Sentencia N.º 01150
- Sentencia
- N.º 01150
- Fecha
- 23/07/2003
- Sala
- Político Administrativa
- Expediente
- 2002-0706
- Ponente
- Hadel Mostafá Paolini
- Procedimiento
- Declinatoria de competencia en recurso de nulidad conjuntamente con amparo
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
Magistrado Ponente HADEL MOSTAFÁ PAOLINI
Exp. N° 2002-0706
Por oficio Nº 02/3749 de fecha 25 de julio de 2002, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo remitió a esta Sala el expediente contentivo del recurso contencioso de anulación interpuesto conjuntamente con acción de amparo constitucional por el ciudadano JOAO BATISTA DE JESÚS SOUSA GOMES, en su carácter de Presidente de las sociedades mercantiles AGROPECUARIA HEMISFÉRICA C.A., debidamente inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 29 de enero de 1979, bajo el Nº 23, Tomo 1-A-Sgdo, y THE KING RANCH OF VENEZUELA CORPORATION C.A. (KING RANCH), debidamente inscrita ante la mencionada oficina de Registro, en fecha 22 de diciembre de 1971, bajo el Nº 110, Tomo 109-A, reformados sus estatutos sociales en fecha 1º de diciembre de 1995, bajo el Nº 4, Tomo 489-A-Sgdo., debidamente asistido por el abogado Manuel R. Angarita S., inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 3114, contra el acto administrativo de efectos particulares contenido en la providencia administrativa Nº 13-88-2-00-0029 de fecha 11 de mayo de 2001, emanada de la AUTORIDAD ÚNICA DE ÁREA, AGENCIA DE CUENCA DEL RÍO TUY Y DE LA VERTIENTE NORTE DE LA SERRANÍA DEL LITORAL DEL DISTRITO FEDERAL Y ESTADO MIRANDA (MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES), en virtud del silencio tácito denegatorio producido por la falta de respuesta oportuna al recurso jerárquico ejercido en fecha 15 de octubre de 2001.
Dicha remisión se efectuó en virtud de la sentencia dictada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo el 18 de julio de 2002, mediante la cual se declaró incompetente para conocer del recurso interpuesto, ordenando en consecuencia la remisión del expediente a esta Sala Político- Administrativa, por considerar que es el órgano competente para conocer del asunto planteado.
El 7 de agosto de 2002 se dio cuenta en Sala y se designó Ponente al Magistrado Hadel Mostafá Paolini a los fines de decidir la declinatoria de competencia.
El 4 de febrero de 2003, esta Sala dictó sentencia distinguida con el Nº 138, en la que aceptó la competencia que le fuera declinada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, a los fines de conocer del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con solicitud cautelar de amparo constitucional, y ordenó designar nuevo ponente, a los fines de decidir sobre el amparo cautelar.
El 2 de abril de 2003, por oficios Nº 0606 y 0607 se remitió a las partes copia certificada de la decisión dictada por este Supremo Tribunal.
El 10 abril de 2003, la parte actora consignó escrito en el que ratificó la solicitud de nulidad del acto impugnado, señalando expresamente que el Ministerio del Ambiente decidió de manera extemporánea el recurso jerárquico interpuesto, y que en virtud de ello este último acto no puede ser considerado por esta Sala.
El 29 de abril de 2003, se dio cuenta en Sala y se designó Ponente al Magistrado Hadel Mostafá Paolini a los fines de decidir sobre la admisibilidad del recurso de nulidad y la acción de amparo.
I
ANTECEDENTES
Mediante oficio 73-71-430000 Nº GG 00433, de fecha 31 de julio de 2001, la Autoridad Única de Área, Agencia de Cuenca del Río Tuy y de la Vertiente Norte de la Serranía del Litoral del Distrito Federal y Estado Miranda, notificó a las sociedades mercantiles AGROPECUARIA HEMISFÉRICA C.A. y THE KING RANCH OF VENEZUELA CORPORATION C.A. (KING RANCH) la Providencia N° 13-88-2-00-0029 del 11 de mayo de 2001, a través de la cual se acordó lo siguiente:
(a) Exigir a las mencionadas empresas: (i) la construcción de ocho (8) diques de retención de sedimento en mampostería o concreto ciclópeo, bajo los lineamientos expresados a tales efectos en el aludido acto, y de una laguna de sedimentación capaz de retener los sólidos finos provenientes del lavado, bajo los parámetros descritos en el Decreto Nº 883, relacionado con las Normas sobre el Control de Vertidos y/o Efluentes Líquidos; (ii) Proceder a reforestación de una superficie aproximada de dos (2) hectáreas, constituidas por dos (2) sectores que fueron intervenidos en la margen izquierda de la quebrada Chorrerón, localizadas en las progresivas indicadas en el acto objeto de impugnación; (iii) Abstenerse de extraer minerales no metálicos (arenas y gravas) en las zonas allí identificadas; (iv) La presentación de las obras de corrección planteadas en un lapso de seis (6) meses, a partir de la recepción del acto; (v) La presentación de un Plan de Explotación y de medidas correctivas que permitiera la continuidad en el tiempo de la explotación de minerales no metálicos, en un plazo de cuatro (4) meses a partir de la notificación del presente acto de acuerdo a las pautas que se desarrollan en el mismo.
(b) Imponer a las mencionadas compañías una multa por un monto de quinientos mil bolívares (Bs. 500.000,oo), de acuerdo a lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio.
En fecha 3 de septiembre de 2001, se ejerció Recurso de Reconsideración contra la identificada Providencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 94 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, el cual no fue contestado.
El 15 de octubre de 2001 la parte interesada interpuso el correspondiente Recurso Jerárquico, por ante la Ministra del Ambiente, del cual tampoco recibió oportuna respuesta, operando entonces el silencio administrativo.
En virtud de lo anteriormente expuesto ejerció recurso contencioso administrativo de nulidad conjuntamente con acción de amparo, por ante la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.
Por decisión de fecha 18 de julio de 2002, la precitada Corte se declaró incompetente para conocer del recurso interpuesto, declinando la competencia en esta Sala Político-Administrativa, donde se dio por recibido el 7 de agosto de 2002.
En fecha 13 de noviembre de 2002, el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales, consignó la Resolución Nº 424 de fecha 13 de noviembre del mismo año, contentiva de la decisión del Recurso Jerárquico interpuesto el 15 de octubre de 2001, en contra del silencio tácito denegatorio de la Autoridad Única del Río Tuy y de la Vertiente Norte de la serranía del Litoral del Distrito Federal y Estado Miranda del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales, por la no resolución del Recurso de Reconsideración interpuesto contra la Providencia Administrativa Nº 13-88-2-00-0029 de fecha 11 de mayo de 2001. En dicho acto, la Administración expuso que:
...se observa que la referida norma establece la posibilidad de realizar ciertas actividades que causan efectos reparables sobre el ambiente, hecho conocido como daño permisible. No obstante, se dispone como condición el establecimiento de garantías procedimientos y normas para su corrección y que en el acto de autorización se prevean las condiciones limitaciones y restricciones que sean pertinentes.
Ahora bien, tomando en cuenta que el acto autorizatorio lo otorga la administración, debe entenderse que las previsiones de la norma están dirigidas al cumplimiento por parte de esta cuando proceda a emitir las autorizaciones en cuestión. La obligación del solicitante de la autorización consiste en el cumplimiento de las condiciones limitaciones y restricciones que se establezcan.
En este sentido, se desprende que tal y como lo señala el recurrente, el referido artículo no puede ser violado por los particulares por cuanto como ya se indicó las obligaciones que en esta norma se prevén son para el cumplimiento de la Administración.(...omissis...)
...En lo que respecta a la no violación del artículo 6, 7 y 8 del decreto Nº 2.220 se observa que en cuanto al artículo 6, al igual que en el caso del artículo 33 del decreto Nº 2.219, en el presente caso no se observa que efectivamente haya una reducción del cauce que afecte efectivamente la capacidad hidráulica de los canales , en virtud de lo cual se considera procedente el alegato del recurrente y así se declara.
En el caso del artículo 7, se observa que no se evidenció disposición de material producto del corte de taludes y excavaciones que ocasionen daños a los suelos y alteraciones a la capacidad hidráulica de los canales, por lo que se considera que la norma en cuestión no es aplicable al presente caso.(...)
Sobre la base de las consideraciones anteriores el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales resolvió declarar parcialmente con lugar el recurso jerárquico interpuesto por las recurrentes contra el silencio tácito denegatorio de la Autoridad Única de Área Agencia de Cuenca del Río Tuy y de la Vertiente Norte de la Serranía del Litoral del Distrito Federal y Estado Miranda, con ocasión al recurso de reconsideración interpuesto en fecha 3 de septiembre de 2001, contra la Providencia Administrativa Nº 13-88-2-00-0029 de fecha 11 de mayo de 2001.
En fecha 10 de abril de 2003, el representante de las recurrentes presentó escrito en el que señaló que en vista de que había operado el silencio administrativo negativo, por no haber decidido la Administración oportunamente el Recurso Jerárquico por él interpuesto, la Resolución N° 424 debía declararse extemporánea. En tal sentido, precisó que resultaba inadmisible pretender que una vez vencidos los lapsos a que se hiciera referencia, estuvieran obligadas sus representadas a intentar un nuevo recurso administrativo de anulación contra el acto dictado fuera de los lapsos establecidos por la ley y así solicita sea declarado.
II
FUNDAMENTOS DEL RECURSO
Señala el representante de las recurrentes en su escrito de fecha 25 de junio de 2002, que el acto administrativo de efectos particulares contenido en la providencia administrativa Nº 13-88-2-00-0029 de fecha 11 de mayo de 2001, notificada mediante Oficio 73-71-430000 Nº GG 00433 del 31 de julio del mismo año, emanado del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales, Autoridad Única de Área, Agencia de Cuenca del Río Tuy y de la Vertiente Norte de la Serranía del Litoral del Distrito Federal y Estado Miranda, viola en forma flagrante, directa, grosera e incontestable los derechos constitucionales de sus representadas a la defensa, al debido proceso, a la propiedad y a la libertad económica, previstos en los artículos 49, 112 y 115 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Seguidamente, aduce:
Que el 3 de septiembre de 2001 interpuso recurso de reconsideración contra la precitada resolución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, pero que el mismo no fue contestado en su debida oportunidad, razón por la que interpuso recurso jerárquico en fecha 15 de octubre de 2001, operando el silencio administrativo negativo que abrió la oportunidad para la interposición del recurso contencioso de nulidad.
Que el recurso de nulidad interpuesto conjuntamente con acción de amparo, resulta admisible de conformidad con lo dispuesto en los artículos 5 y 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, dado que:
1.- La acción se ha ejercido dentro del lapso establecido para ello, es decir, dentro de los seis meses siguientes de la violación de sus derechos constitucionales, ante el silencio negativo de la Administración Pública.
2.- La violación de sus derechos constitucionales es un hecho que no ha cesado, pues a la fecha de interposición del recurso contencioso no han recibido escrito alguno que anule o revoque el acto impugnado, vulnerándose así el ejercicio a sus derechos constitucionales a la defensa y al debido proceso.
3.- La violación de los derechos constitucionales conculcados constituyen una situación reparable, ya que para ello bastaría con que se acordara el mandamiento de amparo solicitado.
4.-Sus representadas no han consentido ni expresa ni tácitamente la acción que lesionó sus derechos constitucionales, toda vez que interponen recurso de nulidad conjuntamente con la acción de amparo.
Que el acto impugnado incumplió la sentencia dictada por el Juzgado Superior Primero Agrario en fecha 4 de abril de 1995, y confirmada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, sentencias que fueran dictadas con ocasión del recurso de nulidad interpuesto el 26 de junio de 1990 por los apoderados de las recurrentes, contra la Providencia Administrativa Nº 16 de fecha 25 de septiembre de 1989, emitida por el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables.
Que a través del acto impugnado el Ministerio pretende obviar las anteriores decisiones judiciales, toda vez que ha a habido un retraso en cuanto a la fijación de parámetros técnicos y de las prácticas conservacionistas tendentes a la conservación del medio ambiente, ordenadas por dichas decisiones. Con base en ello, alega la violación del principio de cosa juzgada.
Que el acto recurrido no cumple con los postulados del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por cuanto la Administración reconoce mediante dicho acto que no ha fijado las prácticas conservacionistas para la preservación del medio ambiente y, por ende, la inexistencia de las mismas. Más aun, la Administración no sólo no establece los parámetros técnicos a que está obligada por decisión del Juzgado Superior Primero Agrario de Caracas y de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, sino que dicta en si misma una sanción en su dispositivo, todo lo cual se traduce en una violación, por parte del Ministerio, de los derechos a la defensa y al debido proceso de sus representadas.
Que habiendo la Administración omitido la realización de los estudios técnicos relativos a fijación de las prácticas conservacionistas pertinentes, debe restablecerse la situación jurídica infringida, ordenando al Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales, la fijación de los mismos, dejando sin efecto las sanciones impuestas, hasta tanto cumpla con los aludidos informes.
Que la Providencia impugnada no sancionó a las empresas recurrentes sino a su Presidente, Joao Batista de Jesús Sousa Gomes, quien no es la misma persona a quien iba dirigido el acto administrativo. En este sentido advierte que el acto administrativo en cuestión es nulo de nulidad absoluta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, por ser su contenido de imposible e ilegal ejecución por cuanto:
a) Determinó que las empresas, representadas en este caso por el ciudadano Joao Batista de Jesús Sousa Gomes, debían construir ocho (8) diques de retención de sedimento, sin especificar el perfil longitudinal donde podían ubicarse las progresivas correspondientes, esto es, si en la Quebrada de los Araguatos o en la Quebrada Chorrerón.
b) Ordenó la construcción de una laguna de sedimentación capazde retener los sólidos provenientes del lavado, y a su vez indicó que quedaba prohibida su descarga hacia el curso de agua, concluyendo que la calidad del vertido debería cumplir con los parámetros establecidos en el Decreto Nº 833 relativo a las Normas para la clasificación y el control de la calidad de los cuerpos de agua y vertidos o afluentes líquidos, siendo que ni en el cuerpo de la providencia administrativa ni en la orden de proceder se tomó dicho Decreto como fundamento legal infringido. Al respecto, observó igualmente la parte actora que tal medida o sanción no sería aplicable a sus representadas puesto que si bien éstas extraen arena en las quebradas Seca, Los Araguatos y Chorrerón, con fines de saneamiento ambiental, por ser propietarias de los fundos por los que circula el río, no es menos cierto que no realizan ningún tipo de actividad en la planta productora de arena, ya que es una persona jurídica distinta a sus representadas, denominada ARENAMINCA, la propietaria de la planta productora y procesadora de arena; en virtud de ello solicita sea revocada la aludida sanción, por considerar que la misma viola el debido proceso y el derecho a la defensa a la mencionada empresa, ya que nadie puede ser condenado sin ser oído.
c) El acto impide que el administrado continúe sus labores de saneamiento ambiental en los referidos cursos de agua, según lo ordenado en la sentencia dictada por el Juzgado Superior Primero Agrario. En este sentido señala que, además de un desacato a una decisión firme de un Tribunal de la República, estaríamos en presencia de una medida temeraria que podría repercutir negativamente y hasta producir inundaciones en los barrios adyacentes, caseríos y hasta el pueblo de Tejerías, situados aguas abajo del lugar donde la empresa realiza las labores de canalización y saneamiento ambiental que pretende suspender la Administración.
Que al establecerse que las empresas presenten, en un lapso de cuatro meses, un plan de explotación y de medidas correctivas y/o mitigantes, se viola los derechos a la defensa y al debido proceso de sus representadas toda vez que en las sentencias del Juzgado Superior Primero Agrario y de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, suficientemente identificadas, se estableció que es al Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales a quien corresponde realizar los estudios técnicos correspondientes y fijarle a los solicitantes las prácticas conservacionistas pertinentes; y que pretender subvertir la orden firme de un Tribunal es causa de nulidad absoluta de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
Que la Administración pretende imponer una multa de quinientos mil bolívares (500.000,00), de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio, siendo que dicha sanción carece de fundamento legal en virtud de que se toma como base para imponerla una Ley que trata una materia diferente de aquella que dio lugar a la averiguación administrativa, en tanto que ésta se inició por la presunta violación del artículo 21 de la Ley Orgánica del Ambiente. En el caso bajo estudio, señala, las quebradas en cuestión se localizan en la Zona Protectora del Área Metropolitana de Caracas, para la cual existe un Plan de Ordenamiento y de Reglamento de Usos que reconoce, entre otros usos permitidos, la explotación y extracción de minerales no metálicos (artículo 56 del Decreto 2229 de fecha 5 de junio de 1992, Gaceta Oficial Nº 35133 del 18 de enero de 1993). En virtud de ello, solicita se declare procedente la pretensión de amparo cautelar por resultar la aludida multa inmotivada dado que no se vincula a una norma concreta infringida y viola, por tanto, los derechos constitucionales al debido proceso y a la defensa de sus representadas.
Finalmente, concluyen que el acto administrativo impugnado debe ser anulado por ser contrarias, concretamente, a los artículos 25 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como a los artículos 9, 18 numerales 5 y 7, 19 numerales 2, 3 y 4 y artículos 48, 78 y 85, todos de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
En base a las consideraciones anteriores solicitan:
Primero: Que de conformidad con lo establecido en el artículo 5, en concordancia con los artículo 23 y siguientes de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se acuerde mandamiento de amparo constitucional a favor de sus representadas AGROPECUARIA HEMISFÉRICA C.A. y THE KING RANCH OF VENEZUELA CORPORATION C.A., (KING RANCH), y, en consecuencia, de manera cautelar se suspendan los efectos del acto administrativo impugnado contenido en la Providencia Administrativa Nº 13-88-2-00-0029 de fecha 11 de mayo de 2001, mientras dure la tramitación del presente juicio de anulación. Solicita también que tal providencia cautelar contenga, a los efectos de garantizar una tutela judicial efectiva, una orden que garantice a sus representadas que el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales, en cumplimiento de las sentencias dictadas por el Juzgado Superior Primero Agrario de Caracas y la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, proceda a realizar estudios técnicos especializados y multidisciplinarios, para una vez realizados éstos fijar las prácticas conservacionistas que deberán seguir sus representadas.
Segundo: Que se declare nulo de nulidad absoluta el acto administrativo contenido en la Providencia Administrativa Nº 13-88-2-00-0029, de fecha 11 de mayo de 2001.
III
PUNTO PREVIO
Es menester destacar que por sentencia Nº 402, de fecha 20 de marzo de 2001, caso Marvin Enrique Sierra, esta Sala Político Administrativa, luego de concluir en la necesidad de reforzar la idea de una tutela judicial efectiva, consideró de obligada revisión el trámite que se le había venido dando a la acción de amparo ejercida en forma conjunta, por estimar que si bien con ella se persigue la protección de derechos fundamentales el procedimiento seguido al efecto se mostraba incompatible con la intención del constituyente de 1999, el cual se encuentra orientado a la idea de lograr el restablecimiento de derechos de rango constitucional en la forma más expedita.
Por ello, se estableció que el carácter accesorio e instrumental propio del amparo ejercido de forma conjunta, hace posible asumirlo en idénticos términos que una medida cautelar, con la diferencia de que el primero alude exclusivamente a la violación de derechos y garantías de rango constitucional, circunstancia ésta que por su trascendencia, hace aún mas apremiante el pronunciamiento sobre la procedencia de la medida solicitada.
Atendiendo a tales consideraciones y al poder cautelar del juez contencioso-administrativo, vista la celeridad y la inmediatez necesarias para atacar la trasgresión de un derecho de naturaleza constitucional, estimó la Sala que en tanto se sancione la nueva ley que regule lo relacionado con interposición y tramitación de esta especial figura, resultaba necesaria la inaplicación del trámite previsto en los artículos 23, 24 y 26 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, por ser el mismo contrario a los principios que informan la institución del amparo, lo cual -se expuso- no es óbice para que se continúen aplicando las reglas de procedimiento contenidas en dicha ley, en todo aquello que no resulte incongruente a la inmediatez y celeridad requerida en todo decreto de amparo.
En su lugar, acordó una tramitación similar a la seguida en los casos de otras medidas cautelares, por lo que, una vez admitida la causa principal por la Sala, debe emitirse al mismo tiempo un pronunciamiento sobre la providencia cautelar de amparo solicitada, con prescindencia de cualquier otro aspecto, cumpliéndose así con el propósito previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Afirmó la Sala entonces, y así lo ratifica en esta oportunidad, que tal tramitación no reviste en modo alguno violación del derecho a la defensa de la parte contra quien obra la medida, pues ésta podrá hacer la correspondiente oposición, una vez ejecutada la misma, siguiendo a tal efecto el procedimiento pautado en los artículos 602 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, ante la ausencia de un iter indicado expresamente por la Ley, ello conforme a la previsión contenida en el artículo 102 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia; procediendo entonces este Máximo Tribunal, previo el examen de los alegatos y pruebas correspondientes, a la revocación o confirmación de la medida acordada como consecuencia de la solicitud de amparo cautelar.
Concluyó así la Sala, que frente a las solicitudes de amparo conjuntamente con acción de nulidad, una vez decidida la admisibilidad de la acción principal se procedería a resolver de forma inmediata sobre la medida cautelar requerida y, en caso de ser acordada, a abrir cuaderno separado con el objeto de tramitar la oposición respectiva, remitiéndose éste seguidamente al Juzgado de Sustanciación conjuntamente con la pieza principal contentiva del recurso de nulidad, a fin de que continúe la tramitación correspondiente.
Sobre la base del criterio supra expuesto, pasa esta Sala a pronunciarse sobre la admisibilidad del recurso de nulidad incoado para luego decidir, de ser el caso, sobre la procedencia del amparo conjunto.
IV
ADMISIÓN DEL RECURSO DE NULIDAD
Determinada como fue, mediante sentencia dictada en fecha 30 de enero de 2003, la competencia de esta Sala para conocer del recurso de nulidad interpuesto conjuntamente con acción de amparo, la misma pasa a decidir sobre la admisibilidad de la acción principal de nulidad, conforme a lo establecido en el artículo 124 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, en concordancia con el artículo 84 eiusdem.
En el presente caso, observa la Sala que el acto recurrido es el contenido en la Providencia Administrativa Nº 13-88-2-00-0029 de fecha 11 de mayo de 2001, dado que contra dicho acto el representante de las sociedades mercantiles Agropecuaria Hemisférica, C.A. y The King Ranch of Venezuela Corporation, C.A., (King Ranch), ejerció recurso jerárquico en fecha 15 de octubre de 2001, operando el silencio administrativo negativo en virtud de la falta de respuesta oportuna de la Administración.
No obstante, observa la Sala, y así lo ha expresado la propia parte actora, que el aludido recurso jerárquico fue declarado parcialmente con lugar mediante Resolución Nº RI 424 de fecha 13 de noviembre de 2002. Sin embargo, se aprecia igualmente que en escrito de fecha 10 de abril de 2003, el apoderado judicial de las recurrentes solicitó expresamente que el acto administrativo contenido en la Resolución distinguida con el Nº RI 424, no fuera considerado por esta Sala en virtud de que, en su criterio, la Administración perdió la facultad para decidir tal recurso al haber operado el silencio administrativo negativo.
Sobre el anterior particular, considera la Sala pertinente precisar, en primer término, que los actos administrativos por los cuales se resuelve tardíamente un asunto resultan válidos aunque por vía del silencio previo de la Administración se haya intentado un recurso de nulidad que se encuentre pendiente de decisión, dado que la Administración conserva la facultad de decidir aun transcurrido el lapso legalmente previsto para ello. En efecto, es de destacar que la figura (o ficción legal) del silencio administrativo opera únicamente en beneficio de los administrados pero no para la Administración, la cual está obligada en todo momento a producir su decisión; de modo que, la situación que se presenta cuando opera el silencio administrativo frente al recurso con el que ha de agotarse la vía administrativa y se permite que el administrado acceda a la jurisdicción contenciosa para impugnar el acto (denegatorio tácito) de que se trate, se traduce en un beneficio procesal para el particular que requiere un pronunciamiento sobre su situación, pero no significa que la Administración quede relevada de su obligación de emitir la decisión correspondiente.
En el caso bajo estudio el problema que se plantea es la extemporaneidad del acto producido por la Administración una vez transcurridos los noventa (90) días que prevé el artículo 91 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos e, incluso, después de haberse ejercido el recurso de nulidad en virtud del silencio administrativo operado por la falta de decisión oportuna; por lo que a la luz de lo anteriormente señalado, dicha Resolución, no obstante resolver tardíamente el recurso jerárquico, no sólo resulta válida sino que constituye la manifestación de voluntad definitiva de la Administración cuestionada, revisable en sede contenciosa.
En virtud de lo expuesto, esta Sala niega lo pretendido por la parte actora en el sentido que se declare la irrecurribilidad de la aludida resolución por haber sido emitida fuera del lapso legalmente previsto para ello. Así se declara.
Aunado a lo ya expuesto es de destacarse que la Resolución Nº RI 424 de fecha 13 de noviembre de 2002, a más de ser el acto que, en definitiva, sustituye al emanado de la Autoridad Única de Área, Agencia de Cuenca del Río Tuy y de la Vertiente Norte de la Serranía del Litoral del Distrito Federal y Estado Miranda, agota la vía administrativa, y contra el cual habría de interponerse el correspondiente recurso contencioso administrativo de nulidad, modifica en su contenido al acto inicialmente recurrido, el cual pierde, en virtud de ello, su eficacia.
La circunstancia antes expuesta, esto es, la existencia de un acto posterior al recurrido y diferente a éste en su contenido, modifica la situación planteada inicialmente para su conocimiento por esta Sala, lo que aunado a la negativa del recurrente a extender sus argumentos contra la Resolución Nº RI 424 (que es el acto que en definitiva agota la vía administrativa) lleva necesariamente a decidir el decaimiento del objeto en el presente recurso de nulidad, dada cuenta que no puede esta Sala conocer de la legalidad de un acto que no constituye la manifestación de voluntad definitiva de la Administración recurrida, como tampoco puede revisar una Providencia contra la cual los interesados no han dirigido impugnación o pretensión anulatoria alguna. Así se declara.
Declarado como ha sido el decaimiento del objeto en la presente causa, necesario es concluir que en el caso de autos se ha extinguido la instancia. Así se declara.
V
DECISIÓN
En virtud de las consideraciones anteriormente expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala Político Administrativa, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara:
1.- El DECAIMIENTO del objeto del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con solicitud de amparo cautelar por el ciudadano JOAO BATISTA DE JESÚS SOUSA GOMES, en su carácter de Presidente de las sociedades mercantiles AGROPECUARIA HEMISFÉRICA, C.A. y THE KING RANCH OF VENEZUELA CORPORATION, C.A. (KING RANCH), ya identificadas, contra el acto administrativo contenido en la providencia administrativa Nº 13-88-2-00-0029 de fecha 11 de mayo de 2001, dictada por la AUTORIDAD ÚNICA DE ÁREA, AGENCIA DE CUENCA RÍO TUY Y DE LA VERTIENTE NORTE DE LA SERRANÍA DEL LITORAL DEL DISTRITO FEDERAL Y ESTADO MIRANDA (MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES), notificada en fecha 15 de agosto de 2001.
2.- EXTINGUIDA LA INSTANCIA en la presente causa.
Publíquese, regístrese y comuníquese. Archívese el expediente.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los veintidos (22) días del mes de julio de dos mil tres (2003). Años 193º de la Independencia y 144º de la Federación.
El Presidente,
LEVIS IGNACIO ZERPA
El Vicepresidente-Ponente,
HADEL MOSTAFÁ PAOLINI
La Magistrada,
YOLANDA JAIMES GUERRERO
La Secretaria,
ANAÍS MEJÍA CALZADILLA
Exp. N° 2002-0706
En veintitres (23) de julio del año dos mil tres, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 01150.
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