Sentencia N.º 01291
- Sentencia
- N.º 01291
- Fecha
- 18/10/2011
- Sala
- Político Administrativa
- Expediente
- 2010-0189
- Ponente
- Evelyn Margarita Marrero Ortiz
- Procedimiento
- Apelación
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
MAGISTRADA PONENTE: EVELYN MARRERO ORTÍZ
EXP. N° 2010-0189
Mediante Oficio Nro. 0588-10 de fecha 25 de febrero de 2010 el Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Central, remitió a esta Sala Político-Administrativa el expediente Nro. 1237 de la nomenclatura del aludido Tribunal, contentivo de la apelación ejercida el 22 de febrero de 2010 por la abogada María Agrafojo, inscrita en el INPREABOGADO bajo el Nro. 35.355, actuando con el carácter de sustituta de la Procuradora General de la República en representación del FISCO NACIONAL, conforme se desprende de documento poder autenticado ante la Notaría Pública Vigésima Quinta de Caracas del Municipio Bolivariano Libertador del Distrito Capital en fecha 2 de Julio de 2008, anotado bajo el Nro. 76, Tomo 32, de los Libros de Autenticaciones llevados por esa Notaría; contra la sentencia definitiva Nro. 0656 dictada por el Tribunal remitente el 30 de junio de 2009, que declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso tributario interpuesto conjuntamente con solicitud de medida cautelar de suspensión de efectos el 23 de abril de 2007 por la abogada Alida Colina Riera, inscrita en el INPREABOGADO bajo el Nro. 74.184, actuando con el carácter de apoderada judicial de la empresa COMERCIAL FERREMIL I, C.A., inscrita ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo en fecha 3 de diciembre de 1990, bajo el Nro. 43, Tomo 16-A de los Libros de Autenticaciones llevados por esa Notaria; representación que se evidencia de documento poder autenticado ante la Notaría Pública de San Diego del Estado Carabobo el 8 de noviembre de 2006, bajo el Nro. 52, Tomo 214 de los Libros respectivos.
El aludido recurso contencioso tributario fue incoado contra los actos administrativos contenidos en: 1) Resolución de Imposición de Sanción signada con letras y números GRTI-RCE-DJT-ARA-2006-203-20 del 2 de enero de 2007, emanada de la GERENCIA REGIONAL DE TRIBUTOS INTERNOS DE LA REGIÓN CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN ADUANERA Y TRIBUTARIA (SENIAT), mediante la cual se declaró inadmisible el recurso jerárquico ejercido contra la Resolución Nro.GRTI-RCE-DFD-2006-03-DF-PEC-1436-05 de fecha 20 de junio de 2006, que ordenó la clausura del establecimiento y, 2) Resolución de Imposición de Sanción distinguida con letras y números GRTI-RCE-DFD-2006-01-03-DF-PEC-161, de fecha 2 de agosto de 2006 dictada por la Jefa de la DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN de la mencionada Gerencia Regional, en la cual se determinó a cargo de la empresa contribuyente el pago de la cantidad total de Un Mil Novecientos Noventa y Dos Unidades Tributarias con Cincuenta Centésimas (1.992,50 U.T.) por concepto de sanción de multa, en virtud del incumplimiento de los deberes formales en materia de impuesto al valor agregado correspondiente a los períodos comprendidos desde el mes de junio de 2005 hasta el mes de junio de 2006, ambos inclusive; e impuesto sobre la renta correspondiente al ejercicio fiscal coincidente con el año civil 2006.
Conforme se aprecia en el auto de fecha 25 de febrero de 2010, el Tribunal a quo oyó en ambos efectos la apelación ejercida por la representación fiscal, y remitió el expediente a esta Sala Político-Administrativa, adjunto al precitado oficio Nro. 0588-10.
El 17 de marzo de 2010 se dio cuenta en Sala y se ordenó aplicar el procedimiento de segunda instancia, previsto en el artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de 2004, vigente en razón del tiempo. Asimismo, se designó Ponente a la Magistrada Evelyn Marrero Ortíz y se fijó un lapso de quince (15) días de despacho para fundamentar la apelación.
En fecha 28 de abril de 2010 los abogados Carlos Coronel y Yanett M. Mendoza L., inscritos en el INPREABOGADO bajo los Nros. 29.322 y 34.360, actuando con el carácter de sustitutos de la Procuradora General de la República en representación del Fisco Nacional, conforme se desprende de documento poder autenticado ante la Notaría Pública Vigésima Quinta de Caracas del Municipio Bolivariano Libertador del Distrito Capital el 14 de diciembre de 2009, anotado bajo el Nro. 22, Tomo 102, de los Libros de Autenticaciones llevados por esa Notaría, consignaron los fundamentos de la apelación.
El 11 de mayo de 2010 la apoderada judicial de la sociedad de comercio Comercial Ferremil I, C.A., antes identificada, presentó contestación al recurso de apelación.
En fecha 25 de mayo de 2010 se fijó el quinto (5°) día de despacho para que tuviera lugar el acto de informes, el cual fue diferido posteriormente para el 3 de febrero de 2011.
El 27 de julio de 2010 por encontrarse vencido el lapso de contestación a la apelación, la causa entró en estado de sentencia de conformidad con lo previsto en el artículo 93 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
Vista la designación efectuada por la Asamblea Nacional a la Doctora Trina Omaira Zurita en fecha 7 de diciembre de 2010, quien se juramentó e incorporó como Magistrada Principal de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia el 9 de diciembre del mismo año, la Sala quedó integrada de la manera siguiente: Presidenta, Magistrada Evelyn Marrero Ortíz; Vicepresidenta, Magistrada Yolanda Jaimes Guerrero; los Magistrados Levis Ignacio Zerpa y Emiro García Rosas, y la Magistrada Trina Omaira Zurita.
Realizado el estudio de las actas que conforman el expediente, pasa esta Alzada a decidir con fundamento en las consideraciones siguientes:
I
ANTECEDENTES
Mediante Autorización distinguida con letras y números GRTI-RCE-DFA-2006-03-DF-PEC-1436 del 19 de junio de 2006, la División de Fiscalización de la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Central del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), designó a la Funcionaria Miriam Josefina Silvera Zambrano, titular de la cédula de identidad Nro. 9.918.868, adscrita a esa División, a fin de verificar el oportuno cumplimiento de los deberes formales previstos en el artículo 145 del Código Orgánico Tributario de 2001 del sujeto pasivo Comercial Ferremil I, C.A., en materia de impuesto sobre la renta correspondiente a los dos últimos ejercicios fiscales e impuesto al valor agregado para los períodos impositivos comprendidos desde junio 2005 hasta junio 2006.
El 20 de junio de 2006 la funcionaria antes mencionada, levantó el Acta de Verificación Inmediata Nro. GRTI-RCE-DFC-2006-03-DF-PEC-1436-02, donde señaló: la contribuyente en el Libro de Ventas no registra las operaciones en forma cronológica, no registra el número del primer y último comprobante del día y no registra los comprobantes de retenciones y en el Libro de Compras no registra las operaciones en forma cronológica.(sic).
En la misma fecha (20-06-2006) la Administración Tributaria dictó la Resolución de Imposición de Sanción signada con letras y números GRTI-RCE-DFD-2006-03-DF-PEC-1436-05, mediante la cual aplicó la sanción prevista en el último aparte del artículo 102 del Código Orgánico Tributario de 2001, consistente en la clausura del establecimiento por el plazo de dos (2) días continuos.
El 26 de julio de 2006 la abogada Alida Colina Riera, antes identificada, interpuso recurso jerárquico contra la decisión de cierre temporal del local comercial.
En fecha 2 de agosto de 2006 la División de Fiscalización de la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Central del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), emitió la Resolución de Imposición de Sanción distinguida con letras y números GRTI-RCE-DFD-2006-01-03-DF-PEC-161, mediante la cual visto que en todos los períodos [junio 2005 a junio 2006] fueron emitidas más de ciento cincuenta facturas con prescindencia parcial de los requisitos se aplica el término máximo [150 U.T. por cada período, tal como se muestra en el cuadro] a todos los períodos, lo cual asciende a la cantidad de Un Mil Novecientos Cincuenta Unidades Tributarias (1.950 U.T.) por la comisión del ilícito formal previsto en el numeral 3 del artículo 101 del Código Tributario de 2001; y determinó a cargo de la empresa contribuyente el pago total de Un Mil Novecientos Noventa y Dos Unidades Tributarias con Cincuenta Centésimas (1.992,50 U.T.) por concepto de sanción de multa, en virtud del incumplimiento de los deberes formales en materia de impuesto al valor agregado correspondiente a los períodos comprendidos desde el mes de junio de 2005 hasta el mes de junio de 2006, ambos inclusive; e impuesto sobre la renta correspondiente al ejercicio fiscal coincidente con el año civil 2006, como se muestra en el siguiente cuadro:
CONCEPTO Y PERÍODO |
SANCIÓN U.T.
|
TIPO DE SANCIÓN |
CONCURREN- CIA. U.T. |
Emite facturas, que no cumplen con la totalidad de los requisitos legales y reglamentarios. Junio 2005 hasta junio 2006. 1 UT por cada factura emitida con informalidad. | 150 x 13 = 1.950 | Sanción más grave | 1.950 |
No exhibía en un lugar visible de su establecimiento, el certificado de inscripción en el Registro de Información Fiscal. Junio 2005 hasta junio 2006. | 30 | Mitad de sanción | 15 |
No exhibía en un lugar visible de su establecimiento, el comprobante de la declaración de impuesto sobre la renta del ejercicio inmediatamente anterior al ejercicio en curso. 2006 | 30 | Mitad de sanción | 15 |
Lleva los registros especiales establecidos en la Ley de Impuesto al Valor Agregado y su Reglamento, sin cumplir las formalidades y condiciones establecidas por las normas correspondientes. Junio 2005 hasta mayo 2006 | 25 | Mitad de sanción | 12,5 |
Total |
|
| 1.992,50 |
El 2 de enero de 2007 la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Central del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), dictó la Resolución de Imposición de Sanción signada con letras y números GRTI-RCE-DJT-ARA-2006-203-20, mediante la cual declaró inadmisible el recurso jerárquico ejercido contra la Resolución Nro. GRTI-RCE-DFD-2006-03-DF-PEC-1436-05, que ordenó la clausura del establecimiento por dos (2) días.
En fecha 23 de abril de 2007 la abogada Alida Colina Riera, antes identificada, actuando con el carácter de apoderada judicial de la sociedad mercantil Comercial Ferremil I, C.A., interpuso ante el Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Central el recurso contencioso tributario contra las Resoluciones distinguidas con letras y números GRTI-RCE-DJT-ARA-2006-203-20 y GRTI-RCE-DFD-2006-01-03-DF-PEC-161, en el cual esgrimió las razones de hecho y derecho que de seguidas se expresan:
En relación a la Resolución GRTI-RCE-DJT-ARA-2006-203-20 que declaró inadmisible el recurso jerárquico incoado contra la decisión de clausura del establecimiento, manifiesta su disconformidad y pide su nulidad, pues asegura que para el momento de interponer el recurso ostentaba la representación de la sociedad mercantil Comercial Ferremil I, C.A., según auto de recepción de su escrito y el poder que adjunta a su recurso contencioso tributario marcados con las letras B y C.
De igual forma, señala que la Resolución GRTI-RCE-DFD-2006-01-03-DF-PEC-161 está viciada de nulidad, por cuanto su representada no es responsable de la supuesta contravención en la emisión de facturas, pues dichos instrumentos fueron impresos por una empresa autorizada por el SENIAT que se supone cumplía todos los requisitos de emisión de facturas.
Aduce que su poderdante mostraba en un lugar adecuado del local el Registro de Información Fiscal y la declaración de renta, llevaba los Libros de Ventas en forma adecuada, registraba los comprobantes de retenciones y en el Libro de Compras registraba las operaciones en orden cronológico.
Denuncia que la Administración Tributaria incurrió en falso supuesto de derecho al aplicar la sanción de multa, como si la totalidad de las facturas emitidas no cumpliesen con las formalidades requeridas, vulnerando así el artículo 99 del Código Penal, aplicado supletoriamente en materia tributaria.
Considera que la conducta de su representada estaba subsumida en lo dispuesto en el artículo 96 del Código Orgánico Tributario de 2001 que consagra las atenuantes; sin embargo, la Administración Tributaria hizo caso omiso a esas disposiciones pese a que se prestó toda la colaboración y la documentación requerida, presentó la declaración y pago de la deuda para regularizar el crédito tributario y nunca ha dejado de pagar los impuestos.
Con fundamento en los artículos 247 y 263 del Código Orgánico Tributario de 2001, en concordancia con el artículo 87 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, solicita la suspensión de los efectos del acto recurrido, por los efectos siguientes: a) los efectos del acto administrativo no se encuentran suspendidos y en caso de su ejecutoriedad... causaría un daño irreparable a [su] representada... b) ... se fundamenta en una apariencia de buen derecho si consideramos las reiteradas y pacíficas jurisprudencias que el Tribunal Supremo de Justicia ha emitido respecto a los Actos ... dictados con prescindencia... de los principios que informan el Derecho Tributario como lo es la omisión del principio de la continuidad de la Pena... c)... considera que no existe la necesidad de demostrar el riesgo ... por el inminente daño que se causaría a [su] representada... (sic). (Agregado de la Sala).
Sobre la base de lo expuesto, solicita la nulidad de las Resoluciones impugnadas y se deje sin efecto las sanciones pecuniarias acordadas en contra de su representada.
II
DECISIÓN JUDICIAL APELADA
El Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Central, mediante sentencia definitiva Nro. 0656 de fecha 30 de junio de 2009, declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso tributario interpuesto conjuntamente con solicitud de medida cautelar de suspensión de efectos por la apoderada judicial de la sociedad mercantil Comercial Ferremil I, C.A. Fundamentó su decisión en los términos siguientes:
(...)
Observa el Juez que el recurso contencioso tributario interpuesto por la contribuyente el 23 de abril de 2007 es contra dos resoluciones del SENIAT:
1) la (sic) N° GRTI-RCE-DJT-ARA-2006-203-20 del 20 de enero de 2007, notificada el 13 de marzo de 2007, que declaró inadmisible el recurso jerárquico interpuesto por la contribuyente el 26 de julio de 2006 contra la N° GRTI-RCE-DFD-2006-03-DF-PEC-1436-05 dictada por el SENIAT el 20 de junio de 2006 (notificada en esa misma fecha) y en la cual sancionó a la contribuyente con el cierre del establecimiento por dos días.
2) La N° GRTI-RCE-DFD-2006-01-03-DF-PEC-161 del 02 de agosto de 2006, notificada el 02 de marzo de 2007, en la cual sancionó a la contribuyente con 1992,5 unidades tributarias en materia de impuesto al valor agregado e impuesto sobre la renta
... omissis...
Como quiera que la sanción de cierre del local fue cumplida por la contribuyente, y aunque la Administración Tributaria consideró el recurso jerárquico contra esa sanción inadmisible porque el poder entregado al SENIAT tenía fecha de otorgado el 08 de noviembre de 2006 y el recurso fue consignado el 26 de julio de 2006, es evidente que la decisión de inadmitir el recurso tiene fecha de emisión 02 de enero de 2007, es decir, cuando la Administración Tributaria tomó la decisión, ya tenía en poder el documento debidamente autenticado en el cual es evidente que la contribuyente lo otorgó a la ciudadana Alida Colina Riera por lo cual este Tribunal considera que debería haber sido tomado en cuenta por el SENIAT. Sin embargo, una vez cumplida la sanción de cierre por dos días, considera el Juez que nada puede decidir puesto que en caso de ordenar la apertura del establecimiento sería de imposible cumplimiento, pues ya el SENIAT había autorizado su apertura. Así se declara.
En cuanto al recurso contencioso tributario ejercido contra la Resolución N° GRTI-RCE-DFD-2006-01-03-DF-PEC-161 del 02 de agosto de 2006, el Tribunal observa lo siguiente:
1) La contribuyente lleva el libro de ventas sin colocar al número de máquina fiscal, no registra las facturas de ventas manuales, no registra las operaciones en forma cronológica, no registra el número del primer y último comprobante del día ni los comprobantes de retenciones.
Aunque la contribuyente consignó copia del libro de ventas que corre inserto en los folios 123 a 169 de la primera pieza, se limitó a decir que si cumplía pero no demostró haberlo hecho con las infracciones determinadas por la Administración Tributaria arriba enumeradas, por lo cual el Juez, con base a la presunción de legitimidad y legalidad de los actos administrativos cuando son emitidos por funcionarios competentes, necesariamente confirma la infracción por estos conceptos. Así se decide.
2) La contribuyente no exhibía en un lugar visible el certificado de Registro de Información Fiscal.
La contribuyente consignó copia del Registro de Información Fiscal, pero no presentó pruebas para demostrar que si lo exhibía en lugar visible y con base a la presunción de legitimidad y legalidad de los actos administrativos cuando son emitidos por funcionarios competentes, necesariamente confirma la infracción por este concepto. Así se decide.
3) La contribuyente no exhibe en lugar visible el comprobante de la declaración de impuesto sobre la renta.
La contribuyente consignó copia de las declaraciones de rentas, pero no presentó pruebas para demostrar que si las exhibía en lugar visible y con base a la presunción de legitimidad y legalidad de los actos administrativos cuando son emitidos por funcionarios competentes, necesariamente confirma la infracción por este concepto. Así se decide.
4) La contribuyente emite facturas que no cumplen con los requisitos legales ya que no indican la condición de la operación y el precio unitario.
La contribuyente consignó en los folios 88 a 100 de la primera pieza, copias de las facturas emitidas, en las cuales se puede leer crédito a 15 días, precios unitarios y total, sin embargo, en el expediente administrativo, el SENIAT consignó copias de facturas, en los folios 120 a 131, en los cuales se evidencia que no contiene los precios unitarios aunque sí la condición de la operación, cuando se lee pagado.
Esta verificación demuestra al Juez que evidentemente, la contribuyente incumplió en forma parcial con algunos de los requisitos formales exigidos por la Ley y que estas infracciones no se refieren al total de las facturas por lo cual considera que la sanción no debería haber sido por el máximo de las facturas sino solo aquellas que no cumplen con los requisitos, puesto que es evidente que hay facturas que si cumplen y otras no. No obstante, al decidir el Juez lo relativo a las sanciones por infracciones mes a mes, en el siguiente punto, al considerar que las multas deben tomarse como una sola infracción para los periodos anteriores al 12 de agosto de 2008, cuando la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia cambió su criterio, se elimina el máximo de la sanción y hace inoficioso decidir sobre el monto de la sanción entre facturas que si cumplen y facturas que no cumplen los deberes formales. No obstante el Juez declara que la contribuyente si cometió la infracción en un número indeterminado de facturas.
Una vez aclarado el punto anterior, debe decidir el Juez lo relativo a la sanción mes a mes el Tribunal y para ello se fundamenta en el criterio establecido por la Sala Político Administrativa y por los Tribunales Contencioso Tributarios hasta el 12 de agosto de 2008, fecha en la cual dicha Sala modificó su criterio.
Se constata en el acto administrativo impugnado (folio 64 de la primera pieza), que la Administración Tributaria impuso una sanción mes a mes, para el período comprendido entre junio de 2005 hasta junio de 2006.
... omissis...
En el caso de autos, observa el juez que la Administración Tributaria liquidó multas, mes a mes, por incumplimiento de deberes formales en la aplicación del artículo 101 del Código Orgánico Tributario.
... omissis...
Por las razones expuestas, el juez expresa su criterio en cuanto a que en los casos previos a la nueva interpretación de la Sala Político Administrativa ocurrida el 12 de agosto de 2008 se debe seguir aplicando la interpretación transcrita como si se tratase de una sola infracción, por la interpretación rationae (sic) temporis que se hizo de la ley, según se ha aplicado en este recurso y en anteriores similares. Por lo tanto, el procedimiento utilizado por la Administración Tributaria de aplicar sanciones en forma reiterada, es incorrecta en el caso bajo análisis y por consiguientes es forzoso para el Juez declarar la aplicación errada de la sanción por parte de la Administración Tributaria.
La multa determinada por la Administración Tributaria de conformidad con el artículo 101 del Código Orgánico Tributario, referida a los incumplimientos de deberes formales, debe ser calculada como una sola infracción, en los términos del dispositivo del artículo 99 del Código Penal, por no tratarse de incumplimientos autónomos, de conformidad con la jurisprudencia supra transcrita. Así se decide.
Sin embargo, debe el Juez explicar que aunque el criterio establecido por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia había sido el que tomó en consideración para tomar esta decisión, en reciente sentencia Nº 984 dictada el 12 de agosto de 2008 caso: DISTRIBUIDORA Y BODEGÓN COSTA NORTE, C.A vs. SENIAT, (...) cambio el criterio hasta ahora utilizado (...).
... omissis...
En tal sentido, la Sala estableció en virtud a la existencia de las reglas especificas (sic) para la aplicación de las sanciones por ilícitos formales, en el texto especial, es decir, en la Ley de Impuesto al Valor Agregado y a la obligación de declarar los ingresos obtenidos consecuencia del nacimiento o la materialización del hecho imponible de ese impuesto para aquel que se constituya como sujeto pasivo, no corresponde aplicar supletoriamente las disposiciones del Código Penal, específicamente las contenidas en el artículo 99, en virtud a que no existe vacío legal alguno dado el contenido de la norma establecida en el Código Orgánico Tributario respecto a la aplicación de las sanciones por el acaecimiento de ilícitos formales que se efectúan por cada periodo.
No obstante, según reciente aclaratoria de la sentencia, la reinterpretación de las normas y este criterio debe aplicarse hacia el futuro, es decir, para las infracciones cometidas a partir del 12 de agosto de 2008, fecha de la publicación de la sentencia, como ha sido también confirmado para los recursos que ya habían sido interpuestos antes de la decisión ampliamente explanada, por lo cual declara que en la presente causa no se debe aplicar la reiteración y el SENIAT debe calcularla de nuevo con los criterios establecidos antes de dicha reinterpretación. Así se decide.
En atención a lo dispuesto en el artículo 96 del Código Orgánico Tributario, la contribuyente solicita se le apliquen las atenuantes (...).
Este Tribunal pasa a revisar la procedencia de las circunstancias atenuantes previstas en los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del artículo 96 del Código Orgánico Tributario.
... omissis...
1.- En cuanto a las circunstancia atenuante previstas en los numerales 1 y 2 del artículo 96 antes citado, (...) así, a los fines de la procedencia de la atenuante en referencia, es necesario demostrar la falta de instrucción o la conducta de la contribuyente.
En el presente caso, configura el supuesto fáctico tipificado en los numerales 1 y 5 del artículo 145 del Código Orgánico Tributario, que prevé la comisión de una conducta que lleva implícita una acción u omisión que infringe dicha disposición legal.
Conforme a lo expuesto, resulta forzoso para el Juez desechar las referidas atenuantes contemplada en los numeral 1 y 2, del artículo 96 del Código Orgánico Tributario de 1982. Así se declara.
2.- Respecto a la atenuante contenida en los numerales 3, 4 y 5, del artículo 96 eiusdem, (...) el Juez aprecia que no son aplicables a la infracción cometida, puesto que no se trata de omisión de declaración y pago ni precios de transferencia sino publicidad del RIF y de la declaración. Así se decide.
3.- No encuentra el Juez ninguna otra circunstancia atenuante de conformidad con el numeral 6 del artículo 96 eiusdem, en virtud de que en el presente caso la contribuyente no presentó prueba alguna en la cual sustentar su solicitud de que el Juez valorara las atenuantes, ni trajo a los autos los elementos que pudieran tomarse en cuenta para atenuar la pena, ni en el procedimiento administrativo ni en el judicial, razón por la cual resulta la misma improcedente. Así se decide.
Dilucidado lo anterior, el Juez haciendo uso de su facultad discrecional para la graduación de la pena, de conformidad con la norma prevista en el artículo 107 del Código Orgánico Tributario y de acuerdo a la no ocurrencia de las circunstancias atenuantes, estima que en el presente caso se debe imponer la pena en forma sensata, en el término medio tal cual la aplicó la Administración Tributaria. Así se decide.
Una vez decididas las incidencias anteriores, el Juez, al reducir la sanción como si se tratara de una sola infracción, reduce la cuantía sustancialmente, por lo cual considera inoficioso decidir sobre la confiscatoriedad y la capacidad contributiva. Así se decide.
V
DECISIÓN
Por las razones expresadas (...) declara:
1) PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso tributario interpuesto por (...) COMERCIAL FERREMIL I, C.A. (...).
2) CONFIRMA las infracciones cometidas por COMERCIAL FERREMIL I, C.A. (...).
3) IMPROCEDENTE la aplicación de sanciones mes a mes (...) en la en (sic) Resolución de Imposición de Sanción N° GRTI-RCE-DFD-2006-01-03-DF-PEC-161 del 02 de agosto de 2006.
4) ORDENA al SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN ADUANERA Y TRIBUTARIA (SENIAT) emitir nuevas planillas de pago de conformidad con los términos de la presente decisión.
5) EXIME a las partes de las costas procesales por no haber sido totalmente vencidas en la presente causa (...). (sic). (Subrayado del original).
III
FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN
En fecha 28 de abril de 2010 los abogados Carlos Coronel y Yanett M. Mendoza L., antes identificados, actuando con el carácter de sustitutos de la Procuradora General de la República en representación del Fisco Nacional, presentaron un escrito de fundamentación de la apelación ante esta Sala Político-Administrativa, en el que expresaron lo siguiente:
1) Como punto previo hacen referencia al razonamiento del Juez a quo, mediante el cual declaró que la Administración Tributaria debió admitir el recurso jerárquico interpuesto 26 de julio de 2006 por la abogada Alina Colina Riera contra la Resolución de Imposición de Sanción GRTI-RCE-DFD-2006-03-DF-PEC-1436-05 de fecha 20 de junio de 2006, aún cuando presentó el poder con el que actuaba de manera intempestiva en fecha posterior a la fecha de decisión del recurso jerárquico.
En relación a lo anterior, agregan que hubo un error de interpretación, pues la mencionada abogada al interponer el recurso jerárquico no acompañó a su escrito el poder donde constara el invocado carácter de apoderada judicial de la sociedad mercantil Comercial Ferremil I, CA., por lo que incurrió en la causal de inadmisibilidad prevista en el numeral 3 del artículo 250 del Código Orgánico Tributario de 2001.
2) Exponen que la decisión impugnada incurrió en el vicio de errónea interpretación de los artículos 79, 81 y 101 del Código Orgánico Tributario de 2001, en concordancia con el artículo 99 del Código Penal.
Señalan que el artículo 81 del Código Orgánico Tributario de 2001 prevé el concurso de infracciones y establece reglas para el cálculo de sanciones producto de una conducta continuada o repetida, y en virtud de esta orden legislativa consideran que la Administración Tributaria actuó ajustada a derecho al aplicar las multas a la contribuyente de conformidad con el numeral 2 del artículo 102 y segundo aparte del artículo 101 del Código Orgánico Tributario de 2001, por las infracciones señaladas en los actos administrativos objeto de este juicio.
Argumentan que estamos frente a un tributo de carácter periódico, por lo que debe entenderse que en cada mes calendario los contribuyentes deben cumplir con los deberes formales que impone tanto la Ley de Impuesto al Valor Agregado como su Reglamento y proceder a declarar y pagar el tributo que se genere.
Esgrimen que el caso analizado nos encontramos frente a una cesación expresa de la aplicación supletoria de los principios y normas del derecho penal común, en virtud de que existe en el Código Orgánico Tributario de 2001 una regulación especial sobre la materia.
Finalmente solicitan se declare con lugar la apelación ejercida por la representación fiscal.
IV
CONTESTACIÓN A LA APELACIÓN
La apoderada judicial de la contribuyente se opuso a lo expuesto por los representantes fiscales, insistiendo en la validez de la sentencia apelada respecto a la aplicación del delito continuado para calcular la sanción de multa por incumplimiento de deberes formales en materia de impuesto al valor agregado, alegando que no deben utilizarse las normas del Código Orgánico Tributario de 2001.
Expone que con ánimo de demostrar la ilegalidad y carencia de validez de las multas imputadas, trae a colación y con toda la fuerza probatoria, la totalidad de los argumentos contenidos en su escrito recursorio.
En razón de sus alegatos solicita se admita el escrito de contestación a la fundamentación de la Apelación.
V
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
En virtud de la declaratoria contenida en la sentencia apelada, así como de las objeciones y defensas formuladas en su contra por la representante judicial del Fisco Nacional y de la empresa contribuyente, se observa que la controversia se circunscribe a decidir si el Tribunal a quo, al dictar el fallo apelado incurrió en errónea interpretación i) del numeral 3 del artículo 250 del Código Orgánico Tributario de 2001, y ii) de los artículos 79, 81 y 101 del Código Orgánico Tributario de 2001, en concordancia con el artículo 99 del Código Penal vigente, respecto a la correcta aplicación de la figura del delito continuado.
No obstante, previamente debe esta Alzada declarar firmes por no haber sido apelados por la sociedad mercantil recurrente y no ser desfavorables al Fisco Nacional los siguientes puntos de la sentencia del Tribunal a quo: I. consideración según la cual la contribuyente: a) Llevaba el Libro de Ventas sin colocar el número de máquina fiscal, no registraba las facturas de ventas, no registraba las operaciones en forma cronológica, no registraba el número del primer y último comprobante del día ni los comprobantes de retenciones, b) No exhibía en un lugar visible el certificado de Registro de Información Fiscal, c) No exhibía en lugar visible el comprobante de la declaración de impuesto sobre la renta; y d) emitía facturas que no cumplían con los requisitos legales ya que no indicaban el precio unitario. II. Improcedencia de todas las atenuantes previstas en el artículo 96 del Código Orgánico Tributario de 2001, invocadas por la recurrente en forma genérica.
Delimitada la litis, pasa esta Alzada a decidir y, al efecto, observa:
1) De la supuesta errónea interpretación del numeral 3 del artículo 250 del Código Orgánico Tributario de 2001.
Manifiestan los apoderados judiciales de la República, que el Juez de instancia incurrió en el señalado error al considerar que la Administración Tributaria debió admitir el recurso jerárquico interpuesto el 26 de julio de 2006 por la abogada Alina Colina Riera contra la Resolución de Imposición de Sanción GRTI-RCE-DFD-2006-03-DF-PEC-1436-05 del 20 de junio de 2006, aún cuando presentó el poder con el que actuaba de manera intempestiva, en fecha posterior a la fecha de decisión del recurso jerárquico.
Ante tal señalamiento, es pertinente reproducir lo declarado al respecto por el Juez de la causa:
Como quiera que la sanción de cierre del local fue cumplida por la contribuyente, y aunque la Administración Tributaria consideró el recurso jerárquico contra esa sanción inadmisible porque el poder entregado al SENIAT tenía fecha de otorgado el 08 de noviembre de 2006 y el recurso fue consignado el 26 de julio de 2006, es evidente que la decisión de inadmitir el recurso tiene fecha de emisión 02 de enero de 2007, es decir, cuando la Administración Tributaria tomó la decisión, ya tenía en poder el documento debidamente autenticado en el cual es evidente que la contribuyente lo otorgó a la ciudadana Alida Colina Riera por lo cual este Tribunal considera que debería haber sido tomado en cuenta por el SENIAT (...). (Destacado de la Sala).
Ahora bien, a los efectos de analizar si la ciudadana Alina Colina Riera contaba con la debida representación al momento de ejercer el recurso jerárquico, considera la Sala pertinente traer a colación el artículo 250 del Código Orgánico Tributario de 2001, el cual establece lo siguiente:
Artículo 250.- Son causales de inadmisibilidad del recurso:
1. La falta de cualidad o interés del recurrente.
2. La caducidad del plazo para ejercer el recurso.
3. Ilegitimidad de la persona que se presente como apoderado o representante del recurrente, por no tener capacidad necesaria para recurrir o por no tener la representación que se atribuye, o porque el poder no esté otorgado en forma legal o sea insuficiente.
4. Falta de asistencia o representación de abogado.
La resolución que declare la inadmisibilidad del recurso jerárquico será motivada, y contra la misma podrá ejercerse el recurso contencioso tributario previsto en este Código. (Destacado de la Sala).
En atención a lo indicado, se observa que el acto administrativo contenido en la Resolución de Imposición de Sanción signada con letras y números GRTI-RCE-DJT-ARA-2006-203-20, dictada por la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Central del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) el 2 de enero de 2007, declaró inadmisible el recurso jerárquico interpuesto por la contribuyente contra la Resolución que ordenó la clausura del establecimiento por dos (2) días continuos, con fundamento en lo siguiente:
(...) de la revisión efectuada al expediente conformado con ocasión del mismo, al Acta Constitutiva y sus respectivas modificaciones, se infiere que para la fecha de interposición del recurso objeto del presente procedimiento, la ciudadana: ALIDA COLINA RIERA, (...) no detentaba representación alguna por la contribuyente recurrente, toda vez que el escrito recursivo fue consignado el 26-07-2006, y el documento Poder fue autenticado en fecha 08-11-2006, en la Notaría Pública del Municipio San Diego, razón por la cual, para la fecha de incoarse el recurso jerárquico, la solicitante no podía considerarse como representante o apoderada de la contribuyente recurrente, en los términos que exige el Código Orgánico Tributario vigente, resultando forzoso para esta alzada inadmitir el mismo por no tener la prenombrada ciudadana la representación que se atribuye, encontrándose incursa en la causal tercera del artículo 250 ejusdem. Así se declara. (Sic). (Destacado de la Sala).
Planteado lo anterior y de las actas que cursan en el expediente, observa esta Sala lo siguiente:
1. El recurso jerárquico fue incoado por la ciudadana Alina Colina Riera, titular de la cédula de identidad N° 7.152.725, en fecha 26 de julio de 2006, invocando el carácter de apoderada de la sociedad mercantil Comercial Ferremil I, C.A.
2. El Jefe de la División Jurídica Tributaria del SENIAT el 29 de agosto de 2006 emitió la Boleta de Comparecencia Nro. GRTI-RCE-DJT-ARA-2006-34 (folio 22 del expediente judicial) en los siguientes términos: ciudadana ALINA COLINA RIERA (...) se servirá comparecer por ante la División Jurídica Tributaria, Coordinación General de Recursos Administrativos (...) a objeto de tratar asunto de interés de esta Gerencia relacionado con el Recurso Jerárquico (...). Asimismo, deberá consignar lo siguiente: Original y copia del Poder Autenticado donde se le acredita el carácter de Apoderada de la contribuyente.
3. En el expediente judicial (folios 13 al 15) corre inserto un documento poder otorgado y autenticado ante la Notaría Pública de San Diego del Estado Carabobo el 8 de noviembre de 2006, bajo el Nro. 52, Tomo 214 de los Libros respectivos.
Frente a tales hechos emerge la ilegitimidad con la que actuó ante la Administración Tributaria la referida ciudadana al invocar una representación que no tenía al momento del ejercicio del recurso jerárquico, toda vez que, tal como se indicó, el poder le fue otorgado en fecha posterior a la interposición del recurso jerárquico.
En razón de lo expuesto, considera esta Sala que la Administración Tributaria no incurrió en un error de interpretación de la norma prevista en el artículo 250, numeral 3 del Código Orgánico Tributario de 2001, motivo por el cual se revoca la declaratoria del Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Central relativa a que debió haberse tomado en cuenta el poder otorgado y registrado en fecha posterior a la interposición del recurso de segundo grado. Así se declara.
2. De la errónea interpretación de la figura del delito continuado.
Sostiene la representación fiscal que el artículo 81 del Código Orgánico Tributario de 2001 contempla expresamente la forma en que debe calcularse la sanción correspondiente, razón por la cual en el caso analizado nos encontramos frente a una cesación expresa de la aplicación supletoria de los principios y normas del derecho penal común, pues existe una regulación especial sobre la materia.
Señalan que el referido artículo prevé el concurso de infracciones y establece reglas para el cálculo de sanciones producto de una conducta continuada o repetida, en tal virtud consideran que la Administración Tributaria actuó ajustada a derecho al aplicar las multas señaladas en los actos administrativos objeto de este juicio.
Por su parte, el Tribunal de la causa declaró:
En el caso de autos, observa el juez que la Administración Tributaria liquidó multas, mes a mes, por incumplimiento de deberes formales en la aplicación del artículo 101 del Código Orgánico Tributario.
... omissis...
Por las razones expuestas, el juez expresa su criterio en cuanto a que en los casos previos a la nueva interpretación de la Sala Político Administrativa ocurrida el 12 de agosto de 2008 se debe seguir aplicando la interpretación transcrita como si se tratase de una sola infracción, por la interpretación rationae temporis que se hizo de la ley, según se ha aplicado en este recurso y en anteriores similares. Por lo tanto, el procedimiento utilizado por la Administración Tributaria de aplicar sanciones en forma reiterada, es incorrecta en el caso bajo análisis y por consiguientes (sic) es forzoso para el Juez declarar la aplicación errada de la sanción por parte de la Administración Tributaria.
La multa determinada por la Administración Tributaria de conformidad con el artículo 101 del Código Orgánico Tributario, referida (sic) a los incumplimientos de deberes formales, debe ser calculada como una sola infracción, en los términos del dispositivo del artículo 99 del Código Penal, por no tratarse de incumplimientos autónomos, de conformidad con la jurisprudencia supra transcrita. Así se decide. (Subrayado del original y Resaltado de la Sala).
En orden a lo indicado, esta Alzada estima necesario transcribir a objeto de su análisis lo dispuesto en los artículos 79, 81 y 101 y segundo aparte del Código Orgánico Tributario de 2001:
Artículo 79.- Las disposiciones de este Código se aplicarán a todos los ilícitos tributarios, con excepción a los previstos en la normativa aduanera, los cuales se tipificarán y aplicarán de conformidad con las leyes respectivas.
A falta de disposiciones especiales de este Título, se aplicarán supletoriamente los principios y normas del Derecho Penal, compatibles con la naturaleza y fines del Derecho Tributario.
Artículo 81.- Cuando concurran dos o más ilícitos tributarios con penas pecuniarias, se aplicará la sanción más grave, aumentada con la mitad de las otras sanciones. De igual manera se procederá cuando haya concurrencia de un ilícito tributario sancionado con pena restrictiva de la libertad y otro delito no tipificado en este Código.
Si las sanciones son iguales, se aplicará cualquiera de ellas, aumentada con la mitad de las restantes.( ) .
Artículo 101.- Constituyen ilícitos formales relacionados con la obligación de emitir y exigir comprobantes:
1) No emitir facturas u otros documentos obligatorios
2) No entregar las facturas y otros documentos cuya entrega sea obligatoria
3) Emitir facturas u otros documentos obligatorios con prescindencia total o parcial de los requisitos y características exigidos por las normas tributarias.
( )
Quien incurra en los ilícitos descritos en los numerales 2, 3 y 4 será sancionado con multa de una unidad tributaria (1 U.T.) por cada factura, comprobante o documento emitido, hasta un máximo de ciento cincuenta unidades tributarias (150 U.T.) por cada período, si fuere el caso ( ).
Por su parte, el artículo 99 del Código Penal, norma en la que el Tribunal de la causa fundamentó la aplicación al caso bajo examen de las reglas del delito continuado, y que venía siendo la razón de derecho en los juicios contencioso-tributarios respecto a la procedencia de la figura del delito continuado aplicable durante los ejercicios fiscales regulados por el Código Orgánico Tributario de 1994, previó lo siguiente:
Artículo 99.- Se considerarán como un solo hecho punible las varias violaciones de la misma disposición legal, aunque hayan sido cometidas en diferentes fechas, siempre que se hayan realizado con actos ejecutivos de la misma resolución; pero se aumentará la pena de una sexta parte a la mitad.
Así, en sentencia de esta Sala Nro. 00877 del 17 de junio de 2003, caso: Acumuladores Titán, C.A., reiterada en múltiples oportunidades, se sostuvo lo siguiente:
( ) Con respecto a la forma de cálculo de las sanciones impuestas por incumplimiento de deberes formales que aplicó la Administración Tributaria, mes a mes, objeto de esta controversia, la Sala pasa a decidir, sobre la base de las siguientes consideraciones:
Como norma rectora de nuestro sistema tributario, en segunda reforma se promulgó el Código Orgánico Tributario de 1994, aplicable al caso sub júdice ratione temporis, el cual establece en su Sección Primera, las Disposiciones Generales, contenidas en el Título III, de las Infracciones y Sanciones, Capítulo I Parte General, regulatorias de estos ilícitos tributarios; en cuyo artículo 71 dispone que:
( )
En razón de los anteriores preceptos, debe esta Sala considerar los principios y normas del Derecho Penal, para resolver los casos que no hubieren sido previstos en el mencionado Código Orgánico Tributario.
Analizado y examinado dicho cuerpo normativo en su parte general, observa la Sala que no existe normativa que regule la calificación del hecho punible o ilícito tributario, cuando es producto de una conducta continuada o repetida. En virtud de lo cual, y por mandato expreso del referido artículo 71 eiusdem, es de obligatorio proceder, según las reglas del concurso continuado, previstas en el Código Penal. Normas y principios aplicados a las infracciones y sanciones, que forman el ilícito tributario, ya que éste participa de los caracteres generales del ilícito penal, como garantía constitucional de los principios de legalidad, debido proceso y proporcionalidad de la pena consagrados en nuestra Carta Fundamental.
En este orden de ideas, se hace necesario analizar los requisitos de procedencia de la figura del delito continuado, aplicable también a las infracciones tributarias, cuyo precepto está contenido en el artículo 99 al establecer que:
( )
Ahora bien, este tema ha sido objeto de estudio de reconocida doctrina nacional y extranjera, que ha sostenido la existencia de una ficción legal, por lo que la disciplina de hecho único que le es atribuida no se corresponde con una realidad de hecho único. Se trata de varios hechos constitutivos de diversas violaciones de la ley penal, que a los efectos sólo de la pena, ésta considera como un delito único, entendiendo que a los demás efectos, el tratamiento que se le dará será de varios delitos en concurso legal.
En este mismo orden de ideas, sostiene otra parte de la doctrina que, el delito continuado configura una forma especial de delito único, donde la unicidad de los distintos hechos constitutivos de la infracción viene dada por la unidad de la intención del sujeto agente, sea que ésta venga dada por dolo, culpa o error.
Es así como se ha definido el delito continuado, a través de las siguientes características, a saber: 1. pluralidad de hechos, o conductas físicamente diferenciables, aún si son cometidas en fechas diferentes; 2. Que sean atribuibles o imputables a un mismo sujeto; 3. Constitutivas de violaciones a una misma disposición legal, y 4. Productoras de un único resultado antijurídico. Es decir, la consumación del delito continuado presupone que la serie de actos antijurídicos desarrollados por el sujeto agente sean ejecutivos de una única resolución o designio, de una única intencionalidad, sea que ésta venga dada por dolo, culpa o error.
En el caso de autos, observa la Sala que la Administración Tributaria liquidó multas, mes a mes, por incumplimiento de deberes formales para el libro de compras, previstos en los literales d) y h); para el libro de ventas, previstos en los literales c) y d), de los artículos 78 y 79 del Reglamento de la Ley del Impuesto al valor agregado, respectivamente, y por la omisión de datos en las facturas emitidas por la contribuyente, previstas en los literales h) y m) del artículo 63 del Reglamento eiusdem, de conformidad con el artículo 106 del Código Orgánico Tributario.
Pues bien, del análisis de las actas procesales, a la luz de las características de la figura del delito continuado supra señaladas, se advierte, en el caso de autos, que existen varios hechos, cada uno de los cuales reúne las características de la infracción única, pero como se dijo anteriormente, por la ficción que hace el legislador, no se consideran como varias infracciones tributarias sino como una sola continuada, en virtud de la unicidad de la intención o designio del sujeto agente (la contribuyente recurrente). Así se observa, que mediante una conducta omisiva, en forma repetitiva y continuada, viene violando o transgrediendo, durante todos y cada uno de los períodos impositivos investigados, la misma norma, contentiva del ilícito tributario por concepto de incumplimiento de deberes formales, previsto en los artículos 106 del Código Orgánico, 78, 79 y 63 del Reglamento del impuesto al valor agregado. Comportamiento omisivo reflejado en forma idéntica en cada uno de los meses investigados, tal como se puede ver de los anexos 01, 02 y 03 de la resolución de sanción impugnada. Por todas estas razones, la disposición del artículo 99 del Código Penal debe ser aplicada, en este caso particular, por darse los elementos del concurso continuado, aplicable también a las infracciones tributarias, por expreso mandato del artículo 71 del Código Orgánico Tributario, en consecuencia, las multas estimadas procedentes en este fallo, deben ser calculadas como una sola infracción, en los términos del dispositivo del mencionado artículo 99, por no tratarse de incumplimientos autónomos como erradamente lo afirmó la Administración Tributaria. Así se declara. (Destacado de la Sala).
La jurisprudencia transcrita consideró aplicable la figura del delito continuado en materia de infracciones tributarias ocurridas bajo la vigencia del Código Orgánico Tributario de 1994, en aquellos casos en que se transgrede en uno o diversos períodos impositivos la misma norma reguladora del ilícito tributario. En tal sentido, esta Sala acudió con carácter supletorio a la norma general prevista en el Código Penal, debido a la ausencia de regulación específica en el texto especial tributario antes referido, en cuanto al supuesto de una actuación repetida y constante que reflejara una misma intención del contribuyente infractor.
Ahora bien, por decisión Nro. 00948 dictada por esta Sala el 13 de agosto de 2008, caso: Distribuidora y Bodegón Costa Norte, C.A., se estimó necesario replantear la solución asumida en la sentencia antes citada, tomando en cuenta el ámbito temporal previsto en el Código Orgánico Tributario de 2001. En, esa sentencia se estableció lo siguiente:
En efecto, en el caso del impuesto al valor agregado, el período impositivo es de un (1) mes calendario, conforme a lo previsto en el artículo 59 de la Ley que regula dicho Impuesto, cuestión que determina dentro del marco normativo previsto en la Ley de Impuesto al Valor Agregado, que los contribuyentes están obligados a declarar el monto de los ingresos obtenidos producto de la ocurrencia del hecho imponible de ese tributo, así como cumplir con los demás deberes formales a los que se encuentran sometidos por su condición de sujetos pasivos, durante cada mes o período de imposición.
( )
Así las cosas, aprecia la Sala que la figura del delito continuado prevista en el artículo 99 del Código Penal, es una ficción legal, que tiene como finalidad el aumento del cálculo de la pena de un delito considerado único, que presupone que la serie de múltiples actos antijurídicos violatorios de una misma disposición legal desarrollados por el sujeto agente, sean ejecutivos de una única resolución o designio, de una única intencionalidad, lo que en realidad no ocurre en materia de infracciones tributarias por incumplimiento de deberes formales en lo que se refiere al Impuesto al Valor Agregado, toda vez que cada período mensual es autónomo, aislado uno del otro y genera sus propias consecuencias, por lo que no puede considerarse que exista una única intencionalidad del contribuyente infractor, dada la manera en que se verifica la temporalidad del hecho imponible en este tipo de impuesto.
Sobre este particular, la Sala estima que la aplicación de los principios y garantías del derecho penal común, como es el establecido en el aludido artículo 99 del Código Penal, al ámbito del derecho tributario sancionador, únicamente tendría su justificación frente a un vacío u oscuridad de la ley tributaria, siempre y cuando ofrezca una solución compatible con las características propias del derecho tributario como ley especial.
( )
Bajo este orden de ideas, debe destacarse que el Código Orgánico Tributario regula en su artículo 101 lo relativo a la aplicación de las sanciones por el acaecimiento de ilícitos formales, como en el presente caso, en el cual se verificó el incumplimiento de los requisitos establecidos en la Resolución No. 320 de fecha 28 de diciembre de 1999, publicada en la Gaceta Oficial No. 36.859, del 29 del mismo mes y año, al no señalar la contribuyente en cada factura si la operación fue de contado o a plazo.
En virtud de lo anterior, conviene advertir que dada la existencia de reglas específicas para la aplicación de las sanciones por el acaecimiento de ilícitos formales, en el texto especial que regula la relación adjetiva que nace entre el sujeto activo y el contribuyente, no corresponde aplicar supletoriamente las disposiciones del Código Penal, concretamente del artículo 99, toda vez que no se verifica vacío legal alguno, ya que de acuerdo con el artículo 101 del Código Orgánico Tributario la aplicación de las sanciones por el acaecimiento de ilícitos formales se realiza por cada período o ejercicio fiscal.
( )
En definitiva, se estima importante señalar que la transferencia de normas del Código Penal al ámbito de los ilícitos tributarios, debe hacerse con carácter supletorio y respetando la compatibilidad que ha de existir con el ámbito especial del derecho tributario. En tal sentido y con base a las consideraciones antes expuestas, no resulta apropiado aplicar en forma directa, en los términos del artículo 79 del Código Orgánico Tributario vigente, la noción del delito continuado a la imposición de sanciones por la comisión de ilícitos formales derivados del impuesto de tipo valor agregado, ya que el hecho punible y la forma de imponer la sanción han sido adecuadas a los términos previstos en el artículo 101 eiusdem, con apego a los elementos en que ocurre el hecho imponible en el mencionado tributo, es decir, por cada período mensual o ejercicio fiscal.
En virtud de lo anteriormente expuesto, esta Sala reconsidera el criterio que había venido sosteniendo respecto de la aplicación del delito continuado en casos como el de autos, en los que se impone una sanción producto de incumplimiento de deberes formales del impuesto a las ventas, adoptado en la sentencia No. 877 del 17 de junio de 2003, caso: Acumuladores Titán, C.A., posteriormente ratificada en forma pacífica en diversos fallos hasta la presente fecha, estableciendo que el artículo 99 del Código Penal no es aplicable a las infracciones tributarias que se generen con ocasión de los deberes formales en materia de Impuesto al Valor Agregado, por los motivos aludidos en el presente fallo. Así se decide.
La decisión antes transcrita fue objeto de una solicitud de aclaratoria respecto a la aplicación temporal de la interpretación que en ella se hacía, la cual fue resuelta en sentencia Nro. 00103 del 29 de enero de 2009, dando efectos ex nunc a dicho criterio.
Así, en la decisión aclaratoria se indicó que los requerimientos que se originen del nuevo criterio deben ser exigidos para los casos futuros, respetando las circunstancias fácticas e incluso de derecho que existan para el momento en el cual se haya presentado el debate.
Con vista a lo señalado, es preciso referir lo que esta Sala Político-Administrativa en sentencia Nro. 01187 de fecha 24 de noviembre de 2010, caso: Fábrica Nacional de Pañales Desechables de Valencia, C.A. (Fanalpade Valencia), dejó sentado respecto a la figura del delito continuado, en los términos siguientes:
(...)
En virtud de lo anteriormente expuesto, esta Sala reconsideró la solución que sostuvo respecto de la aplicación del delito continuado en casos como el de autos, en los que se impone una sanción producto del incumplimiento de deberes formales del impuesto a las ventas, adoptado en la sentencia No. 877 del 17 de junio de 2003, caso: Acumuladores Titán, C.A.; posteriormente ratificada en forma pacífica en diversos fallos hasta la sentencia N° 00948 de fecha 13 de agosto de 2008, caso: Distribuidora y Bodegón Costa Norte, C.A., en la cual estableció que no se verifica vacío legal alguno, ya que de acuerdo con el artículo 101 del Código Orgánico Tributario la aplicación de las sanciones por el acaecimiento de ilícitos formales se realiza por cada período o ejercicio fiscal.
... omissis...
Al efecto, la Sala procede a estudiar si la determinación de la sentencia N° 00948 de fecha 13 de agosto de 2008, caso: Distribuidora y Bodegón Costa Norte, aclarada en la sentencia N° 00103 de fecha 29 de enero de 2009, debe ser aplicada al presente caso y a los similares, para lo cual se transcriben los siguientes párrafos de dicha decisión aclaratoria:
( ) A tal efecto, los requerimientos que se originen del nuevo criterio deben ser exigidos para los casos futuros, respetando las circunstancias fácticas e incluso de derecho que existan para el momento en el cual se haya presentado el debate. (Vid. sentencia de la Sala Constitucional N° 3702 del 19 de diciembre de 2003, ratificada, entre otras, en las decisiones números 3057, 5074, 366 y 1166 de fechas 14 de diciembre de 2004, 15 de diciembre de 2005, 1° de marzo de 2007 y 11 de julio de 2008, respectivamente). Con fundamento en el reiterado criterio jurisprudencial antes referido, esta Sala considera que, en este caso, la modificación que se produjo en la interpretación que se había venido realizando respecto a la aplicación de la figura del delito continuado en la materia de sanciones administrativas tributarias, concretamente en lo atinente al impuesto al valor agregado, no podía aplicarse a la contribuyente Distribuidora y Bodegón Costa Norte, C.A. ( ).
... omissis...
Ahora bien, acogiendo la tesis de la Sala Constitucional, esta Sala decidió darle efectos ex nunc a su sentencia del 13 de agosto de 2008 (Distribuidora y Bodegón Costa Norte, C.A.), en la que revisó la solución que venía sosteniendo desde el 17 de junio de 2003, caso: Acumuladores Titán, C.A., según el cual a los casos como el de autos debía aplicárseles la normativa sobre el delito continuado del Código Penal en vez de la regulación del ilícito formal tributario contenida en el Código Orgánico Tributario del año 2001. En efecto, tal como se analizó en el fallo del 13 de agosto de 2008, el mencionado texto especial que regula la relación jurídica entre la Administración Tributaria y el contribuyente, contiene reglas específicas aplicables para sancionar los ilícitos formales por cada período, contempladas en el artículo 101, numeral 3. Por lo tanto, siendo clara esta regulación del texto especial de la materia, se debe aplicar tal como está consagrada en dicha ley, en aplicación de la posición sostenida en la sentencia del 13 de agosto de 2008.
Respecto de la vigencia (...). Como el Código Orgánico Tributario del 2001 previó una vacatio hasta el 17 de enero de 2002, para que a partir de esta fecha se aplicase la normativa referida a los ilícitos formales, la Sala considera que en todos los casos cuyos hechos se hubiesen producido desde esa fecha, deben ser juzgados conforme a las normas del texto especial tributario del 2001, tal como fue establecido en el caso Distribuidora y Bodegón Costa Norte, C.A. Así se declara.
Al respecto, la Sala Constitucional ha precisado los criterios jurisprudenciales, sus cambios y la relación entre los mismos y algunos principios preconizados por dicha Sala, tales como el de seguridad jurídica en el ámbito jurisdiccional y el de confianza legítima (este último acogido de la jurisprudencia y doctrina europeas) (sentencia N° 3057 de 14 de diciembre de 2004, caso: Seguros Altamira), en los siguientes términos:
( ) De tal forma, que en la actividad jurisdiccional el principio de expectativa plausible, en cuanto a la aplicación de los precedentes en la conformación de reglas del proceso, obliga a la interdicción de la aplicación retroactiva de los virajes de la jurisprudencia. En tal sentido, el nuevo criterio no debe ser aplicado a situaciones que se originaron o que produjeron sus efectos en el pasado, sino a las situaciones que se originen tras su establecimiento, con la finalidad de preservar la seguridad jurídica y evitar una grave alteración del conjunto de situaciones, derechos y expectativas nacidas del régimen en vigor para el momento en que se produjeron los hechos. No se trata de que los criterios jurisprudenciales previamente adoptados no sean revisados, ya que tal posibilidad constituye una exigencia ineludible de la propia función jurisdiccional, por cuanto ello forma parte de la libertad hermenéutica propia de la actividad de juzgamiento, sino que esa revisión no sea aplicada de manera indiscriminada, ni con efectos retroactivos, vale decir, que los requerimientos que nazcan del nuevo criterio, sean exigidos para los casos futuros y que se respeten, en consecuencia, las circunstancias fácticas e incluso de derecho, que existan para el momento en el cual se haya presentado el debate que se decida en el presente ( ) (Subrayado de esta Sala [Político-Administrativa]).
...omissis...
Como se ve, el fundamento de la aplicación de la solución establecida en la sentencia que resolvió el asunto planteado por la sociedad mercantil Distribuidora y Bodegón Costa Norte, C.A., proviene de la vigencia de dicha norma, con lo cual se preservan los principios de seguridad jurídica y la llamada confianza legítima o expectativa plausible, cuyo acatamiento impone la Sala Constitucional en su jurisprudencia pacífica, obligante para todos los tribunales de la República. Precisamente, para que el cambio jurisprudencial fuese suficiente y oportunamente conocido por la comunidad tributaria del país, esta Sala ordenó publicar dicha sentencia en la Gaceta Oficial, determinación que se cumplió en la Nº 38.999 de fecha 21 de agosto de 2008.
La Sala observa que aun cuando las infracciones de la contribuyente se produjeron antes del referido pronunciamiento que causó el cambio de solución, son a la vez posteriores a la normativa especial que rige esa conducta ilícita, cual es el artículo 101, numeral 3 del Código Orgánico Tributario de 2001, razón por la cual se le debe aplicar. En consecuencia, se subsumen dichos ilícitos en esa normativa, y por lo tanto, debe aplicársele la sanción de una unidad tributaria (1 U.T.) por cada factura hasta un máximo de ciento cincuenta unidades tributarias (150 U.T.), para cada uno de los períodos investigados por la Administración Tributaria; porque se evidencia que emitió cantidades de facturas con prescindencia parcial de los requisitos exigidos por las normas tributarias, durante los períodos fiscales comprendidos desde octubre 2003 hasta mayo 2005, todos posteriores a la entrada en vigor de la normativa aplicable. Reitera la Sala que el indicado cambio lo que hizo fue reconocer la preexistencia del derecho positivo en el que debe subsumirse la conducta del justiciable tributario para todos los casos en que se observen ilicitudes en esta materia, producidas a partir del 17 de enero de 2002, fecha en que empezó a regir la estudiada normativa. Así se decide. (Resaltado de esta Sala Político-Administrativa).
La sentencia parcialmente transcrita explica el devenir del criterio jurisprudencial referente a la aplicación del delito continuado en materia tributaria y la forma de imponer la sanción por la comisión de ilícitos formales derivados del impuesto al valor agregado, a la luz de lo contemplado en el artículo 101 del Código Orgánico Tributario de 2001 y reitera lo establecido en la decisión Nro. 00948 del 13 de agosto de 2008, caso: Distribuidora y Bodegón Costa Norte, C.A., para casos como el de autos.
Del mismo modo, el precedente criterio jurisprudencial señala que el mencionado Código prevé las sanciones que la Administración Tributaria debe imponer a los contribuyentes en los casos de incumplir con sus deberes formales, razón por la cual no corresponde aplicar supletoriamente la disposición contenida en el artículo 99 del Código Penal, toda vez que no existe vacío legal alguno, habida cuenta que conforme al parágrafo segundo del artículo 101 del Código Orgánico Tributario de 2001, la aplicación de las sanciones por el acaecimiento de ilícitos formales debe realizarse por cada período o ejercicio fiscal. (Vid. Sentencias Nros. 01265 y 01294, ambas de fecha 9 de diciembre de 2010, caso: Comercial Y.I.M., C.A. y Las Telas De Blas, C.A., respectivamente, y más recientemente, los fallos Nros. 00187 y 00370 del 10 de febrero de 2011 y 29 de marzo del mismo año, casos: Welcome C.A. y Centro Comercial Macuto I, C.A., respectivamente).
Así, examinadas las actas procesales que conforman el expediente, se advierte que la Administración Tributaria, aplicó a la contribuyente una sanción de multa para cada período de imposición por el incumplimiento de los deberes formales previstos en la Ley de Impuesto al Valor Agregado de conformidad con lo previsto en el mencionado artículo 101 del Código Orgánico Tributario de 2001 y estableció el concurso de ilícitos tributarios establecido en el artículo 81 del mismo cuerpo normativo (folio 16 del expediente judicial).
Considera la Sala propicio indicar en esta oportunidad -tal como lo dejó sentado en el identificado fallo Nro. 00948 del 13 de agosto de 2008-, que la aplicación de los principios y garantías del derecho penal común, como es el establecido en el aludido artículo 99 del Código Penal, al ámbito del derecho tributario sancionador, únicamente tendrá su justificación frente a un vacío u oscuridad de la ley tributaria, siempre y cuando ofrezca una solución compatible con las características propias del derecho tributario como ley especial, por cuanto el Código Orgánico Tributario prevé una serie de situaciones específicas aplicables a la materia fiscal, y contempla dentro de su marco regulatorio todo lo referente a las infracciones e ilícitos tributarios.
En este orden de ideas, debe destacarse que el Código Orgánico Tributario de 2001, regula en su artículo 101 lo relativo a la aplicación de las sanciones pecuniarias por el acaecimiento de ilícitos formales, tales como los determinados en el presente caso donde la Administración Tributaria constató que la contribuyente emitió facturas sin cumplir con las exigencias normativamente previstas, lleva los registros especiales establecidos en la Ley de Impuesto al Valor Agregado sin cumplir las formalidades, no exhibe en lugar visible el certificado de inscripción en el RIF y el comprobante de declaración de impuesto sobre la renta, en los períodos fiscalizados.
Po ello en el caso bajo examen, dada la existencia de reglas específicas en el Código Orgánico Tributario del año 2001, aplicable en razón del tiempo para la imposición de sanciones por el acaecimiento de ilícitos formales, no corresponde aplicar supletoriamente las disposiciones del Código Penal, concretamente el artículo 99.
Bajo la óptica de todo lo expresado, resulta aplicable al caso concreto, el criterio jurisprudencial asumido por esta Sala Político-Administrativa en el fallo Nro. 01187 del 24 de noviembre de 2010, caso: Fábrica Nacional de Pañales Desechables de Valencia, C.A. (Fanalpade Valencia), parcialmente transcrita así como el establecido en su sentencia Nro. 00948 del 13 de agosto de 2008, caso: Distribuidora y Bodegón Costa Norte, C.A., en cuanto a la improcedencia de la aplicación supletoria del artículo 99 del Código Penal; decisiones estas que coinciden con la posición asumida por la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Central del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), al momento de aplicar mes a mes las disposiciones del Código Orgánico Tributario de 2001 y calcular las sanciones de multa previstas en el artículo 101 eiusdem, impuestas a la sociedad mercantil recurrente, por los ilícitos tributarios cometidos en los períodos investigados, todos posteriores a la entrada en vigencia de la normativa aplicable, contenida en el indicado Código. Así se decide.
Conforme a lo razonado, esta Máxima Instancia considera procedente el alegato del Fisco Nacional referido a que la sentencia definitiva Nro. 0656 dictada por el Tribunal de instancia en fecha 30 de junio de 2009 incurrió en errónea interpretación de la norma aplicable, razón por la cual se revoca la declaratoria del Juez a quo relativa a que debió admitirse el recurso jerárquico y la procedencia de la figura del delito continuado. Así se declara.
No obstante lo declarado anteriormente, no puede esta Alzada inadvertir que la Admistración Tributaria incurrió en una imprecisión al momento de establecer las sanciones aplicables a cada período fiscal verificado con fundamento en el artículo 101 del Código Orgánico Tributario de 2001, toda vez que, aunque esta norma establece una técnica sancionatoria acumulativa para esta categoría de infracciones, es menester aplicar, sobre los resultados obtenidos, las reglas de concurrencia previstas en el citado artículo 81 eiusdem, que prescribe la fijación de la sanción correspondiente al ilícito más grave, con la subsiguiente atenuación de los restantes correctivos en su valor medio.
En consecuencia, por las razones expuestas, se declara parcialmente con lugar la apelación del Fisco Nacional contra la sentencia del Tribunal remitente y parcialmente con lugar el recurso contencioso tributario interpuesto por la sociedad mercantil Comercial Ferremil I, C.A.; en consecuencia, queda firme la Resolución de Imposición de Sanción signada con letras y números GRTI-RCE-DJT-ARA-2006-203-20 del 2 de enero de 2007, que declaró inadmisible el recurso jerárquico, y de la Resolución de Imposición de Sanción distinguida con letras y números GRTI-RCE-DFD-2006-01-03-DF-PEC-161 de fecha 2 de agosto de 2006, se anula el monto de las multas impuestas con fundamento en el artículo 101 del Código Orgánico Tributario de 2001 y se ordena su recálculo, conforme a lo dispuesto en el artículo 81 eiusdem. Así se declara.
VI
DECISIÓN
Por las razones precedentemente señaladas, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala Político-Administrativa, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara:
1.- PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por los representantes judiciales del FISCO NACIONAL, contra la sentencia definitiva Nro. 0656 dictada por el Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Central en fecha 30 de julio de 2009, que declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso tributario ejercido conjuntamente con solicitud de medida cautelar de suspensión de efectos por la sociedad mercantil COMERCIAL FERREMIL I, C.A.; en consecuencia, se REVOCA del fallo apelado la declaratoria relativa a que debió admitirse el recurso jerárquico y la procedencia de la figura del delito continuado.
2.- Quedan FIRMES por no haber sido apelados por la sociedad mercantil recurrente y no ser desfavorables al Fisco Nacional los siguientes puntos de la sentencia del Tribunal a quo: I. consideración según la cual la contribuyente: a) Llevaba el Libro de Ventas sin colocar el número de máquina fiscal, no registraba las facturas de ventas, no registraba las operaciones en forma cronológica, no registraba el número del primer y último comprobante del día ni los comprobantes de retenciones, b) No exhibía en un lugar visible el certificado de Registro de Información Fiscal, c) No exhibía en lugar visible el comprobante de la declaración de impuesto sobre la renta; y d) emitía facturas que no cumplían con los requisitos legales ya que no indicaban el precio unitario. II. Improcedencia de todas las atenuantes previstas en el artículo 96 del Código Orgánico Tributario de 2001, invocadas por la recurrente en forma genérica.
3.- PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso tributario ejercido por la empresa contribuyente, por lo que se ANULA del acto administrativo recurrido el monto de las multas impuestas con fundamento en el artículo 101 del Código Orgánico Tributario de 2001 y se ORDENA su recálculo de acuerdo al dispositivo de este fallo.
Publíquese, regístrese y notifíquese. Devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los trece (13) días del mes de octubre del año dos mil once (2011). Años 201º de la Independencia y 152º de la Federación.
La Presidenta - Ponente
EVELYN MARRERO ORTÍZ
La Vicepresidenta
YOLANDA JAIMES GUERRERO
Los Magistrados,
LEVIS IGNACIO ZERPA
EMIRO GARCÍA ROSAS
TRINA OMAIRA ZURITA
La Secretaria,
SOFÍA YAMILE GUZMÁN
En dieciocho (18) de octubre del año dos mil once, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 01291, la cual no está firmada por la Magistrada Trina Omaira Zurita, por motivos justificados.
La Secretaria,
SOFÍA YAMILE GUZMÁN
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