Sentencia N.º 01493
- Sentencia
- N.º 01493
- Fecha
- 14/08/2007
- Sala
- Político Administrativa
- Expediente
- 2005-5449
- Ponente
- Emiro García Rosas
- Procedimiento
- Apelación
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
MAGISTRADO PONENTE: EMIRO GARCIA ROSAS
EXP. Nº 2005-5449
Mediante escrito de fecha 10 de enero de 2007, el abogado Javier Prieto Arias, inscrito en el INPREABOGADO bajo el Nº 33.487, actuando con el carácter de sustituto de la ciudadana Procuradora General de la República, en representación del FISCO NACIONAL, según consta de poder autenticado ante la Notaría Pública Undécima del Municipio Bolivariano Libertador del Distrito Capital, en fecha 4 de mayo de 2005, quedando inserto bajo el N° 28, Tomo 78, de los Libros de Autenticaciones llevados por esa Notaría; solicitó la corrección de la sentencia dictada por esta Sala, signada con el N° 02937 de fecha 20 de diciembre de 2006, que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por esa representación judicial, contra el fallo N° 1209 del 21 de febrero de 2005, dictado por el Tribunal Superior Cuarto de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en cuyo dispositivo se declaró con lugar el recurso contencioso tributario ejercido en fecha 13 de diciembre de 2002 por la sociedad mercantil G.B.C. INGENIEROS CONTRATISTAS, S.A., contra el acto administrativo contenido en el oficio N° GAG-1000-DT-R-2002-0041 de fecha 20 de marzo de 2002, y las Planillas de Liquidación de Gravámenes, Forma 81, números H-01-0004942 y H-01-0004943, notificadas en fecha 01 de abril de 2002, emanados de la Gerencia de la Aduana Principal de Guanta en la ciudad de Puerto La Cruz del Estado Anzoátegui, adscrita al Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), del Ministerio de Finanzas (hoy Ministerio del Poder Popular para las Finanzas).
A través de diligencia consignada ante esta Sala en fecha 11 de enero de 2007, la abogada Yrene López Noriega, inscrita en el INPREABOGADO bajo el N° 60.448, actuando con el carácter de apoderada judicial de la referida sociedad mercantil, según consta de poder autenticado ante la Notaría Pública Tercera del Municipio Sucre del Estado Miranda en fecha 22 de junio de 2002, quedando anotado bajo el N° 587, Tomo 120 de los Libros de Autenticaciones llevados por esa Notaría; se dio por notificada de la sentencia.
La representación judicial de la contribuyente, por diligencia del 7 de junio de 2007 solicitó se libren las notificaciones a que hace referencia la sentencia N° 02937 de fecha 20/12/06, recaída en la presente causa
I
ANTECEDENTES
La sentencia cuya corrección fue solicitada, expresó en su parte dispositiva lo siguiente:
( ) En virtud de los razonamientos anteriormente expuestos, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala Político-Administrativa, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara:
SIN LUGAR el recurso de apelación intentado por la representación judicial del FISCO NACIONAL, contra la sentencia N° 1209 de fecha 21 de febrero de 2005, dictada por el Tribunal Superior Cuarto de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. En consecuencia, se CONFIRMA la declaratoria de inaplicabilidad del artículo 30 del Reglamento de la Ley Orgánica de Aduanas sobre los Regímenes de Liberación, Suspensión y otros Regímenes Aduaneros Especiales para la causación de intereses moratorios en el presente caso.
Se CONDENA EN COSTAS al Fisco Nacional en el cinco por ciento (5%) de la cuantía del recurso, de conformidad con lo establecido en el artículo 327 del Código Orgánico Tributario.
II
SOLICITUD DE CORRECCIÓN
Por su parte, en su escrito de solicitud de corrección de fecha 10 de enero de 2007, la representación judicial de la República expuso lo siguiente:
( ) Por lo anteriormente expuesto, esta representación de la República concluye, que para la procedencia de las costas se requiere el vencimiento total de la parte, bien sea en el fondo del proceso o en una incidencia. ( ).
Cabe señalar, que en el caso que nos ocupa, si bien es cierto que la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 20 de diciembre de 2006, declaró en el capítulo relativo al dispositivo de la SENTENCIA, sin lugar la apelación interpuesta por esta representación de la República, CONDENANDOLA EN COSTAS, no es menos cierto, que en capítulo referido a la parte motiva de la señalada sentencia, se advierte, que se disiente del pronunciamiento de la recurrida en cuanto a la figura de la autoliquidación, y que respecto al alegato formulado por la representación de la República, la Sala expresó: (sic).
Con relación al vicio de falso supuesto en que, a decir del apelante, incurrió el a quo al considerar que la autoliquidación en materia tributaria aduanera es inexistente, advierte esta Sala que efectivamente en el ordenamiento jurídico previsto en la Ley Orgánica de Aduanas y su Reglamento, específicamente en el capítulo denominado De la Liquidación, Pago y Retiro, se encuentra contemplada la posibilidad de autoliquidación de tributos aduaneros, por lo que esta Sala disiente del pronunciamiento contenido en la recurrida en ese sentido, en razón de lo cual, incurre con tal declaratoria en el alegado vicio. Así se declara,
En razón de lo anterior, considera esta representación de la República, que el pronunciamiento correcto ha debido ser PARCIALMENTE con lugar, eliminándose de esta manera la posibilidad de la condenatoria en costas de la República.
Se podría agregar, que existe una incongruencia en la sentencia bajo análisis, por cuanto de la lectura del capítulo referido a la motiva, se evidencia, que esta representación de la República tuvo motivos racionales suficientes para litigar, por lo que en el capítulo relativo a la dispositiva no ha debido ser condenada en costas procesales.
Con ocasión a nuestra solicitud de corrección de la sentencia, debemos recordar, que esta es la facultad otorgada al juez que ha pronunciado un fallo, de rectificar o subsanar a petición de parte, los errores materiales, dudas u omisiones que aparecieren del fallo o dictar ampliaciones de la misma.
omissis
Ahora bien, estando dentro del lapso procesal previsto en el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, solicito se sirva realizar la corrección del dispositivo de la mencionada sentencia dictada en la presente causa, y como consecuencia de ello, la misma deba ser declarada PARCIALMENTE CON LUGAR, e improcedente la condenatoria en costas procesales.
omissis
Por todo lo expuesto, y a los fines de evitar se lesione el derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva de la República Bolivariana de Venezuela, solicito respetuosamente ante esta Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, considere los anteriores alegatos.
III
MOTIVACIÓN
Determinado lo anterior, el objeto de la presente decisión quedó circunscrito al estudio de la solicitud de corrección formulada por la representación judicial del Fisco Nacional, la cual versa sobre el dispositivo de la sentencia dictada por esta Sala signada con el Nº 02937 de fecha 20 de diciembre de 2006, que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra el fallo N° 1209 del 21 de febrero de 2005, dictado por el Tribunal Superior Cuarto de lo Contencioso Tributario del Área Metropolitana de Caracas, por medio del cual se declaró con lugar el recurso contencioso tributario ejercido por la sociedad mercantil G.B.C. INGENIEROS CONTRATISTAS, S.A.
Así, antes de proveer sobre lo solicitado, debe la Sala verificar si la referida solicitud fue consignada tempestivamente, conforme al dispositivo procesal que regula la materia, contenido en el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, el cual establece:
Artículo 252.- Después de pronunciada la sentencia definitiva o la interlocutoria sujeta a apelación, no podrá revocarla ni reformarla el Tribunal que la haya pronunciado.
Sin embargo, el Tribunal podrá, a solicitud de parte, aclarar los puntos dudosos, salvar las omisiones y rectificar los errores de copia, de referencias o de cálculos numéricos, que aparecieren de manifiesto en la misma sentencia, o dictar ampliaciones, dentro de tres días, después de dictada la sentencia, con tal de que dichas aclaraciones y ampliaciones las solicite alguna de las partes el día de la publicación o en el siguiente. (Destacado de la Sala).
Respecto del alcance de la norma previamente transcrita, en relación al lapso procesal del cual disponen las partes para solicitar las aclaratorias y ampliaciones de fallos, esta Sala se ha pronunciado en otras oportunidades en el sentido de que los referidos lapsos deben preservar el derecho al debido proceso y a una justicia transparente, consagrados en la vigente Constitución, y no constituir por su extrema brevedad, un menoscabo al ejercicio de dichos derechos (Vid. Sentencia Nº 00124 del 13 de febrero de 2001, caso: Olimpia Tours and Travel C.A.), en la que se estableció lo siguiente:
( ) En consecuencia, en virtud de los razonamientos expuestos, esta Sala conforme a lo previsto en el artículo 334, primer aparte, de la Constitución desaplica en el presente caso, con efectos ex nunc, el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, que limita el inicio del lapso para interponer los recursos en dicho artículo previstos, a la oportunidad que el mismo señala y, en consecuencia, establece que la oportunidad para ejercer la corrección de sentencias consagrado en el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, podrá ejercerse: (i) vencido como se encuentre el lapso para sentenciar, aún cuando la sentencia se ha publicado dentro de los lapsos respectivos, (ii) o a partir del vencimiento del lapso único de diferimiento, cuando la sentencia se publica dentro del mismo o a partir de la última notificación de las partes, notificación que se practicará de conformidad con el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil, cuando la sentencia se publique fuera del lapso para sentenciar, o del de su único diferimiento y no a partir de la publicación misma, como literalmente indica el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil y ASI SE DECLARA.
omissis
Examinada la norma bajo análisis se observa que en un sistema fundamentalmente escrito como el nuestro, y limitadas las presentes consideraciones a los procesos seguidos ante esta Sala, y a los supuestos contenidos en la norma considerada, la misma carece de racionalidad en virtud de que no encontramos elemento de tal naturaleza que justificando la extrema brevedad del lapso, no implique un menoscabo del contenido esencial a solicitar el derecho a una justicia transparente, en comparación con supuestos de gravedad similares como es el caso de la apelación y, siendo así esta Sala, en el presente caso, considera necesario aplicar con preferencia la vigencia de las normas constitucionales sobre el debido proceso relativas a la razonabilidad de los lapsos con relación a la norma del artículo 252 del Código de Procedimiento Civil y, en ejecución de lo dispuesto en el artículo 334 de la Constitución, dispone en forma conducente, con efectos ex nunc, que el lapso para oír la solicitud de aclaratoria formulada es igual al lapso de apelación del artículo 298 del Código de Procedimiento Civil, salvo que la ley establezca un lapso especial para la misma en los supuestos de los actos a que se refiere el artículo 252 eiusdem.
Haciendo efectiva la aplicación del anterior criterio al caso de autos, se observa que la solicitud de aclaratoria fue consignada ante esta Sala en fecha 10 de enero de 2007; en tanto que la sentencia objeto de la misma fue dictada el 20 de diciembre de 2006. Empero, al dictar la Sala el aludido fallo, ordenó notificar a las partes de su contenido, sin que en la práctica se haya dado cumplimiento a tal instrucción, salvo el caso de la empresa contribuyente que, a través de la consignación de la diligencia de fecha 11 de enero de 2007, se dio por notificada de la referida sentencia.
Por lo que, el lapso procesal con el cual contaban las partes para ejercer cualquiera de los recursos previstos en el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, no había comenzado a transcurrir para el momento en que la representación judicial del Fisco Nacional interpuso formalmente su solicitud de corrección de la sentencia supra identificada, razón por la cual, contrario a lo sostenido por dicha representación judicial, tal solicitud fue formulada de manera extemporánea por anticipada.
No obstante, este Máximo Tribunal ha declarado en múltiples oportunidades, específicamente en la sentencia N° 01112 del 4 de mayo de 2006, que: no puede penalizarse a la parte que en clara manifestación de diligencia, se ha adelantado a los lapsos establecidos para su interposición; encontrándose el órgano de justicia en la obligación de tramitarlos en los mismos términos que en los casos en los cuales su ejercicio se ha producido tempestivamente, a diferencia del supuesto en que la parte de que se trate, impugne el acto seguido al vencimiento del período hábil dispuesto a tales fines, en cuyo caso la causa del retardo sería, en principio, injustificable y el recurso debería por consiguiente, ser desestimado.
En atención al criterio parcialmente transcrito, considera esta Sala que la referida solicitud de corrección fue tempestivamente interpuesta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 298 del Código de Procedimiento Civil, en cuyo caso se dispone a proveer en torno a lo solicitado. Así se declara.
Considera esta Sala oportuno destacar que las figuras de la aclaratoria, salvatura, ampliación y rectificación de las sentencias, contempladas en el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, aluden a la posibilidad jurídica de hacer correcciones a las sentencias, por medios específicos, teniendo cada uno de ellos finalidades distintas conforme a las deficiencias que presenten las sentencias (Ver sentencia N° 186, de la Sala de fecha 17 de febrero de 2000).
Así, cada uno de los medios de corrección de la sentencia, presenta su propia especificidad procesal, a pesar de que con frecuencia se les trate uniformemente, creándose confusiones que pueden impedir el cabal conocimiento y decisión de la solicitud.
Asimismo, en aplicación de los conceptos que informan la doctrina procesal sobre los medios de enmienda o corrección de la sentencia, así como de las previsiones que los regulan en nuestro ordenamiento, y dispuesta la posibilidad jurídica de solicitar aclaratorias y ampliaciones a la sentencia, después de dictada y publicada, bien podría esta Sala ampliar o aclarar los puntos dudosos de su fallo, mas nunca disminuirlo o modificarlo.
En tal sentido, señaló la representación judicial del Fisco Nacional, que: existe una incongruencia en la sentencia bajo análisis, por cuanto de la lectura del capítulo referido a la motiva se evidencia, que esta representación de la República, tuvo motivos racionales suficientes para litigar, por lo que, en el capítulo relativo a la dispositiva, no ha debido ser condenada en costas procesales.
En el caso de autos, se observa que la solicitud de corrección fue presentada a los efectos de que esta Sala emita un pronunciamiento en cuanto a la modificación del dispositivo de la sentencia dictada por ésta en fecha 20 de diciembre de 2006, siendo que el recurso de apelación fue declarado sin lugar, y que la representación fiscal pretende que se declare parcialmente con lugar la apelación, lo que traería como consecuencia la no condenatoria en costas; juzga este Alto Tribunal que tal petición más que procurar corregir un término del fallo que resulte dudoso, ambiguo o impreciso, o ampliar alguno de los puntos debatidos, persigue que este Máximo Tribunal modifique o reforme la sentencia, lo que está expresamente prohibido por el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil.
Adicionalmente, el citado artículo 252 prevé que dichas correcciones se limitan a los errores de copia, de referencia o de cálculos numéricos, supuestos distintos a los alegados por la representación judicial del Fisco Nacional para exigir la corrección de la sentencia objeto de la presente solicitud. Por tanto, este Máximo Tribunal observa que aún cuando, en la parte motiva del fallo objeto de la presente solicitud se concedió la razón al Fisco Nacional, respecto de la denuncia que hiciera en cuanto al vicio de falso supuesto en que había incurrido el tribunal de instancia al considerar que la autoliquidación en materia tributaria aduanera es inexistente. No obstante, este Máximo Tribunal aprecia que, el hecho de que la autoliquidación de gravámenes y demás derechos causados con ocasión de la introducción o extracción de mercancías del territorio aduanero nacional esté regulada o no por la legislación especial, la misma hace referencia a aspectos meramente formales, razón por la cual, tal declaratoria no tiene incidencia sobre el fondo del asunto debatido, por lo que esta Sala concluye que la condenatoria en costas al Fisco Nacional se encuentra ajustada a derecho. Así de declara.
En razón de lo anteriormente expuesto, esta Sala declara la improcedencia de la solicitud de corrección que hiciera la representación fiscal de la sentencia dictada por este Alto Tribunal en fecha 20 de diciembre de 2006, identificada con el N° 02937, por medio de la cual se declaró sin lugar el recurso de apelación ejercido por dicha representación contra la sentencia N° 1209 de fecha 21 de febrero de 2005, dictada por el Tribunal Superior Cuarto de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en la que a su vez, se declaró con lugar el recurso contencioso tributario interpuesto por la sociedad mercantil G.B.C. Ingenieros Contratistas, S.A.
IV
DECISIÓN
En virtud de los razonamientos precedentemente expuestos, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara IMPROCEDENTE la solicitud de corrección de la sentencia N° 02937, dictada 20 de diciembre de 2006, presentada por el abogado Javier Prieto Arias, actuando en representación del FISCO NACIONAL.
Publíquese, regístrese y notifíquese. Remítase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los nueve (09) días del mes de agosto del año dos mil siete (2007). Años 197º de la Independencia y 148º de la Federación.
La Presidenta
EVELYN MARRERO ORTÍZ
La Vicepresidenta
YOLANDA JAIMES GUERRERO
Los Magistrados,
LEVIS IGNACIO ZERPA
HADEL MOSTAFÁ PAOLINI
EMIRO GARCÍA ROSAS
Ponente
La Secretaria,
SOFÍA YAMILE GUZMÁN
En catorce (14) de agosto del año dos mil siete, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 01493.
La Secretaria,
SOFÍA YAMILE GUZMÁN
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