Busca más sentencias en Venley
Búsqueda avanzada, colecciones personalizadas y consultas a Kelsen.
Buscar sentencias
|
EXP. Nº 2012-1322
CS- 2013-0020
El Juzgado de Sustanciación de esta Sala Político Administrativa mediante Oficio N° 000268 de fecha 13 de marzo de 2013, remitió el cuaderno separado contentivo de las copias certificadas del escrito de la reforma del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto con solicitud de medida cautelar de suspensión de efectos, por la abogada Blanca Viviana Sánchez Rondón, inscrita en el INPREABOGADO bajo el N° 125.786, actuando con el carácter de apoderada judicial de la sociedad mercantil TRACTO AMÉRICA, C.A., según poder que aparece al folio 65 y su vto., de la pieza principal del expediente judicial y los datos de registro de la empresa que cursan al folio 1; contra la Resolución DM/N° 053/2012 del 30 de abril de 2012, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.912 de la misma fecha, suscrita por el MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA Y TIERRAS (E), mediante la cual se ordena el ejercicio de la administración pro-tempore, así como la posesión y uso temporal de bienes muebles, inmuebles y bienhechurías de [su] mandante.
La remisión fue realizada en atención al auto del 26 de febrero de 2013, por el cual el Juzgado de Sustanciación admitió la reforma del escrito del recurso contencioso administrativo de nulidad ejercido y acordó abrir y remitir a esta Sala el cuaderno separado, con el objeto de decidir la medida cautelar de suspensión de efectos requerida.
El 2 de abril de 2013 se dio cuenta en Sala y, por auto de la misma fecha, se designó ponente a la Magistrada Evelyn Marrero Ortíz a los fines de decidir la medida cautelar solicitada.
En fecha 8 de mayo de 2013 fue elegida la nueva Junta Directiva del Tribunal Supremo de Justicia y quedó conformada esta Sala Político-Administrativa de la siguiente manera: Presidente, Magistrado Emiro García Rosas; Vicepresidenta, Magistrada Evelyn Marrero Ortíz; las Magistradas Trina Omaira Zurita y Mónica Misticchio Tortorella y el Magistrado Emilio Ramos González. Asimismo, se ratificó Ponente a la Magistrada Evelyn Marrero Ortíz.
Mediante decisión No. 00640 del 5 de junio de 2013, esta Sala solicitó al Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras información acerca de la Junta Administradora a que se refiere el acto impugnado, respecto a si se encuentra constituida y cumpliendo las obligaciones que le atañen. Asimismo, pidió a la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada que informara si los Administradores Especiales designados por dicho órgano están efectivamente ejerciendo sus funciones.
Por Oficios No. 0576/2013 del 20 de septiembre de 2013 y MPPIJP/ONCDOFT-OAJI/2013 del 18 de octubre de 2013, el Director de Consultoría Jurídica del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras y la Directora de la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada, respectivamente, consignaron la información requerida por esta Sala.
En la oportunidad correspondiente, pasa la Sala a pronunciarse previo a lo cual formula las siguientes consideraciones:
I
DEL ACTO ADMINISTRATIVO RECURRIDO
En la Resolución DM/N°053/2012 de fecha 30 de abril de 2012 el Ministro del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, considerando que la empresa Tracto América, C.A. tiene averiguaciones ante las Fiscalías 23° y 84° del Ministerio Público con Competencia Nacional, 27° del Ministerio Público en el Estado Lara con Competencia en Materia de Drogas y 4° del Ministerio Público del Estado Lara; y visto que en el Acta de Inspección suscrita por el Director de la Unidad Estadal del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras del Estado Lara, se ordena y adopta medida preventiva de ocupación temporal de los bienes muebles e inmuebles, así como de las demás bienhechurías que constituyen o sirven al funcionamiento de la referida empresa, en ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo 16 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en los artículos 45, 60 y 77 numerales 1 y 27 del Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 5 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, resolvió lo siguiente:
-Artículo 1. El ejercicio de la Administración Pro Tempore, posesión y uso de los bienes muebles, inmuebles y bienhechurías, pertenecientes a la empresa TRACTO AMÉRICA, C.A., estará a cargo de una Junta Administradora, cuyos miembros serán nombrados por el Ministro del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, a través del ente que éste designe para tal efecto.
-Artículo 2. La Junta Administradora de TRACTO AMÉRICA, C.A., tendrá las más amplias funciones y atribuciones para administrar, supervisar y controlar las actividades de la referida sociedad mercantil, hasta que finalice la medida de ocupación temporal.
-Artículo 3. La Junta Administradora de TRACTO AMÉRICA, C.A., deberá rendir cuentas mensualmente al ciudadano Ministro del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, de los actos realizados y los documentos firmados en virtud de lo dispuesto en la presente Resolución.
II
DEL RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE NULIDAD
En el escrito contentivo del recurso contencioso administrativo de nulidad y la reforma presentada el 19 de febrero de 2013, la apoderada actora indica lo siguiente:
1.- De los hechos:
1.1. Que la empresa que representa ejerce la actividad económica de importación y distribución, entre otros rubros, de maquinarias, equipos y repuestos agrícolas y para la construcción.
1.2. Señala que en fecha 9 de abril de 2012 funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (Resguardo Nacional Aduanero), notificaron a su representada del Oficio N° 12-237 del 4 del mismo mes y año, en el cual se le informa la realización de una VERIFICACIÓN ADUANERA en las instalaciones de la empresa, con base en los artículos 5 y 34 de la Ley contra el Delito de Contrabando.
1.3. Agrega que en dicha verificación practicada en fecha 9 de abril de 2012, se levantó un Acta donde los funcionarios actuantes dejaron constancia que tuvieron libre acceso a las instalaciones de la empresa y recabaron una serie de documentos de la compañía, tales como: el documento constitutivo-estatutario, sus modificaciones, RIF, recibos de servicios básicos y copia del documento de compra-venta del inmueble donde funciona la sociedad mercantil recurrente. Que en esa inspección sorpresiva se hizo una revisión aleatoria del estatus de la empresa, se verificaron sus acciones y recopilaron facturas de compra de equipos.
1.4. Sostiene que, el 12 de abril de 2012, el Tribunal Octavo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, dictó una serie de medidas preventivas, entre las que se encuentra el bloqueo e inmovilización de cuentas bancarias de los accionistas de la compañía, medida de prohibición de enajenar y gravar sobre todos los bienes de la empresa, así como una prohibición de salida del país a los accionistas de la sociedad mercantil recurrente.
1.5. Asegura que luego de la publicación de la Resolución impugnada en la Gaceta Oficial, se produjeron algunos hechos sobrevenidos que guardan relación con los ya expuestos, entre los cuales se encuentra el ocurrido en fecha 8 de mayo de 2012, oportunidad en la cual fiscales adscritos al Ministerio Público solicitaron al Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control N° 1 del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, que decretara la administración controlada de los bienes pertenecientes a su representada y de sus empresas filiales, lo cual fue acordado por el referido Tribunal en fecha 11 del mismo mes y año.
1.6. Indica que, en fecha 24 de mayo de 2012, el Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control N° 1° del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, acordó lo solicitado por el Ministerio Público en el sentido de levantar las medidas preventivas de prohibición de enajenar y gravar sobre bienes pertenecientes a la sociedad mercantil Tracto América, C.A., decretadas el 12 de abril de 2012, así como el desbloqueo de las cuentas bancarias de la empresa, a fin de que la Junta Administradora designada en la Resolución impugnada N° 053/2012 pudiese dar cumplimiento a las funciones y atribuciones otorgadas por ley, destinadas a reactivar las operaciones de la empresa y garantizar la soberanía alimentaria del país.
1.7. Señala que, en fecha 21 de enero de 2013, la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, dictó la Providencia Administrativa N° 005-13, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.095 del 22 del mismo mes y año, según la cual fueron designados los administradores especiales de los bienes de la empresa que representa, quienes tendrían las más amplias facultades de administración para garantizar la posesión, guarda, custodia, uso y conservación de los bienes muebles e inmuebles de la empresa. Igualmente, se estableció en dicha Providencia la obligación para los administradores de rendir trimestralmente cuentas de su gestión a la mencionada Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, debiendo ajustar su actuación a las políticas públicas que emanen del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras en relación a la actividad agroalimentaria. Asimismo, se indicó en la aludida Providencia que los administradores especiales ejercerían la administración especial y la custodia de los activos bancarios de Tracto América, C.A.
1.8. Finalmente, advierte que la sociedad mercantil que representa actualmente está dirigida por unos administradores temporales designados por el aludido Ministerio y, al mismo tiempo, por los administradores especiales designados por la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
2. Del Derecho:
En cuanto a los vicios del acto administrativo impugnado, denuncia la apoderada actora los siguientes:
2.1. Incompetencia manifiesta.
Afirma que el acto administrativo impugnado se encuentra viciado de incompetencia manifiesta del Ministro del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, de acuerdo a lo previsto en el numeral 4 del artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, pues el motivo principal por el cual dicho funcionario decretó la ocupación temporal de la sede de la empresa surge por unas averiguaciones penales llevadas por las Fiscalías 23° y 84° del Ministerio Público con Competencia Nacional, 27° del Ministerio Público en el Estado Lara con Competencia en Materia de Drogas y 4° del Ministerio Público del Estado Lara.
Que al haber sido dictada medida cautelar contra su representada con base en la Ley contra la Delincuencia Organizada, los entes que podían realizar una ocupación temporal y designar una Junta Administradora Ad-Hoc de las instalaciones y demás bienes de Tracto América, C.A., a los fines de garantizar la materialización de esas medidas eran el Ministerio de Finanzas y el órgano desconcentrado encargado de la lucha contra la delincuencia organizada, y no el Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras.
Resalta que existe una colisión entre dos medidas, una judicial y otra administrativa; pues, por una parte, se encuentra la sentencia del 24 de mayo de 2012 dictada por el Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control N° 1° del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, que ordena el desbloqueo de las cuentas bancarias de su representada y, por otra parte, está la Providencia Administrativa N° 005-13 de fecha 21 de enero de 2013 de la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, mediante la cual fue designada una administración especial y ordenó la custodia de los activos bancarios de la empresa recurrente.
Que la situación antes referida genera dudas sobre la competencia para administrar los bienes de la sociedad mercantil Tracto América, C.A., pues tanto el Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras como la referida Oficina Nacional, pretenden ejercer la misma competencia sobre la base de un mismo hecho, esto es, el inicio de investigaciones penales contra su representada, lo cual plantea el examen de cuál es el ente competente en casos como el de autos para administrar los bienes incautados, bajo las normas de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
Sostiene que según lo dispuesto en la Ley antes referida, quien puede y debe administrar los bienes incautados bajo las premisas de dicha Normativa, es la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo; y hasta tanto se cree el Servicio Especializado para la Administración y Enajenación de Bienes Asegurados o Incautados, Decomisados y Confiscados, dicha Oficina Nacional puede otorgar la administración de los indicados bienes al Servicio Nacional de Administración y Enajenación de Bienes adscrito a la Oficina Nacional Antidrogas; todo lo cual -a su decir- hace evidente en el caso de autos la manifiesta incompetencia del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras para administrar los bienes incautados.
Expone que para el momento en que el mencionado Ministerio dictó la medida de ocupación temporal de los bienes propiedad de su representada y nombró a una Junta Administradora, estos se encontraban a la orden del Tribunal Octavo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, por tanto, no estaban bajo la libre disposición de la recurrente, todo lo cual va en detrimento de la propia investigación penal.
2.2. Violación del derecho a la defensa y al debido proceso.
Denuncia que la Resolución impugnada viola el derecho a la defensa y al debido proceso de su representada, pues del acto impugnado no se evidencia la orden de inicio del procedimiento administrativo sancionador en el cual su mandante hubiese podido defenderse, presentar pruebas y controlar aquellas que sirvieron de fundamento a la autoridad para dictar la medida de ocupación temporal.
Que la medida de ocupación temporal al no tener fecha de culminación, se convierte en una sanción definitiva no prevista en la Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria, pues de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 105 de dicha Ley, las sanciones administrativas definitivas son la multa, el comiso y el cierre temporal de la empresa, todo lo cual -a su decir- se traduce en la violación del derecho a la defensa y al debido proceso.
2.3. Desviación de Poder.
Sostiene la apoderada actora que el acto impugnado se encuentra viciado de desviación de poder, por cuanto el Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras autorizó la ocupación temporal de las instalaciones de Tracto América, C.A., para tomar el control de esa empresa, evitando así cumplir con su obligación de indemnizar a [su] representada, y no a los fines de garantizar la seguridad y soberanía alimentaria de todos los venezolanos o para verificar los presuntos incumplimientos a la normativa contenida en la Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Alimentaria.
2.4. Falso supuesto.
Manifiesta que el vicio de falso supuesto se configura, cuando el aludido Ministerio dictó el acto administrativo recurrido con fundamento en unos supuestos incumplimientos de la empresa recurrente, los cuales no se encuentran vinculados con la actividad agrícola, sino relacionados con el inicio de una averiguación penal en su contra.
Pide la apoderada actora que, en caso de no declararse la nulidad del acto impugnado, se declare el decaimiento del acto; pues siendo la ocupación temporal una medida administrativa de naturaleza cautelar cuya existencia depende del inicio del procedimiento administrativo sancionador, previsto en el artículo 153 y siguientes de la Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria, es lógico suponer que tal medida subsistirá a lo largo del mencionado procedimiento, y visto que, en el caso de autos, el referido Ministerio nunca dictó el acto de inicio de ese procedimiento, considera que la medida ha decaído por el simple transcurrir del tiempo, pues por aplicación analógica de lo previsto en el último aparte del artículo 52 de la Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública o Social, la ocupación no podrá exceder de un término mayor a seis (6) meses.
3. De la medida cautelar:
Reitera la parte actora la solicitud de suspensión de efectos del acto impugnado y expresa como fundamento, en lo que atañe al requisito del buen derecho o fumus boni iuris, que este se evidencia de las denuncias plasmadas en su escrito y de la propia Resolución impugnada, la cual ordena la ocupación temporal de las instalaciones de la empresa y, asimismo, ordena la designación de una Junta Administradora Especial con las más amplias facultades; cuando lo cierto es que sobre todos los bienes propiedad de su mandante recaen sendas medidas cautelares de bloqueo de sus cuentas bancarias y prohibición de enajenar y gravar, las cuales tienen su fundamento, entre otras normas, en el artículo 21 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
Que otro hecho del cual se puede desprender el aludido requisito, viene dado por la circunstancia de que el Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras nunca dio inicio al procedimiento administrativo, previsto en el artículo 153 y siguientes de la Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Alimentaria, así como también se evidencia de la Resolución N° 005-13 del 21 de enero de 2013 emanada de la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, mediante la cual fue designada una administración especial y ordenada la custodia de los activos bancarios de la empresa recurrente.
Por otra parte, señala que la medida de ocupación temporal decretada en el acto impugnado ha decaído por haber transcurrido más de seis meses desde que fue dictada, en aplicación del artículo 52 de la Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública y Social.
En cuanto al peligro en la mora o periculum in mora, sostiene que tal requisito se evidencia del hecho que el Tribunal penal en funciones de control, cuando decretó la medida cautelar de bloqueo de todas las cuentas bancarias a nombre de su representada, argumentó que lo hacía para evitar que la empresa recurrente pudiera realizar actos de disposición que dejaran ilusoria la ejecución del fallo y que podrían constituir un objeto pasivo del delito.
Adicionalmente, señala que la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, mediante la Resolución N° 005-13 ya mencionada, designó una Administradora Especial encargada de administrar los activos bancarios de la empresa, lo cual hace inminente un conflicto entre dicha Oficina y el Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, autoridad esta la cual también se encargará del manejo de las mismas cuentas bancarias.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 433 del Código de Procedimiento Civil, solicita una prueba de informes a fin de que el Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, informe a la Sala sobre varios aspectos relacionados con la vigencia de la Junta Administradora que ordenó constituir en el acto impugnado.
Según lo dispuesto en el artículo 258 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la apoderada actora plantea desistir del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto, si el Ejecutivo Nacional decreta la expropiación de todos los bienes de la sociedad mercantil que representa, caso en el cual [proponen] que el juicio sea suspendido por tres (3) meses para que la propuesta sea evaluada por las autoridades competentes. Si vencido ese lapso no fuese dictada la expropiación, es evidente que el presente juicio debe continuar.
Por otra parte, la apoderada actora pide la suspensión de los efectos del acto administrativo recurrido y, en consecuencia, se ordene el cese de la ocupación temporal de las instalaciones de Tracto América, C.A. y de la Junta Administradora con carácter temporal designada por el Ministro del Poder Popular para la Agricultura y Tierras.
Finalmente, solicita la nulidad de la Resolución DM/N°053/2012 de fecha 30 de abril de 2012 dictada por el Ministro del Poder Popular para la Agricultura y Tierras; y, para el caso de que dicha nulidad no proceda, pide a la Sala declarar el decaimiento del acto impugnado conforme a lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública o Social.
III
MOTIVACIONES PARA DECIDIR
Corresponde a esta Sala emitir su pronunciamiento acerca de la suspensión de efectos del acto administrativo contenido en la Resolución DM/N°053/2012 de fecha 30 de abril de 2012 dictada por el Ministro del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, solicitada por la apoderada judicial de la sociedad mercantil Tracto América, C.A. en el escrito de reforma del recurso de nulidad presentado en fecha 19 de febrero de 2013.
Ahora bien, cabe recordar que esta Sala mediante decisión N° 1497 del 12 de diciembre de 2012 (cuaderno separado No. 2012-0099), declaró improcedente la medida cautelar de suspensión de efectos del acto recurrido peticionada por la accionante en el escrito de fecha 18 de octubre de 2012, esto es, previo a la reforma del recurso contencioso administrativo de nulidad.
Precisado lo anterior, debe indicarse que la medida de suspensión de efectos de los actos administrativos actualmente no está prevista en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia ni en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, lo cual no implica que pueda ser acordada siendo como lo es una de las medidas preventivas típicas del contencioso administrativo, por lo que la misma debe analizarse en atención a lo establecido en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 104 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
Ha sido criterio de esta Máxima Instancia que la suspensión de efectos de los actos administrativos constituye la medida cautelar típica del contencioso administrativo, mediante la cual haciendo excepción al principio de ejecutoriedad del acto administrativo -consecuencia de la presunción de legalidad- se busca evitar lesiones irreparables o de difícil reparación al ejecutarse una eventual decisión anulatoria del acto, lo cual podría constituir un menoscabo a la garantía del derecho fundamental de acceso a la justicia y al debido proceso.
En tal sentido, el Juez debe velar porque su decisión se fundamente no sólo en simples alegatos de perjuicio, sino en la argumentación y acreditación de hechos concretos de los cuales nazca la convicción para el Sentenciador de un posible perjuicio real y procesal para el recurrente, lo cual debe evitar el operador de justicia.
Por tal motivo, la medida preventiva de suspensión de efectos sólo procede cuando se verifiquen concurrentemente los supuestos que la justifican, esto es, su necesidad a los fines de evitar perjuicios irreparables o de difícil reparación; o bien para evitar que el fallo quede ilusorio y, adicionalmente, se presuma que la pretensión procesal principal resultará favorable. Significa, entonces, que deben comprobarse los requisitos de procedencia de toda medida cautelar como lo son: el riesgo manifiesto de que la ejecución del fallo quede ilusoria y la presunción grave de violación del derecho que se reclama. A esto hay que agregar la adecuada ponderación que haga el Juez de los intereses públicos generales y colectivos concretizados y ciertas gravedades en juego, conforme a lo dispuesto en el artículo 104 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
De tal manera, el correcto análisis acerca de la procedencia de la medida cautelar solicitada requiere, además de la verificación del periculum in mora la determinación del fumus boni iuri, pues mientras aquél es exigido como supuesto de procedencia de la medida en el caso concreto, la presunción grave de buen derecho es el fundamento mismo de la protección cautelar dado que, en definitiva, sólo a la parte que posee la razón en juicio pueden causársele perjuicios irreparables que deben ser evitados; sea que emanen de la contraparte o sean efecto de la tardanza del proceso. Consecuentemente, el referido principio se encuentra en las exigencias del artículo 104 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa para acordar la suspensión de efectos. (Vid. sentencia de esta Sala Político-Administrativa Nº 01289 del 9 de diciembre de 2010, caso: Orlando Ramón Cuevas Terán).
Establecido lo anterior pasa esta Sala a analizar si, en el caso de autos, se verifican concurrentemente los requisitos mencionados y, a tal efecto, se observa:
Como fundamento de la cautela requerida, alega la actora respecto al requisito del buen derecho o fumus boni iuris, que este se evidencia de las denuncias efectuadas a lo largo de su escrito y de la Resolución impugnada, la cual ordena la ocupación temporal de las instalaciones de la empresa y, asimismo, la designación de una Junta Administradora Especial con las más amplias facultades, cuando lo cierto es que sobre todos los bienes propiedad de su mandante recaen sendas medidas cautelares de bloqueo de sus cuentas bancarias y prohibición de enajenar y gravar, las cuales tienen su fundamento, entre otras normas, en el artículo 21 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
Que otro hecho del cual se puede desprender el aludido requisito, viene dado por la circunstancia de que el Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras nunca dio inicio al procedimiento administrativo previsto en el artículo 153 y siguientes de la Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Alimentaria, así como también se evidencia de la Resolución N° 005-13 del 21 de enero de 2013, emanada de la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, mediante la cual fue designada una administración especial y ordenada la custodia de los activos bancarios de la empresa recurrente.
Por otra parte, señala que la medida de ocupación temporal decretada en el acto impugnado ha decaído por haber transcurrido más de seis meses desde que fuera dictada, en aplicación del artículo 52 de la Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública y Social.
Ahora bien, en la mencionada decisión N° 1497 del 12 de diciembre de 2012, mediante la cual esta Sala declaró improcedente la medida cautelar de suspensión de efectos del acto recurrido solicitada por la accionante en el escrito de fecha 18 de octubre de 2012, esto es, previo a la reforma del recurso contencioso administrativo de nulidad, se expuso lo siguiente:
( )
Con relación al requisito del fumus boni iuris, indica la apoderada actora que está claramente evidenciado, por cuanto con el acto administrativo impugnado se violan derechos constitucionales y se incurre en una abierta inmotivación, producto de la arbitrariedad con que fue dictada, sin la mínima y correcta referencia a algún motivo de hecho o de derecho previsto o tipificado en alguna Ley de la República, y la ejecución de esta actividad, además, se basa únicamente en una extralimitación de competencias en los términos expuestos en este recurso.
Denuncia, por otra parte, que el acto administrativo impugnado incurrió en los vicios de inmotivación, incompetencia del funcionario que lo dictó, falta absoluta del procedimiento legalmente establecido y desviación de poder.
Ahora bien, delimitados los vicios que la parte actora le imputa a la Resolución Ministerial cuya suspensión de efectos solicita, interesa a esta Sala destacar el relativo a la incompetencia del funcionario que dictó el acto administrativo recurrido.
En este sentido, alega la parte actora que el Ministro del Poder Popular para la Agricultura y Tierras basó sus atribuciones en los artículos 16 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos 45, 60 y 77, numerales 1 y 27 del Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 5 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, los cuales -a su decir- no tienen relación alguna con la posibilidad de subsumir en ellos el presunto ilícito de contrabando aduanero o la presunta comisión de ilícitos cambiarios y mucho menos, alguno de ellos le atribuye competencias al Ministro ( )para nombrar una Junta de Administración Pro-tempore y ocupar los bienes de la empresa recurrente .
Al respecto, esta Sala observa prima facie que la normativa antes mencionada, sobre la cual el mencionado Ministro se atribuyó la competencia para dictar el acto administrativo impugnado, se encuentra referida de manera general a la competencia de los Ministros para dictar Resoluciones como órganos superiores de dirección del nivel central de la Administración Pública Nacional, así como también dicha normativa indica que los Ministerios serán los encargados de la formulación, adopción, seguimiento y evaluación de las políticas, estrategias, planes generales, programas y proyectos en las materias de su competencia y sobre las cuales ejerce su rectoría, de conformidad con la planificación centralizada.
Igualmente, se infiere del texto del acto administrativo recurrido quien fue el funcionario que ordenó la medida cautelar de ocupación temporal de los bienes muebles e inmuebles, así como de las demás bienhechurías que constituyen o sirven de funcionamiento de la empresa Tracto América, C.A., con ocasión de la Inspección realizada en la sede de la sociedad mercantil Tracto América, C.A., como en efecto lo fue el Director de la Unidad Estadal del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras del Estado Lara, quien según lo previsto en la Resolución DM/N° 0021/2009 de fecha 25 de marzo de 2009, se encuentra debidamente facultado para ejecutar el procedimiento de inspección y fiscalización previsto en el Decreto N° 6.071 con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria. De allí que ordenó la medida cautelar de ocupación temporal de los bienes muebles e inmuebles, así como de las demás bienhechurías que constituyen o sirven al funcionamiento de dicha empresa.
Posteriormente, a través de la Resolución impugnada el Ministro del Poder Popular para la Agricultura y Tierras acordó que el ejercicio de la Administración Pro Tempore, posesión y uso de los mencionados bienes estaría a cargo de una Junta Administradora cuyos miembros serían nombrados por el referido Ministro; determinó que dicha Junta tendría las más amplias funciones y atribuciones de administración, supervisión y control de las actividades de la empresa; así como también estableció la obligación por parte de la aludida Junta de rendir cuentas mensualmente de su gestión al Ministro.
Ahora bien, evidencia la Sala que el artículo 26 del Decreto sobre Organización y Funcionamiento de la Administración Pública Nacional, al enumerar las competencias del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, el cual es el organismo encargado de todo lo concerniente a la regulación, formulación, seguimiento y evaluación de políticas relacionadas con la materia alimentaria, contempla en su numeral 3 que dicho Ministerio en coordinación con los Ministerios del Poder Popular para la Agricultura y Tierras y del Poder Popular para el Comercio, se encargarán de la regulación, formulación, seguimiento y evaluación de políticas, así como la planificación y realización de las actividades del Ejecutivo Nacional en materia de seguridad alimentaria.
( )
De lo anterior puede concluir esta Sala, sin que ello constituya un adelanto acerca del fondo del asunto sometido a su conocimiento, que el Ministro del Poder Popular para la Agricultura y Tierras al designar una Junta Administradora en la empresa recurrente, lo hizo en el ejercicio de sus competencias y con el objeto de contribuir al correcto funcionamiento y operatividad de la empresa accionante, en resguardo de la soberanía y seguridad agroalimentaria de todos los venezolanos. En consecuencia, se desecha el alegato de incompetencia esgrimido por la recurrente. Así se decide. (Resaltado de esta decisión).
También denuncia la apoderada actora que el acto administrativo impugnado se encuentra inmotivado, por cuanto -a su decir- no se determinan concreta ni exactamente las actividades ilícitas que en el ámbito de la actividad agrícola o de tierras hubiese supuestamente cometido su representada. Igualmente indica que la Resolución impugnada sólo se limita a señalar la existencia de una serie de averiguaciones llevadas por ante las Fiscalías N° 84 y ( ) N° 23 del Ministerio Público con competencia Nacional, Fiscalía N° 27 del Ministerio Público en el Estado Lara con competencia en materia de Drogas y la Fiscalía N° 4 del Estado Lara, ( ), pero sin hacer referencia a algún hecho específico relacionado con el ámbito de la materia de su competencia ( ).
En este contexto, el examen preliminar del acto administrativo impugnado realizado por la Sala le ha permitido -salvo una mejor apreciación en la sentencia definitiva- constatar que la Administración sí expresó razones de hecho y derecho como fundamento de su decisión. Ciertamente, de la lectura del acto se desprende que, el Ministro del Poder Popular para la Agricultura y Tierras basó su decisión en el hecho de que existen una serie de averiguaciones iniciadas en las Fiscalías N° 23 y N° 84 del Ministerio Público con competencia Nacional, la Fiscalía N° 27 del Ministerio Público en el Estado Lara, con competencia en materia de Drogas y la Fiscalía N° 4 del Ministerio Público en el Estado Lara.
Adicionalmente, el aludido Ministro evidenció que en la Inspección realizada en las instalaciones de la sociedad mercantil Tracto América, C.A., el Director de la Unidad Estadal del Poder Popular para la Agricultura y Tierras del Estado Lara decidió dictar una medida cautelar de ocupación temporal de los bienes muebles e inmuebles de la referida empresa, por lo que a fin de asegurar su correcto funcionamiento en beneficio de la Seguridad y Soberanía Agroalimentaria resolvió nombrar una Junta Administradora, en razón de lo cual se desestima el alegato relativo a la inmotivación del acto impugnado. Así se declara.
Por otra parte, denuncia la apoderada actora la falta absoluta del procedimiento legalmente establecido, respecto a lo cual señala que si lo pretendido por la autoridad administrativa era aplicar el Decreto-Ley N° 6.071(Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria), no sólo ha debido motivar su actividad administrativa para así no desbordar los límites de la arbitrariedad administrativa, tal como ocurrió, sino que al mismo tiempo, ha debido respetar el procedimiento establecido en dicha Ley, en cumplimiento del derecho a la defensa y al debido proceso, contenidos en el numeral 1 del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Sobre este particular, el examen preliminar de las actas que conforman el expediente en esta etapa cautelar del proceso, así como el análisis del procedimiento de Inspección iniciado por el Director de la Unidad Estadal del Poder Popular para la Agricultura y Tierras del Estado Lara, el cual se encuentra previsto en la Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria, ha permitido a esta Sala constatar que el artículo 143 de dicho texto legal contempla la posibilidad que durante el desarrollo de las actividades fiscalizadoras y de inspección ( ) el funcionario autorizado podrá ejercer las facultades de inspección y fiscalización, ordenando en el mismo acto la ejecución de las medidas administrativas a que haya lugar .
En el caso de autos, se evidencia que el Director de la Unidad Estadal del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, en el Acta de Inspección levantada con ocasión de la fiscalización realizada en la sede de la empresa accionante, ordenó y adoptó una medida cautelar de ocupación temporal de los bienes muebles e inmuebles, así como de las demás bienhechurías que constituyen o sirven al funcionamiento de la empresa Tracto América, C.A., tal y como lo dispone la norma antes mencionada. En virtud de ello el Ministro encargado de ese Despacho resolvió que el ejercicio de la Administración Pro-Tempore, estaría a cargo de una Junta Administradora, con las más amplias funciones y atribuciones para administrar, supervisar y controlar las actividades de la empresa recurrente, hasta que finalice la medida de ocupación temporal.
En consecuencia, concluye la Sala, sin que ello signifique un adelanto de su criterio sobre el fondo del asunto, que los elementos cursantes en autos en esta etapa cautelar evidencian que, ciertamente, el Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras cumplió con el procedimiento legalmente establecido, razón por la cual se desestima el alegato expuesto por la recurrente en relación con este punto. Así se declara. (Resaltado de esta decisión).
Por otra parte, denuncia la apoderada judicial de la empresa recurrente el vicio de desviación de poder, por cuanto -a su decir- el Ministro del Poder Popular para la Agricultura y Tierras a través de los funcionarios actuantes, dictó un acto administrativo con fundamento en unos supuestos incumplimientos los cuales no se encuentran vinculados con la actividad agrícola sino relacionados con presunciones de tipo penal.
Respecto al vicio de desviación de poder, es oportuno atender a lo establecido por esta Sala en la sentencia Nº 125 de fecha 30 de enero de 2008, en la que estableció lo siguiente:
( )
Ahora bien, contrastando los alegatos expuestos por la representación judicial de la empresa recurrente, con la delimitación conceptual del vicio denunciado realizado por la Sala en el fallo parcialmente transcrito; se evidencia que lo manifestado por la actora no se trata de una desviación de poder del ente emisor del acto impugnado, sino más bien se refiere a un falso supuesto de hecho, para cuya verificación resulta menester realizar un análisis probatorio ajeno a esta fase cautelar, razón por la cual se desecha tal alegato. Así se declara.
Con fundamento en lo antes indicado, concluye esta Sala que, en el caso concreto, no se configura el requisito del fumus boni iuris, o presunción grave del derecho reclamado por la parte recurrente, por lo que debe declararse improcedente la medida de suspensión de efectos solicitada y, en consecuencia, no procede el análisis y pronunciamiento respecto al periculum in mora, al no verificarse la concurrencia de los requisitos para otorgar la medida cautelar solicitada. Así se declara.. (Resaltado de esta decisión).
De lo anterior queda demostrado el análisis ya realizado por esta Sala de los vicios denunciados por la parte actora como fundamento tanto del recurso contencioso administrativo de nulidad inicialmente incoado el 18 de octubre de 2012 como de la suspensión de efectos del acto impugnado solicitada en esa primera oportunidad.
Sin embargo, esta Máxima Instancia observa del escrito de reforma consignado en autos el 19 de febrero de 2013, que la apoderada judicial de la empresa accionante señaló que en fecha 21 de enero de ese mismo año la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, dictó la Providencia Administrativa N° 005-13 publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.095 del 22 de enero de 2013, mediante la cual designó a los Administradores Especiales de los bienes de la sociedad mercantil Tracto América, C.A., quienes tendrían las más amplias facultades de administración para garantizar la posesión, guarda, custodia, uso y conservación de los bienes muebles e inmuebles de la empresa, conforme a lo previsto en los artículos 55 y 57 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
Igualmente, en dicha Providencia se indicó que los administradores están en el deber de rendir cuentas trimestralmente de su gestión a la mencionada Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, debiendo ajustar su actuación a las políticas públicas que emanen del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, en relación a la actividad agroalimentaria.
En el mismo orden, se observa lo que el artículo 7 de la Providencia Administrativa antes referida indica, en virtud de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo y [de ese] acto administrativo, cesan en sus funciones los Administradores Especiales nombrados para [la sociedad mercantil Tracto América, C.A.] con anterioridad a la presente Providencia Administrativa. (Agregados de la Sala).
Sobre la base de lo expuesto, esta Sala mediante sentencia No. 00640 del 5 de junio de 2013 solicitó al Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras que informara a esta Máxima Instancia si la Junta Administradora a que se refiere el acto impugnado se encuentra constituida y cumpliendo las obligaciones que le fueron impuestas en la Resolución N° 053/1212 de fecha 30 de abril de 2012, y, asimismo, pidió a la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada información acerca de si los Administradores Especiales designados por dicho órgano están ejerciendo funciones.
En este orden de ideas, se observa al folio 194 del cuaderno separado el Oficio No. 0576/2013 del 20 de septiembre de 2013, remitido por el Director de Consultoría Jurídica del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, donde informó que la Administración de la sociedad mercantil Tracto América, se está llevando a través de la figura de administradores especiales, designado a través de Providencia Administrativa N° 005-13 de fecha 21 de enero de 2013, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.095 de fecha 22 de enero de 2013, emitida por la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo ( ).
Por otra parte, cursa a los folios 202 y 203 del cuaderno separado el Oficio No. MPPIJP/ONCDOFT-OAJI/2013 del 18 de octubre de 2013, suscrito por la Directora de la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada, en el cual señaló que en fecha 22 de febrero de 2013 fueron designados como Administradores Especiales para las sociedades mercantiles: TRACTO AMÉRICA C.A.; ( ), a los ciudadanos ALFREDO RICARDO MIRANDA RODRÍGUEZ, LAURA LORENZO MARRERO, LUBEN FIDIAS MEDINA GRATEROL Y JESÚS EDUARDO ANZOLA COLMENAREZ ( ) quienes se mantienen hasta la presente ejerciendo sus funciones para las cuales fueron designados.
De lo expuesto se evidencia que no existe conflicto alguno entre el Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras y la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, toda vez que la administración de la sociedad mercantil recurrente se encuentra en la actualidad en manos de los Administradores Especiales nombrados por el segundo de los órganos nombrados, tal como lo indica el Ministerio rector en materia agrícola.
En virtud de lo anterior, esta Sala desecha el alegato bajo examen y concluye que, en el caso concreto, no se configura el requisito del periculum in mora siendo innecesario el análisis y pronunciamiento respecto al fumus boni iuris, o presunción grave del derecho reclamado por la parte recurrente, toda vez que para otorgar la medida cautelar solicitada deben ser constatada la concurrencia de ambos elementos. De esta manera la Sala declara improcedente la medida cautelar de suspensión de efectos peticionada. Así se decide.
IV
DECISIÓN
Conforme a los razonamientos expuestos, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara IMPROCEDENTE la medida cautelar de suspensión de efectos solicitada por la apoderada judicial de la sociedad mercantil TRACTO AMÉRICA, C.A., contra la Resolución DM/N° 053/2012, del 30 de abril de 2012 suscrita por el MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA Y TIERRAS (E), mediante la cual se ordena el ejercicio de la administración pro-tempore, así como la posesión y uso temporal de bienes muebles, inmuebles y bienhechurías de [su] mandante.
Publíquese, regístrese y comuníquese. Agréguese copia certificada de esta decisión a la pieza principal. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los diecinueve (19) días del mes de noviembre del año dos mil trece (2013). Años 203º de la Independencia y 154º de la Federación.
El Presidente EMIRO GARCÍA ROSAS
|
|
|
|
|
La Vicepresidenta - Ponente EVELYN MARRERO ORTÍZ
|
|
Las Magistradas |
|
TRINA OMAIRA ZURITA
|
|
|
|
|
MÓNICA MISTICCHIO TORTORELLA
|
El Magistrado EMILIO RAMOS GONZÁLEZ
|
|
|
|
La Secretaria, SOFÍA YAMILE GUZMÁN
|
|
|
En veinte (20) de noviembre del año dos mil trece, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 01316.
|
|
| La Secretaria, SOFÍA YAMILE GUZMÁN
|
|