Venley

Sentencia N.º 01349

Sentencia
N.º 01349
Fecha
19/10/2011
Sala
Político Administrativa
Expediente
2011-0821
Ponente
Levis Ignacio Zerpa
Procedimiento
Regulación de Competencia

MAGISTRADO PONENTE: LEVIS IGNACIO ZERPA

EXP. Nº 2011-0821

 

Mediante Oficio Nº 292/2011 de fecha 15 de julio de 2011, el Tribunal Superior Cuarto de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas remitió a esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, copias certificadas del expediente contentivo del recurso contencioso tributario interpuesto por los abogados Lilia E. Berbin y Hugo J. Niño, inscritos en el INPREABOGADO bajo los Nos. 20.897 y 17.839, respectivamente,  actuando con el carácter de apoderados judiciales de la sociedad mercantil EL GORILA, C.A., inscrita ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, el 29 de octubre de 2004, bajo el N° 41, Tomo 36-A, contra la Resolución N° SNAT/GGSJ/GR/DRAAT/2010/0686, del 22 de noviembre de 2010, emanada de la Gerencia de Recursos de la Gerencia General de Servicios Jurídicos del SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN ADUANERA Y TRIBUTARIA (SENIAT), mediante la cual se declaró sin lugar el recurso jerárquico incoado por la contribuyente contra el acto administrativo contenido en el Acta de Reconocimiento N° SNAT/INA/GAP/EGU/DO/CR/2009-000195, de fecha 26 de junio de 2009, emanada de la Aduana Principal El Guamache, por medio de la cual se sancionó a la recurrente con la multa establecida en el artículo 120, literal b, de la Ley Orgánica de Aduanas, por la cantidad de seiscientos setenta y tres mil setecientos cincuenta y seis bolívares con veinticinco céntimos (Bs. 673.756,25), “por haber comprobado una diferencia de valor declarado y el determinado de la mercancía objeto de importación”. 

Dicha remisión fue efectuada en virtud de la solicitud de regulación de competencia formulada por la representación judicial de la sociedad de comercio El Gorila, C.A., en fecha 21 de febrero de 2011, con ocasión de la declinatoria de competencia del tribunal remitente para conocer de la presente causa.

El 26 de julio de 2011, se dio cuenta en Sala, y por auto de la misma fecha, se designó Ponente al Magistrado Levis Ignacio Zerpa, a los fines de decidir la regulación de competencia.

I

ANTECEDENTES

Mediante escrito presentado en fecha 24 de enero de 2011, ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) de los Tribunales Superiores de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, los abogados Lilia E. Berbin y Hugo J. Niño, supra identificados, actuando con el carácter de apoderados judiciales de la sociedad mercantil El Gorila, C.A., ejercieron recurso contencioso tributario contra la Resolución N° SNAT/GGSJ/GR/DRAAT/2010/0686, del 22 de noviembre de 2010, emanada de la Gerencia de Recursos de la Gerencia General de Servicios Jurídicos del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), mediante la cual se declaró sin lugar el recurso jerárquico incoado por la contribuyente, contra el acto administrativo contenido en el Acta de Reconocimiento N° SNAT/INA/GAP/EGU/DO/CR/2009-000195, de fecha 26 de junio de 2009, emanada de la Aduana Principal El Guamache, por medio de la cual se sancionó a la recurrente con la multa establecida en el artículo 120, literal b), de la Ley Orgánica de Aduanas, por la cantidad de seiscientos setenta y tres mil setecientos cincuenta y seis bolívares con veinticinco céntimos (Bs. 673.756,25), “por haber comprobado una diferencia de valor declarado y el determinado de la mercancía objeto de importación”. 

Mediante sentencia de fecha 14 de febrero de 2011, el Tribunal Superior Cuarto de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, juzgado al cual le correspondió el conocimiento de la causa previa distribución de la misma, se declaró incompetente para conocer del presente juicio y, en consecuencia, declinó la competencia en el Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Oriental, con base en lo siguiente:

“Visto que, de conformidad con el artículo 60 del Código de Procedimiento Civil, la incompetencia por el territorio puede ser declarada de oficio, en cualquier estado e instancia del proceso, este Órgano Jurisdiccional, teniendo en cuenta dicha disposición, emite la siguiente decisión, en los términos que se exponen a continuación:
El artículo 262 del Código Orgánico Tributario vigente dispone:

…omissis…

... el artículo 32 eiusdem dispone lo siguiente:

En base a lo anterior tenemos que, el artículo 333 del Código Orgánico Tributario vigente, establece:

…omissis…

De los artículos y fallos citados, se interpreta que la intención del legislador es asegurar la tutela judicial efectiva de las partes en sus respectivos domicilios fiscales, con el objeto de que tales juicios se ventilen a través del juez territorialmente natural; pues lo se trata de que el contribuyente pueda defenderse adecuadamente en razón de la cercanía de su domicilio fiscal con el Tribunal que conoce de la causa; y el tribunal competente para conocer y decidir los conflictos suscitados se puede determinar atendiendo al lugar donde se encuentre situada la base fija o establecimiento permanente pues es lo que se toma en cuenta a los efectos de establecer el factor de conexión que vincula al sujeto pasivo con el sujeto activo de la relación jurídico-tributaria que nace entre ellos producto del acaecimiento del hecho imponible.

…omissis…

Delimitado lo anterior, y a fin de determinar el domicilio fiscal de la contribuyente, del análisis exhaustivo del expediente, este Tribunal observa que la misma está domiciliada en la Población de Altagracia, Municipio Autónomo Gómez del Estado Nueva Esparta, tal como lo reconoce la recurrente al folio uno (01) de su escrito recursorio, entendiéndose entonces que la contribuyente posee un establecimiento permanente en la jurisdicción de Estado Nueva Esparta. Tal conclusión se ve reforzada por el hecho de que la inscripción de la contribuyente 'EL GORILA, C.A.', se encuentra asentada en la Oficina de Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, destacándose del artículo 1 del documento constitutivo estatutario lo siguiente: '…su domicilio será en la ciudad de Pampatar, Municipio Autónomo Maneiro del Estado Nueva Esparta,…'.

Con fundamento en lo antes expuesto, concluye esta Juzgadora que el conocimiento del recurso contencioso tributario interpuesto por la sociedad mercantil 'EL GORILA, C.A.', con establecimiento permanente en la población de Altagracia, Estado Nueva Esparta, contra la Resolución N° SNAT/GGSJ/GR/DRAAT/2010/0686 emanada el 22 de noviembre de 2010, de la Gerencia de Recursos de la Gerencia General de Servicios Jurídicos del SENIAT, la cual declaró sin lugar el recurso jerárquico ejercido contra el Acta de Reconocimiento N° SNAT/INA/GAP/EGU/DO/CR/2009-000195 del 26 de junio de 2009 emanada de la Aduana Principal El Guamache del SENIAT, en la que se sancionó a la contribuyente con multa establecida en el artículo 120, literal b) de la Ley Orgánica de Aduanas, por la cantidad de BsF. 673.756,25, corresponde al Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Oriental con sede en la ciudad de Barcelona, con competencia territorial en las Circunscripciones Judiciales de los Estados Anzoátegui, Monagas, Sucre, Nueva Esparta, y en las Dependencias Federales, de conformidad con lo establecido en la Resolución Nº 2003-0001 emanada de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.622 de fecha treinta y uno (31) de enero de 2003; el cual se constituyó el primero (01) de septiembre de 2003, a quien se ordena enviar el presente expediente. Así se declara.

DECISIÓN

Por los razonamientos precedentemente expuestos, este Tribunal Superior Cuarto de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, se declara INCOMPETENTE POR EL TERRITORIO para conocer del presente Recurso Contencioso Tributario y en tal virtud, declara:

PRIMERO: De conformidad a lo previsto en los artículos 60 y 69 del Código de Procedimiento Civil, DECLINA LA COMPETENCIA para conocer de este recurso contencioso tributario al Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Oriental con sede en Barcelona y con competencia territorial de las Circunscripciones Judiciales de los Estados Anzoátegui, Monagas, Sucre, Nueva Esparta y en las Dependencias Federales.

SEGUNDO: A tenor de lo establecido en el artículo 69 en concordancia con el 71, ambos del prenombrado Código, otorga el lapso de cinco (05) días de despacho, posteriores a la fecha de publicación del presente pronunciamiento, para que las partes planteen la regulación de competencia y, una vez vencido éste, si las partes no hubiesen hecho uso de ese derecho, el Tribunal procederá a remitirlo al Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Oriental con sede en la ciudad de Barcelona, Estado Anzoátegui.

TERCERO: Quedan sin efecto las notificaciones libradas en fecha 25 de enero del año en curso, ordenadas en el auto de entrada de la presente causa.”. (Sic).

En fecha 21 de febrero de 2011, la representación judicial de la sociedad de comercio El Gorila, C.A., interpuso recurso de regulación de competencia, en los términos que se transcriben a continuación:

“(…) En virtud de la sentencia interlocutoria dictada por el Tribunal Cuarto Superior Tributario con fecha 14 de febrero de 2011 donde declina la competencia de la presente causa con fundamento en el artículo 69 del Código de Procedimiento Civil solicito la regulación de la competencia por cuanto el recurso recurrido fue dictado en la sede administrativa ubicada en la Región Capital. Es todo”. (Sic).

Mediante auto del 15 de julio de 2011, el Tribunal Superior Cuarto de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas ordenó remitir a esta Sala los recaudos correspondientes a fin de decidir el recurso presentado.

II

COMPETENCIA DE LA SALA

En primer término, pasa esta Sala a establecer si le corresponde resolver el recurso de regulación de competencia planteado y, en tal sentido, dispone la norma prevista en el artículo 69 del Código de Procedimiento Civil, lo siguiente:

“Artículo 69.- La sentencia en la cual el Juez se declare incompetente, aún en los casos de los artículos 51 y 61, quedará firme si no se solicita por las partes la regulación de la competencia dentro del plazo de cinco días después de pronunciada, salvo lo indicado en el artículo siguiente para los casos de incompetencia por la materia o de la territorial prevista en el artículo 47. Habiendo quedado firme la sentencia la causa continuará su curso ante el juez declarado competente, en el plazo indicado en el artículo 75.”

En este orden de ideas, el artículo 71 eiusdem complementa la disposición transcrita al establecer textualmente:

“Artículo 71.- La solicitud de regulación de la competencia se propondrá ante el Juez que se haya pronunciado sobre la competencia, aun en los casos de los artículos 51 y 61, expresándose las razones o fundamentos que se alegan. El Juez remitirá inmediatamente copia de la solicitud al Tribunal Superior de la Circunscripción Judicial para que decida la regulación. En los casos del artículo 70, dicha copia se remitirá a la Corte Suprema de Justicia si no hubiere un Tribunal Superior común a ambos jueces en la Circunscripción. De la misma manera procederá cuando la incompetencia sea declarada por un Tribunal Superior (…)”. (Destacado de la Sala).

Asimismo, el artículo 26, numeral 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.991 Extraordinario, de fecha 29 de julio de 2010 y reimpresa por error material en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.522 del 01 de octubre de 2010, prevé:

“Artículo 26. Son competencias de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia: (…)

(…) 19. Los conflictos de competencia que surjan entre los tribunales de la jurisdicción contencioso administrativa (…)”.

Siendo esto así, se advierte que el ejercicio del presente recurso de regulación de competencia se produjo en el marco de un proceso contencioso tributario incoado contra un acto administrativo emanado de la Gerencia de Recursos de la Gerencia General de Servicios Jurídicos del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), todo lo cual impone a este Máximo Tribunal observar lo dispuesto en el vigente Código Orgánico Tributario respecto al conocimiento en alzada de las decisiones emanadas de los Tribunales Superiores con competencia en dicha materia, y en tal sentido su artículo 329 es del siguiente tenor:

“Artículo 329. Son competentes para conocer en primera instancia de los procedimientos judiciales establecidos en este Título, los Tribunales Superiores de lo Contencioso Tributario, los cuales los sustanciarán y decidirán con arreglo a las normas de este Código.

Contra las decisiones dictadas por dichos Tribunales podrá apelarse dentro de los términos previstos en este Código, por ante el Tribunal Supremo de Justicia.” (Subrayado de la Sala).

Conforme puede apreciarse del dispositivo que antecede, no existe precisión en la vigente normativa fiscal respecto a cuál de las Salas de este Máximo Tribunal le corresponde conocer de los recursos de apelación ejercidos contra las decisiones dictadas por los Tribunales Superiores de lo Contencioso Tributario, debiendo entonces resolverse este aspecto a la luz de las previsiones contenidas en la precitada Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, específicamente en el numeral 15 de su artículo 26, el cual le atribuye a esta Sala Político-Administrativa la competencia para conocer de “[l]as apelaciones de las decisiones de los Juzgados Nacionales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y de las consultas que le correspondan conforme al ordenamiento jurídico.” (Agregado de la Sala).

Sin embargo, pese a que la norma en cuestión refiere exclusivamente a las apelaciones ejercidas contra las decisiones emanadas de los Juzgados Nacionales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, la propia Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela bajo el Nº 39.447 de fecha 16 de junio de 2010, reimpresa por error material en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.451 de fecha 22 de junio de 2010, en su artículo 12 señala que “[l]a jurisdicción especial tributaria forma parte de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, su régimen especial es el previsto en el Código Orgánico Tributario.” (Agregado de la Sala).

Por consiguiente, al no mediar una instancia entre los Tribunales Superiores de lo Contencioso Tributario y la Sala Político-Administrativa de este Máximo Tribunal de Justicia, debe esta Sala declarar su competencia para conocer del recurso que le ha sido presentado. Así se declara.

III

CoNSIDERAciOnES para Decidir

Corresponde analizar la solicitud de regulación de competencia para conocer del recurso contencioso tributario interpuesto por la representación judicial de la contribuyente El Gorila, C.A., contra la Resolución N° SNAT/GGSJ/GR/DRAAT/2010/0686, del 22 de noviembre de 2010, emanada de la Gerencia de Recursos de la Gerencia General de Servicios Jurídicos del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT).

Ahora bien, se impone a la Sala como Máxima Instancia de la jurisdicción contencioso-tributaria, precisar los factores de enlace de las reclamaciones judiciales que surjan entre los sujetos de la obligación tributaria, con las potestades jurisdiccionales de los Tribunales Superiores que la integran, vale decir, con las diversas regiones judiciales creadas en la materia, a cuyo efecto observa lo dispuesto en el artículo 262 del Código Orgánico Tributario, el cual dispone lo siguiente:

 “Artículo 262: El recurso podrá interponerse directamente ante el tribunal competente, o por ante un juez con competencia territorial en el domicilio fiscal del recurrente. Asimismo, podrá interponerse ante la oficina de la Administración Tributaria de la cual emanó el acto (…)”. (Destacado de la Sala).

La citada norma, pone de manifiesto que el legislador tributario en desarrollo de los principios de libre acceso a la justicia y de tutela judicial efectiva, consideró de suprema importancia el domicilio fiscal del recurrente como aquel elemento que permite con mayor eficacia, regionalizar la justicia y acercarla a los administrados. En razón de lo anterior, en aquellos supuestos en los cuales la competencia territorial para la interposición del recurso contencioso presente dudas, será la noción de domicilio fiscal del recurrente la que determinará el Tribunal Superior Regional competente para conocer la reclamación judicial respectiva.

Sobre el referido particular, esta Sala se ha pronunciado mediante sentencia No. 01494 del 15 de septiembre 2004, caso: Papelería y Librería Tauro, C.A., ratificando su criterio en forma pacífica, entre otras, en las decisiones Nos. 02358 del 28 de abril de 2005, caso: Embotelladora Terepaima, C.A., 02587 del 05 de mayo de 2005, caso: Aplicaciones de Sistemas Técnicos, C.A. (ASISTECA), 03959 del 09 de junio de 2005, caso: Horizontes de Vías y Señales, C.A., 00771 del 22 de marzo de 2006, caso: Pesqueros Venezolanos, C.A. (PEVENCA), 00867 del 10 de junio de 2009, caso: C.A. Central, Banco Universal, 00113 del 27 de enero de 2011, caso: John Dewar & Sons, Venezuela, C.A. y 00664 del 18 de mayo de 2011, caso: El Gorila, C.A., en los términos siguientes:

“(…) el artículo 32 [del Código Orgánico Tributario] dispone lo siguiente:

‘Artículo 32: A los efectos tributarios y de la práctica de las actuaciones de la Administración Tributaria, se tendrá como domicilio de las personas jurídicas y demás entes colectivos en Venezuela:

1. El lugar donde esté situada su dirección o administración efectiva.

2. El lugar donde se halle el centro principal de su actividad, en caso de que no se conozca el de su dirección o administración.

3. El lugar donde ocurra el hecho imponible, en caso de no poder aplicarse las reglas precedentes.

4. El que elija la Administración Tributaria, en caso de existir más de un domicilio según lo dispuesto en este artículo, o sea imposible determinarlo conforme a las reglas precedentes.’

Así, la norma transcrita distingue las reglas según las cuales se determina el domicilio fiscal. El artículo describe varios fueros sucesivamente concurrentes, donde la segunda opción opera sólo en defecto de la primera, la tercera sólo en defecto de la segunda y así sucesivamente hasta llegar a la última opción, en la cual la Administración Tributaria tiene amplias facultades de imposición.

Conforme a lo anterior, se establece que el domicilio fiscal del recurrente corresponderá al lugar donde esté situada la dirección o administración efectiva de la contribuyente o, en su defecto, donde se halle el centro principal de su actividad, o en defecto de ambas, donde ocurra el hecho imponible, o en defecto de estos lugares, donde elija la Administración Tributaria (…)”. (Agregado de la Sala).

   En este orden de ideas, valga destacar que el Código Orgánico Tributario en su artículo 333 dispone:

“Artículo 333.- Dentro de los seis (6) meses siguientes a la publicación de este Código en la Gaceta Oficial, deberán crearse o ponerse en funcionamiento Tribunales Contenciosos Tributarios en diferentes ciudades del país, con la finalidad de garantizar la tutela judicial efectiva de las partes y el adecuado desenvolvimiento de los procedimientos judiciales (...).”

En atención al mandato legal previamente transcrito, la Sala Plena de este Máximo Tribunal mediante Resolución Nº 2003-0001, de fecha 21 de enero de 2003, publicada en la Gaceta Oficial Nº 37.622, del 31 de enero de 2003, resolvió crear seis (06) Tribunales Superiores de lo Contencioso Tributario con sedes en diferentes ciudades del interior de la República

Posteriormente, la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, con el fin de materializar lo dispuesto en el instrumento antes identificado, el 25 de agosto de 2003, dictó la Resolución Nº 1.456, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.766, de fecha 2 de septiembre de 2003, en la cual se dispuso que el Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Oriental, con sede en la ciudad de Barcelona y competencia territorial en las Circunscripciones Judiciales de los Estados Anzoátegui, Monagas, Sucre, Nueva Esparta y en las Dependencias Federales, estará ubicado en el Palacio de Justicia del Estado Anzoátegui con sede en la ciudad de Barcelona, localizado en “P.B. Ave. 5 de Julio” y, del mismo modo, se estableció que las causas nuevas serían recibidas por el mencionado Órgano Jurisdiccional, según su competencia por el territorio, aun cuando los Tribunales Contencioso Tributarios de la Región Capital seguirían conociendo de las causas pendientes hasta su culminación.

Delimitado lo anterior, y a fin de determinar el domicilio de la contribuyente, esta Máxima Instancia observa del folio 26 y siguientes, copia simple del documento constitutivo y estatutario inscrito ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, el 29 de octubre de 2004, bajo el N° 41, Tomo 36-A, donde se desprende del artículo 1° lo siguiente:

“Artículo 1: La compañía se denominará ‘EL GORILA C.A.’, su domicilio será en la ciudad de Pampatar, Municipio Autónomo Maneiro de Nueva Esparta, sin perjuicio de establecer sucursales, agencias y oficinas en cualquier lugar del territorio nacional o en el extranjero, a juicio de su Junta Directiva”. (Sic).

A tal efecto, se observa de las actas cursantes en el expediente, que el domicilio de la sociedad mercantil recurrente se encuentra ubicado en el Municipio Maneiro del Estado Nueva Esparta, motivo por el cual coincide esta Sala con lo decidido por el tribunal a quo al declararse incompetente por el territorio.

Con fundamento en lo antes expuesto, esta Sala declara improcedente el recurso de regulación de competencia ejercido por el apoderado judicial de la contribuyente, por lo que considera que la competencia por el territorio para conocer del recurso contencioso tributario ejercido contra la Resolución N° SNAT/GGSJ/GR/DRAAT/2010/0686, del 22 de noviembre de 2010, emanada de la Gerencia de Recursos de la Gerencia General de Servicios Jurídicos del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), corresponde al Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Oriental, con sede en la ciudad de Barcelona, Estado Anzoátegui. Así se decide.

IV

DECISIÓN

Atendiendo a los razonamientos expresados, esta Sala Político­-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara:

1) QUE ES COMPETENTE para conocer de la regulación de competencia planteada.

2) SIN LUGAR el recurso de regulación de competencia ejercido por la representación judicial de la sociedad mercantil EL GORILA, C.A., contra la sentencia de fecha 14 de febrero de 2011, dictada por el Tribunal Superior Cuarto de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, la cual se CONFIRMA.

3) Que corresponde al TRIBUNAL SUPERIOR DE LO CONTENCIOSO TRIBUTARIO DE LA REGIÓN ORIENTAL, la COMPETENCIA para conocer y decidir el recurso contencioso tributario ejercido por la sociedad mercantil EL GORILA, C.A.,  contra la Resolución N° SNAT/GGSJ/GR/DRAAT/2010/0686, del 22 de noviembre de 2010, suscrita por la Gerencia General de Servicios Jurídicos del SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN ADUANERA Y TRIBUTARIA (SENIAT).

Publíquese, regístrese y notifíquese. Remítanse las presentes actuaciones al tribunal de origen. Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los dieciocho (18) días del mes de octubre del año dos mil once (2011). Años 201º de la Independencia y 152º de la Federación.

 

             La Presidenta

EVELYN MARRERO ORTÍZ

                                                                                                                                                   La Vicepresidenta

                                                                      YOLANDA JAIMES GUERRERO

 

Los Magistrados,

LEVIS IGNACIO ZERPA

              Ponente

 

 

                                                                                                                                      EMIRO GARCÍA ROSAS

 

TRINA OMAIRA ZURITA

 

 

La Secretaria,

SOFÍA YAMILE GUZMÁN

 

En diecinueve (19) de octubre del año dos mil once, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 01349, la cual no está firmada por el Magistrado Emiro García Rosas y la Magistrada Trina Omaira Zurita, por motivos justificados.

La Secretaria,

SOFÍA YAMILE GUZMÁN

 

 

 

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