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Sentencia N.º 01348

Sentencia N.º 01348

Sentencia
N.º 01348
Fecha
10/07/2001
Sala
Político Administrativa
Expediente
7159
Ponente
Levis Ignacio Zerpa
Procedimiento
Apelación


MAGISTRADO-PONENTE: LEVIS IGNACIO ZERPA

Exp. 7159

El Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, adjunto a oficio Nº 2975 de fecha 08 de febrero de 1990, recibido el día 01 de marzo del mismo año, remitió a esta Sala el expediente contentivo de la apelación interpuesta por el abogado Luis Alfredo Lemus, actuando como sustituto del ciudadano PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, contra la sentencia dictada por ese tribunal el 27 de septiembre de 1989, que declaró “CON LUGAR” el recurso contencioso tributario interpuesto por la contribuyente SUCESIÓN DE JESÚS ANGEL ANGARITA.

El 08 de marzo de 1990 se dio cuenta en Sala y por auto de la misma fecha, se ordenó aplicar el respectivo procedimiento de segunda instancia, se designó ponente al Magistrado Pedro Alid Zoppi y se fijó el décimo (10º) día de despacho para comenzar la relación, lo que ocurrió efectivamente el 03 de abril del mismo año, fecha en la cual la representación fiscal presentó el escrito de formalización de la apelación.

 En la audiencia del 15 de mayo de 1990, se fijó el décimo (10º) día de despacho para que tuviese lugar el acto de informes, lo que ocurrió el día 06 de junio del mismo año, al cual compareció únicamente la abogada fiscal consignando su respectivo escrito  y  se dijo “VISTOS”.

Mediante auto de fecha 21 de febrero de 1995, en virtud de la creación de la Sala Especial Tributaria se reasignó la ponencia a la Conjuez Ilse van der Velde Hedderich, quien en fecha 23 de marzo del mismo año se inhibió de conocer del caso y, en consecuencia, el día 28 de los mismos se ordenó convocar al respectivo suplente.

Por auto de fecha 11 de abril de 2000, se reasignó la ponencia al Magistrado Levis Ignacio Zerpa, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

 En virtud de la designación de los Magistrados Hadel Mostafá Paolini y Yolanda Jaimes Guerrero, y la ratificación del Magistrado Levis Ignacio Zerpa, por la Asamblea Nacional en sesión de fecha 20 de diciembre de 2000, publicada en la Gaceta Oficial N° 37.105 del día 22 del mismo mes y año, se reconstituyó la Sala Político Administrativa el 27 de diciembre de dicho año, y se ordenó la continuación de la causa en el estado en que se encontraba.

Para decidir, la Sala observa:

De conformidad  con  lo establecido en el artículo 86 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, la instancia se extingue de pleno derecho en las  causas que  hayan estado paralizadas por más de un año a partir del último  acto  de procedimiento, por lo que, en tal caso, este Supremo Tribunal sin más trámites debe declarar la perención, de oficio o a instancia de parte.

En este sentido, esta Sala en decisión de fecha 13 de febrero del presente año declaró que la perención:

“Se trata, así, del simple cumplimento de una condición objetiva, independiente por tanto de la voluntad de las partes, es decir, no atribuible a motivos que le son imputables, y consistente en el solo transcurso del tiempo de un año de inactividad para la procedencia de la perención. Ello refleja la verdadera intención del legislador ya plasmada en anterior decisión de esta Sala (Vid. caso: CEBRA, S.A. del 14 de julio de 1983), no sólo de evitar que los litigios se prolonguen indefinidamente, así como el exonerar a los Tribunales, después de un prolongado período de inactividad procesal, del deber de dictar nuevas providencias en casos presuntamente abandonados por los litigantes. Se tuvo también en cuenta la necesidad de eliminar la incertidumbre acerca de la firmeza de los actos del Poder Público, los cuales pudieren ser objeto de impugnación por inconstitucionalidad o ilegalidad ante el Supremo Tribunal o ante los demás órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa

(...omissis...)

Así, declarada la perención en el juicio, el efecto se limita a la extinción del proceso privándose de firmeza al acto recurrido cuando se vulnere el orden público, y su control por Ley, corresponda a este Alto Tribunal; por tanto quienes tengan interés personal, legítimo y directo pueden proponer nuevamente la demanda conforme a los supuestos y mediante los mecanismos legalmente establecidos.

Por último, esta interpretación es en un todo coherente con el resto del texto de la Ley bajo examen, por cuanto no contradice el artículo 96 eiusdem que dispone:

‘Los informes constituyen la última actuación de las partes en relación con la materia litigiosa que sea objeto del juicio o de la incidencia de que se trate. Concluido el acto de informes, no se permitirá a las partes nuevos alegatos o pruebas relacionadas con dicha materia, salvo lo dispuesto en el artículo 407 del Código de Procedimiento Civil (artículo 514 del Código vigente), pero quienes hayan informado verbalmente pueden presentar conclusiones escritas dentro de los tres días siguientes.’

En efecto, cuando la norma transcrita establece que la "última actuación de las partes" en el juicio son los informes, se está refiriendo según el significado de las palabras empleadas y su conexión entre sí a que no se permite a los litigantes después de informes traer nuevos alegatos o pruebas; sin que ello implique un impedimento para seguir actuando en juicio, en la forma de impulsar el procedimiento hasta su definitiva conclusión con el fallo respectivo.

De ahí que no están las partes exceptuadas de actuación en juicio una vez consignados los informes, como pudiera derivarse de una errónea interpretación literal del texto. Por el contrario, como ha quedado puesto de manifiesto la inactividad de las partes en el juicio, aún después de la oportunidad fijada para informes y de vistos, conforme al texto normativo especial que reglamenta los procedimientos que se ventilan ante este Supremo Tribunal, evidencia un abandono del caso que no puede justificar la incertidumbre creada respecto a la firmeza de determinado acto del Poder Público.

En suma, que según los términos del artículo 86 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, aplicable a los procedimientos que se ventilen ante este Tribunal Supremo de Justicia, salvo lo previsto en disposiciones especiales, basta para que opere la perención de pleno derecho, el que se haya paralizado la causa por más de un año, independientemente de que se trate de razones imputables a la parte o del estado en que la misma se encuentre. Así se declara.”

Al respecto, examinadas las actas procesales que componen el presente expediente, se constata que la causa estuvo paralizada desde el 06 de junio de 1990, fecha en la cual se dijo “VISTOS”, hasta el 23 de marzo de 1995, cuando la Conjuez Ilse van der Velde Hedderich se inhibió de conocer del caso, y desde esta última fecha, hasta el presente, sin que se hubiese realizado acto alguno de procedimiento por las partes ni por este Supremo Tribunal.

Igualmente, se aprecia que en el caso de autos no se vulnera ninguna norma de orden público con la aplicación de la indicada disposición, por lo cual, habiendo transcurrido con creces el lapso previsto en la misma y siguiendo el criterio jurisprudencial arriba transcrito, se ha consumado la perención. Así se declara.

En virtud de lo anterior, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA CONSUMADA LA PERENCIÓN y, en consecuencia, EXTINGUIDA LA INSTANCIA en la presente causa. Cúmplase lo ordenado.

Queda así, firme la sentencia apelada.

Publíquese, regístrese y comuníquese. Devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Notifíquese de la presente decisión al ciudadano Procurador General de la República. Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada, en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas,  a los cuatro (04) días del mes de julio de dos mil uno.- (2001). Años 191º de la Independencia y 142º de la Federación.

    El Presidente-Ponente,

 

LEVIS IGNACIO ZERPA

El Vicepresidente,

 

 

    HADEL MOSTAFÁ PAOLINI

YOLANDA JAIMES GUERRERO

                   Magistrada

 

 

La Secretaria

 

 

ANAÍS MEJÍA CALZADILLA

Exp.  7159

LIZ/jam

Sent. Nº 01348

En diez (10) de julio del año dos mil uno, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 01348.

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