Sentencia N.º 01521
- Sentencia
- N.º 01521
- Fecha
- 14/08/2007
- Sala
- Político Administrativa
- Expediente
- 2007-0612
- Ponente
- Evelyn Margarita Marrero Ortiz
- Procedimiento
- Recurso de Nulidad
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
MAGISTRADA PONENTE: EVELYN MARRERO ORTÍZ
EXP. Nº CS-2007-0063
Mediante oficio N° 0987 de fecha 12 de julio de 2007, el Juzgado de Sustanciación remitió a esta Sala Político-Administrativa las copias certificadas del expediente contentivo del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con solicitud de suspensión de efectos, por el abogado Tomás Antonio Pérez, inscrito en el INPREABOGADO bajo el N° 45.397, actuando con el carácter de apoderado judicial de la abogada GIOVANNA DE FALCO GONZÁLEZ, titular de la cédula de identidad Nº 7.921.630, contra el acto administrativo s/n de fecha 27 de abril de 2007 emanado de la COMISIÓN JUDICIAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA, mediante el cual se dejó sin efecto la designación de la recurrente en el cargo de Jueza del Tribunal Séptimo de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas.
Por auto del 25 de julio de 2007 se dio cuenta en Sala y se designó ponente a la Magistrada Evelyn Marrero Ortíz, a los fines de decidir la solicitud de pronunciamiento previo.
I
DEL RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
DE NULIDAD
En el escrito contentivo del recurso contencioso administrativo de nulidad, el apoderado judicial de la parte actora manifestó lo siguiente:
Señala, que su representada después de una exigente y rigurosa capacitación, fue seleccionada para ocupar el cargo de Jueza Titular del Juzgado Séptimo de Primera Instancia de Juicio del Régimen Procesal Transitorio del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, siendo juramentada el 18 de agosto de 2003.
Asegura que, el 20 de diciembre de 2005, el Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela publicó en su página Web (www.tsj.gov.ve) que la Sala Plena anunció la incorporación de los nombres de los 64 jueces del país que ganaron su titularidad y entre ellos aparece relacionada, como jueces de la Categoría B en materia laboral la abogada GIOVANNA DE FALCO GONZÁLEZ, los cuales ganaron el Concurso de oposición para el ingreso y permanencia en el Poder Judicial. En esa misma oportunidad, se informó -según aduce- que el otorgamiento de esa titularidad de sus cargos, es con el propósito de eliminar la provisionalidad en el sistema de Administración de Justicia.
Que, en fecha 31 de marzo de 2006, fue juramentada nuevamente con ocasión de la ampliación de competencias del Juzgado a su cargo.
Indica, que al dictar el acto administrativo mediante el cual se dejó sin efecto la designación de su representada, la Comisión Judicial incumplió lo previsto en los ordinales 1°, 2°, 3° y 4° del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, violando el derecho al debido proceso.
Al respecto, señala que dicho acto está viciado de nulidad absoluta, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, toda vez que fue dictado sin seguirse un procedimiento administrativo previo, sin permitirle exponer los alegatos que considerase pertinentes a los fines de ejercer su defensa y sin tener acceso a alguna clase de prueba; lo cual causó a su representada un estado de indefensión evidente.
Asegura que el acto administrativo impugnado adolece del vicio de inmotivación, pues en él no se exponen las razones por las cuales la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia decidió dej[ar] sin efecto su nombramiento como jueza.
Denuncia la violación del derecho a la presunción de inocencia, toda vez que hasta la fecha de interposición del recurso no han sido presentados los medios probatorios, que evidencien alguna responsabilidad de la [recurrente].
Alega, la transgresión del principio de legalidad de los delitos (faltas) y de las penas, por cuanto en ninguna de las normas del ordenamiento jurídico que pudieran ser aplicables a los integrantes del Poder Judicial, se faculta al órgano administrativo para dejar sin efecto el nombramiento de un juez de forma unilateral y sin seguirse un procedimiento administrativo con ocasión de una causa preexistente.
Sostiene, que con la emisión del acto recurrido se menoscabaron los derechos de su representada al trabajo y a la estabilidad en el cargo, consagrados en los artículos 89 y 93 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Arguye, que la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia designó a la recurrente para ocupar el cargo de Jueza Titular del Tribunal Séptimo de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas; razón por la cual correspondería a esa misma Sala destituirla, removerla o dejar sin efecto su designación, y no a la Comisión Judicial.
II
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Corresponde a esta Sala pronunciarse sobre la solicitud de suspensión de efectos formulada por el apoderado de la abogada Giovanna De Falco González, y a tal efecto observa:
Ha sido criterio reiterado de esta Sala Político-Administrativa, que la suspensión de efectos de los actos administrativos a que se refiere el aparte 21 del artículo 21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, constituye una excepción al principio de ejecutoriedad de los actos administrativos, a fin de evitar que se produzcan lesiones irreparables o de difícil reparación al ejecutarse la decisión definitiva, lo cual representaría una vulneración del derecho fundamental de acceso a la justicia y al debido proceso.
En tal sentido, la decisión del Juez debe fundamentarse no sobre simples alegatos de perjuicio sino en la argumentación y acreditación de los hechos concretos de los cuales se desprenda la presunción de un posible perjuicio real y procesal para la recurrente.
Así, el aparte vigésimo primero del artículo 21 de la Ley Orgánica que ahora rige las funciones del Máximo Tribunal, establece:
El Tribunal Supremo de Justicia podrá suspender los efectos de un acto administrativo de efectos particulares, cuya nulidad haya sido solicitada, a instancia de parte, cuando así lo permita la Ley o la suspensión sea indispensable para evitar perjuicios irreparables o de difícil reparación por la definitiva, teniendo en cuenta las circunstancias del caso. A tal efecto, se deberá exigir al solicitante preste caución suficiente para garantizar las resultas del juicio.
De esta manera, la medida de suspensión de efectos procede ante la concurrencia de determinados requisitos, esto es, que haya una presunción grave del buen derecho del recurrente (fumus boni iuris); y, adicionalmente, que la medida sea necesaria para evitar perjuicios irreparables o de difícil reparación, o evitar el riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo (periculum in mora).
En efecto, el fumus boni iuris se erige como el fundamento de la protección cautelar dado que, en definitiva, sólo a la parte que tiene la razón en juicio puede causársele perjuicios irreparables que deben ser evitados, bien sean producidos por la contraparte o que deriven de la tardanza del proceso; mientras que el periculum in mora es requerido como supuesto de procedencia en el caso concreto.
Establecidos los anteriores lineamientos, pasa la Sala a determinar si en el caso concreto se verifica la concurrencia de ambos requisitos y, en tal sentido, observa:
Aduce el apoderado actor de la parte recurrente que, en fecha 18 de agosto de 2003, su representada fue juramentada como Jueza Titular del Tribunal Séptimo de Primera Instancia de Juicio del Régimen Procesal Transitorio del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas.
Que, el 20 de diciembre de 2005, el Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela publicó en su página Web (www.tsj.gov.ve) que la Sala Plena anunció la incorporación de los nombres de los 64 jueces del país que ganaron su titularidad y entre ellos aparece relacionada, como jueces de la Categoría B en materia laboral la abogada GIOVANNA DE FALCO GONZÁLEZ, los cuales ganaron el Concurso de oposición para el ingreso y permanencia en el Poder Judicial. En esa misma oportunidad, se informó -según aduce- que el otorgamiento de esa titularidad de sus cargos, es con el propósito de eliminar la provisionalidad en el sistema de Administración de Justicia.
Alega que, el 31 de marzo de 2006, su representada fue juramentada nuevamente como Jueza Titular del Juzgado a su cargo, con ocasión de la ampliación de competencias de dicho Tribunal.
Denuncia, que al ser la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia la que designó a la recurrente en el cargo de Jueza Titular del Tribunal Séptimo de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, correspondería a esa misma Sala destituirla, removerla o dejar sin efecto su designación, y no a la Comisión Judicial.
Ahora bien, ante estos alegatos, debe la Sala destacar que la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia es la representación abreviada de la totalidad de los miembros que componen el Tribunal Supremo de Justicia, al punto que se encuentra integrada por un magistrado de cada una de las Salas que conforman la máxima instancia jurisdiccional y se encuentra legitimada para actuar por delegación en las tareas que le sean asignadas por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, dentro del amplio espectro que conlleva la dirección, gobierno y administración del Poder Judicial. (vid. sentencias de esta Sala números 01798 y 02581 de fechas 19 de octubre de 2004 y 15 de noviembre de 2006, respectivamente).
Así pues, la Comisión Judicial tiene amplias posibilidades de actuación en todas aquellas tareas que el Máximo Tribunal le asigne y que puedan eventualmente desarrollarse para proceder en su representación, entre las cuales se encuentra la referente al ingreso y la permanencia de los jueces provisorios o temporales en el Poder Judicial (vid. sentencia de esta Sala N° 2581 del 15 de noviembre de 2006).
Bajo esta premisa, de las copias simples que conforman el cuaderno separado, observa la Sala que a los fines de demostrar su titularidad en el cargo de Jueza del Juzgado Séptimo de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, la recurrente presentó los siguientes documentos: i) Nota de Prensa de fecha 20 de diciembre de 2005, publicada en la página web del Tribunal Supremo de Justicia (www.tsj.gov.ve), por la cual se anunció la incorporación de 64 nuevos Jueces Titulares, ganadores de los concursos de oposición para el ingreso y permanencia en el Poder Judicial, entre los que se señala a la abogada Giovanna De Falco González como Jueza de la Categoría B en materia laboral (folio 55); ii) Listado de juramentación de jueces titulares tomado de la página web del Tribunal Supremo de Justicia (www.tsj.gov.ve) de fecha 20 de diciembre de 2005, emanado del Tribunal Supremo de Justicia, en la que se enuncia a la referida abogada como Jueza Titular de la Categoría B en materia laboral, específicamente, como Jueza Titular de Primera Instancia del Trabajo (folio 67); iii) Reseña de la Jueza Giovanna De Falco González, publicada en la dirección http://lara.tsj.gov.ve/jueces.asp?juez=2803&id=010&id2= de la página web del Tribunal Supremo de Justicia, en la que se lee que la mencionada abogada se desempeñó como Jueza Temporal del Tribunal Séptimo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo; iv) Oficio Nº 830-07 del 4 de mayo de 2007, suscrito por la Presidenta del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, anexo al cual se le remitió a la parte actora el oficio Nº CJ-07-0913 de fecha 27 de abril de 2006, emanado de la Presidenta de la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, donde le notifican que dicho Órgano acordó dejar sin efecto su designación como Jueza Séptima de Primera Instancia de juicio del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y v) Recibos de Nómina correspondientes a los meses de agosto y septiembre de 2006, enero, febrero, marzo y abril (primeros 15 días) de 2007 emitidos por la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM).
Ahora bien, del análisis efectuado a los recaudos aportados por el apoderado judicial de la abogada Giovanna De Falco González para fundamentar la solicitud de la medida de suspensión de efectos, considera esta Sala que no existen en autos elementos suficientes que hagan presumir la existencia del buen derecho de la recurrente.
Por el contrario, evidencia la Sala una inconsistencia entre los recaudos presentados y lo afirmado por la solicitante, toda vez que en la mencionada reseña de la Jueza Giovanna De Falco González, publicada en la dirección http://lara.tsj.gov.ve/jueces.asp?juez=2803&id=010&id2= de la página web del Tribunal Supremo de Justicia, se lee que la mencionada abogada se desempeñó como Jueza Temporal del Tribunal Séptimo del Trabajo del Régimen Procesal Transitorio hasta el 31 de mayo de 2006, es decir, luego de haber sido supuestamente juramentada como Jueza Titular del Juzgado Séptimo de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas (20 de diciembre de 2005).
En virtud de lo antes señalado, concluye la Sala que en el caso concreto no se encuentra satisfecho el requisito del fumus boni iuris, es decir, la apariencia del buen derecho que se reclama.
Con relación a la existencia del segundo de los requisitos, esto es, el periculum in mora, resulta inoficioso emitir cualquier pronunciamiento, por cuanto los extremos requeridos para acordar la medida cautelar de suspensión de efectos deben verificarse concurrentemente. Por lo tanto, debe la Sala declarar improcedente la pretensión de suspensión de efectos del acto recurrido. Así se declara.
III
DECISIÓN
Atendiendo a los razonamientos antes señalados, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara IMPROCEDENTE la solicitud de suspensión de efectos formulada por el apoderado judicial de la abogada GIOVANNA DE FALCO GONZÁLEZ, contra el acto administrativo s/n de fecha 27 de abril de 2007, dictado por la COMISIÓN JUDICIAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA.
Publíquese, regístrese y notifíquese. Agréguese copia certificada de esta decisión a la pieza principal. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los catorce (14) días del mes de agosto del año dos mil siete (2007). Años 197º de la Independencia y 148º de la Federación.
La Presidenta - Ponente
EVELYN MARRERO ORTÍZ
La Vicepresidenta
YOLANDA JAIMES GUERRERO
Los Magistrados,
LEVIS IGNACIO ZERPA
HADEL MOSTAFÁ PAOLINI
EMIRO GARCÍA ROSAS
La Secretaria,
SOFÍA YAMILE GUZMÁN
En esta misma fecha, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 01521.
La Secretaria,
SOFÍA YAMILE GUZMÁN
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