Venley

Sentencia N.º 01490

Sentencia
N.º 01490
Fecha
14/08/2007
Sala
Político Administrativa
Expediente
2007-0398
Ponente
Hadel Mostafá Paolini
Procedimiento
Apelación

MAGISTRADO PONENTE HADEL MOSTAFÁ PAOLINI

EXP. Nº 2007-0398

 

Mediante oficio No. 008 del 11 de enero de 2007, el Tribunal Superior Cuarto de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, remitió a esta Sala el expediente No. AF44-U-2003-000063 (de la nomenclatura de ese tribunal), contentivo del recurso de apelación ejercido en fecha 1º de junio de 2005, por la abogada María Teresa Sánchez Cordero, inscrita en el INPREABOGADO bajo el No. 24.765, actuando con el carácter de apoderada judicial de la sociedad mercantil INVERSIONES MAYORAL, C.A., inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 20 de diciembre de 1957, bajo el No. 34, Tomo 36-A, representación que se constata del poder otorgado en fecha 22 de septiembre de 2003, ante la Notaría Pública Primera del Municipio Baruta del Estado Miranda, inserto bajo el No. 64, Tomo 79 de los Libros de Autenticaciones llevados por dicha Notaría, contra la sentencia No. 1121 dictada por el precitado órgano jurisdiccional en fecha 17 de marzo de 2005, que declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso tributario incoado por la referida contribuyente contra el acto administrativo identificado con el No. 2003-0833 de fecha 18 de agosto de 2003, suscrito por el Superintendente Municipal de Administración Tributaria de la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BOLIVARIANO LIBERTADOR DEL DISTRITO CAPITAL, mediante la cual declaró improcedentes el recurso de reconsideración interpuesto contra el “estado de cuenta” emitido en fecha 2 de julio de 2003 y la solicitud de solvencia del impuesto sobre inmuebles urbanos, determinando una diferencia a pagar en este concepto por la suma de treinta y cinco millones trescientos un mil setecientos setenta y cuatro bolívares con veinte céntimos (Bs. 35.301.774,20).

Según consta en auto del 25 de julio de 2005, la apelación se oyó en ambos efectos, remitiéndose el expediente a esta Sala.

El 17 de abril de 2007, se dio cuenta en Sala y se ordenó aplicar el procedimiento de segunda instancia previsto en el artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela. Asimismo, se designó como Ponente al Magistrado Hadel Mostafá Paolini y se fijó un lapso de quince días de despacho para fundamentar la apelación.

Mediante auto del 29 de mayo de 2007, la Secretaría de esta Sala dejó constancia de no haberse fundamentado la apelación ejercida en el lapso establecido en el referido auto del 17 de abril del citado año, el cual correspondió a los siguientes días de despacho: 18, 24, 25 y 26 de abril, 2, 3, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23 y 24 de mayo de 2007.

I

ANTECEDENTES

Mediante escrito presentado en fecha 2 de julio de 2003, ante la Superintendencia Municipal de Administración Tributaria de la Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador del Distrito Capital, la representación de la sociedad mercantil Inversiones Mayoral, C.A., solicitó la expedición del certificado de solvencia del impuesto sobre inmuebles urbanos.

En la misma fecha, la aludida Superintendencia Municipal emitió un “estado de cuenta” en el cual se refleja que el monto debido por concepto de impuesto sobre inmuebles urbanos es de treinta y un millones ochocientos treinta y ocho mil cuatrocientos catorce bolívares con noventa y cinco céntimos (Bs. 31.838.414,95).

El 15 de julio de 2003, contra dicho “estado de cuenta” la representación de la contribuyente ejerció recurso de reconsideración, que fue resuelto mediante el acto administrativo identificado con el No. 2003-0833, del 18 de agosto de 2003, suscrito por el Superintendente Municipal de la Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador del Distrito Capital, a través del cual declaró improcedente la solicitud de solvencia del impuesto sobre inmuebles urbanos, modificando la diferencia del tributo a pagar en la suma de treinta y cinco millones trescientos un mil setecientos setenta y cuatro bolívares con veinte céntimos (Bs. 35.301.774,20).

El 22 de septiembre de 2003, la contribuyente interpuso recurso contencioso tributario contra el referido acto, ante el Tribunal Superior Primero (Distribuidor) de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

II

DECISIÓN JUDICIAL APELADA

Para resolver la controversia el Tribunal Superior Cuarto de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, al cual le correspondió el conocimiento de la causa previa distribución, dictó sentencia en fecha 17 de marzo de 2005, en los siguientes términos:

“…observa el Tribunal que conforme dispone la Ordenanza de Impuestos (sic) sobre Inmuebles Urbanos del Municipio Libertador, serán gravados con ese tributo, los inmuebles urbanos ubicados en jurisdicción de dicho Municipio, considerándose como inmuebles urbanos, a tales fines, los terrenos, las edificaciones y en general cualquier construcción que se encuentre adherida al suelo en forma permanente e inseparable, con inclusión de las mejoras de la edificación, ubicados en la jurisdicción del Municipio en referencia (sic).

(…)

En ese sentido no consta en el expediente cuál fue el valor documental considerado a los fines del pago del tributo conforme a las planillas aportadas por la recurrente como Anexo ´C` al escrito recursorio, excepción hecha del cálculo efectuado en formulario sin número marcado ´K`, pues en éste se señala como valor documental la suma de Bs. 7.000.000,00 y es por ello que este Tribunal carece de elementos para pronunciarse sobre el pedimento de considerar como definitivos dichos pagos, ya que como se deduce de la revisión de los documentos que integran el expediente administrativo remitido por la Administración Tributaria Municipal así como de los aportados por la apoderada de la recurrente, se desconoce si se efectuó algún ajuste mediante acto resultado de un procedimiento legalmente establecido que cumpliera con los requisitos necesarios para su validez.

(…)

Adicionalmente, advierte el Tribunal que no consta en el expediente participación de la contribuyente en la formulación de dicho acto, no consta que se haya seguido un procedimiento para modificar el aforo correspondiente, al contrario, de los documentos que cursan en autos se presume que el mismo no existe y por tanto existe el vicio de prescindencia total y absoluta del procedimiento legalmente establecido, el mismo está viciado de nulidad absoluta según dispone el artículo 19, ordinal 4 (sic)  de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

Por tal motivo, la base imponible que, sin seguir procedimiento alguno, fue fijada en Bs. 8.924.000,00 fue incorrectamente determinada, advirtiendo el Tribunal que la diferencia de Bs. 1.924.000,00 considerada por la Administración Tributaria equivale, según tales documentos, y se mantiene en los Informes presentados por la representación Fiscal, del monto de las inversiones que debía efectuar la propietaria para hacer efectivo el préstamo que le otorgaría el Banco Hipotecario Unido, C.A., dado a la empresa, conforme a Solicitud Nº RP-12.328, aprobada por su Junta Directiva el 2 de febrero de 1977, Acta Nº 554, para financiar la edificación ya identificada, lo cual en modo alguno incide en el valor fiscal del inmueble. Así se declara.

En lo relativo a la solvencia de impuesto sobre inmuebles urbanos solicitada por la representante de la contribuyente, el Tribunal advierte que conforme pautan los artículos 39, 40 y 41 de la Ordenanza en referencia, al no haber derechos pendientes exigibles para el momento de la solicitud, la solvencia tendente a acreditar el cumplimiento de la obligación tributaria debió otorgarse, y para el supuesto que existiera algún riesgo para la percepción de los créditos determinados, la Administración Tributaria podía solicitar una medida cautelar, conforme dispone el Código Orgánico Tributario, aplicable supletoriamente en materia municipal. Se destaca que la apoderada de la recurrente consignó recibos de pago del tributo en referencia, marcados ´C`, y sólo se indican como montos pendientes los recurridos, que no son exigibles en virtud del ejercicio del recurso contencioso tributario.

III

DECISIÓN

Con base en las razones precedentemente expuestas, este Tribunal Superior (…) declara PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso tributario interpuesto por (…) INVERSIONES MAYORAL, C.A., contra el Acta Nº 2003-0833 con oficio Nº AL549-03, suscrita por el ciudadano (…) en su carácter de Superintendente Municipal de Administración Tributaria (SUMAT), de la Alcaldía del Municipio Libertador del Distrito Capital, mediante la cual se declara improcedente la solicitud de Solvencia de Impuestos (sic) sobre Inmuebles Urbanos y una diferencia en el pago del impuesto Municipal de Inmuebles Urbanos de Bs. 35.301.774,20. En consecuencia, se revoca el acto 2003-0833 Nº AL549-03 y se niega el pedimento relativo a que los pagos efectuados por la empresa antes identificada sean considerados como definitivos, por carecer este Tribunal de elementos para pronunciarse al respecto.”.

III

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

De los términos en que fue dictado el fallo apelado, observa esta Sala que la controversia planteada en el caso de autos se contrae a decidir respecto de la apelación planteada por la apoderada judicial de la sociedad mercantil Inversiones Mayoral, C.A.; no obstante, vistas las actuaciones que cursan en el expediente pasa este Alto Tribunal a decidirla sobre la base de lo dispuesto en el artículo 19, aparte décimo octavo de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, cuyo tenor es el siguiente:

“Artículo 19.- (…) Las apelaciones que deben tramitarse ante el Tribunal Supremo de Justicia seguirán los siguientes procedimientos: Iniciada la relación de la causa, conforme a los autos, la parte apelante deberá presentar un escrito donde exponga las razones de hecho y de derecho en que fundamenta la apelación, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes. Inmediatamente, se abrirá un lapso de cinco (5) días hábiles continuos, para que la otra parte dé contestación a la apelación. La falta de comparecencia de la parte apelante se considerará como desistimiento de la acción, y así será declarado, de oficio o a instancia de la otra parte...”. (Destacado de la Sala).

El artículo citado establece la carga procesal para la parte apelante, de presentar dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al inicio de la relación de la causa, conforme a los autos, un escrito en el que se expongan las razones de hecho y de derecho en las que fundamenta su apelación. De igual forma, impone como consecuencia jurídica que la falta de comparecencia de la parte apelante se considerará como desistimiento tácito de la apelación y así será declarado, de oficio o a instancia de la otra parte.

Ahora bien, en el presente caso se dio cuenta en Sala el día 17 de abril de 2007, fecha en la cual se fijó el procedimiento aplicable a dicha causa y se concedió un lapso de quince días de despacho para que la parte apelante, en este caso la sociedad mercantil Inversiones Mayoral, C.A., fundamentara su apelación; sin embargo, y según pudo constatar esta Sala del cómputo realizado por la Secretaría mediante auto del 29 de mayo de 2007, la representación de la contribuyente no consignó dentro del aludido lapso el escrito a que se refiere el artículo 19, aparte décimo octavo de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, a saber, el escrito de fundamentación de su apelación.

Por este motivo, es procedente aplicar en el caso bajo examen la consecuencia jurídica prevista en el citado artículo, esto es el desistimiento tácito de la apelación interpuesta por la sociedad mercantil Inversiones Mayoral, C.A. Así se declara.

Finalmente, de conformidad con lo previsto en el aparte 17 del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, por no transgredir normas de orden público, se declara firme el fallo apelado. Así se declara.

IV

DECISIÓN

Por las razones precedentemente expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala Político-Administrativa, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara DESISTIDA la apelación ejercida por la contribuyente INVERSIONES MAYORAL, C.A., contra la sentencia No. 1121 dictada el 17 de marzo de 2005, por el Tribunal Superior Cuarto de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. En consecuencia, queda FIRME dicho fallo.

Publíquese, regístrese y notifíquese. Devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los nueve (09) días del mes de agosto del año dos mil siete (2007). Años 197º de la Independencia y 148º de la Federación.

 

La Presidenta

EVELYN MARRERO ORTÍZ

La Vicepresidenta

YOLANDA JAIMES GUERRERO

 

Los Magistrados,

LEVIS IGNACIO ZERPA

 

HADEL MOSTAFÁ PAOLINI

Ponente

 

EMIRO GARCÍA ROSAS

 

La Secretaria,

SOFÍA YAMILE GUZMÁN

En catorce (14) de agosto del año dos mil siete, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 01490.

 

 

La Secretaria,

SOFÍA YAMILE GUZMÁN

 

Busca más sentencias en Venley

Búsqueda avanzada, colecciones personalizadas y consultas a Kelsen.

Buscar sentencias