Sentencia N.º 01273
- Sentencia
- N.º 01273
- Fecha
- 18/10/2011
- Sala
- Político Administrativa
- Expediente
- 2011-0146
- Ponente
- Levis Ignacio Zerpa
- Procedimiento
- Recurso de Nulidad
- Enlace fuente oficial
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MAGISTRADO PONENTE: LEVIS IGNACIO ZERPA
Exp. N° 2011-0146 C/S 2011-0058
Mediante Oficio N° 000799 del 09 de junio de 2011, el Juzgado de Sustanciación remitió a esta Sala el expediente contentivo de las copias certificadas relacionadas con el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con acción de amparo cautelar por el abogado Alfredo Ramón Méndez, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 96.660, actuando con el carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil TEDISCA, C.A., inscrita ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo en fecha 07 de abril de 1999, bajo el Nº 09, Tomo 15-A, cuya última modificación estatutaria quedara asentada en Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas inscrita ante la mencionada Oficina de Registro el 11 de septiembre de 2002, bajo el N° 43, Tomo 47-A; carácter que se evidencia de documento poder otorgado ante la Notaría Pública Segunda de Valencia, Estado Carabobo el 31 de marzo de 2003, bajo el N° 52, Tomo 28 de los Libros de Autenticaciones llevados por esa Notaría; contra los actos administrativos de naturaleza tributaria contenidos en las Providencias Administrativas números SNAT/2002/1.419 y SNAT/2002/1.455 de fechas 15 y 29 de noviembre de 2002, publicadas en las Gacetas Oficiales números 37.573 y 37.585 de fechas 19 de noviembre y 05 de diciembre de 2002, respectivamente, ambas emanadas del SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN ADUANERA Y TRIBUTARIA (SENIAT), mediante las cuales se designa a los Contribuyentes Especiales como agentes de retención del impuesto al valor agregado (I.V.A.).
El 28 de junio de 2011, se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado Levis Ignacio Zerpa a los fines de decidir la solicitud de amparo cautelar.
I
FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE NULIDAD
Señaló el apoderado judicial de la contribuyente que las Providencias Administrativas números SNAT/2002/1419 y SNAT/2002/1455, violan el principio de legalidad consagrado en los artículos 316 y 317 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 3 del Código Orgánico Tributario, así como lo previsto en el artículo 11 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, toda vez que uno de los elementos de la obligación tributaria sometido al principio de reserva legal, es la determinación de la base imponible, debiendo el legislador, por consiguiente, diseñar el mecanismo de determinación del impuesto, que al ser consustancial con la cuantificación de la base de cálculo, debe entenderse comprendido dentro del área reservada al actuar legislativo.
Afirmó, que en las providencias administrativas impugnadas se establece la obligación para el contribuyente especial, de actuar como agente de retención del impuesto al valor agregado; por tanto, debe enterar ante el Fisco Nacional la alícuota retenida por dicho concepto, en la forma y plazos indicados en las referidas providencias, alícuota que deberá ser imputada posteriormente al saldo de la deuda tributaria de cada período impositivo mensual, con lo que se establece una determinación presuntiva de setenta y cinco por ciento (75%) o cien por ciento (100%) de los débitos fiscales, según sea el caso, creando la presunción de que los contribuyentes sólo generan créditos fiscales derivados de costos y gastos, por un orden del veinticinco por ciento (25%) de sus operaciones gravables.
De este modo, en el caso de que los créditos fiscales sean superiores a los débitos fiscales, se estaría violentando la capacidad contributiva del contribuyente, al haberse generado un impuesto carente de proporcionalidad y progresividad.
Indicó esa representación judicial, que resulta igualmente violatorio del principio de legalidad antes mencionado, el hecho de que la Administración Tributaria, en ejercicio de la facultad de designar los sujetos pasivos de la relación jurídica tributaria, nombró como responsables del pago del impuesto, en condición de agentes de retención, a los compradores o adquirentes de ciertos bienes muebles y servicios, no por la naturaleza de los mismo, sino con fundamento en el carácter de contribuyente especial del sujeto adquirente, estableciendo con ello categorías de sujetos pasivos de la obligación tributaria sin fundamento legal alguno.
Que las providencias impugnadas transgreden, a su vez, los principios de capacidad contributiva y el derecho a la propiedad consagrado en los artículos 115 y 317, respectivamente, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, habida cuenta que la retención del setenta y cinco por ciento (75%) o del cien por ciento (100%) de los débitos fiscales del impuesto al valor agregado, vulneran los elementos de la determinación tributaria o cuantificación de la capacidad contributiva y en sí mismo el derecho a la propiedad, visto que con la retención hecha a los adquirentes de los bienes y servicios, se atenta contra la determinación tributaria de valor añadido y la repercusión como fenómeno jurídico, cuya función primordial se reduce a la determinación de la capacidad contributiva de los sujetos pasivos del tributo.
En tal sentido, afirman que tal desnaturalización se produce por la imposibilidad del contribuyente ordinario de recuperar sus créditos fiscales ante la referida retención, quedando conminado a pagar el tributo por la vía de la retención en la fuente, inaplicable en el presente caso, por cuanto éste no ha recibido pago alguno de parte del adquirente, que por ser el consumidor final, debería ser su capacidad contributiva la que en definitiva debía ser gravada y, por tanto, se ve forzado a erogar su patrimonio de manera injustificada.
II
FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN DE AMPARO CAUTELAR
Considera la representación judicial de la contribuyente, que las providencias administrativas impugnadas violentan su derecho constitucional a la propiedad, toda vez que al adelantarse el pago de un impuesto indebido o no causado, que para el momento en que se haga efectiva la determinación impositiva, pudiere tener el contribuyente excedente en créditos fiscales, vale decir por ejemplo, que durante un determinado ejercicio fiscal puede el contribuyente efectuar más compras que ventas; ello aunado a que el trámite de reintegro por parte de la Administración Tributaria es lento y en consecuencia, los efectos de la depreciación de la moneda recaen sobre las sumas indebidamente canceladas y hacen que éstas pierdan valor.
Asimismo, afirmó que la alteración del mecanismo de recaudación previsto en la ley, vulnera de manera directa el principio de la no confiscatoriedad de los tributos establecido en el artículo 317 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, debido a que el contribuyente anticipa el pago de una obligación tributaria que nace de un acto administrativo que probablemente no le corresponda, una vez efectuada la compensación entre créditos y débitos fiscales, dispuesta en la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Asegura también, que la violación del antes mencionado principio se hace más evidente aún, al no permitir al contribuyente obtener una ganancia razonable, libre o neta, una vez efectuado el pago del porcentaje del impuesto que corresponda.
Indicó, que dichas providencias transgreden el derecho a la libertad económica de su representada, debido a la imposición de la carga de cancelar anticipadamente un impuesto que todavía no se ha causado, e impide igualmente el libre ejercicio de su actividad económica, al no poder disponer de un activo importante para la inversión y puesta en funcionamiento de su aparato productivo.
En consecuencia, culminan solicitando a esta Sala la protección constitucional cautelar y, por consiguiente, que se suspendan los efectos de los actos administrativos contenidos en las providencias administrativas recurridas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 115, 316 y 317 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
III
MOTIVACIONES PARA DECIDIR
A los fines de proveer sobre la medida de amparo constitucional, se advierte que los artículos 103, 104 y 105 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, establecen:
Artículo 103: Este procedimiento regirá la tramitación de las medidas cautelares, incluyendo las solicitudes de amparo cautelar, salvo lo previsto en el artículo 69 relativo al procedimiento breve.
Artículo 104: A petición de las partes, en cualquier estado y grado del procedimiento, el tribunal podrá acordar las medidas cautelares que estime pertinentes para resguardar la apariencia del buen derecho invocado y garantizar las resultas del juicio, ponderando los intereses públicos generales y colectivos concretizados y ciertas gravedades en juego, siempre que dichas medidas no prejuzguen sobre la decisión definitiva.
El tribunal contará con los más amplios poderes cautelares para proteger a la Administración Pública, a los ciudadanos o ciudadanas, a los intereses públicos y para garantizar la tutela judicial efectiva y el restablecimiento de las situaciones jurídicas infringidas mientras dure el proceso.
En causas de contenido patrimonial, el tribunal podrá exigir garantías suficientes al solicitante.
Artículo 105: Recibida la solicitud de medida cautelar, se abrirá cuaderno separado para el pronunciamiento dentro de los cinco días de despacho siguientes.
En los tribunales colegiados el juzgado de sustanciación remitirá inmediatamente el cuaderno separado. Recibido el cuaderno se designará ponente, de ser el caso, y se decidirá sobre la medida dentro de los cinco días de despacho siguientes.
Al trámite de las medidas cautelares se dará prioridad.
Precisado lo anterior y con el objeto de evitar una lesión irreparable o de difícil reparación en el orden constitucional al ejecutarse una eventual decisión anulatoria del acto recurrido, pudiendo ello constituir un atentado al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva; pasa esta Sala a revisar los requisitos de procedencia de la medida cautelar de amparo solicitada por la contribuyente.
En tal sentido, debe analizarse el fumus boni iuris, con el objeto de concretar la presunción grave de violación o amenaza de violación de derechos constitucionales alegados por la parte quejosa, para lo cual es necesario no un simple alegato de perjuicio, sino la argumentación y la acreditación de hechos concretos de los cuales nazca la convicción de violación a los derechos constitucionales del accionante. En cuanto al periculum in mora, se reitera que en estos casos es determinable por la sola verificación del extremo anterior, pues la circunstancia de que exista una presunción grave de violación de un derecho de orden constitucional o su limitación fuera de los parámetros permitidos en el Texto Fundamental, conduce a la convicción de que por la naturaleza de los intereses debatidos debe preservarse in límine su ejercicio pleno, ante el riesgo inminente de causar un perjuicio irreparable en la definitiva a la parte que alega la violación.
Con respecto al fumus boni iuris o presunción de buen derecho, la accionante indicó que las Providencias Administrativas Nos. SNAT/2002/1.419 y SNAT/2002/1.455, violentan los preceptos constitucionales que consagran los principios de la no confiscatoriedad de los tributos, la legalidad en materia tributaria, el derecho de propiedad y la libertad económica.
En torno a la presunta violación del principio de legalidad tributaria en la cual, a su decir, incurren las providencias impugnadas, señalan que ésta se produce por cuanto dichos actos administrativos se contienen en una norma de rango sublegal, la que modifica la base imponible del impuesto y sus elementos esenciales.
En tal sentido, la Sala estima necesario observar lo que sobre el particular dispone la norma constitucional cuya violación se denuncia, que reza:
Artículo 317: No podrá cobrarse impuesto, tasa, ni contribución alguna que no estén establecidos en la ley, ni concederse exenciones y rebajas, ni otras formas de incentivos fiscales, sino en los casos previstos por la ley que cree el tributo correspondiente. Ningún tributo puede tener efecto confiscatorio.
No podrán establecerse obligaciones tributarias pagaderas en servicios personales. La evasión fiscal, sin perjuicio de otras sanciones establecidas por la ley, podrá ser castigada penalmente.
En el caso de los funcionarios públicos o funcionarias públicas se establecerá el doble de la pena.
Toda ley tributaria fijará su lapso de entrada en vigencia. En ausencia del mismo se entenderá fijado en sesenta días continuos. Esta disposición no limita las facultades extraordinarias que acuerde el Ejecutivo Nacional en los casos previstos por esta Constitución.
La administración tributaria nacional gozará de autonomía técnica, funcional y financiera de acuerdo con lo aprobado por la Asamblea Nacional y su máxima autoridad será designada por el Presidente o Presidenta de la República, de conformidad con las normas previstas en la ley. (Destacado de la Sala.)
Ahora bien, respecto de la solicitud de amparo cautelar formulada por los apoderados de la accionante con base en la presunta violación del anterior precepto constitucional, debe señalarse que en ocasión precedente esta Sala tuvo la oportunidad de pronunciarse en un caso similar al de autos, precisando que de conformidad con la naturaleza y el objeto de la acción de amparo (tutela efectiva de derechos subjetivos constitucionales), esta vía de protección sólo puede ser acordada para garantizar el total restablecimiento de verdaderos derechos subjetivos constitucionalizados, debiendo, en consecuencia, ser determinado por el juez de amparo si las normas invocadas como lesionadas consagran un auténtico derecho subjetivo, o si, por el contrario, contienen declaraciones de otra índole no susceptibles de tutela judicial directa. (Sentencia No. 949 del 25/06/2003, caso: Vicsón, S.A., Venepal, S.A.C.A., y otros; Sentencia No. 1626 del 22/10/03, caso: C.A. Seagrams de Margarita).
Tal criterio jurisprudencial ha sido igualmente sostenido por la Sala Constitucional de este Alto Tribunal, al desarrollar el punto relativo a la especificidad de la acción de amparo constitucional, en los siguientes términos:
Ciertamente, debemos convenir en que este medio de impugnación ha sido consagrado, a tenor del artículo 1 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, con el fin de restablecer la situación jurídica lesionada por el desconocimiento de un derecho humano positivizado a nivel constitucional. La acción de amparo, es, pues, una garantía de restablecimiento de la lesión actual o inminente a una ventaja esencial, producto de un acto, actuación u omisión antijurídica, en tanto contraria a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental.
Pero, a fin de llevar a buen puerto el imprescindible análisis crítico que debe efectuar el juez constitucional en su tarea de garantizar la función subjetiva de los derechos fundamentales, éste debe interpretar en todo caso, (...) el núcleo esencial de los tales derechos, es decir, abstraer su contenido mínimo desde la premisa de que un derecho humano es el resultado de un consenso imperativo según el cual una necesidad es tenida por básica, para así diferenciarlo de las diversas situaciones jurídicas subjetivas donde tales necesidades no se manejan en su esencialidad. (Sentencia del 06 de abril de 2001, caso: Manuel Quevedo Fernández.)
Conforme a lo anterior, puede colegirse que no todas las normas contenidas en la Constitución consagran derechos susceptibles de ser objeto de tutela por medio de la acción de amparo constitucional. Así, la norma contenida en el artículo 317 del vigente texto constitucional, invocada en el presente caso como violada, consagra tanto el denominado principio de legalidad en materia tributaria, como la no confiscatoriedad de los tributos.
Respecto del principio de legalidad tributaria, la doctrina y jurisprudencia coinciden al indicar que sus implicaciones básicas van desde el postulado fundamental, conforme al cual la Administración sólo puede obrar cuando haya sido legalmente facultada, hasta la reserva de ley, concebida como un medio de protección o garantía para la preservación de la propiedad privada y la libertad de disposición de los derechos patrimoniales ante las restricciones impuestas y derivadas de los tributos, en virtud de la cual pueden cobrarse determinados tributos cuando éstos hayan sido previstos en la ley. En este sentido, el señalado principio es visto como una de las características propias del moderno Estado de Derecho, que comporta la subordinación del obrar de la Administración Tributaria a la Constitución y las leyes; resultando éste, objeto de estudios doctrinarios, que coinciden al calificarlo como una norma sobre normación, que comporta el establecimiento de las relaciones entre el ordenamiento jurídico en general y el acto u actos emanados de la Administración.
Por tales motivos, resulta evidente para esta Sala que dicho principio, tal como ha sido concebido por nuestro Constituyente, se erige como un estatuto obligatorio para las distintas ramas del poder, es decir, como un mandamiento dirigido propiamente al Estado para establecer los límites del ejercicio de las potestades conferidas a éste en el ámbito de la tributación; en consecuencia, considera esta Sala que tal precepto de vinculación con la legalidad no configura per se la consagración de un verdadero derecho subjetivo constitucional que sea susceptible de tutela judicial directa, y que como tal pueda invocarse autónomamente. Así se declara.
Ahora bien, debe la Sala pasar al análisis del precepto constitucional relativo al derecho de propiedad, así como del principio de la no confiscatoriedad del tributo, los cuales también fueron denunciados por la accionante como violentados.
Bajo estas premisas, se observa que la accionante denuncia la violación del artículo 316 del texto constitucional, indicando que el impuesto que corresponde enterar genera producir (sic) una detracción al derecho de propiedad al adelantar un impuesto indebido o no causado que para el momento de la determinación impositiva pudiese generar excedente de crédito fiscal en virtud que durante un ejercicio fiscal mi representada haya efectuado más compras que ventas, cuyo trámite de reintegro o pago de lo indebido por parte de la administración es lenta afectándola el transcurso del tiempo y el efecto de la devaluación sobre la suma de dinero pagada que lo que se le reintegrará con menor valor ya que no se prevé en la Providencia la posibilidad de pagar lo reintegrado de forma íntegra, de igual manera la providencia impugnada afecta su derecho de propiedad debido a la alteración del mecanismo previsto en la Ley contrario al principio de no confiscatoriedad de los tributos previstos en el artículo 317 de la Constitución, dado a que al adelantar el pago de una supuesta obligación fiscal establecida mediante un acto administrativo que probablemente no le corresponda una vez efectuada la compensación de créditos y débitos fiscales que establece la Ley del IVA., e igualmente se violenta el derecho de Propiedad de mi representada, ya que el tributo es de naturaleza confiscatoria al no permitirle obtener un margen de ganancia justo y razonable, libre o neto después de su pago, es decir cuando se absorbe una parte sustancial de la propiedad de la renta (...).
De conformidad con el extracto supra transcrito, observa la Sala que la sociedad mercantil accionante denuncia que con la aplicación de los actos recurridos se vulnera el principio relativo a la no confiscatoriedad de los tributos (artículo 317 constitucional), viéndose afectando, por consiguiente su derecho a la propiedad (artículo 115 constitucional).
Así, en cuanto a la no confiscatoriedad del tributo, aprecia este Supremo Tribunal que su concepción encuentra fundamento en la inviolabilidad del derecho de propiedad por vía de una tributación desproporcionada y fuera del contexto de la capacidad para contribuir con las cargas públicas; tal postulado se concibe como un límite a la imposición desproporcionada y como una garantía a la propiedad de los particulares. Ello es así, visto que si bien el derecho individual a la propiedad queda sujeto a determinadas limitaciones impuestas por el propio ordenamiento jurídico en atención a fines relativos a la función social, la utilidad pública y el interés general, tales restricciones deben entenderse respetando el propio derecho constitucional, sin vaciarlo de contenido.
Ahora bien, en el estricto ámbito impositivo, la confiscatoriedad de un tributo supone la apropiación indebida de los bienes particulares por parte del Estado, en virtud de la aplicación de una determinada normativa que desborda los límites de la razonabilidad por lo exagerado y grosero de su quantum, en abierto detrimento de la capacidad de los particulares para contribuir con las cargas fiscales. Así, para determinar el efecto confiscatorio de un tributo se impone precisar hasta qué límites puede llegar la tributación para no afectar la capacidad contributiva de los particulares y el derecho de propiedad de éstos.
Con respecto a la efectiva protección de los derechos constitucionales, ha sido pacífica la doctrina de este Supremo Tribunal al establecer como requisito fundamental para la procedencia de la acción de amparo constitucional, que la lesión denunciada sea actual o por lo menos inminente. En consecuencia, perdería sentido el efecto reestablecedor de situaciones jurídicas, cuando el objeto perseguido con el ejercicio de esta acción esté dirigido a recuperar la vigencia de un derecho constitucional que no ha sido vulnerada o cuya violación no sea tan próxima que amerite una protección especial, vale decir, no pueden ser objeto de protección constitucional, lesiones que a todas luces sean eventuales o hipotéticas, como la denunciada en el caso de autos; por el contrario, se requiere que el accionante haya demostrado ante el juez del amparo constitucional, la entidad de la violación denunciada o cuando menos, la violación futura e inmediata del derecho constitucional objeto de la acción.
Dicho lo anterior, analizados los fundamentos de la referida acción, advierte la Sala que tal como se ha establecido en anteriores oportunidades, (Caso: Vicson, S.A., sentencia No. 949 de fecha 25-07-03; caso: Brenntag Venezuela, C.A., sentencia No. 1439 de fecha 23-09-03; caso: Oster de Venezuela, S.A., sentencia No. 1440 de fecha 23-09-03; caso: C.A. Seagrams de Margarita, sentencia No. 1626 de fecha 22-10-03 y caso: Eventos y Promociones de Venezuela E/P/V, C.A., sentencia 383 de fecha 21-04-04), los mismos resultan insuficientes a los efectos pretendidos, pues éstos no reflejan de manera evidente la existencia de una lesión directa al denunciado precepto constitucional de la no confiscatoriedad de los tributos, a cuyo efecto la accionante debió sustentar la forma bajo la cual, a ella como contribuyente especial, le afectan dichas providencias su derecho de propiedad y como consecuencia de ello, la forma en la cual adquiere el impuesto carácter confiscatorio, máxime a partir de la naturaleza jurídica de los tributos, entendidos como la principal manifestación de la potestad impositiva del Estado, y de los límites que condicionan su libre uso y disponibilidad; visto lo anterior, esta Sala considera improcedente la protección cautelar de amparo invocada por la sociedad accionante respecto de la denuncia analizada anteriormente. Así se declara.
Vinculado directamente con las denuncias precedentes, observa esta Sala que también alegó la representación judicial de la accionante que las providencias administrativas impugnadas violentan su derecho constitucional a la libertad económica debido a la imposición de la carga a mi representada, en su cualidad de ordinario, de adelantar el pago de un impuesto que todavía no se ha causado impidiéndole el libre ejercicio de su derecho a la libertad económica al no poder disponer de un activo importante para la inversión y puesta en funcionamiento de su aparato productivo.
A los efectos del análisis de la denuncia anterior, estima la Sala conveniente reproducir el artículo 112 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que consagra el aludido derecho a la libertad económica, cuyo tenor es el siguiente:
Artículo 112: Todas las personas pueden dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia, sin más limitaciones que las prevista en esta Constitución y las que establezcan las leyes, por razones de desarrollo humano, seguridad, sanidad, protección del ambiente u otras de interés social. El Estado promoverá la iniciativa privada, garantizando la creación y justa distribución de la riqueza, así como la producción de bienes y servicios que satisfagan las necesidades de la población, la libertad de trabajo, empresa, comercio, industria, sin perjuicio de su facultad para dictar medidas para planificar, racionalizar y regular la economía e impulsar el desarrollo integral del país.
La norma supra transcrita consagra las más amplias facultades conferidas por el Constituyente a todos los habitantes de la República, para dedicarse a las actividades económicas de su preferencia. No obstante, el citado precepto admite además, no sólo la posibilidad del Estado de plantear directrices en la materia, sino también el poder limitar el alcance de dicha libertad en beneficio del interés general.
Así, la denuncia en análisis, en los términos en los cuales ha sido planteada por la accionante, no puede ser analizada en su acepción genérica, por el contrario, se impone su estudio en estrecha relación con las potestades tributarias del Estado y sus límites materiales: la capacidad contributiva y la no confiscatoriedad del tributo, las cuales son garantías del contribuyente ante el poder impositivo de éste.
De esta forma, capacidad contributiva, no confiscatoriedad del tributo, derecho de propiedad y libertad económica están íntimamente vinculados entre sí, al punto de que pudiera operar una suerte de interdependencia en la vigencia de los preceptos constitucionales antes mencionados, en los términos en los cuales han sido planteados por la accionante.
Dicho de otro modo, siendo que la contribuyente ve violentado su derecho a la libertad económica, debido a que presuntamente la detracción de un impuesto que no ha sido efectivamente causado, lo imposibilita para disponer de un importante activo destinado a la inversión y puesta en marcha de su aparato productivo, se haría necesario entonces determinar en primer lugar, el carácter confiscatorio del tributo y, en consecuencia, la vulneración de su derecho de propiedad y libre disponibilidad de los montos retenidos, siendo necesario adicionalmente, probar en sede constitucional la imposibilidad de la realización de la inversión en términos fácticos, que presuntamente ha sido generada por efecto de las providencias administrativas impugnadas.
Ahora bien, del análisis de los autos y de los argumentos expuestos a lo largo de la presente decisión, constata la Sala que los extremos anteriores no han sido cumplidos por la accionante, vale decir, habiéndose declarado improcedentes las protecciones constitucionales solicitadas anteriormente y no existiendo en autos elementos de convicción que induzcan a esta instancia a presumir la existencia de una violación actual o inminente al derecho a la libertad económica de la contribuyente, expresado en su libertad de inversión en el sistema productivo, resulta imperioso para esta Sala Político-Administrativa actuando en sede constitucional, declarar improcedente la protección cautelar solicitada. Así se declara.
IV
DECISIÓN
En virtud de las consideraciones precedentemente expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala Político-Administrativa, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara IMPROCEDENTE la acción de amparo cautelar solicitada por el accionante en el recurso de nulidad interpuesto contra los actos administrativos de naturaleza tributaria contenidos en las Providencias Administrativas números SNAT/2002/1.419 y SNAT/2002/1.455 de fechas 15 y 29 de noviembre de 2002, publicadas en las Gacetas Oficiales números 37.573 y 37.585 de fechas 19 de noviembre y 05 de diciembre de 2002, respectivamente, ambas emanadas del SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN ADUANERA Y TRIBUTARIA (SENIAT), mediante las cuales se designa a los Contribuyentes Especiales como agentes de retención del impuesto al valor agregado (I.V.A.).
Publíquese, regístrese y notifíquese. Agréguese copia certificada de la presente decisión a la pieza principal. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los trece (13) días del mes de octubre del año dos mil once (2011). Años 201º de la Independencia y 152º de la Federación.
La Presidenta
EVELYN MARRERO ORTÍZ
La Vicepresidenta
YOLANDA JAIMES GUERRERO
Los Magistrados,
LEVIS IGNACIO ZERPA
Ponente
EMIRO GARCÍA ROSAS
TRINA OMAIRA ZURITA
La Secretaria,
SOFÍA YAMILE GUZMÁN
En dieciocho (18) de octubre del año dos mil once, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 01273, la cual no está firmada por la Magistrada Trina Omaira Zurita, por motivos justificados.
La Secretaria,
SOFÍA YAMILE GUZMÁN
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