Venley

Sentencia N.º 01152

Sentencia N.º 01152

Sentencia
N.º 01152
Fecha
30/07/2014
Sala
Político Administrativa
Expediente
2014-0756
Ponente
Mónica Misticchio Tortorella
Procedimiento
Declinatoria de competencia

MAGISTRADA PONENTE: MÓNICA MISTICCHIO TORTORELLA

EXP. Nº 2014-0756

Mediante Oficio identificado con el N° 2014-3544 del 21 de mayo de 2014, recibido el 23 del mismo mes y año, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo remitió a esta Sala el expediente contentivo del recurso de nulidad interpuesto conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos por la abogada Gabriela Farías Carvajal, inscrita en el INPREABOGADO bajo el N° 126.324, actuando en su carácter de apoderada judicial de la sociedad de comercio INVERSIONES SEGUCREDI, C.A., inscrita ante el Registro Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha 28 de diciembre de 2004, bajo el N° 89, Tomo 1020-A, en virtud del silencio administrativo producido al no decidirse el recurso jerárquico ejercido en fecha 23 de noviembre de 2011, ante el entonces MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECONOMÍA Y FINANZAS, hoy MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA, FINANZAS Y BANCA PÚBLICA, contra la “Providencia N° FSAA-002990 de fecha 15 de septiembre de 2.011 dictada por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora (SUDEASEG) (…) publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.768 de fecha 29 de septiembre de 2011, mediante [la] cual (…) [se] ordenó la Intervención Sin Cese de Operaciones de la sociedad mercantil SEGUROS LOS ANDES, C.A. (…)”.

La remisión se efectuó en virtud de la sentencia del 28 de noviembre de 2013, a través de la cual el referido órgano jurisdiccional se declaró incompetente y declinó la competencia para el conocimiento de la causa sub examine en esta Sala Político-Administrativa.

El 28 de mayo de 2014, se dio cuenta en Sala y por auto de la misma fecha, se designó ponente a la Magistrada Mónica Misticchio Tortorella, a los fines de decidir la declinatoria de competencia.

En tal sentido, la Sala observa:

I

ANTECEDENTES

En fecha 25 de septiembre de 2012, la abogada Gabriela Farías Carvajal, antes identificada, actuando en su carácter de apoderada judicial de la sociedad de comercio Inversiones Segucredi, C.A., compareció ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de las Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo e interpuso recurso de nulidad conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos, contra la “Providencia N° FSAA-002990 de fecha 15 de septiembre de 2.011 dictada por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora (SUDEASEG) (…) publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.768 de fecha 29 de septiembre de 2011, mediante [la] cual (…) [se] ordenó la Intervención Sin Cese de Operaciones de la sociedad mercantil SEGUROS LOS ANDES, C.A. (…)” (sic), en los términos siguientes:

Afirmó que “(…) mediante el acto administrativo contenido en la Providencia N° FSAA-002990 de fecha 15 de septiembre de 2.011 dictada por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora (SUDEASEG) notificada a mi representada según oficio N° SAA-9-7877-2011 de fecha 19 de septiembre de 2.011, esa administración ordenó '(…) la INTERVENCIÓN SIN CESE DE OPERACIONES de la sociedad mercantil SEGUROS LOS ANDES, C.A. (…) Sustituir a los administradores, a la Junta Directiva y a la Asamblea de Accionistas de la empresa SEGUROS LOS ANDES, C.A., en el ejercicio de sus funciones por una Junta Interventora (…) quienes quedan expresamente facultados, previa autorización de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora, para tomar todas las decisiones de administración y disposición que juzguen necesarias y convenientes para la mejor defensa de los tomadores, asegurados, beneficiarios, trabajadores, reaseguradores y acreedores de la identificada aseguradora (…) Notificar de las decisiones adoptadas en el presente acto administrativo, a los fines legales consiguientes, a los ciudadanos: Ministro del Poder Popular de Planificación y Finanzas, Procurador General de la República, a la Fiscal General de la República, así como al Servicio Autónomo de Registros y Notarías (SAREN)' (sic). (Destacados del original).  

Argumentó que “(…) contra el Acto Administrativo de efectos particulares contenido en la Providencia N° FSAA-002990 de fecha 15 de septiembre de 2.011 dictada por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora (SUDEASEG) (…) mi representada de conformidad con lo previsto en el artículo 94 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos ejerció por ante esa Superintendencia formal Recurso de Reconsideración en fecha 10 de octubre de 2.011, tal y como consta en de escrito recursivo cuyo original reposa en el expediente administrativo que de Seguros Los Andes, C.A. lleva la SUDEASEG (…) el cual fue declarado Sin Lugar mediante Providencia N° SAA-2-003262 de fecha 2 de noviembre de 2.011 dictada por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora (SUDEASEG), notificada a mi representada según oficio N° SAA-2-10158-2011 de esa misma fecha, que marcado (…) acompaña al presente Recurso” (sic). (Destacados del original).   

Indicó que “(…) en fecha 23 de noviembre de 2.011 encontrándonos dentro del lapso legal establecido en el artículo 95 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos esta representación ejerció formal Recurso Jerárquico para ante el superior jerárquico correspondiente (…) Ministro del Poder Popular para Economía y Finanzas, contra la Providencia Administrativa N° SAA-2-003262 de fecha 2 de noviembre de 2.011 emanada de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora (…) mediante la cual declara sin lugar el Recurso de Reconsideración interpuesto en fecha 10 de octubre de 2.011 contra el acto administrativo de efectos particulares dictado por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora, que ordena la intervención sin cese de operaciones de la sociedad mercantil Seguros Los Andes, C.A.” (sic).

Expuso que “(…) es imprescindible señalar que la situación fáctica invocada por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora como el supuesto que constituye la motivación de la aquí recurrida Providencia N° 002990 de fecha 15 de septiembre de 2.011, es la supuesta falta de autorización de la operación de compra venta de acciones realizada entre la Sociedad Mercantil UNION CHELSEA INTERNATIONAL FINANCIAL DE VENEZUELA, C.A., e INVERSIONES CENTRAL INTERNACIONAL 2004, C.A., INVERSIONES CENTRAL 2007, C.A., CENTRAL BANCO UNIVERSAL y ALEJANDRO GOMEZ SIGALA, por la cantidad de cincuenta y un millones seiscientos ochenta y seis mil doscientas dos (51.686.202) acciones que representan el 98.33 % del total accionario de la empresa Seguros Los Andes, C.A.”. (Destacados del original).

Explicó que “(…) en fecha 27 de julio de 2.009 mi representada (…) según documento de compra venta debidamente autenticado por ante la Notaría Pública Cuarta del Municipio Chacao, anotado bajo el No. 70, tomo 270 de fecha 27 de julio de 2.009, el cual en copia certificada se acompaña al presente escrito (…) compro de la Sociedad Mercantil Unión Chelsea International Financial Corporation de Venezuela, C.A la totalidad de su participación accionaria en la empresa Seguros Los Andes, C.A., es decir, la cantidad de 51.686.202 acciones equivalentes al 98,33 % del capital accionario de la señalada empresa aseguradora, por un valor de Setenta y Cinco Millones de Bolívares (Bs. 75.000.000,00)” (sic).

Denunció que el acto administrativo impugnado incurre en falso supuesto de hecho.

Demandó “De conformidad con lo previsto en el artículo 87 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (…) la suspensión de los efectos del acto administrativo recurrido (…)”.

Finalmente, solicitó que se declare “(…) Con Lugar el presente Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad y correspondiente solicitud de suspensión de efectos del acto administrativo impugnado (…) la Nulidad Absoluta de la Providencia N° 002990 de fecha 15 de septiembre de 2.011 (…) dictada por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora (…) Y en consecuencia proceda a restituir a la Asamblea de Accionistas y a la Junta Directiva de Seguros Los Andes, C.A., en el ejercicio pleno de sus funciones y atribuciones”.  

El 5 de octubre de 2012, el Juzgado de Sustanciación de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo declaró:

“(…) COMPETENTE a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo para conocer del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos, por la (…) apoderada judicial de la Sociedad Mercantil Inversiones Segucredi, C.A., contra la Providencia N° FSAA-002990, dictada en fecha 15 de septiembre de 2011, emanada de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora (…) publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.768 de fecha 29 de septiembre de 2011 (…) ADMITE el recurso (…) interpuesto (…) ORDENA notificar (…) a los ciudadanos Superintendente de la Actividad Aseguradora y Ministro del Poder Popular para la Planificación y Finanzas, así como las ciudadanas Fiscal General de la República y Procuradora General de la República (…)  ORDENA al ciudadano Superintendente de la Actividad Aseguradora, la remisión del expediente administrativo relacionado con el presente caso (….) ORDENA abrir cuaderno separado, a los fines de tramitar la solicitud de medida cautelar de suspensión de efectos (…) ORDENA la remisión del expediente judicial a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo (…) a los fines de la fijación de la oportunidad para la audiencia de juicio (…)”. (Destacados del original).

Por diligencias del 7, 12 y 14 de noviembre de 2012, el Alguacil del Juzgado de Sustanciación de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo dejó constancia de haber practicado las notificaciones del Ministerio Público, del Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas y de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora, respectivamente.

En fecha 27 de noviembre de 2012, el abogado Leonardo José Brito Martínez, inscrito en el INPREABOGADO bajo el N° 155.523, actuando en su carácter de representante de la República Bolivariana de Venezuela, apeló “(…) de la decisión de fecha 05 de octubre de 2012, que admitió la acción de nulidad incoada (…)”.

Por auto del 29 de noviembre de 2012, el Juzgado de Sustanciación de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo oyó la apelación “(…) en un solo efecto, en consecuencia, acuerda abrir cuaderno separado a los fines de la tramitación (…)” (sic).

El 5 de diciembre de 2012, la apoderada judicial de la parte recurrente solicitó que la apelación incoada por la representación de la República Bolivariana de Venezuela fuese declarada inadmisible por haber sido ejercida, en su decir, extemporáneamente.

En fecha 17 de diciembre de 2012, el representante de la República Bolivariana de Venezuela consignó escrito mediante el cual fundamentó la apelación, en el cual requirió “(…) se declare (…) Con Lugar la apelación ejercida, en consecuencia se declare Incompetente para conocer la acción de nulidad incoada (…) Decline la competencia en la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (…)”. (Destacados del original).

El 14 de febrero de 2013, la abogada Marian Leblanc, inscrita en el INPREABOGADO bajo el N° 141.664, actuando en su carácter de apoderada judicial de la parte accionante, solicitó la reposición de la causa al estado de que se practicara la notificación de la Procuraduría General de la República.

Mediante diligencia del 18 de febrero de 2013, el Alguacil del Juzgado de Sustanciación de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo dejó constancia de haber practicado la notificación de la Procuraduría General de la República.

En fecha 5 de junio de 2013, la abogada Sonsire Coromoto Fonseca La Rosa, inscrita en el INPREABOGADO bajo el N° 66.228, actuando en su carácter de Fiscal Tercera Provisorio del Ministerio Público ante las Cortes de lo Contencioso Administrativo, consignó escrito por el cual solicitó, a dicho órgano jurisdiccional, “(…) DECLINE LA COMPETENCIA para conocer del recurso de nulidad interpuesto (…) en la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia”. (Destacados del original).

Por escrito del 20 de noviembre de 2013, el abogado Rómulo Moncada, inscrito en el INPREABOGADO bajo el N° 18.666, actuando en su carácter de apoderado judicial de la sociedad de comercio Inversiones Segucredi, C.A., desistió de “la presente acción de nulidad y del procedimiento incoado” y solicitó su homologación, en razón de que “(…) fue levantada la medida de intervención dictada contra la empresa de seguros, mediante Providencia Administrativa N° 003890 de fecha 20 de noviembre de 2013, dictada por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora, siendo notificada a nuestra apoderada mediante Oficio FSAA-2-3-23414-2013 de la misma fecha (…)”. (Destacado del original).

Mediante sentencia del 28 de noviembre de 2013, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo se declaró incompetente para conocer el juicio sub examine  y declinó la competencia en esta Sala Político-Administrativa, en los términos siguientes:

“(…omissis…)

II
DE LA COMPETENCIA

 El presente recurso pretende la nulidad de la Providencia Nº FSAA-002990, dictada en fecha 15 de septiembre de 2011, emanada de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora (SUDEASEG), que ordenó la intervención sin cese de operaciones de la Sociedad Mercantil Seguros Los Andes C.A.

No obstante, la Representación Judicial de la parte recurrente, señaló que 'mi representada (…) ejerció por ante esa Superintendencia formal Recurso de Reconsideración en fecha 10 de octubre de 2011 (…) el cual fue declarado Sin Lugar mediante providencia Nº SAA-2-003262 dictada por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora (SUDEASEG)…'

Agregó, que 'En fecha 23 de noviembre de 2011 (…) esta representación ejerció formal Recurso Jerárquico para (sic) ante el superior jerárquico correspondiente, Ciudadano Jorge Giordani en su carácter de Ministro del Poder Popular para Economía y Finanzas, contra la Providencia Administrativa Nº SAA-2-003262 de fecha 2 de noviembre de 2011 emanada de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora (SUDEASEG)'

Efectivamente, riela a los folios cincuenta y dos (52) al sesenta (60) del expediente judicial, recurso jerárquico interpuesto ante el Ministro del Poder Popular para la Planificación y Finanzas, por la Representación Judicial de la Sociedad Mercantil recurrente.
Ahora bien, se observa que el numeral 5 del artículo 23 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, establece que la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia es competente para conocer de:

                                            (…omissis…)

Conforme a lo expuesto, considera esta Corte que el presente recurso de nulidad ha sido interpuesto contra el acto denegatorio tácito (por haber operado el silencio administrativo) del Ministro del Poder Popular para la Planificación y Finanzas, en el recurso jerárquico interpuesto en fecha 23 de noviembre de 2011 por la Representación Judicial de la Sociedad Mercantil Inversiones Segucredi C.A., por lo que resulta pertinente para esta Corte hacer referencia a la sentencia Nº 102 de fecha 3 de febrero de 2010, dictada por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (caso: Seguros Altamira C.A), en la cual estableció lo siguiente:

(…omissis…)

En consecuencia, dado que en el caso bajo examen, se ha agotado la vía administrativa al intentarse el recurso jerárquico ante el Ministerio de adscripción, se debe entender que la demanda de nulidad interpuesta, se ha intentado contra el silencio administrativo emanado de un Órgano de la Administración Pública Central, esto es, el Ministro del Poder Popular para la Planificación y Finanzas, por lo cual, esta Corte se declara INCOMPETENTE para el conocimiento de la presente causa y DECLINA la competencia en la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, y en tal sentido, se ORDENA la remisión del expediente a la referida Sala, con sus respectivos cuadernos. Así se decide.

(…omissis…)” (sic). (Mayúsculas del original).

Por auto del 21 de mayo de 2014, el referido órgano jurisdiccional, previa notificación del fallo supra señalado, ordenó remitir el expediente a esta Sala Político-Administrativa, en razón de la declinatoria de competencia antes señalada, el cual fue recibido el 23 del mismo mes y año.

II

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Corresponde a esta Sala pronunciarse acerca de la declinatoria de competencia formulada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, para lo cual observa:

Del escrito presentado por la representación judicial de la parte recurrente, se desprende lo siguiente: i) que mediante Providencia Administrativa identificada con el alfanumérico FSAA-002990 del 15 de septiembre de 2011, la Superintendencia de la Actividad Aseguradora ordenó la intervención, sin cese de operaciones, de la sociedad de comercio Seguros Los Andes, C.A., así como, nombrar una Junta Interventora en sustitución de “la Junta Directiva y [de la] Asamblea de Accionistas”; ii) que el día 10 de octubre del mismo año, la parte recurrente ejerció recurso de reconsideración, siendo que la referida Superintendencia declaró sin lugar el aludido recurso en fecha 2 de noviembre de 2011, mediante la Providencia Administrativa identificada con el alfanumérico SAA-2-003262 y iii) que el día 23 de noviembre de 2011, la accionante interpuso recurso jerárquico ante el entonces Ministerio del Poder Popular para Economía y Finanzas, sin recibir respuesta alguna, razón por la cual acude a la sede jurisdiccional a fin de ejercer recurso de nulidad contra la “Providencia N° FSAA-002990 de fecha 15 de septiembre de 2.011 dictada por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora (SUDEASEG) (…) publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.768 de fecha 29 de septiembre de 2011, mediante [la] cual (…) [se] ordenó la Intervención Sin Cese de Operaciones de la sociedad mercantil SEGUROS LOS ANDES, C.A. (…)” (sic). (Agregado de esta Sala).

De lo señalado por la representación judicial de la parte accionante, debe entenderse que su solicitud se contrae a un recurso de nulidad en virtud del silencio administrativo del entonces Ministro del Poder Popular para Economía y Finanzas, hoy Ministro del Poder Popular de Economía, Finanzas y Banca Pública, al no decidir el recurso jerárquico interpuesto contra el acto administrativo contenido en la Providencia Administrativa identificada con el alfanumérico SAA-2-003262 dictada en fecha 2 de noviembre de 2011, por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora, adscrita al referido Ministerio, mediante la cual se declaró sin lugar el recurso de reconsideración incoado por la accionante contra la Providencia Administrativa identificada con el alfanumérico FSAA-002990 del 15 de septiembre de 2011, por la cual la Superintendencia de la Actividad Aseguradora ordenó la intervención, sin cese de operaciones, de la sociedad de comercio Seguros Los Andes, C.A., así como, nombrar una Junta Interventora en sustitución de “la Junta Directiva y [de la] Asamblea de Accionistas”.

Ahora bien, los artículos 23, numeral 5 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y 26, numeral 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, atribuyen a esta Sala Político-Administrativa la competencia para conocer de los recursos contencioso-administrativos de nulidad que se interpongan contra los actos administrativos de efectos generales o particulares, dictados por el Presidente o Presidenta de la República, la Vicepresidenta o el Vicepresidente Ejecutivo, los Ministros o Ministras y las máximas autoridades de los demás órganos de rango constitucional, si su competencia no está atribuida a otro tribunal.

Siendo así, visto que el recurso contencioso administrativo de nulidad fue incoado contra el acto denegatorio tácito, producido en virtud del silencio administrativo del entonces Ministro del Poder Popular para Economía y Finanzas, esta Sala se declara competente para conocer y decidir la presente causa. Así se decide.

Determinado lo anterior, observa la Sala que en fecha 20 de noviembre de 2013, el apoderado judicial de la sociedad de comercio Inversiones Segucredi, C.A., desistió “de la presente acción de nulidad y del procedimiento incoado (…) de conformidad con lo establecido en los artículos 263, 264 y 265 del Código de Procedimiento Civil (…)”, solicitando la homologación del referido desistimiento, en los términos siguientes:

“(…omissis…)

La presente demanda de nulidad fue incoada por nuestra representada (…) contra el acto administrativo contenido en la Providencia N° FSAA-002990 de fecha 15 de septiembre de 2011, dictado por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora y publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.768 de fecha 29 de septiembre de 2011, a través del cual se ordenó la intervención sin cese de operaciones de la sociedad mercantil Seguros Los Andes, C.A. 

Los fines principales de nuestra pretensión de nulidad, son el levantamiento de la medida de intervención dictada, y el reconocimiento y aprobación de la sociedad de comercio Inversiones Segucredi, C.A., como propietaria y accionista mayoritaria de la empresa aseguradora, dichas acciones fueron adquiridas según documento autenticado (…) y fue realizado el respectivo traspaso en el libro de accionistas de la sociedad mercantil Seguros Los Andes, C.A.

Ahora bien, es el caso ciudadanos Jueces, que fue levantada la medida de intervención dictada contra la empresa de seguros, mediante Providencia Administrativa N° 003890 de fecha 20 de noviembre de 2013, dictada por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora, siendo notificada a nuestra apoderada mediante Oficio FSAA-2-3-23414-2013 de la misma fecha. (Los cuales se anexan…)

Del mismo modo, consideramos importante señalar, que el Órgano de Control de la Actividad Aseguradora, durante el proceso de intervención, pudo determinar la titularidad de las acciones e identificar cada uno de los accionistas (…) resultando de este modo satisfecha nuestra pretensión en la presente demanda de nulidad.

(…omissis…)

Por otro lado, es necesario destacar lo establecido en los artículos 263, 264 y 265 del Código de Procedimiento Civil (…)

De conformidad con las normas transcritas, verificada nuestra capacidad para disponer del objeto de la presente demanda de nulidad, y satisfecha la pretensión de la sociedad mercantil Inversiones Segucredi, C.A., desistimos de la presente acción de nulidad y del procedimiento, en consecuencia solicito muy respetuosamente a esa Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, le imparta la respectiva homologación.

(…omissis…)”. (Destacados del original).

Ahora bien, visto que en el caso sub examine el apoderado judicial de la parte recurrente desistió de la acción y del procedimiento, siendo que el desistimiento de la acción comprende al segundo, correspondería a este órgano jurisdiccional pronunciarse respecto de la homologación formulada por la representación judicial de la sociedad mercantil Inversiones Segucredi, C.A.

No obstante, previo a dicho pronunciamiento, se observa de las actas cursantes en autos, que si bien el ciudadano Daniel Alejandro Gorrín González, titular de la cédula de identidad N° 10.663.501, actuando en su carácter de “Presidente Ejecutivo” de la recurrente otorgó poder al abogado Rómulo Moncada, inscrito en el INPREABOGADO bajo el N° 18.666, entre cuyas facultades se encuentra la de desistir, lo hizo, en su decir, “suficientemente facultado para este acto por el artículo 17 numeral 8 de los estatutos sociales, cuya última modificación es de fecha 5 de octubre de 2009, debidamente inscrita ante el [Registro Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda] en fecha 18 de noviembre de 2009 bajo el N° 13, tomo N° 223”; se advierte que no se puede verificar el artículo invocado, por cuanto la copia consignada del “Documento Constitutivo- Estatutario” cursa incompleta (folios 182 al 197 del expediente), por lo que esta Máxima Instancia no puede verificar si el ciudadano Daniel Alejandro Gorrín González, se encuentra facultado para formular el desistimiento en nombre de la recurrente.

Siendo ello así y por cuanto esta Sala ha establecido en anteriores oportunidades que no se puede homologar la solicitud de desistimiento hasta tanto conste en autos dicha facultad expresa, debe ordenarse la notificación de la sociedad de comercio Inversiones Segucredi, C.A., en la persona de su “Presidente Ejecutivo”, para que dentro de un lapso de diez (10) días de despacho siguientes a su notificación, consigne la documentación que considere pertinente en la que se evidencie expresamente la facultad para desistir de la acción en el recurso de nulidad incoado. Así se decide.

III

DECISIÓN

En virtud de las precedentes consideraciones, esta Sala Político- Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara que:

1.- ACEPTA LA COMPETENCIA que le fuera declinada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, para conocer y decidir el recurso de nulidad interpuesto por la representación judicial de la sociedad de comercio INVERSIONES SEGUCREDI, C.A., en virtud del silencio administrativo del entonces MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA ECONOMÍA Y FINANZAS, hoy MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA, FINANZAS Y BANCA PÚBLICA, al no decidir el recurso jerárquico incoado contra el acto administrativo contenido en la Providencia Administrativa identificada con el alfanumérico SAA-2-003262 dictada en fecha 2 de noviembre de 2011, por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora, adscrita al referido Ministerio, mediante la cual se declaró sin lugar el recurso de reconsideración incoado por la accionante contra la Providencia Administrativa identificada con el alfanumérico FSAA-002990 del 15 de septiembre de 2011, por la cual la Superintendencia de la Actividad Aseguradora ordenó la intervención, sin cese de operaciones, de la sociedad de comercio Seguros Los Andes, C.A., así como, nombrar una Junta Interventora en sustitución de “la Junta Directiva y [de la] Asamblea de Accionistas”.

2.- ORDENA la notificación de la sociedad mercantil INVERSIONES SEGUCREDI, C.A., en la persona de su “Presidente Ejecutivo”, para que dentro de un lapso de diez (10) días de despacho siguientes a su notificación, consigne la documentación que lo faculta expresamente para desistir de la acción en el recurso de nulidad interpuesto.

Publíquese, regístrese y comuníquese. Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los veintinueve (29) días del mes de julio del año dos mil catorce (2014). Años 204º de la Independencia y 155º de la Federación.

 

El Presidente

EMIRO GARCÍA ROSAS

 

 

 

 

 

 

La Vicepresidenta

EVELYN MARRERO ORTÍZ

La Magistrada

MÓNICA MISTICCHIO

TORTORELLA

Ponente

 

 

 

 

 

El Magistrado

EMILIO RAMOS GONZÁLEZ

 

La Magistrada

MARÍA CAROLINA AMELIACH VILLARROEL

 

 

 

 

La Secretaria,

SOFÍA YAMILE GUZMÁN

 

 

 

En  treinta (30) de julio del año dos mil catorce, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 01152.

 

 

 

 La Secretaria,

SOFÍA YAMILE GUZMÁN

 

 

 

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