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MAGISTRADO-PONENTE: HADEL MOSTAFÁ PAOLINI
Exp. 1725
Los abogados Gilberto Delgado C. y Miguel Zaldívar Z., inscritos en el Inpreabogado bajo los números 348 y 347, respectivamente, actuando como apoderados judiciales de la sociedad mercantil ABBOTT LABORATORIES COMPAÑÍA ANÓNIMA, mediante escrito presentado ante la Secretaría de esta Sala en fecha 11 de diciembre de 1969, ejercieron recurso de nulidad contra la Resolución Nº 19 de fecha 20 de agosto de 1969, dictada por el Ministerio de Hacienda (hoy Ministerio de Finanzas), que confirmó el reparo a que se refiere el acta de fecha 05 de febrero de 1969, suscrita por dos Inspectores Fiscales de Rentas II, de la Dirección de Inspección y Fiscalización del Ministerio de Hacienda, montante a la cantidad de TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS CATORCE BOLÍVARES CON SEIS CÉNTIMOS (Bs. 31.214,06), por concepto de derechos arancelarios causados con motivo de varias importaciones realizadas por su representada entre los años 1966 y 1968.
El 15 de diciembre de 1969 se dio cuenta en Sala y se acordó solicitar la remisión del expediente administrativo, el cual fue efectivamente recibido el 19 de enero de 1970.
En fecha 20 de enero de 1970 se pasó el expediente al Juzgado de Sustanciación, donde el día 28 de los mismos se admitió el recurso y se ordenaron las notificaciones de Ley.
El 08 de junio de 1970 se libró el cartel de emplazamiento, el cual fue retirado, publicado en Gaceta Oficial y consignado oportunamente por la representación actora.
En fecha 19 de octubre de 1970, el ciudadano Procurador General de la República consignó escrito de consideraciones.
Culminada la sustanciación del expediente, se pasó el mismo a la Sala, donde el 02 de noviembre de 1970 se designó ponente al Magistrado Julio Ramírez Borges y se fijó la quinta (5ª) audiencia para comenzar la relación, lo que ocurrió efectivamente el día 10 de los mismos.
El 14 de enero de 1971 se fijó la oportunidad para el acto de informes, el cual tuvo lugar el día 25 del mismo mes y año, no comparecieron las partes y seguidamente se dijo Vistos.
Por auto de fecha 03 de abril de 2000 se reasignó la ponencia al Magistrado José Rafael Tinoco.
En virtud de la designación de los Magistrados Hadel Mostafá Paolini y Yolanda Jaimes Guerrero, y la ratificación del Magistrado Levis Ignacio Zerpa, por la Asamblea Nacional en sesión de fecha 20 de diciembre de 2000, publicada en la Gaceta Oficial N° 37.105 del día 22 del mismo mes y año, se reconstituyó la Sala Político Administrativa el 27 de diciembre de dicho año, y se reasignó la ponencia al Magistrado Hadel Mostafá Paolini, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.
Para decidir, la Sala observa:
De conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, la instancia se extingue de pleno derecho en las causas que hayan estado paralizadas por más de un año a partir del último acto de procedimiento, por lo que, en tal caso, este Supremo Tribunal sin más trámites debe declarar la perención, de oficio o a instancia de parte.
En este sentido, esta Sala en decisión de fecha 13 de febrero del presente año declaró que la perención:
Se trata, así, del simple cumplimento de una condición objetiva, independiente por tanto de la voluntad de las partes, es decir, no atribuible a motivos que le son imputables, y consistente en el solo transcurso del tiempo de un año de inactividad para la procedencia de la perención. Ello refleja la verdadera intención del legislador ya plasmada en anterior decisión de esta Sala (Vid. caso: CEBRA, S.A. del 14 de julio de 1983), no sólo de evitar que los litigios se prolonguen indefinidamente, así como el exonerar a los Tribunales, después de un prolongado período de inactividad procesal, del deber de dictar nuevas providencias en casos presuntamente abandonados por los litigantes. Se tuvo también en cuenta la necesidad de eliminar la incertidumbre acerca de la firmeza de los actos del Poder Público, los cuales pudieren ser objeto de impugnación por inconstitucionalidad o ilegalidad ante el Supremo Tribunal o ante los demás órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa
(...omissis...)
Así, declarada la perención en el juicio, el efecto se limita a la extinción del proceso privándose de firmeza al acto recurrido cuando se vulnere el orden público, y su control por Ley, corresponda a este Alto Tribunal; por tanto quienes tengan interés personal, legítimo y directo pueden proponer nuevamente la demanda conforme a los supuestos y mediante los mecanismos legalmente establecidos.
Por último, esta interpretación es en un todo coherente con el resto del texto de la Ley bajo examen, por cuanto no contradice el artículo 96 eiusdem que dispone:
Los informes constituyen la última actuación de las partes en relación con la materia litigiosa que sea objeto del juicio o de la incidencia de que se trate. Concluido el acto de informes, no se permitirá a las partes nuevos alegatos o pruebas relacionadas con dicha materia, salvo lo dispuesto en el artículo 407 del Código de Procedimiento Civil (artículo 514 del Código vigente), pero quienes hayan informado verbalmente pueden presentar conclusiones escritas dentro de los tres días siguientes.
En efecto, cuando la norma transcrita establece que la "última actuación de las partes" en el juicio son los informes, se está refiriendo según el significado de las palabras empleadas y su conexión entre sí a que no se permite a los litigantes después de informes traer nuevos alegatos o pruebas; sin que ello implique un impedimento para seguir actuando en juicio, en la forma de impulsar el procedimiento hasta su definitiva conclusión con el fallo respectivo.
De ahí que no están las partes exceptuadas de actuación en juicio una vez consignados los informes, como pudiera derivarse de una errónea interpretación literal del texto. Por el contrario, como ha quedado puesto de manifiesto la inactividad de las partes en el juicio, aún después de la oportunidad fijada para informes y de vistos, conforme al texto normativo especial que reglamenta los procedimientos que se ventilan ante este Supremo Tribunal, evidencia un abandono del caso que no puede justificar la incertidumbre creada respecto a la firmeza de determinado acto del Poder Público.
En suma, que según los términos del artículo 86 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, aplicable a los procedimientos que se ventilen ante este Tribunal Supremo de Justicia, salvo lo previsto en disposiciones especiales, basta para que opere la perención de pleno derecho, el que se haya paralizado la causa por más de un año, independientemente de que se trate de razones imputables a la parte o del estado en que la misma se encuentre. Así se declara.
Al respecto, examinadas las actas procesales que componen el presente expediente, se constata que la causa ha estado paralizada desde el 25 de enero de 1971, fecha en la cual se dijo Vistos, hasta el presente, sin que se hubiese realizado acto alguno de procedimiento por las partes ni por este Supremo Tribunal.
Igualmente, se aprecia que en el caso de autos no se vulnera ninguna norma de orden público con la aplicación de la indicada disposición, por lo cual, habiendo transcurrido con creces el lapso previsto en la misma y siguiendo el criterio jurisprudencial arriba transcrito, se ha consumado la perención. Así se declara.
En virtud de lo anterior, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA CONSUMADA LA PERENCIÓN y, en consecuencia, EXTINGUIDA LA INSTANCIA en la presente causa.
Publíquese, regístrese y comuníquese. Devuélvase el expediente administrativo y archívese el judicial. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada, en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los diez (10) días del mes de julio del año dos mil uno. (2001). Años 191º de la Independencia y 142º de la Federación.
El Vicepresidente-Ponente,
ANAÍS MEJÍA CALZADILLA
HMP/jam
Sent. Nº 01417
En once (11) de julio del año dos mil uno, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 01417.