Venley

Sentencia N.º 01553

Sentencia
N.º 01553
Fecha
19/09/2007
Sala
Político Administrativa
Expediente
2001-0144
Ponente
Emiro García Rosas
Procedimiento
Apelación

Magistrado Ponente: EMIRO GARCÍA ROSAS              

  Exp. Nº 2001-0144

 

En fechas 13 de diciembre de 2000 y 13 de febrero de 2001, los abogados Germán Acedo Payares y Gustavo Domínguez Moreno, inscritos en el INPREABOGADO bajo los Nros. 64 y 5.927, respectivamente, actuando el primero, como apoderado judicial de la sociedad mercantil SERVICIOS DE INGENIERÍA INDUSTRIAL, C.A. (SICA), inscrita ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia el 27 de diciembre de 1976, bajo el N° 20, Tomo 29-A; carácter que consta de instrumento poder autenticado ante la Notaría Pública Novena del Municipio Libertador del Distrito Federal en fecha 18 de mayo de 1998, inserto bajo el Nº 63, Tomo 125 de los Libros de Autenticaciones llevados por dicha Notaría; y el segundo, como sustituto de la ciudadana Procuradora General de la República en representación del FISCO NACIONAL, carácter que consta de instrumento poder autenticado ante la Notaría Pública Undécima del Municipio Libertador del Distrito Capital en fecha 10 de noviembre de 2000, inserto bajo el Nº 87, Tomo 252 de los Libros de Autenticaciones llevados por dicha Notaría; interpusieron recursos de apelación contra la sentencia Nº 539 dictada el 19 de octubre de 2000 por el Tribunal Superior Quinto de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso tributario incoado por la contribuyente.

El recurso contencioso tributario fue interpuesto contra la Resolución Nº GRTIRZ-DSA-023 de fecha 27 de marzo de 1998, emanada de la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Zuliana del Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria (SENIAT), la cual determinó para los períodos tributarios comprendidos desde enero de 1994 hasta febrero de 1995, las cifras siguientes:

1)                          diferencias en el impuesto al valor agregado e impuesto al consumo suntuario y a las ventas al mayor, por la cantidad de bolívares treinta y dos millones cuatrocientos veinticinco mil trescientos noventa con diecisiete céntimos (Bs. 32.425.390,17);

2)                          multas por la cantidad de bolívares ciento treinta y siete millones doscientos ochenta y cuatro mil ciento veintisiete con diez céntimos (Bs. 137.284.127,10);

3)                          actualización monetaria por la cantidad de bolívares setenta y cuatro millones dos mil ciento cincuenta con diez céntimos (Bs. 74.002.150,10);

4)                          intereses moratorios por la cantidad de bolívares veinticinco millones setecientos sesenta y cinco mil setecientos sesenta y nueve con noventa y nueve céntimos (Bs. 25.765.769,99);

5)                          intereses compensatorios por la cantidad de bolívares treinta y seis millones ciento cuarenta y cinco mil seiscientos cincuenta y cuatro con ochenta y dos céntimos (Bs. 36.145.654,82).

Mediante auto de fecha 20 de febrero de 2001, el Tribunal de la causa oyó en ambos efectos las apelaciones interpuestas y en consecuencia, remitió ese mismo día a esta Sala el original del respectivo expediente mediante oficio Nº 2994.

El 28 de febrero de 2001 se dio cuenta en Sala, y por auto de la misma fecha se ordenó aplicar el procedimiento de segunda instancia previsto en el Capítulo III del Título V de la Ley Orgánica de la Corte Suprema Justicia vigente ratione temporis, se designó ponente a la Magistrada Yolanda Jaimes Guerrero y se fijó el décimo (10°) día de despacho para comenzar la relación.

Mediante escrito consignado el 22 de marzo de 2001 el representante del Fisco Nacional fundamentó su apelación. En la misma fecha comenzó la relación.

El 29 de marzo de 2001 la abogada Judith Elena Vargas Meneses, inscrita en el INPREABOGADO bajo el Nº 12.820, actuando con el carácter de apoderada judicial de la contribuyente, según consta en documento poder ya señalado, se adhirió a la apelación ejercida por el Fisco Nacional de conformidad con lo previsto en el artículo 299 del Código de Procedimiento Civil, fundamentándola en dicho escrito. En la mencionada fecha el representante del Fisco Nacional solicitó a esta Sala “se deje constancia de los días de despacho transcurridos entre el 28-02-01 al 22-03-01, ambos inclusive, con el objeto de que en la oportunidad legal se determine que la contribuyente Servicios de Ingeniería Industrial C.A., (SICA), no presentó escrito de formalización de la apelación…solicito sea declarada desistida…”.

Mediante diligencia de fecha 3 de abril del 2001, la abogada Judith Elena Vargas Meneses expuso: “solicito a esta Honorable Instancia, desestime lo solicitado por el representante del Fisco Nacional en diligencia del 29 de marzo de 2001, por cuanto el artículo 299 del Código de Procedimiento Civil nos da la alternativa y el derecho de adherirnos a la apelación interpuesta por el Fisco Nacional. De hecho, nosotros presentamos la adhesión de la apelación en fecha 29 de marzo de 2001…”.

El día 23 de mayo de 2001, oportunidad fijada para la realización del acto de Informes, comparecieron las partes y consignaron sus escritos. La Sala previa su lectura por Secretaría, ordenó agregarlos a los autos y seguidamente dijo VISTOS.

Por auto de fecha 23 de mayo de 2005 se dejó constancia de que el 17 de enero de 2005, se incorporaron a esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, los Magistrados Emiro García Rosas y Evelyn Marrero Ortíz, designados por la Asamblea Nacional el 13 de diciembre de 2004. Posteriormente, en fecha 2 de febrero de 2005, fue elegida la Junta Directiva del Tribunal Supremo de Justicia, quedando conformada la Sala Político-Administrativa de la siguiente forma: Presidenta, Magistrada Evelyn Marrero Ortíz; Vicepresidenta, Magistrada Yolanda Jaimes Guerrero; y Magistrados Levis Ignacio Zerpa, Hadel Mostafá Paolini y Emiro García Rosas. Asimismo, se ordenó la continuación de la presente causa.

En fecha 9 de mayo de 2006 el abogado Víctor R. García R., inscrito en el INPREABOGADO bajo el Nº 76.667, actuando como sustituto de la ciudadana Procuradora General de la República, en representación del Fisco Nacional, carácter que consta de instrumento poder autenticado ante la Notaría Pública Undécima del Municipio Libertador del Distrito Capital en fecha 10 de febrero de 2006, inserto bajo el Nº 15, Tomo 17 de los Libros de Autenticaciones llevados por dicha Notaría, solicitó se dictase sentencia en la presente causa.

En fecha 6 de junio de 2006, en virtud de la nueva conformación de la Sala, se designó ponente al Magistrado Emiro García Rosas.

Realizado el estudio de las actas procesales, pasa esta Sala a decidir con fundamento en las siguientes consideraciones:

 

I

FUNDAMENTOS DEL REPARO

 

Mediante Resolución Nº GRTIRZ-DSA-023 de fecha 27 de marzo de 1998, la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Zuliana del Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria (SENIAT) determinó diferencias en el impuesto al valor agregado e impuesto al consumo suntuario y a las ventas al mayor y le impuso sanciones a la sociedad mercantil Servicios de Ingeniería Industrial, C.A. (SICA), como sigue:

período tributario

tributo

multas

actualización monetaria

intereses

materia

monto

artículo 99 del COT del 92; artículo 97 del COT del 94

artículos 106 y 75 del COT del 92

moratorios

compensatorios

Ene-94

IVA

7.365.568,01

7.733.846,41

15.000,00

 

14.572.703,45

 

Feb-94

IVA

539.285,71

593.214,28

17.000,00

 

1.100.669,04

 

Mar-94

IVA

0,00

0,00

34.000,00

 

0,00

 

Abr-94

IVA

560.842,50

644.968,87

18.000,00

 

1.071.010,48

 

May-94

IVA

4.909.495,66

5.891.394,79

19.000,00

 

9.021.387,02

 

Jun-94

IVA

0,00

0,00

40.000,00

 

0,00

 

Ago-94

ICSVM

6.742.911,01

45.346.076,53

 

29.533.950,22

 

15.030.712,83

Oct-94

ICSVM

3.456.022,92

22.149.651,08

 

13.582.170,22

 

6.718.727,49

Nov-94

ICSVM

1.963.840,69

12.513.592,86

 

7.305.487,36

 

3.562.511,74

Dic-94

ICSVM

2.123.771,61

13.558.157,95

 

7.560.626,93

 

3.625.193,18

Ene-95

ICSVM

4.356.934,18

27.923.591,15

 

14.900.714,89

 

7.016.203,47

Feb-95

ICSVM

104.834,88

679.330,02

 

348.051,80

 

160.472,84

May-95

ICSVM

301.883,00

107.303,16

 

771.148,68

 

31.833,27

 

32.425.390,17

137.141.127,10

143.000,00

74.002.150,10

25.765.769,99

36.145.654,82

En la fiscalización practicada, la Administración Tributaria dejó constancia de lo siguiente:

Que la contribuyente “no presentó la declaración de Impuesto al Valor Agregado” correspondiente a los períodos comprendidos desde enero hasta junio de 1994, lo cual consta en Actas de Reparo de fecha 11 de junio de 1997 Nros. GRTIRZ-DFC-292, 293, 294, 295, 296 y 297, respectivamente;

Que la contribuyente “no declaró la base imponible y el total de impuesto, la cual corresponde a la prestación de servicios por concepto de construcción de obras ejecutadas a C.A.N.T.V.” correspondiente a los períodos agosto, octubre, noviembre y diciembre de 1994, lo cual consta en Actas de Reparo de fecha 11 de junio de 1997 Nros. GRTIRZ-DFC-299, 300, 301 y 302, respectivamente;

Que la contribuyente “determinó erróneamente sus débitos fiscales” por un monto de Bs. 8.874.598,00, siendo la cantidad correcta Bs. 9.711.301,13, resultando una diferencia de Bs. 836.703,13; y que “reportó bajo el concepto de ventas a no contribuyentes”, la cantidad de Bs. 77.690.409,00, cuya cantidad correcta asciende a Bs. 91.393.737,00, de donde surge una diferencia de Bs. 13.703.328,00, por concepto de “prestación de servicios (construcción de obras) ejecutadas que no incluyó en la declaración” correspondiente al período enero de 1995, lo cual consta en Acta de Reparo de fecha 11 de junio de 1997 Nº GRTIRZ-DFC-303;

Que la actuación fiscal determinó una diferencia en los créditos fiscales declarados por Bs. 838.675,00, que corresponde a duplicidad en factura “ya que la misma estaba solicitada como crédito para el mes de enero de 1995”, lo cual consta en Acta de Reparo de fecha 11 de junio de 1997 Nº GRTIRZ-DFC-304, correspondiente al período febrero de 1995; y

Que la actuación fiscal determinó una diferencia en los créditos fiscales declarados por Bs. 173.030,24, que corresponde a “gastos sin comprobación, ya que no fue presentado el documento o soporte que ampare dicha compra, y pueda proceder como crédito”, lo cual consta en Acta de Reparo de fecha 11 de junio de 1997 Nº GRTIRZ-DFC-306 correspondiente al período mayo de 1995.

En la resolución culminatoria del sumario señalada al inicio de este capítulo, la Administración Tributaria impuso multas por contravención comenzando con el ciento cinco por ciento (105%) y “aplicando en forma supletoria los principios y normas del derecho penal… tal como lo autoriza el artículo 71 del Código Orgánico Tributario… de la forma contenida en el artículo 37 del Código Penal, relativa a la aplicación del término medio en los casos en que la ley castiga un delito o falta con una pena comprendida entre dos límites… En el presente caso, se observa la existencia de circunstancias agravantes que modifican la pena normalmente aplicable, toda vez que la contribuyente incurre en reiteración al cometer infracciones de la misma índole en los diferentes períodos investigados, agravante Nº 1…”. Así mismo, impuso multas por incumplimiento de deber formal al omitir la presentación oportuna de las declaraciones, las cuales están “graduadas en el término medio para el primer período y aumentada en dos unidades tributarias por período hasta su término máximo, por su comportamiento reiterativo para los diferentes períodos investigados…” y aplicando el artículo 75 del Código Orgánico Tributario de 1992, impone la sanción más grave (contravención), aumentada con la mitad de las otras penas (incumplimiento de deber formal), todo lo cual asciende a la cantidad de Bs. 137.284.127,10.

Finalmente, se liquidaron a cargo de la expresada contribuyente la cantidad de Bs. 74.002.150,10,  por concepto de actualización monetaria, Bs. 25.765.769,99, por concepto de intereses moratorios y Bs. 36.145.654,82 por concepto de intereses compensatorios.

 

II

FUNDAMENTOS DEL RECURSO CONTENCIOSO TRIBUTARIO

 

La recurrente rechaza el reparo por impuestos, multas y accesorios por las razones siguientes:

Que la posibilidad de que “el ciudadano Presidente de la República pudiera ser autorizado de conformidad con el ordinal 8º del artículo 190 de la Constitución para dictar ‘medidas extraordinarias en materia económica o financiera cuando así lo requiera el interés público’ … no podría abarcar ni comprender la institución de impuestos, contribuciones, ni tasa, ni sanciones de especie alguna” (sic), ya que el principio de legalidad en materia tributaria contemplado en el artículo 224 de la Constitución de la República de Venezuela de 1961 está referido, a su decir, a leyes sancionadas por las Cámaras como cuerpos colegisladores de conformidad con el artículo 162 eiusdem, por tanto el Congreso “no está facultado para delegar la materia tributaria”.

Que la resolución impugnada “pretende aplicarle a su situación particular, todas las previsiones contenidas en el artículo 59 del Código Orgánico Tributario (COT): 1º) Intereses de mora (3 puntos sobre la tasa bancaria activa), 2º) La ‘actualización monetaria de la deuda’ (último aparte del artículo 59 del COT), y 3º) Los intereses compensatorios (fijos, vale decir, invariables, equivalentes al 12% anual). Lo anterior, en adición a las multas que pudiesen ser estimadas procedentes”. Todo lo anterior totaliza la cantidad de bolívares trescientos cinco millones seiscientos veintitrés mil noventa y dos con dieciocho céntimos (Bs. 305.623.092,18), por lo que considera haber sido “pretermitidas las garantías y/o previsiones constitucionales contenidas en el artículo 99 (derecho de propiedad) 223 (principio de capacidad de las confiscaciones)” (sic).

Que el “SENIAT [no] es un organismo capaz de emitir obligaciones a cargo de los contribuyentes, de conformidad con nuestro ordenamiento jurídico”, por lo que considera que “no es posible” que al ser, a su decir,  “un servicio” por cuanto no tiene personalidad jurídica, pueda el funcionario Jesús Aranaga, en su carácter de Gerente Regional de Tributos Internos (encargado) de la Región Zuliana actuar en nombre del SENIAT, quien no tiene “per se, cualidad de actuar en juicio, ni capacidad de actuar en nombre del Fisco Nacional o la Nación, que sí tienen personalidad jurídica”, en razón de lo cual solicita “reconocer la falta de cualidad del SENIAT, para ser sujeto activo en las obligaciones tributarias y en consecuencia se declare nula la Resolución Nº GRTIRZ-DSA, del 27-03-98 y de todas sus planillas de impuesto, multa e intereses emitidas en base a ella” (sic), (agregado de la Sala).

Que el Presidente de la República delegó la atribución para administrar la Hacienda Pública Nacional al entonces denominado Ministro de Hacienda, quien a su vez “no puede delegar lo que le fue delegado”; sin embargo, cuando designa al ciudadano Jesús Aranaga como encargado de la Gerencia de Tributos Internos de la Región Zuliana del SENIAT, le confiere atribuciones que “no está en capacidad de atribuir, porque son competencias del Presidente de la República y sólo éste puede delegar”, por lo que concluye que el funcionario actuante no está habilitado para emitir resoluciones del sumario, ni liquidar o suscribir planillas, lo que haría nulos los actos administrativos impugnados.

Que debe ser declarada la perención “en contra de la Administración por haber excedido el lapso de cuatro (4) meses establecidos en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos” en su artículo 60, que le fija un período para el ejercicio pleno de las facultades de fiscalización e investigación “en beneficio de la justicia y de la equidad”, ya que de no ser así, “se estaría aupando la negligencia, la desidia, la falta de interés de los funcionarios para desempeñar su trabajo”.

Que en el presente caso la Administración Tributaria “se tomó casi dos (2) años para terminar una fiscalización”, habiendo iniciado la misma el 28 de junio de 1995 y no fue sino hasta el 11 de junio de 1997 cuando notificó las actas de reparo que dieron origen a ese procedimiento.

Que “no basta ni es suficiente conforme a Derecho para que pueda considerarse la existencia de una determinada motivación como legalmente válida, la ‘simple cita de la disposición aplicada’ por las Autoridades: ‘artículo x’. No lo permite nuestro ordenamiento jurídico”.

Que “no se sabe ni se conoce, ni puede conocerse, en el presente caso, cuál es en definitiva la actividad desplegada por nuestra representada que la hace aparecer como deudora del tributo: si la ejecución de ‘obligaciones de hacer’ o si estamos en presencia de un contrato de obra inmobiliaria”, dicho de otra forma, “no se identifica el ‘hecho imponible’ que se pretende someter a gravamen…tampoco se hace patente la norma en cuyo supuesto calificaría el sedicente hecho imponible”.

Que la “expresión Fiscal ‘prestación de servicios por concepto de construcción de obras…es un lenguaje obscuro y confuso, que intentaría representar un híbrido: mitad: ‘actividad independiente’ y mitad ‘contrato de obra’ donde parte de la doctrina respecto de éstos últimos contratos considera que se cumplen obligaciones de entrega y no de hacer. No está autorizada la Administración Tributaria para pretender afincar ‘reparos’ que cabalguen a horcajadas entre dos presupuestos de hecho diferentes”. Concluye afirmando que las actuaciones de la Administración Tributaria (actas y resolución) “No permiten identificar –a ciencia cierta- el hecho imponible o hecho generador del tributo reclamado”.

Que la sociedad mercantil reparada “no es un mayorista, ya que es una empresa de servicios, que para los períodos fiscalizados tenía un solo y único cliente, la CANTV, tal y como lo señala la propia fiscalización, en el texto de cada una de las Actas de Reparo en la parte correspondiente a ventas”, y que la misma fue contratada para que “le instale equipos adquiridos por la propia CANTV; le instale un sistema de aire acondicionado, le hace instalaciones eléctricas, etc., que en cierta medida requiere que nuestra representada adquiera algunos bienes para poder prestar servicio…”, en conclusión, “no sólo tiene un sólo cliente, sino que ese cliente era y es consumidor final”, por lo tanto, “…no es mayorista ni podía facturar Impuesto al Valor Agregado…”.

III

FUNDAMENTOS DE LA RECURRIDA

 

El Tribunal Superior Quinto de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, mediante sentencia Nº 539 dictada el 19 de octubre de 2000, declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso tributario incoado por la sociedad mercantil Servicios de Ingeniería Industrial, C.A. (SICA), en los términos siguientes:

“…este Juzgador puntualiza que a estos Tribunales Superiores de lo Contencioso Tributario no les corresponde entrar a revisar la planteada inconstitucionalidad de la Ley Especial del Congreso Nacional, a través de la cual se autorizó al Presidente de la República, para dictar medidas extraordinarias en materia económica o financiera por razones de interés público (Art. 190, ord. 8 de la C.N. -1961-), tal revisión correspondería dilucidarla al Tribunal Supremo de Justicia. ASÍ SE DECLARA.

En cuanto a la Falta de Cualidad del Sujeto Activo – SENIAT- …

(…) En este estado de las cosas y dentro del marco jurídico delimitado por el Artículo 190 de la Constitución Nacional (1961) en su ordinal 12, y el Código Orgánico Tributario (vig. 01-07-94) en sus Artículos 225 (donde se faculta el Ejecutivo Nacional para otorgar autonomía funcional y financiera a la Administración Tributaria), 226 (donde prevé el Sistema Profesional de Recursos Humanos para el Servicio de Administración Tributaria), y 227 (donde se otorga potestad reglamentaria al Ejecutivo Nacional para regular el Servicio de Administración Tributaria); ello en forma correlativa con lo pautado por el Artículo 16 de la Ley Orgánica de Régimen Presupuestario (Ord. 5º), y el Artículo 1º del Reglamento de los Servicios Autónomos con Personalidad Jurídica, siendo dictado el Decreto Nº 310 (G.O. Nº 35.525, 16-08-94), en el cual se creó el Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria (SENIAT), con la finalidad de que se estructurará y fusionará en él, a la Dirección General Sectorial de Rentas y de Aduanas de Venezuela del Servicio Autónomo (AVSA).

Sobre la base de la detallada tradición legal, es forzoso concluir que el SENIAT es un organismo capaz de emitir obligaciones a cargo de los contribuyentes, ya que, de conformidad con nuestro ordenamiento jurídico, tiene personalidad jurídica y consecuencialmente, capacidad legal para actuar, ya que es sujeto de deberes y derechos, representando al sujeto activo de la relación ‘administración – contribuyente’. Por todo lo cual considera este Sentenciador que es válida y ajustada a derecho la actuación del SENIAT, al momento de emitir Resoluciones o Planillas, ya que tiene cualidad de actuar en juicio y capacidad de actuar en nombre del Fisco Nacional. ASÍ SE DECLARA.

En cuanto a la alegada Incompetencia del funcionario Jesús Aranaga, para liquidar tributos, multas e intereses, en materia de Impuesto al Valor Agregado y al Consumo Suntuario y a las Ventas al Mayor, supuestamente, por una incorrecta delegación de firma…

(…) A los fines de avalar la competencia impugnada, el Abogado Fiscal consignó fotocopia de la Gaceta Oficial Nº 36.420 (24-03-98), en la cual se publicó el Resuelto Nº 3.870 (23-03-98), mediante el cual el Ministro de Hacienda, dentro de las pautas establecidas por la Ley de Carrera Administrativa y del Estatuto del Sistema Profesional de Recursos Humanos del SENIAT, encargó al ciudadano Jesús Aranaga, titular de la cédula de identidad Nº 2.113.342, como Gerente de Tributos Internos de la Región Zuliana del SENIAT, a partir del 16 de Marzo de 1998, delegándose en él, las funciones del Fiscal General de Hacienda Pública Nacional y específicamente las atribuciones previstas en la Resolución Nº 32, en cuanto a la organización, atribuciones y funciones del SENIAT.

Deviene entonces, que la Resolución y Planillas impugnadas en el presente caso, fueron firmadas por funcionario autorizado para ello, es decir, competente para suscribir tales actos, ya que actuó dentro de la esfera de las atribuciones que le habían sido conferidas. ASÍ SE DECLARA.

Con relación al argumento sostenido por la recurrente, de la caducidad o perención del proceso, como consecuencia de la notificación extemporánea de la Resolución Culminatoria del Sumario Administrativo, este Juzgador, una vez más se permite señalar que los impuestos a que se contraen los actos impugnados en el presente Recurso, están referidos al Valor Agregado y a las Ventas al Mayor, impuestos estos establecidos por Leyes especiales dictadas en el ámbito reglado por el Código Orgánico Tributario, el cual deberá aplicarse según lo ordenado por el artículo 163 de la Constitución Nacional (1961). (Sic).

(…) La Resolución Culminatoria del Sumario Administrativo distinguida con el Nº GRTIRZ-DSA-023, de fecha 27 de marzo de 1998, fue notificada en fecha 14 de Abril de 1998, siendo claro, que en ambos supuestos, la notificación fue efectuada antes del 18 de Julio y del 12 de Agosto del año 1998, respectivamente, por lo cual debemos concluir que la notificación de la Resolución de marras fue verificada dentro del tiempo hábil establecido por el Código Orgánico Tributario, 1992 y 1994, aplicable ratione temporis, a los períodos aquí revisados. ASÍ SE DECLARA.

Seguidamente entraremos a revisar el alegato de Inmotivación de la Resolución recurrida y de las Actas de Reparo, considera este Juzgador que después de una revisión exhaustiva de las mismas, se pudo observar que están suficientemente motivadas, al expresarse en ellas el basamento legal que sirvió de fundamento a la Administración para dictarlas, lo cual evidencia que no fue vulnerado el derecho a la defensa de la recurrente, al punto de que interpuso el presente Recurso Contencioso Tributario, donde del contenido del mismo se desprende que conocía los motivos y razones que esgrimió la Administración para repararla. ASÍ SE DECLARA.

(…) Para entrar a dilucidar el fondo de la presente controversia, en primer lugar debemos determinar si la empresa recurrente está sujeta al pago del Impuesto al Valor Agregado y Ventas al Mayor: (sic).

(…) En el presente caso, la recurrente S.I.C.A. es una empresa que presta servicios de construcción de obras civiles, adecuación de edificaciones para instalaciones eléctricas y otras similares, vinculadas al ramo de la construcción, razón por la cual encuadra dentro de los supuestos de aplicabilidad como Sujeto Pasivo del Impuesto al Valor Agregado y Ventas al Mayor. ASÍ SE DECLARA. (Sic).

En lo relativo a las Multas, este Juzgador considera que debe precisar lo referente a la reincidencia…

En el presente caso surgió como resultado de una sola investigación fiscal, no pudiendo entonces considerarse que la recurrente incurre en reiteración al cometer infracciones de la misma índole en los diferentes períodos investigados, debiendo entenderse que la sanción se aplicará para penar los incumplimientos calculados para cada mes, ya que la causación del tributo prevé ese término, pero que lo ecuánime y justo es determinar la sanción por períodos anuales. Además, no hay sentencia o resolución firme que haya condenado a la recurrente por igual infracción que las aquí dilucidadas. Motivos por los cuales considera este Juzgador que, una vez analizados los actos que conforman el presente expediente, y visto que no hay circunstancias agravantes que conlleven la modificación de la pena aplicable, las Multas deben ser rebajadas a su término medio en aplicación del artículo 37 del Código Penal. ASÍ SE DECLARA.

En cuanto a los Intereses Moratorios e Intereses Compensatorios, calculados y requeridos por la Administración, debemos entrar a revisar si están dados los requisitos para que sean exigibles.

(…) en el caso de autos y para decirlo con palabras de la propia Corte, no ocurrió que los intereses se hayan causado sobre créditos ciertos, líquidos y exigibles, por cuanto la Administración Tributaria procedió a calcularlos sobre crédito ilíquido, no exigible para el momento en que calcula dichos intereses y no se encontraba aplicable también a los Intereses Compensatorios. En consecuencia, los Intereses Moratorios y los Compensatorios calculados, para el presente caso, resultan legalmente improcedentes. ASÍ SE DECLARA.

Por las consideraciones que anteceden, este Tribunal…declara PARCIALMENTE CON LUGAR el Recurso Contencioso Tributario, interpuesto por la recurrente ‘SERVICIOS DE INGENIERÍA INDUSTRIAL, C.A. (S.I.C.A.)’…(…)…debiendo la Administración proceder a los ajustes y cálculos correspondientes según los términos del presente fallo”. (Copia textual).

 

IV

APELACIÓN FISCAL

 

En fecha 22 de marzo de 2001 el representante del Fisco Nacional fundamentó su apelación con base en las consideraciones siguientes:

Que la recurrida “parte de un falso supuesto con relación a los hechos y, en consecuencia, de una errónea aplicación de la normativa”, al obviar un procedimiento previsto en el Código Orgánico Tributario de 1994, “luego de hacer una interpretación equivocada de lo que debe entenderse por el surgimiento de los intereses moratorios y de los intereses compensatorios”.

Que la contribuyente “sí ha cometido infracciones a los deberes formales durante los períodos investigados, sin embargo, la sentencia recurrida pretende que se le impongan sanciones por un solo período, es decir, por períodos de un (1) año” y que contrariamente a lo decidido la sanción debe imponerse por cada período fiscalizado, conforme a lo previsto en el Código Orgánico Tributario de 1994, que en este caso corresponde a trece (13) períodos consecutivos, ya que no incurrió en un único hecho omisivo, por cuanto prescindió además las formalidades en algunas de las facturas emitidas, tal como quedó señalado en el acta fiscal.

V

ADHESIÓN A LA APELACIÓN

En escrito de fecha 29 de marzo de 2001, previo al acto de Informes, la abogada  representante de la sociedad mercantil contribuyente se adhirió a la apelación interpuesta por la representación del Fisco Nacional de fecha 22 de marzo de 2001, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 299 del  Código de Procedimiento Civil, donde señaló:

Que la sentencia recurrida incurrió en omisión de pronunciamiento por cuanto silenció los argumentos expuestos por su representada referentes a: i) la facultad de instituir impuestos, sanciones y otras modalidades resarcitorias, la cual no es susceptible de delegación en nuestro ordenamiento jurídico; ii) la inconstitucionalidad de los “montos reclamados por la Resolución recurrida”; iii)  el “presunto total reclamado por la Resolución del 27 de Marzo de 1.998” (sic).

Que igualmente incurrió en silencio de pruebas, concretamente “de la Experticia Contable y del Informe de los Auditores Externos”, donde se demuestra “que los Fiscales que realizaron la fiscalización señalaron cifras que no tienen sustentación, respaldo ni credibilidad…”, limitándose el a quo a anular “los intereses moratorios y compensatorios por no estar liquidados sobre créditos líquidos y exigible y ordena reducir las multas al término medio y deja intactas las planillas de impuestos…Si la base del cálculo del impuesto no se corresponde con la señalada por la Administración, lo cual se demostró, es evidente que lo procedente es anular las planillas de impuesto y ordenar la revisión de los cálculos”.

  Que a pesar de que la recurrida reconoce que la contribuyente “es minorista”, sin embargo, decide que es sujeto del impuesto al valor agregado por ser una “empresa de servicios”.

Que no comparte el criterio de la representación fiscal y aceptado por el a quo al declararse “incompetente para pronunciarse sobre los vicios de inconstitucionalidad”, sin expresar la razón que así lo justifique.

 

VI

MOTIVACIONES PARA DECIDIR

 

Para decidir la Sala observa que, en virtud de la apelación interpuesta por la representación judicial del Fisco Nacional y la adhesión que hizo a dicha apelación la sociedad mercantil Servicios de Ingeniería Industrial, C.A. (SICA), en principio está obligada a decidir sobre todas las materias de fondo de esta controversia tributaria relacionadas con la impugnación del reparo efectuado por la Administración Tributaria y sobre los vicios de la sentencia denunciados por las partes.

No obstante, pasa esta Sala a analizar, como punto de previo pronunciamiento, la cuestión referente a la adhesión que la contribuyente hizo a la apelación realizada por la representación del Fisco Nacional, figura prevista en los artículos 299 al 304 del Código de Procedimiento Civil. A tal efecto observa:

Constituye la adhesión a la apelación un medio accesorio al recurso ordinario de apelación cuya finalidad es que la alzada conozca del fallo que ha sido objeto del recurso de apelación ejercido por la contraparte, en aquellos puntos en que el adherente se vea perjudicado, pudiendo tener como objeto la misma cuestión de la apelación o una diferente u opuesta de aquella, correspondiendo formularse ante la instancia que conozca del mencionado recurso desde el día en que este reciba el expediente y hasta el acto de Informes, debiendo entonces el Tribunal de alzada conocer de todas las cuestiones que son objeto de la apelación y de la adhesión.

Al respecto, es ineludible evaluar si la adhesión a la apelación interpuesta por la contribuyente vulneraría el equilibrio procesal afectando al apelante principal, y si podría aplicarse al caso de autos esta figura, tomando en cuenta que la apoderada judicial de la contribuyente ejerció en tiempo hábil el recurso de apelación, sin embargo, no lo fundamentó ante este Máximo Tribunal en la oportunidad legalmente establecida.

Al respecto, dispone el artículo 162 de la ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, vigente ratione temporis, lo siguiente:

“Artículo 162. En la audiencia en que se dé cuenta de un expediente enviado a la Corte en virtud de apelación, se designará y se fijará la décima audiencia para comenzar la relación.

Dentro de ese término el apelante presentará escrito en el cual precisará las razones de hecho y de derecho en que se funde. Vencido ese término correrá otro de cinco audiencias para la contestación de la apelación. Si el apelante no presentare el escrito en el lapso indicado, se considerará que ha desistido de la apelación y así lo declarará la Corte, de oficio o a instancia de la otra parte”. (Destacado de la Sala).

 Ha señalado la Sala que “...la presentación del escrito de apelación no constituye un requisito inútil, ya que el mismo es parte indispensable en el procedimiento de alzada previsto ante este Alto Tribunal…” (ver sentencia Nº 0261 de fecha 25 de febrero de 2003).

Así mismo, es del criterio que “la parte apelante debe cumplir con la presentación del escrito de fundamentación de la apelación dentro de los términos y lapsos indicados en el artículo 162 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, siguiendo la secuencia procedimental, los actos procesales y su tiempo establecidos por la citada ley orgánica, en procura siempre de la estabilidad del debido proceso y en salvaguarda del principio de igualdad de las partes” (ver sentencia Nº 00225 de fecha 23 de marzo de 2004).

En el presente caso, como se desprende de los autos la contribuyente no consignó el escrito de fundamentación de su apelación dentro del lapso previsto por la norma antes transcrita, y se adhirió a la apelación interpuesta por la representación del Fisco Nacional.

Al respecto, ha dicho la Sala que “las previsiones contenidas en el mencionado artículo 162 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, dan cuenta clara de la intención por parte del legislador de que el recurrente  consigne en el término de 10 días de despacho ante el Tribunal que conocerá de la apelación el escrito contentivo de la formalización del mencionado recurso de apelación”, por lo que se ha afirmado que “la fatalidad del efecto preclusivo viene referida… al agotamiento del lapso sin que se ejerza el recurso; es la extinción de la posibilidad de hacer valer la facultad procesal impugnatoria según el límite temporal que la ley dispone…” (ver sentencia Nº 00910 de fecha 27 de junio de 2002).

Consecuente con lo expuesto, esta Sala estima que la representación judicial de la contribuyente, a pesar de haberse adherido a la apelación del Fisco Nacional, al permitir que venciera el lapso de que disponía para fundamentar la apelación, mostró una conducta negligente en la tramitación del juicio.

Por consiguiente, el juez como director del proceso, no debe permitir conductas que ocasionen un desequilibrio procesal entre las partes, y que eventualmente puedan vulnerar el derecho a la defensa de la contraparte por la inobservancia de una norma procedimental que tiene límites en la ley; siendo uno de esos límites la figura del desistimiento, que se presenta en este caso, como una sanción por el incumplimiento de la consignación de los fundamentos de hecho y de derecho en que se basó el recurso de apelación, en el lapso establecido en el artículo 162 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia.

En consecuencia, estima este Alto Tribunal improcedente la referida adhesión, y por lo tanto desistido tácitamente el recurso de apelación interpuesto por la sociedad mercantil Servicios de Ingeniería Industrial, C.A. (SICA). Así se declara.

Decidido lo anterior, debe la Sala declarar firme la cantidad contenida en la Resolución Nº GRTIRZ-DSA-023 de fecha 27 de marzo de 1998, emanada de la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Zuliana del Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria (SENIAT), que determinó para los períodos tributarios comprendidos desde enero de 1994 hasta febrero de 1995, diferencias en el impuesto al valor agregado e impuesto al consumo suntuario y a las ventas al mayor, por la cantidad de bolívares treinta y dos millones cuatrocientos veinticinco mil trescientos noventa con diecisiete céntimos (Bs. 32.425.390,17). Así se declara.

En consecuencia, pasa a analizar la aplicabilidad al caso de autos, del artículo 59 del Código Orgánico Tributario de 1994, en atención a la denuncia de la representante judicial del Fisco Nacional, en relación al falso supuesto de hecho y errónea aplicación de la Ley al interpretar el a quo, a su decir, incorrectamente el procedimiento resarcitorio en él contemplado y el sancionatorio previsto en el artículo 106 eiusdem.

Aplicabilidad del artículo 59 del Código Orgánico Tributario de 1994

El representante judicial del Fisco Nacional denunció que la recurrida “parte de un falso supuesto con relación a los hechos y, en consecuencia, de una errónea aplicación de la normativa”, al obviar un procedimiento previsto en el Código Orgánico Tributario de 1994, “luego de hacer una interpretación equivocada de lo que debe entenderse por el surgimiento de los intereses moratorios y de los intereses compensatorios”.

Con relación al referido procedimiento, la sentencia aclaratoria de la Sala Constitucional del 14 de diciembre de 1999, despejó cualquier duda en cuanto a los efectos en el tiempo de la procedencia de la actualización monetaria y de los intereses compensatorios,  previstos en el parágrafo único del artículo 59 del Código Orgánico Tributario de 1994, dejando establecido que sólo será exigible la actualización monetaria e intereses compensatorios en los actos administrativos tributarios definitivamente firmes para la fecha de la declaratoria de inconstitucionalidad del referido artículo (14-12-1999). En consecuencia, en atención a la mencionada sentencia, resulta forzoso desechar el alegato de la representante del Fisco Nacional referido a la procedencia de la actualización monetaria y los intereses compensatorios a cargo de la recurrente Servicios de Ingeniería Industrial, C.A. (SICA), determinados en la Resolución Nº GRTIRZ-DSA-023 de fecha 27 de marzo de 1998, la cual fue recurrida en sede judicial el 19 de mayo de 1998, y confirmar la declaratoria de improcedencia pronunciada por el a quo. Así se declara.

De acuerdo con las declaratorias anteriores debe esta Sala desestimar la denuncia del representante judicial del Fisco Nacional referida al falso supuesto y errónea interpretación de la norma contenida en el artículo 59 del Código Orgánico Tributario de 1994, específicamente con relación al parágrafo único. Así se decide.

En cuanto a los intereses moratorios, se estima necesario analizar lo dispuesto en el artículo 59 del Código Orgánico Tributario de 1994, aplicable ratione temporis a la presente causa, que establece lo siguiente:

“Artículo 59: La falta de pago de la obligación tributaria, sanciones y accesorios, dentro del término establecido para ello, hace surgir, sin necesidad de requerimiento previo de la Administración Tributaria, la obligación de pagar intereses de mora desde la fecha de su exigibilidad hasta la extinción total de la deuda, equivalentes a la tasa máxima activa bancaria incrementada en tres (3) puntos porcentuales, aplicable, respectivamente, por cada uno de los períodos en que dichas tasas estuvieron vigentes.

A los efectos indicados, la Administración Tributaria, publicará en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes, la tasa máxima activa bancaria que haya regido en el mes calendario inmediato anterior, fijada por el Banco Central de Venezuela”. (Resaltado de la Sala).

Se observa que el dispositivo trascrito establece que la falta de pago de la obligación principal dentro del término establecido para ello, hace surgir, sin necesidad de actuación alguna de la Administración Tributaria, la obligación de pagar intereses de mora hasta la extinción de la deuda.

Al respecto, la sentencia recurrida declaró improcedente la causación de los intereses moratorios, por cuanto la Administración Tributaria los calculó sobre un crédito ilíquido y no exigible, en razón de que el acto administrativo que determinó la obligación tributaria principal, no se encontraba definitivamente firme.

Por su parte, la Sala Constitucional recientemente ratificó el criterio expresado en la sentencia de fecha 14 de diciembre de 1999, dictada por la entonces denominada Corte en Pleno de este Máximo Tribunal, “…respecto de la oportunidad para que se generen los intereses moratorios, los cuales se producen una vez que la obligación tributaria se hace exigible, esto es, desde el vencimiento del plazo concedido para su pago, por haber transcurrido íntegramente sin haberse suspendido la eficacia del acto por la interposición de algún recurso, o bien porque de haberse impugnado legalmente, ya fueron decididos los recursos y se ha declarado firme el acto de liquidación objeto de impugnación” (vid. sentencia Nº 1490 del 13 de julio de 2007).

En el presente caso observa esta Máxima Instancia, que el acto de determinación de tributos, no se encontraba firme a la fecha en que la Administración Tributaria liquidó los intereses moratorios.

Atendiendo a las razones precedentemente expuestas, dado su carácter vinculante, la Sala acoge el criterio expuesto en el fallo trascrito parcialmente, en consecuencia no tiene otra alternativa que confirmar la improcedencia de los intereses moratorios determinados por la Administración Tributaria en la Resolución impugnada. En tal virtud, sólo será a partir de la publicación del presente fallo que podrá constituirse en mora al contribuyente deudor y procederá el cobro de los correspondientes intereses. Así se declara.

Procedencia de las sanciones pecuniarias impuestas

Corresponde examinar ahora la procedencia o no de las sanciones impuestas por la Administración Tributaria.

En cuanto a la forma de cálculo de sanciones por infracciones tributarias, la Sala reitera su criterio jurisprudencial al interpretar en un caso similar al de autos que “no se configura la agravante de la reiteración cuando en una misma acción fiscalizadora o de descubrimiento, se detecta una infracción cometidas en distintos períodos, tal fue el sentido que el legislador orgánico quiso darle a la mencionada disposición normativa” (vid. sentencia No. 00966 de fecha 02/05/2000, caso Construcciones ARX, C.A.).

Así mismo, en cuanto a la forma de cálculo de sanciones por infracciones tributarias, considera esta Sala necesario transcribir el criterio contenido en la sentencia N° 877 del 17 de junio de 2003, caso: Acumuladores Titán, C.A.,  ratificado en posteriores fallos, como sigue:

“De autos se aprecia, que la Administración Tributaria a los fines de determinar la multa impuesta en el acto recurrido, consideró que la contribuyente había incurrido en la agravante de la reiteración, por cuanto había dejado de cumplir con los deberes formales de declaración y cancelación del tributo, en períodos consecutivos, motivo por el cual impuso la multa prevista como término medio (105%), incrementándola en un diez por ciento (10%), progresivamente, hasta llegar a su máxima expresión permitida por el Código Orgánico Tributario (195%).

 Por su parte, la contribuyente rebatió tal argumentación, expresando que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 del Código Orgánico Tributario, para que se incurra en reiteración hace falta, necesariamente, una declaratoria previa del incumplimiento de deberes formales mediante una resolución administrativa o sentencia definitivamente firme.

Esta Sala observa que el citado artículo 75 expresamente establece:

‘Artículo 75:  Habrá reincidencia cuando el imputado después de una sentencia o resolución firme sancionatoria, cometiere una o varias infracciones tributarias de la misma o de diferente índole durante los cinco (5) años contados a partir de aquellas. Habrá reiteración cuando el imputado cometiere una nueva infracción de la misma índole dentro del término de cinco (5) años después de la anterior, sin que mediare condena por sentencia o resolución firme’. (Subrayado de la Sala)

 Ahora bien, es meridianamente clara la norma transcrita, al señalar que, contrariamente a lo expuesto por la contribuyente, no es necesaria la declaratoria de condena previa para que se incurra en la agravante de la reiteración.

Sin embargo, esta Sala aprecia que tampoco la Administración Tributaria hizo una justa interpretación de la norma en comento, por cuanto no es posible considerar que por el hecho de que en una misma actuación fiscalizadora se detecte una infracción cometida en varios períodos, que en este caso son consecutivos, se haya incurrido en reiteración. En efecto, la correcta interpretación de la norma bajo análisis, es la de considerar que para que se incurra en reiteración, es condición necesaria que en distintos procedimientos fiscalizadores, tramitados independientemente, y sin que en ninguno haya recaído decisión definitivamente firme, se detecten infracciones de la misma índole, dentro del término de cinco (5) años entre ellas.

En conclusión, no se configura la agravante de la reiteración cuando en una misma acción fiscalizadora o de descubrimiento, se detecta una infracción cometidas en distintos períodos, tal fue el sentido que el legislador orgánico quiso darle a la mencionada disposición normativa”.

 Igual que en aquel fallo, en el caso de autos, esta Sala aprecia que la Administración Tributaria no hizo una justa interpretación del artículo 75 del Código Orgánico Tributario de 1992, por cuanto no es posible considerar que por el hecho de que en una misma actuación fiscalizadora se haya detectado una infracción cometida en varios períodos, aun cuando sean consecutivos como en el presente caso, ello significa que el contribuyente esté incurso en agravante de reiteración. Al respecto, el referido artículo considera que para que se incurra en reiteración, es condición necesaria que en distintos procedimientos fiscalizadores, tramitados independientemente, y sin que en ninguno haya recaído decisión definitivamente firme, se detecten infracciones de la misma índole, dentro del término de cinco (5) años entre ellas. 

De acuerdo a la consideración que antecede, debe esta Sala declarar improcedente la determinación contenida en la Resolución Culminatoria del Sumario N° GRTIRZ-DSA-023 de fecha 27 de marzo de 1998, mediante la cual se impuso a la contribuyente Servicios de Ingeniería Industrial, C.A. (SICA), multas por contravención, correspondiente a los períodos impositivos: enero hasta junio, agosto, octubre, noviembre y diciembre de 1994, enero, febrero y mayo de 1995, por la cantidad de Bs. 137.141.127,10, en lo atinente a la graduación de la sanción, por cuanto, tal como se explicó, la contribuyente no ha cometido la reiteración sostenida por la Administración Tributaria. En consecuencia, las multas deberán ser calculadas en su límite medio al no concurrir agravantes ni atenuantes que modifiquen la pena, confirmándose, en consecuencia, el pronunciamiento del a quo. Así se declara.

 En cuanto a las multas por incumplimiento de los deberes formales, esta Sala las encuentra procedentes, porque en efecto las faltas fueron cometidas por la contribuyente al omitir la presentación oportuna de las declaraciones, como ella misma lo admitió al interpretar que no era sujeto pasivo del impuesto al valor agregado, debiéndose aplicar el mecanismo de concurrencia de infracciones previsto en el Código Orgánico Tributario, sin aplicar la reiteración ya declarada improcedente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 75 y 106 del Código Orgánico Tributario de 1992. Así se declara.

 

VII

DECISIÓN

 

Por las razones expresadas, la Sala Político-Administrativa de este Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara:

1. SIN LUGAR la apelación interpuesta por la Procuraduría General de la República en representación del FISCO NACIONAL, contra la sentencia  dictada por el Tribunal Superior Quinto de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas en fecha 19 de octubre de 2000.

En consecuencia, se CONFIRMA la declaratoria de nulidad de las cantidades liquidadas a cargo de la contribuyente por concepto de actualización monetaria, intereses compensatorios e intereses moratorios, así como también el pronunciamiento referido a la reiteración, cuyas determinaciones se encuentran contenidas en la Resolución N°  GRTIRZ-DSA-023 de fecha 27 de marzo de 1998 y en las planillas de liquidación emitidas con fundamento en la mencionada resolución.

2. DESISTIDO el recurso de apelación ejercido por parte de la sociedad mercantil SERVICIOS DE INGENIERÍA INDUSTRIAL, C.A. (SICA), contra la referida sentencia.

3. IMPROCEDENTE la adhesión a la apelación por parte de la mencionada contribuyente.

4. FIRME la cantidad contenida en la referida Resolución, por diferencias en el impuesto al valor agregado e impuesto al consumo suntuario y a las ventas al mayor, por la cantidad de bolívares treinta y dos millones cuatrocientos veinticinco mil trescientos noventa con diecisiete céntimos (Bs. 32.425.390,17).

Se ordena a la Administración Tributaria realizar la liquidación sustitutiva, conforme a los términos de esta decisión.

Publíquese, regístrese y notifíquese. Devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los dieciocho (18) días del mes de septiembre del año dos mil siete (2007). Años 197º de la Independencia y 148º de la Federación.

                

La Presidenta

EVELYN MARRERO ORTÍZ

La Vicepresidenta

YOLANDA JAIMES GUERRERO

 

Los Magistrados,

LEVIS IGNACIO ZERPA

 

HADEL MOSTAFÁ PAOLINI

 

EMIRO GARCÍA ROSAS

Ponente

 

La Secretaria,

SOFÍA YAMILE GUZMÁN

En diecinueve (19) de septiembre del año dos mil siete, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 01553.

 

 

La Secretaria,

SOFÍA YAMILE GUZMÁN

 

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