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Sentencia N.º 0117

Sentencia
N.º 0117
Fecha
31/01/2007
Sala
Casación Social
Expediente
06-2049
Ponente
Alfonso Rafael Valbuena Cordero
Procedimiento
Recurso de control de la legalidad

SALA DE CASACIÓN SOCIAL

Caracas,  31 de enero  de 2007. Años: 196º y 147º.-

 

 

En el juicio que por calificación de despido, sigue el ciudadano DEMIS RAFAEL LEÓN GONZÁLEZ, representado judicialmente por los abogados Antonio Matheus Briceño, Antonio José Matheus Rangel, María Giovannina Paesano, Marian Nakada Toledo y César Alberto Matheus Rangel, contra la asociación civil MAGNUM CITY CLUB, representada judicialmente por el abogado José Argenis Rivas; el Juzgado Superior Tercero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, conociendo en apelación, dictó sentencia en fecha 6 de octubre del año 2006, mediante la cual declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y sin lugar la demanda, revocando así el fallo apelado.

 

Contra esa decisión de alzada, el apoderado judicial de la parte actora, abogado Antonio Matheus Briceño, ejerció el recurso de control de la legalidad.

 

Recibido el expediente en esta Sala de Casación Social, se dio cuenta en fecha 14 de diciembre del año 2006, correspondiendo la ponencia al Magistrado Alfonso Valbuena Cordero.

 

Siendo la oportunidad legal para ello, pasa esta Sala de Casación Social a pronunciarse sobre su admisibilidad en los siguientes términos:

 

ÚNICO

 

El artículo 178 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, establece los requisitos de admisibilidad del recurso de control de la legalidad, a saber:

 

El Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Social podrá, a solicitud de parte, conocer de aquellos fallos emanados de los Tribunales Superiores del Trabajo, que aún y cuando no fueran recurribles en casación, sin embargo, violenten o amenacen con violentar las normas de orden público o cuando la sentencia recurrida sea contraria a la reiterada doctrina jurisprudencial de dicha Sala de Casación.

En estos casos, la parte recurrente podrá, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la publicación del fallo ante el Tribunal Superior del Trabajo correspondiente, solicitar el control de la legalidad del asunto, mediante escrito, que en ningún caso excederá de tres (3) folios útiles y sus vueltos.

El Tribunal Superior del Trabajo deberá remitir el expediente a la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia de manera inmediata; la cual, una vez recibido el expediente, decidirá sumariamente con relación a dicha solicitud. En el supuesto que el Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Social decida conocer del asunto, fijará la audiencia, siguiendo el procedimiento establecido en el Capítulo anterior. La declaración de inadmisibilidad del recurso se hará constar en forma escrita por auto del Tribunal, sin necesidad de motivar su decisión. De igual manera, estará sujeto a multa el recurrente que interponga el recurso maliciosamente, hasta un monto máximo equivalente a ciento veinticinco unidades tributarias (125 U.T.). En este último caso, el auto será motivado. Si el recurrente no pagare la multa dentro del lapso de tres (3) días, sufrirá arresto en jefatura civil de quince (15) días.

 

Al respecto, esta Sala de Casación ha señalado según sentencia de fecha 20 de febrero del año 2003 que al ser el recurso de control de la legalidad un medio de impugnación excepcional, a los fines de asegurar su admisibilidad, debe cumplirse con las exigencias antes transcritas, las cuales son:

 

1.- Que se trate de sentencias emanadas de Juzgados Superiores laborales;

2.- Que no sean impugnables en casación;

3.- Que violen o amenacen con violentar normas de estricto orden público; o

4.- Que resulten contrarias a la jurisprudencia reiterada de esta Sala de Casación Social.

 

Además de ello para su admisibilidad se requiere verificar:

 

1.- La oportunidad para su interposición, es decir, que sea solicitado el recurso de control de la legalidad dentro de un lapso preclusivo de cinco (5) días, contado por días de despacho, siguientes a la fecha en que sea dictada la sentencia sujeta a revisión; y

2.- La extensión del escrito, es decir, que no exceda de tres (3) folios útiles y sus vueltos.

 

Verificado en el presente caso el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad antes transcritos, pasa esta Sala a conocer el escrito contentivo de este medio de impugnación excepcional en los siguientes términos:

 

Alega la parte actora recurrente, que la recurrida incurrió en error de interpretación acerca del contenido y alcance de las cláusulas 1° y 6° del Contrato de Trabajo, que es Ley entre las partes, al dar por válido y legal un supuesto de hecho que nunca fue probado en juicio, como es el hecho de que el trabajador haya incumplido con la supuesta obligación de exclusividad, que se encontraba restringida y limitada en el tiempo; y de la cláusula sexta relativa a la supuesta obligación de no prestar servicios laborales ni directa ni indirectamente a otros patronos distintos a la demandada, ni trabajar por cuenta propia ningún otro oficio durante la vigencia del referido contrato, por cuanto no quedó probado que hubiera prestado servicios laborales para otro patrono distinto al hoy demandado.

 

Asímismo, alega que la recurrida infringió una máxima de experiencia, la de validar la cláusula sexta del contrato de trabajo, referida a la prohibición de ejercicio de otras actividades, sin que existiese la debida contraprestación económica por parte del patrono a favor del trabajador, atentando de esa forma el debido equilibrio contractual que debe existir en toda relación obrero patronal.

 

De igual forma, señala que el sentenciador de la recurrida incurrió en contradicción y manifiesta ilogicidad de la motiva del fallo, al evidenciar la profunda contradicción que constituyó el incentivo a la búsqueda de una mejor calidad de vida por parte del trabajador a través del ejercicio de sus derechos constitucionales al trabajo, a la libertad económica, y posteriormente se reprende al trabajador atribuyéndole una falta grave a las obligaciones que se desprende de la relación de trabajo.

 

Finalmente alega la infracción de los artículos 52, 87 y 89 numerales 2°, 3° y 4°, y el artículo 112 de la Constitución de la República, referidos a los derechos constitucionales de asociación, trabajo, protección al trabajo, nulidad de acuerdos y contratos, que violen la irrenunciabilidad de los derechos laborales, la aplicación de la norma mas favorable al trabajador en caso de duda al momento de administrar justicia, nulidad de los actos o medidas patronales que violen las normas constitucionales, derecho a la libertad de empresa, y los artículos 10, 59, 60 y 112 de la Ley Orgánica del Trabajo, así como los artículos 5, 9, 10 y 177 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, así como la reiterada jurisprudencia de esta Sala, específicamente las sentencias N° 367 del 09 de agosto del año 2000, referente a las disposiciones de orden público de la Ley Orgánica del Trabajo, y la N° 2762 del 20 de noviembre del año 2001, referente a los derechos de rango social.

 

Ahora bien, y en atención a lo antes expuesto, efectuado el análisis del fallo impugnado, así como de las actas que conforman el expediente, considera este alto Tribunal que la sentencia recurrida se encuentra ajustada a derecho, pues no vulnera normas de orden público laboral ni la reiterada doctrina establecida por esta Sala de Casación Social, por lo que resulta innecesario desplegar la actividad jurisdiccional para el conocimiento del presente recurso de control de la legalidad, al no ajustarse la pretensión a los fines de este medio excepcional de impugnación.

 

En consecuencia, esta Sala declara inadmisible el recurso de control de la legalidad propuesto, y así se decide.

 

DECISIÓN

 

En mérito de las precedentes consideraciones, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE el recurso de control de la legalidad propuesto por la representación judicial de la parte actora, contra la sentencia de fecha 6 de octubre del año 2006, emanada del Juzgado Superior Tercero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

 

Publíquese y regístrese. Remítase el expediente a la Coordinadora Judicial del Nuevo Régimen Procesal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

 

El Presidente de la Sala,

 

____________________________

OMAR ALFREDO MORA DÍAZ

 

 

El Vicepresidente,                                                           Magistrado Ponente,

 

________________________                       _______________________________

JUAN RAFAEL PERDOMO             ALFONSO VALBUENA CORDERO

 

 

Magistrado,                                                                Magistrada,

 

_______________________________         ________________________________

LUIS E. FRANCESCHI GUTIÉRREZ       CARMEN ELVIGIA PORRAS DE ROA

 

 

El Secretario,

 

_____________________________

JOSÉ E. RODRÍGUEZ NOGUERA

 

 

 

R.C.L Nº AA60-S-2006-002049

Nota: Publicada en su fecha a las

 

 

El Secretario

 

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