Sentencia N.º 01317
- Sentencia
- N.º 01317
- Fecha
- 08/10/2014
- Sala
- Político Administrativa
- Expediente
- 2007-0122
- Ponente
- María Carolina Ameliach Villarroel
- Procedimiento
- Demanda
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
Magistrada Ponente: MARÍA CAROLINA AMELIACH VILLARROEL
Exp. N° 2007-0122
Mediante escrito presentado en la Secretaría de esta Sala en fecha 31 de enero de 2007, la abogada Ramona Omaira Camacho Carrión (INPREABOGADO Nº 39.030), actuando con el carácter de Procuradora General del ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA, ejerció demanda por reivindicación contra la FEDERACIÓN DE TRABAJADORES DEL ESTADO MIRANDA (FETRAMIRANDA), inscrita -según lo indicado por la actora- el 10 de noviembre de 2001 ante la Dirección de Inspectoría Nacional y Asuntos Colectivos del Trabajo del Sector Público de la Dirección General Sectorial del Trabajo del Ministerio del Trabajo, bajo el N° 141, Tomo 1, Folio 75; para que conviniera o fuera condenada a entregar, sin plazo alguno, el inmueble constituido por un terreno -con sus bienhechurías- ubicado en la calle Los Pinos (hoy calle Alí Primera), Parroquia Los Teques, Municipio Guaicaipuro del Estado Bolivariano de Miranda. Asimismo, solicitó medida cautelar de secuestro sobre el bien objeto de la acción reivindicatoria, de conformidad con lo previsto en el artículo 599 ordinal 2º del Código de Procedimiento Civil.
El 6 de febrero de 2007, se dio cuenta en Sala y se pasó el expediente al Juzgado de Sustanciación.
Por auto del 21 de febrero de 2007, el Juzgado de Sustanciación admitió la demanda incoada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19, aparte quinto, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela de 2004, vigente para la fecha. En consecuencia, ordenó emplazar a la Federación de Trabajadores del Estado Miranda (FETRAMIRANDA), en la persona de su representante legal, para que compareciera a dar contestación a la demanda dentro de los veinte (20) días de despacho siguientes a aquel en que constare en autos su citación, vencidos como fueran los dos (2) días concedidos como término de la distancia. Asimismo, acordó abrir Cuaderno de Medidas para proveer sobre la solicitud cautelar de secuestro formulada por la demandante.
Mediante Sentencia N° 00913 del 6 de junio de 2007, esta Sala declaró procedente la medida de secuestro solicitada por la parte actora, ordenando su ejecución una vez que transcurrieran noventa (90) días continuos siguientes a la constancia en autos de la notificación de las partes.
El 17 de julio de 2007, el Alguacil del Juzgado de Sustanciación dejó constancia de la imposibilidad de practicar la citación personal de la demandada en fechas 22 de junio, 9 y 13 de julio del mismo año. En virtud de ello, la abogada Merygreg Noguera (INPREABOGADO N° 87.926), actuando en representación de la Procuraduría General del Estado Bolivariano de Miranda, solicitó mediante diligencia del 18 de julio de 2007 se practicara la citación por cartel de la parte accionada, a tenor de lo previsto en el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil.
A propósito del anterior pedimento, el Juzgado de Sustanciación dictó auto en fecha 18 de julio de 2007, por medio del cual ordenó fijar en la morada u oficina de la parte demandada y en los diarios Últimas Noticias y El Nacional, un cartel emplazándola para que concurriere a darse por citada en el término de quince (15) días contados desde el día siguiente a aquel en que se dejara constancia en autos del cumplimiento de la última formalidad.
El 25 de julio de 2007, se libró el cartel de citación y el día 30 de ese mes y año la Secretaria del Juzgado de Sustanciación dejó constancia de haber fijado un ejemplar del mismo en la sede de la Federación de Trabajadores del Estado Miranda, situada en Los Teques. Posteriormente, el 19 de septiembre de 2007, la representación judicial de la demandante consignó las publicaciones en prensa del cartel de citación.
El 17 de octubre de 2007, la abogada Carmen Rosario Márquez Díaz (INPREABOGADO N° 35.640), actuando con el carácter de apoderada judicial de la Federación de Trabajadores del Estado Miranda (FETRAMIRANDA), consignó copia certificada del poder que acredita la representación que se atribuye, y se dio por citada del juicio incoado contra su mandante. En la misma fecha, el abogado David Simón Castillo Mejías (INPREABOGADO Nº 47.303), consignó poder que le fuera conferido por la Procuradora General del Estado Miranda.
Por escrito consignado el 22 de noviembre de 2007, la apoderada judicial de la parte accionada en lugar de contestar la demanda opuso cuestiones previas, y en fecha 4 de diciembre de ese año, los abogados María José Nóbrega Idrogo (INPREABOGADO N° 87.347), Merygreg Noguera y David Simón Castillo Mejías -estos dos ya identificados- actuando con el carácter de delegatarios de la Procuradora del Estado Bolivariano de Miranda, dieron contestación a las mismas.
En fecha 8 de enero de 2008, la parte actora presentó escrito de pruebas en el procedimiento de cuestiones previas.
Por auto del 24 de enero de 2008, el Juzgado de Sustanciación admitió las documentales producidas en el escrito de pruebas presentado por la demandante y, como quiera que ya cursaban en autos, acordó mantenerlas en el expediente. Luego de tal pronunciamiento, ordenó notificar a la entonces Procuradora General del Estado Bolivariano de Miranda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público, en concordancia con el artículo 84 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República vigente para la fecha.
El 7 de febrero de 2008, la representación en juicio de la Federación de Trabajadores del Estado Miranda (FETRAMIRANDA) presentó escrito de pruebas en la incidencia de cuestiones previas. Seguidamente, por diligencia del día 20 del mismo mes y año, la abogada Carmen Márquez Díaz, ya identificada, actuando con el carácter de apoderada judicial de la demandada, solicitó la realización de un acto conciliatorio entre las partes.
El 26 de febrero de 2008, el Alguacil del Juzgado de Sustanciación dejó constancia de la notificación del auto de fecha 24 de enero de 2008 a la ciudadana Procuradora General del Estado Bolivariano de Miranda.
En fecha 13 de marzo de 2008, la parte actora presentó escrito de conclusiones en el marco de la incidencia de cuestiones previas.
Mediante auto del 27 de marzo de 2008, la Secretaría del Juzgado de Sustanciación certificó que desde el 9 de enero de 2008, fecha a partir de la cual quedó abierta la articulación probatoria de conformidad con el artículo 352 del Código de Procedimiento Civil, hasta el día 24 del mismo mes y año, ambos inclusive, transcurrieron ocho (8) días de despacho, correspondientes a los días 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23 y 24 de enero de 2008.
En la misma fecha (27 de marzo de 2008), el citado Juzgado declaró inadmisibles por extemporáneas las pruebas promovidas por la representación de la demandada en la incidencia de cuestiones previas. Sin embargo, de conformidad con el artículo 435 del precitado Código, admitió los documentos públicos indicados en los capítulos Segundo y Tercero del mencionado escrito y, por cuanto constaban en autos, acordó mantenerlos en el expediente. Seguidamente, ordenó notificar a la Procuradora General del Estado Bolivariano de Miranda.
El 8 de mayo de 2008, la representación del Estado Bolivariano de Miranda consignó el Oficio N° 0495/2008 del 7 de mayo de 2008, suscrito por la entonces Procuradora General de esa entidad, en el que manifestó no tener interés en participar en un acto alternativo para la solución del conflicto planteado; ello, en respuesta al auto N° AMP-032 del 27 de marzo de ese año (dictado en el Cuaderno de Medidas), mediante el cual la Sala, previa solicitud de la demandada, ordenó notificar a la parte actora a fin de que informara si tenía interés en participar en un acto alternativo de resolución de controversias en el presente procedimiento.
En fecha 10 de junio de 2008, el Alguacil del Juzgado de Sustanciación consignó recibo de la notificación del auto del 27 de marzo de ese año, dirigida a la Procuradora General del Estado Bolivariano de Miranda.
Mediante diligencia del 18 de junio de 2008, la abogada María José Nóbrega Idrogo, ya identificada, actuando como apoderada especial de la Procuraduría General de la precitada entidad, solicitó se dictara sentencia respecto de las cuestiones previas opuestas.
Vencida la articulación probatoria prevista en el artículo 352 del Código de Procedimiento Civil, se acordó pasar el expediente a la Sala, donde se dio por recibido el 25 de junio de 2008.
En fecha 1º de julio de 2008, se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado Hadel Mostafá Paolini, para decidir las cuestiones previas formuladas.
En sentencia N° 1327 del 29 de octubre de 2008, adoptada en el Cuaderno de Medidas y consignada en la pieza principal del expediente en copia certificada, la Sala negó -en esa fase del juicio- la solicitud de la demandada dirigida a la realización de un acto conciliatorio, declaró sin lugar las oposiciones formuladas tanto por dicha parte como por el Sindicato Regional de Empleados y Obreros de la Industria de la Construcción, sus similares y conexos de dicha entidad, contra la medida de secuestro decretada; ordenó al Juzgado Ejecutor de Medidas designar depositaria judicial del inmueble objeto de la acción reivindicatoria, así como la devolución a la aludida organización sindical de determinados bienes de su propiedad enumerados en Acta levantada por el órgano jurisdiccional ejecutor.
Por diligencia del 26 de noviembre de 2008, la parte actora pidió se emitiera el pronunciamiento correspondiente a las cuestiones previas.
Mediante decisión N° 215 del 18 de febrero de 2009, esta Sala declaró sin lugar las cuestiones previas opuestas y ordenó remitir el expediente al Juzgado de Sustanciación para que fijara la oportunidad de la contestación a la demanda, de conformidad con el artículo 358 del Código de Procedimiento Civil.
En fecha 25 de mayo de 2009, el Alguacil de la Sala consignó recibos de las notificaciones del precitado fallo dirigidas a la ciudadana Procuradora General del Estado Bolivariano de Miranda y a la Federación de Trabajadores del Estado Miranda (FETRAMIRANDA).
El 10 de marzo de 2010, el abogado Ángel Centeno Pérez (INPREABOGADO N° 103.214), actuando con el carácter de apoderado judicial del Estado Bolivariano de Miranda ratificó la diligencia consignada en el Cuaderno de Medidas el 10 de noviembre de 2009, oportunidad en la cual consignó comunicación suscrita por el Coordinador Estadal de la Fundación Misión Sucre, eje Altos Mirandinos, y solicitó se ordenara al Tribunal Ejecutor comisionado la ejecución de la medida de secuestro, así como que se exhorte a los organismos y entes involucrados en las acciones puestas en evidencia en el documento consignado en actas, a que se abstengan de ejercer acciones en contra del bien objeto de litigio. Asimismo, solicitó se fijara la oportunidad para la contestación de la demanda
El 23 de marzo de 2010 se pasó el expediente al Juzgado de Sustanciación, el cual, por auto del día 25 de ese mes y año, estableció que el lapso de cinco (5) días de despacho para la contestación de la demanda se entendía abierto a partir de esa fecha.
Por diligencia del 19 de octubre de 2010, el prenombrado abogado Ángel Centeno Pérez expuso: Visto que en fecha 25 de marzo de 2010 se declaró abierto el lapso de cinco (5) días de despacho para que tenga lugar la contestación ( ), y siendo que hasta la presente fecha la parte demandada no dio contestación alguna ni nada probó que le favoreciera, solicito ( ) la continuación del procedimiento en aras de asegurar el principio de celeridad procesal, aplicando lo establecido en el Artículo 26 de la Constitución Nacional en concordancia con el Artículo 257 ejusdem.
El 20 de octubre del mismo año, el Juzgado de Sustanciación, atendiendo a la precitada diligencia, acordó remitir el expediente a esta Sala.
Recibido el expediente en la Sala, se dio cuenta el 28 de octubre de 2010 y en esa misma fecha se designó ponente al Magistrado Hadel Mostafá Paolini, a los fines de decidir lo conducente.
Vista la designación realizada por la Asamblea Nacional en fecha 7 de diciembre de 2010, a la abogada Trina Omaira Zurita, quien se incorporó como Magistrada Principal de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 9 de diciembre del mismo año, la Sala quedó integrada de la siguiente manera: Presidenta: Magistrada Evelyn Marrero Ortíz; Vicepresidenta, Magistrada Yolanda Jaimes Guerrero; Magistrados Levis Ignacio Zerpa, Emiro García Rosas y Magistrada Trina Omaira Zurita.
Por auto N° AMP-028 del 10 de marzo de 2011, la Sala estimó necesario librar oficio al Juzgado Ejecutor de Medidas de los Municipios Guaicaipuro, Carrizal y Los Salias de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda a fin que informare, dentro del plazo de diez (10) días de despacho siguientes a la constancia en autos de su notificación, sobre la condición actual de todas las áreas que integran el inmueble objeto de la demanda por reivindicación incoada, y de la medida de secuestro practicada ( ), precisando lo concerniente a la identificación de quien ( ) funge como Depositario Judicial del mismo y de ser el caso- de la persona o personas que se encuentren ocupando el inmueble en referencia, acompañando copias certificadas de las actuaciones.
El 22 de marzo de 2011, el Alguacil de la Sala dejó constancia de la recepción del oficio dirigido al prenombrado Juzgado Ejecutor de Medidas.
En fecha 6 de abril de 2011, se dio por recibido en la Sala el Oficio N° 077/2011, emanado del Juzgado Ejecutor de Medidas de los Municipios Guaicaipuro, Carrizal y Los Salias de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, con el objeto de informar lo requerido en el citado auto para mejor proveer.
En fecha 16 de enero de 2012, se incorporó a la Sala la Magistrada Suplente Mónica Misticchio Tortorella.
El 14 de agosto de 2012, el abogado Juan Manuel Fernández (INPREABOGADO N° 123.261), consignó copia simple del poder que lo acredita como representante judicial de la parte actora, y solicitó copia certificada del libelo.
En fecha 14 de enero de 2013, se incorporó a esta Sala el Magistrado Suplente Emilio Ramos González.
En fecha 8 de mayo de 2013, fue electa la Junta Directiva de este Supremo Tribunal, quedando integrada la Sala Político-Administrativa de la siguiente manera: Presidente, Magistrado Emiro García Rosas; Vicepresidenta, Magistrada Evelyn Marrero Ortíz; la Magistrada Trina Omaira Zurita; la Magistrada Suplente Mónica Misticchio Tortorella y el Magistrado Suplente Emilio Ramos González.
El 5 de junio de 2013, se incorporó a la Sala la Magistrada Suplente María Carolina Ameliach Villarroel en sustitución temporal de la Magistrada Trina Omaira Zurita.
El 16 de julio de 2013, se reasignó la ponencia a la Magistrada María Carolina Ameliach Villarroel.
Por Sentencia N° 864 publicada el 17 de julio de 2013, esta Sala ordenó notificar mediante oficios a: la Asociación Civil Línea Taxi Ahorro, el Sindicato de Trabajadores de Planteles Educativos del Estado Miranda, el Sindicato Único de Trabajadores de Educación del Estado Miranda, la Federación de Trabajadores de Educación, la Asociación Civil Viaje Transportista y Escolares Venezuela, el Sindicato SIPROBARES, CANTV, el Sindicato de Obreros de la Salud del Estado Miranda, el Sindicato Nacional de Funcionarios Públicos del Ministerio de Educación, la Asociación Civil Unión Conductores La Matica, el Sindicato Regional de Empleados y Obreros de la Industria de la Construcción, sus similares y conexos del Estado Miranda, el Instituto de Capacitación y Educación Socialista (INCES), la Fundación Misión Robinson, la Fundación Misión Sucre y la Universidad Bolivariana de Venezuela; para que formularan por escrito lo que estimaran pertinente en torno a las circunstancias en que se sustenta la demanda por reivindicación, con la advertencia de que transcurridos quince (15) días de despacho contados a partir de la constancia en el expediente de la última de las notificaciones practicadas, la Sala pasaría a decidir el mérito de la controversia con los elementos de autos.
El 6 de noviembre de 2013, se libraron los oficios correspondientes.
En fechas 25 de noviembre, 2, 9 y 16 de diciembre de 2013, el Alguacil de la Sala dejó constancia de haber entregado los oficios de notificación dirigidos al Presidente del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES), al Presidente de la Fundación Misión Robinson, al Rector de la Universidad Bolivariana de Venezuela y al Presidente de la Misión Sucre, respectivamente.
Por diligencia del 16 de enero de 2014, la abogada María Antonieta Finamore (INPREABOGADO N° 117.117), actuando con el carácter de apoderada judicial del Estado Bolivariano de Miranda, solicitó a este órgano jurisdiccional prosiga con la tramitación de la causa.
El 13 de enero de 2014, el Alguacil de la Sala consignó la documentación concerniente a las notificaciones dirigidas a: el Sindicato Regional de Empleados y Obreros de la Industria de la Construcción, sus similares y conexos del Estado Bolivariano de Miranda, la Asociación Civil Línea Taxi Ahorro, la Asociación Civil Viaje Transportista y Escolares Venezuela, el Sindicato SIPROBARES-CANTV, la Federación de Trabajadores de Educación, la Asociación Civil Unión de Conductores La Matica y el Sindicato de Trabajadores de Planteles Educativos del Estado Bolivariano de Miranda, en virtud de haber sido devuelta por el Instituto Postal Telegráfico de Venezuela (IPOSTEL), por cambio de domicilio. En la misma fecha, consignó igualmente los oficios de notificación -con sus anexos- dirigidos al Sindicato de Obreros de la Salud del Estado Miranda y al Sindicato Nacional de Funcionarios Públicos del Ministerio del Poder Popular para la Educación, devueltos por el prenombrado instituto autónomo por destinatario desconocido.
El 14 de enero de 2014, se dejó constancia de la incorporación de la Tercera Suplente Magistrada María Carolina Ameliach Villarroel, a fin de suplir temporalmente la falta absoluta de la Magistrada Trina Omaira Zurita. La Sala quedó integrada de la siguiente manera: Presidente, Magistrado Emiro García Rosas; Vicepresidenta, Magistrada Evelyn Marrero Ortíz; Magistrada Suplente Mónica Misticchio Tortorella; Magistrado Suplente Emilio Ramos González y Magistrada Suplente María Carolina Ameliach Villarroel.
El 5 de febrero de 2014, el Alguacil de la Sala consignó recibo emitido por el Instituto Postal Telegráfico de Venezuela (IPOSTEL) como constancia de haberse entregado el oficio de notificación dirigido al Procurador General del Estado Bolivariano de Miranda.
Ante la imposibilidad de practicar las notificaciones arriba descritas, la Sala acordó -por autos de fecha 9 de abril de 2014- librar dichas notificaciones en la cartelera de este órgano jurisdiccional, a tenor de lo previsto en los artículos 174 y 233 del Código de Procedimiento Civil, por remisión del artículo 98 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, con la advertencia de que transcurridos diez (10) días calendario ininterrumpidos desde su fijación se considerarían notificados para que en un lapso de un (1) día continuo en razón del término de la distancia más quince (15) días de despacho contados a partir de la constancia en autos de la última de las notificaciones ordenadas, manifestaran lo que estimaren pertinente en torno a las circunstancias que sustentan la presente demanda.
El 21 de abril de 2014, se fijaron en la cartelera de la Sala las boletas de notificación y el 2 de mayo del mismo año fueron retiradas.
El 17 de junio de 2014, se dejó constancia del vencimiento del lapso establecido en la Sentencia N° 00864 del 17 de julio de 2013.
Revisadas las actas que integran el expediente, esta Sala pasa a emitir su pronunciamiento en los siguientes términos:
I
FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA
Con el objetivo de fundamentar la demanda por reivindicación interpuesta contra la Federación de Trabajadores del Estado Miranda (FETRAMIRANDA), la ciudadana Procuradora General del Estado Bolivariano de Miranda expuso:
Que su representado adquirió de la ciudadana Mercedes Pietri de Debellard un inmueble constituido por un terreno con sus bienhechurías, ubicado en la calle Los Pinos, Parroquia Los Teques, Municipio Guaicaipuro del Estado Bolivariano de Miranda, según consta en documento protocolizado el 27 de enero de 1937 ante la Oficina Subalterna de Registro Público del referido municipio, anotado bajo el Nº 19, folios 21 al 22, Protocolo Primero de los correspondientes libros.
Que los linderos del citado inmueble son los siguientes: NORTE: Con solar de la casa que fue de Rafael Díaz Pérez y después de Marcos Quintana y con un pequeño solar de Juan Rodríguez en una extensión de noventa y nueve metros (99 m); SUR: Con camino de vecindad que conduce a la quebrada de La Virgen, en una extensión de ochenta y tres metros noventa centímetros (83 m 90 c); ESTE: La carretera de Occidente, en una extensión de ciento cuarenta y tres metros (143 m), OESTE: Con solar de casa que fue del Pbro. Hilario Cabrera y después de Juán Pérez en una extensión de cincuenta y seis metros (56 m).
Que las aludidas bienhechurías fueron construidas por la Gobernación del Estado Miranda, durante los años 1981, 1982 y 1983, tal como consta de las Memorias y Cuentas de la Ejecución Presupuestaria, así como de Contratos de Obras celebrados por el Ejecutivo Regional.
Que el inmueble en referencia ha venido siendo ocupado por la Federación de Trabajadores del Estado Miranda (FETRAMIRANDA), sin título alguno, y que las gestiones amistosas llevadas a cabo por la Procuraduría General de ese Estado para obtener la restitución voluntaria del bien, han resultado infructuosas.
Que el 27 de septiembre de 2006 se celebró una reunión con los representantes de la Federación demandada, donde se les entregó formal solicitud de restitución por instrucciones del Gobernador del Estado. Posteriormente, el día 28 de ese mes y año, aquélla informó a la Procuraduría General del Estado Bolivariano de Miranda que elevarían a consulta de las asociaciones sindicales que conforman dicha federación, la anterior decisión comunicada por el Jefe del Ejecutivo Regional; a la vez que rechazó la pretendida restitución por considerarla violatoria de la libertad sindical.
Que a pesar de no tener cualidad jurídica alguna que le permita ejecutar actos de disposición sobre el inmueble objeto de la demanda, la Federación ha celebrado contratos de arrendamiento sobre espacios del mismo, como es el caso de los suscritos con el Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE) Miranda Asociación Civil (el 1° de junio de 1998), con la Asociación Civil Auto Construcción de Viviendas de Interés Social para el Bienestar de las Comunidades (el 1° de junio de 2000), con la Asociación Civil Unión Conductores La Matica y la Asociación Civil de Funcionarios y Obreros Jubilados y Pensionados del Estado Miranda (hace más de 10 años para el momento de la demanda), (la cual -expone- hizo entrega del inmueble arrendado a la entidad territorial demandante).
Que existe identidad entre el bien objeto de la presente demanda y el que ha venido detentando la Federación, y que están cumplidos los requisitos legales para la procedencia de la acción reivindicatoria. En este sentido, invocó los artículos 115 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 545, 547 y 548 del Código Civil, para acreditar su derecho a obtener la restitución del inmueble supra identificado.
Con base en lo anterior, la ciudadana Procuradora General del Estado Bolivariano de Miranda demandó a la Federación de Trabajadores del Estado Miranda (FETRAMIRANDA) para que conviniera o fuera condenada a entregar, sin plazo alguno, el referido inmueble, así como pagar los costos y costas del proceso.
Por último, estimó la demanda en tres mil quinientos millones de bolívares (Bs. 3.500.000.000,00), expresados hoy en tres millones quinientos mil bolívares (Bs. 3.500.000,00).
II
DE LAS PRUEBAS
La Procuradora General del Estado Bolivariano de Miranda acompañó al libelo de la demanda los siguientes instrumentos:
1. Copia simple de los Estatutos de la Federación Regional de Trabajadores del Estado Miranda (FETRAMIRANDA). (Folios 43 al 97).
2. Copia certificada expedida el 18 de octubre de 2006, del documento protocolizado ante el Registro Inmobiliario del Municipio Guaicaipuro del Estado Miranda, bajo el Nº 19, Protocolo Primero, Tomo Único del Primer Trimestre de 1937, a través del cual la ciudadana Mercedes Pietri de Debellard vendió al entonces Estado Miranda una casa de su propiedad y su correspondiente solar. (Folios 98 al 100).
3. Copia simple del Oficio N° DGAF/DBE-1312-06 del 2 de noviembre de 2006, mediante el cual la Directora General de Administración y Finanzas de la Gobernación del Estado Bolivariano de Miranda remitió a la ciudadana Procuradora General de esa entidad, copias de: (i) Memoria Cuenta de 1981 página 280 donde se indica Proyecto de Arquitectura, instalaciones, estructura e instalaciones sanitarias, eléctricas y mecánicas de la Casa Sindical, (ii) Memoria y cuenta 1982 donde se especifica construcción (I Etapa) Página 219, (iii) Memoria y Cuenta Año 1983 página 170, donde se inicia la construcción de la Casa Sindical de Los Teques, (iv) Contrato de Obre (sic) A9-B3-C4-50-3-1982, suscrito en septiembre de 1982 entre el Estado Miranda y la empresa Ingeniería Marfer, S.A. para la construcción de la IV Etapa de la Casa Sindical de Los Teques, (v) Copia de Contrato de Obra A9-B3-C4-50-2-1982, celebrado el 30 de julio de 1982 entre la aludida entidad y la citada compañía, para la construcción de la III Etapa de la Casa Sindical de Los Teques, y (vi) Soportes de cancelación del servicio de Hidrocapital, donde aparece como cliente la Gobernación del Estado Bolivariano de Miranda, correspondientes -a decir de la actora- a la referida Casa Sindical. (Folios 101 al 111).
4. Copia simple de Acta s/n de reunión celebrada el 27 de septiembre de 2006 en la sede de la Procuraduría General del Estado Bolivariano de Miranda, con firmas ilegibles de la ciudadana Procuradora de ese estado, el Jefe de la División de Inspección, Investigación y Fiscalización, el Jefe de la División de Asuntos Legales y Administrativos y el Asistente Legal (todos de dicha Procuraduría) y, cuatro firmas ilegibles del Presidente, Secretario General, Tesorero y Asesor Jurídico de FETRAMIRANDA; en la que se deja constancia de la entrega, a la demandada, de comunicación N° 2874/2006 de fecha 26 de Septiembre de 2006, en la cual la Procuradora ( ) por instrucciones del Ejecutivo Regional solicita formalmente a la Junta Directiva de FETRAMIRANDA la entrega del mencionado inmueble, y que los representantes de la Federación manifestaron que en la sede también se encuentran varios sindicatos afiliados a la federación. (Folios 112 y 113).
5. Copia simple de comunicación N° 2874/2006 del 26 de septiembre de 2006, dirigida por la ciudadana Procuradora General del Estado Bolivariano de Miranda a FETRAMIRANDA. (Folio 114).
6. Copia simple de comunicación de fecha 28 de septiembre de 2006, dirigida por el Comité Ejecutivo de FETRAMIRANDA a la ciudadana Procuradora General del Estado Bolivariano de Miranda, con sello, fecha y firme de recepción en el Despacho del Gobernador. (Folios 115 y 116).
7. Copia simple de contrato de arrendamiento celebrado el 1º de junio de 1998 entre el INCE Miranda Asociación Civil y FETRAMIRANDA. (Folios 117 al 119).
8. Copia simple de Acta s/n del 2 de noviembre de 2006, suscrita por la ciudadana Procuradora General del Estado Bolivariano de Miranda, los Jefes de las Divisiones de Inspección, Investigación y Fiscalización, y de Asuntos Legales y Administrativos de esa Procuraduría, así como por el ciudadano Freddy Velazco, en su carácter de Presidente de la Asociación Civil Auto Construcción de Viviendas de Interés Social para el Bienestar de las Comunidades, en la que se deja constancia de que dicho ciudadano manifestó su decisión voluntaria de desocupar y entregar -en ese acto- a la Procuraduría, la oficina que venía ocupando en calidad de arrendatario en el Local conocido como Casa Sindical. (Folios 120 y 121).
9. Copia simple de Acta de Asamblea Ordinaria de la Asociación Civil Unión Conductores La Matica, de fecha 8 de septiembre de 2006, protocolizada el 5 de octubre de 2006 por el Registrador Inmobiliario del Municipio Guaicaipuro del Estado Miranda, bajo el N° 5, Protocolo Primero, Tomo 3 de los Libros correspondientes, de la que se desprende que dicha Asociación Civil tiene su sede en la calle Alí Primera, Casa Sindical, piso 3, Municipio Guaicaipuro del Estado Miranda. (Folios 122 al 129).
10. Copia simple de Acta s/n de fecha 8 de noviembre de 2006, suscrita por la ciudadana Procuradora General del Estado Bolivariano de Miranda y el Presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionados del Estado Miranda. (Folios 132 y 133).
11. Copia simple de inspección practicada el 20 de octubre de 2006 por el Juzgado Primero de Municipio del Municipio Guaicaipuro de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda, a solicitud de la Procuradora de dicha entidad, en un inmueble ubicado en la Calle Los Pinos (hoy denominada Alí Primera) Parroquia Los Teques, Municipio Guaicaipuro, conocido como Casa Sindical, diagonal al Colegio Universitario Cecilio Acosta. (Folios 134 al 144).
III
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Puntos Previos.
1. De las notificaciones ordenadas en la sentencia N° 864 del 17 de julio de 2013.
Antes de abordar el examen del fondo de la causa, la Sala estima necesario destacar que en sentencia N° 864 del 17 de julio de 2013 se ordenó notificar mediante oficios a: la Asociación Civil Línea Taxi Ahorro, el Sindicato de Trabajadores de Planteles Educativos del Estado Miranda, el Sindicato Único de Trabajadores de Educación del Estado Miranda, la Federación de Trabajadores de Educación, la Asociación Civil Viaje Transportista y Escolares Venezuela, el Sindicato SIPROBARES, CANTV, el Sindicato de Obreros de la Salud del Estado Miranda, el Sindicato Nacional de Funcionarios Públicos del Ministerio de Educación, la Asociación Civil Unión Conductores La Matica, el Sindicato Regional de Empleados y Obreros de la Industria de la Construcción, sus similares y conexos del Estado Miranda, el Instituto de Capacitación y Educación Socialista (INCES), la Fundación Misión Robinson, la Fundación Misión Sucre y la Universidad Bolivariana de Venezuela; para que formularan por escrito lo que estimaran pertinente en torno a las circunstancias en que se sustenta la presente demanda por reivindicación, con la advertencia de que transcurridos quince (15) días de despacho contados a partir de la constancia en el expediente de la última de las notificaciones practicadas, la Sala pasaría a decidir el mérito de la controversia con los elementos de autos.
En cumplimiento de lo anterior, se efectuaron las diligencias pertinentes a los fines de la notificación personal de los entes enunciados en dicho fallo -que, de acuerdo con la información que riela en el expediente, tendrían su asiento en el inmueble objeto de la acción reivindicatoria- resultando ello infructuoso por haberse constatado en la mayoría de los casos un cambio de domicilio y, en otros, por ser el destinatario desconocido, conforme lo hizo constar el Alguacil de la Sala. Posteriormente, se fijaron tales notificaciones en la cartelera de este órgano jurisdiccional, con la advertencia de que transcurridos diez (10) días calendario ininterrumpidos desde su fijación se considerarían notificados para que en un lapso de un (1) día continuo en razón del término de la distancia más quince (15) días de despacho contados a partir de la constancia en autos de la última de las notificaciones ordenadas, manifestaran lo que estimaren pertinente en torno a las circunstancias que sustentan la presente demanda.
Dichas notificaciones fueron retiradas de la cartelera, constatándose luego el vencimiento de los lapsos concedidos sin que alguna de las enunciadas personas compareciera al proceso.
Por lo tanto, y en virtud de lo indicado en el dispositivo de la citada decisión, corresponde a la Sala efectuar el examen del caso y emitir el pronunciamiento de fondo con los elementos que constan en las actas.
2. De la falta de contestación a la demanda.
Observa la Sala que en el curso de la demanda por reivindicación ejercida por el Estado Bolivariano de Miranda contra la Federación de Trabajadores del Estado Miranda (FETRAMIRANDA), esta última opuso las cuestiones previas contenidas en los ordinales 3º y 6º del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, siendo declaradas sin lugar por decisión publicada el 18 de febrero de 2009 bajo el N° 215.
En ese fallo, se ordenó la remisión del expediente al Juzgado de Sustanciación a objeto que se estableciera la oportunidad para dar contestación a la demanda, y en cumplimiento de ello el Juzgado en referencia dejó sentado -por auto del 25 de marzo de 2010- que el lapso de cinco (5) días de despacho para la contestación de la demanda se entendía abierto a partir de ese día; de manera que dicho plazo comprendió los días jueves 25 de marzo, martes 6, miércoles 7, jueves 8 y martes 13 de abril de 2010, por haber transcurrido del lunes 29 de marzo al viernes 2 de abril el asueto de Semana Santa.
Seguidamente, discurrió el lapso para promover pruebas que consagra el Código de Procedimiento Civil (en especial los artículos 388 y 392), a tenor de lo dispuesto entonces en los artículos 19 primer aparte y 21 cuarto aparte de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela de 2004 -vigente para esa fecha-, de cuya interpretación conjunta se deduce que en lo relativo a las pruebas en las demandas de las que conozca esta Sala Político-Administrativa en primera instancia regían como normas supletorias las reglas del Código de Procedimiento Civil. (Vid. Sentencias Nos. 904 y 2.203 de fechas 30 de marzo de 2005 y 11 de octubre de 2006).
Posteriormente, el 19 de octubre de 2010, el apoderado judicial de la parte actora solicitó ante el Juzgado de Sustanciación la continuación del procedimiento, visto que la demandada no dio contestación alguna ni nada probó que le favoreciera; y en virtud de tal planteamiento se remitió el expediente a la Sala y se designó ponente para decidir lo conducente.
Ahora bien, recibidas las actuaciones en la Sala, esta dictó el auto para mejor proveer N° AMP-028 del 10 de marzo de 2011, en el que solicitó al Juzgado Ejecutor de Medidas de los Municipios Guaicaipuro, Carrizal y Los Salias de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, información sobre la condición -para la fecha- de todas las áreas que integran el inmueble objeto de la demanda; sin efectuar la Sala, en esa oportunidad, alguna consideración en torno a la solicitud formulada por la demandante el 19 de octubre de 2010.
Siendo ello así, advierte la Sala de las circunstancias arriba expuestas, que la Federación de Trabajadores del Estado Miranda (FETRAMIRANDA), -la cual fue notificada de la sentencia que declaró sin lugar las cuestiones previas opuestas por ella, conforme lo hizo constar el Alguacil de la Sala el 25 de mayo de 2009 (folios 369 y 370 de la pieza principal del expediente)- no dio contestación a la demanda por reivindicación ejercida en su contra por el Estado Bolivariano de Miranda, ni promovió prueba alguna en el lapso correspondiente, frente a lo cual resulta procedente atender a la consecuencia jurídica establecida en el artículo 362 del Código de Procedimiento Civil, aplicable supletoriamente de conformidad con el artículo 31 de la hoy vigente Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
Dicho artículo del Código adjetivo establece que Si el demandado no diere contestación a la demanda dentro de los plazos indicados ( ) se le tendrá por confeso en cuanto no sea contraria a derecho la petición del demandante, si nada probare que le favorezca. En este caso, vencido el lapso de promoción de pruebas sin que el demandado hubiere promovido alguna, el Tribunal procederá a sentenciar la causa, sin más dilación ( ). (Negrillas y subrayado añadidos). Por lo tanto, al constar en el expediente que la parte accionada en esta causa no contestó la demanda ni promovió prueba alguna en el lapso pertinente del juicio principal, y que la misma (Federación de Trabajadores del Estado Miranda) no goza de prerrogativas procesales, corresponde a la Sala decidir el mérito de la acción reivindicatoria con base en los elementos presentes en autos.
Cabe destacar que la anterior interpretación no resultaría aplicable si se tratare el demandado de la República u otra persona o ente que goce de las prerrogativas procesales que la ley atribuye a aquélla, toda vez que frente a la existencia de una prohibición legal de declarar -en esos casos- la confesión ficta de la parte accionada en una demanda de contenido patrimonial (vid. artículo 68 del Decreto de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República), y verificada la falta tanto de contestación como de promoción de pruebas en forma tempestiva, correspondería tener como contradicha la demanda en todas sus partes y fijar la audiencia conclusiva a que se refiere el artículo 63 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
De lo expuesto se colige entonces que, si en una acción de contenido patrimonial la parte accionada no contesta la demanda ni promueve pruebas dentro de los plazos legalmente estipulados -como ocurre en el presente caso-, deberá designarse ponente para decidir el mérito de la controversia, conforme lo prevé el artículo 362 del Código de Procedimiento Civil, siempre que el demandado no goce de la prerrogativa procesal en referencia (esto es, la prohibición de ser declarado confeso); si, por el contrario, la parte accionada omite contestar el fondo de la causa y promover pruebas pero goza del aludido privilegio, deberá fijarse la audiencia conclusiva en los términos consagrados en el artículo 63 supra referido, para que proceda luego la Sala a emitir el pronunciamiento definitivo (vid. artículo 64 de la comentada Ley Orgánica).
Por las razones que anteceden, pasa la Sala a pronunciarse sobre la demanda por reivindicación ejercida por la ciudadana Procuradora General del Estado Bolivariano de Miranda, con base en los elementos que cursan en autos y sin perjuicio del examen que resulte de las probanzas consignadas por las partes en el cuaderno de medidas. Así se establece.
Mérito de la controversia.
El Estado Bolivariano de Miranda planteó ante esta Sala una pretensión de reivindicación contra la Federación de Trabajadores del Estado Miranda (FETRAMIRANDA), sobre un inmueble (terreno y bienhechurías), ubicado en la calle Los Pinos (hoy calle Alí Primera), Parroquia Los Teques, Municipio Guaicaipuro del Estado Bolivariano de Miranda, que la parte actora aduce haber adquirido de la ciudadana Mercedes Pietri de Debellard, mediante documento protocolizado el 27 de enero de 1937 en la Oficina Subalterna de Registro Público del referido municipio, bajo el Nº 19, folios 21 al 22, Protocolo Primero de los correspondientes libros.
Formulados los motivos de hecho y de derecho de la acción interpuesta, la demandante solicitó se condenara a la parte accionada, si esta no conviniere en ello, a hacer entrega inmediata del citado inmueble.
Siendo así, se impone señalar que la acción reivindicatoria está contemplada en el artículo 548 del Código Civil, conforme al cual El propietario de una cosa tiene el derecho de reivindicarla de cualquier poseedor o detentador, salvo las excepciones establecidas por las leyes. (...).
En tal sentido, la demanda reivindicatoria de la propiedad -inmobiliaria en este caso- constituye una acción que ejerce una persona que se afirma propietaria de un bien determinado, contra un tercero que funge como poseedor actual de este último (esto es, para la fecha de la acción, independientemente de que con posterioridad dicho poseedor haya dejado de poseer la cosa por hecho propio, vid. primer aparte del artículo 548 supra aludido), con la finalidad de que se reconozca su derecho de propiedad y que se ordene al poseedor la restitución del inmueble. (Vid. Sentencia de esta Sala N° 1.201 del 6 agosto 2009). Se trata, de una acción que puede ejercer el propietario que no posee contra el poseedor que no puede alegar un mejor título jurídico como fundamento de su posesión, y su objetivo no es otro que recuperar la posesión sobre la cosa y obtener el reconocimiento del derecho de propiedad discutido por el poseedor; en definitiva, de recobrar o rescatar ese bien para su propia tenencia, uso y disfrute.
La procedencia de la acción in commento vendrá determinada, entonces, por la comprobación de las circunstancias siguientes:
a. El derecho de propiedad o dominio del actor (reivindicante).
b. El hecho de encontrarse el demandado en posesión de la cosa que se pretende reivindicar, sin título jurídico alguno.
c. Que se trate de una cosa singular reivindicable.
d. Que exista una identidad entre el bien cuyo dominio procura el actor y el que detenta el demandado. (Vid. Sentencias Nos. 1.558 y 004 de fechas 20 de junio de 2006 y 18 de enero de 2012, respectivamente).
De este derecho que le reconoce la ley al propietario-accionante en virtud de su titularidad, por un lado, y de la condición de ilegitimidad del poseedor o detentador, por el otro, deriva una compleja carga probatoria que corresponde principalmente al actor; quien, además del título que acredita su propiedad, debe llevar al expediente los elementos necesarios para identificar la cosa de la cual está solicitando la reivindicación. En efecto, no bastaría con la demostración de la propiedad sobre el bien, sino que deberán proporcionarse los instrumentos de los cuales consten: (i) las características del mismo, de manera de poder individualizarlo, y (ii) la coincidencia del bien objeto de la demanda con el que es detentado o poseído por el tercero a quien se le está exigiendo la restitución. (Vid. Sentencia de la Sala de Casación Civil Nº 00341 del 27 de abril de 2004 y Sentencia de esta Sala N° 1201 del 6 de agosto de 2009).
En el caso que nos ocupa, la parte actora sostuvo además que el inmueble a que se contrae la demanda ha venido siendo ocupado por FETRAMIRANDA sin título alguno, que las gestiones amistosas llevadas a cabo por la entidad territorial para obtener la restitución voluntaria del bien, han sido infructuosas, y que la demandada ha celebrado contratos de arrendamiento sobre el señalado inmueble.
La representación judicial de la Federación de Trabajadores del Estado Miranda (FETRAMIRANDA), por su parte, si bien no dio contestación a la demanda afirmó en la oportunidad de promover pruebas en la incidencia de oposición a la medida de secuestro decretada por esta Sala, que su mandante es propietaria y poseedora legítima del ( ) inmueble Casa Sindical de Los Teques, en donde tiene su sede, y que dicha posesión la ha venido ejerciendo de manera continua, no interrumpida, pacífica, pública, no equívoca y con intención de tener la cosa como suya propia (Art. 772 C.C.), durante 24 años, desde el 3 de mayo de 1983, fecha en la cual el Ejecutivo regional, en acto público dirigido por el entonces Presidente de la República, hicieron formal entrega de dicho inmueble denominado Casa Sindical de Los Teques a FETRAMIRANDA, con el fin de dar cumplimiento a la obligación que -a su decir- asumió el Ejecutivo estadal en la Cláusula 48 del Contrato Colectivo de Trabajo firmado el 29 de abril de 1981 entre el Estado Miranda y el Sindicato Regional de Empleados y Obreros de la Industria de la Construcción, sus similares y conexos de dicha entidad. Al respecto promovieron copias simples de: (i) el aludido Contrato Colectivo, y (ii) artículos de prensa referidos a la invocada entrega de la prenombrada Casa Sindical.
Atendiendo a los elementos aportados por la demandada en la oportunidad de oponerse a la medida preventiva de secuestro decretada por esta Sala, se advierte que lo pretendido por aquella es acreditar -frente a la pretensión reivindicatoria formulada por el Estado Bolivariano de Miranda- la prescripción adquisitiva del inmueble objeto de la demanda, frente a lo cual se impone dejar sentado que:
a) La institución de la prescripción adquisitiva o usucapión ordinaria -contemplada, entre otros, en los artículos 1.952, 1.953 y 1.977 del Código Civil- se define como un modo de adquirir la propiedad u otro derecho real sobre un bien susceptible de apropiación, por el transcurso del tiempo. De conformidad con tales disposiciones, la adquisición de un derecho real por prescripción supone la posesión legítima sobre el bien durante un tiempo no menor a veinte (20) años.
b) De acuerdo con los artículos 771 y 772 eiusdem, se entiende por posesión legítima la tenencia de una cosa o el goce de un derecho de manera continua, ininterrumpida, pacífica, pública, no equívoca y con intención de tener la cosa como propia; aspectos estos que deben concurrir.
c) En el presente caso, la Federación de Trabajadores del Estado Miranda (FETRAMIRANDA) reconoció en la oportunidad de promover pruebas en la incidencia de oposición a la medida cautelar de secuestro decretada por esta Sala, que Es cierto que el Estado Miranda compró el terreno sobre el cual fue construido el inmueble denominado ( )Casa Sindical de Los Teques, mediante documento registrado en el Registro, ahora denominado Registro Inmobiliario del Municipio Guaicaipuro de Estado Miranda, bajo el Nro. 19, Protocolo Primero, Tomo Único del Primer Trimestre del Año 1937, y que También es cierto que el Estado Miranda construyó en dicho terreno un inmueble constante de un edificio de cinco (5) pisos y otra edificación anexa denominada en su conjunto Casa Sindical de Los Teques (folios 203 y 204 del Cuaderno de Medidas). Por lo tanto, al reconocer la demandada que el citado terreno que venía ocupando lo había adquirido el Estado Miranda en 1937, y que dicha entidad territorial contrató la ejecución o construcción del edificio asentado en dicho espacio (casa sindical), se produce una ausencia del ánimo de tener o poseer la cosa como propia, que se traduce -a su vez- en la existencia de una mera relación de hecho entre la demandada y el inmueble detentado, que no es equiparable a la posesión que la ley exige a los fines de la prescripción adquisitiva, por faltar uno de los elementos requeridos por la norma (artículo 772 del Código Civil).
Con base en lo anterior, se impone concluir que no se verifican los elementos necesarios para declarar que en el presente caso se produjo la usucapión del bien objeto de la demanda por parte de la Federación de Trabajadores del Estado Miranda (FETRAMIRANDA). Así se establece.
Sentado lo anterior, y vistos los requisitos de procedencia de la acción reivindicatoria referidos en líneas anteriores, observa la Sala que:
a) La parte actora consignó en autos copia certificada de documento protocolizado ante el Registro Inmobiliario del Municipio Guaicaipuro del Estado Miranda, bajo el Nº 19, Protocolo Primero, Tomo Único del Primer Trimestre de 1937, a través del cual la ciudadana Mercedes Pietri de Debellard dio en venta al Estado Miranda una casa de su propiedad y su correspondiente solar, situado en jurisdicción de esa ciudad, en el lugar conocido como El Barbecho, comprendido bajo los siguientes linderos: Por el Norte: con solar de casa que fue de Rafael Díaz Pérez y después de Marcos Quintana, y con un pequeño solar de Juan Rodríguez en una extensión de noventa y nueve metros (99 m); por el Sur: con camino de vecindad que conduce a la quebrada de La Virgen, en una extensión de ochenta y tres metros noventa centímetros (83,90 m); por el Este: la carretera de Occidente en una extensión de ciento cuarenta y tres metros (143 m); y por el Oeste: con solar de casa que fue del Pbro. Hilario Cabrera y después de Juan Pérez en una extensión de cincuenta y seis metros (56 m). Dicho documento, ostenta pleno valor probatorio respecto de lo indicado en el mismo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 429 del Código de Procedimiento Civil y 1.357 del Código Civil, por tratarse de una copia certificada de un documento público. (Vid. Sentencia de esta Sala N° 1.601 del 5 de noviembre de 2009).
b) Asimismo se desprende del documento marcado 3 en el Capítulo II de este fallo, (cuyo contenido se tiene como cierto por tratarse de la copia de un documento administrativo que no ha sido objeto de impugnación), que el Estado Miranda contrató la ejecución de las etapas III y IV de una obra que se denominaría Casa Sindical de Los Teques; circunstancia por demás reconocida por la parte accionada.
c) La Federación de Trabajadores del Estado Miranda (FETRAMIRANDA) reconoció que se encuentra en posesión del bien a que se refiere la pretensión principal de la parte actora, circunstancia que se desprende además de la relación conjunta de:
(i) la documental marcada 4 en el Capítulo De las Pruebas, contentiva de la copia simple de un Acta s/n suscrita el 27 de septiembre de 2006 por la Procuradora General del Estado Bolivariano de Miranda y otras autoridades de dicha Procuraduría, así como por representantes de la Junta Directiva de FETRAMIRANDA (en la que se deja constancia de la entrega, a la demandada, de comunicación N° 2874/2006 de fecha 26 de Septiembre de 2006, en la cual la Procuradora ( ) por instrucciones del Ejecutivo Regional solicita formalmente a la Junta Directiva de FETRAMIRANDA la entrega del mencionado inmueble, y que los representantes de la Federación manifestaron que en la sede también se encuentran varios sindicatos afiliados a la federación), la cual se valora como documento privado tenido por reconocido, por no haber sido objeto de impugnación; y
(ii) la documental marcada 6, alusiva a la copia simple de una misiva dirigida por la demandada a la Procuradora General del Estado Bolivariano de Miranda en fecha 28 de septiembre de 2006 y recibida el 2 de octubre del mismo año, no desconocida por la representación en juicio de la citada Federación, en la que esta última indicó que decidieron elevar a consulta el pedimento referido a la restitución del Edificio Casa Sindical.
d) Si bien se deduce de la cláusula 48 del Contrato Colectivo celebrado el 29 de abril de 1981 entre el Estado Miranda y el Sindicato Regional de Empleados y Obreros de la Industria de la Construcción, sus similares y conexos del Estado Miranda, que el Ejecutivo regional proveería de sitios adecuados para que (el Comité Ejecutivo Regional, las seccionales y los Comités de Empresas) puedan atender las cuestiones sindicales, la propia disposición emplea términos como: facilitar y Casa Sindical del Estado Miranda, circunstancia que impide afirmar -contrario a lo pretendido por la demandada- que el inmueble construido hubiese pasado, por efecto de esa cláusula, a ser propiedad legítima de la Federación.
Dicho de otro modo, esta última no acreditó elementos que llevaran a este órgano jurisdiccional a conocer bajo qué figura jurídica les habría sido concedido, entregado o cedido la propiedad del inmueble objeto de la demanda por reivindicación, y que condujeran a desvirtuar, en consecuencia, el valor probatorio del documento de propiedad consignado por la demandante. La detentación del inmueble por la Federación de Trabajadores del Estado Miranda (FETRAMIRANDA) no se encuentra -a pesar de la inicial intención de destinar el inmueble al asentamiento de organizaciones sindicales- fundada en un título que la haga compatible con el derecho de propiedad que ha acreditado el Estado Bolivariano de Miranda.
Sin perjuicio de lo anterior y de lo indicado en el primer punto previo de las presentes consideraciones, se advierte además de los autos que en inspección judicial extra-litem practicada el 20 de octubre de 2006 por el Juzgado Primero del Municipio Guaicaipuro de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda (en copia simple a los folios 134 al 144 de la pieza principal del expediente) -la cual es valorada por esta Sala por haber sido objeto de control por la demandada en la oportunidad de su práctica- el citado Tribunal dejó sentado que en el inmueble ubicado en la calle Los Pinos (hoy denominada Alí Primera), Parroquia Los Teques, Municipio Guaicaipuro, conocido como Casa Sindical, se hallaban -para entonces- la Asociación Civil Línea Taxi Ahorro, la Asociación Civil Viaje Transportista y Escolares Venezuela, y la Unión Conductores La Matica. De dicha circunstancia, se evidencia que el inmueble objeto de la pretensión de reivindicación no fue ocupado únicamente por organizaciones sindicales, sino que fue o ha sido empleado para fines distintos de los que serían propios a los sindicatos que pudieran conformar la Federación de Trabajadores del Estado Bolivariano de Miranda (FETRAMIRANDA).
Por las razones que anteceden, concluye la Sala que en el presente caso se encuentran demostrados los elementos de procedencia de la acción reivindicatoria, por cuanto: 1) el inmueble objeto de la demanda es propiedad de la parte actora (Estado Bolivariano de Miranda), 2) el mismo está siendo detentado por la accionada (Federación de Trabajadores del Estado Miranda), 3) se trata de una cosa singular reivindicable, y 4) existe coincidencia entre el bien cuya restitución se pretende y el detentado por la demandada. En virtud de ello, esta Sala declara con lugar la acción reivindicatoria interpuesta por el Estado Bolivariano de Miranda, debiendo acotar que sobre tal conclusión en particular ninguna incidencia tienen las restantes probanzas cursantes en autos, cuyo examen resulta, por lo tanto, innecesario en el presente caso. Así se establece.
No obstante la precedente declaratoria, observa este órgano jurisdiccional que:
Del Oficio N° 0495/2008 del 7 de mayo de 2008, suscrito por la ciudadana Procuradora General del Estado Bolivariano de Miranda y recibido en esta Sala el día 8 de ese mes y año, se desprende la posición de dicha autoridad en cuanto a que el asunto se trata de la recuperación de un inmueble propiedad de (ese) Estado ( ), mas aun si esa recuperación implica beneficiar a toda la comunidad mirandina, ya que se tiene previsto que allí funcione una sede de la Universidad Bolivariana de Venezuela.
A lo anterior interesa añadir que mediante Oficio N° 077/2011 de fecha 4 de abril de 2011, dirigido a esta Sala por el Juzgado Ejecutor de Medidas de los Municipios Guaicaipuro, Carrizal y Los Salias de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, y recibido el día 6 de ese mes y año, ese Tribunal dejó constancia de lo siguiente:
Que en la actualidad dicho inmueble se encuentra ocupado por algunas instituciones de carácter académico y de capacitación, como lo son:
Instituto de Capacitación y Educación Socialista (INCES).
Misión Robinson.
Fundación Misión Sucre.
Universidad Bolivariana de Venezuela.
( ) en donde se brinda formación académica a ciudadanos del Municipio Guaicaipuro del Estado Bolivariano de Miranda, específicamente en la ciudad de Los Teques.
( ) la Universidad Bolivariana de Venezuela coordina con las diferentes Misiones Bolivarianas, así como con el Instituto de Capacitación y Educación Socialista (INCES), todo lo relacionado con la formación y capacitación de bachilleres y profesionales en el Municipio Guaicaipuro del Estado Bolivariano de Miranda.
En vista de lo apreciado en los dos párrafos que anteceden, la Sala juzga necesario resaltar la importancia del derecho a la educación.
En efecto, la Exposición de Motivos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela destaca el carácter insoslayablemente fundamental y prioritario que tiene la educación para cualquier sociedad, por consiguiente se proclama la educación como un derecho humano y como un deber constitutivo de la raíz más esencial de la democracia, y se la declara gratuita y obligatoria, y la asume el Estado como función indeclinable y de servicio público, ratificando posteriormente a este derecho -educación- conjuntamente con el derecho al trabajo como uno de los procesos fundamentales para alcanzar los fines esenciales del Estado (artículo 3).
En tal orden, la Sala Constitucional de este Máximo Tribunal ha dejado sentado que el desarrollo a la educación es condición de bienestar social y prosperidad material, y soporte de las libertades individuales en las sociedades democráticas, por lo que no es de extrañar que tal derecho se haya ido configurando progresivamente como un derecho básico, y que los estados hayan asumido su provisión como un servicio público prioritario; correspondiendo al Estado venezolano asegurar el acceso, permanencia y culminación en el sistema educativo de los habitantes de la República, atendiendo a una enseñanza accesible ( ). (Vid. Sentencia N° 562 del 25 de abril 2011).
Esta Sala Político-Administrativa, por su parte, ha señalado que de conformidad con los artículos 102 y 103 constitucionales la educación constituye un servicio público, un derecho de prestación para el mejoramiento de la comunidad y ( ) un factor primordial del desarrollo nacional, que puede ser prestado por el Estado o impartido por los particulares, dentro de los principios y normas establecidos en la Ley, bajo la suprema inspección y vigilancia de aquél y con su estímulo y protección. (Sentencia N° 1094 del 26 de septiembre de 2012). Dentro del marco de tales deberes de vigilancia y protección, la prestación del servicio in commento, sea de manera directa o indirecta, debe efectuarse en condiciones que aseguren su permanencia, regularidad, eficacia y eficiencia.
Visto el cumplimiento de los extremos de procedencia de la acción reivindicatoria, así como la información referida por el Juzgado Ejecutor de Medidas de los Municipios Guaicaipuro, Carrizal y Los Salias de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda en fecha 4 de abril de 2011, y con el objeto de brindar protección a la continuidad del servicio público de educación, esta Sala: a) ordena a la Federación de Trabajadores del Estado Bolivariano de Miranda (FETRAMIRANDA) restituir a dicha entidad territorial la posesión del inmueble conocido como Casa Sindical, ubicado en la calle Alí Primera del Municipio Guaicaipuro, Parroquia Los Teques de la citada entidad, b) ordena mantener en el citado inmueble todas las instituciones educativas que funcionen actualmente en dicho espacio, y c) insta al Estado Bolivariano de Miranda y a las instituciones académicas involucradas, a formalizar los mecanismos pertinentes para dar continuidad a la prestación del servicio público de educación en beneficio del colectivo estudiantil. Así se declara.
Finalmente, se deja sentado que una vez decidido el mérito de la presente controversia en los términos supra señalados, cesan los efectos de la medida preventiva de secuestro decretada sobre el bien objeto de la demanda en Sentencia N° 00913 del 6 de junio de 2007, por ser dicha medida accesoria a la causa principal. Así se establece.
IV
DECISIÓN
Por las razones anteriormente expuestas, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR la demanda de reivindicación ejercida por el ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA contra la FEDERACIÓN DE TRABAJADORES DEL ESTADO MIRANDA (FETRAMIRANDA). En consecuencia:
1.- Se ORDENA a la parte demandada restituir al Estado Bolivariano de Miranda la posesión del inmueble conocido como Casa Sindical, ubicado en la calle Alí Primera del Municipio Guaicaipuro, Parroquia Los Teques de esa entidad territorial.
2.- Se ORDENA mantener en el citado inmueble todas las instituciones educativas que funcionen actualmente en dicho espacio.
3.- Se INSTA al Estado Bolivariano de Miranda y a las instituciones académicas involucradas, a formalizar los mecanismos pertinentes para dar continuidad a la prestación del servicio público de educación en beneficio del colectivo estudiantil.
4. CESAN LOS EFECTOS de la medida preventiva de secuestro decretada en esta causa mediante Sentencia N° 00913 del 6 de junio de 2007.
Publíquese, regístrese y comuníquese. Notifíquese al ciudadano Procurador General del Estado Bolivariano de Miranda y al Juzgado Ejecutor de Medidas de los Municipios Guaicaipuro, Carrizal y Los Salias de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda. Consígnese copia certificada de esta decisión en el Cuaderno de Medidas. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los siete (07) días del mes de octubre del año dos mil catorce (2014). Años 204º de la Independencia y 155º de la Federación.
El Presidente EMIRO GARCÍA ROSAS |
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| La Vicepresidenta EVELYN MARRERO ORTÍZ |
La Magistrada MÓNICA MISTICCHIO TORTORELLA |
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| El Magistrado EMILIO RAMOS GONZÁLEZ
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La Magistrada MARÍA CAROLINA AMELIACH VILLARROEL Ponente |
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| La Secretaria, SOFÍA YAMILE GUZMÁN
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En ocho (08) de octubre del año dos mil catorce, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 01317.
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| La Secretaria, SOFÍA YAMILE GUZMÁN
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