Venley

Sentencia N.º 01169

Sentencia
N.º 01169
Fecha
30/07/2014
Sala
Político Administrativa
Expediente
2014-0873
Ponente
Emilio Ramos González
Procedimiento
Consulta de jurisdicción

MAGISTRADO PONENTE: EMILIO RAMOS GONZÁLEZ

EXP. N° 2014-0873

 

El Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, adjunto al oficio identificado con el N° 0970-14.881 de fecha 10 de junio de 2014, recibido en esta Sala el 26 de junio del año en curso, remitió el expediente contentivo de la demanda por resolución de contrato, interpuesta por la abogada Greissy Montaner, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 112.496, actuando con el carácter de apoderada judicial de la sociedad mercantil H.D. INVERSIONES, C.A., inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta en fecha 11 de julio de 1989, bajo el N° 403, Tomo II-Adicional 8, contra la ciudadana YUNELSY CALVO SERRANO, titular de la cédula de identidad N° 13.424.453.

La remisión ordenada responde al pronunciamiento que debe emitir esta Sala acerca de la consulta de jurisdicción planteada por el referido Juzgado, conforme a lo previsto en los artículos 59 y 62 del Código de Procedimiento Civil, de la sentencia dictada el 6 de junio de 2014 mediante la cual declaró con lugar la cuestión previa contenida en el numeral 1 del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, concerniente a la “Falta de jurisdicción del Juez”.

El 1° de junio de 2014 se dio cuenta en Sala y, por auto de igual fecha, fue designado ponente el Magistrado Emilio Ramos González, a los fines de pronunciarse sobre la referida consulta.

Realizado el estudio del expediente, pasa la Sala a decidir previo a lo cual formula las siguientes consideraciones:

I

ANTECEDENTES

Mediante escrito presentado en fecha 21 de marzo de 2014 ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, la abogada Greissy Montaner, actuando con el carácter de apoderada judicial de la sociedad mercantil H.D. INVERSIONES, C.A., antes identificadas, interpuso demanda por resolución de contrato de opción a compra venta, contra la ciudadana Yunelsy Calvo Serrano, en los siguientes términos:

Destacó como punto previo que resulta irrelevante la calificación jurídica que se le otorgue al contrato cuya resolución se pretende y que en todo caso lo trascendente es que el mismo es “(…) un verdadero negocio bilateral, que tenía como único objeto otorgar un segundo contrato ulterior o Documento definitivo de Compra Venta, ante la Oficina de Registro Público Competente, sobre el inmueble objeto del contrato”, susceptible de aplicársele la previsión contenida en el artículo 1.167 del Código Civil.

En relación a los hechos expuso que su representada celebró con la demandada un contrato de opción de compra, donde se comprometieron a celebrar un contrato posterior de compra-venta de un inmueble constituido por un apartamento del edificio “H.D. BUILDING, JORGE COLL RESIDENCE”, ubicado en la Urbanización Jorge Coll, Segunda Etapa, Parcela N° 2, Avenida Nuestra Señora del Pilar de la misma Urbanización y cuyos linderos son los siguientes: NORTE: Con la parcela N° 7 de la Urbanización Jorge Coll, Segunda Etapa; SUR: Con la Avenida Nuestra Señora del Pilar; ESTE: Con la parcela N° 1 de la Urbanización, Segunda Etapa y; OESTE: Con la parcela N° 3.

Que dicho contrato fue autenticado ante la Notaría Pública primera de Porlamar, Estado Nueva Esparta en fecha 28 de abril de 2011, bajo el N° 1, Tomo 61 de los libros de autenticaciones llevados por dicha Notaría.

Señaló que el contrato cuya resolución se pretende tiene una vigencia “(…) desde el 28 de Abril de 2011 hasta el 28 de Abril de 2012, y estipulado por las partes una prórroga automática a favor de la promotora inmobiliaria hasta el 28 de Octubre de 2012, además era un contrato celebrado de buena fe, como lo establece la ley civil en el artículo Artículo 1.169 infra; Se le otorgaría por parte de La Beneficiaria una segunda prórroga para el cumplimiento de la obligación, es decir, que de mutuo acuerdo se extendería la vigencia del contrato hasta el 28 de Abril de 2013, siendo esta la fecha definitiva de su vencimiento” (sic).

Precisó que el precio del inmueble fue establecido en la Cláusula Segunda del contrato, estimado en la cantidad de ochocientos cincuenta y cinco mil Bolívares (Bs. 855.000,00), financiado en tres (3) pagos fraccionados de la siguiente manera: “A. LA CANTIDAD DE DOSCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS CINCUENTA (Bs. 213.750,00) como cuota inicial, de los cuales mi representada declaro haberlos recibido mediante Dos (2) pagos (…) B.- La cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA BOLÍVARES (Bs. 641.250,00), los cuales mi representada los financio mediante dos (2) pagos (…). C.- Segundo y último PAGO, es decir, la cantidad de DOSCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS CINCUENTA BOLÍVARES (Bs. 213.750,00) como tercera y última cuota que serían cancelados al momento de la firmas del ‘DOCUMENTO DEFINITIVO DE COMPRA’, ante el Registro Público del Municipio Maneiro del Estado Nueva Esparta” (sic).

En ese orden de ideas, alegó que la parte demandada incumplió con el contrato al no pagar la totalidad del precio acordado, por cuanto a la fecha del ejercicio de la acción abonó solo la cantidad de “SEISCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO (Bs. 605.625,00); sin haber dado cumplimiento a las cuotas de pago convenidas (…) de las DOCE (12) CUOTAS establecidas en el contrato, que se expresan en el literal B, en este escrito, la demandada, ampliamente identificada solo pago hasta la Decima Primera cuota (…)” (sic).

Que el referido incumplimiento ocurrió durante la vigencia del contrato y de sus prórrogas, por lo cual resulta aplicable la disposición contenida en el artículo 1.264 del Código Civil.

Añadió que desde la fecha del vencimiento de la Décima Segunda cuota su representada “(…) trato de resolver el contrato por vía extrajudicial, por la causa del incumplimiento expresado supra (…) siendo los intentos infructuosos (…)” (sic).

Que sostuvieron una reunión con la apoderada judicial de la demandada el día 13 de enero de 2014, lo cual evidencia a su decir que “(…) han transcurrido más de veinte (20) meses de verificado el incumplimiento, lo expresado lo promuevo como prueba, la cual se evidencia en las correspondencias que por vía de correo electrónico remitidos (…)” (sic).

Expuso que en virtud de incumplimiento del contrato, conforme a lo establecido en la Cláusula Décima del mismo, lo procedente era la suscripción de un acuerdo transaccional para dar finalización a la relación contractual existente; aunado al hecho de que ya se había realizado la devolución de las cantidades de dinero recibidas de la demandada.

Alegó que “(…) las partes establecieron en su Clausula Decima que la Promotora Inmobiliaria podía dar por terminada la presente negociación, cuando habiendo cumplido esta con toda sus obligaciones previstas en la vigencia del contrato ocurriera cualquiera de las siguientes circunstancias que se establecieron en el numeral uno (1); Si La Beneficiaria dejara transcurrir un plazo mayor de sesenta (60) días sin efectuar el pago de cualquiera de las doce cuotas insolutas establecidas en el literal B, numeral uno (1) de la Clausula Segunda del contrato (…), y por otra parte en el numeral cuatro (4) estableció claramente: Si La Beneficiaria desistiera voluntariamente de la presente negociación jurídica y que las vincula con el contrato o en su defecto incumpliera con cualquiera de las obligaciones previstas en el aludido contrato, La Promotora Inmobiliaria procedería a Notificar a La Beneficiaria la disolución del contrato, la cual se realizaría de mutuo consentimiento, por cuanto se habrían dado los supuestos de hecho y de derecho previstos en las normas legales, por consiguiente se daría por terminada la presente negociación” (sic).

En ese sentido, agregó que la Cláusula Décima del contrato establece que a los treinta (30) días de recibida la notificación se debía suscribir la transacción del finiquito, sin la necesidad de acción resolutoria por vía judicial, quedando extinguida la obligación y pudiendo la parte demandante “(…) aceptar libremente ofertas de compra de terceras personas interesadas en el mismo inmueble, o proceder de la forma que considere más conveniente a sus intereses. De igual manera quedo estipulado entre las partes que la promotora inmobiliaria efectuaría el reintegro de las cantidades de dinero correspondientes a la beneficiaria en el marco de los Noventa (90) días siguientes a la fecha de la firma del contrato de finiquito, pues a ello se obligaron” (sic).

Expresó que la presente acción se fundamentaba en los artículos 1.113, 1.133, 1.159, 1.160, 1.167, 1.264, 1.276 y 1.175 del Código Civil.

Para finalizar, en consideración a los razonamientos expuestos, solicitó sea declarado resuelto el contrato anteriormente identificado y sea condenada la demandada a “(…) pagar el monto penalizador acordado por las partes en la Clausula Octava del EL CONTRATO, por concepto de los daños y perjuicios ocasionados a nuestra representada, y que fueron establecidos en el VEINTE POR CIENTO (20%) del monto pagado hasta la presente fecha por el demandado, es decir, la cantidad de CIENTO VENTIÚN MIL CIENTO VEINTICINCO BOLÍVARES (Bs. 121.125,00)” (sic).

Por auto de fecha 28 de marzo de 2014, el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, admitió la demanda ejercida.

Mediante diligencia de fecha 3 de abril de 2014, la apoderada judicial de la parte actora consignó copias simples del libelo de demanda y del auto de admisión a los fines de que se librara la compulsa de citación a la demandada. Igualmente, por diligencia de la misma fecha, solicitó copia certificada de todo el expediente.

En fecha 8 de abril de 2014, se libró la citación a la parte demandada. Asimismo, por auto de la misma fecha, acordó la solicitud realizada por la representante judicial de la parte actora en fecha 3 de abril de 2014.

El 10 de abril de 2014, la apoderada judicial de la demandante, presentó diligencia a través de la cual requirió fuese entregada la citación al Alguacil del Tribunal a los fines de que la misma fuese practicada. Igualmente, por diligencia de la misma fecha, solicitó copias simples de todo el expediente.

Mediante diligencia de fecha 23 de abril de 2014, el Alguacil del Juzgado antes identificado, consignó recibo de la citación practicada a la parte demandada.

El 26 de abril de 2014, la representante judicial de la parte actora, consignó diligencia mediante la cual reiteró la solicitud de las copias certificadas del expediente.

Mediante diligencia de fecha 16 de mayo de 2014, el ciudadano Henry ramón Díaz Rodríguez, en su condición de Presidente y representante de la sociedad mercantil demandante otorgó poder Apud- Acta a los abogados allí mencionados.

El 20 de mayo de 2014, la ciudadana Yunelsy Calvo Serrano, parte demandada en la presente causa, otorgó poder Apud-Acta a los abogados María Luisa Finol Sánchez y José Paulino Soria Oliveros, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos. 40.919 y 180.475, respectivamente.

En escrito presentado en fecha 26 de mayo de 2014, los apoderados judiciales de la parte demandando, en lugar de contestar la demanda opusieron la cuestión previa contenida en el ordinal 1° del artículo 346 del Código Civil, concerniente a la falta de jurisdicción.

Mediante sentencia de fecha 6 de junio de 2014, el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, declaró con lugar la cuestión previa contenida en el numeral 1 del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil y, en consecuencia, la falta de jurisdicción del Poder Judicial frente a la Administración Pública para conocer el caso de autos.

II

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

 

Corresponde a esta Sala Político-Administrativa emitir un pronunciamiento con relación a la consulta de jurisdicción planteada, de acuerdo a la competencia que le ha sido atribuida en los artículos 23, numeral 20 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa; 26, numeral 20 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, y, 59 y 62 del Código de Procedimiento Civil; y al respecto se observa:

En primer lugar, de las actas procesales del expediente se desprende que la presente demanda se circunscribe a la solicitud de resolución del contrato de opción a compra de un inmueble constituido por un apartamento para uso residencial, contenido en el documento autenticado ante la Notaría Pública Primera del Municipio Baruta del Estado Miranda en fecha 5 de noviembre de 2009, bajo el N° 09, Tomo 111 y posteriormente protocolizado ante el Registro Público del Municipio Maneiro del Estado Nueva Esparta en fecha 24 de noviembre de 2011, bajo el N° 2009.1572, Asiento Registral 1, ejercida por la representación judicial de la sociedad mercantil H.D. INVERSIONES, C.A., contra la ciudadana Yunelsy Calvo Serrano, en virtud del supuesto incumplimiento de la demandada en la realización de los pagos acordados, ya que “(…) de las DOCE (12) CUOTAS establecidas en el contrato, que se expresan en el literal B, en este escrito, la demandada, ampliamente identificada solo pago hasta la Decima Primera cuota (…)”.

Igualmente, se aprecia que la representación judicial de la parte demandada opuso la cuestión previa relativa a la falta de jurisdicción del Poder Judicial para conocer del caso de autos, fundamentándose en que la actora antes de ocurrir a la vía jurisdiccional ha debido agotar el procedimiento administrativo establecido en la Ley Contra la Estafa Inmobiliaria, toda vez que “(…) se trata de un contrato cuyo objeto es la venta de un inmueble destinado a VIVIENDA QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN aún no terminada, y por tanto, NO PODRAN SER RESCINDIDOS unilateralmente por los constructores, contratistas, promotores, alegando un supuesto incumplimiento o falta de pago del comprador, dado que es la Dirección General de Gestión del Sistema Nacional de Vivienda y hábitat la encargada de decidir a través de un procedimiento administrativo sobre la terminación del contrato” (sic).

Por su parte, del expediente se observa la decisión de fecha 6 de junio de 2014 (folios 129 al 135 del expediente), en la que el tribunal remitente declaró la falta de jurisdicción del Poder Judicial frente a la Administración Pública para conocer y decidir la a demanda por resolución de contrato, interpuesta por la apoderada judicial de la sociedad mercantil H.D. INVERSIONES, C.A., antes identificada, contra la ciudadana Yunelsy Calvo Serrano, en virtud de que debió agotar el procedimiento administrativo correspondiente, conforme a lo establecido en los artículos 1, 3 y 18 de la Ley Contra la Estafa Inmobiliaria.

Visto lo anterior, debe esta Sala analizar lo dispuesto en la Ley Contra la Estafa Inmobiliaria, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.912 del 30 de abril de 2012. A tal efecto, los artículos 1 y 3 del aludido texto normativo establecen:

“Artículo 1. La presente Ley tiene como objeto establecer un conjunto de normas dirigidas a regular, controlar y sancionar la construcción, venta, preventa, permisología y protocolización de viviendas; considerando el proceso de la construcción y todos los convenios entre particulares, cualesquiera sea su denominación contractual, mediante el empleo o artificios de engaño e incumplimiento, sancionando penalmente el delito de estafa inmobiliaria y otros fraudes fines, cumpliendo con el fin supremo y constitucional de defender, proteger y garantizar el derecho que tiene toda persona a una vivienda digna”.

“Artículo 3. La presente Ley garantiza la inviolabilidad del derecho que tienen las personas de acceder a los planes y proyectos destinados a vivienda, garantizando sancionar el delito de estafa inmobiliaria y otros afines, desarrollando mecanismos de atención especial para la preventa, venta o enajenación de bienes inmuebles que regulen con énfasis aquellos que se encuentren en proceso de construcción o aun no construidos (…)”. (Destacado de la Sala).

Como se observa de los artículos transcritos, la referida Ley tiene por objeto regular todo lo relativo a las contratos, cualquiera sea su denominación, relacionados con la venta, preventa y enajenación de viviendas en proceso de construcción o aún no construidas, a fin proteger al eventual comprador para que, como débil jurídico de la relación, no se vea afectado por situaciones de fraude o estafa en virtud de la incorporación, en dichos contratos, de cláusulas abusivas que propicien el desequilibrio entre los derechos y obligaciones de la partes contratantes y que menoscaben el derecho que tiene toda persona a una vivienda digna, como se encuentra consagrado en el artículo 82 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Ahora bien, a los fines de resolver el presente asunto es necesario traer a colación el contenido de las cláusulas primera y cuarta del contrato de opción de compra venta suscrito entre las partes (cursante a los folios 17 al 22), las cuales establecen:

“Primera: LA PROMOTORA INMOBILIARIA y LA BENEFICIARIA se comprometen a celebrar un DOCUMENTO DE COMPRA-VENTA, debidamente protocolizado, sobre un bien inmueble a futuro constituido por UN APARTAMENTO RESIDENCIAL, distinguido con EL NÚMERO; N° 3-1-A, se encontrará ubicado en el Piso N° 3 (…)”. (Destacado del original).

“Cuarta: (…). Es entendido por las partes que las cantidades entregadas y que entregará LA BENEFICIARIA serán destinadas exclusivamente a financiar la Construcción del desarrollo Residencial Multifamiliar ya denominado EDIFICIO MULTIFAMILIAR H.D. BUILDING JORGE COLL RESIDENCE, y que lleva acabo LA PROMOTORA INMOBILIARIA, igualmente serán destinados a la construcción de dicho proyecto, los recursos y aportes propios de la misma (…)” (sic). (Destacado del original).

Como se pudo verificar de lo transcrito, el objeto del indicado contrato era la venta de un bien inmueble en proceso de construcción destinado a vivienda, motivo por el cual en el caso bajo estudio es aplicable la Ley Contra la Estafa Inmobiliaria. En tal sentido, la referida Ley dispone en sus artículos 6, 7 y 18 lo siguiente:

“Artículo 6. El Ejecutivo Nacional a través del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de vivienda y hábitat, será el órgano rector y le corresponderá crear la Dirección General de Gestión del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat (…)”.

“Artículo 7. Son atribuciones de la Dirección General de Gestión del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat, ejercer la regulación, administración, supervisión, inspección, control y sanción por parte del Estado, a las constructoras y sus representantes, promotoras de vivienda y sus representantes, productoras de vivienda y sus representantes (…)”.

“Artículo 18. No podrá, ni es válido que los constructores, contratistas, productores y promotores de viviendas, ofrecidas y contratadas en venta o preventa, decidan rescindir los contratos unilateralmente. Cualquier estipulación en contrario es nula, con la excepción que se produzca el incumplimiento o falta de pago por más de noventa días de cualquiera de las cuotas previstas en el contrato, por causas atribuibles al comprador. La solicitud de rescindir debe ser avalada por la Dirección General de Gestión del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat”. (Destacado de la Sala).

Conforme a lo previsto en la normativa citada, los contratos cuyo objeto sea la venta o preventa de inmuebles destinados a vivienda, que se encuentren en proceso de construcción o aún no construidos, no podrán ser rescindidos unilateralmente por los constructores, contratistas, productores o promotores, alegando incumplimiento o falta de pago del comprador; toda vez que, será la Dirección General de Gestión del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat la encargada de decidir, a través de un procedimiento administrativo, sobre la terminación del contrato.

Con fundamento en las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, visto que en el caso de autos se pretende la resolución de un contrato de opción de compra venta de un bien inmueble destinado a vivienda, que para el momento de la celebración del indicado contrato se encontraba en proceso de construcción, esta Sala declara confirma la sentencia consultada y, en consecuencia, el Poder Judicial no tiene jurisdicción para conocer y decidir sobre el caso bajo examen, correspondiendo su conocimiento a la Administración Pública, por órgano de la Dirección General de Gestión del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat. (Ver sentencias de esta Sala Nos. 00739 y 00634 de fechas 27 de junio de 2013 y 6 de mayo de 2014, respectivamente). Así se declara.

III

DECISIÓN

Sobre la base de los razonamientos antes señalados, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara que el PODER JUDICIAL NO TIENE JURISDICCIÓN para conocer y decidir la demanda por resolución de contrato, interpuesta por la apoderada judicial de la sociedad mercantil H.D. INVERSIONES, C.A., contra la ciudadana YUNELSY CALVO SERRANO

En consecuencia, se CONFIRMA la sentencia consultada de fecha 6 de junio de 2014 dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta.

 

Publíquese, regístrese y comuníquese. Devuélvase el expediente al Juzgado de origen. Cúmplase lo ordenado.

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los veintinueve (29) días del mes de julio del año dos mil catorce (2014). Años 204º de la Independencia y 155º de la Federación.

 

El Presidente

EMIRO GARCÍA ROSAS

 

 

 

 

 

 

La Vicepresidenta

EVELYN MARRERO ORTÍZ

La Magistrada

MÓNICA MISTICCHIO

TORTORELLA

 

 

 

 

 

 

El Magistrado

EMILIO RAMOS GONZÁLEZ

Ponente

La Magistrada

MARÍA CAROLINA AMELIACH VILLARROEL

 

 

 

 

La Secretaria,

SOFÍA YAMILE GUZMÁN

 

 

 

En  treinta (30) de julio del año dos mil catorce, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 01169.

 

 

 

 La Secretaria,

SOFÍA YAMILE GUZMÁN

 

 

 

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