Sentencia N.º 01558
- Sentencia
- N.º 01558
- Fecha
- 04/11/2009
- Sala
- Político Administrativa
- Expediente
- 2008-0569
- Ponente
- Hadel Mostafá Paolini
- Procedimiento
- Apelación
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
Magistrado Ponente HADEL MOSTAFÁ PAOLINI
Exp. No. 2008-0569
En fecha 5 de mayo de 2008, el abogado Luis Armando Montilla B., inscrito en el INPREABOGADO bajo el No. 95.867, actuando en representación del FISCO NACIONAL, tal como se desprende del oficio poder No. 000357 del 24 de abril de 2006 emitido por la Procuradora General de la República; interpuso recurso de apelación contra la sentencia No. 1.202 dictada en fecha 22 de febrero de 2007 por el Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que declaró con lugar el recurso contencioso tributario ejercido por la sociedad mercantil CNPC SERVICES VENEZUELA LTD, S.A., inscrita en el Registro Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, el día 16 de agosto de 2001, bajo el No. 67, Tomo 575-A-Qto., contra los actos administrativos contenidos en los oficios Nos. GAG-5010-DT-R-2005-0210-2667, 0233-2881 y 0234-2882 de fechas 25 de julio el primero y 15 de agosto los dos últimos, todos del año 2005, emanados de la Gerencia de la Aduana Principal de Guanta-Puerto La Cruz del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), mediante los cuales se autorizó la nacionalización de las mercancías consistentes en: i) un (1) taladro de perforación desarmado con sus partes y accesorios; ii) un (1) equipo de taladro de perforación Top Drive, Modelo TESCO-ECI-500, compuesto por un (1) Panel de Control SCR, una (1) estación hidráulica y un (1) sistema de manejo de torre; así como iii) cuatro (4) cuartos generadores Caterpillar con sus partes y accesorios, previo el pago de los impuestos de importación, intereses moratorios e impuesto al valor agregado generados por la importación bajo régimen de admisión temporal simple, en el monto total de dos mil setecientos nueve millones quince mil setecientos treinta y tres bolívares con dos céntimos (Bs. 2.709.015.733,02).
El 7 de mayo de 2008, el prenombrado Juzgado Superior oyó libremente la apelación interpuesta y, por oficio No. 096/2.008 de igual fecha, ordenó la remisión del expediente a esta Sala Político-Administrativa, siendo recibido el día 8 de julio de 2008.
En fecha 10 de julio de 2008, se dio cuenta en Sala y se ordenó aplicar el procedimiento de segunda instancia previsto en el artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela. Asimismo, se designó Ponente al Magistrado Hadel Mostafá Paolini y se fijó un lapso de quince (15) días de despacho para fundamentar la apelación.
El 14 de agosto de 2008, el representante judicial del Fisco Nacional consignó escrito de fundamentación de su apelación.
Luego, el 23 de septiembre de 2008, la abogada Yrene López Noriega, inscrita en el INPREABOGADO bajo el No. 60.448, actuando con el carácter de apoderada judicial de la contribuyente, según consta de documento poder autenticado ante la Notaría Pública Segunda de Maturín, Estado Monagas, el 11 de noviembre de 2004, anotado bajo el No. 38, Tomo 109 de los Libros de Autenticaciones llevados por dicha Notaría; dio contestación a los fundamentos de la apelación presentados por el Fisco Nacional.
El 7 de octubre de 2008, los apoderados judiciales de la sociedad mercantil contribuyente consignaron escrito de promoción de pruebas, las cuales fueron admitidas por el Juzgado de Sustanciación mediante auto del 4 de noviembre del citado año.
En fecha 22 de enero de 2009, se fijó el quinto (5°) día de despacho para que tuviera lugar el acto de informes en el presente juicio, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, siendo diferido el 5 de febrero de igual año.
El día 4 de marzo de 2009 se eligió la Junta Directiva del Tribunal Supremo de Justicia, quedando conformada la Sala Político-Administrativa de la manera siguiente: Presidenta, Magistrada Evelyn Marrero Ortíz; Vicepresidenta, Magistrada Yolanda Jaimes Guerrero; y Magistrados Levis Ignacio Zerpa, Hadel Mostafá Paolini y Emiro García Rosas.
En fecha 1° de octubre de 2009, siendo la oportunidad fijada para la celebración del acto de informes, se dejó constancia de la comparecencia de las partes, quienes expusieron sus argumentos orales y posteriormente consignaron sus conclusiones escritas. Se dijo VISTOS.
Realizado el estudio del expediente, pasa esta Alzada a decidir previas las siguientes consideraciones.
I
ANTECEDENTES
La sociedad mercantil CNPC Services Venezuela LTD, S.A., a través de su agente aduanal Fritz Customs Brokers, solicitó ante la Aduana Principal de Guanta-Puerto La Cruz adscrita al Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), la importación bajo régimen de admisión temporal simple de la mercancía consistente en: i) un (1) taladro de perforación desarmado con sus partes y accesorios; ii) un (1) equipo de taladro de perforación Top Drive, Modelo TESCO-ECI-500, compuesto por un (1) Panel de Control SCR, una (1) estación hidráulica y un (1) sistema de manejo de torre; así como iii) cuatro (4) cuartos generadores Caterpillar con sus partes y accesorios.
1) Con relación al equipo de taladro de perforación Top Drive, Modelo TESCO-ECI-500, compuesto por un (1) Panel de Control SCR, una (1) estación hidráulica y un (1) sistema de manejo de torre, los hechos fueron los siguientes:
El día 3 de julio de 2003, llegó a territorio nacional a bordo del buque Seaboard Explorer V-21, la mercancía antes descrita, amparada por el Conocimiento de Embarque B/L número 032-3232376 y declarada bajo régimen de admisión temporal No. 01-2137 del 5 de agosto de 2003.
En fecha 18 de julio de 2003, bajo registro No. 0123 la contribuyente solicitó a la Gerencia de la Aduana Principal de Guanta-Puerto La Cruz del SENIAT autorización de admisión temporal de la mercancía consistente en un (1) equipo de taladro de perforación Top Drive, Modelo TESCO-ECI-500, compuesto por un (1) Panel de Control SCR, una (1) estación hidráulica y un (1) sistema de manejo de torre.
El 4 de agosto de 2003, la Gerencia de la Aduana Principal de Guanta-Puerto La Cruz mediante oficio No. GAG-5010-DT-R-2003-0123 autorizó la admisión temporal de los bienes, por un plazo de un (1) año contado a partir de la fecha de llegada del vehículo de transporte, de acuerdo a lo establecido en el artículo 34 del Reglamento de la Ley Orgánica de Aduanas sobre los Regímenes de Liberación, Suspensión y otros Regímenes Aduaneros Especiales. El último embarque registrado de la mercancía señalada tuvo lugar el día 18 de septiembre de 2003, según consta de la Declaración Andina del Valor identificada con los números 01-2803 del 2 de octubre de 2003.
El día 7 de septiembre de 2004, la contribuyente solicitó una prórroga de la autorización para la permanencia de la mercancía bajo régimen de admisión temporal simple.
Mediante oficio No. APG-5010-DT-R-2004-0143-1328 del 13 de abril de 2005, la Gerencia de la Aduana Principal de Guanta-Puerto La Cruz concedió prórroga de un (1) año para la permanencia bajo régimen de admisión temporal de las mercancías antes descritas.
Luego, en fecha 14 de julio de 2005 el agente aduanal de la contribuyente solicitó la nacionalización de los bienes importados bajo régimen especial, la cual fue otorgada a través del oficio No. GAG-5010-DT-R-2005-2667 del 25 del citado mes y año, previo el pago de los impuestos de importación causados por las mercancías objeto de nacionalización, así como el monto de los intereses moratorios generados y el impuesto al valor agregado.
2) En cuanto al taladro de perforación desarmado con sus partes y accesorios los hechos fueron los siguientes:
En fecha 3 de septiembre de 2003, bajo registro No. 010897 la contribuyente solicitó al Gerente de la Aduana Principal de Guanta-Puerto La Cruz del SENIAT autorización de admisión temporal de tales bienes.
Luego, el 18 de septiembre de 2003, arribó a territorio nacional a bordo del buque Rong Cheng, el taladro de perforación desarmado con sus partes y accesorios, provenientes de China, amparados por el Conocimiento de Embarque B/L número F-0013A.
El día 19 de septiembre de 2003, la Gerencia de la Aduana Principal de Guanta-Puerto La Cruz mediante oficio No. GAG-5010-DT-R-2003-0164 autorizó la admisión temporal de la mercancía antes señalada, por un plazo de un (1) año contado a partir de la fecha de llegada del vehículo de transporte, de acuerdo a lo establecido en el artículo 34 del Reglamento de la Ley Orgánica de Aduanas sobre los Regímenes de Liberación, Suspensión y otros Regímenes Aduaneros Especiales.
El 2 de octubre de 2003, fue declarada la mercancía importada en régimen de admisión temporal bajo el No. 01-2803.
En fecha 7 de septiembre de 2004, la contribuyente solicitó una prórroga de la autorización para la permanencia de la mercancía bajo régimen de admisión temporal.
Mediante oficio No. APG-5010-DT-R-2004-0190-4171 del 24 de noviembre de 2004, la Gerencia de la Aduana Principal de Guanta-Puerto La Cruz concedió prórroga de un (1) año para la permanencia bajo régimen de admisión temporal de las mercancías antes descritas.
Luego, en fecha 3 de agosto de 2005 el agente aduanal de la contribuyente solicitó la nacionalización de los bienes importados bajo régimen especial, la cual fue otorgada a través del oficio No. GAG-5010-DT-R-2005-0234-2882 del 15 del citado mes y año, previo el pago de los impuestos de importación causados por las mercancías objeto de nacionalización, así como el monto de los intereses moratorios generados y el impuesto al valor agregado.
3) Respecto de los cuatro (4) cuartos generadores Caterpillar con sus partes y accesorios, se observa de autos que los hechos que ocurrieron en cuanto a su importación son los siguientes:
En fecha 4 de septiembre de 2003, bajo registro No. 010971 solicitó al Gerente de la Aduana Principal de Guanta-Puerto La Cruz del SENIAT autorización de admisión temporal de tales bienes.
Luego, el 19 del citado mes y año, la mencionada Gerencia mediante oficio No. GAG-5010-DT-R-2003-0166 autorizó la admisión temporal de la mercancía antes señalada, por un plazo de un (1) año contado a partir de la fecha de llegada del vehículo de transporte, de acuerdo a lo establecido en el artículo 34 del Reglamento de la Ley Orgánica de Aduanas sobre los Regímenes de Liberación, Suspensión y otros Regímenes Aduaneros Especiales.
El día 22 de septiembre de 2003, arribaron a territorio nacional provenientes de China a bordo del buque Rong Cheng, los cuatro (4) cuartos generadores Caterpillar con sus partes y accesorios, amparados por el Conocimiento de Embarque B/L número F-0012 y declarada bajo régimen de admisión temporal No. 01-2801 del 2 de septiembre de 2003.
El 7 de septiembre de 2004, la contribuyente solicitó una prórroga de la autorización para la permanencia de la mercancía bajo régimen de admisión temporal simple.
Mediante oficio No. APG-5010-DT-R-2004-0189-1330 del 13 de abril de 2005, la Gerencia de la Aduana Principal de Guanta Puerto La Cruz concedió prórroga de un (1) año para la permanencia bajo régimen de admisión temporal de las mercancías antes descritas.
Luego, en fecha 3 de agosto de 2005 el agente aduanal de la contribuyente solicitó la nacionalización de los bienes importados bajo régimen especial, la cual fue otorgada a través del oficio No. GAG-5010-DT-R-2005-0233-2881 del 17 del citado mes y año, previo el pago de los impuestos de importación causados por las mercancías objeto de nacionalización, así como el monto de los intereses moratorios generados y el impuesto al valor agregado.
Posteriormente, el día 30 de agosto de 2005 la Administración Aduanera expidió la Planilla de Pago, Forma 99081, Número 0590011515 por un monto de dos mil seiscientos cincuenta y cinco millones ochocientos veintiséis mil ciento cuarenta y ocho bolívares con un céntimo (Bs. 2.655.826.148,01), correspondientes a impuestos de importación e impuesto al valor agregado causados por la importación de las mercancías descritas en los tres puntos anteriores, la cual fue pagada por la contribuyente en fecha 5 de septiembre de 2005, ante la Oficina del Banco Provincial de Puerto La Cruz.
Los días 3, 4 y 5 de octubre de 2005, los apoderados judiciales de la contribuyente CNPC Services Venezuela LTD, S.A., ejercieron tres (3) recursos contencioso-tributarios ante el Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, cumpliendo funciones de distribuidor, contra los actos administrativos contenidos en los oficios Nos. GAG-5010-DT-R-2005-0210-2667, 0233-2881 y 0234-2882 de fechas 25 de julio el primero y 15 de agosto los dos últimos todos del año 2005, emanados de la Gerencia de la Aduana Principal de Guanta-Puerto La Cruz del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), respecto del cobro de intereses moratorios en la cantidad de cincuenta y tres millones ciento ochenta y nueve mil quinientos ochenta y cinco bolívares con un céntimo (Bs. 53.189.585,01).
Los apoderados judiciales de la contribuyente alegaron en sus recursos lo siguiente: i) falso supuesto por errónea fundamentación jurídica y ii) vicios de inconstitucionalidad e ilegalidad al pretender el pago de intereses moratorios sobre créditos que no son ciertos, líquidos ni exigibles.
Posteriormente, en fecha 10 de noviembre de 2005, el Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, al que correspondió el conocimiento de la causa previa distribución, acumuló los recursos contencioso-tributarios incoados por la contribuyente.
II
DECISIÓN APELADA
Mediante sentencia No. 1.202 de fecha 22 de febrero de 2007, el Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas declaró con lugar el recurso contencioso tributario incoado por la sociedad mercantil CNPC Services Venezuela LTD, S.A., en los términos siguientes:
( ) a los fines de deducir la presente controversia con el objeto de verificar la procedencia de los intereses moratorios calculados por la Administración Tributaria o, por el contrario, la improcedencia de los mismos, este Tribunal observa que la Gerencia de Aduana Principal de Guanta, Puerto La Cruz fundamentó los actos administrativos que dieron origen al cobro de intereses moratorios sobre los impuestos de importación y al valor agregado, específicamente a tenor de lo dispuesto en el Artículo 30 del Reglamento de la Ley Orgánica de Aduanas sobre Los Regímenes de Liberación, Suspensión y otros Regímenes Aduaneros Especiales, en concordancia con el Artículo 66 del Código Orgánico Tributario.
( )
El análisis del escrito del recurso y sus anexos, así como de las actas administrativas, aunado a la valoración de las pruebas aportadas en el curso del proceso, permiten observar a este juzgador, según consta de los Oficios que autorizan el régimen de admisión temporal, que fueren (sic) emitidos por la Gerencia de la Aduana Principal de Guanta-Puerto La Cruz del ( ) (SENIAT), cursantes en su totalidad a los folios (sic) del expediente judicial, que la recurrente solicitó antes de la llegada o ingreso de las mercancías a la zona primaria de la ( ) Aduana ( ) las correspondientes autorizaciones para su admisión temporal ( ).
Asimismo, se le comunicó que las autorizaciones de admisión temporal tenían un plazo de un (1) año, contado a partir de la fecha de la llegada de la mercancía, lapso dentro del cual debería efectuar la reexpedición correspondiente, a tenor de lo previsto en el Artículo 95 de la Ley Orgánica de Aduanas, en concordancia con el Artículo 32, literal f) de su Reglamento sobre Los Regímenes de Liberación, Suspensión y otros Regímenes Aduaneros Especiales.
Posteriormente, la recurrente solicitó ( .) las correspondientes prórrogas a la permanencia bajo régimen de admisión temporal para las mercancías autorizadas en los permisos de admisión temporal, antes de su vencimiento original ( ).
Por último, la recurrente encontrándose dentro del lapso de vigencia de cada una de las admisiones temporales y sus correspondientes prórrogas, presentó por ante la Gerencia de (sic) Aduana Principal de Guanta-Puerto La Cruz las respectivas solicitudes de autorización para nacionalizar las mercancías admitidas temporalmente; las cuales fueron concedidas por la citada Gerencia ( ).
( )
De todo lo expuesto, se advierte que la recurrente ( ) cumplió con las condiciones impuestas mediante sus autorizaciones de admisión temporal, al solicitar las correspondientes prórrogas antes del vencimiento del plazo de un (1) año otorgado en sus autorizaciones originales (lapso que comenzó a computarse al momento del arribo de cada una de las mercancías a la zona primaria de la Gerencia de [sic] Aduana Principal), luego, optando por nacionalizar las mercancías admitidas temporalmente en vez de reexpedirlas, antes de que culminara el plazo otorgado en cada una de sus prórrogas, tal como lo disponen los artículos 34 y 37 del Reglamento de la Ley Orgánica de Aduanas sobre Los Regímenes de Liberación, Suspensión y otros Regímenes Aduaneros Especiales y 99 de la Ley Orgánica de Aduanas.
( ) situación esta que descarta su reexpedición extemporánea, razón por la cual el dispositivo previsto en el transcrito Artículo 30 reglamentario no encuadra en el caso sub iudice (sic), por lo que el cobro de intereses moratorios con base a este artículo vulnera el principio de legalidad, constitucional y legalmente consagrado. Así se declara.
( )
En virtud de todo lo expuesto, ( .) este Tribunal considera que en el presente caso la Gerencia de (sic) Aduana Principal de Guanta-Puerto La Cruz cometió un error al liquidar los intereses moratorios a cargo de CNPC SERVICES VENEZUELA LTD, S.A., por lo que ha incurrido en un falso supuesto de hecho, razón por la cual resulta improcedente el cobro de intereses moratorios, así como la exigencia de pago de sumas inherentes a impuesto al valor agregado sobre la precitada mora, por el monto de Bs. 53.189.585,01. Así se declara.
( ) este Tribunal ( ) declara CON LUGAR el recurso contencioso tributario intentado por la recurrente SERVICES VENEZUELA LTD, S.A. ( ).
( ) Nula y sin efecto alguno la orden de liquidar intereses moratorios ( ).
( ) Se ordena liberar y devolver a la recurrente los contratos de fianzas que fueron constituidos a favor de la república, para garantizar el ingreso de las mercancías bajo régimen aduanero especial de admisión temporal, que fueren consignados en su oportunidad por ante la División de Recaudación de la Gerencia de (sic) Aduana Principal de Guanta-Puerto La Cruz, del ( ) (SENIAT).
( ) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 327 del Código Orgánico Tributario, se condena en costas a la Administración Tributaria en un monto equivalente al cinco por ciento (5%) de la cuantía del recurso, en virtud de haber sido totalmente vencida en esta instancia. (Destacado de la sentencia apelada).
III
FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN
El representante judicial del Fisco Nacional denunció que el Juez de la causa incurrió en el vicio de incongruencia negativa al no considerar en su decisión algunos de los argumentos esbozados por esta representación, particularmente el referido al no perfeccionamiento del régimen de admisión temporal, por el no cumplimiento de la condición suspensiva a la que estaba sujeta, cual es la reexpedición de la mercancía; razón por la cual, debe tenerse como si la suspensión en el pago de los impuestos nunca se produjo, retrotrayendo sus efectos al momento de la configuración del hecho imponible, es decir, a la llegada de la mercancía a la zona primaria de cualquier aduana nacional habilitada.
Seguidamente, invocó el vicio de inmotivación por silencio de pruebas, al señalar que el Juez de instancia no valoró los medios probatorios traídos al proceso por él, consistentes en la documentación siguiente: 1) Solicitud de nacionalización de mercancías No. 015769 de fecha 4 de julio de 2005; 2) oficio No. GAG-5010-DT-R-2005-0210-2667 de fecha 25 de julio de 2005, mediante el cual se autoriza la nacionalización de un (1) equipo de taladro de perforación Top Drive; 3) oficio No. GAG-5010-DT-R-2005-0233-2881 de fecha 15 de agosto de 2005, mediante el cual se autoriza la nacionalización de cuatro (4) cuartos generadores Caterpillar con sus partes y accesorios; y 4) oficio No. GAG-5010-DT-R-2005-0234-2882 de fecha 15 de agosto de 2005, por el cual se autoriza la nacionalización de un taladro de perforación desarmado con sus partes y accesorios.
En tal sentido, señaló el apoderado judicial del Fisco Nacional que tales documentales se promovieron con la finalidad de demostrar que la autorización del Régimen de Admisión Temporal concedida a la contribuyente, fueron otorgadas por la Administración Aduanera a los fines de la posterior reexpedición de la mercancía en cuestión; encontrándose suspendidos durante dicho período ciertas obligaciones del importador, como el pago de los impuestos, los cuales fueron determinados y liquidados por la Administración Aduanera, aplazando el pago de los impuestos mediante la suspensión autorizada, de conformidad con lo establecido en el Artículo 95 de la Ley Orgánica de Aduanas.
Con base en lo expuesto, solicitó se confirme la procedencia del pago de intereses moratorios por cuanto la contribuyente no reexpidió las mercancías importadas bajo régimen de admisión temporal, sino que las nacionalizó incumpliendo con una condición de ese tipo de régimen.
Por último, en el supuesto negado que sea declarada sin lugar la apelación, pedimos ( ) no se condene en costas a la República, por tener motivos fundados para litigar.
IV
CONTESTACIÓN A LA APELACIÓN
La apoderada judicial de la sociedad mercantil CNPC Services Venezuela LTD, S.A., alegó que del fallo apelado se constata que además de relacionar todo lo alegado y probado en autos en la narrativa, en la parte motiva de la misma el juzgador delimitó la controversia de acuerdo a como fue planteada por las partes, para posteriormente declarar en forma expresa, en cuanto al fondo de la litis, resolviendo de esta manera el asunto que le fue sometido a su consideración. En consecuencia, en base a las precitadas razones estimamos que el fallo impugnado no se encuentra afectado de los vicios denunciados, por cuanto dicha decisión se ajusta a los requisitos establecidos en el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil.
Respecto del vicio de inmotivación por silencio de pruebas, señaló que el juzgador apreció las pruebas promovidas por las partes, según las reglas de la sana crítica, de conformidad con lo pautado en el artículo 507 del Código de Procedimiento Civil, siendo importante resaltar que no fueron estas (sic) objeto de impugnación, ya sea por falta de veracidad, por alteración de su objeto o cualesquiera otra circunstancia, motivos por los cuales surtieron pleno valor probatorio para determinar la improcedencia por ilegalidad de la exigencia de pago de intereses moratorios e impuesto al valor agregado sobre dichos intereses, al momento de nacionalizar mercancías que previamente fueron autorizadas a ingresar al territorio aduanero nacional bajo el régimen aduanero especial de admisión temporal.
Agregó que la representación de la República interpre[tó] erróneamente las normas que regulan el régimen aduanero especial de admisión temporal, al indicar que la contribuyente incumplió con el procedimiento establecido al efecto, al solicitar la nacionalización de las mercancías importadas y no optar por reexpedirlas, cuestión que a su juicio resulta contraria a lo previsto en la Ley Orgánica de Aduanas y su Reglamento sobre los Regímenes de Liberación, Suspensión y otros Regímenes Aduaneros Especiales, al establecer la posibilidad de solicitar bien la reexpedición o la nacionalización de los bienes importados bajo régimen suspensivo, una vez finalizado el lapso otorgado para su permanencia. (Agregado de la Sala).
Por otro lado, insistió en la improcedencia de los intereses moratorios por no estar dadas las condiciones de certeza, liquidez y exigibilidad que apareja el cobro de tales conceptos.
En definitiva, solicitó se declare sin lugar la apelación y se condene al pago de las costas procesales al Fisco Nacional.
V
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Vistos los términos en que fue dictado el fallo apelado y las alegaciones expuestas tanto por el representante judicial del Fisco Nacional, como por la apoderada en juicio de la sociedad mercantil CNPC Services Venezuela LTD, S.A., observa esta Sala que en el presente caso la controversia se contrae a examinar si el Juez a quo incurrió en los vicios de incongruencia negativa e inmotivación por silencio de pruebas. Asimismo, examinar la procedencia o no de los intereses moratorios a cargo de la contribuyente, con ocasión de la importación bajo régimen de admisión temporal simple de las mercancías descritas infra.
Delimitada así la litis, pasa esta Alzada a decidir y al efecto observa:
1.- Del vicio de incongruencia negativa
Respecto al vicio de incongruencia negativa, se ha indicado de acuerdo con las exigencias impuestas por la legislación procesal, específicamente en el artículo 243, ordinal 5° del Código de Procedimiento Civil, que toda sentencia debe contener decisión expresa, positiva y precisa, con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones o defensas opuestas, sin que en ningún caso pueda absolverse la instancia.
A fin de cumplir con este requisito de forma exigido para los fallos judiciales, la decisión que se dicte en el curso del proceso no debe contener expresiones o declaratorias implícitas o sobreentendidas; por el contrario, el contenido de la sentencia debe ser expresado en forma comprensible, cierta, verdadera y efectiva, que no dé lugar a dudas, incertidumbres, insuficiencias, contradicciones o ambigüedades; debiendo para ello ser exhaustiva, es decir, pronunciarse sobre todos los pedimentos formulados en el debate, y de esa manera dirimir el conflicto de intereses que constituye el objeto del proceso.
Estas exigencias de carácter legal, como requisitos fundamentales e impretermitibles que deben contener las sentencias, han sido categorizadas por la jurisprudencia como: el deber de pronunciamiento, la congruencia y la prohibición de absolver la instancia.
Al respecto, ya esta Sala en su sentencia No. 05406 del 4 de agosto de 2005, ratificada en sus decisiones Nos. 01073, 00162 y 00528, de fechas 20 de junio de 2007, 13 de febrero de 2008 y 29 de abril de 2009, casos: Puerto Licores, C.A., PDVSA Cerro Negro, S.A., Latil Auto, S.A. y Arquiestructura, C.A., respectivamente, ha expresado lo que debe entenderse por incongruencia negativa, señalando lo siguiente:
...En cuanto a la congruencia, dispone el segundo precepto del ordinal 5° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil que la decisión debe dictarse con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones o defensas opuestas. Luego, cuando no existe la debida correspondencia formal entre lo decidido y las pretensiones y defensas de las partes, se produce el vicio de incongruencia, el cual se manifiesta cuando el juez con su decisión modifica la controversia judicial debatida, bien porque no se limitó a resolver sólo lo pretendido por las partes, o bien porque no resolvió sobre algunas de las pretensiones o defensas expresadas por los sujetos en el litigio. Precisamente ante el segundo supuesto citado, se estará en presencia de una incongruencia negativa, visto que el fallo omite el debido pronunciamiento sobre alguna de las pretensiones procesales de las partes en la controversia judicial... (Destacado de esta Sala).
Circunscribiendo el análisis al caso de autos, se observa que el representante judicial del Fisco Nacional alegó que el a quo omitió toda consideración respecto al alegato esgrimido por él, relativo al no perfeccionamiento del régimen de admisión temporal, por el no cumplimiento de la condición suspensiva a la que estaba sujeta, cual es la reexpedición de la mercancía; razón por la cual, debe tenerse como si la suspensión en el pago de los impuestos nunca se produjo, retrotrayendo sus efectos al momento de la configuración del hecho imponible, es decir, a la llegada de la mercancía a la zona primaria de cualquier aduana nacional habilitada.
Por su parte, la apoderada judicial de la sociedad mercantil CNPC Services LTD Venezuela, S.A., afirmó que del fallo apelado se constata que además de relacionar todo lo alegado y probado en autos en la narrativa, en la parte motiva de la misma el juzgador delimitó la controversia de acuerdo a como fue planteada por las partes, para posteriormente declarar en forma expresa, en cuanto al fondo de la litis, resolviendo de esta manera el asunto que le fue sometido a su consideración. En consecuencia, en base a las precitadas razones estimamos que el fallo impugnado no se encuentra afectado de los vicios denunciados, por cuanto dicha decisión se ajusta a los requisitos establecidos en el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil.
Sobre dicho particular, pudo esta Alzada apreciar que el mencionado alegato presentado por el apelante ante el Tribunal de la causa sí fue tomado en cuenta por el Juez a quo en la sentencia recurrida, al señalar lo siguiente:
( ) De todo lo expuesto, se advierte que la recurrente ( ) cumplió con las condiciones impuestas mediante sus autorizaciones de admisión temporal, al solicitar las correspondientes prórrogas antes del vencimiento del plazo de un (1) año otorgado en sus autorizaciones originales (lapso que comenzó a computarse al momento del arribo de cada una de las mercancías a la zona primaria de la gerencia de [sic] Aduana Principal), luego, optando por nacionalizar las mercancías admitidas temporalmente en vez de reexpedirlas, antes de que culminara el plazo otorgado en cada una de sus prórrogas, tal como lo disponen los artículos 34 y 37 del Reglamento de la Ley Orgánica de Aduanas sobre los Regímenes de Liberación, Suspensión y otros Regímenes Aduaneros Especiales y 99 de la Ley Orgánica de Aduanas.
( ) situación esta que descarta su reexpedición extemporánea, razón por la cual el dispositivo previsto en el transcrito Artículo 30 reglamentario no encuadra en el caso sub iúdice, por lo que el cobro de intereses moratorios con base a este Artículo vulnera el principio de legalidad, constitucional y legalmente consagrado. Así se declara.
Asimismo, esta Sala observa que el Sentenciador de la causa dejó establecido en su decisión que la contribuyente no incumplió con el procedimiento previsto para la importación de mercancías bajo régimen de admisión temporal simple por el hecho de solicitar la nacionalización de los bienes en vez de reexpedirlos, al considerar en su criterio, que la propia Ley Orgánica de Aduanas de 1999, en concordancia con su Reglamento sobre los Regímenes de Liberación, Suspensión y otros Regímenes Aduaneros Especiales, permiten a los importadores optar por reexpedir o nacionalizar mercaderías traídas a territorio nacional bajo suspensión de impuestos, siempre y cuando lo soliciten dentro de los plazos fijados al efecto.
Con fundamento en lo anterior, no se advierte del fallo apelado una falta de correspondencia formal entre lo decidido y las pretensiones del Fisco Nacional, que modificara la controversia judicial debatida, razón por la cual resulta improcedente la denuncia de incongruencia negativa planteada por el representante fiscal. Así se declara.
2.- Del vicio de inmotivación por silencio de pruebas
El representante en juicio del Fisco Nacional invocó el vicio de inmotivación por silencio de pruebas, al señalar que el Juez de instancia no valoró los medios probatorios traídos al proceso por él, consistentes en: 1) solicitud de nacionalización de mercancías No. 015769 de fecha 4 de julio de 2005; 2) oficio No. GAG-5010-DT-R-2005-0210-2667 de fecha 25 de julio de 2005, mediante el cual se autoriza la nacionalización de un (1) equipo de taladro de perforación Top Drive; 3) oficio No. GAG-5010-DT-R-2005-0233-2881 de fecha 15 de agosto de 2005, mediante el cual se autoriza la nacionalización de cuatro (4) cuartos generadores Caterpillar con sus partes y accesorios; y 4) oficio No. GAG-5010-DT-R-2005-0234-2882 de fecha 15 de agosto de 2005, por el cual se autoriza la nacionalización de un taladro de perforación desarmado con sus partes y accesorios.
Indicó el representante judicial del Fisco Nacional que tales documentales se promovieron con la finalidad de demostrar que la autorización del Régimen de Admisión Temporal concedida a la contribuyente, fueron otorgadas por la Administración Aduanera a los fines de la posterior reexpedición de la mercancía en cuestión; encontrándose suspendidos durante dicho período ciertas obligaciones del importador, como el pago de los impuestos, los cuales fueron determinados y liquidados por la Administración Aduanera, aplazando el pago de los impuestos mediante la suspensión autorizada, de conformidad con lo establecido en el Artículo 95 de la Ley Orgánica de Aduanas.
Por su parte, la apoderada judicial de la sociedad mercantil contribuyente indicó que el juzgador apreció las pruebas promovidas por las partes, según las reglas de la sana crítica, de conformidad con lo pautado en el artículo 507 del Código de Procedimiento Civil, siendo importante resaltar que no fueron estas (sic) objeto de impugnación, ya sea por falta de veracidad, por alteración de su objeto o cualesquiera otra circunstancia, motivos por los cuales surtieron pleno valor probatorio para determinar la improcedencia por ilegalidad de la exigencia de pago de intereses moratorios e impuesto al valor agregado sobre dichos intereses, al momento de nacionalizar mercancías que previamente fueron autorizadas a ingresar al territorio aduanero nacional bajo el régimen aduanero especial de admisión temporal.
En cuanto al vicio de silencio de pruebas, esta Alzada ha señalado que éste se presenta cuando el Juez al momento de tomar su decisión, no efectúa el correspondiente análisis de valoración de los elementos probatorios aportados al proceso por las partes, a fin de ponderar las defensas de cada una de ellas con los hechos y las normas aplicables al caso. (Vid., sentencia de esta Máxima Instancia dictada bajo el No. 00162 del 13 de febrero de 2008, caso: Latil Auto, S.A.).
Igualmente, esta Sala Político-Administrativa con relación al mencionado vicio, mediante decisión No. 04577 de fecha 30 de junio de 2005, caso: Lionel Rodríguez Álvarez contra Banco de Venezuela S.A.C.A., Banco Universal, desarrolló lo siguiente:
( ) cabe destacar que aun cuando el mismo no está configurado expresamente como una causal de nulidad en el artículo 244 del Código de Procedimiento Civil, sin embargo, la Sala estima que cuando se silencia una prueba en sede judicial, bien porque no se menciona o no se analiza ni juzga sobre su valor probatorio, explicando las razones del por qué se aprecia o se desestima, para luego y a partir de allí, establecer hechos o considerar otros como no demostrados, se infringe el ordinal 4° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, ya que el juez no estaría expresando las razones de hecho y de derecho en que fundamenta su fallo.
En efecto, el juez tiene la obligación de analizar todos los elementos probatorios cursantes en autos, aun aquellas que a su juicio no fueren idóneas para ofrecer algún elemento de convicción, expresándose siempre cuál sea el criterio del juez respecto de ellas, de conformidad con lo establecido en el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, al no realizarse la debida valoración de los medios probatorios, el juez no expresa las razones de hecho y de derecho que motivan el fallo. ( ).
No obstante, esta obligación del juez no puede interpretarse como una obligación de apreciación en uno u otro sentido, es decir, el hecho de que la valoración que haga el juez sobre los medios probatorios para establecer sus conclusiones, se aparte o no coincida con la posición de alguna de las partes procesales, no debe considerarse como silencio de prueba; por el contrario, sólo podrá hablarse de silencio de pruebas, cuando el Juez en su decisión, ignore por completo, no juzgue, aprecie o valore algún medio de prueba cursante en los autos y que quede demostrado que dicho medio probatorio pudiese, en principio afectar el resultado del juicio ( ). (Destacado de la Sala).
En armonía con lo señalado, es preciso referir que esta Máxima Instancia ha sostenido que tanto en el procedimiento administrativo como en el judicial, el efectivo cumplimiento del derecho a la defensa y al debido proceso, impone que se cumplan con estricta rigurosidad todas las fases o etapas en las cuales las partes involucradas tengan iguales oportunidades para formular alegatos y defensas, así como controlar las pruebas que cada una promueva para demostrar sus argumentos o pretensiones; lo contrario constituye una alteración en el derecho de igualdad de las partes, que violenta la esencia misma del proceso. (Vid., sentencia No. 00479 del 23 de abril de 2008; caso: Tenería Primero De Octubre, C.A.).
Circunscribiendo el análisis al caso de autos, se observa que la representación judicial del Fisco Nacional alegó que el a quo no efectuó un análisis exhaustivo de las pruebas consignadas en instancia, a fin de demostrar que la contribuyente incumplió con las condiciones otorgadas en su permiso de admisión temporal simple y, por tanto, resultaban procedentes los intereses moratorios exigidos por la Administración Aduanera.
Sobre dicho particular, esta Alzada aprecia que el sentenciador de la causa sí tomó en cuenta y valoró las pruebas presentadas por las partes, concretamente del Fisco Nacional, al hacer referencia en reiteradas oportunidades en su examen del fondo debatido a la valoración realizada sobre la documentación probatoria aportada al proceso, específicamente de los oficios autorizatorios relativos a la admisión temporal, a las prórrogas concedidas así como a la nacionalización otorgada a la mercaderías importadas por la contribuyente bajo este régimen suspensivo. (Vid., páginas 20 y siguientes de la sentencia apelada, cursantes a los folios 157 al 163 del expediente judicial).
Con fundamento en lo anterior, no se advierte del fallo apelado una falta de valoración de las pruebas consignadas en instancia por la representación del Fisco Nacional, que modificara la controversia judicial debatida, razón por la cual se desecha la denuncia de inmotivación por silencio de pruebas invocada por el representante fiscal. Así se declara.
3.- De los intereses moratorios
La representación judicial del Fisco Nacional solicitó se confirme la procedencia del pago de intereses moratorios por cuanto la contribuyente no reexpidió las mercancías importadas bajo régimen de admisión temporal simple sino que las nacionalizó, incumpliendo así con una condición establecida en este tipo de régimen, cual es la reexpedición.
Sobre este particular, la apoderada judicial de la contribuyente alegó que la representación de la República interpre[tó] erróneamente las normas que regulan el régimen aduanero especial de admisión temporal, al indicar que la contribuyente incumplió con el procedimiento establecido al efecto, al solicitar la nacionalización de las mercancías importadas y no optar por reexpedirlas, cuestión que a su juicio resulta contrario a lo previsto en la Ley Orgánica de Aduanas y su Reglamento sobre los Regímenes de Liberación, Suspensión y otros Regímenes Aduaneros Especiales, que establecen la posibilidad de solicitar o bien la reexpedición o la nacionalización de los bienes importados bajo régimen suspensivo, una vez finalizado el lapso otorgado para su permanencia. (Agregado de la Sala).
Por tal razón, insistieron en la improcedencia de los intereses moratorios por no estar dadas las condiciones de certeza, liquidez y exigibilidad que apareja el cobro de tales conceptos.
En orden a lo anterior, esta Alzada observa que la controversia queda circunscrita a determinar la procedencia o no de los intereses moratorios determinados y liquidados por el ente recaudador a cargo de la sociedad mercantil CNPC Services Venezuela LTD, S.A.
Sin embargo, previamente resulta necesario advertir que en los casos de importación de mercancías bajo régimen de admisión temporal, ya esta Sala ha señalado de forma reiterada la posibilidad que tienen los contribuyentes importadores o consignatarios de solicitar no sólo la reexpedición de los bienes importados bajo este tipo de régimen suspensivo, sino también la nacionalización de dichas mercaderías así introducidas al territorio aduanero nacional, cumpliendo los requisitos exigidos para ello y pagando los correspondientes impuestos, recargos e intereses, siempre que lo requieran antes del vencimiento de sus permisos o prórrogas respectivas.
Sobre dicho particular, esta Máxima Instancia considera oportuno transcribir su sentencia No. 06160 dictada el 9 de noviembre de 2005, caso: Fundaciones Franki, C.A., en la cual se estableció lo siguiente:
( ) Dentro de los llamados Regímenes Aduaneros Especiales, concretamente de los denominados Regímenes de Suspensión, se encuentran la admisión temporal simple, conforme a la cual pueden ser introducidas al territorio aduanero nacional con suspensión de los impuestos de importación y otros recargos o impuestos adicionales que fueren aplicables, ciertas mercancías con una finalidad determinada, a condición de que sean reexpedidas luego de su utilización, sin haber experimentado modificación alguna (artículo 31 del Reglamento de Regímenes de Liberación, Suspensión y otros Regímenes Aduaneros Especiales). Asimismo, dentro de esta clase de regímenes, se prevé la extracción temporal simple o exportación temporal simple, que permite extraer del territorio aduanero nacional, de manera temporal, mercancías que se encuentren legalmente en libre circulación dentro de dicho territorio, para ser reintroducidas posteriormente, sin pago de los correspondientes impuestos de importación cuando no hayan sufrido modificación alguna (artículo 38 eiusdem).
A su vez, este género de operaciones aduaneras suspensivas, encuentra su especie en las operaciones atinentes al tráfico de perfeccionamiento, que para el caso de las admisiones temporales, contempla el perfeccionamiento activo, es decir, la modificación, cambio, reparación, rehabilitación, mezcla o cualquier otro tipo de perfeccionamiento verificado sobre las mercancías en el territorio aduanero nacional. Por su parte, para las exportaciones temporales, se establece el perfeccionamiento pasivo, referente a modificaciones o alteraciones producidas fuera del territorio aduanero nacional.
Ahora bien, de acuerdo al análisis del presente caso, tal como se analizará infra constata esta Sala que el mismo está referido a un régimen de admisión temporal simple, conforme al cual las mercancías pueden ser introducidas al territorio aduanero nacional con suspensión de los impuestos de importación y otros recargos o impuestos adicionales que fueren aplicables, a condición de que sean reexpedidas o, en su defecto, nacionalizadas, por lo que resulta necesario atender al contenido de los artículos 31, 34 y 37 del Reglamento de la Ley Orgánica de Aduanas sobre Regímenes de Liberación, Suspensión y otros Regímenes Aduaneros Especiales, cuyos textos disponen lo siguiente:
`Artículo 31: A los efectos del artículo 93 de la Ley, se entenderá por admisión temporal de mercancías, el régimen mediante el cual se introducen mercancías al territorio aduanero nacional, con suspensión del pago de los impuestos de importación y otros recargos o impuestos adicionales que fueren aplicables, con una finalidad determinada, a condición de que sean reexpedidas luego de su utilización, sin haber experimentado modificación alguna.
Parágrafo Único: El consignatario o representante legal, presentará garantía por el monto de las obligaciones correspondientes, a satisfacción de la Administración, conforme lo establecido en los artículos 144, 145 y 146 de la Ley.´
`Artículo 34: La reexpedición de las mercancías admitidas conforme a este régimen, deberá hacerse dentro del plazo de seis (6) meses contados desde la fecha de su introducción, salvo que se trate de las mercancías contempladas en las letras f) e i) del artículo 32 y de aquellas que por su naturaleza, autorice el Ministerio de Hacienda, en cuyo caso dicho período será de un (1) año.´
`Artículo 37: En caso de que las mercancías deban ser nacionalizadas, el interesado deberá solicitar la correspondiente autorización de la Dirección General Sectorial de Aduanas antes del vencimiento del plazo otorgado para la reexpedición.
Otorgada la autorización, la Oficina Aduanera procederá a liquidar los impuestos de importación, recargos e impuestos adicionales y los intereses moratorios correspondientes´. (Destacado de la Sala).
Atendiendo al contenido de la normativa transcrita, se evidencia que para el ingreso de mercancías bajo el régimen de admisión temporal, se debe solicitar una autorización, la cual será otorgada siempre y cuando tales mercancías sean reexpedidas antes del vencimiento del plazo establecido inicialmente en el permiso; salvo que, en vez de proceder a reexpedir la mercancía fuera del territorio aduanero nacional, se decidiere por su nacionalización, lo cual se deberá requerir igualmente antes del cumplimiento del lapso original contenido en la autorización de admisión temporal, por ante la Dirección General Sectorial de la Aduana respectiva.
Es así como se otorga la posibilidad a los importadores, que hayan realizado operaciones aduaneras bajo el régimen de suspensión de impuestos de importación, de nacionalizar la mercancía así introducida al territorio aduanero nacional, cumpliendo los requisitos exigidos para ello y cancelando los correspondientes impuestos, recargos e intereses.
De la sentencia antes transcrita, esta Sala ratifica una vez más que por el hecho que la contribuyente importadora optara por solicitar la nacionalización de las mercancías traídas a territorio nacional bajo régimen de admisión temporal simple, en vez de reexpedirlas, no implica un incumplimiento de las condiciones requeridas para este tipo de régimen. En consecuencia, se desecha el planteamiento que sobre el particular alegara el representante judicial del Fisco Nacional. Así se declara.
Una vez precisado lo anterior, esta Máxima Instancia pasa a determinar si resultan procedentes o no los intereses moratorios exigidos por la Administración Aduanera a cargo de la contribuyente CNPC Services Venezuela LTD, S.A., con ocasión de la importación bajo régimen de admisión temporal simple de las mercancías consistentes en: i) un (1) taladro de perforación desarmado con sus partes y accesorios; ii) un (1) equipo de taladro de perforación Top Drive, Modelo TESCO-ECI-500, compuesto por un (1) Panel de Control SCR, una (1) estación hidráulica y un (1) sistema de manejo de torre; así como iii) cuatro (4) cuartos generadores Caterpillar con sus partes y accesorios.
Al respecto, se considera oportuno ratificar la pacífica jurisprudencia de esta Sala Político-Administrativa referente a la causación de los intereses moratorios en casos como el de autos, contenida en la sentencia No. 06160 dictada el 9 de noviembre de 2005, caso: Fundaciones Franki, C.A. y, posteriormente reiterada entre otros en sus fallos Nos. 00922, 00114 y 00809 de fechas 6 de abril de 2006, 24 de enero y 9 de julio de 2008, casos: Caribbean Flight, S.A., CNPC Services Venezuela LTD, S.A. y Praxair Venezuela, S.A., respectivamente. El criterio sentado fue el siguiente:
( ) La obligación de pagar intereses moratorios adquiere carácter accesorio con respecto a la obligación principal, ya que nace sobre la base de una deuda existente, y se origina en el retardo en el cumplimiento de ésta, siendo indispensable para su nacimiento la preexistencia de una obligación principal.
En efecto, el cumplimiento tardío de la obligación tributaria mediante el pago fuera del lapso legalmente previsto, igualmente causa la extinción de la obligación, sin embargo, la Hacienda Pública debe obtener una compensación justa representada en el pago de intereses moratorios sobre la cantidad dejada de ingresar, intereses los cuales tienen una función indemnizatoria y no sancionadora.
En tal orden de ideas, debe señalarse que la determinación del tributo no tiene naturaleza constitutiva sino declarativa y la obligación tributaria principal nace al producirse el hecho generador y no al liquidarse la exacción. Así, si la obligación de pagar intereses moratorios sólo tiene como presupuesto necesario la existencia de una deuda tributaria y su nacimiento se encuentra dominado por el elemento mora, sería el retardo en el cumplimiento de la obligación tributaria ya existente, aún cuando no necesariamente esté liquidada, la situación que origina la obligación de pagarlo.
En definitiva, los requisitos para la existencia de la mora en materia tributaria serían, en primer lugar, i) la manifestación de un retraso en el cumplimiento de una obligación y, ii) la liquidez y exigibilidad de dicha obligación producto de un proceso de determinación tributaria.
En este sentido, la mora establecida en el artículo 60 del Código Orgánico Tributario de 1982, aplicable ratione temporis, es una mora ex lege, que deriva de la no ejecución de una obligación de pagar una cantidad de dinero dentro de un plazo fijado por la Ley, en cuyo caso el solo vencimiento de ese plazo produce la mora generadora de los intereses; por lo tanto, se producen automáticamente al verificarse la situación de hecho prevista en su dispositivo, sin que se requiera ninguna otra condición o actuación para el nacimiento de la obligación de pagarlos.
Siguiendo este orden de ideas, resulta importante resaltar que el ´término` al cual se encuentra sometido el nacimiento de los intereses moratorios, tiene una mayor relevancia si se tiene en cuenta que la exigibilidad del cumplimiento de la obligación puede estar sometida a un plazo. Así, de existir este término establecido por la Ley, mientras el mismo no se haya vencido o verificado, el cumplimiento de la obligación no se podrá exigir y, en consecuencia, tampoco podrá ocurrir el retardo o tardanza que originaría el nacimiento de los intereses moratorios.
En otras palabras, en materia fiscal se somete el cumplimiento de la obligación a un término durante el cual, aun cuando la obligación ya ha nacido, el acreedor (Administración Tributaria) encuentra suspendido su derecho a cobrar el tributo causado y el deudor su obligación de pagarlo; pero, una vez cumplido el término, la obligación se hace exigible por el solo vencimiento del mismo. En estos casos, el nacimiento de la obligación principal y el momento en que ella se hace exigible se encuentran temporalmente distanciados, y entre ambos, media un plazo determinado por la Ley.
En efecto, se pueden plantear casos en que las normas reguladoras del tributo desplazan la oportunidad del pago de la obligación principal a una oportunidad posterior a la de su surgimiento y para esto señalan un plazo dentro del cual el deudor debe liquidar y pagar. Al vencimiento de este plazo es necesario adjudicarle un valor y unos efectos siendo uno de ellos el de hacer exigible la deuda.
En definitiva, se advierte que la falta de mención expresa en el artículo 60 del Código Orgánico Tributario de 1982 de la exigibilidad de la deuda principal como requisito para la obligación de pagar intereses y la utilización de la expresión falta de pago dentro del término establecido, permite concluir, conforme a lo hasta ahora expuesto, que tal cualidad concurre en ella en el momento en que finaliza ese término y que este es el plazo previsto para el pago señalado en la Ley, que regula cada tributo.
Por lo tanto, el vencimiento del plazo como elemento y oportunidad de la exigibilidad de la deuda tributaria, concreta la oportunidad de la causación de los intereses moratorios, independientemente de los recursos administrativos o judiciales interpuestos, pues éstos inciden sobre los efectos (ejecutividad y ejecutoriedad) del acto de determinación de la obligación tributaria y no sobre la situación jurídica acaecida. ( )
En efecto, una vez traspasado el lapso para el cumplimiento previsto en la Ley para la extinción de la obligación tributaria, surge de manera automática el comienzo del período de mora, el cual tiene como presupuesto, la tardanza, el retraso o la falta de puntualidad en el pago de la deuda tributaria.
Así las cosas, se debe precisar que cuando el contribuyente es deudor frente a la Administración Tributaria, el cómputo de los intereses moratorios comienza luego del vencimiento establecido para el pago de la deuda tributaria, sin que se haya efectuado, es decir, las cantidades adeudadas al Fisco generan interés de mora desde el día siguiente al de su vencimiento. Así se declara . (Destacado de la Sala).
Visto lo anterior y con el objeto de verificar si procede el cobro a la contribuyente de los intereses moratorios calculados por la Administración Aduanera, esta Sala transcribe el oficio signado con las letras y números GAG-5010-DT-R-2005-0234-2882 del 15 de agosto de 2005, cuyo contenido resulta similar a los oficios Nos. GAG-5010-DT-R-2005-2667 y GAG-5010-DT-R-2005-0233-2881 de fechas 25 de julio y 3 de agosto de 2005, en el que se expresa lo siguiente:
( ) Me dirijo a usted en la oportunidad de dar respuesta a su escrito de fecha 04/07/2005, registrado en esta Gerencia de Aduana Principal bajo el N° 015769 de fecha 03/08/2005, mediante el cual solicitan autorización para NACIONALIZAR la (s) mercancía (s) consistentes en: UN (01) TALADRO DE PERFORACIÓN DESARMADO CON SUS PARTES Y ACCESORIOS, ingresada (s) al territorio aduanero nacional bajo el Régimen de ADMISIÓN TEMPORAL, según oficio de autorización N° GAG-5010-DT-R-2003-0164 de fecha 19/09/2003. Prorrogada hasta el 18/09/2005 según Oficio GAG-5010-DT-R-2004-0190-4171 de fecha 24/11/2004.
Al respecto, esta gerencia ( ) le informa que una vez analizada su solicitud, ha verificado que la fecha de llegada de la mercancía amparada bajo el Régimen de Admisión Temporal en referencia, fue el día 18/09/2003, según consta en la Declaración Andina del Valor por esta Gerencia de Aduana Principal identificada con el correlativo N° 01-2803 fecha 02/10/2003.
De manera que no existe impedimento de hecho o derecho para conceder la autorización de Nacionalización, solicitada por ustedes para las mercancías que aún no ha sido reexpedida, quedando sin embargo, condicionada al cumplimiento de las siguientes formalidades:
1. Cancelar en una Oficina Receptora de Fondos Nacionales, las planillas de Liquidación de Gravámenes emitida por la Gerencia de Aduana Principal respectiva, relativas a:
1.1. El monto de los impuestos de Importación causados por las mercancías objeto de la presente autorización de nacionalización, de acuerdo a su fecha de llegada.
1.2. El monto de los intereses moratorios generados por los impuestos de importación suspendidos, de conformidad con lo establecido en el artículo 30 del Reglamento de la Ley Orgánica de Aduanas Sobre los Regímenes de Liberación, Suspensión y otros Regímenes Aduaneros Especiales, calculados en base a lo previsto en el artículo 66 del Código Orgánico Tributario.
1.3. El monto de Impuesto al Valor Agregado (IVA), causado a partir de la fecha de la presentación de la documentación referida en el punto 1, si fuere procedente, de conformidad con lo previsto en el artículo 13, numeral 2° de la Ley de Impuesto al Valor Agregado.
Una vez canceladas las planillas de liberación de gravámenes correspondientes se procederá a la liberación de la garantía prestada.
Por las razones expuestas, esta Gerencia según lo previsto en el artículo 99 de la Ley Orgánica de Aduanas, en concordancia con el Artículo 37 del Reglamento Sobre los Regímenes de Liberación, Suspensión y otros Regímenes Aduaneros Especiales, resuelve AUTORIZAR LA NACIONALIZACIÓN de la (s) mercancía (s) que se especifican a continuación:
( ). (Destacado del texto y de la Sala).
De la transcripción del acto administrativo impugnado se observa que la Administración Aduanera autorizó la nacionalización de las mercancías importadas bajo el régimen de admisión temporal simple y, seguidamente, ordenó emitir a cargo de la contribuyente las planillas de liquidación de gravámenes correspondientes al monto de los impuestos de importación, tasa por servicio de aduanas, impuesto al valor agregado e intereses moratorios; estos últimos con fundamento en el artículo 30 del Reglamento de la Ley Orgánica de Aduanas sobre los Regímenes de Liberación, Suspensión y otros Regímenes Aduaneros Especiales del año 1996, calculados con base a lo previsto en el artículo 66 del Código Orgánico Tributario de 2001, hoy impugnados por la recurrente.
El referido artículo 30 del Reglamento de la Ley Orgánica de Aduanas sobre los Regímenes de Liberación, Suspensión y otros Regímenes Aduaneros Especiales, dispone:
Artículo 30.- Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 115 y 118 de la Ley, cuando en las admisiones temporales no se cumpla con las condiciones establecidas en la autorización, ni se reexpida o exporte las correspondientes mercancías dentro del plazo otorgado, se considerará que la exigibilidad del pago de los impuestos y otros recargos o impuestos adicionales causados, es a la fecha de llegada de las mercancías, en consecuencia, surgirá la obligación de pagar intereses moratorios por todo el lapso transcurrido hasta la fecha de pago o de ejecución de la garantía constituida, calculados conforme a lo previsto en el Código Orgánico Tributario.
Por otra parte, el artículo 66 del Código Orgánico Tributario de 2001 establece:
Artículo 66.- La falta de pago de la obligación tributaria dentro del plazo establecido hace surgir, de pleno derecho y sin necesidad de requerimiento previo de la Administración Tributaria, la obligación de pagar intereses moratorios desde el vencimiento del plazo establecido para la autoliquidación y pago del tributo hasta la extinción total de la deuda, equivalentes a 1.2 veces la tasa activa bancaria aplicable, respectivamente, por cada uno de los períodos en que dichas tasas estuvieron vigentes .
En atención a las normas citadas y del criterio de la Sala para la causación de los intereses de mora, pasa esta Alzada a revisar las actas procesales a los fines de verificar, en primer término, si la contribuyente CNPC Services Venezuela LTD, S.A., incumplió con las condiciones establecidas en la autorización de admisión temporal simple de las mercancías, tal y como en principio lo determinó la Administración Aduanera; y, seguidamente, determinar si procede o no el pago de los intereses moratorios determinados y liquidados por el ente recaudador a cargo de la referida sociedad mercantil.
En tal sentido, de los oficios identificados con letras y números GAG-5010-DT-R-2003-0123, GAG-5010-DT-R-2003-0164, y GAG-5010-DT-R-2003-0166, emitidos por la Gerencia de la Aduana Principal de Guanta-Puerto La Cruz del SENIAT, en fechas 4 de agosto de 2003 el primero, y 19 de septiembre de 2003, los dos últimos, se observa que la contribuyente antes del arribo de las mercancías identificadas preliminarmente solicitó la autorización para su admisión temporal. Asimismo, se le comunicó que la admisión temporal tenía un plazo de un (1) año contado a partir de la fecha de su emisión, para el ingreso de las mercaderías autorizadas y se fijó el plazo de un (1) año contado a partir de la fecha de llegada del último embarque para que el beneficiario efectuase su reexpedición o nacionalización, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 20 y 47 del Reglamento de la Ley Orgánica de Aduanas sobre los Regímenes de Liberación, Suspensión y otros Regímenes Aduaneros. (Folios 47 y 50 de la primera pieza del expediente, así como 50 y 205 de su segunda pieza).
En fecha 7 de septiembre de 2004, la contribuyente requirió a la aludida Gerencia prórrogas para reexpedir las mercancías autorizadas en los permisos de admisión temporal antes de su vencimiento original, las cuales fueron otorgadas mediante los oficios Nos. APG-5010-DT-R-2004-0190-4171 del 24 de noviembre de 2004, APG-5010-DT-R-2004-0189-1330 del 13 de abril de 2005, y APG-5010-DT-R-2004-0143-1328 del 13 de abril de 2005, de conformidad con el artículo 101 de la Ley Orgánica de Aduanas de 1999, en concordancia con el artículo 22 de su Reglamento sobre los Regímenes de Liberación, Suspensión y otros Regímenes Aduaneros Especiales del año 1996. (Folios 130 al 132 de la primera pieza del expediente judicial, 71, 72, 211 y 212 de su segunda pieza).
Por último, en fechas 14 de julio y 3 de agosto de 2005, la sociedad de comercio recurrente presentó ante la Gerencia de la Aduana Principal de Guanta-Puerto La Cruz del SENIAT escritos en los que solicitó autorización para la nacionalización de las mercancías admitidas temporalmente; autorizaciones que fueron otorgadas según consta en los oficios distinguidos con las letras y números GAG-5010-DT-R-2005-2667 del 19 de julio de 2005, GAG-5010-DT-R-2005-0234-2882 del 15 de agosto de 2005 y GAG-5010-DT-R-2005-0233-2881 del 17 de agosto de 2005, con la condición que la contribuyente pagara los impuestos de importación, recargos e impuestos adicionales, así como los intereses moratorios respectivos, según lo dispuesto en el artículo 30 del Reglamento de la Ley Orgánica de Aduanas sobre los Regímenes de Liberación, Suspensión y otros Regímenes Aduaneros Especiales del año 1996, en concordancia con el artículo 66 del Código Orgánico Tributario de 2001. (Folios 45 al 50, 133, 134 de la primera pieza del expediente judicial, 48 al 50, 73, 74, 202 al 205 de su segunda pieza).
Posteriormente, el día 30 de agosto de 2005 fue expedida la Planilla de Pago, Forma 99081, Número 0590011515 por un monto total de dos mil seiscientos cincuenta y cinco millones ochocientos veintiséis mil ciento cuarenta y ocho bolívares con un céntimo (Bs. 2.655.826.148,01), correspondientes a impuestos de importación e impuesto al valor agregado causados por la importación de las mercancías descritas a lo largo de este fallo, la cual fue pagada por la contribuyente en fecha 5 de septiembre de 2005, ante la Oficina del Banco Provincial de Puerto La Cruz. (Folio135 del expediente judicial).
De todo lo expuesto se advierte que la contribuyente CNPC Services Venezuela LTD, S.A., cumplió efectivamente las condiciones impuestas por la Administración Aduanera en sus permisos de admisión temporal, al solicitar las prórrogas en fecha 7 de septiembre de 2004; es decir, antes del vencimiento del plazo de un (1) año, otorgado en sus autorizaciones originales; y luego, al optar en fechas 14 de julio y 3 de agosto de 2005 por nacionalizar las mercancías importadas en lugar de reexpedirla, antes que culminaran los plazos otorgados en sus prórrogas, tal como lo disponen los artículos 20 y 37 del Reglamento de la Ley Orgánica de Aduanas sobre los Regímenes de Liberación, Suspensión y otros Regímenes Aduaneros Especiales del año 1996 y 99 de la Ley Orgánica de Aduanas de 1999.
En consecuencia, debe esta Sala señalar que la contribuyente no incumplió ante la Administración Aduanera con las condiciones y formalidades exigidas tanto en la Ley Orgánica de Aduanas como en su Reglamento sobre los Regímenes de Liberación, Suspensión y otros Regímenes Aduaneros Especiales. Por lo tanto, no le eran exigibles los intereses moratorios cuyo pago y liquidación fueron ordenados en los actos impugnados, conforme a lo previsto en el artículo 66 del Código Orgánico Tributario de 2001 y con fundamento en el artículo 30 del citado Reglamento, ya que la sociedad mercantil reparada cumplió con su obligación de solicitar la nacionalización de las mercancías importadas dentro del lapso previsto en las autorizaciones de admisión temporal, es decir, cuando se encontraba bajo el régimen especial de importación que le permitía la suspensión de los pagos referentes a los impuestos y derechos arancelarios hasta tanto solicitara la nacionalización o la reexpedición de los bienes.
A mayor abundamiento, la Sala considera necesario advertir que distinta sería la situación si la contribuyente no hubiera solicitado la nacionalización o la reexpedición de las mercancías importadas bajo el régimen especial de admisión temporal dentro del lapso previsto en su autorización; o que una vez solicitada tempestivamente alguna de las anteriores, no cumpliera con su obligación de pagar los derechos arancelarios, los impuestos de importación y al valor agregado; caso en el cual sí surgiría para el sujeto activo de la obligación tributaria el derecho a exigir el pago de los intereses moratorios correspondientes.
En virtud de todo lo expuesto y tomando en cuenta que la contribuyente cumplió con su obligación dentro del lapso fijado al efecto, tanto para solicitar las prórrogas para reexpedir las mercancías autorizadas en los permisos de admisión temporal, como para requerir la nacionalización de los bienes importados, esta Sala considera que en el presente caso la Administración Tributaria erró al liquidar los intereses moratorios, a cargo de CNPC Services Venezuela LTD, S.A.; razón por la cual resulta improcedente el cobro de intereses moratorios en la cantidad de cincuenta y tres millones ciento ochenta y nueve mil quinientos ochenta y cinco bolívares con un céntimo (Bs. 53.189.585,01). Así se declara.
Con base en las precedentes consideraciones, esta Sala debe declarar sin lugar la apelación interpuesta por el representante judicial del Fisco Nacional, contra la sentencia No. 1.202 dictada en fecha 22 de febrero de 2007 por el Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, la cual se confirma. Así se declara.
Por último, respecto a la solicitud del Fisco Nacional referida a que en el supuesto negado que sea declarada sin lugar la apelación, pedimos ( ) no se condene en costas a la República, por tener motivos fundados para litigar, esta Alzada observa que al ser reiterada la jurisprudencia de esta Máxima Instancia respecto a la improcedencia de los intereses moratorios exigidos con ocasión de solicitudes de nacionalización de mercancías importadas bajo régimen de admisión temporal simple, al haberse cumplido con los plazos fijados al efecto, se desestima su solicitud y se impone su condenatoria en costas en un monto equivalente al diez por ciento (10%) de la cuantía del recurso contencioso tributario, de conformidad con el artículo 327 del vigente Código Orgánico Tributario. Así finalmente se declara.
VI
DECISIÓN
En virtud de las razones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala Político-Administrativa, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara:
1.- SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido por la representación judicial del FISCO NACIONAL, contra la sentencia No. 1.202 dictada en fecha 22 de febrero de 2007 por el Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
2.- CONFIRMA el aludido fallo, que declaró con lugar el recurso contencioso tributario ejercido por la contribuyente CNPC SERVICES VENEZUELA, LTD, S.A.
Se CONDENA en costas al Fisco Nacional en el presente juicio en un monto equivalente al diez por ciento (10%) de la cuantía del recurso contencioso tributario, de conformidad con el artículo 327 del vigente Código Orgánico Tributario.
Publíquese, regístrese y notifíquese. Remítase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los tres (03) días del mes de noviembre del año dos mil nueve (2009). Años 199º de la Independencia y 150º de la Federación.
La Presidenta
EVELYN MARRERO ORTÍZ
La Vicepresidenta
YOLANDA JAIMES GUERRERO
Los Magistrados,
LEVIS IGNACIO ZERPA
HADEL MOSTAFÁ PAOLINI
Ponente
EMIRO GARCÍA ROSAS
La Secretaria,
SOFÍA YAMILE GUZMÁN
En cuatro (04) de noviembre del año dos mil nueve, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 01558, la cual no está firmada por la Magistrada Yolanda Jaimes Guerrero, por no estar presente en la discusión por motivos justificados.
La Secretaria,
SOFÍA YAMILE GUZMÁN
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