta de instrumento poder autenticado ante la Notaría Pública Undécima del Municipio Libertador del Distrito Capital el 27 de diciembre de 2001, bajo el N° 52, Tomo 313 de los Libros de Autenticaciones llevados por dicha Notaría; contra la sentencia dictada por el referido Tribunal el 10 de mayo de 2002, mediante la cual declaró con lugar el recurso contencioso tributario ejercido por la contribuyente MANUFACTURAS JAYDAN, C.A., sociedad mercantil inscrita ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda en fecha 20 de enero de 1997, bajo el N° 15, Tomo 19-A-SGDO; contra el acto administrativo contenido en la Resolución signada con las letras y números SAT-GRTI-RC-DSA-2001-000023 de fecha 08 de febrero de 2001, emanada de la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Capital del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), por medio del cual se determinó a cargo de la sociedad de comercio contribuyente la obligación de pagar la cantidad total de Ciento Noventa y Tres Millones Sesenta y Tres Treinta Mil Ciento Cincuenta y Siete Bolívares (Bs 193.063.157,oo), en concepto de impuesto sobre la renta y sanciones de multa para el ejercicio fiscal coincidente con el año 1998.

            Según se desprende del auto de fecha 16 de septiembre de 2002, el Tribunal a quo oyó en ambos efectos la apelación ejercida por la representación judicial del Fisco Nacional, remitiendo, en esa misma fecha, el expediente a esta Sala Político-Administrativa.

El 14 de noviembre de 2002  comenzó la relación de la causa.           

            Por auto del 23 de octubre de 2002 se dio cuenta en Sala, se ordenó aplicar el procedimiento de segunda instancia previsto en el Capítulo III del Título IV de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, aplicable ratione temporis, se designó ponente a la Magistrada Yolanda Jaimes Guerrero, y se  fijó el 10° día de despacho para comenzar la relación de la causa.

            En esa misma fecha, los abogados Pedro José Paulo Carrero, José Alfredo Pulido González y Juan Resplandor, el primero de los mencionados abogados antes identificado, y los dos restantes inscritos en el INPREABOGADO bajo los números 39.724 y 25.198, respectivamente, actuando con el carácter de sustitutos de la ciudadana Procuradora General de la República en representación del Fisco Nacional, según se desprende del instrumento poder otorgado ante la Notaría Pública Undécima del Municipio Libertador en fecha 27 de diciembre de 2001, bajo el N° 49, Tomo 313 de los Libros de Autenticaciones llevados por dicha Notaría, consignaron ante esta Sala el escrito de fundamentación de la apelación.

            En fecha 27 de noviembre de 2002 el abogado Héctor Eduardo Rivas Nieto, inscrito en el INPREABOGADO bajo el N° 11.784, actuando con el carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil Manufacturas Jaydan C.A., según consta en instrumento poder autenticado ante la Notaría Pública Sexta del Municipio Libertador del Distrito Capital en fecha 19 de septiembre de 2000, bajo el N° 39, Tomo 109 de los Libros de Autenticaciones llevados por dicha Notaría, presentó ante esta Máxima Instancia el escrito de contestación a la apelación ejercida por la representación fiscal.

            Mediante diligencia de fecha 27 de noviembre de 2002, el apoderado judicial de la contribuyente consignó un escrito de promoción de pruebas y, por auto de esa misma fecha, esta Sala dejó constancia que reservaría el aludido escrito hasta el día 10 de diciembre de 2002.

            El 10 de diciembre de 2002 los apoderados judiciales del Fisco Nacional consignaron un escrito de promoción de pruebas.

            Por auto del 07 de enero de 2003 esta Sala ordenó remitir el expediente al Juzgado de Sustanciación, lo cual  se cumplió el día 14 de enero de ese mismo mes y año.

            Mediante auto de fecha 30 de enero de 2003 el Juzgado de Sustanciación de esta Sala, admitió cuanto ha lugar en derecho, por no ser manifiestamente ilegales ni impertinentes, las pruebas promovidas por la representación fiscal en el Capítulo I de su escrito de promoción de pruebas; mientras que en lo que respecta a las pruebas promovidas en los Capítulos II y III del aludido escrito, dicho Juzgado manifestó que no tenía materia sobre la cual decidir por tratarse de consideraciones que debían valorarse en la sentencia de fondo.

            El 30 de enero de 2003 el  Juzgado de Sustanciación admitió cuanto ha lugar en derecho, por no ser manifiestamente ilegales ni impertinentes, las pruebas documentales promovidas por el apoderado judicial de la sociedad mercantil recurrente en los Capítulos I, II y III de su escrito de promoción.

            Por auto de fecha 19 de marzo de 2003, concluido el lapso de promoción y evacuación de pruebas, se pasó el  expediente a la Sala.

            El 26 de marzo de 2003 se fijó el décimo (10°) día de despacho para que tuviera lugar el acto de informes, de conformidad con lo establecido en el artículo 166 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, aplicable en razón de su vigencia temporal.

            En fecha 03 de abril de 2003 la Secretaría de la Sala revocó por contrario imperio el mencionado auto del  26 de marzo de ese mismo año, toda vez que no correspondía fijar aún la fecha en que se llevaría a cabo el acto de informes, al encontrarse la causa suspendida conforme a lo establecido en el artículo 95 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; razón por la cual se ordenó practicar el cómputo de los días que transcurrieron desde la notificación a la ciudadana Procuradora General de la República; hasta el día en que el Juzgado de Sustanciación remitió el expediente a esta Sala, para que una vez que constase en autos el aludido cómputo se continuara el procedimiento.

            El 03 de abril de 2003 se dejó constancia en autos de haber transcurrido 22 días, desde el día en que se consignó la notificación de la ciudadana Procuradora General de la República, hasta la fecha en que se recibió en esta Sala el  expediente.

            Posteriormente, el 10 de abril de 2003, se fijó el décimo (10°) día de despacho para que tuviera lugar el acto de informes, conforme a lo establecido en el artículo 166 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, aplicable ratione temporis.

            El 14 de mayo de 2003 oportunidad fijada para la celebración del acto de informes, se dejó constancia de la comparecencia de la representación judicial del Fisco Nacional y del abogado Héctor Eduardo Nieto, actuando con el carácter de apoderado judicial de la contribuyente, quienes consignaron sus respectivos escritos de informes. La Sala, previa su lectura por Secretaría, ordenó agregarlos a los autos y, en la misma fecha, se dijo “Vistos”.

            Por diligencia del 07 de octubre de 2003 el apoderado judicial del Fisco Nacional, solicitó a la Sala dictar sentencia en la presente causa.

            En fecha 17 de enero de 2005 se incorporaron a esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, los Magistrados Emiro García Rosas y Evelyn Marrero Ortíz, designados por la Asamblea Nacional el 13 de diciembre de 2004, quedando integrada la Sala por cinco Magistrados, conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley Orgánica del Tribunal  Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, a saber: Presidente, Magistrado Levis Ignacio Zerpa; Vicepresidente, Magistrado Hadel Mostafá Paolini  y Magistrados Yolanda Jaimes Guerrero, Evelyn Marrero Ortíz y Emiro García Rosas.

            El 02 de febrero de 2005 se designó ponente a la Magistrada Evelyn Marrero Ortíz.

            En fecha 7 de febrero de 2007 se eligió la actual Junta Directiva del Tribunal Supremo de Justicia, quedando conformada esta Sala Político-Administrativa de la siguiente manera: Presidenta, Magistrada Evelyn Marrero Ortíz; Vicepresidenta, Magistrada Yolanda Jaimes Guerrero; y Magistrados Levis Ignacio Zerpa, Hadel Mostafá Paolini y Emiro García Rosas.  

            Mediante diligencia del 14 de marzo de 2007 la representación fiscal, solicitó a la Sala dictar sentencia.

            Realizado el estudio de las actas que conforman el expediente, pasa la Sala a decidir con fundamento en las siguientes consideraciones:

 

I

ANTECEDENTES

            En fecha 31 de enero de 2000 los ciudadanos Ana Ascanio y Douglas Pérez, titulares de la cédulas de identidad Nos. 9.432.000 y 6.080.795, quienes se desempeñaban en los cargos de Fiscales Nacionales de Hacienda actuante y Supervisor, respectivamente, adscritos a la División de Fiscalización de la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Capital del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), mediante la Providencia Administrativa  N° GRTI-DF-1052-SIV2-99-4564 del 06 de diciembre de 1999, fueron autorizados para realizar una investigación fiscal, con ocasión de las declaraciones de impuesto sobre la renta presentadas por la sociedad mercantil Manufacturas Jaydan C.A., para los ejercicios fiscales coincidentes con los años 1997 y 1998; fiscalización que culminó con el levantamiento de las Actas Fiscales Nros. GRTI-RC-DF-1052-SIV2-99-4564-000050 y GRTI-RC-DF-1052SIV2-99-4564-000052 y el Acta de Retenciones N° GRTI-RC-DF-1052-SIV2-99-4564-000051, por medio de las cuales se formularon los reparos siguientes:

              ACTA DE REPARO N° 000050

EJERCICIO FISCAL 01-01-97 AL 31-12-97

CONCEPTO

MONTO (Bs.)

Compras sin comprobación satisfactoria.

           

             35.611.878,00

 

Gastos no deducibles por haber enterado con retardo el impuesto retenido.

             

            13.881.982,00

 

          ACTA DE REPARO N° 000051

EJERCICIO FISCAL 01-01-97 AL 31-12-97

CONCEPTO

MONTO (Bs.)

Retenciones efectuadas enteradas con retardo para los períodos de enero, febrero, marzo y abril de 1997.

     

                  265.722,00

           

             ACTA DE REPARO N° 000052

EJERCICIO FISCAL 01-01-98 AL 31-12-98

CONCEPTO

MONTO (Bs).

Omisión de Ingresos Brutos (Venta de Mercancía.

       94.353.793,00

 

Omisión de Ingresos Brutos (Venta de Inmueble.

      

      160.000.000,00

Gastos no deducibles por haber enterado con retardo el impuesto retenido.

 

       303.177.324,00

EN MATERIA DE RETENCIONES

Impuestos enterados con retardo para los períodos de marzo, abril y julio de 1998.

          7.257.151,00

           

            Una vez notificada la contribuyente de las citadas actas fiscales, ésta se allanó conforme a lo previsto en el artículo 145 del Código Orgánico Tributario de 1994, aplicable en razón del tiempo, respecto al ejercicio fiscal 1997, y para el ejercicio fiscal 1998, presentó la respectiva declaración sustitutiva, toda vez que la actuación fiscal de acuerdo a los reparos formulados había determinado un “impuesto a compensar por la cantidad de Bs. 2.772.236,52.”

            En consecuencia, la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Capital del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) al momento de dictar la resolución recurrida, y previo análisis efectuado al Acta Fiscal N° GRTI-RC-DF-1052-SIV2-99-4564-000052, concluyó que en la determinación de oficio efectuada por los funcionarios fiscales autorizados al efecto se había incurrido en un error de cálculo, toda vez que dicha determinación no debió arrojar un impuesto a compensar sino un impuesto a pagar, en razón de lo cual realizó nuevamente la operación aritmética, resultando un impuesto a pagar por la cantidad de Bs. 94.022.368,20.

            Asimismo, la mencionada Gerencia Regional consideró que para el ejercicio fiscal coincidente con el año civil 1998, debían aplicársele a la contribuyente las sanciones de multa que se detallan a continuación:

 

PERÍODO

IMPUESTO DETERMINADO (Bs.)

PORCENTAJE ART. 97 C.O.T.

MULTA  (Bs.)

       1998

    94.022.369,00

         105%

   98.723.487,00

  TOTALES ……                              

    94.022.369.00

 

   98.723.487,00

 

FECHA DE PAGO

IMPUESTO RETENIDO Y ENTERADO CON RETARDO

FECHA PARA ENTERAR

FECHA QUE ENTERO

MULTA ART. 101 C.O.T. (Bs)

Marzo

   2.220.551,00

03-04-98

06-04-98

  111.027,55

Abril

   2.303.230,00

03-05-98

06-05-98

   115.161.50

Julio

   2.733.370,00

04-08-98

06-08-98

      91.112,33

                                  TOTAL……………………………………..

    317.301,38

TOTAL GENERAL IMPUESTO + SANCIONES

193.063.157,oo

           

            En este orden de ideas, la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Capital del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) dictó la Resolución N° SAT-DRTI-RC-DSA-2001-000023 de fecha 08 de febrero de 2001, por medio de la cual se determinó a cargo de la sociedad de comercio contribuyente la obligación de pagar la cantidad total de Ciento Noventa y Tres Millones Sesenta y Tres Treinta Mil Ciento Cincuenta y Siete Bolívares (Bs 193.063.157,oo), en concepto de impuesto sobre la renta y sanciones de multa para el ejercicio fiscal coincidente con el año 1998.

            Igualmente, en la mencionada Resolución se dejó constancia del ajuste voluntario realizado por la contribuyente para el ejercicio fiscal 1997, y de la corrección de errores materiales o de cálculo, con base en las consideraciones siguientes:

         “(…) Del análisis efectuado al Acta Fiscal N° 001152, notificada el 31-01-2000, así como de los documentos y recaudos que conforman el expediente administrativo, se constató la existencia de errores materiales, los cuales pueden ser subsanados en cualquier tiempo por la Administración Tributaria, de acuerdo a lo establecido en el artículo 163 del Código Orgánico Tributario [1994] . (…) Esta corrección que realiza la Administración de sus propios actos se erige como una manifestación mediata de la potestad de autotutela de sus actos. (…) La pura rectificación material de errores de hecho o aritmético no implica una revocación del acto en términos jurídicos. El acto materialmente cuya finalidad es eliminar errores de transcripción o de simple cuenta  con el fin de evitar cualquier posible equívoco. (…) Esta Gerencia Regional, observa que en la referida Acta, el funcionario fiscal actuante incurrió en errores de cálculo, al efectuar la determinación del impuesto correspondiente al ejercicio fiscal 1998”.

            El 04 de abril de 2001 la apoderada judicial de la sociedad mercantil Manufacturas Jaydan C.A., antes identificada,  interpuso ante el Tribunal Superior Primero (Distribuidor) de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el recurso contencioso tributario contra el acto administrativo contenido en la aludida Resolución, fundamentándose en los siguientes alegatos:

            Manifiesta, como punto previo, la incompetencia de la fiscal que levantó las mencionadas actas fiscales y de la funcionaria que suscribió el acto administrativo impugnado.

            Por otra parte, denuncia que la Administración Tributaria al dictar el acto administrativo recurrido, violó el derecho a la defensa y el principio de legalidad tributaria consagrado en el Código Orgánico Tributario de 1994, y que dicho acto adolece del vicio de inmotivación, infringiendo lo previsto en el numeral 5, del artículo 149, eiusdem, habida cuenta que no expresa los motivos fácticos y legales en los cuales se sustentó.

            Con relación a las sanciones impuestas a la empresa contribuyente, aduce que menoscaban el derecho a la libertad económica contemplado en el artículo 96 de la Constitución de la República de Venezuela del año 1961.

            En cuanto al fondo del asunto planteado, la contribuyente admite que los ingresos brutos incluidos en el ejercicio fiscal de 1998, al momento de la fiscalización realizada por la Administración Tributaria, se determinaron a través de las declaraciones del impuesto al consumo suntuario y a las ventas al mayor, los cuales no habían sido reflejados por su representada contablemente para el impuesto sobre la renta, por problemas operativos y administrativos internos.

            Respecto al reparo efectuado por la cantidad de Ciento Sesenta Millones de Bolívares (Bs. 160.000.000,00) por omisión de la venta de un inmueble; señala que esa actuación constituye una directa y flagrante violación del derecho constitucional a la libertad económica, pues conforme a lo establecido en el artículo 96 de la Constitución de la República de Venezuela del año 1961, “todos pueden dedicarse libremente a la actividad de su preferencia, sin mas limitaciones que las previstas en la Constitución y las leyes por razones de seguridad, sanidad u otras de interés social. Cuando ese ejercicio de la actividad lucrativa es impedido o en tal modo obstaculizado que se hace nugatorio, por un acto o hecho que no tenga su fundamento en la Constitución, es obvio que la referida garantía es violada. (…) la arbitraria determinación cuya inconstitucionalidad se denuncia, constituye un atentado a la libertad económica nuestra representada en tanto convierte en insoportablemente difícil su actividad lucrativa, conduciéndola al borde de la cesación de negocios”.

            Aduce, que a la sociedad de comercio recurrente en su condición de agente de retención, la actuación fiscal  “le impide deducir los costos y gastos en que incurrió para producir la renta en el año 1998 hasta por un total de Bs. 303.177.324,00, (…) siendo por tanto la actuación fiscal inconstitucional, al violar el principio de capacidad económica previsto en el artículo 316 de nuestra Constitución Nacional”.

            Por último, la representación judicial de la contribuyente solicita que en el supuesto negado de que se pretenda aplicar a su mandante las sanciones de multas establecidas en la Resolución objeto del recurso contencioso tributario, sean tomadas en cuenta las atenuantes previstas en los numerales 2 , 3 y 4 del segundo aparte del artículo 85 del Código Orgánico Tributario de 1994, aplicable ratione temporis , por cuanto la empresa no ha tenido la intención de causar el hecho imputado, así como tampoco ha violado normas de carácter tributarias durante los tres (3) años anteriores a aquel en que supuestamente cometió la infracción.

 

       II

 DE LA SENTENCIA APELADA

            El 10 de mayo de 2002 el Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, al que le correspondió el conocimiento de la causa, previa distribución, declaró con lugar el recurso contencioso tributario interpuesto por la sociedad mercantil Manufacturas Jaydan C.A., con fundamento en los razonamientos siguientes:

“(…) Observa el Tribunal, que en la determinación del tributo correspondiente al ejercicio 1998, no se cumplió con el procedimiento legalmente establecido:

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 145 del Código Orgánico Tributario aplicable rationae (sic) temporis, una vez concluido el proceso de fiscalización, deberá levantarse un Acta, por la que se emplace al contribuyente a rectificar la declaración presentada y pagar el impuesto resultante, más una multa del 10% del tributo omitido, dentro de un plazo de 15 días.

En caso de no proceder conforme ha sido expresado, se abre la instrucción del Sumario teniendo al efecto el contribuyente, un plazo de 25 días para formular sus descargos y aportar las pruebas para su defensa, conforme (sic) consagra el artículo 146 eiusdem.

Finalmente, conforme dispone el artículo 149 ejusdem, el Sumario ha de concluir con una Resolución, en la que se determinará -si procediere- la obligación tributaria, se consignará circunstancialmente la infracción que se imputa, se señalará la sanción pecuniaria que corresponda y se intimarán los pagos que fueren procedentes.

(…)

Asimismo, a la contribuyente MANUFACTURAS JAYDÁN (sic) C.A., le fue determinada, mediante el Acta Fiscal N° GRTI-RC-DF-1052- SIV2-99-4564-000052, una diferencia de impuesto por compensar, por (Bs. 2.772.236,52), correspondiente al ejercicio 1998.

Es evidente que la contribuyente no tenía que (sic) por qué dar cumplimiento al dispositivo del artículo 145 eiusdem, en el sentido de rectificar su declaración del ejercicio 1998, ni pagar cantidad alguna por diferencia de impuesto o por multa del 10%, puesto que no le fue formulado ningún reparo, sino más bien le fue determinada una diferencia a su favor. Por la misma razón, tampoco tenía, una vez cumplido el plazo de 15 días, por qué hacer descargos, conforme al artículo 145 ejusdem, puesto que el resultado de la fiscalización le había sido favorable.

En el caso de autos, la administración tributaria detectó un presunto error material en el Acta Fiscal N°  GRTI-RC-DF-1052-SIV2-99-4564-000052, correspondiente al ejercicio 1998, y decidió corregirlo, practicando la corrección en una Resolución Culminatoria del Sumario, que es el acto recurrido en el presente juicio, mediante la cual determinó una diferencia de impuesto a pagar de Bs. 94.022.369,oo e impuso además la sanción de multa contemplada en el artículo 97 ejusdem (105%) por Bs. 98.723.487,oo.

(…) 

Conforme ha sido establecido, en la elaboración del acto recurrido se prescindió en forma total y absoluta del procedimiento contemplado en los artículos 144, 145 y 146 del Código Orgánico Tributario de 1944, (sic) aplicable rationae (sic)  temporis al caso de autos, que lo vicia de nulidad absoluta por disposición del artículo 19, numeral 4, de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

El vicio de nulidad por prescindencia total y absoluta del procedimiento legalmente establecido, lesiona igualmente el derecho de la contribuyente al debido proceso, consagrado en el artículo 49 de la Constitución, que comprende asimismo el derecho a la defensa en todo estado y grado del proceso; de manera que, al haberse negado a la contribuyente MANUFACTURAS JAYDAN C.A., el derecho a formular sus descargos a la nueva determinación fiscal surgida de la corrección material, le fue violado un derecho de rango constitucional. Finalmente se declara.

Establecida como ha sido la existencia de un vicio de nulidad absoluta, por ilegalidad e inconstitucionalidad, en el acto recurrido, este Tribunal considera inoficioso entrar al análisis de mérito de los demás hechos que constan en el expediente y de los demás alegatos formulados por las partes. Así se decide.

Respecto de las sanciones pecuniarias impuestas, como accesorios o consecuencias de la determinación que ha sido declarada viciada de nulidad absoluta, corren la misma suerte del acto principal. Igualmente se decide.

(…)          

V

DECISIÓN

Cumplidos como han sido los requisitos legales en el presente juicio, y por las razones que han sido analizadas, este Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Tributario, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley,  declara CON LUGAR el recurso intentado por la contribuyente MANUFACTURAS JAYDAN, C.A., identificada ab initio, contra el acto administrativo de contenido tributario identificado como Resolución (culminación (sic) del sumario) N° SAT-GRTI-RC-DSA-2001-000023 de fecha 08 de febrero de 2001, emanada de la Gerencia Regional de Tributos Internos del Región Capital del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria SENIAT. En consecuencia:

PRIMERO: Se declara la nulidad absoluta de la Resolución (culminación (sic) del sumario) N° SAT-GRTI-RCA-DSA-2001-000023, de fecha 08-02-2001, emanada de la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Capital del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT).

SEGUNDO: De conformidad con el artículo 327 del Código Orgánico Tributario vigente, se condena en costas a la administración tributaria recurrida (Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria SENIAT), por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del monto del recurso, es decir, por la suma de diecinueve millones trescientos seis mil ciento cincuenta y siete bolívares (Bs. 19.306.157,oo).

TERCERO: Notifíquese al superior jerárquico de la funcionaria que suscribió el acto recurrido, a fin de abrir el procedimiento interno respectivo, para resarcir a la República del perjuicio causado por su conducta”.

                                                

III

 FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN FISCAL

            En fecha 14 de noviembre de 2002 los apoderados judiciales del Fisco Nacional, consignaron el escrito de fundamentación de la apelación con base en los razonamientos de hecho y de derecho que a continuación se expresan:

            1.- Error en cuanto a la interpretación del contenido y alcance de una disposición legal.

Señalan, que la sentencia apelada debe ser anulada por incurrir en “graves errores de interpretación del contenido y alcance de los artículos 84 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y artículo 163 del Código Orgánico Tributario [1994], que consagran idénticos términos la corrección de errores materiales o de cálculo por la Administración Publica (sic) y entre ellas la Administración Tributaria. El vicio denunciado afecta los motivos de la sentencia y además, constituye fuente de otros vicios que denunciaremos mas (sic) adelante; Este vicio está contemplado en el Literal 2 del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil”.

Más adelante, la representación fiscal prosigue su argumentación haciendo algunas precisiones respecto a los errores materiales, destacando “que se pueden hacer de dos maneras: a) Por la misma autoridad que emitió el acto, a través de un acto administrativo complementario librado a los exclusivos fines de corregir el error material o de calculo (sic). El nuevo acto se vuelve inseparable del acto primario el cual continua (sic) existiendo plenamente. Los lapsos y recursos o derechos del administrado derivan del acto originario, por ello el acto complementario meramente correctivo no otorga nuevos recursos ni abre nuevos lapsos al contribuyente; b) Por el Superior Jerárquico del funcionario que emitió el acto, en virtud de sus facultades de revisión de las actuaciones administrativas de sus subalternos. En este caso la decisión del superior jerárquico corrige o subsana el error material o de cálculo en su parte motiva, antes del dispositivo de la decisión. Puede hacerlo porque los errores materiales no tocan el fondo del asunto. Esta corrección es un deber del Superior Jerárquico, ya que las decisiones están afectadas por el principio de exaustividad contemplado en el artículo 62 de la LOPA”.

            2.- Vicio de falso supuesto de hecho.

Alegan, que el Tribunal a quo incurrió en el vicio de falso supuesto de hecho al haber percibido erróneamente los hechos que constan en autos, pues para motivar la sentencia expresó “que la Administración Tributaria omitió el procedimiento legalmente establecido, es decir, supuestamente infringió la legalidad a través de un hecho omisivo. Con esta afirmación el tribunal vicia su decisión con un falso supuesto de hecho esencial, pues lo cierto, es que la Administración Tributaria sí aplicó el procedimiento correcto legalmente establecido”.

            Por otra parte, manifiestan que la contribuyente tuvo la oportunidad de impugnar en los descargos la variación del enriquecimiento gravable que obtuvo en los ejercicios fiscales reparados, lo cual no hizo; por el contrario, no presentó descargos y prefirió admitir plenamente los reparos en su declaración sustitutiva presentada el día 13 de marzo de 2000, aceptando expresamente el incremento del enriquecimiento del ejercicio fiscal 1998.

Asimismo, agregan que aún cuando la sociedad mercantil contribuyente no hubiese admitido los hechos, “el tribunal, ha debido estar consciente que éste (sic) no presentó descargos al reparo hecho por la Administración ni aportó pruebas en el Proceso Judicial que desvirtuaran los hechos u objeciones imputados por la administración que variaron su enriquecimiento neto; y confirmar el reparo por la presunción de legalidad, legitimidad y veracidad de que gozan las actas fiscales que sustentan la resolución N° SAT-GRTI-RC-DSA-2001-000023”.

3.- Incongruencia entre los motivos de hecho de la sentencia y la decisión.

            Sostienen los apoderados judiciales del Fisco Nacional, que las partes motiva y dispositiva de la sentencia apelada son incongruentes, toda vez que el Tribunal de instancia declaró la nulidad absoluta de la Resolución N° RCA-DSA-2001-000023 de fecha 08 de febrero de 2001, cuando ha debido declarar su nulidad parcial, pues en la parte motiva del fallo recurrido había concluido que dicha resolución se encontraba ajustada a derecho en lo que respecta al ejercicio fiscal coincidente con el año 1997, violando así, “por omisión el principio de exhaustividad y por consiguiente afecta la sentencia de incongruencia, conforme a lo previsto en el ordinal 5° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil”.

            Asimismo, señalan que el recurso contencioso tributario debió declararse sin lugar y la Resolución impugnada válida, habida cuenta que el contribuyente aceptó los reparos formulados por la actuación fiscal y elaboró las declaraciones sustitutivas en términos idénticos a los reparos formulados por la Administración Tributaria.

             Manifiesta la representación fiscal, que la condenatoria en costas resulta improcedente, dado que el recurso debió ser declarado “parcialmente con lugar”; por lo tanto “no ocasiona costas procesales porque la parte no ha sido totalmente vencida. (Art. 274 del CPC)”.

            4.- “Procedimiento interno” que el a quo ordenó abrirle a la Gerente Regional de Tributos Internos de la Región Capital del SENIAT a fin de “resarcir a la República del perjuicio causado por su conducta”.

            En lo atinente a este particular, razonan que la sentencia apelada debe ser anulada,  por cuanto no expresa los fundamentos de hecho y derecho que llevaron al sentenciador de instancia para sancionar a la ciudadana Lucila Eloisa Ascanio, Gerente Regional de Tributos Internos de la Región Capital (para la época) del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), luego de lo cual concluyen que tal situación, además de constituir una grave violación de derechos constitucionales de la funcionaria que suscribió el acto administrativo, transgrede el ordinal 4° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil.

         Asimismo, denuncian los apoderados judiciales del Fisco Nacional que el Tribunal de la causa, extralimitó su competencia judicial y usurpó la jurisdicción de la Administración Pública Contralora, al condenar patrimonialmente a la funcionaria que suscribió el acto administrativo impugnado, ordenando el resarcimiento por supuestos daños a la República Bolivariana de Venezuela en la cantidad de Bs. 19.306.157,00; olvidándose el Juez que en materia de responsabilidad de los funcionarios públicos de la Administración Central, la competencia corresponde a la Contraloría General de la República y/o al Ministerio Público, según el caso, razón por la que afirman que el pronunciamiento efectuado en la recurrida viola el principio de legalidad consagrado en el artículos 137 y 138 de nuestra Carta Fundamental.

         En tal sentido, los apoderados judiciales del Fisco Nacional solicitan que se anule la sentencia dictada por el Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción  Judicial del Área Metropolitana de Caracas y, en consecuencia, se declare sin lugar del recurso contencioso tributario interpuesto por la contribuyente contra la Resolución N° SAT-GRTI-RC-DSA-2001-000023 de fecha 08 de febrero de 2001.

IV

DE LA CONTESTACIÓN A LA APELACIÓN

            El 27 de noviembre de 2002 el apoderado judicial de la contribuyente, presentó escrito de contestación a la apelación interpuesta por el Fisco Nacional, exponiendo los siguientes argumentos:

            Expresa que “la sentencia apelada fue dictada conforme a lo establecido en el artículo 243, del Código de Procedimiento Civil en sus ordinales 4° y 5°, así como también a lo preceptuado en el artículo 12 eiusdem (…)”.

            Que el “pronunciamiento realizado por el Juez del Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Tributario, fue congruente con el Recurso y demás pretensiones deducidas en el proceso, en la cual se delimitó  el problema judicial debatido entre las partes (…)”.

            Con relación a la denuncia de errónea interpretación que realizó el Fisco Nacional con fundamento a lo establecido en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil; considera que en la recurrida se aplicaron correctamente las normas contenidas en los artículos 84 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y el artículo 163 del Código Orgánico Tributario de 1994.

            Señala que la Resolución dictada por la Administración Tributaria es arbitraria e ilegal, toda vez que pretendió subsanar errores materiales sin una motivación o razonamiento lógico, sin aplicar el procedimiento debidamente establecido para ello, afectando así el derecho a la defensa de su representada y conllevando a que el acto administrativo recurrido se encuentre viciado de nulidad.

            Concluye, el apoderado judicial de la contribuyente expresando que el criterio que condujo al juez de primera instancia para declarar la nulidad de la resolución impugnada, se encuentra adecuado tanto a “la realidad fáctica como a la jurídica”.        

V

MOTIVACIONES PARA DECIDIR

            En virtud de la declaratoria contenida en la sentencia apelada, de las alegaciones formuladas en su contra por la representación fiscal y las defensas opuestas por el apoderado judicial de la sociedad mercantil contribuyente, observa la Sala que la controversia planteada en el caso bajo análisis se contrae a decidir  tres aspectos: el primero, referido a establecer si el Tribunal a quo incurrió en los vicios de falso supuesto de hecho y de derecho por errónea interpretación de la ley, denunciado por la representación fiscal, concretamente de los artículos 84 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y el artículo 163 del Código Orgánico Tributario de 1994; en segundo lugar, determinar la existencia del “vicio de incongruencia negativa” al haber anulado el a quo en su totalidad el acto administrativo impugnado que abarcaba los ejercicios fiscales coincidentes con los años civiles 1997 y 1998, cuando supuestamente debió anular sólo lo atinente al ejercicio fiscal 1998, toda vez que en la parte motiva de la sentencia recurrida se había reflejado de manera clara que la contribuyente se allanó al reparo que la Administración Tributaria le formuló para el  ejercicio fiscal del año civil 1997; y, en tercer lugar, corresponderá a esta Alzada verificar si el fallo apelado violó la disposición contenida en el ordinal 4° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, tal como lo denunciaran los apoderados judiciales del Fisco Nacional.     

            Sin embargo, vista la relación que tiene el primero de los mencionados vicios, es decir, el vicio de errónea interpretación de la ley, con la declaratoria que pueda hacer esta Máxima Instancia respecto al fondo del asunto controvertido, no será sino después que éste haya sido resuelto cuando la Sala se pronunciará sobre la ocurrencia del aludido vicio.

            Planteada, así, la litis, pasa la Sala a conocer y decidir el recurso de apelación interpuesto, en el orden antes indicado:         

1.- Del vicio de incongruencia negativa:

            La representación fiscal en su escrito de fundamentación, alega que el Juez de la causa al dictar la sentencia apelada incurrió en el vicio de incongruencia negativa, pues declaró la nulidad absoluta de un acto administrativo en el cual se encontraban involucrados dos ejercicios fiscales (1997 y 1998), después de haber reconocido en la parte motiva de la recurrida el ajuste voluntario realizado por el contribuyente respecto al ejercicio fiscal 1997, conforme a lo previsto en el artículo 149 del Código Orgánico de 1994.

            Agrega, que el vicio de incongruencia se refiere a la lógica de la sentencia y está estrechamente relacionado con el principio de exhaustividad, en atención a lo cual, el Juez debe pronunciarse y decidir conforme a todo lo alegado y probado en autos.

          Por su parte, el apoderado judicial de la contribuyente manifestó que el a quo al dictar la sentencia apelada cumplió con lo establecido en los ordinales 4° y 5° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, así como también con lo preceptuado en el artículo 12 eiusdem, toda vez que la decisión contiene “los motivos de hecho y de derecho en que se fundamentó lo decidido por el sentenciador, y entre otros requisitos, contiene decisión expresa, positiva y precisa con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones o defensas opuestas. Esta exigencia legal se vincula con el deber del juez de pronunciarse sólo sobre lo alegado”.

            Con vista a lo expresado, la Sala aprecia que los apoderados judiciales del Fisco Nacional denuncian que el Juez de instancia incurrió en el vicio de incongruencia negativa, al haber anulado la totalidad del acto administrativo impugnado cuando ha debido anular sólo una parte de éste; toda vez que en la parte motiva de la sentencia recurrida el Juez había dejado sentado el allanamiento del contribuyente respecto al ejercicio fiscal 1997, inobservando, así, en la parte dispositiva del mencionado fallo, que la Resolución impugnada abarcaba la fiscalización de los períodos impositivos coincidentes con los años civiles 1997 y 1998.

            Para formular la anterior denuncia, constata esta Alzada que la representación fiscal señala como base legal  los artículos 243, ordinal 5° y 12 del Código Procedimiento Civil, referentes al vicio de incongruencia de la sentencia; sin embargo, se advierte que lo narrado por la parte apelante no se relaciona con los presupuestos de hecho que eventualmente darían lugar a la  configuración del aludido vicio, sino en todo caso al vicio de contradicción, razón por la que el análisis del alegato en cuestión se hará a la luz del último de los mencionados vicios en atención al principio iura novit curia. Así se declara.

            Aclarado lo anterior, entra esta Máxima Instancia a conocer la denuncia planteada, para lo cual observa:

            La representación fiscal alega que las partes motiva y dispositiva del fallo dictado por el a quo, no presentan coherencia pues el acto administrativo impugnado abarcó dos ejercicios fiscales (1997 y 1998), de los cuales la sociedad mercantil contribuyente, respecto al primero, se ajustó voluntariamente el monto del reparo e interpuso el recurso contencioso tributario, únicamente, en lo referente al ejercicio fiscal coincidente con el año civil 1998;  razón por la que el Juez de la causa en la decisión recurrida debió anular de manera parcial el referido acto y no su totalidad.

            Al respecto, esta Alzada considera oportuno reiterar  lo que sobre el vicio de contradicción ha venido sosteniendo en diferentes fallos, entre ellos el dictado en fecha 23 de noviembre de 2004, (Caso: Ferro de Venezuela, C.A.), donde se estableció lo siguiente:

“(…) La más reciente doctrina de este Alto Tribunal ha señalado, que el vicio de inmotivación (dentro del cual puede ubicarse el vicio de contradicción) no sólo se produce al faltar de manera absoluta los fundamentos de la decisión, sino que, paralelamente, existen otros supuestos que al incidir de manera claramente negativa sobre los motivos del fallo los eliminan, deviniendo así en inexistentes, por lo que tales errores producen la inmotivación total, pura y simple.

En este sentido, se ha señalado que tales circunstancias pueden ocurrir bajo las siguientes hipótesis:

Ausencia absoluta de razonamientos que sirven de fundamento a la decisión.

Contradicciones graves en los propios motivos que implican su destrucción recíproca.

La desconexión total entre los fundamentos de la sentencia y las pretensiones de las partes, en virtud de la grave incongruencia entre la solución jurídica formulada y el thema decidendum.

La inteligencia de la motivación en razón de contener razones vagas, generales, ilógicas, impertinentes o absurdas.

El defecto de actividad, denominado silencio de prueba”.

            Aplicando los diferentes presupuestos contenidos en el criterio jurisprudencial parcialmente transcrito al caso bajo estudio, la Sala observa que el Sentenciador de instancia al realizar el análisis de las pretensiones formuladas por las partes, no se ajustó a lo alegado y probado en autos, evidenciándose, además, en los fundamentos del fallo impugnado razonamientos ilógicos o impertinentes que lo condujeron a incurrir en contradicción al dictaminar su decisión. En efecto, en la parte motiva de la sentencia expresa que la contribuyente se allanó voluntariamente con relación al ejerció fiscal 1997; pero en la decisión declaró la nulidad absoluta de todo el acto administrativo recurrido (que como se dijo antes comprende los ejercicios fiscales 1997 y 1998); razón por la cual debe esta Sala declarar la nulidad de la sentencia dictada por el Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas del 10 de mayo de 2002. Así se decide.

Cuestión de fondo

             Anulado como ha sido el fallo apelado por haberse constatado que incurrió en el vicio de contradicción, pasa esta Sala a pronunciarse respecto a la materia de fondo controvertida, de conformidad con lo establecido en el artículo 209 del Código de Procedimiento Civil, la cual se contrae a determinar, como antes se señaló, si el Acta Fiscal número GRTI-RC-DF-1052SIV2-99-4564-000052 de fecha 31 de enero de 2000 y la Resolución identificada con las letras y números SAT-GRTI-RC-DF-DSA-2001-00023 del 08 de febrero de 2001, son nulas de nulidad absoluta por incompetencia manifiesta de las funcionarias que las suscribieron; y si la mencionada resolución se encuentra inmotivada, conforme a lo previsto en el numeral 5 del artículo 149 del Código Orgánico Tributario de 1994, en concordancia con el artículo 20 de la Ley Orgánica Procedimientos Administrativos, vicios estos alegados por la contribuyente en su escrito contentivo del recurso contencioso tributario.

            1.- Incompetencia de la funcionaria que suscribió el Acta Fiscal:

            Conforme al criterio reiterado de esta Sala, la materia relativa a la competencia tiene carácter de orden público. (Vid. Sentencias  N° 00744 del  30 de junio de 2004, caso: Corporación Venezolana de Televisión, C.A., VENEVISIÓN, y  N° 01218 del 11 de mayo de 2006, caso: Comercial Rosada y Zapatería Washington S.R.L.). En consecuencia, la incompetencia de los funcionarios administrativos vicia de nulidad absoluta el acto emitido, pero sólo cuando la misma sea manifiesta, es decir, ostensible, notoria, pudiendo entonces denunciarse tal infracción en cualquier estado y grado del proceso judicial, y aun ser declarada de oficio por el Tribunal de la causa.

            Así, se observa que en el caso concreto la representación judicial de la sociedad de comercio recurrente, alegó la incompetencia por “el cargo, nombramiento y juramentación” de la funcionaria actuante en el procedimiento de determinación de oficio que realizó la Administración Tributaria, con ocasión de la declaración de impuesto sobre la renta presentada por la empresa contribuyente para a los ejercicios fiscales coincidentes con los años civiles 1997 y 1998, ciudadana Ana Antonia Ascanio González, titular de la cédula de identidad N° 9.432.000; expresando que el cargo de Fiscal Nacional de Hacienda no existía en dicha Administración por no encontrarse previsto en el clasificador de cargos de la Oficina Central de Personal, y que la referida ciudadana tampoco fue nombrada y juramentada para el desempeño del aludido cargo.

            No obstante lo indicado, aprecia esta Máxima Instancia que el Acta Fiscal número GRTI-RC-DF-1052SIV2-99-4564-000052 de fecha 31 de enero de 2000, aparece suscrita por los funcionarios Douglas José Pérez Santana y Ana Antonia Ascanio González, razón por la que esta Sala tratándose la competencia de un asunto de orden público como se dijo antes, verificará también la competencia del primero de los funcionarios mencionados para suscribir dicha acta fiscal, a pesar de no haber sido un punto controvertido por las partes.

            A tal efecto, este Alto Tribunal observa que al folio tres (3) del expediente administrativo corre inserta la Providencia  Administrativa signada con las letras y números GRTI-DF-1052-SIV2-99-4564 del 06 de diciembre de 1999, emanada del Jefe de la División de Fiscalización y la Gerente Regional de Tributos Internos de la Región Capital del SENIAT, en la que se señala lo siguiente: “El funcionario autorizado [la ciudadana Ana Antonia Ascanio González], estará bajo la Supervisión del ciudadano DOUGLAS JOSÉ PÉREZ SANTANA, titular de la cédula de identidad N° 6.080.795, con el cargo de Fiscal Nacional de Hacienda adscrito a esta Gerencia Regional, quién podrá constatar las actuaciones efectuadas en el domicilio fiscal del Sujeto Pasivo”, de lo cual se colige que el funcionario Douglas José  Pérez Santana era competente para suscribir la aludida acta fiscal, en virtud de la autorización que le fue otorgada. Así se declara.

            Ahora bien, en cuanto al alegato formulado por el apoderado judicial de la sociedad mercantil contribuyente, según el cual el cargo de Fiscal Nacional de Hacienda no existe en el clasificador de cargos de la Administración Tributaria, esta Sala considera preciso traer a colación normas vigentes de la Ley Orgánica de la Hacienda Pública Nacional, las cuales disponen lo siguiente:

“Artículo 94. Son Fiscales de la Hacienda Pública Nacional: el Procurador de la Nación; los Fiscales Generales de Hacienda que nombre el Ejecutivo Nacional; Los Fiscales o Comisionados Especiales que para las distintas rentas determine la Ley o designe el Ejecutivo Nacional; los Interventores de las Aduanas y los demás funcionarios que por las Leyes y Reglamentos tengan dichas atribuciones”. (Destacado de la Sala).

“Artículo 96. Los Fiscales Nacionales de Hacienda son representantes naturales del Fisco y ejercerán las atribuciones siguientes:

(…)

4. Ejercer la personería del Fisco Nacional en todas las actuaciones que se refieran a los ramos cuya fiscalización ejercen”. (Destacado de la Sala).

            Los citados artículos ponen de relieve la existencia de la figura del Fiscal Nacional de Hacienda dentro de la estructura organizativa de la Hacienda Pública Nacional, normas que no fueron derogadas con la entrada en vigencia del Código Orgánico Tributario de 1994, el cual resulta aplicable al caso bajo análisis en razón de su vigencia temporal.  

            Así, conforme al artículo 225 del mencionado Código se facultó al Ejecutivo Nacional para otorgarle a la Administración Tributaria autonomía funcional y financiera, por lo que atendiendo a ese mandato el Presidente de la República dictó el Decreto 310 del 10 de agosto de 1994, publicado en Gaceta Oficial N° 35.525 de fecha 16 de agosto de 1994, por medio del cual se creó el entonces Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria hoy Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT).

            Asimismo, mediante la Resolución N° 2802 del 20 de marzo de 1995 emanada del Ministerio de Hacienda (hoy Ministerio del Poder Popular para las Finanzas) se dictó el Reglamento Interno del aludido Servicio, el cual fue publicado en la Gaceta Oficial N° 35.680 de fecha 27 de mayo de 1995, cuyo artículo 4 dispone lo siguiente:

“Artículo 4. El Superintendente Nacional Tributario, además de las funciones que le corresponden en su carácter de Inspector Fiscal General de Hacienda Pública Nacional, tiene a su cargo el ejercicio de todas las funciones y potestades que correspondan a la administración de los tributos internos y aduaneros, de acuerdo al ordenamiento jurídico, así como otorgar contratos y ordenar gastos inherentes a la administración del Sistema Profesional de Recursos Humanos y a la autonomía funcional y financiera del Servicio y adicionalmente las siguientes:

(…)

6. Crear, unificar o eliminar las áreas funcionales que requiera el Servicio para lo cual deberá establecer su organización y asignar sus respectiva funciones y competencias, según el caso”.

            De la norma citada, se desprende de manera clara que el Ministerio de Hacienda para la época confirió al Superintendente Nacional Aduanero y Tributario en su condición de Inspector Fiscal General de Hacienda Pública Nacional, la facultad de crear, organizar y distribuir las competencias de las áreas funcionales del hoy Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) a efectos de poder llevar a cabo la “administración de los tributos internos y aduaneros”, en razón de lo cual se encuentra investido para nombrar a los Fiscales Nacionales de Hacienda, sin que sea necesario que el aludido cargo se encuentre o aparezca en un clasificador de cargos, pues está creado en la Ley.

            Tan es así, que conforme a lo establecido en el numeral 16 del artículo 9 de la Resolución 32 del 24 de marzo de 1995, publicada en la Gaceta Oficial N° 4.881 Extraordinario de fecha 29 del mismo mes y año, el Superintendente Nacional Aduanero y Tributario entre sus atribuciones tiene la facultad de nombrar a los Fiscales Nacionales de Hacienda para que realicen los procedimientos de recaudación, fiscalización y determinación de las obligaciones tributarias y sus accesorios; motivo por el que resulta forzoso para esta Sala desestimar el argumento de la contribuyente referente a la incompetencia por el cargo de la funcionaria actuante en la fiscalización, ciudadana Ana Antonia Ascanio González. Así se declara.

            Con relación a la competencia de la prenombrada funcionaria que suscribió el Acta Fiscal número GRTI-RC-DF-1052SIV2-99-4564-000052 de fecha 31 de enero de 2000, se observa a los folios 273 y 274 del expediente judicial, que la Administración Tributaria consignó ante esta Alzada copias certificadas de la Resolución dictada el 01 de diciembre de 1997 por la Superintendente Nacional Tributario para la época, ciudadana Moraima Campos de Martínez, quien en uso de las facultades que le fueron otorgadas mediante la Resolución N° 3.524 de fecha 23 de julio de 1997, publicada en la Gaceta Oficial N° 36.524 de la misma fecha y de conformidad con lo previsto en el artículo 94 de la Ley Orgánica de la Hacienda Pública Nacional, designó como Fiscal Nacional de Hacienda a la ciudadana Ana Antonia Ascanio González (antes identificada); y del Acta también de fecha 01 de diciembre de 1997, en la cual se dejó constancia de su juramentación, razón por la que concluye esta Sala que la referida funcionaria fiscal sí era competente para llevar a cabo la fiscalización que le fue practicada a la contribuyente, así como para levantar el Acta Fiscal en cuestión. Así se declara.

            2.- Incompetencia de la funcionaria que suscribió la Resolución impugnada:

            Alegó la representación judicial de la contribuyente la incompetencia manifiesta de la funcionaria Lucila Eloisa Ascanio, Gerente Regional de Tributos Internos de la Región Capital del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) para suscribir la Resolución impugnada, fundamentándose en lo previsto en los artículos 16 y 17 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, toda vez que al ser los actos administrativos de mayor jerarquía de la exclusiva responsabilidad y competencia del Ministro, afirma que la aludida Resolución debió suscribirla el Ministro de Finanzas (hoy Ministro del Poder Popular para las Finanzas) que es el funcionario autorizado de acuerdo con el numeral 6 del artículo 26 de la entonces vigente Ley Orgánica de la Administración Central.

            Al respecto, esta Sala observa que de acuerdo con la atribución conferida en el artículo 36 de la Ley de Carrera Administrativa, vigente ratione temporis, en concordancia con el artículo 6 eiusdem y el artículo 2 del Estatuto del Sistema Profesional de Recursos Humanos del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), contenido en el Decreto N° 594 del 21 de diciembre de 1999; mediante la Resolución N° 622 de fecha 07 de noviembre de 2000, publicada en la Gaceta Oficial N° 37.073 del 08 del mismo mes y año, suscrita por el Ministro de Finanzas para la época, se designó como Gerente de la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Capital del SENIAT a la ciudadana Lucila Eloisa Ascanio, titular de la cédula de identidad N° 4.171.314, quedando facultada para ejercer las funciones establecidas en los artículos 93 y 94 de la Resolución N° 32 de fecha 24 de marzo de 1995, sobre la Organización, Atribuciones y Funciones del Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria (SENIAT), publicada en la Gaceta Oficial Nº 4.881 Extraordinario del 29 marzo de 1995.

            La aludida Resolución Nº 32 en su Título IV denominado “De la Estructura Orgánica del Nivel Operativo”, en sus artículos 71 y 74, prevé  lo siguiente:

“Artículo 71.- El nivel operativo lo conforman las Gerencias Regionales de Tributos Internos, los Sectores, las Unidades, las Gerencias de Aduanas Principales y las Aduanas Subalternas”.

“Artículo 74.- Las Gerencias Regionales de Tributos Internos de las Regiones: Región Capital, Región… tendrán cada una las siguientes áreas funcionales: el Despacho del Gerente Regional de Tributos Internos, la División de Asistencia al Contribuyente, la División de Administración, la División de Recaudación, la División de Fiscalización, la División de Sumario Administrativo, la División Jurídico Tributaria (…)”. (Destacado de la Sala).

            Asimismo, los numerales 9 y 34 del artículo 94 eiusdem,  contemplan lo que a continuación se transcribe:

“Artículo 94: Las Gerencias Regionales de Tributos Internos estarán a cargo de los Gerentes Regionales de Tributo Internos, quienes se asimilarán para los efectos correspondientes, a los Administradores de Rentas y de Inspectores Fiscales Generales de Hacienda con las atribuciones previstas en el Título V, Capítulos III y IV. Títulos X, XI, XII, de la Ley Orgánica de la Hacienda Pública Nacional, así como las contempladas en los Artículos 57, 72, 107, 108, 112, 113, 114, 115, 116, 133, 134, 135, 137, 138, 139, 142, 143, y 228 del Código Orgánico Tributario el artículo 151 de la Ley Orgánica de Aduanas y el artículo 459 y siguientes del reglamento de la Ley Orgánica de Adunas; y, tiene además las siguientes funciones:

(…)

 9. Determinar los tributos internos y sus accesorios de conformidad con lo previsto en el Código Orgánico Tributario. 

34. Firmar los actos y documentos relacionados con las funciones de su competencia.”.(Destacado de la Sala).

            De la lectura concordada de la normativa antes transcrita, se evidencia que los Gerentes Regionales de Tributos Internos del SENIAT se encuentran investidos de amplias potestades para la determinación de los tributos y sus accesorios, y que en ejercicio de esas atribuciones les fue conferida la firma de los actos y documentos relacionados con las funciones que desempeñan; competencia esta que le fue otorgada a la ciudadana Lucila Eloisa Ascanio, en su condición de Gerente Regional de Tributos Internos de la Región Capital para la época, del aludido Servicio, según se constata como antes se dijo, en la Resolución N° 622 de fecha 07 de noviembre de 2000 (folios 281 al 326 del expediente).

            En consecuencia, considera esta Sala que la mencionada funcionaria sí era competente para suscribir la Resolución N° SAT/GRTI/RC/DSA-2001-00023 del 08 de febrero de 2001, y no el  Ministro de Finanzas como erradamente lo afirmó la contribuyente. Así se declara.           

3.-  Falta de motivación del acto administrativo:

         El representante judicial de la sociedad mercantil Manufacturas Jaydan C.A., alega en su escrito contentivo del recurso contencioso tributario interpuesto, que la Resolución signada con las letras y números SAT-GRTI-RC-DSA-2001-00023, “adolece en su proceso constitutivo del vicio de inmotivación, lo cual es violatorio del derecho a la defensa del administrado y del principio de legalidad que rige el ámbito tributario”, toda vez que en el sumario administrativo de manera arbitraria e ilegal, se procedió a subsanar los errores materiales en que presuntamente había incurrido la Administración Tributaria para el ejercicio fiscal coincidente con el año 1998,  sin efectuar razonamiento alguno, lo que conlleva a que el mencionado acto se encuentre viciado de nulidad.

            En relación a la exigencia de motivar los actos administrativos, como mecanismo de control del actuar de la Administración y al mismo tiempo como garantía del derecho a la defensa de los administrados, resulta pertinente citar el criterio sentado en reiteradas sentencias por esta Sala, entre ellas la Sentencia N° 02230 de fecha 11 de octubre de 2006, Caso Pdvsa Petróleo y Gas S.A., cuyo tenor es el siguiente:

“La motivación es la expresión formal de los supuestos de hecho y de derecho del acto. La Ley en forma expresa exige que los ‘actos administrativos de carácter particular’ estén dotados de motivación, exceptuando solamente a los de simple trámite o a aquellos a los cuales una disposición legal exonere de ella. Así, el artículo 9 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos establece:

‘Artículo 9.- Los actos administrativos de carácter particular deberán ser motivados, excepto los de simple trámite, o salvo disposición expresa de la Ley. A tal efecto deberán hacer referencia a los hechos y a los fundamentos legales del acto’.

Ahora bien, de acuerdo con el ordinal 5º del artículo 18 eiusdem, todo acto administrativo deberá contener ‘...Expresión sucinta de los hechos, de las razones que hubieren sido alegadas y de los fundamentos legales pertinentes...’ .

De las normas parcialmente transcritas, se observa la voluntad del legislador de instituir la motivación como uno de los principios rectores de la actividad administrativa, lo cual permite adecuar su función dentro de los límites que la ley le impone. Tal exigencia consiste, y así lo ha sostenido innumerable jurisprudencia de este Alto Tribunal, en que los actos que la Administración emita deberán ser debidamente motivados, es decir, señalar en cada caso el fundamento expreso de la determinación de los hechos que dan lugar a su decisión, de manera que el administrado pueda conocer en forma clara y precisa las razones fácticas y jurídicas que originaron tal solución, permitiéndole oponer los alegatos que crea pertinentes a fin de ejercer su derecho a la defensa.

En jurisprudencia pacífica y reiterada de este Supremo Tribunal, la nulidad de los actos administrativos por inmotivación sólo se produce cuando éstos no permiten a los interesados conocer los fundamentos legales y los supuestos de hecho que constituyeron las bases o motivos en que se apoyó el órgano administrativo para dictar la decisión, pero no cuando, a pesar de la sucinta motivación, permite conocer la fuente legal, las razones y los hechos apreciados por el funcionario”.

Circunscribiendo el análisis al caso concreto, y teniendo en cuenta que el ejercicio fiscal controvertido es únicamente el correspondiente al año 1998, se observa  que la Administración Tributaria mediante el Acta de Reparo N° GRTI-RC-DF-1052-SIV2-99-4564-000052 de fecha 31 de enero de 2000 (folios 381 al 385, pieza N° 2 del expediente administrativo), resolvió lo siguiente:

“(…)

A)     EN SU CONDICIÓN DE CONTRIBUYENTE:

EJERCICIO FISCAL: DEL 01/01/98 AL 31/12/98:

         La contribuyente para el presente ejercicio declaró la cantidad de Bs. 17.443.961.873,00 como se evidencia en la Declaración Definitiva de Rentas N° 0202791 y presentada en fecha 31-03-99 (…). el Impuesto al Consumo Suntuario y a las Ventas al Mayor los mismos no fueron incluidos en la Declaración Definitiva de Impuesto Sobre (sic) la Renta para el presente ejercicio ya que a la fecha del cierre no se cálculo el total de las mismas, por lo que se sugiere que dichos ingresos sean incluidos dentro de los ingresos totales de la misma para el presente ejercicio, en consecuencia esta fiscalización procede a incorporar dentro de sus Ingresos Brutos Globales la cantidad de Bs. 94.353.793,00, los cuales provienen de las ventas de mercancías realizadas en la Sucursal Altagracia, todo de conformidad con lo previsto en los Artículos 1, 2 y 14 de la Ley de Impuesto sobre la Renta de fecha 27/05/94 en concordancia con el Artículo 38 de su Reglamento y primer aparte del Artículo 119 del Código Orgánico Tributario, todo lo cual consta en el Anexo N° ‘1’ que forman (sic) parte integrante de la presente Acta.

         OMISION DE INGRESOS POR VENTA DE INMUEBLE Bs. 160.000.000,00

         (…) Ahora bien esta fiscalización, mediante la revisión y análisis tanto de su declaración definitiva de renta como de los libros de contabilidad y demás comprobantes suministrados, determinó que la contribuyente dejó de declarar dentro de sus ingresos globales la cantidad de Bs. 160.000.000,00 por concepto de ventas (sic) de inmueble, pero es el caso de que la contribuyente si imputó como rebaja de impuesto en su declaración definitiva de rentas Bs. 800.000,00 por concepto de anticipo por la venta de dicho inmueble y cuyos documentos la contribuyente no suministro a esta fiscalización a pesar de que los mismos fueron solicitados mediante acta N° SAT-GRTI-RC-DF-1152-4564-AAA-00-03 de fecha 17/01/2000, por lo que esta fiscalización de conformidad con el artículo 14 parágrafo sexto de la ley de impuesto sobre la renta en concordancia con los artículos 10 y 38 de su reglamento, procede a incorporar dentro de los ingresos brutos globales de la contribuyente MANUFACTURAS JAYDAN C.A., la cantidad de Bs. 160.000.000,00 y a rechazar como anticipo de impuesto la cantidad de Bs. 800.000,00.

GASTOS NO DEDUCIBLES POR HABER ENTERADO CON RETARDO EL IMPUESTO RETENIDO Bs. 303.177.324,00

         (…) De la revisión practicada por la fiscalización se determinó que la contribuyente en su carácter de deudor o pagador no enteró el impuesto correspondiente, dentro del plazo de tres (3) días hábiles al mes siguiente del pago o abono en cuenta, de conformidad con lo pautado en el artículo 23 de la Ley de Impuesto Sobre (sic) la Renta.

         (…)Por los motivos citados anteriormente, se procede a rechazar como deducciones la cantidad de Bs. 303.177.324,00, todo lo cual consta en el anexo N° 2 que forma parte integrante de la presente Acta.

         Ante los hechos anteriormente descritos esta fiscalización procede a determinar los impuestos y multas que se muestran a continuación:

CONCEPTO

S/DECLARACION (Bs.)

S/FISCALIZACION (Bs.)

DIFERENCIA (Bs.)

Enriquecimiento del ejercicio.

1.301.979.623,oo

1.859.510.740,00

557.531.117,00

Menos Pérdida del  ejercicio anterior por fusión de la Cía.

(1.004.054.315,oo)

(1.004.054.315,00)

 

Enriquecimiento neto gravable.

297.925.308,00

855.456.425,00

557.531.117,00

Impuesto según tarifa 2.

97.594.604,72

287.155.150,00

189.560.545,30

Impuesto según  auditoria.

 

167.467.697,28

 

Menos: rebajas de impuestos retenidos.

 

(84.284.045,00)

 

Menos: impuestos pagados en exceso antes d la fusión.

 

(96.250.915,00)

 

Menos: créditos de impuestos activos empresariales.

 

(11.797.821,80)

 

TOTAL IMPUESTO A COMPENSAR.

 

(2.772.236,52)”.

 

 

            Ahora bien, según se evidencia al final de la precitada Acta de Reparo ésta fue notificada a la contribuyente el 31 de enero de 2000 (folio 390 de la pieza N° 2 del expediente administrativo). En consecuencia, Manufacturas Jaydan C.A., el 13 de marzo de ese mismo año, y con base en la “determinación” realizada en el Acta de Reparo en cuestión, señalada anteriormente, procedió a elaborar y presentar ante el extinto Banco Caracas. C.A. Banco Universal, la declaración sustitutiva del impuesto sobre la renta correspondiente al ejercicio fiscal coincidente con el año civil 1998, bajo el N° de planilla 0045019, (folios 252 y 253).

            El 28 de febrero de 2001 la Administración Tributaria notificó a la contribuyente la Resolución N° SAT-GRTI-RC-DSA-2001-000023 de fecha 08 de febrero de 2001, emanada de la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Capital del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, mediante la cual  reconoció  a la contribuyente un ajuste voluntario parcial y, como punto previo en la referida Resolución, efectúo una corrección de errores materiales en los términos que se transcriben a continuación:

“PUNTO PREVIO

CORRECCION DE ERRORES MATERIALES

            Antes de entrar al estudio del caso concreto es necesario realizar las siguientes consideraciones:

            Del análisis efectuado al Acta fiscal N° 00152, (sic) notificada el 31-01-2000, así como de los documentos y recaudos que conforman el expediente administrativo, se constató la existencia de errores materiales, los cuales pueden ser subsanados en cualquier tiempo por la Administración Tributaria, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 163 del Código Orgánico Tributario.

            (…)

            Esta corrección que realiza la Administración de sus propios actos se erige, como una manifestación mediata de la potestad de autotutela de sus actos.

            Este carácter estrictamente material y en absoluto jurídico de la rectificación justifica que para llevarla a cabo no requiere sujetarse a SOLEMNIDAD NI LIMITE TEMPORAL ALGUNO. La rectificación de errores materiales PUEDE HACERSE EN CUALQUIER MOMENTO, tanto de oficio como a instancia del interesado (…)’

            Esta Gerencia Regional, observa que en la referida Acta, el funcionario fiscal actuante incurrió en errores de cálculo, al efectuar la determinación del impuesto correspondiente al ejercicio fiscal 1998, los cuales se proceden a subsanar de la siguiente manera:

            La actuación fiscal para el citado ejercicio, determinó con base a los reparos formulados, un Impuesto por Compensar de Bs. (2.772.236,52) tal y como se demuestra a continuación:

            (…)

            Sin embargo, esta Gerencia Regional de tributos (sic) Internos luego de efectuar el análisis respectivo, evidenció que de la determinación fiscal practicada, no se deriva un Impuesto a Compensar, sino un Impuesto a Pagar por Bs. 94.022.368,20 por lo que se procede a efectuar la determinación real del impuesto correspondiente, cuyos datos se tomarán en consideración en el contexto de la presente Resolución:

CONCEPTO

S/DECLARACIÓN (Bs.)

S/GERENCIA (Bs.)

DIFERENCIA (Bs.)

Enriquecimiento del ejercicio.

 1.301.979.623,oo

 1.859.510.740,00

 557.531.117,00

Menos Pérdida del  ejercicio anterior por fusión de la Cía.

(1.004.054.315,oo)                                   

(1.004.054.315,00)

 

Enriquecimiento neto gravable.

    297.925.308,00

    855.456.425,00

  557.531.117,00

Impuesto según tarifa 2.

      97.594.604,72

     287.155.150,00

  189.560.545,30

Menos Rebajas de impuestos retenidos.

        84.284.045,00

        84.284.045,00

 

Menos: Anticipo de enajenación de inmuebles.

          800.000,00

            800.000,00

 

Menos: impuestos pagados en exceso ejercicios ant. No compensados ni reintegrados.

       96.250.915,00

 

       96.250.915,00

 

Menos: Impuesto a los Activos Empresariales.

        11.797.821,80

         11.797.821,80

 

TOTAL IMPUESTO A PAGAR.

      (96.538.177,08)

         94.022.368,20

 

 

En resumen, la fiscalización determinó un impuesto por compensar de Bs. (2.772.236,52) siendo lo correcto un monto a pagar por la cantidad de Bs 94.022.368,20”.

 

       En este contexto, desde la óptica de lo previsto en el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Impuesto sobre la Renta de 1993, aplicable ratione temporis que define los errores materiales o de cálculo, resulta imperativo realizar un análisis de las disposiciones contenidas en los artículos 160 al 163 del Código Orgánico Tributario de 1994, normativa aplicable al caso bajo examen en razón de su vigencia temporal, que de manera expresa señalan:

“Artículo 160. La Administración Tributaria podrá convalidar en cualquier momento los actos anulables, subsanando los vicios de que adolezcan.

Artículo 161. Los actos administrativos que no originen derechos subjetivos o intereses legítimos, personales y directos para un particular podrán ser revocados en cualquier momento en todo o en parte, por la misma autoridad que los dictó o por el respectivo superior jerárquico.

Artículo 162. La Administración Tributaria podrá en cualquier momento, de oficio o a solicitud de particulares, reconocer la nulidad absoluta de los actos dictados por ella.

Artículo 163. La Administración Tributaria podrá en cualquier tiempo corregir errores materiales o de cálculo en que hubiere incurrido en la configuración de los actos administrativos”. (Destacado de la Sala).

 

            Con relación a la potestad de la Administración Tributaria de corregir de oficio errores materiales o de cálculo prevista en el citado artículo, y a la oportunidad del ejercicio de la misma, en la Sentencia N° 252 de fecha 17 de marzo de 1999, Caso: C.A. ENACA; la Sala Político-Administrativa Especial Tributaria II de la extinta Corte Suprema de Justicia,  expresó lo siguiente:

(…) La Administración Pública está dotada de una serie de potestades cuyo origen directo se encuentra en la Ley, estas constituyen poderes de acción que el ordenamiento jurídico le atribuye a la Administración para la satisfacción de los intereses públicos, y en virtud de las cuales, se le coloca en un plano de supremacía jurídica frente a los administrados para preservar y garantizar ese interés general; ello implica como contrapartida, una sujeción jurídica o sometimiento de los administrados destinatarios de los actos dictados en el ejercicio de esa potestad.

Una de esas Potestades es la denominada por la doctrina como ‘autotutela administrativa’ en virtud de la cual la Administración Pública tiene el poder jurídico o capacidad de tutelar, por sí misma, sus propias actuaciones, revisar sus propios actos, rectificar los errores u omisiones cometidos en su configuración, corregir los vicios que puedan hacerlo anulable, así como revocar o anular los actos viciados, eximiéndose de acudir a la tutela judicial.

Esta potestad se explica en la orientación del actuar de la administración hacia la satisfacción del interés público, dotándola de una presunción de validez de sus actos, de la cual resulta el principio favor acti, el cual da lugar a la posibilidad de convalidación de los actos anulables mediante la subsanación de sus vicios sin limitación de tiempo y siempre que no se haya verificado la prescripción. Esta potestad puede ser ejercida de oficio por la Administración Tributaria o puede ser instada a ello por los particulares (…).

En este sentido, el artículo 152 del Código Orgánico Tributario… [163 del Código Orgánico Tributario de 1994, vigente ratione temporis] disponía:

…omissis…

De la norma citada se desprende que la Administración Fiscal tiene la facultad de corregir los ‘errores materiales’ o de cálculo, realizar modificaciones de carácter matemático en la determinación del quantum del impuesto, multa e intereses moratorios, cuando se evidencien cálculos erróneos.

Estos errores pueden ser corregidos en cualquier tiempo, bien de oficio, o a solicitud de parte interesada, y esta ‘rectificación material’ de errores numéricos o de cálculo, no implica una revocación del acto en cuanto a los supuestos de hecho y de derecho que lo motivaron; el acto administrativo rectificado sigue teniendo el mismo contenido después de la corrección de los errores de transcripción o de cuenta, realizados para favorecer la transparencia y legalidad de la ejecución del acto.

Por tratarse de una potestad que puede ser ejercida por la Administración Tributaria en cualquier momento de oficio o a instancia del interesado, y no constituir esa solicitud del particular un recurso propiamente dicho, su ejercicio no está sujeto a plazos de caducidad, no produce la suspensión de efectos del acto administrativo, a que se contrae el artículo 162 del Código Orgánico Tributario vigente ratione temporis, ni tampoco suspende el curso de los lapsos para el ejercicio de los recursos administrativos y judiciales. En consecuencia, la interposición de solicitudes de corrección de errores materiales no impide la firmeza del acto administrativo, pudiendo el mismo ser ejecutado en cualquier momento que la Administración estime conveniente. (Destacado de esta Sala).

 

            En atención a los criterios jurisprudenciales antes esbozados, observa esta Sala que la Resolución impugnada cursante a los folios 34 al 46 del expediente judicial, es un acto administrativo de efectos particulares de cuyo texto se constata que no es modificatoria del acto primogenio, pues por el contrario se evidencia que los reparos formulados por los diferentes conceptos se mantienen, y como bien lo afirma la Administración Tributaria se corrigió un error de cálculo ocurrido en la determinación del impuesto a pagar y no a compensar como erróneamente lo señalaron los funcionarios fiscales en la respectiva acta de reparo.

            En tal sentido, aprecia esta Máxima Instancia que efectivamente   los funcionarios fiscales incurrieron en un error de cálculo al tomar la cantidad de Bs. 189.560.545,30, correspondiente a la diferencia de impuesto sobre la renta resultante entre la declaración presentada por la contribuyente para el ejercicio fiscal coincidente con el año 1998 y el impuesto determinado por la fiscalización, y restarle las rebajas por concepto de impuesto retenidos e impuestos pagados en exceso, así como las rebajas en concepto de créditos originados del impuesto a los activos empresariales, que ascienden a la cantidad de Bs. 192.332.781,80; cuando lo correcto era que aplicaran dichas rebajas al impuesto sobre la renta determinado de oficio, cuyo monto es de  Bs. 287.155.150,00, lo cual arroja un impuesto a pagar de Bs. 94.022.368,20, como lo afirma la representación fiscal. Así también se declara.

            En orden a lo antes expuesto, resulta forzoso para esta Sala declarar improcedente el vicio de inmotivación del acto administrativo impugnado, alegado por la representación judicial de la contribuyente en el escrito contentivo del recurso contencioso tributario de autos, toda vez que en dicho acto además de haberse señalado con meridiana claridad los fundamentos de hecho y derecho que lo sustentan, fue dictado por la Administración Tributaria haciendo uso de la potestad de autotutela administrativa, concretamente, de la facultad de corregir los errores materiales o de cálculo. Así se declara.

            Por otra parte, con  relación a las sanciones de multas impuestas por la Administración Tributaria a la sociedad mercantil contribuyente, ésta invocó las atenuantes previstas en los numerales 2, 3 y 4 del artículo 85 del Código Orgánico Tributario de 1994 aplicable ratione temporis, las cuales son del tenor siguiente:

            “Artículo 85. (…)

            Son atenuantes:

            (...)

2. No haber tenido la intención de causar el hecho imputado de tanta gravedad.

3. La presentación o declaración espontánea para regularizar el crédito tributario. No se reputará espontánea la presentación o declaración, motivada por una fiscalización por los organismos competentes.

4. No haber cometido el indiciado ninguna violación de normas tributarias durante los tres (3) años anteriores a aquél en que se cometió la infracción”.

 

            En cuanto a la circunstancia atenuante prevista en el numeral 2, del artículo 85 antes citado, referente a “No haber tenido la intención de causar el hecho imputado de tanta gravedad”, advierte la Sala que de los autos se constata que la infracción imputada a la sociedad de comercio recurrente se deriva de una conducta de naturaleza objetiva por parte del sujeto infractor, es decir, que la sola materialización fáctica de conductas contrarias a la obligación impuesta por la ley hace que la infracción se configure, sin necesidad de que haya habido dolo o culpa de la contribuyente (criterio que ha sido sostenido en reiteradas oportunidades por esta Máxima Instancia, entre otras, en las Sentencias Nros. 00262 del 19 de febrero de 2002; 00307 del 13 de abril de 2004; y 06423 del 1º de diciembre de 2005).

            Así, se aprecia que en el caso bajo análisis la Administración Tributaria encuadró el actuar de la empresa contribuyente, en el supuesto de hecho tipificado en el artículo 97 del Código Orgánico Tributario de 1994, que prevé una sanción de multa para los casos en que se haya llevado a cabo una acción u omisión que afecte o disminuye ilegítimamente los ingresos fiscales.

            En este sentido, del contenido del artículo 97 eiusdem se desprende lo siguiente:

 “Artículo 97. El que mediante acción u omisión que no constituye ninguna de las otras infracciones tipificadas en este Código, cause una disminución ilegítima de ingresos tributarios, inclusive mediante la obtención indebida de exoneraciones u otros beneficios fiscales, será penado con multa desde un décimo hasta dos veces el monto del tributo omitido”.

            De acuerdo a la normativa transcrita, en el caso de autos constata esta Sala que en la declaración de rentas presentada por la contribuyente para el ejercicio fiscal coincidente con el año 1998, ésta no incluyó los ingresos obtenidos por la venta de ciertas mercancías y de un inmueble, reduciendo ilegítimamente el impuesto a pagar, omisión que además fue reconocida por la propia empresa recurrente, razón por la cual Administración Tributaria formuló el reparo correspondiente,  subsumiendo tal actuación en la disposición contenida en la norma supra transcrita.

            Conforme a lo expuesto, debe esta Sala declarar improcedente la atenuante solicitada por la representación judicial de la sociedad de comercio contribuyente, contemplada en el numeral 2 del artículo 85 eiusdem. Así se declara.

            Respecto a la atenuante contenida en el numeral 3, del artículo 85 del Código Orgánico Tributario de 1994, concerniente a “La presentación o declaración espontánea para regularizar el crédito tributario”, se advierte de la revisión exhaustiva de las actas procesales, que la contribuyente no presentó espontáneamente su declaración de impuesto sobre la renta, lo cual se evidencia del procedimiento de fiscalización llevado a cabo por la Administración Tributaria (folios 381 al 389); en tal sentido, esta Sala considera improcedente la atenuante contemplada en la referida norma. Así se declara.

            Con relación a la atenuante prevista en el numeral 4, del  precitado artículo 85, a saber, “no haber cometido ninguna violación de normas tributarias durante los tres (3) años anteriores a aquél en que se cometió la infracción”, se observa que la jurisprudencia de la Sala se ha mantenido constante y uniforme, para sostener que corresponde a la Administración Tributaria probar que la contribuyente ha sido sancionada o no en oportunidades anteriores, por cuanto “se supone tiene en sus manos todas las herramientas en los distintos tributos para poder precisar si un contribuyente ha cometido infracciones de normas tributarias en un determinado momento”.  Tal criterio quedó expresado en la sentencia No. 262 del 19 de febrero de 2002, caso: Sucesión de Luigi Riggione Monterio; ratificado en sentencias No. 783 del 28 de mayo de 2003, caso: Central Madeirense, C.A. y  No. 307 del 13 de abril de 2004, caso: Sucesión Rosa Elena Irigoyen Rodríguez, entre otras.

            En atención a lo antes expresado, la Sala observa que la representación judicial del Fisco Nacional no aportó elemento alguno probatorio de la violación de normas tributarias por parte de la sociedad mercantil contribuyente con anterioridad a la fiscalización aquí analizada; por lo que se acuerda la aplicación de la atenuante prevista en el numeral 4 del artículo 85 eiusdem. Así se declara.

Dilucidado lo anterior, este Máximo Tribunal, haciendo uso de su facultad de graduación de la pena, de conformidad con la norma prevista en el artículo 97 del Código Orgánico Tributario de 1994, y de acuerdo a la ocurrencia de la atenuante señalada, confirma la multa impuesta por la Administración Tributaria, acordándola en el equivalente al ochenta por ciento (80%) aplicado sobre el tributo omitido, que deberá ser calculado de conformidad con lo establecido en el presente fallo. Así se declara.

            Sin embargo, se advierte que la atenuante en referencia no resulta aplicable para el caso de la multa que le impuso la Administración Tributaria a la sociedad de comercio contribuyente conforme a lo dispuesto en el artículo 101 del Código Orgánico Tributario de 1994, como consecuencia de haber retenido pero enterado con retardo los impuestos correspondientes a los meses de marzo, abril y julio de 1998; toda vez que la aludida sanción fue impuesta en su límite mínimo, es decir, el equivalente al cincuenta por ciento mensual de los tributos retenidos o percibidos, razón por la cual se confirma dicha multa. Así se declara.

            Sobre la base de los razonamientos realizados, esta Sala declara  con lugar el recurso de apelación ejercido por la representación judicial del Fisco Nacional, en consecuencia, anula la sentencia apelada y declara parcialmente con lugar el recurso contencioso tributario incoado por la contribuyente.

           

  VI     

DECISIÓN

            En virtud de todos los razonamientos precedentemente expuestos, esta  Sala Político-Administrativa, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara:

            1.- CON LUGAR la apelación interpuesta por los abogados del Fisco Nacional, contra la sentencia dictada en fecha 10 de mayo de 2002 por el Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, la cual se ANULA en todas sus partes.

            2.- PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso tributario interpuesto por la sociedad mercantil MANUFACTURAS JAYDAN C.A. contra el acto administrativo contenido en la Resolución N° SAT-GRTI-DSA-2001-0000023 de fecha 08 de febrero de 2001, dictada por la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Capital del  Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT). En consecuencia, queda FIRME el acto administrativo recurrido en lo atinente al pago de la diferencia del impuesto sobre la renta determinado por la cantidad de Noventa y Cuatro Millones Veintidós Mil Trescientos Sesenta y Ocho Bolívares con Veinte Céntimos (Bs. 94.022.368,20) para el ejercicio fiscal coincidente con el año civil 1998;  así como la sanción de multa impuesta de conformidad con lo previsto en el artículo 101 del Código Orgánico Tributario de 1994, por haber retenido pero enterado con retardo los impuestos correspondientes a los meses de marzo, abril y julio de 1998, en la cantidad de  Trescientos Diecisiete Mil Trescientos Un Bolívares con Treinta y Ocho Céntimos (Bs 317.301,38); y se ANULA del mencionado acto lo referente a  la sanción de multa impuesta conforme a lo establecido en el artículo 97 eiusdem, por lo que se ORDENA a la Administración Tributaria determinar nuevamente la multa, ajustándose a los términos expresados en este fallo y emitir las planillas correspondientes.

            Publíquese, regístrese y notifíquese. Remítase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los diecinueve (19) días del mes de junio del año dos mil siete (2007). Años 197º de la Independencia y 148º de la Federación.

 

La Presidenta - Ponente

EVELYN MARRERO ORTÍZ

La Vicepresidenta

YOLANDA JAIMES GUERRERO

 

Los Magistrados,

LEVIS IGNACIO ZERPA

 

HADEL MOSTAFÁ PAOLINI

 

EMIRO GARCÍA ROSAS

 

La Secretaria,

SOFÍA YAMILE GUZMÁN

En veinte (20) de junio del año dos mil siete, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 01054.

 

 

La Secretaria,

SOFÍA YAMILE GUZMÁN

 

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