Venley

Sentencia N.º 01477

Sentencia
N.º 01477
Fecha
14/08/2007
Sala
Político Administrativa
Expediente
2004-0409
Ponente
Yolanda Jaimes Guerrero
Procedimiento
Apelación

MAGISTRADA PONENTE: YOLANDA JAIMES GUERRERO

Exp. Nº 2004-0409

 

El Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, adjunto al Oficio N° 133/2004 de fecha 21 de abril de 2004, remitió a esta Sala copias certificadas del expediente contentivo del recurso de apelación ejercido el 13 de abril de 2004, por la abogada Belén León Celaya, inscrita en el INPREABOGADO bajo el N° 14.127, actuando como sustituta de la Procuradora General de la República en representación del FISCO NACIONAL, según se desprende del instrumento poder otorgado ante la Notaría Pública Undécima del Municipio Bolivariano Libertador del Distrito Capital el 31 de diciembre de 2003, anotado bajo el N° 17, Tomo 255 de los Libros de Autenticaciones llevados por esa Notaría, contra la sentencia interlocutoria N° 65 de fecha 2 de abril de 2004, dictada por el referido tribunal, mediante la cual declaró “improcedente la solicitud de ejecución de la sentencia N° 682 del 17 de abril de 2002”, formulada por la citada abogada, en la que declaró la “perención del proceso” instaurado por el ciudadano Simón Antonio Senior, con cédula de identidad N° 8.301.649, en su condición de Gerente General de la sociedad mercantil JUSENIOR, C.A., inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui el 28 de junio de 1984, bajo el N° 45, Tomo B-6, asistido por la abogada Carolina Alfaro Lander, inscrita en el INPREABOGADO con el N° 57.227, con ocasión del recurso contencioso tributario interpuesto contra los actos administrativos siguientes:

“1.- Resolución de multa N° 500045 por Bs. 50.000, en razón de haber dejado de cumplir lo atinente a presentar la declaración del I.A.R. (sic), correspondiente al período 01-08-92 al 31-07-93, en el lapso legal, según lo establecido en los art. 91 de la ley de I.S.L.R. y 181 del Reglamento.

2.- Resolución de Intereses Moratorios N° 500046 por Bs. 28.007, en virtud de dejar de cancelar en el lapso legal la porción del I.A.R. (sic) por Bs. 15.924,38, correspondiente a los períodos 01-08-91 al 31-07-92.

3.- Resolución de multa N° 500047 por Bs. 30.000, por haber incumplido lo atinente a presentar la declaración del I.A.E., correspondiente al período 01-08-94 al 31-07-95 en el lapso legal, según lo establecido en los art. 14 de la ley y 10 del Reglamento.

4.- Resolución de multa N° 500048 por Bs. 30.000, en razón de haber incumplido lo atinente a presentar la declaración estimada del I.S.L.R., correspondiente al período 01-08-94 al 31-07-95 en el lapso legal, según lo establecido en los arts. 74 de la ley y 22 del Reglamento.

5.- Resolución de Intereses Moratorios N° 500049 por Bs. 12.220, por dejar de cancelar en el lapso legal la declaración estimada del I.S.L.R., correspondiente a los (sic) períodos (sic) 01-08-94 al 31-07-95”.

            Así como contra las Planillas de Liquidación Nros. “H-90-0135639, H-90-0135640, H-90-0151266, H-90-0135638 y H-90-0151265”, todas de fecha 2 de febrero de 1998, emitidas por la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Nor-Oriental del Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria (SENIAT), que soportan los montos descritos en las resoluciones antes señaladas.

Por auto del 21 de abril de 2004, el tribunal de instancia oyó en un solo efecto la apelación ejercida, ordenando remitir el expediente judicial al Tribunal Supremo de Justicia en Sala Político-Administrativa, conforme al antes aludido Oficio N° 133/2004.

En fecha 12 de mayo de 2004, se dio cuenta en Sala y se ordenó aplicar el procedimiento de segunda instancia previsto en el Capítulo III del Título V de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, aplicable en razón de su vigencia temporal. Asimismo, se designó ponente a la Magistrada YOLANDA JAIMES GUERRERO y se fijó el décimo (10°) día de despacho para comenzar la relación de la causa.

El 13 de mayo de 2004, la representación fiscal presentó escrito de fundamentación de la apelación ejercida.

En razón de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia publicada en la Gaceta Oficial N° 37.942 de fecha 20 de mayo de 2004, el día 3 de junio de 2004 se extendió por cinco (5) días de despacho el lapso establecido en el auto de fecha 12 de mayo de 2004, a los fines de que se fundamentara la apelación ejercida, en virtud del procedimiento de segunda instancia dispuesto en el artículo 19 de la citada ley.

Por auto del 14 de julio de 2004, se fijó el quinto (5°) día de despacho para que tuviera lugar el acto de informes, de conformidad con lo previsto en el artículo 19 de la antes mencionada ley, siendo diferido en fecha 27 de julio de ese mismo año para el día 16 de septiembre de 2004.

En fecha 16 de septiembre de 2004, oportunidad fijada para la celebración del acto de informes, compareció la representación judicial del Fisco Nacional, expuso sus argumentos y consignó el respectivo escrito de conclusiones. Seguidamente la Sala, previa su lectura por Secretaría, ordenó agregarlos a los autos y se dijo “VISTOS”.

El 7 de febrero de 2007, fue elegida la Junta Directiva del Tribunal Supremo de Justicia, quedando conformada la Sala Político-Administrativa de la siguiente forma: Presidenta, Magistrada Evelyn Marrero Ortíz; Vicepresidenta, Magistrada Yolanda Jaimes Guerrero; Magistrados Levis Ignacio Zerpa, Hadel Mostafá Paolini y Emiro García Rosas. Asimismo, se ordenó la continuación de la presente causa y se ratificó la ponencia a la Magistrada YOLANDA JAIMES GUERRERO.

-I-

ANTECEDENTES

            Del escrito recursorio y de las actas que cursan insertas en el expediente se evidencia:

            En fecha 11 de diciembre de 1995 la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Nor-Oriental del Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria (SENIAT), levantó la “declaratoria de verificación” de las declaraciones efectuadas por la empresa Jusenior, C.A., correspondientes a los años 1992, 1993, 1994 y 1995, en concepto de impuesto sobre la renta y a los activos empresariales.

            El 2 de febrero de 1998, la Administración Tributaria dictó, a cargo de la referida empresa, las siguientes resoluciones:

“1.- Resolución de multa N° 500045 por Bs. 50.000.

2.- Resolución de Intereses Moratorios N° 500046 por Bs. 28.007.

3.- Resolución de multa N° 500047 por Bs. 30.000.

4.- Resolución de multa N° 500048 por Bs. 30.000.

5.- Resolución de Intereses Moratorios N° 500049 por Bs. 12.220”.

El 2 de julio de 1998, fueron notificadas a la empresa Jusenior, C.A., las referidas resoluciones.

            En fecha 5 de agosto de 1998, el ciudadano Simón Antonio Senior, antes identificado, actuando en representación de la precitada sociedad mercantil, interpuso recurso contencioso tributario ante el Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del entonces Distrito Federal y Estado Miranda, contra las referidas resoluciones y sus correspondientes planillas de liquidación.

            En sentencia N° 682 de fecha 17 de abril de 2002, el mencionado tribunal declaró “…extinguido por PERENCIÓN, el proceso que se instauró mediante el recurso contencioso tributario…”, contra los prenombrados actos administrativos.

            Mediante diligencia de fecha 19 de marzo de 2004, la representación fiscal solicitó al tribunal de instancia que: “…con fundamento en el artículo 289 del Código Orgánico Tributario, en concatenación con los artículos 211 al 214, ejusdem, por cuanto, contra la sentencia dictada por ese Juzgado, de fecha 17-04-02, no se ha ejercido recurso alguno y, en consecuencia, se encuentra definitivamente firme, se sirva decretar su ejecución…”.

            En fecha 2 de abril de 2004, el juzgador a quo dictó la sentencia interlocutoria N° 65, mediante la cual declaró improcedente “…la solicitud de ejecución de sentencia formulada…”, siendo apelada por la representación fiscal a través de diligencia del 13 de abril de 2004 y cuya apelación es objeto del presente estudio.            

-II-

DE LA DECISIÓN APELADA

            La sentencia interlocutoria recurrida, dictada por el Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, estuvo fundamentada en las razones de hecho y de derecho siguientes:

“…la sentencia N° 682 de fecha diecisiete (17) de abril de 2002, se encuentra definitivamente firme por haber vencido en fecha trece (13) de junio de 2003, el lapso para apelar de la misma, sin que se haya ejercido recurso alguno, pero observa este Tribunal que aún cuando la solicitud está fundamentada en los artículos que regulan el juicio ejecutivo, en el fondo lo que la sustituta de la Procuradora General de la República busca, es la ejecución de la sentencia antes mencionada, la cual está regida por los artículos 280 al 288 del Código Orgánico Tributario.

Para llegar a la anterior afirmación partimos de lo siguiente:

La ejecución de la sentencia no es más que el paso final de uno de los procedimientos judiciales establecidos en el Código Orgánico Tributario en su título IV, referido al recurso contencioso tributario señalado en dicho Título bajo el Capítulo I, el cual a su vez se encuentra dividido en cinco secciones, siendo la Sección Quinta de dicho procedimiento la referida a la ejecución de la sentencia, que corresponde a aquellas sentencias que hayan declarado Sin Lugar o Parcialmente Con Lugar el recurso ejercido, y en el presente caso, nos encontramos frente a una sentencia definitivamente firme que ha declarado la perención de la instancia, no encontrándose por consiguiente dentro de los supuestos de procedencia establecidos en el artículo 280 del Código Orgánico Tributario.

A mayor abundamiento, el Capítulo II del Juicio Ejecutivo, del Título IV de los Procedimientos Judiciales, en su artículo 290, expresamente señala que:

(…)

Y más adelante en su artículo 291 dispone:

(…)

De manera que no hay razón para pensar que la diligencia presentada en fecha diecinueve (19) de marzo de 2004 en la cual entre otras cosas, no se señala expresamente la identificación del contribuyente, ni se narran detalladamente los hechos y mucho menos se solicita expresamente el embargo ejecutivo de bienes propiedad del deudor; pueda equiparase a una demanda en los términos expresados en dichos artículos, puesto que una diligencia obviamente no cumple con los requisitos de una demanda, para que pueda tomársela como tal, e iniciar así un juicio ejecutivo; es por ello que este Juzgador estima que la sustituta de la Procuradora General de la República incurrió en una confusión ante lo novedoso de ambos procedimientos en esta jurisdicción especial, y de los cuales aún no se ha producido jurisprudencia pacífica y reiterada, que pueda dilucidar las dudas existentes en el foro sobre los mismos, considerando este Tribunal que mediante su solicitud, si bien por un lado la fundamentó en normas del juicio ejecutivo, por el otro las mezcló en su petitorio con lo que es objeto del procedimiento de ejecución de la sentencia.

Vistas las consideraciones antes expuestas, este Tribunal …omissis… declara improcedente la solicitud de ejecución de sentencia formulada por la sustituta de la ciudadana Procuradora General de la República, al no encontrarse dentro de los supuestos de procedencia establecidos en el artículo 280 del Código Orgánico Tributario, ni cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 290 y 291 ejusdem del Juicio Ejecutivo. Así se declara…”.

 

-III-

ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN INTERPUESTA

            Mediante escrito presentado en fecha 13 de mayo de 2004, la representación fiscal fundamentó el recurso de apelación ejercido, alegando las razones de hecho y de derecho siguientes:

            Que el tribunal de instancia en la recurrida vulneró los artículos 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 243 ordinal 5° del Código de Procedimiento Civil “…cuando con base en un criterio restringido, declaró improcedente la solicitud de ejecución de la sentencia que puso fin al juicio de fecha 17 de abril de 2002, mediante la cual declaró extinguido por perención el proceso…”.     

            Señaló, que la referida sentencia que declaró extinguido por perención el proceso es una decisión declarativa susceptible de ejecución, por lo cual a su juicio, considera que no existe obstáculo legal alguno para decretarlo.

            Manifestó, que el juzgador de instancia incurrió en error de interpretación, toda vez que el artículo 280 del Código Orgánico Tributario conduce a la afirmación de que el único requisito exigido por el legislador tributario, para la ejecución de la sentencia, es que sea definitivamente firme “…porque contra la sentencia no hay recurso alguno o cuando exista no se haya interpuesto o sea extemporáneo o porque se ejecutaron y agotaron, como la de autos…”.

            Que en este orden de alegatos, el legislador tributario “…no ha restringido la jurisdicción de ejecución de sentencia a aquellas cuya declaratoria sea sin lugar o parcialmente con lugar, por lo que el juzgador de instancia si tiene jurisdicción para decretar la ejecución de la sentencia definitivamente firme, de fecha 17 de abril de 2002…”.

            En adición a lo anterior, arguyó que de acuerdo con el artículo 523 del Código de Procedimiento Civil “…para que proceda la ejecución del derecho formulado en la pretensión, es menester la existencia del título ejecutivo, es decir, de la sentencia, o de cualquier otro que tenga fuerza de tal, por tanto no es suficiente que la sentencia sea definitivamente firme…”.

            En este orden de ideas, solicitó se declare con lugar el recurso de apelación ejercido.

-IV-

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Corresponde a esta Sala pronunciarse respecto de la apelación ejercida por la representación fiscal, contra la sentencia interlocutoria N° 65 de fecha 2 de abril de 2004, dictada por el Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

Sin embargo, debe esta Alzada previamente pronunciarse sobre la admisión de la apelación; vale decir, la recurribilidad de la decisión dictada en primera instancia. A tal efecto, la norma contenida en el artículo 278 del vigente Código Orgánico Tributario, dispone lo siguiente:

“Artículo 278: De las sentencias definitivas dictadas por el Tribunal de la causa, o de las interlocutorias que causen gravamen irreparable, podrá apelarse dentro del lapso de ocho (8) días de despacho, contados conforme a lo establecido en el artículo anterior.

Cuando se trate de la determinación de tributos o de la aplicación de sanciones pecuniarias, este recurso procederá sólo cuando la cuantía de la causa exceda de cien unidades tributarias (100 U.T.) para las personas naturales, y de quinientas (500 U.T) para las personas jurídicas.” (Resaltado de la Sala).

 

            De la norma antes transcrita se evidencia, que el ejercicio del recurso de apelación contra los pronunciamientos en materia de determinación de tributos y de aplicación de sanciones pecuniarias, está supeditado a la concurrencia de varios requisitos, a saber: i) un elemento de modo, de carácter temporal, representado por el lapso de ocho días de despacho siguientes a aquél en el que se dictó la sentencia, dentro del cual debe ejercerse el referido recurso, y ii) un elemento de orden cuantitativo, representado, en el caso de las personas naturales, por un límite mínimo de cien unidades tributarias (100 U.T.) y, en el caso de las personas jurídicas, un límite mínimo de quinientas unidades tributarias (500 U.T.), a los efectos de que la sentencia sea recurrible. Por su parte, en el caso de las sentencias interlocutorias, la norma en análisis añade iii) un elemento de orden cualitativo: sólo podrán apelarse sentencias interlocutorias que causen gravamen irreparable.

            Además, tal como lo dispone el artículo 15 del Código de Procedimiento Civil, por aplicación supletoria del artículo 332 del Código Orgánico Tributario vigente, a fin de mantener el equilibrio procesal entre las partes, tales requisitos deben aplicarse para cualquiera que ejerza el recurso de apelación en la jurisdicción contencioso tributaria, a saber, la contribuyente y la Administración Tributaria.

            Ahora bien, este régimen descrito anteriormente se opone al régimen diseñado por la legislación adjetiva ordinaria, en el cual el ejercicio de dicho recurso debe estar condicionado sólo a la existencia del gravamen; no obstante, la aplicabilidad de la citada norma contenida en el vigente Código Orgánico Tributario, está fundamentada en la especialidad de la materia que en dicho instrumento se regula.

            Bajo tales premisas, advierte la Sala que en el presente caso, el recurso contencioso tributario está dirigido a enervar los efectos de las Resoluciones Nros. 500045, 500046, 500047, 500048 y 500049 y sus correlativas Planillas de Liquidación Nros. “H-90-0135639, H-90-0135640, H-90-0151266, H-90-0135638 y H-90-0151265”, todas de fecha 2 de febrero de 1998, a través de las cuales se impuso multa a la empresa Jusenior, C.A., por parte de la Gerencia de Tributos Internos de la Región Nor-Oriental del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), por un monto total de Bs. 150.227,00, a razón de impuesto sobre la renta, y a los activos empresariales.

Así, concordando el referido monto (Bs. 150.227,00) con lo establecido en la Providencia Administrativa Nº 0048 de fecha 9 de febrero de 2004, suscrita por el Superintendente Nacional Aduanero y Tributario, publicada en la Gaceta Oficial Nº 37.877 de fecha 11 de febrero de 2004, mediante la cual se reajusta el valor de la Unidad Tributaria de diecinueve mil cuatrocientos bolívares (Bs. 19.400,00) a veinticuatro mil setecientos bolívares (Bs. 24.700,00), vigente para la fecha en que fue dictada la decisión apelada (2 de abril de 2004), pudo y debió el a quo concluir, a través de una simple operación aritmética, que evidentemente la cuantía de la causa                    (Bs. 150.227,00) no alcanzaba el quantum al efecto requerido, pues siendo la contribuyente una persona jurídica, el recurso de apelación interpuesto por la representación fiscal, procedía sólo si la cuantía de dicha causa excedía de las quinientas unidades tributarias (500 U.T.), equivalentes a la precitada fecha a la cantidad de Bs. 12.350.000,00, lo cual ha sido expuesto y ratificado por la Sala conforme a sus fallos No. 2351 del 27 de abril de 2005, caso: VENCEMOS CAVOSA, CAVOVEN, C.A.; No. 5150 del 21 de julio de 2005, caso: POLYPLASTIC DE VENEZUELA, C.A. y No. 466 del 2 de febrero de 2006, caso: DESARROLLOS DE VIDEO 2145, C.A.

Por otra parte, si bien los abogados que actúan en nombre de la Procuraduría General de la República en representación del Fisco Nacional, por mandato del artículo 71 de la Ley que rige las funciones de dicho organismo, “deben hacer valer en los juicios todos los recursos ordinarios, extraordinarios y especiales establecidos por las leyes, salvo instrucción contraria de la máxima autoridad del órgano respectivo, dada por escrito”,  considera esta Sala necesario señalar que el ejercicio de tales recursos o medios de defensa debe sujetarse a las previsiones y limitaciones previstas en el ordenamiento jurídico, pues en casos como el sujeto a estudio donde existe una limitación legal de índole cuantitativo para el ejercicio de los recursos de apelación en los juicios contencioso-tributarios, deben los representantes judiciales de los intereses de la República considerar la cuantía de la causa con el fin de precisar si alcanza el mínimo requerido, tal como fue sostenido por esta Alzada en sentencia N° 00732 de fecha 16 de mayo de 2007, caso: Procesadora Propesca, C.A.

En consecuencia, visto que la cuantía de la causa no alcanza las quinientas unidades tributarias (500 U.T.) exigidas en el artículo 278 del vigente Código Orgánico Tributario, se impone a la Sala declarar inadmisible el presente recurso de apelación. Se revoca el auto dictado por el Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, mediante el cual se oyó en el sólo efecto devolutivo la apelación ejercida por la representación fiscal, el 21 de abril de 2004. Así se declara.

-V-

DECISIÓN

En virtud de los razonamientos anteriormente expuestos, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara:

1.      INADMISIBLE el recurso de apelación ejercido por la representación fiscal, contra la sentencia interlocutoria N° 65 de fecha 2 de abril de 2004, dictada por el Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, mediante la cual declaró improcedente “…la solicitud de ejecución…” de la sentencia N° 682 del 17 de abril de 2002, que decidió “…extinguido por PERENCIÓN, el proceso que se instauró mediante el recurso contencioso tributario…”, contra las resoluciones Nros. 500045, 500046, 50047, 500048 y 500049 y sus respectivas Planillas de Liquidación Nros. “H-90-0135639, H-90-0135640, H-90-0151266, H-90-0135638 y H-90-0151265”.

2.      Se REVOCA el auto de fecha 21 de abril de 2004, dictado por el mencionado tribunal, a través del cual oyó en un solo efecto la apelación ejercida por la representación judicial del Fisco Nacional. Queda firme la decisión objeto del recurso.

Publíquese, regístrese y notifíquese. Remítase copia certificada de la presente decisión al tribunal de origen y archívese el expediente. Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los nueve (09) días del mes de agosto del año dos mil siete (2007). Años 197º de la Independencia y 148º de la Federación.

 

La Presidenta

EVELYN MARRERO ORTÍZ

La Vicepresidenta - Ponente

YOLANDA JAIMES GUERRERO

 

Los Magistrados,

LEVIS IGNACIO ZERPA

 

HADEL MOSTAFÁ PAOLINI

 

EMIRO GARCÍA ROSAS

 

La Secretaria,

SOFÍA YAMILE GUZMÁN

En catorce (14) de agosto del año dos mil siete, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 01477.

 

 

La Secretaria,

SOFÍA YAMILE GUZMÁN

 

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