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Sentencia N.º 0156

Sentencia
N.º 0156
Fecha
02/02/2006
Sala
Casación Social
Expediente
05-1420
Ponente
Luis Eduardo Franceschi Gutiérrez
Procedimiento
Recurso de control de la legalidad

SALA DE CASACIÓN SOCIAL

Caracas, dos (02) días del mes de febrero de 2006. Años: 195° y 146°

                   En el juicio que por cobro de intereses en el pago de prestaciones sociales, sigue la ciudadana JOVITA USECHE MENDOZA, representada judicialmente por los abogados José Melecio Álvarez Mogollón y Javier Antonio Rosario Gómez, contra la GOBERNACIÓN DEL ESTADO TÁCHIRA, representada judicialmente por los profesionales del derecho Rogelio Zerpa, Gabriel Andrés de Santis Ramos, Ineye Aponte Collazo, Karim Celis Báez, Catherine M. Oliveros Barrios, Raiza M. Torres Carrillo, Madalen Hartom Vivas Campos, Nubia Cely Candelo y Jennie Walkiria Salvador Prato; el Juzgado Primero Superior del Nuevo Régimen Procesal y Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, conociendo en apelación, dictó sentencia en fecha 07 de julio de 2005, por medio de la cual declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la representación judicial de la parte actora, contra la sentencia dictada en fecha 03 de mayo de 2005, por el Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la referida Circunscripción Judicial, que declaró sin lugar la acción intentada por haberse consumado la prescripción de la acción; confirmando así, dicho fallo apelado.

 

                   Contra la decisión de alzada, la representación judicial de la parte demandante, en fecha 14 de julio de 2005, interpuso recurso de control de la legalidad, siendo remitido el expediente a esta Sala de Casación Social.

 

                   En fecha 27 de septiembre de 2005, se dio cuenta en Sala, designándose ponente al Magistrado LUIS EDUARDO FRANCESCHI GUTIÉRREZ.

 

                   Estando en la oportunidad procesal para decidir sobre la admisibilidad del presente recurso, lo hace esta Sala en los términos siguientes:

 

 

ÚNICO

                  

                   El artículo 178 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, establece el control de la legalidad, como la vía recursiva para impugnar ante la sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, aquellas decisiones emanadas de los Tribunales del Trabajo, que no sean recurribles en casación y que violenten o amenacen con violentar normas de orden público y/o la reiterada doctrina de esta Sala, ello, a fin de restablecer el orden jurídico infringido. Asimismo, se encuentra limitada la oportunidad para interponer el referido recurso, a un lapso preclusivo de cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de publicación de la sentencia sujeta a revisión, y a través de escrito, el cual no podrá exceder de tres (3) folios útiles y sus vueltos, pues tal inobservancia acarrearía la inadmisibilidad de éste.

 

                   En ese orden, verificado el cumplimiento de los requisitos técnicos-formales exigidos sub iudice, pasa esta Sala de Casación Social, a analizar los elementos sustanciales de admisibilidad, observando:

 

                   En el caso concreto, denuncia el recurrente que la decisión dictada por el ad quem viola la reiterada jurisprudencia de esta Sala de Casación Social (sentencia N° 324 de fecha 15 de mayo de 2003), en razón que se declaró la prescripción de la acción, aún y cuando se había interrumpido la misma.

 

                   También se advierte: “Denunciamos la violación de los artículos 2 (…) y 9 numeral 1 (…) del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, por cuanto el Tribunal Superior que dicto (sic) el fallo objeto del presente recurso incurrió en falta de aplicación de dichos dispositivos que de acuerdo con el contenido del artículo 8 ejusdem constituyen normas de estricto orden público, pues en el fallo se le da a la Procuraduría General del Estado Táchira, la condición de demandado (…)”.

 

                   De otra parte, indica el solicitante:

“Denunciamos la violación del artículo 64 de la Ley Orgánica del Trabajo, en su literal “a”, por cuanto el Tribunal Superior que dicto (sic) el fallo incurrió en falta de aplicación de dicho dispositivo (…) cuando en el fallo objeto del presente recurso no declaro (sic) la interrupción de la prescripción (…).

 

Denunciamos la violación del artículo 61 de la Ley Orgánica del Trabajo, por cuanto el Tribunal Superior que dicto (sic) el fallo incurrió en falsa aplicación de dicho dispositivo (…) cuando el fallo objeto del presente recurso declaro (sic) que la acción (…) se encontraba prescrita (…).

 

Denunciamos la violación del artículo 59 de la Ley Orgánica del Trabajo (…) cuando en el fallo objeto del presente recurso el Juez Superior Condeno (sic) en Costas a nuestra representada, alegando (…) que no le constaba de las actas procesales cuanto era el salario del demandante (…)”.      

                       

                   Ahora bien, del análisis del hilo argumental expuesto por el recurrente, así como de la sentencia impugnada y las restantes actas que conforman el expediente, se colige que la decisión sujeta a revisión se encuentra ajustada a derecho, sin denotarse violación alguna de normas regidas por el orden público, ni de la reiterada doctrina jurisprudencial de la Sala; en consecuencia, visto que el alcance de la solicitud de control de la legalidad no se ajusta a los fines del recurso, debe necesariamente declararse su inadmisibilidad. Así se resuelve.

 

DECISIÓN

 

                   Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE el recurso de control de la legalidad interpuesto por el representante judicial de la parte actora, contra la sentencia proferida por el Juzgado Primero Superior del Nuevo Régimen Procesal y Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, en fecha 07 de julio de 2005.

                  No hay expresa condenatoria en costas del recurso, dada la naturaleza de

la presente decisión.

 

                  Publíquese, regístrese y remítase el expediente a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de la Circunscripción Judicial arriba identificada. Particípese de esta remisión al Juzgado Superior de origen antes mencionado, de conformidad con lo establecido en el artículo 176 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

 

El Presidente de la Sala,

 

___________________________

OMAR ALFREDO MORA DÍAZ

 

 

El Vicepresidente,                                              Magistrado,

 

_______________________                            ______________________________

JUAN RAFAEL PERDOMO                 ALFONSO VALBUENA CORDERO

 

Magistrado y Ponente,                                       Magistrada,

 

_______________________________       __________________________________

LUIS E. FRANCESCHI GUTIÉRREZ       CARMEN ELVIGIA PORRAS DE ROA

 

 

El Secretario,

 

 

_____________________________

JOSÉ E. RODRÍGUEZ NOGUERA

 

 

C.L. N° AA60-S-2005-001420

Nota: publicada en su fecha a

 

 

 El Secretario,

 

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