Sentencia N.º 01060
- Sentencia
- N.º 01060
- Fecha
- 03/08/2011
- Sala
- Político Administrativa
- Expediente
- 2011-0512
- Ponente
- Levis Ignacio Zerpa
- Procedimiento
- Recurso de Nulidad
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
MAGISTRADO PONENTE: LEVIS IGNACIO ZERPA
Exp. N° 2011-0512 C/S AA40-X-2011-000050
Adjunto al Oficio Nº 000706 de fecha 26 de mayo de 2011, el Juzgado de Sustanciación remitió a esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia el cuaderno separado contentivo de la solicitud de amparo cautelar y suspensión de efectos, requerida por el abogado Edilberto J. Natera B., inscrito en el INPREABOGADO bajo el N° 47.548, actuando en su carácter de apoderado judicial del ciudadano JAVIER MARCIAL SALAZAR COA, titular de la cédula de identidad N° 6.945.027, abierto con ocasión del recurso de nulidad interpuesto contra el acto administrativo contenido en la Resolución N° 01-00-000444 de fecha 09 de diciembre de 2010, dictada por el CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, mediante el cual el actor fue suspendido sin goce de sueldo del cargo de Concejal y Presidente del Concejo Municipal de Aragua de Maturín, Municipio Piar del Estado Monagas, o de cualquier otro cargo público que pudiera estar desempeñando, por un período de doce (12) meses.
El 01 de junio de 2011, se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado Levis Ignacio Zerpa, a los fines de decidir la solicitud de medidas cautelares.
Por escrito de fecha 07 de junio de 2011, los abogados Mónica Misticchio Tortorella, Paulo Enrique Zárraga Flores y Carlos Luis Mendoza Guyón, inscritos en el INPREABOGADO bajo los números 47.196, 49.685 y 101.960, respectivamente, actuando en representación de la Contraloría General de la República, se opusieron a las medidas cautelares solicitadas.
Realizado el estudio del expediente, pasa la Sala a decidir, conforme a las siguientes consideraciones:
I
DEL ACTO IMPUGNADO
En la Resolución N° 01-00-000444 de fecha 09 de diciembre de 2010, dictada por el Contralor General de la República, el actor fue suspendido sin goce de sueldo del cargo de Concejal y Presidente del Concejo Municipal de Aragua de Maturín, Municipio Piar del Estado Monagas, o de cualquier otro cargo público que pudiera estar desempeñando, por un período de doce (12) meses, ello en los términos siguientes:
( ) CONSIDERANDO
Que en auto decisorio de fecha 18 de enero de 2010, sucrito por el ciudadano ALEXANDER PÉREZ ABREU, en su carácter de Director Sectorial de la Dirección de Determinación de Responsabilidades de la Dirección General de Procedimientos Especiales de este Organismo Contralor, ( ) constan los fundamentos de hecho y de derecho que motivaron la declaratoria de responsabilidad administrativa del ciudadano JAVIER MARCIAL SALAZAR COA ( ) en su condición de Concejal del Municipio Piar del Estado Monagas, por hechos irregulares ocurridos durante el ejercicio fiscal 2001 y primer semestre del año 2002, en los términos siguientes:
Por haber actuado de manera negligente en la preservación y salvaguarda de los bienes del patrimonio público, al cobrar en exceso la suma total de ocho millones cuatrocientos veintiún mil seiscientos bolívares (bs. 8.421.600,oo) equivalente a ocho mil cuatrocientos veintiún bolívares fuertes con sesenta céntimos (Bs. 8.421,60), en contravención a lo dispuesto en el artículo 3° del Decreto mediante el cual se dictó Régimen Transitorio de Remuneraciones de los Más Altos Funcionarios de los Estados y los Municipios y al artículo 3 de la Ley Orgánica de Emolumentos para Altos Funcionarios y Funcionarias de los Estados y los Municipios, no obstante que en su condición de Concejal, debía estar en conocimiento de los límites establecidos en las normativas que regulaban la materia, por lo que al aceptar la cantidad supra señalada, sin que se evidenciaran las gestiones administrativas pertinentes a los fines de advertir que las remuneraciones percibidas excedían los límites establecidos en las normas aludidas con anterioridad, constituyó el supuesto generador de responsabilidad administrativa previsto en el numeral 3 del artículo 113 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, vigente para la época, supuesto que mantiene su continuidad en el numeral 2 de artículo 91 de la vigente Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.
Adicionalmente aprobó con su voto Elevar el sueldo de los Concejales a 950.000,oo ( ) en contravención al Régimen Transitorio de Remuneraciones de los Más Altos Funcionarios de los Estados y los Municipios, vigente para ese momento, configurándose el supuesto generador de responsabilidad administrativa, a tenor de lo dispuesto en el artículo 38 de la ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público ( )
CONSIDERANDO
Que en fecha 12 de mayo de 2010, se declaró SIN LUGAR el Recurso de Reconsideración interpuesto ( ) contra la decisión que declaró su responsabilidad administrativa, antes aludida.
CONSIDERANDO
Que los montos percibidos de manera ilegal e indebida fueron reintegrados en su totalidad a favor del Fisco Nacional. ( )
RESUELVE
De conformidad con lo establecido en el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de control Fiscal y artículo 112 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal imponer al ciudadano JAVIER MARCIAL SALAZAR COA ( ) la sanción de SUSPENSIÓN, SIN GOCE DE SUELDO, del ejercicio del cargo de Concejal y presidente del Concejo Municipal Aragua de Maturín, Municipio Piar del Estado Monagas, o de cualquier otro cargo público que pudiera estar desempeñando, por un período de DOCE (12) MESES, contado a partir de la ejecución de la presente Resolución. ( ) (Sic)
II
DEL RECURSO DE NULIDAD
Expuso el apoderado judicial del actor:
Que todo acto que pretenda suspender el ejercicio de un derecho lleva impreso una flagrante conculcación del derecho al debido proceso y a ser juzgado por sus jueces naturales, que en el caso de autos son los electores de su respectiva circunscripción electoral, a tenor de lo dispuesto en el artículo 72 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Que todos los ciudadanos tienen derecho a participar libremente en los asuntos públicos, y más aun su representado, quien fue electo popularmente para representar al Pueblo.
Que con la conducta lesiva del Órgano Fiscal se le está conculcando a su mandante su derecho a participar libremente en los asuntos públicos, así como el derecho al libre ejercicio de las funciones públicas para las cuales fue electo.
Que a pesar de haber sido dictado el acto recurrido por el Contralor General de la República, la notificación del mismo no se encontraba suscrita por éste, sino por un funcionario de menor jerarquía, tal es el caso del Director de Determinación de Responsabilidades, sin señalarse de manera expresa en el texto de la notificación el marco de competencias con que actúa.
Que en el caso de su representado no se mantuvo la debida proporcionalidad y adecuación con el supuesto de hecho y con los fines de la norma, esto es, el artículo 105 de la Ley de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, no hubo dolo alguno, como tampoco se trató de una conducta negligente, ni se le causó daño alguno al patrimonio público municipal; y sin embargo el Órgano Contralor no sólo declaró la responsabilidad administrativa de su poderdante sino que lo multó y suspendió del cargo, siendo evidente el quebrantamiento de los límites a la discrecionalidad previstos en el artículo 12 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
Que no se puede sancionar dos veces a una persona por los mismos hechos, por lo que si a su representado ya se le había impuesto una sanción de multa, además de haber reintegrado al Fisco Municipal los montos recibidos en exceso, mal podía la Contraloría General de la República imponerle una segunda sanción.
Que en sentencia de la Sala Constitucional de este Alto Tribunal de fecha 31 de mayo de 2005, al pronunciarse acerca de solicitud de aclaratoria de la sentencia N° 174 al referirse a la posibilidad de la suspensión temporal del cargo de un funcionario de elección popular, admite la posibilidad de la referida suspensión temporal porque ella no implica la pérdida de la investidura, de manera que si la naturaleza de la actuación del funcionario que ha conllevado a la declaratoria de la responsabilidad administrativa es grave, puede procederse a la correspondiente suspensión temporal en el ejercicio del cargo, debiendo instarse inmediatamente al Ministerio Público para que ejerza las acciones judiciales que determinen su eventual responsabilidad penal por los ilícitos contra el patrimonio público; situación que, a decir de la parte accionante, no ocurrió en el presente caso ya que no hubo dolo alguno como tampoco se trató de una conducta negligente.
En relación con la acción de amparo cautelar, expuso:
( ) Ahora bien, con carácter previo, solicito, con el debido respeto y Acatamiento que este sentenciador proceda otorgar a mi Poderdante ( ) AMPARO CAUTELAR sobre su derecho a la defensa; su derecho a ser juzgado por sus Jueces Naturales; su derecho a participar libremente en los asuntos públicos, así como su derecho al libre ejercicio de las funciones públicas para las cuales fue electo, específicamente, el de Concejal del Municipio Piar del Estado Monagas; y la Garantía Constitucional del Debido Proceso; a tenor de lo preceptuado en el Artículo 5° de la Ley Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y en consecuencia, se ordene al ciudadano CLODOSBALDO RUSSIAN UZCÁTEGUI, en su carácter de Contralor General de la República, así como al ciudadano FRANKLIN ANTONIO BOLÍVAR ( ) en su carácter de Presidente del Concejo Municipal del Municipio Piar del Estado Monagas; al ciudadano MIGUEL FUENTES GIL, en su carácter de Alcalde del Municipio Piar del Estado Monagas; y en general a todas las Autoridades Públicas y Privadas de la República y en especial del Municipio Piar del Estado Monagas, tener y reconocer a mi Patrocinado ( ) PROVISIONALMENTE como Concejal en ejercicio, del Concejo Municipal del Municipio Piar del Estado Monagas, y se le restablezca la situación jurídica que le ha sido lesionada e infringida. ( )
En este sentido es de importancia capital señalar que por lo tardío que puede resultar el presente proceso judicial ello podría traducirse en un gravamen de naturaleza irreparable por la definitiva, pues como es de todos conocido, el período constitucional para el cual fue electo está próximo a fenecer, y dado que aun la fecha del próximo proceso eleccionario no ha sido fijada por el Consejo Nacional Electoral ( ) por lo que con toda seguridad es muy posible que la sentencia definitiva trascienda y sobrepase en el tiempo lo que resta del aludido período constitucional ( ).
Subsidiariamente, solicitó la suspensión de efectos del acto impugnado ratificando lo expuesto precedentemente en cuanto al periculum in mora, indicando:
( ) solicito, con el debido respecto y acatamiento que SUBISIDIARIAMENTE, este sentenciador proceda al otorgamiento de una medida cautelar a tenor de lo dispuesto en los artículos 4, 103, 104 y 105 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contenciosa Admnistrativa, en concordancia con lo preceptuado en el parágrafo primero de los artículos 588 del Código de Procedimiento Civil y 585 ejusdem, y lo preceptuado en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, consistente en la suspensión de los efectos del acto administrativo impugnado, y en consecuencia ( ) se le reestablezca la situación jurídica que le ha sido lesionada e infringida, reincorporándole en forma inmediata al ejercicio del referido cargo; con todos los derechos, deberes, atribuciones, competencias y consecuencias jurídicas que ello implica, hasta tanto se decida el fondo de la presente acción de nulidad; ello a los fines de resguardar el buen derecho invocado a favor de este, y garantizar las resultas del juicio, toda vez que la medida cautelar solicitada no prejuzga sobre la decisión definitiva. En este sentido es de importancia capital señalar que por lo tardío que pueda resultar el presente proceso judicial ello podría traducirse en un gravamen de naturaleza irreparable por la definitiva, pues como es de todos conocido, el período constitucional para el cual fue electo está próximo a fenecer, y dado que aun la fecha del próximo proceso eleccionario no ha sido fijada por el Consejo Nacional Electoral ( ) por lo que con toda seguridad es muy posible que la sentencia definitiva trascienda y sobrepase en el tiempo lo que resta del aludido período constitucional ( )
De tal forma que pudiera hacerse nugatoria una potencial sentencia definitiva favorable ( )
III
OPOSICIÓN A LAS MEDIDAS CAUTELARES
La representación de la Contraloría General de la República se opuso en los términos siguientes:
Que de lo expuesto por la parte actora para fundamentar la solicitud de medida cautelar de amparo, en modo alguno se desprende en qué forma el acto administrativo emanado de su representada vulnera los derechos constitucionales enunciados, por lo que no se evidenció el requisito del buen derecho.
Que con relación al fundamento del gravamen irreparable que le podría causar el tiempo que pudiese tomar el dictar la decisión definitiva, deben resaltar que los actos administrativos gozan de presunción de legalidad, y en consecuencia son ejecutables y ejecutorios, en razón de lo cual, mal podría pretender la parte actora que, debido al posible retardo en que pudiera incurrir este máximo Juzgador (derivado de la cantidad de causas que en él se tramitan), se proceda a acordar un amparo cautelar contra el acto administrativo que nos atañe, ya que ello traería como consecuencia aplicar ese criterio al resto de los casos que conoce este Tribunal en los que se haya solicitado un amparo contra un acto administrativo, convirtiendo lo que está previsto como una excepción en una regla y desvirtuando con ello el objeto de una medida de esa naturaleza.
Que en relación con la solicitud de suspensión de efectos, debe resaltarse que con la argumentación genérica esbozada por la parte actora para fundamentar la medida, no se demuestran los hechos concretos capaces de crear la convicción de la efectiva existencia del buen derecho.
Que en el supuesto negado de que esta Sala considere que tal argumentación no es genérica e imprecisa, es evidente que con la misma, lo que pretende el apoderado del recurrente es que se valoren los mismos fundamentos de la acción principal, lo cual, de acuerdo a la jurisprudencia reiterada y pacífica de ese Máximo Tribunal indicada precedentemente-, resulta jurídicamente inadmisible.
Que cualquier decisión que tomase esta Sala se traduciría en una valoración del mérito del asunto.
Que reproduce la parte actora los alegatos relativos al prericulum in mora formulados en la petición de amparo cautelar.
En consecuencia, solicitaron que las peticiones cautelares fuesen declaradas improcedentes.
IV
PUNTO PREVIO
DEL PROCEDIMIENTO APLICABLE PARA EL TRÁMITE DEL AMPARO CAUTELAR
Antes de de proveer sobre la medida de amparo constitucional, se advierte que en fecha 16 de junio de 2010, entró en vigencia la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.447 de la misma fecha, reimpresa por error material en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.451 en fecha 22 de junio de 2010, instrumento normativo que establece en los artículos 103, 104 y 105 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, lo siguiente:
Artículo 103: Este procedimiento regirá la tramitación de las medidas cautelares, incluyendo las solicitudes de amparo cautelar, salvo lo previsto en el artículo 69 relativo al procedimiento breve.
Artículo 104: A petición de las partes, en cualquier estado y grado del procedimiento, el tribunal podrá acordar las medidas cautelares que estime pertinentes para resguardar la apariencia del buen derecho invocado y garantizar las resultas del juicio, ponderando los intereses públicos generales y colectivos concretizados y ciertas gravedades en juego, siempre que dichas medidas no prejuzguen sobre la decisión definitiva.
El tribunal contará con los más amplios poderes cautelares para proteger a la Administración Pública, a los ciudadanos o ciudadanas, a los intereses públicos y para garantizar la tutela judicial efectiva y el restablecimiento de las situaciones jurídicas infringidas mientras dure el proceso.
En causas de contenido patrimonial, el tribunal podrá exigir garantías suficientes al solicitante.
Artículo 105: Recibida la solicitud de medida cautelar, se abrirá cuaderno separado para el pronunciamiento dentro de los cinco días de despacho siguientes.
En los tribunales colegiados el juzgado de sustanciación remitirá inmediatamente el cuaderno separado. Recibido el cuaderno se designará ponente, de ser el caso, y se decidirá sobre la medida dentro de los cinco días de despacho siguientes.
Al trámite de las medidas cautelares se dará prioridad. (Negrillas de la Sala).
Como puede apreciarse de la última norma citada, recibida la solicitud de la medida cautelar, se abrirá cuaderno separado para la emisión del pronunciamiento respectivo y, en el caso de Tribunales colegiados, el Juzgado de Sustanciación remitirá el cuaderno separado al Órgano Jurisdiccional, el cual, una vez que lo haya recibido, debe designar ponente y, dentro de los cinco días de despacho siguientes, decidirá la medida cautelar de que se trate.
Ahora bien, observa la Sala, como máxima cúspide de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa, que el trámite contemplado en el aludido artículo 105 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa es aplicable siempre y cuando resulte compatible con la naturaleza de la medida cautelar solicitada.
En efecto, frente a la solicitud cautelar de un amparo constitucional en un Tribunal colegiado dicho procedimiento no resulta el más idóneo, en aras de garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva, consagrado en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, tomando en consideración las exigencias de brevedad y no formalidad, contempladas en el artículo 27 eiusdem, para el restablecimiento, de forma inmediata, de la situación jurídica infringida.
Siendo ello así, considera esta Sala que el procedimiento más eficaz para la tramitación del amparo cautelar, por ajustarse a la exigencia de tutela judicial efectiva es el establecido por este Órgano Jurisdiccional mediante sentencia N° 00402 de fecha 15 de marzo de 2001 y publicada el 20 de ese mes y año, Caso: Marvin Enrique Sierra Velasco, la cual ha sido ratificada de manera reiterada por esta Sala, conforme a la cual:
resulta de obligada revisión el trámite que se le ha venido otorgando a la acción de amparo ejercida de forma conjunta, pues si bien con ella se persigue la protección de derechos fundamentales, ocurre que el procedimiento seguido al efecto se muestra incompatible con la intención del constituyente, el cual se encuentra orientado a la idea de lograr el restablecimiento de derechos de rango constitucional en la forma más expedita posible.
( omissis )
En tal sentido, nada obsta a que en virtud del poder cautelar que tiene el juez contencioso-administrativo, le sea posible decretar una medida precautelativa a propósito de la violación de derechos y garantías constitucionales, vista la celeridad e inmediatez necesarias para atacar la transgresión de un derecho de naturaleza constitucional.
( omissis )
Se justifica, entonces, que una vez admitida la causa principal por la Sala, se emita al mismo tiempo un pronunciamiento sobre la medida cautelar de amparo solicitada, con prescindencia de cualquier otro aspecto, cumpliéndose así con el propósito constitucional antes acotado.
( omissis )
Por otra parte, considera esta Sala que la tramitación así seguida no reviste en modo alguno, violación del derecho a la defensa de la parte contra quien obra la medida, pues ésta podrá hacer la correspondiente oposición, una vez ejecutada la misma ( ) procediendo entonces este Máximo Tribunal, previo el examen de los alegatos y pruebas correspondientes, a la revocación o confirmación de la medida acordada como consecuencia de la solicitud de amparo cautelar.
( omissis )
En conclusión, propuesta la solicitud de amparo constitucional conjuntamente con una acción contencioso-administrativa de nulidad, pasará la Sala, una vez revisada la admisibilidad de la acción principal, a resolver de inmediato sobre la medida cautelar requerida; debiendo abrirse cuaderno separado en el caso de acordarse la misma, para la tramitación de la oposición respectiva, el cual se remitirá junto con la pieza principal, contentiva del recurso de nulidad, al Juzgado de Sustanciación, a fin de que se continúe la tramitación correspondiente. Así se decide. (Destacado de la Sala)
De manera que, a juicio de esta Sala, recibida la solicitud de amparo constitucional, conjuntamente con un recurso contencioso administrativo de nulidad, la Sala revisará la admisibilidad de la acción principal con prescindencia de lo atinente a la caducidad del recurso, cuyo examen, de resultar procedente el amparo, corresponderá al Juzgado de Sustanciación. Igualmente, de existir oposición a esa medida cautelar, se aplicará lo previsto en el artículo 106 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, norma que remite a lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil. Así se decide.
V
MOTIVACIONES PARA DECIDIR
1.- Como quiera que, en el caso de autos, el Juzgado de Sustanciación en fecha 24 de mayo de 2011, se pronunció sobre la admisión del presente recurso contencioso administrativo de nulidad, esta Sala pasa a revisar los requisitos de procedencia de la medida cautelar de amparo constitucional solicitada por el actor.
En tal sentido, debe analizarse el fumus boni iuris, con el objeto de concretar la presunción grave de violación o amenazas de violación del derecho o derechos constitucionales alegados por la parte quejosa, para lo cual es necesario no un simple alegato de perjuicio, sino la argumentación y la acreditación de hechos concretos de los cuales nazca la convicción de violación a los derechos constitucionales del accionante. En cuanto al periculum in mora, se reitera que en estos casos es determinable por la sola verificación del extremo anterior, pues la circunstancia de que exista una presunción grave de violación de un derecho de orden constitucional o su limitación fuera de los parámetros permitidos en el Texto Fundamental, conduce a la convicción de que por la naturaleza de los intereses debatidos debe preservarse in límine su ejercicio pleno, ante el riesgo inminente de causar un perjuicio irreparable en la definitiva a la parte que alega la violación. (Ver sentencia de esta Sala N° 402 de fecha 20 de marzo de 2001).
Solicitó el recurrente AMPARO CAUTELAR sobre su derecho a la defensa; su derecho a ser juzgado por sus Jueces Naturales; su derecho a participar libremente en los asuntos públicos, así como su derecho al libre ejercicio de las funciones públicas para las cuales fue electo, específicamente, el de Concejal del Municipio Piar del Estado Monagas; y la Garantía Constitucional del Debido Proceso.
En primer lugar, se advierte que si bien en el Capítulo relativo a la acción amparo la parte accionante se limitó a enunciar los derechos constitucionales que a su decir le fueron vulnerados, puede la Sala deducir el fundamento de los mismos de la argumentación del recurso de nulidad y en tal sentido observa:
En relación con la violación al derecho a la defensa alegó el apoderado judicial del actor que a pesar de haber sido dictado el acto recurrido por el Contralor General de la República, la notificación del mismo no se encontraba suscrita por éste, sino por un funcionario de menor jerarquía, tal es el caso, por el Director de Determinación de Responsabilidades, sin señalarse de manera expresa en el texto de la notificación el marco de competencias con que actuaba.
Al respecto, advierte la Sala que de lo anterior no pareciera evidenciarse violación alguna del derecho a la defensa del ciudadano Javier Marcial Salazar Coa, puesto que de sus propios alegatos se desprende que el Director de Determinación de Responsabilidades lo que le estaba era notificando el acto suscrito por el Contralor General de la República, habiéndose cumplido así el fin de ponerlo en conocimiento del mismo a los fines de ejercer los recursos pertinentes. Así se decide.
De otra parte, alegó el apoderado judicial del actor que todo acto que pretenda suspender el ejercicio de un derecho lleva impreso una flagrante conculcación del derecho al debido proceso y a ser juzgado por sus jueces naturales, que en el caso de autos son los electores de su respectiva circunscripción electoral, a tenor de lo dispuesto en el artículo 72 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Alegó además que todos los ciudadanos tienen derecho a participar libremente en los asuntos públicos, y más aun su representado, quien fue electo popularmente para representar al pueblo y que con la conducta lesiva del Órgano Fiscal se le está conculcando a su mandante su derecho a participar libremente en los asuntos públicos, así como el derecho al libre ejercicio de las funciones públicas para las cuales fue electo.
Al respecto, advierte la Sala que al actor se le suspendió del ejercicio del cargo, lo cual implica un cese temporal en el ejercicio de sus funciones como Concejal y no una revocatoria del cargo para el que fue electo por voluntad popular; de allí que, preliminarmente, deben desecharse los argumentos esgrimidos por la parte accionante en ese sentido. Así se decide. (Ver sentencia de esta Sala N° 00309 de fecha 10 de marzo de 2011)
Cabe además destacar que la sanción impuesta se encuentra prevista en el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, como una sanción accesoria a la declaratoria de responsabilidad administrativa, la cual en el presente caso se encuentra firme, pues no se desprende de los autos que se haya interpuesto recurso alguno contra el acto que declaró sin lugar el recurso de reconsideración ejercido.
A su vez, debe resaltarse que en todo caso será en la decisión que atañe a la legalidad del acto impugnado que la Sala se pronunciará acerca de la proporcionalidad de la sanción impuesta.
Desechadas en su totalidad las alegadas violaciones constitucionales, debe la Sala forzosamente declarar la improcedencia del amparo cautelar solicitado. Así también se decide.
2.- Declarada la improcedencia del amparo cautelar solicitado, corresponde emitir pronunciamiento acerca de la causal de inadmisibilidad relativa a la caducidad de la acción y, al respecto, se observa que el acto administrativo cuya nulidad se pretende fue notificado al ciudadano Javier Marcial Salazar Coa en fecha 17 de febrero de 2011, según se evidencia del folio 7 de la Pieza Anexo A del expediente y siendo que el presente recurso contencioso administrativo de nulidad fue interpuesto el 05 de mayo de 2011, según nota de la Secretaria de esta Sala estampada al vuelto del folio 56 del expediente judicial principal, debe concluirse que su interposición se produjo dentro del lapso de seis meses, previsto en el artículo 108 de la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. Así se decide.
3.- En lo que se refiere a la medida de suspensión de efectos del acto administrativo impugnado, la Sala observa:
La medida de suspensión de efectos actualmente no está prevista en la nueva Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, ni en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, sin embargo, ello no implica que la misma no pueda ser acordada, al ser una de las medidas preventivas típicas del contencioso administrativo, siendo además que, en todo caso, la misma debe analizarse en atención al artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela el cual prevé que toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente, y de conformidad con lo previsto en el Parágrafo Primero del artículo 588 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por la remisión supletoria que hace el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, cuyo texto dispone:
Artículo 588 ( ) Parágrafo Primero: Además de las medidas preventivas anteriormente enumeradas, y con estricta sujeción a los requisitos previstos en el artículo 585, el Tribunal podrá acordar las providencias cautelares que considere adecuadas, cuando hubiere fundado temor de que una de las partes pueda causar lesiones graves o de difícil reparación al derecho de la otra. En estos casos para evitar el daño, el Tribunal podrá autorizar o prohibir la ejecución de determinados actos, y adoptar las providencias que tengan por objeto hacer cesar la continuidad de la lesión.
Así, ha sido criterio reiterado de este Alto Tribunal, que la suspensión de efectos de los actos administrativos, como antes se indicó, constituye una medida preventiva típica del contencioso administrativo, mediante la cual, haciendo excepción al principio de ejecutoriedad del acto administrativo, consecuencia de la presunción de legalidad, se procura evitar lesiones irreparables o de difícil reparación al ejecutarse una eventual decisión anulatoria del acto, porque ello podría constituir un menoscabo a la garantía del derecho fundamental de acceso a la justicia y al debido proceso.
En este sentido, debe el Juez velar porque su decisión se fundamente no sólo en un simple alegato de perjuicio, sino en la argumentación y acreditación de hechos concretos de los cuales nazca la convicción de un posible perjuicio real y procesal para el recurrente.
Por tanto, la medida preventiva de suspensión de efectos procede sólo cuando se verifiquen concurrentemente los supuestos que la justifican, esto es, que la medida sea necesaria a los fines de evitar perjuicios irreparables o de difícil reparación, o bien para evitar que el fallo quede ilusorio, y que adicionalmente resulte presumible que la pretensión procesal principal resultará favorable; significa entonces que deben comprobarse los requisitos de procedencia de toda medida cautelar: el riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y la presunción grave del derecho que se reclama, a lo cual hay que agregar, conforme a lo dispuesto en el antes citado artículo 104 de la novísima Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, la adecuada ponderación de los intereses públicos generales y colectivos concretizados y ciertas gravedades en juego.
En efecto, el correcto análisis acerca de la procedencia de la medida cautelar solicitada requiere además de la verificación del periculum in mora, la determinación del fumus boni iuris, pues mientras aquél es exigido como supuesto de procedencia en el caso concreto, ésta, la presunción grave de buen derecho, es el fundamento mismo de la protección cautelar, dado que en definitiva, sólo a la parte que posee la razón en juicio puede causársele perjuicios irreparables que deben ser evitados, bien que emanen de la contraparte o sean efecto de la tardanza del proceso. Consecuentemente, el referido principio se encuentra en las exigencias del artículo 104 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, para acordar la suspensión de efectos.
Establecidos los anteriores lineamientos, se advierte que a los fines de argumentar la solicitud cautelar, la parte accionante sólo reprodujo los términos empleados en la petición cautelar de amparo, la cual fue desechada supra; por ende, también se declara la improcedencia de la referida medida con base en los razonamientos antes formulados. Así se decide.
VI
DECISIÓN
Por lo expuesto, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara:
1.- IMPROCEDENTE el amparo cautelar solicitado por el accionante, ciudadano JAVIER MARCIAL SALAZAR COA, contra el acto administrativo contenido en la Resolución N° 01-00-000444 de fecha 09 de diciembre de 2010, dictada por el CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, mediante el cual el actor fue suspendido sin goce de sueldo del cargo de Concejal y Presidente del Concejo Municipal Aragua de Maturín, Municipio Piar del Estado Monagas, o de cualquier otro cargo público que pudiera estar desempeñando, por un período de doce (12) meses.
2.- IMPROCEDENTE la medida de suspensión de efectos del acto administrativo impugnado.
Publíquese, regístrese y notifíquese. Agréguese copia certificada de la presente decisión a la pieza principal. Cúmplase lo ordenado
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los dos (02) días del mes de agosto del año dos mil once (2011). Años 201º de la Independencia y 152º de la Federación.
La Presidenta
EVELYN MARRERO ORTÍZ
La Vicepresidenta
YOLANDA JAIMES GUERRERO
Los Magistrados,
LEVIS IGNACIO ZERPA
Ponente
EMIRO GARCÍA ROSAS
TRINA OMAIRA ZURITA
La Secretaria,
SOFÍA YAMILE GUZMÁN
En tres (03) de agosto del año dos mil once, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 01060.
La Secretaria,
SOFÍA YAMILE GUZMÁN
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