Venley

Sentencia N.º 01601

Sentencia
N.º 01601
Fecha
05/11/2009
Sala
Político Administrativa
Expediente
1999-16232
Ponente
Hadel Mostafá Paolini
Procedimiento
Demanda

ACCIDENTAL

Magistrado Ponente  HADEL MOSTAFÁ PAOLINI

Exp. 1999-16232

Mediante escrito presentado ante esta Sala el 1° de julio de 1999, los abogados Pablo Aure Sánchez y Lubin Labrador Rondón, inscritos en el INPREABOGADO bajo los números 24.211 y 24.212, respectivamente, actuando con el carácter de apoderados judiciales de la sociedad mercantil ALMACENES Y DEPÓSITOS INTEGRALES PORTUARIOS, C.A. (DEPORCA), inscrita en el Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, el 15 de noviembre de 1989, bajo el N° 49, Tomo 10-E, interpusieron demanda por cobro de bolívares contra la  REPÚBLICA DE VENEZUELA (hoy REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA), por órgano del MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES (actualmente denominado MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE).

            El 6 de julio de 1999, se dio cuenta en Sala y se ordenó pasar el expediente al Juzgado de Sustanciación.

            En fecha 15 de julio de 1999, se admitió la demanda y, en consecuencia, se ordenó emplazar al Procurador General de la República.

            A través de diligencia del 20 de octubre de 1999, el Alguacil del Juzgado de Sustanciación consignó el recibo firmado por el Procurador General de la República.

            El 1° de febrero de 2000, la abogada María Gisela Bugallo Bugallo, inscrita en el INPREABOGADO bajo el número 71.628, actuando como   representante judicial de la Procuraduría General de la República Bolivariana de Venezuela presentó escrito de contestación de la demanda.

            En fechas 9 y 14 de marzo de 2000, las representaciones judiciales de la República Bolivariana de Venezuela y de la sociedad mercantil Almacenes y Depósitos Integrales Portuarios, C.A., (DEPORCA), respectivamente, presentaron escritos de promoción de pruebas.

            Por autos del 5 de abril de 2000, el Juzgado de Sustanciación se pronunció sobre la admisibilidad de las pruebas promovidas por las partes.

            Mediante diligencia del 26 de abril de 2000, el apoderado judicial de la accionante solicitó se comisionara a un tribunal de la Circunscripció n Judicial del Estado Carabobo para la evacuación de las pruebas promovidas en nombre de su representada, lo cual fue acordado por auto del 27 de ese mes y año.

            Realizadas las notificaciones ordenadas en los autos de admisión de pruebas, en fecha 4 de mayo de 2000 se consignaron al expediente las resultas de la prueba de informes solicitada a la Sala Político Administrativa de este Tribunal.

            El 30 de mayo de 2000, se agregaron las resultas de la prueba de informes solicitada al Banco del Caribe.

            El 13 de junio de 2000 se consignaron las resultas de la comisión evacuada ante el Juzgado Primero del Municipio Puerto Cabello de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo.

            El 14 y 15 de junio de 2000, se agregaron las resultas de la prueba de informes dirigida al Banco Provincial y al Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria (SENIAT), respectivamente.

            En fecha 20 de junio de 2000, fue realizado el acto de exhibición, dejándose constancia de la presencia de ambas partes.

            Concluida la sustanciación, se ordenó pasar el expediente a la Sala el 4 de julio de 2000.

            El 12 de julio de 2000, se dio cuenta en Sala, se designó Ponente al Magistrado Carlos Escarrá Malavé y se fijó el quinto (5°) día de despacho para comenzar la relación.

            A través de auto del 25 de julio de 2000, se fijó el acto de informes para el primer día de despacho siguiente al vencimiento de los quince (15) días calendarios ininterrumpidos, contados a partir de esa fecha inclusive.

            En fecha 8 de agosto de 2000, la representación judicial de la República Bolivariana de Venezuela, presentó escrito de informes.

            El 9 de agosto de 2000, oportunidad para que tuviera lugar el acto de informes, se dejó constancia de la no comparecencia de las partes.

            Por diligencia del 4 de octubre de 2000, el apoderado judicial de la parte actora solicitó que se procediera a fijar nueva oportunidad para presentar informes, visto que no habían sido consignadas en el expediente todas las resultas de las pruebas de informes promovidas.

            Mediante escrito de fecha 25 de octubre de 2000, la accionante consignó sus conclusiones.

            El 1° de noviembre de 2000, terminó la relación y se dijo “Vistos”.

            A través de diligencia del 25 de septiembre de 2001, el apoderado judicial de la sociedad mercantil Almacenes y Depósitos Integrales Portuarios, C.A., (DEPORCA) solicitó que fuera dictada sentencia en la presente causa.

            En fecha 4 de octubre de 2001, se dejó constancia que el 27 de diciembre de 2000, se incorporaron a esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, los Magistrados Yolanda Jaimes Guerrero, Hadel Mostafá Paolini y fue ratificado el Magistrado Levis Ignacio Zerpa; quienes fueron juramentados por la Asamblea Nacional en sesión de fecha 26 de diciembre de 2000, quedando reconstituida la Sala Político Administrativa el 27 de diciembre de dicho año. En esta última fecha, se ordenó la continuación de la causa y se reasignó la ponencia a la Magistrada Yolanda Jaimes Guerrero.

            El 27 de marzo de 2003, la Magistrada Yolanda Jaimes Guerrero manifestó su voluntad de inhibirse del conocimiento de este asunto.

            A través de diligencia del 8 de abril de 2003, el Magistrado Levis Ignacio Zerpa igualmente manifestó su voluntad de inhibirse en la presente causa.

A través de autos de publicados el 17 y 18 de junio de 2003, fueron declaradas con lugar las inhibiciones presentadas por los Magistrado Levis Ignacio Zerpa y Yolanda Jaimes Guerrero, respectivamente.

El 2 de septiembre de 2003, 14 de abril de 2004 y 21 de febrero de 2006, la parte actora solicitó que se constituyera la Sala Accidental.

El 7 de marzo de 2006, se dejó constancia que el 17 de enero de 2005, se incorporaron a esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, los Magistrados Emiro García Rosas y Evelyn Marrero Ortíz, designados por la Asamblea Nacional el 13 de diciembre de 2004, y que el 2 de febrero de 2005, fue elegida la Junta Directiva del Tribunal Supremo de Justicia, quedando conformada la Sala Político-Administrativa de la siguiente forma: Presidenta, Magistrada Evelyn Marrero Ortíz; Vicepresidenta, Magistrada Yolanda Jaimes Guerrero; y Magistrados Levis Ignacio Zerpa, Hadel Mostafá Paolini y Emiro García Rosas. Se ordenó la continuación de la causa.

A través de diligencia del 9 de mayo de 2007, el apoderado judicial de la parte actora solicitó se dictara sentencia.

Realizadas las convocatorias y designaciones de los respectivos conjueces o suplentes, el 25 de marzo de 2008 se constituyó la Sala Accidental de la siguiente forma: Presidenta, Magistrada Evelyn Marrero Ortíz; Vicepresidente, Hadel Mostafá Paolini; Magistrado Emiro García Rosas; Magistrados Suplentes: Rodolfo Antonio Luzardo Baptista y Miriam Elena Becerra Torres. Se designó ponente al Magistrado Suplente Rodolfo Antonio Luzardo Baptista.

A través de auto de fecha 30 de julio de 2008, se acordó la redistribución de las causas de las Salas Accidentales y se reasignó la ponencia al Magistrado Hadel Mostafá Paolini.

Revisadas como han sido las actas que integran el expediente, pasa esta Sala Accidental a emitir su pronunciamiento en los siguientes términos:

I

DEL LIBELO DE DEMANDA

Expusieron los apoderados judiciales de la parte actora que su representada, la sociedad mercantil Almacenes y Depósitos Integrales Portuarios, C.A., (DEPORCA) en su condición de operadora portuaria, de conformidad con lo establecido en los artículos 8, 29 y 32 de la “Ley mediante la cual el Estado Carabobo asume la competencia exclusiva sobre sus puertos de uso comercial y crea el Instituto Puerto Autónomo de Puerto Cabello”, recibió en sus depósitos ubicados en el área portuaria del Puerto de la ciudad de Puerto Cabello, galpones 9 y 10, por orden del entonces Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables, los bienes que se especifican a continuación:

Primer Grupo:                                                           Peso

“Un (1) Excavador Jhon Deere………………..12.247 Kg.

Un (1) Excavador Jhon Deere…………………11.340 Kg.

Tres (3) Palas………………………………………. 259 Kg.

Tres (3) Palas…………………………………….....259 Kg.

Un (1) Generador Caterpillar………………… 4.400 Kg.

Un (1) Generador Caterpillar………………….4.400 Kg.

Una (1) Caja serial RT635C (partes)..………….842 Kg.”

            Segundo Grupo:                                                       Peso

“Una (1) Grúa modelo 12T635C……………………28.804 Kg.

Un (1) Low Boy con tres (3) cajas y dos (2) compresores……..8.777 Kg.

Una (1) Batea con plataforma de acero…………….5.443 Kg.

Un (1) Chuto Mack modelo 12D6885……………….8.373 Kg.”

            Afirmaron que los bienes enunciados en el primer grupo arribaron al país el 28 de noviembre de 1996 en la motonave SEABOARD EXPRESS y que fueron recibidos en los almacenes de su representada el 28 de noviembre de 1997, tal como se desprende de las guías de recepción de bienes números 48.093, 48.094, 48.096, 48.100 y 50.401 de esta última fecha.

            Que el segundo grupo de bienes arribó al país esa misma fecha (28 de noviembre de 1996) en la motonave SEABOARD EXPRESS e ingresaron a los almacenes de su representada el 9 de octubre de 1997, tal como se desprende de las guías de recepción de bienes números 51.912, 51.913, 51.914 y 51.915 de esta última fecha.

            Señalaron que su representada también recibió en depósito del entonces Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables los siguientes bienes muebles:

        I.            Seis (6) cajas de 11.883 Kg., provenientes de la motonave SEA WOLF, almacenadas “…incluido el manejo…” desde el 27 de enero de 1996.

     II.            “Mercancía de 01¨ X 40¨ CMCU-405214-2, B/LCAMN-JAXS6M018059”, proveniente de la motonave SEA LIÓN, almacenadas “…incluido el manejo…” desde el 9 de febrero de 1996.

            Expresaron que la República, por órgano del mencionado Ministerio, a través de un amparo cautelar decretado el 9 de marzo de 1999 por el Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Tributario del Área Metropolitana de Caracas, retiró los prenombrados bienes de los almacenes de su representada. En tal sentido, afirmó que: “…el Juez Constitucional ordenó la entrega de las mercancías, depositadas en DEPORCA, a EL MINISTERIO y a su vez suspendió la aplicación de tarifa alguna por concepto de depósito de las mercancías a partir de la publicación del fallo, cuestión esta que así se acató, en primer lugar con la entrega de los bienes a EL MINISTERIO, y con la suspensión de las tarifas de almacenaje hasta la fecha señalada en el fallo…”. (Sic).

Argumentaron que la sociedad mercantil Almacenes y Depósitos Integrales Portuarios, C.A., (DEPORCA) tuvo almacenado, en calidad de depósito, los bienes importados por ese Ministerio, desde las fechas señaladas hasta el 9 de marzo de 1999, “…lo que generó a  DEPORCA el derecho a cobrar a EL MINISTERIO los emolumentos que por este concepto se vinieron liquidando hasta esa fecha y que inexplicablemente EL MINISTERIO no pagó, lo que ocasionó la acumulación de emolumentos desde la fecha del manejo y almacenaje de los bienes, hasta la fecha del fallo del juzgado Superior Sexto Tributario, o sea el 09-03-99 exclusive, emolumentos que a continuación se relacionan conforme a los bienes importados por EL MINISTERIO…”. (Sic).

Al efecto, señalaron que la República, por órgano del referido Ministerio, le adeudaba los siguientes montos por los conceptos descritos a continuación:

“1) MOTONAVE:- SEABORD EXPRESS –B/L PCB-P23, desde el 28-11-96:

Traslado: Bs. 320.000,oo; seguro: Bs. 357.850,15; manejo: del 28-11-96 al 09-12-96 Bs. 920.000,oo; manejo desde el 09-10-97 al 20-07-97 (sic) Bs. 2.200.000,oo; habilitación 28-11-96: Bs. 120.000,oo; habilitación 09-10-97: Bs. 120.000,oo; ALMACENAJE 10-12-96 AL 08-03-99, OCHOCIENTOS DIECIOCHO DÍAS (818) Valor CIF bienes Bs. 189.235.076,12 X 0.15% diario = Bs. 232.191.434,98; ALMACENAJE 21-10-97 AL 08-03-99, QUINIENTOS TRES DÍAS (503) Valor CIF bienes Bs. 246.635.992,68 X 0.15% diario = Bs. 186.086.851,94; gastos administrativos: Bs. 5.891.185,42; Total Bs. 428.207.322,49; Impuesto General Sobre las Ventas (I.S.V.)  Bs. 70.654.208,21; acopio empresa CONAVEN: Bs. 19.637.284,73 TOTAL GENERAL: Bs. 518.498.815,43.

2) MOTONAVE – SEA WORF- desde el 27-01-96:

Traslado: Bs. 160.000,oo; seguro: Bs. 18.870,65; maquinaria en recepción: Bs. 240.000,oo; maquinaria en despacho: 240.000,00; manejo: del 27-01-96 al 07-02-96 Bs. 300.000,oo; habilitación en recepción; Bs. 120.000,oo; ALMACENAJE 08-02-96 AL 08-03-99, UN MIL CIENTO VEINTICUATRO DIAS (1.124) Valor CIF bienes Bs. 22.984.961,37 X 0.15% diario = Bs. 38.752.642,56; gastos administrativos: Bs. 95.504,40; Total: Bs. 39.927.017,61; Impuesto General Sobre las Ventas (I.S.V.): Bs. 6.587.957,91; acopio: Bs. 318.348,oo; TOTAL GENERAL: Bs. 46.833.323,52.

3) MOTONAVE: -SEA LION – B/L CAMN-JAXS6M018059, desde el 09-02-96:

Traslado: Bs. 160.000,oo; seguro: Bs. 35.593,25; maquinaria en recepción: Bs. 25.000,oo; maquinaria en despacho: 25.000,oo; vaciado: bs. 80.000,oo; devaluación del equipo: Bs. 35.000,oo; traslado del equipo: Bs. 35.000,oo; Maquinaria en la Naviera: Bs. 25.000,oo; manejo: del 09-02-96 al 20-02-96 Bs. 200.000,oo; habilitación en recepción: Bs. 60.000,oo; ALMACENAJE 21-02-96 al  08-03-99 UN MIL CIENTO ONCE DÍAS (1.111) Valor CIF bienes Bs. 43.353.528,25 X 0.15% diario = Bs. 72.248.652,19; gastos administrativos: Bs. 225.000,oo; Total: Bs. 72.994.245,44; Impuesto General Sobre las Ventas (I.S.V.): Bs. 12.044.050; acopio: Bs. 750.000,oo; abono parcial sobre estos emolumentos por parte de EL MINISTERIO en fecha 25-07-96: Bs. 4.670.813,79; TOTAL GENERAL: Bs. 81.117.482,14”. (Sic). (Resaltado del texto citado)

Con fundamento en lo anterior, afirmaron que la República le adeudaba a su representada la cantidad de seiscientos cuarenta y seis millones cuatrocientos cuarenta y nueve mil seiscientos veintiún bolívares con nueve céntimos (Bs. 646.449.621,09).

Continuaron señalando que el 31 de octubre de 1997, la sociedad mercantil Almacenes y Depósitos Integrales Portuarios, C.A., (DEPORCA) presentó a los funcionarios del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables el estado de cuentas de los emolumentos que se adeudaban para esa fecha con ocasión al almacenaje y demás conceptos por los bienes traídos en la motonave SEABOARD EXPRESS, y que ascendía a la cantidad de ciento sesenta y ocho millones cuarenta y un mil ochocientos ocho bolívares con once céntimos (Bs. 168.041.808,11).

Que un mes después, el 30 de noviembre de 1997, le comunicaron nuevamente a los mencionados funcionaros la deuda en cuestión, “…pero por mayor suma, ya que había pasado un mes, por Bs. 180.268.763,36”.

Adujeron, seguidamente, que el 5 de marzo de 1998 su representada le envió al Ministerio una nueva comunicación informándole de los montos adeudados para esa fecha, sin que obtuviera respuesta al respecto.

Que, en virtud de la indiferencia del Ministerio y como quiera que los bienes que tenían en calidad de depósito ocupaban gran parte del almacén de su representada, en fecha 26 de mayo de 1998 practicaron, a través del Juzgado Primero de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, una notificación judicial a la República por órgano de ese Ministerio haciendo especial mención al derecho de retención que tenían sobre los referidos bienes.  

Señalaron que el 4 de diciembre de 1998 presentaron ante el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables un escrito con las razones de hecho y de derecho que asistían a su representada para demandar judicialmente el cobro de lo adeudado, todo ello a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 30 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, aplicable ratione temporis.

Expuesto lo anterior, invocaron el contenido de los artículos 1.749, 1.773 y 1.774 del Código Civil, como sustento de iure de su demanda.

Finalmente, demandaron a la República Bolivariana de Venezuela, por órgano del entonces Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables, para que pagara o fuera condenada  a lo siguiente:

       “PRIMERO: Pague a la demandante DEPORCA la cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE  MIL SEISCIENTOS VEINTIUN BOLÍVARES CON NUEVE CÉNTIMOS (Bs. 646.449.621,09) por concepto de emolumentos de almacenaje y demás gastos inherentes al mismo generados por los bienes que se indican en la presente demanda y que fueran traídos al puerto de Puerto Cabello en las motonaves SEABOARD EXPRESS, SEA WORF, Y SEA LION…

       SEGUNDO: Pague a la demandante DEPORCA los intereses moratorios generados a partir del 08 de marzo de 1999, fecha hasta la cual duró el almacenaje de los bienes descritos en este libelo, calculados sobre la cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE  MIL SEISCIENTOS VEINTIUN BOLÍVARES CON NUEVE CÉNTIMOS (Bs. 646.449.621,09) a una tasa del 5% anual, hasta la fecha en que efectivamente sea pagada la totalidad de la deuda.

       TERCERO: Pague a DEPORCA la actualización monetaria de la cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE  MIL SEISCIENTOS VEINTIUN BOLÍVARES CON NUEVE CÉNTIMOS (Bs. 646.449.621,09) tomando como fecha de inicio del ajuste monetario, el 08 de marzo de 1999, fecha hasta la cual duró el almacenaje, aplicando para ello el Indice de Precios al Consumidor de la Zona Metropolitana de Caracas (I.P.C) emanado del banco Central de Venezuela, todo ello conforme a las reglas de la indexación monetaria…”. (Sic).

II

DE LA CONTESTACIÓN

            El 1° de febrero de 2000, la abogada María Gisela Bugallo Bugallo, previamente identificada, actuando en su carácter de  representante judicial de la Procuraduría General de la República presentó escrito de contestación de la demanda, a través del cual opuso la falta de cualidad de su representada para sostener el presente juicio. En tal sentido, señaló que la República Bolivariana de Venezuela, por órgano del entonces Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables, nunca ha aceptado las relaciones de emolumentos que la demandante afirma se le adeudan, así como tampoco ha realizado pagos “…en sus cuentas bancarias [de la accionante] o de cualesquiera otra naturaleza por uno o todos los conceptos hoy demandados”. (Agregado de la Sala).

Expuso que la suma que según afirma la accionante se adeuda, no se encuentra respaldada por autorización alguna del respectivo Ministerio para tener en depósito los mencionados bienes.

            Que esa pretendida responsabilidad debía desecharse, puesto que del oficio signado bajo las siglas y números HAPTC-GA-019 de fecha 23 de marzo de 1998 emanado del entonces Ministerio de Hacienda (actualmente denominado Ministerio del Poder Popular para Economía y Finanzas), Aduana de Puerto Cabello, Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria (SENIAT), suscrito por la economista Elba de Vásquez, se desprende que el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables no autorizó el traslado de la mercancía cuyo depósito solicita en pago la demandante.

            Señaló que: “…la República Bolivariana de Venezuela por intermedio del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales no ha confiado o encomendado en depósito y/o almacenamiento bienes de su propiedad ni siquiera en su posesión a la demandante ALMACENES Y DEPÓSITOS INTEGRALES PORTUARIOS, C.A., (DEPORCA), como tampoco y en ninguna forma se le ha autorizado a ésta para recibir en calidad de depósito o almacenamiento, bienes sean propiedad o destinados a la República Bolivariana de Venezuela y/o Ministerio alguno, como tampoco le ha autorizado a otra persona natural o jurídica para que entregue en las condiciones dichas o a cualquier título, bienes de ella o destinados a uno de los ministerios (Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales) que previamente se le hubieren confiado, como lo señala la actora en su libelo de demanda.”. (Sic).

            Sostuvo que, como consecuencia de lo anteriormente señalado, la República Bolivariana de Venezuela, por órgano del Ministerio en referencia, tampoco tiene cualidad para pagarle a la empresa Almacenes y Depósitos Integrales Portuarios, C.A., (DEPORCA) los intereses moratorios, ni la actualización monetaria derivados de la deuda principal, toda vez que -según afirmó- al ser reclamos accesorios siguen la suerte de la pretensión principal.

            Adicionalmente, expuso que de no prosperar la falta de cualidad invocada, rechazaba, negaba y contradecía en todas y cada unas de sus partes lo alegado en el libelo de demanda, reiterando al efecto que del  oficio de fecha 23 de marzo de 1998 -antes mencionado- consta que el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables “…nunca autorizó el traslado de la mercancía, cuyo depósito solicita en pago la demandante…”.

            Finalmente, señaló que la República, por órgano del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables, “…nunca ha aceptado las facturas o relaciones de emolumentos que acompaña la demandante en originales al libelo de demanda (…) por cuanto no consta ningún distintivo que indique la aceptación de la deuda demandada por la mencionada empresa, así como tampoco existe ningún abono (o pago) efectuado por el Ministerio en cuentas bancarias de la demandante, por uno o todos los conceptos demandados, como lo señala la actora en su libelo de demanda.”

III

DE LAS PRUEBAS

La parte actora acompañó al libelo de demanda los siguientes instrumentos:

1)      Copia certificada del poder que acredita a los abogados Pablo Aure Sánchez y Lubin Antonio Labrador Rondón como apoderados judiciales de la sociedad mercantil Almacenes y Depósitos Integrales Portuarios, C.A., (DEPORCA).

2)      Copia simple del “Conocimiento de embarque forma corta” de fecha 23 de noviembre de 1996, con el número de referencia de exportación 000847, en el cual se encuentran descritos ciertos bienes en idioma inglés y figuran como remitente y comisionado “AVE TRADING INC” y el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables, respectivamente.

3)      Copia simple del “Conocimiento de embarque forma corta”, sin fecha, con el número de referencia de exportación 000847, en el cual se encuentran descritos ciertos bienes en idioma inglés y figuran como remitente y comisionado “AVE TRADING INC” y el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables, respectivamente.

4)      Original de la comunicación de fecha 5 de marzo de 1998 dirigida por el Director de la sociedad mercantil Almacenes y Depósitos Integrales Portuarios, C.A., (DEPORCA) al Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables, mediante la cual le rinde una relación de los montos adeudados a esa fecha, y le reitera que ha pasado un largo período desde que culminó el proceso de nacionalización de las maquinarias que reposan en sus depósitos desde el año 1996. Dicha comunicación contiene sello, firma ilegible y fecha de recibido por el Ministerio el 6 de marzo de 1998.

5)      Original de cinco (5) “Guías de Recepción” de fecha 28 de noviembre de 1996, emanadas de la demandante, identificadas con los números 48.093, 48.094, 48.096, 48.100 y 50.401, en las cuales figura como cliente el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables y que describen los siguientes bienes provenientes del buque SEABOARD EXPRESS: i) Una (1) máquina excavadora modelo 490E; ii) Una (1) máquina excavadora modelo 710; iii) Un (1) generador Caterpillar; iv) Una caja con partes y piezas para grúas; v) Seis (6) palas para excavadoras y; vi) Un (1) Generador marca Caterpillar.  Estos instrumentos tienen firmas ilegibles del “Conductor” cuyo carácter no consta en autos, y de “DEPORCA”.

6)      Original de cuatro (4) “Guías de Recepción” de fecha 9 de octubre de 1997, emanadas de la actora, identificadas con los números 51.912, 51.913, 51.914 y 51.915, en las cuales figura como cliente el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables y que describen los siguientes bienes provenientes del buque SEABOARD EXPRESS: i) Una (1) batea con base de metal; ii) Un (1) [ilegible] mack; iii) Una (1) grúa Grove y; iv) Un Low-Boy conteniendo tres (3) cajas y dos (2) transformadores. Estos instrumentos tienen firmas ilegibles del “Conductor” cuyo carácter no consta en autos, y de “DEPORCA”.

7)      Copias simples de las sentencias del 9 de marzo de 1999 dictadas por el Tribunal Superior Sexto de lo Contencioso Tributario del Área Metropolitana de Caracas dentro del procedimiento contencioso tributario de nulidad interpuesto por la República, por órgano del  Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables “…contra las Planillas de Liquidación de tasas de almacenamiento aduanero y Acción de Amparo Constitucional contra la sociedad mercantil ALMACENES Y DEPÓSITOS INTEGRALES PORTUARIOS, C.A., (DEPORCA)…”, mediante las cuales se declaró: 1) Con Lugar la acción de amparo constitucional interpuesta por los apoderados judiciales de la República y, en consecuencia, se suspendió el depósito y se ordenó a Almacenes y Depósitos Integrales Portuarios, C.A., (DEPORCA) la entrega de las mercancías, y 2) La falta de cualidad del recurrente y, por ende, la inadmisibilidad del recurso.

8)      Original de tres (3) comunicaciones de fecha 8 de marzo de 1999 dirigidas por la accionante al referido Ministerio, mediante las cuales le rinde una relación de los montos presuntamente adeudados a esa fecha por el depósito de los bienes transportados al Puerto de Puerto Cabello, Estado Carabobo, en las Motonaves SEABOARD EXPRESS, SEA WOLF y SEA LION. Dicha comunicación está firmada por el remitente, pero no contiene sello ni firma de recibido del Ministerio.

9)      Copia simple de la notificación judicial practicada el 26 de mayo de 1998, por el Juzgado Primero de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas al Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables y por solicitud de la demandante, a fin de hacer de su conocimiento que a partir de esa fecha ejercería el derecho de retención sobre los bienes muebles que tenía bajo su guarda.

10)  Original del escrito de fecha 4 de diciembre de 1998 dirigido por la actora al entonces Ministro del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 30 de la entonces vigente Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Dicha comunicación contiene sello, firma ilegible y fecha de recibido por dicho Ministerio el 4 de diciembre de 1998.

Durante el lapso probatorio, la parte actora invocó el mérito favorable de los autos y promovió las siguientes pruebas:

1.- Documentales:

i) Original de la comunicación de fecha 9 de octubre de 1997 dirigida por el Director de la sociedad mercantil Almacenes y Depósitos Integrales Portuarios, C.A., (DEPORCA) al Gerente General de Aduana de Puerto Cabello, mediante la cual le solicita la entrega de la mercancía trasladada por el Buque SEABOARD EXPRESS, que debía ser transferida desde el terminal de la empresa CONAVEN, C.A., hasta las instalaciones de DEPORCA. Dicha comunicación contiene sello, firma ilegible y fecha de recibido por CONAVEN, C.A., el 9 de octubre de 1997.

ii) Original de la comunicación de fecha 23 de enero de 1998 dirigida por el Gerente de CONAVEN a la accionante, a través de la cual deja constancia detalladamente de la mercancía que fue trasladada a los depósitos de esta última.

iii) Copia simple de la factura número 12.713 del 30 de julio de 1996, por la cantidad de cuatro millones seiscientos setenta mil ochocientos trece bolívares con setenta y nueve céntimos (Bs. 4.670.813,79), emanada de la actora y dirigida al referido Ministerio, por concepto de almacenaje de los bienes trasladados en el Buque SEA LION. Dicha factura contiene sello y firma ilegible de DEPORCA.

iv) Original de la relación de gastos de almacenaje de los bienes trasladados en el Buque SEA LION y -supuestamente- importados por el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables, emanada de la empresa demandante por la cantidad de cuatro millones seiscientos setenta mil ochocientos trece bolívares con setenta y nueve céntimos (Bs. 4.670.813,79). Dicho instrumento contiene sello y firma ilegible de DEPORCA.

v) Copia simple del “Conocimiento de embarque” de fecha 5 de febrero de 1996, con el número de referencia de exportación 01040E96003884l56195, en el cual se encuentran descritos determinados bienes en idioma inglés para ser “Consignado(s)” al aludido Ministerio.

vi) Copia simple de un cheque de fecha 25 de julio de 1996 librado por el extinto Banco Latino a la orden de “DEPORCA” por la cantidad de cuatro millones seiscientos setenta mil ochocientos trece bolívares con setenta y nueve céntimos (Bs. 4.670.813,79), en cuyo encabezado aparece como titular de la cuenta “Harza Engineering Company internacional LP”.

vii)  Copia simple de  inspección judicial extralitem practicada el 16 de marzo de 1999, por el Juzgado del Municipio Puerto Cabello de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, en el Almacén número nueve (9) de la Aduana Marítima de Puerto Cabello, sede de la empresa “DEPORCA”, a fin de constatar la existencia de unos bienes que tenían rótulos o leyendas de los que se leía: “Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables.”

viii) Copia certificada del Recurso Contencioso Tributario de nulidad interpuesto por la República, por órgano del entonces Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables, “…contra Planillas de Liquidación de tasas de almacenamiento aduanero y Acción de Amparo Constitucional contra la sociedad mercantil ALMACENES Y DEPÓSITOS INTEGRALES PORTUARIOS, C.A., (DEPORCA)…”, presentado el 19 de enero de 1999, ante el Tribunal Superior Sexto de lo Contencioso Tributario del Área Metropolitana de Caracas.

ix) Copia simple del escrito de fundamentación del recurso de apelación propuesto por la República, por órgano del citado Ministerio, contra la decisión de fecha 9 de marzo de 1999 dictada por el Tribunal Superior Sexto de lo Contencioso Tributario del Área Metropolitana de Caracas que declaró la falta de cualidad del recurrente  y, en consecuencia, la inadmisibilidad del recurso.

x) Copia simple de una comunicación dirigida a la actora, mediante la cual se fija fecha para celebrar una reunión a fin de discutir asuntos presuntamente relacionados con la entrega de los bienes depositados en “DEPORCA”. Este instrumento aparece suscrito por: “Eduardo Padula. Consultor Jurídico”, no obstante no se distingue en nombre de quién remite tal comunicación (hay un sello ilegible).

xi) Copia simple del oficio número 0178 del 17 de marzo de 1999, dirigido por el Director General Sectorial de Infraestructura del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables a la parte actora, a través del cual le solicita que le entregue a la empresa “Transportes y Servicios Chávez y Contreras” los materiales, equipos, vehículos, maquinarias y demás mercancías que le pertenecían, para que fueran trasladados a sus almacenes en HIDROFALCÓN, Estado Falcón.

            xii) Original del oficio número 0181 del 19 de marzo de 1999, dirigido por el Director General Sectorial de Infraestructura del referido Ministerio a la demandante, a través del cual le informa que el ciudadano Henry Guanipa, funcionario de HIDROFALCÓN, estaba autorizado para supervisar la entrega de los materiales, equipos, vehículos, maquinarias y demás mercancías que le pertenecían a su representada.

xiii) Original de la factura número 12984-P de fecha 23 de junio de 1998, emanada de la accionante a nombre del mencionado Ministerio por el traslado de determinados bienes en el Buque “SEABOARD INTREPID”. Dicho instrumento contiene sello y firma ilegible de DEPORCA.

xiv) Copia simple de la planilla de depósito en la cuenta corriente  número 36550887 del Banco Provincial por la cantidad de doce millones ciento cuarenta y siete mil setecientos ochenta y un bolívares con noventa y dos céntimos (Bs. 12.147.781,92), en la cual figura la empresa demandante como depositante y beneficiaria del mencionado depósito.

xv) Copia simple de la “Guía de Despacho” del 23 de junio de 1998 con número de control 00541, emanada de la demandante a nombre del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables por los bienes allí señalados.

2.- Informes:

i) A la Gerencia de la Aduana Principal Marítima de Puerto Cabello con sede en Puerto Cabello, para solicitarle copia del instrumento original denominado “Conocimiento de Embarque” (Bill of Lading-B/L) número CAMN-JAXS6M018059 correspondiente a la mercancía 01 X 40¨ CMCU-405214-2, proveniente de la motonave SEA LION en fecha 9 de febrero de 1996, con sus correspondientes originales “…donde se relaciona la información de compra de las mercancías señaladas, cuyo consignatario es el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables, para ser aplicado al PROYECTO SISTEMA FALCONIANO II”.

ii) A la Secretaría de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia para solicitarle copia del escrito de formalización de la apelación interpuesto por el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables, que cursa en el expediente número 15.800.

iii) Al Banco Provincial, sucursal Los Muelles de Puerto Cabello, para solicitarle: a) Copia del comprobante de depósito bancario número 36550887  realizado el 25 de junio de 1998 a favor de la cuenta corriente número 12500105-A a nombre de la empresa Almacenes y Depósitos Integrales Portuarios, C.A., (DEPORCA); b) Que haga del conocimiento de este Tribunal si el cheque número 00771938 emitido contra el Banco del Caribe por la cantidad de once millones quinientos sesenta y ocho mil cuatrocientos setenta y ocho bolívares con veintisiete céntimos (Bs. 11.568.478,27) fue depositado en la cuenta corriente número 12500105-A, a través del comprobante descrito en el punto anterior; y c) Copia del cheque señalado en el particular anterior o, en su defecto, informar los datos del titular de la cuenta  bancaria.

iv) Al Banco del Caribe, sede principal ubicada en la ciudad de Caracas a fin de solicitarle: a) Que informe si el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables tenía cuentas o contratos de cuentas corrientes en esa institución bancaria antes del 25 de junio de 1998 y, de ser así, que haga del conocimiento de este Tribunal si en esa última fecha fue librado el cheque número 00771938 por la cantidad de once millones quinientos sesenta y ocho mil cuatrocientos setenta y ocho bolívares con veintisiete céntimos (Bs. 11.568.478,27); b) Que haga del conocimiento de este Tribunal los datos del beneficiario del cheque enunciado en el punto anterior y remita su copia; y c) Que informe si ese cheque fue cobrado o depositado en la cuenta corriente número 12500105-A del Banco Provincial, Agencia Los Muelles en la ciudad de Puerto Cabello.

3.- Exhibición de los siguientes instrumentos:

 i) La factura número 12.713 de fecha 30 de julio de 1996 emanada de Almacenes y Depósitos Integrales Portuarios, C.A., (DEPORCA) y dirigida al Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables, a través de la cual se liquidan los emolumentos relacionados con la carga de la mercancía proveniente de la motonave SEA LION por la cantidad de cuatro millones seiscientos setenta mil ochocientos trece bolívares con setenta y nueve céntimos (Bs. 4.670.813,79).

ii) La inspección judicial extralitem evacuada por el Juzgado del Municipio Puerto Cabello de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo solicitada por el abogado Alejandro González Valenzuela, inscrito en el INPREABOGADO bajo el número 32.176, a fin de dejar constancia de la presencia de unos bienes en los almacenes de la empresa Almacenes y Depósitos Integrales Portuarios, C.A., (DEPORCA).

iii) El oficio número 000483 emanado de la consultoría jurídica del prenombrado Ministerio y dirigido a la actora, en el cual se hace referencia a los bienes en cuestión propiedad de la República y que -presuntamente- estaban en los depósitos de Almacenes y Depósitos Integrales Portuarios, C.A., (DEPORCA).

iv) La factura número 12984-P de fecha 23 de junio de 1998, emanada de la demandante a nombre del aludido Ministerio, por el traslado de determinados bienes en el Buque “SEABOARD INTREPID”.

4.- Testimonial: De los ciudadanos Carlos Orozco y Pedro Hernández, domiciliados en la ciudad de Puerto Cabello, Estado Carabobo y titulares de las cédulas de identidad números 7.713.195 y 1.194.138, respectivamente. El primero de los mencionados testigos, fue citado a fin de ratificar una prueba documental de conformidad con el artículo 431 del Código de Procedimiento Civil.

5.- Inspección Judicial: En los almacenes número 9 y 10 ubicados en la zona portuaria del Puerto de Puerto Cabello donde tiene su sede la sociedad mercantil Almacenes y Depósitos Integrales Portuarios, C.A., (DEPORCA), a fin de dejar constancia de “…los hechos, cosas lugares o documentos que interesan para la decisión de la presente causa…”.

El 9 de marzo de 2000, la apoderada judicial, de la República, por órgano del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables invocó el mérito favorable de los autos y promovió las siguientes pruebas: i) Documental constituida por el oficio identificado con las letras y números HAPTC-GA-019 del 23 de marzo de 1998 emanado del Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria (SENIAT), Aduana de Puerto Cabello, y dirigido a su representado, a través del cual le informaron que “…no hay ninguna autorización de traslado de esa mercancía [maquinarias pesadas llegadas al Puerto de Puerto Cabello en la motonave SEABOARD EXPRESS] solicitada por la mencionada Almacenadora” [Almacenes y Depósitos Integrales Portuarios, C.A., (DEPORCA)] desde CONAVEN hasta la sede de aquélla;  y ii) Informes del Gerente de la Aduana de Puerto Cabello, Estado Carabobo para que haga del conocimiento de esta Sala si existe en sus archivos algún oficio o documento donde conste la autorización por parte de dicho Ministerio para el traslado de quince (15) bultos de maquinarias pesadas desde la empresa CONAVEN hasta la sede de la empresa accionante.

A través de autos del 5 de abril de 2000, el Juzgado de Sustanciación admitió las pruebas promovidas por las partes por no ser manifiestamente ilegales ni impertinentes, y en tal sentido, libró los oficios y comisiones correspondientes, a fin de su evacuación.

En lo que respecta a las pruebas promovidas por la parte actora:

            i) El 4, 30 de mayo y 14 de junio de 2000 se consignaron al expediente las resultas de las pruebas de informes dirigidas a esta Sala Político Administrativa, Banco del Caribe y Banco Provincial, respectivamente: ii)  El 13 de junio de 2000 se agregaron las resultas de la comisión conferida al Juzgado Primero del Municipio Puerto Cabello de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, a través de la cual fue evacuada la inspección judicial en los almacenes números 9 y 10 ubicados en la zona portuaria del Puerto de Puerto Cabello, donde tiene su sede la sociedad mercantil Almacenes y Depósitos Integrales Portuarios, C.A., (DEPORCA), así como las testimoniales de los ciudadanos Carlos Orozco y Pedro Hernández; y iii) El 20 de junio de 2000, oportunidad fijada para la celebración del acto de exhibición, se dejó constancia que la parte demandada no presentó los documentos cuya exhibición fue solicitada.

Con relación a la prueba de informes promovida por la parte demandada, el 15 de junio de 2000 fue agregado al expediente el oficio HAPTC 001724 emanado del Gerente de la Aduana de Puerto Cabello, Estado Carabobo.

                IV

DE LA COMPETENCIA

DE LA SALA POLÍTICO-ADMINISTRATIVA

            Es importante precisar que en virtud del principio perpetuatio fori, previsto en el artículo 3 del Código de Procedimiento Civil, aplicable supletoriamente por disposición expresa del primer aparte del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, el análisis del presente caso debe efectuarse a la luz de lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, conforme fue establecido en sentencia N° 347 publicada el 6 de marzo de 2003, y tal como reiteradamente lo ha sostenido esta Sala, por ser la ley aplicable ratione temporis. Siendo ello así, la Sala ratifica su competencia para conocer y decidir esta demanda. Así se declara.

                 V

PUNTO PREVIO

Antes de emitir un pronunciamiento de fondo, observa esta Sala que la apoderada judicial de la República Bolivariana de Venezuela, por órgano del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables, opuso la falta de cualidad de su representada. Al respecto, afirmó lo siguiente:

“…La República Bolivariana de Venezuela por órgano del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales, no adeuda a la empresa ALMACENES Y DEPÓSITOS INTEGRALES PORTUARIOS, C.A., (DEPORCA) la cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTIÚN BOLÍVARES CON NUEVE CÉNTIMOS (BS. 646.449.621,09), por los conceptos señalados por la demandante en su petitorio, por cuanto nunca ha aceptado las relaciones de emolumentos que a decir de la demandante debe en pago el ministerio a la empresa ALMACENES Y DEPÓSITOS INTEGRALES PORTUARIOS, C.A., (DEPORCA) (…) como tampoco es cierto que la República Bolivariana de Venezuela y/o el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales haya efectuado a la demandante abonos (pagos) en sus cuentas bancarias o de cualesquiera otra naturaleza por uno o todos los conceptos hoy demandados.

(…)

…no consta autorización del Ministerio para tener en depósito en esa empresa, bienes propiedad del mismo…”. (Sic). (Resaltado del texto citado).

Ante los argumentos sostenidos por la parte demandada, considera la Sala necesario señalar que la doctrina más calificada entiende la cualidad o legitimatio ad causam, como la condición especial para el ejercicio del derecho de acción. Siguiendo las enseñanzas del autor Luis Loreto, se puede afirmar que tendrá cualidad activa para mantener un juicio, “…toda  persona que se afirme titular de un interés jurídico propio”, mientras que la cualidad pasiva corresponde a “toda persona entendida contra quien se afirme la existencia de ese interés”. Siendo ello así, la cualidad no es otra cosa que la “…relación de identidad lógica entre la persona del actor, concretamente considerada, y la persona abstracta a quien la ley concede la acción o la persona contra quien se concede y contra quien se ejercita.” (Vid. Sentencias de esta Sala Nros. 02231  y 02451 de fechas 11 de octubre y 8 de noviembre de 2006, respectivamente).

Así, la cualidad viene a ser la idoneidad que tiene la persona del actor o del demandado para actuar válidamente en juicio, condición que debe acreditarse suficientemente para que el órgano jurisdiccional pueda emitir un pronunciamiento de mérito a favor o en contra.

Ahora bien, para establecer si la parte accionada tiene cualidad para ser demandada en este juicio, es necesario precisar que la presente causa se contrae a una demanda por cobro de bolívares interpuesta por la sociedad mercantil Almacenes y Depósitos Integrales Portuarios, C.A., (DEPORCA) contra la República Bolivariana de Venezuela, por órgano del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (hoy Ministerio del Poder Popular para el Ambiente) por concepto de los emolumentos y gastos generados por el presunto depósito y almacenaje de ciertos bienes importados por el referido Ministerio.

En tal sentido, la parte actora señaló en su libelo de demanda lo siguiente:

     “Nuestra representada DEPORCA en su condición de Operadora Portuaria (…) recibió en sus depósitos, ubicados en el área portuaria del Puerto de la ciudad de Puerto Cabello, galpones Nos. 9 y 10, los bienes que se especifican a continuación:

     1)…

…Omissis…

     La fecha de recibo de dichos bienes por DEPORCA en sus almacenes fue el 28-11-97, los cuales arribaron al país en la motonave: SEABORD EXPRESS en fecha 28-11-96, y desde el 09-10-97 ingresaron a los depósitos de DEPORCA, los siguientes bienes que arribaron en la misma motonave:

     2)…

…Omissis…

     Nuestra representada fue depositaria almacenadora de los mismos desde el 28-11-96 incluido el manejo de la relación de bienes identificada 1); y desde el 09-10-97 incluido el manejo de la relación de los bienes identificada 2)… (…) Dicho depósito duró hasta el día 08 de marzo de 1999…

     Asimismo, DEPORCA recibió en depósito bienes del MINISTERIO, constante de SEIS (6) cajas de 11.883 Kilogramos, provenientes de la motonave SEAWORF en fecha 27-01-96, y los mantuvo en depósito (almacenaje) desde esa fecha incluido el manejo, hasta el día 08 de marzo de 1.999.

     En ese mismo sentido, DEPORCA recibió en depósito bienes propiedad de EL MINISTERIO (…) proveniente de la motonave SEA LIÓN en fecha 09-02-96 y los mantuvo en almacenaje desde esa fecha incluido el manejo, hasta el 08 de marzo de 1999.

     Cabe señalar, que EL MINISTERIO, mediante un amparo cautelar decretado en fecha 09 de marzo de 1.999 (…) retiró los bienes señalados de los almacenes de nuestra representada…”

…omissis…

     Señores Magistrados, nuestra representada DEPORCA tuvo almacenado en calidad de depósito, los bienes [presuntamente importados por el Ministerio demandado] desde las fechas referidas en el título anterior, hasta el día 08 de marzo de 1999, fecha en que debió suspender dicho depósito por mandato legal, lo que generó a  DEPORCA el derecho a cobrar a EL MINISTERIO los emolumentos que por este concepto se vinieron liquidando hasta esa fecha y que inexplicablemente EL MINISTERIO no pagó, lo que ocasionó la acumulación de emolumentos desde la fecha del manejo y almacenaje de los bienes, hasta la fecha del fallo del juzgado Superior Sexto Tributario, o sea el 09-03-99 exclusive, emolumentos que a continuación se relacionan conforme a los bienes importados por EL MINISTERIO…”. (Sic).

De conformidad con lo expuesto previamente, el apoderado judicial de la parte actora afirmó que su representada tuvo almacenados una serie de bienes y equipos importados por el entonces Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables en las fechas señaladas a continuación:

1.- Desde el 27 de enero de 1.996, los bienes que arribaron al país en la Moto Nave SEA WOLF.

2.- Desde el 9 de febrero de 1996, los bienes que arribaron al país en la Moto Nave SEA LION.

3.- Desde el 9 de octubre de 1997, los bienes que arribaron al país en el vapor SEABOARD EXPRESS.

Pues bien, la parte actora en la oportunidad de promover pruebas hizo valer la copia simple de un escrito presentado ante el Juzgado de Sustanciación de esta Sala por los abogados Alejandro González Valenzuela y Miguel Uzcategui Marin, inscritos en el INPREABOGADO bajo los números 32.176 y 70.291, respectivamente, actuando en su carácter de apoderados judiciales de la República Bolivariana de Venezuela, por órgano del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables, a fin de “formalizar recurso de apelación propuesto contra decisión de fecha 9 de marzo de 1999, emanada del Tribunal Sexto Superior en lo Contencioso Tributario, en virtud de la cual se le niega la admisión a un Recurso Contencioso Tributario de anulación, incoado por mi representada contra planillas de liquidación de tasas por almacenamiento aduanero emitidas por ALMACENES Y DEPÓSITOS INTEGRALES PORTUARIOS, C.A., (DEPORCA)”.

Debe destacarse que el 15 de junio de 2000, fueron agregadas a los autos las copias certificadas del escrito antes citado, en respuesta a la prueba de informes promovida por la parte actora y solicitada a esta Sala Político Administrativa, de las cuales se desprende que la Secretaria certificó: “que las copias fotostáticas que anteceden son traslado fiel y exacto de sus originales que corren insertos en el expediente N° 15800”, razón por la cual, se observa que, de conformidad con lo establecido en el artículo 111 del Código de Procedimiento Civil, el referido instrumento hace fe, en lo que respecta a su condición de ser un traslado fiel y exacto de sus originales, ello sin perjuicio de la valoración que se  establezca en el presente fallo. En ese escrito los mencionados apoderados expresaron lo siguiente:

 “DEPORCA ha prestado a nuestra representada servicio de almacenamiento aduanero sobre una serie de bienes y equipos desde su llegada al país: en la Moto Nave SEA WOLF, desde el 27 de enero de 1.996; en la Moto Nave SEA LION, desde el 9 de febrero de 1996; y en el vapor SEABORD EXPRESS, desde el 10 de octubre de 1.997 (estos últimos desde su llegada al país, el 28 de noviembre de 1.996 al 10 de octubre de 1.997 estuvieron almacenados en los depósitos de CONAVEN)”. (Sic). (Resaltado del escrito citado).

Siendo ello así, observa la Sala que existe identidad en ciertas fechas señaladas por  la actora del libelo y por el Ministerio en dicho escrito, relacionadas con la presunta prestación del servicio de almacenamiento aduanero sobre los bienes y equipos que arribaron al país en la Moto Nave SEA WOLF (desde el 27 de enero de 1.996), en la Moto Nave SEA LION (desde el 9 de febrero de 1996), y en el vapor SEABOARD EXPRESS (desde el 10 de octubre de 1.997 según afirma la representación judicial de la parte demandada y desde el 28 de noviembre de 1997 según afirma la parte actora); razón por la cual, sin perjuicio del análisis de mérito que resulte en el presente caso, estima la Sala que estos elementos son suficientes para concluir que la República Bolivariana de Venezuela, por órgano del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables, tiene cualidad para soportar la presente controversia, en consecuencia, se desestima la defensa invocada. Así se declara.     

VI

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Determinado lo anterior, pasa la Sala a decidir la presente controversia en los términos señalados a continuación:

Se contrae el presente juicio a una demanda por cobro de bolívares interpuesta por la sociedad mercantil Almacenes y Depósitos Integrales Portuarios, C.A., (DEPORCA) contra la República Bolivariana de Venezuela, por órgano del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (hoy Ministerio del Poder Popular para el Ambiente), en virtud de los presuntos emolumentos y gastos generados por el depósito y almacenaje de ciertos bienes importados por dicho Ministerio.

A tal efecto, adujo la actora que la Administración no cumplió íntegramente su obligación de pago, razón por la cual, retuvo los bienes dados en depósito hasta que fueron retirados por el Ministerio a través de un amparo cautelar. Sostuvo, además, que a la presente fecha todavía no ha obtenido el pago de las cantidades adeudadas.

La demandada, por su parte, rechazó, negó y contradijo lo alegado en el libelo de demanda fundamentándose en que el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables “…nunca autorizó el traslado de la mercancía, cuyo depósito solicita en pago la demandante…”.

            También señaló que su representada no ha“…aceptado las facturas o relaciones de emolumentos que acompaña la demandante en originales al libelo de demanda (…) por cuanto no consta ningún distintivo que indique la aceptación de la deuda demandada por la mencionada empresa, así como tampoco existe ningún abono (o pago) efectuado por el Ministerio en cuentas bancarias de la demandante, por uno o todos los conceptos demandados, como lo señala la actora en su libelo de demanda.”

Delimitada la presente controversia, resulta necesario hacer el examen del material probatorio aportado por las partes, y en tal sentido se advierte que cursan en autos los siguientes instrumentos:

En lo que respecta a las copias simples de: i) “Conocimiento de embarque forma corta”,  de fecha 23 de noviembre de 1996, con el número de referencia de exportación 00847, en el cual se encuentran descritos ciertos bienes en idioma inglés y figuran como remitente y comisionado “AVE TRADING INC” y el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables, respectivamente; ii) “Conocimiento de embarque forma corta”, sin fecha, con el número de referencia de exportación 00847, en el que se encuentran descritos unos artículos en idioma inglés y aparece como remitente y comisionado “AVE TRADING INC” y el entonces Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables, respectivamente; iii) “Conocimiento de embarque” de fecha 5 de febrero de 1996, con el número de referencia de exportación 01040E96003884l56195, donde se encuentran descritos determinados bienes en idioma ingles para ser “Consignado(s)” al aludido Ministerio; iv) Factura número 12.713 del 30 de julio de 1996, por la cantidad de cuatro millones seiscientos setenta mil ochocientos trece bolívares con setenta y nueve céntimos (Bs. 4.670.813,79), emanada de la actora y dirigida al Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables, por concepto de almacenaje de los bienes trasladados en el Buque SEA LION; v) “Guía de Despacho” del 26 de junio de 1998 con número de control 00541, emanada de la sociedad mercantil Almacenes y Depósitos Integrales Portuarios, C.A., (DEPORCA) a nombre del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables, por los bienes allí señalados; vi) Cheque de fecha 25 de julio de 1996 librado por el extinto Banco Latino a la orden de “DEPORCA”, por la cantidad de cuatro millones seiscientos setenta mil ochocientos trece bolívares con setenta y nueve céntimos (Bs. 4.670.813,79); vii) Planilla de Depósito en la cuenta corriente número 36550887 del Banco Provincial, por la cantidad de doce millones ciento cuarenta y siete mil setecientos ochenta y un bolívares con noventa y dos céntimos (Bs. 12.147.781,92), en la cual figura la empresa demandante como depositante y beneficiaria del mencionado depósito; y viii) Comunicación suscrita por Eduardo Padula “Consultor Jurídico” dirigida a la empresa Almacenes y Depósitos Integrales Portuarios, C.A., (DEPORCA), mediante la cual se fija la fecha para celebrar una reunión a fin de discutir asuntos presuntamente relacionados con la entrega de los bienes depositados en “DEPORCA”. Los mencionados instrumentos constituyen copias simples de documentos privados que no fueron reconocidos o tenidos legalmente por reconocidos, razón por la cual carecen de valor probatorio, de conformidad con lo establecido en el primer aparte del artículo 429 del Código de Procedimiento Civil.

            Por otro lado, cursan en originales los siguientes documentos emanados de la sociedad mercantil Almacenes y Depósitos Integrales Portuarios, C.A., (DEPORCA):

1)         i) Relación de gastos de almacenaje de los bienes trasladados en el Buque SEA LION y supuestamente importados por el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables, por la cantidad de cuatro millones seiscientos setenta mil ochocientos trece bolívares con setenta y nueve céntimos (Bs. 4.670.813,79); ii) Tres (3) comunicaciones de fecha 8 de marzo de 1999 dirigidas al referido Ministerio, mediante las cuales les rinden una relación de los montos presuntamente adeudados a esa fecha y; iii) Factura número 12984-P de fecha 23 de junio de 1998, a nombre del mencionado Ministerio por el traslado de determinados bienes en el Buque “SEABOARD INTREPID”; a los cuales esta Sala le niega valor probatorio, toda vez que están suscritos únicamente por la parte actora, quien además fue su promovente, lo cual atenta contra el principio de alteridad de la prueba. (Ver sentencias de esta Sala números 1340 del 29 de octubre de 2008 y 00813 del 31 de mayo de 2007).

2)         i) Cinco (5) “Guías de Recepción” de fecha 28 de noviembre de 1996, identificadas con los números 48.093, 48.094, 48.096, 48.100 y 50.401, en las cuales figura como cliente el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables y; ii) Cuatro (4) “Guías de Recepción” de fecha 9 de octubre de 1997, identificadas con los números 51.912, 51.913, 51.914 y 51.915, en las que aparece como cliente el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables. En cuanto a ellas, observa esta Sala que aun cuando, aparecen las firmas ilegibles del “Conductor” cuyo carácter se desconoce, y de “DEPORCA”, no tienen firma ni sello de la parte demandada, razón por la cual se le niega valor probatorio.

3)         i) Comunicación de fecha 5 de marzo de 1998 dirigida al Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables, mediante la cual le rinde una relación de los montos adeudados a esa fecha; ii) Escrito de fecha 4 de diciembre de 1998 dirigido al entonces Ministro del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 30 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y; iii) Comunicación de fecha 9 de octubre de 1997 dirigida al Gerente General de Aduana de Puerto Cabello, mediante la cual le solicita la entrega de la mercancía trasladada por el Buque SEABOARD EXPRESS, que debía ser transferida desde el Terminal de CONAVEN hasta las instalaciones de DEPORCA. A propósito de dichas comunicaciones, observa la Sala que aun cuando fueron elaboradas por la propia demandante, consta en autos que sus destinatarios las recibieron, motivo por el cual se les otorga valor probatorio en cuanto a su recepción, de conformidad con lo previsto en los artículos 1.371 y 1.374 del Código Civil. (Vid. Sentencia de esta Sala publicada el 18 de junio de 2009 bajo el número 907).

            Respecto al original de la comunicación de fecha 23 de enero de 1998 dirigida por el Gerente de CONAVEN, ciudadano Carlos Orozco, a la sociedad mercantil Almacenes y Depósitos Integrales Portuarios, C.A., (DEPORCA), en la que deja constancia detalladamente de la mercancía que fue trasladada a los depósitos de esta última, observa la Sala que se trata de un instrumento privado emanado de un tercero, el cual fue ratificado a través de la prueba testimonial evacuada ante el Juzgado Primero del Municipio Puerto Cabello de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, motivo por el cual, de conformidad con lo establecido en el artículo 431 del Código de Procedimiento Civil, se le otorga valor probatorio.

            Con relación a las copias simples de las dos (2) sentencias del 9 de marzo de 1999 dictadas por el Tribunal Superior Sexto de lo Contencioso Tributario del Área Metropolitana de Caracas dentro del procedimiento contencioso tributario de nulidad interpuesto por el  Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables, mediante las cuales se declaró: 1) Con lugar la acción de amparo constitucional interpuesta por los apoderados del referido Ministerio del Ambiente y, en consecuencia, se suspendió el depósito y se ordenó a Almacenes y Depósitos Integrales Portuarios, C.A., (DEPORCA) la entrega de las mercancías y; 2) La falta de cualidad del recurrente y, por ende, la inadmisibilidad del recurso, incoado conjuntamente con el citado amparo, constata la Sala que se trata de copias simples de instrumentos públicos, a tenor de lo establecido en el artículo 1.357 del Código Civil; en consecuencia, surten pleno valor probatorio, de conformidad con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil.

            En lo que respecta a la copia certificada del recurso contencioso tributario de nulidad interpuesto por el entonces Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables “…contra Planillas de Liquidación de tasas de almacenamiento aduanero y Acción de Amparo Constitucional contra la sociedad mercantil ALMACENES Y DEPÓSITOS INTEGRALES PORTUARIOS, C.A., (DEPORCA)…”, el 19 de enero de 1999, ante el Tribunal Superior Sexto de lo Contencioso Tributario del Área Metropolitana de Caracas, se observa que la Secretaria del mencionado Tribunal certificó: “…que las presentes copias son traslado fiel y exacto del escrito recursorio que cursa (…) del expediente N° 1286”, razón por la que, de conformidad con lo establecido en el artículo 111 del Código de Procedimiento Civil, se estima que el referido instrumento hace fe, en lo que respecta a su condición de ser un traslado fiel y exacto de sus originales, el cual, al no haber sido desconocido, tachado, impugnado u objetado de alguna otra forma, se le otorga valor probatorio.

            En cuanto a la copia simple del escrito de fundamentación del recurso de apelación propuesto por el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables contra la decisión de fecha 9 de marzo de 1999 dictada por el Tribunal Superior Sexto de lo Contencioso Tributario del Área Metropolitana de Caracas que declaró la falta de cualidad del recurrente y, en consecuencia, la inadmisibilidad del recurso, vale la pena destacar -tal como fue establecido supra en el punto previo de la presente sentencia- que el 15 de junio de 2000 fueron agregadas a los autos las copias certificadas de ese escrito, en respuesta a la prueba de informes promovida por la parte actora y solicitada a esta Sala Político Administrativa, de las cuales se desprende que la Secretaria certificó: “que las copias fotostáticas que anteceden son traslado fiel y exacto de sus originales que corren insertos en el expediente N° 15800”, razón por la que observa la Sala, de conformidad con lo establecido en el artículo 111 del Código de Procedimiento Civil, que el referido instrumento hace fe, en lo que respecta a su condición de ser un traslado fiel y exacto de sus originales, el cual, por no haber sido desconocido, tachado, impugnado u objetado de alguna otra forma, se le otorga valor probatorio.

            Con relación a: i) La copia simple del oficio número 0178 del 17 de marzo de 1999, dirigido por el Director General Sectorial de Infraestructura del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables a la parte actora, mediante el cual le solicita que le entregue a la empresa “Transportes y Servicios Chávez y Contreras” las mercancías que le pertenecían; ii) El original del oficio número 0181 del 19 de marzo de 1999 que dirigió el Director General Sectorial de Infraestructura del referido Ministerio a la demandante para informarle que el ciudadano Henry Guanipa, funcionario de HIDROFALCÓN, estaba autorizado para supervisar la entrega de la mercancía y; iii) El original del oficio identificado con las letras y números HAPTC-GA-019 del 23 de marzo de 1998 emanado del Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria (SENIAT), Aduana de Puerto Cabello y dirigido al mencionado Ministerio mediante el cual le informa que “…no hay ninguna autorización de traslado de esa mercancía [maquinarias pesadas llegadas al puerto de Puerto Cabello en la motonave SEABOARD EXPRESS] solicitada por la mencionada Almacenadora” [Almacenes y Depósitos Integrales Portuarios, C.A., (DEPORCA)] desde CONAVEN hasta la sede de aquélla; debe esta Sala señalar que dichos documentos son copias y originales de instrumentos que pertenecen a la categoría de los denominados “documentos administrativos” que, al emanar de un órgano de la Administración Pública, gozan de una presunción de veracidad, legitimidad y autenticidad, hasta prueba en contrario; motivo por el cual, al no haber sido impugnados, tachados u objetados de alguna otra forma, se les otorga valor probatorio. (Véase, entre otras, decisión N° 6556 de esta Sala del 14 de diciembre de 2005).

En lo que respecta a la inspección judicial intralitem realizada el 13 de junio de 2000 por el Juzgado Primero del Municipio Puerto Cabello de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo en los almacenes números 9 y 10 ubicados en la zona portuaria del puerto de Puerto Cabello, donde tiene su sede la sociedad mercantil Almacenes y Depósitos Integrales Portuarios, C.A., (DEPORCA), se observa que, aún cuando fue evacuada dentro del juicio, lo cual implicaba que se debían cumplir las formalidades legales dada la participación de una autoridad judicial que dio fe de todo lo visto y oído, así como que la otra parte pudo haber ejercido el debido control de la prueba; sin embargo, debe esta Sala negarle valor probatorio por ser inconducente para resolver la presente controversia, toda vez que:

(i) No existe elemento de prueba alguno que permita concluir que esa inspección se practicó sobre los mismos bienes que son objeto de la pretensión hecha valer por la parte actora en su libelo de demanda. Por el contrario, se infiere que la mercancía respecto de la cual se efectuó tal actuación judicial sería otra distinta a la que se contrae este juicio, al evaluarse la descripción que de éstos se hizo tanto en la propia inspección, como en las guías de recepción emanadas de la sociedad mercantil Almacenes y Depósitos Integrales Portuarios, C.A., (DEPORCA);

(ii) La anterior apreciación se ve reforzada, en consideración a que esa inspección fue evacuada quince (15) meses después de haber sido acordada -a través de la acción de amparo judicial propuesta por el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables- la devolución de los bienes almacenados en la sede de la actora que son objeto de la pretensión de autos, por lo que no resulta verosímil que éstos todavía se hayan encontrado allí;

(iii) La parte actora no señaló de modo alguno cuál era el objeto de dicha prueba, de suerte tal que este órgano jurisdiccional se ve impedido a articularla con alguna otra circunstancia diferente a la que se desprende de lo supra advertido;

En virtud de las razones antes señaladas esta Sala ratifica que le niega valor probatorio a la mencionada inspección judicial intralitem, al considerarla inconducente para resolver la presente controversia. Así se establece.

En lo que se refiere a la copia simple de la inspección judicial extralitem practicada el 16 de marzo de 1999 por el Juzgado del Municipio Puerto Cabello de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, en el Almacén número nueve (9) de la Aduana Marítima de Puerto Cabello, sede de la empresa “DEPORCA”, se debe destacar que fue realizada fuera y antes del inicio del presente proceso judicial, sin que la parte contraria pudiera controlar su evacuación. Sin embargo, se observa que los bienes señalados en dicha inspección coinciden con algunos de los indicados en el libelo de demanda, razón por la cual, versa sobre hechos controvertidos en el presente juicio y visto que, fue practicada previo cumplimiento de las formalidades legales que se exigen para tal fin, por una autoridad judicial que da fe de todo lo visto y oído durante su evacuación, la Sala considera que, en este juicio, dicha inspección debe tener valor de indicio y, por ende, deberá ser analizada en concordancia con otras probanzas que permitan establecer la verdad de los hechos controvertidos, pudiendo prevalecer su contenido, en tanto que su veracidad no se vea disminuida por efecto del aporte de otras pruebas cursantes en el expediente, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 510 del Código de Procedimiento Civil. (Vid. sentencia de esta Sala publicada el 31 de julio de 2007 bajo el número 01348)

En cuanto a la copia simple de la notificación judicial practicada el 26 de mayo de 1998 por el Juzgado Primero de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas al Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables a solicitud de la sociedad mercantil Almacenes y Depósitos Integrales Portuarios, C.A., (DEPORCA), se debe destacar también, que fue realizada fuera y antes del inicio del presente proceso judicial, pero con el cumplimiento de las formalidades legales que se exigen para tal fin, razón por la cual, se le otorga el valor de indicio en los términos expresados en el párrafo anterior.

            Con relación a la prueba de informes dirigida a: i) El Banco Provincial; ii) El Banco del Caribe; y iii) Al Gerente de la Aduana de Puerto Cabello, Estado Carabobo, se le otorga valor probatorio de conformidad con lo establecido en el artículo 433 del Código de Procedimiento Civil.

En cuanto a la declaración testimonial del ciudadano Pedro Hernández, domiciliado en la ciudad de Puerto Cabello, Estado Carabobo, observa la Sala que el testigo no tiene ninguno de los impedimentos que la Ley establece para rendir declaración, pues si bien prestó sus servicios para el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables, actualmente no tiene vinculación laboral o profesional alguna con éste, por lo que se le considera hábil para declarar teniendo su deposición valor probatorio. Así se declara.

            Establecida la valoración de las pruebas, pasa esta Sala a realizar el respectivo análisis a fin de resolver el mérito de la controversia, en tal sentido se observa que:

            Del libelo de demanda se desprende que la reclamación de la parte actora se contrae al cobro de bolívares por concepto de depósito y almacenaje de los siguientes bienes:

1.- Los arribados en la motonave SEABOARD EXPRESS el 28 de noviembre de 1996:

Un (1) Excavador Jhon Deere………………..    12.247 Kg.

Un (1) Excavador Jhon Deere………………..    11.340 Kg.

Tres (3) Palas…………………………………        259 Kg.

Tres (3) Palas…………………………………        259 Kg.

Un (1) Generador Caterpillar…………………     4.400 Kg.

Un (1) Generador Caterpillar…………………     4.400 Kg.

Una (1) Caja serial RT635C (partes)..………..        842 Kg.

Una (1) Grúa modelo 12T635C………………   28.804 Kg.

Un (1) Low Boy con tres (3) cajas y dos (2) compresores…… 8.777 Kg.

Una (1) Batea con plataforma de acero…………….  5.443 Kg.

Un (1) Chuto Mack modelo 12D6885……………..   8.373 Kg.

2.-  Los arribados en la motonave SEA WOLF el 27 de enero de 1996:

Seis (6) cajas………………………………………..   1.883 Kg.

3.- Los arribados en la motonave SEA LION el 9 de febrero de 1996:

“Mercancía de 01¨ X 40¨ CMCU-405214-2, B/LCAMN-JAXS6M018059”

            Sobre este aspecto la parte demandada sostuvo que la República, por órgano del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables, nunca ha aceptado las facturas o relaciones de emolumentos que acompaña la demandante en originales al libelo de demanda, por cuanto su representado no le ha confiado o encomendado en depósito o almacenamiento bienes de su propiedad o en su posesión, así como tampoco la autorizó para recibirlos.

            Ahora bien, observa la Sala que, a través de la comunicación de fecha 9 de octubre de 1997, la sociedad mercantil Almacenes y Depósitos Integrales Portuarios, C.A., (DEPORCA) le solicitó al Gerente General de Aduana de Puerto Cabello que le fuera entregada la mercancía trasladada por el Buque SEABOARD EXPRESS el 28 de noviembre de 1996. La mencionada correspondencia, que cursa al folio 109 del expediente, es del tenor siguiente:

“Por medio de la presente agradecemos a ustedes la entrega de la mercancía en referencia, la misma será transferida desde TERMINAL CONAVEN hasta las instalaciones de DEPORCA quedando a la orden de la aduana hasta tanto sea nacionalizada.”

            En respuesta a la misiva anterior, en fecha 23 de enero de 1998 el Gerente de la empresa CONAVEN, C.A., ciudadano Carlos Orozco, le remitió a la demandante (folio 110) una comunicación informándole del traslado de ciertos bienes a sus depósitos. El contenido de dicha documental se transcribe a continuación:

“Señores

ALMACENES Y DEPÓSITOS

INTEGRALES PORTUARIOS, C.A.

DEPORCA.-

Ciudad.-

                                        REF: M/N: SEABOARD EXPRESS DEL 28-11-97

                                        V-48 BEPCB-P23.  Ministerio Del Ambiente y de los                                  Recursos Naturales Renovables

     La presente es con la finalidad de dejar constancia que la mercancía en referencia fue trasladada en sus depósitos de la manera siguiente:

28-11-96         (1) EXCAVADOR JHON DEERE                                12.247 KG.

     (1) EXCAVADOR JHON DEERE                                11.340 KG.

     (3) PALAS                                                                        259 KG.

     (3) PALAS                                                                         259 KG.

     (1) GENERADOR CATERPILLAR                                4.400 KG.

     (1) GENERADOR CATERPILLAR                                4.400 KG.

     (1) CAJA                                                                           842 KG.

09-10-97         (1) GRÚA MODELO 12T635C                                   28.804 KG.

      (1) LOW BOY CONT. 3 CAJAS Y 2 COMPRESORES                 8.777 KG.

     (1) BATEA CON PLATAFORMA                                 5.443 KG.

     (1) CHUTO MACK MODELO 12D6885                     8.373 KG.”

            Pues bien, de conformidad con los instrumentos previamente citados, queda establecido que CONAVEN C.A. trasladó a los depósitos de la demandante la mercancía arribada al país en el Buque SEABOARD EXPRESS, en virtud de la solicitud planteada por esta última al Gerente General de Aduana de Puerto Cabello.

            Prosiguiendo con el análisis de las actas observa la Sala que, a través de la inspección judicial extralitem practicada el 16 de marzo de 1999 por el Juzgado del Municipio Puerto Cabello de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, en el almacén número nueve (9) de la Aduana Marítima de Puerto Cabello (folios 115 al 122), donde tiene su sede la empresa Almacenes y Depósitos Integrales Portuarios, C.A., (DEPORCA), se dejó constancia de la presencia de determinados bienes que “…presentan rótulos y leyendas que dice: Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables…”.

            Corresponde también, examinar el contenido de los siguientes medios probatorios:

1) La declaración testimonial del ciudadano Pedro Hernández -quién prestó sus servicios para el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables, a través de la cual, manifestó que las mercancías importadas por dicho Ministerio eran depositadas frecuentemente en la empresa CONAVEN, C.A. y, posteriormente, trasladadas a la empresa DEPORCA (folios 244 y 245). Seguidamente se transcribe parte de su contenido:

“ (…) SEGUNDA: Diga el testigo el cargo que desempeñó en ese Ministerio?. Contestó: Mi cargo era comprador Jefe II pero hacía las funciones de tramitador de aduana del Ministerio del Ambiente. TERCERA: Diga el testigo si durante el tiempo que trabajó para el Ministerio del ambiente, tramitó alguna documentación de Aduana de bienes importados por ese Ministerio (…) que hayan sido depositados en la Empresa DEPORCA?. Contestó: Infinidades de mercancía, yo era el encargado total de esas cosas. CUARTA: Diga el testigo (…) desde que fecha y hasta que fecha laboró para el Ministerio del Ambiente?. Contestó: desde el 01-10 del 76 hasta el 31-12 del 98.   QUINTA: Diga el testigo como es cierto que a través de su persona el Ministerio del Ambiente le dio instrucciones para que pagara a la empresa DEPORCA la cantidad de Bs. 4.670.813,79, por concepto de almacenaje de bienes propiedad del Ministerio traídos al Puerto de Puerto Cabello en la Motonave SEA LION en fecha 9 de febrero de 1996? Contestó: Si eso fue a través de una pre-liquidación que hizo la Empresa DEPORCA, yo la remití a Caracas a la Empresa HARZA y esta empresa era que se encargaba de aportar el dinero para cancelar estas pre-licitaciones, almacenajes a nombre del ministerio. SEXTA: Diga el testigo si la copia fotostática de la factura que se presenta en este acto y de la cual solicitó del Tribunal agregue a estas actuaciones es la correspondiente al pago referido en la pregunta anterior? Contestó: El Tribunal deja constancia que le pone de manifiesto en este acto al Tribunal copia fotostática de la factura consignada por la parte actora, la cual se acuerda agregarlas a los autos, y el testigo después de leerla, manifestó: ´Es correcto se refiere al pago mencionado. SÉPTIMA: Diga el testigo si el Ministerio del Ambiente tenía conocimiento de que en la Empresa DEPORCA, se encontraban almacenados bienes propiedad de ese Ministerio importados en la Motonave SEABOARD EXPRESS desde el 28-11-96 y otro lote desde el 09 de octubre de 1997.Contestó: Si, es verdad. OCTAVA: Diga el testigo si el Ministerio del Ambiente tuvo conocimiento que los bienes de su propiedad importados en la Motonave SEABOARD EXPRESS, el 28-11-96 fueron trasladados desde los almacenes de la empresa CONAVEN hasta los almacenes techados de la Empresa DEPORCA en las fechas en que ello se produjo?. Contestó: Si porque yo era el representante del Ministerio en esa importación. NOVENA: Diga el testigo si es cierto que en otras oportunidades, mercancías importadas por el Ministerio del Ambiente, fueron depositadas en la empresa CONAVEN y posteriormente trasladadas a la empresa DEPORCA? Contestó: si eso es cierto, claro que sí, en infinidades de veces toda la mercancía suelta que venía por CONAVEN o por otras navieras era depositada en DEPORCA u otros almacenes, ya que el naviero es quien decide donde va la mercancía, y no al importador y en este caso sucedió de esa forma.” (Sic).

            2) La prueba documental contenida en ciertas actuaciones judiciales efectuadas por las partes en otros procesos ventilados con anterioridad al presente juicio. Así vemos que en el recurso contencioso tributario de nulidad interpuesto por la República, por órgano del entonces Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables, “…contra Planillas de Liquidación de tasas de almacenamiento aduanero y Acción de Amparo Constitucional contra la sociedad mercantil ALMACENES Y DEPÓSITOS INTEGRALES PORTUARIOS, C.A., (DEPORCA)…”, presentado el 19 de enero de 1999 ante el Tribunal Superior Sexto de lo Contencioso Tributario del Área Metropolitana de Caracas, la representación judicial de la República, por órgano del Ministerio, manifestó (folios 123 al 165):

                   “En fecha 27 de enero de 1996, llegaron al país en la moto nave SEA WOLF, seis (6) cajas de 11.883 Kgs., al puerto de Puerto Cabello, Estado Carabobo, Venezuela, consignadas al MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES, en lo adelante ´M.A.R.N.R´, las cuales, mientras se realizaban los trámites de exoneración de aranceles se depositaron en los patios asignados a ALMACENES Y DEPÓSITOS INTEGRALES PORTUARIOS, C.A., en lo sucesivo DEPORCA, en la Aduana Marítima de Puerto cabello.

                   En fecha 9 de febrero de 1996, llegaron al país en la Moto Nave SEA LION, mercancía 01´ x 40´ CMCU-Y05214-2, relacionada según conocimiento de embarque N°. CAMN-JAXS6M018050, cuyo consignatario era el ´M.A.R.N.R´, la cual, mientras se realizaban los trámites de exoneración de aranceles, se depositó en las instalaciones de DEPORCA, en el mismo Puerto.

                   En fecha 28 de noviembre de 1996, llega a puerto Cabello procedente de Estados Unidos de Norteamérica, en el vapor SEABOARD EXPRESS, mercancía que más adelante se describe…

                   …omissis…                                                        

                   La mercancía antes identificada fue entregada en calidad de depósito a ALMACENADORA CONAVEN, C.A., en lo sucesivo CONAVEN, hasta tanto se realizarán por el representante aduanero del ´M.A.R.N.R´, todas las diligencias pertinentes por ante el Ministerio de hacienda con la finalidad de exonerar el pago de impuestos de importación…

                   (…)

                   Una vez obtenidas las aludidas exoneraciones, y una vez obtenida la disponibilidad presupuestaria correspondiente, el ´M.A.R.N.R´, inició de inmediato las gestiones tendentes a retirar los bienes dejados en depósito en la ALMACENADORA CONAVEN, C.A., ´CONAVEN´. Sin embargo, tal gestión no pudo concretarse, por cuanto, en ese momento, nuestra representada fue notificada por CONAVEN, que en fecha 9 de octubre de 1997, los bienes que le habían sido entregados en depósito, fueron trasladados a los Almacenes de DEPORCA, y a expresa solicitud de ésta (…) Tal traslado se hizo, sin conocimiento, autorización ni consentimiento del propietario y consignatario de los bienes en cuestión, y además, sin la autorización de la Gerencia de Aduana de Puerto Cabello…

                   (…)

                   Consta de los antecedentes expuestos que en fecha 27 de octubre de 1997, la agraviante DEPORCA, tomó inconsulta e unilateralmente posesión de los bienes identificados, sin el correspondiente consentimiento de M.A.R.N.R ni la autorización de la Gerencia de la Aduana de Puerto Cabello… ”. (Sic).

            A tal declaración agregó:

“Esta retención ha sido ilegitima en dos aspectos, el primero, porque nuestra representada no acordó ni convino con la agraviante en el depósito de los bienes antes identificados, sino por el contrario ésta de manera arbitraria tomó posesión de ellos, y por otra parte, la retención ilegitima se prolonga innecesaria e indebidamente con el cobro ilegitimo de cantidades excesivas por concepto de tasas de almacenamiento aduanero…” (Resaltado de la Sala).

            A su vez, en la apelación propuesta por la República, por órgano del referido Ministerio, contra la decisión de fecha 9 de marzo de 1999 dictada con ocasión al recurso Contencioso Tributario antes mencionado, que declaró la falta de cualidad del recurrente y, en consecuencia, la inadmisibilidad de la acción (folios 166 al 176), señalaron:

                   “DEPORCA ha prestado a nuestra representada servicio de almacenamiento aduanero  sobre una serie de bienes y equipos desde su llegada al país: en la Moto Nave SEA WOLF, desde el 27 de enero de 1996; en la Moto Nave SEA LION, desde el 9 de febrero de 1996; y en el vapor SEABOARD EXPRESS, desde el 10 de octubre de 1997 (estos últimos desde su llegada al país, el 28 de noviembre de 1996 al 10 de octubre de 1997 estuvieron almacenados en los depósitos de CONAVEN).” (Sic).

 

Ahora bien, observa la Sala que de los escritos citados previamente se desprende lo siguiente:

            Que en el primero de ellos, aun cuando la representación judicial de la República, por órgano del entonces Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables, alegó que la mercancía importada en nombre de su representada fue depositada en los patios de la sociedad mercantil Almacenes y Depósitos Integrales Portuarios, C.A., (DEPORCA), nunca afirmó que ello fue realizado con la autorización del mencionado Ministerio, sino que, por contrario, estableció inequívocamente a lo largo de dicho escrito que la parte actora tomó inconsulta, ilegítima y unilateralmente, posesión de los bienes objeto del presente juicio sin el correspondiente consentimiento de su representada.

            En el segundo escrito, de manera aparentemente contradictoria a lo señalado anteriormente, sostuvo que Almacenes y Depósitos Integrales Portuarios, C.A., (DEPORCA) prestó a su representada servicio de almacenamiento aduanero  sobre una serie de bienes y equipos que llegaron al país: 1) En la Moto Nave SEA WOLF, desde el 27 de enero de 1996; 2) En la Moto Nave SEA LION, desde el 9 de febrero de 1996; y 3) En el Vapor SEABOARD EXPRESS, desde el 10 de octubre de 1997. Con relación a este último grupo de bienes, señaló que estuvieron almacenados en los depósitos de CONAVEN desde su llegada al país, el 28 de noviembre de 1996, hasta el 10 de octubre de 1997.

Frente a esta aparente contradicción pasa esta Sala a analizar las defensas sostenidas por la República Bolivariana de Venezuela, por órgano del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables en este juicio, al efecto se observa que en su escrito de contestación de la demanda afirmó que no había confiado o encomendado depósito o almacenamiento de bienes de su propiedad a la empresa demandante. Así vemos que expuso lo siguiente:

 “…la República Bolivariana de Venezuela por intermedio del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales no ha confiado o encomendado en depósito y/o almacenamiento bienes de su propiedad ni siquiera en su posesión a la demandante ALMACENES Y DEPÓSITOS INTEGRALES PORTUARIOS, C.A., (DEPORCA), como tampoco y en ninguna forma se le ha autorizado a ésta para recibir en calidad de depósito o almacenamiento, bienes sean propiedad o destinados a la República Bolivariana de Venezuela y/o Ministerio alguno, como tampoco le ha autorizado a otra persona natural o jurídica para que entregue en las condiciones dichas o a cualquier título, bienes de ella o destinados a uno de los ministerios (Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales) que previamente se le hubieren confiado, como lo señala la actora en su libelo de demanda.”. (Sic).

           

Determinado lo anterior, es pertinente referirse a la sentencia judicial dictada el 9 de marzo de 1999 dentro del procedimiento contencioso tributario de nulidad interpuesto por la República, por órgano del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (al cual se hizo referencia previamente), mediante la cual se declaró con lugar la acción de amparo constitucional interpuesta por los apoderados de la República y, en consecuencia, se suspendió el depósito y se ordenó a Almacenes y Depósitos Integrales Portuarios, C.A., (DEPORCA) la entrega de las mercancías a la demandada (folios 28 al 47). En dicha decisión se estableció:

 “…En cuanto a la violación al derecho de la defensa y al debido proceso invocado por el recurrente, existen evidencias para quien sentencia, que se ha lesionado el derecho a la defensa alegado, consagrado en el artículo 68 de la Constitución nacional, ya que como se dijo anteriormente en este mismo fallo, la presunta agraviante toma posesión de los bienes (maquinaria pesada, transformadores, cables de conductores eléctricos, excavadoras, remolques, equipos de bombeo, plantas de tratamiento tuberías y accesorios) situación ésta reconocida por los representantes del presunto agraviante; el traslado de los bienes se hizo sin autorización del propietario de la mercancía importada, por habérselo transferido a la almacenadora CONAVEN a quien se le habían dejado en depósito dichos bienes, hasta obtener la respectiva exoneración de derechos de importación por ser propiedad del estado venezolano, a través del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables M.A.R.N.R.

…(…)…

Sin embargo, por tratarse la solicitud de una protección constitucional, tomando en cuenta que  se denuncia una retención de bienes de la Nación, por parte del presunto agraviante y por una situación que afecta el orden público, situación ésta que repercute en la colectividad, mantener la presunta lesión con los bienes retenidos (constituidos por maquinaria pesada y tuberías relacionadas principalmente con el saneamiento ambiental, desarrollo y rehabilitación del recurso agua, de acuerdo con los programas de ejecución del Ministerio en cuestión), los cuales no han podido ser destinados para la finalidad por la cual fueron importados…

…omissis…

…por lo que es forzoso para quien sentencia acordar la cautela constitucional y declarar la procedencia de la acción por violación al derecho de propiedad, ordenando a DEPORCA la liberación y entrega a la República de Venezuela de los bienes retenidos…”. (Resaltado de la Sala).

           

También resulta de especial importancia, el contenido del oficio signado bajo las siglas y números HAPTC-GA-019 de fecha 23 de marzo de 1998 emanado del entonces Ministerio de Hacienda y dirigido al Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables, a través del cual le informa que este último “…nunca autorizó el traslado de la mercancía, cuyo depósito solicita en pago la demandante…” arribada al país en el vapor SEABOARD EXPRESS. El mencionado instrumento que riela al folio 104 del expediente, es del tenor siguiente:

“Tengo a bien dirigirme a usted, en la oportunidad de acusar recibo a su comunicación de fecha 09-03-98, mediante el cual solicita se le certifique si es cierto que por esta Aduana fue autorizado el traslado de la mercancía, contentiva de quince (15) bultos, con un peso de 85.143,00 Kgs. De maquinaria pesadas, desde Conaven a la Almacenadora Deporca por solicitud de esta en fecha 09-10-97, llegadas por este Puerto a bordo del vapor Seaboard Express el 28-11-96, sin la autorización del Ministerio.

En tal sentido puedo notificarle que de acuerdo a la información y verificación realizada por la División de Tramitaciones y Archivo, se pudo constatar que no hay ninguna autorización de traslado de esa mercancía solicitada por la mencionada Almacenadora.” (Sic).

           

Esta comunicación se ve complementada con las resultas de la prueba de informes dirigida al Gerente de la Aduana de Puerto Cabello, Estado Carabobo (folio 269 del expediente), para que informara si “…existen en sus archivos algún oficio o documento donde conste la autorización por parte del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (…) para el traslado de la mercancía contentiva de quince (15) bultos, con un peso de 85.143 Kgs. de máquinas pesadas, desde la Almacenadora CONAVEN hasta la Almacenadora DEPORCA...”, cuyo contenido se transcribe textualmente:

                   “…En atención a sus particulares significole que en los Archivos de esta Aduana no reposa oficio o documento alguno donde conste que el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales renovables, haya autorizado el traslado de la mercancía contenida en quince (15) bultos, con un peso de 85.143 Kgs., lo cual viene a ratificar el contenido del oficio HAPTC-GA-019 de fecha 23MAR98, suscrito por la Econ. ELBA CARRILLO DE VASQUEZ, en su carácter de Gerente de la Aduana. No obstante ello, es de hacer notar que se ha tenido conocimiento de situaciones de hecho en virtud de las cuales se han establecido convenimientos entre Terminales Portuarios y Almacenadoras dotadas de facilidades de almacenamiento techado, a los fines de trasladar a las instalaciones de éstas, aquellas mercancías que requieren, no solamente el resguardo físico, sino además, la preservación de los efectos provenientes de las condiciones ambientales del lugar.” (Sic).

           

Especial mención merecen adicionalmente los oficios número 0178 del 17 de marzo de 1999 y 0181 del 19 de marzo de 1999, suscritos por el Director General Sectorial de Infraestructura del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables, y dirigidos a la parte actora, a través de los cuales le solicita que le entreguen a la empresa “Transportes y Servicios Chávez y Contreras” las mercancías que le pertenecían a la República y le informa que el ciudadano Henry Guanipa, funcionario de HIDROFALCÓN, estaba autorizado para supervisar dicha entrega. De los mencionados oficios se constata: i) Que la actora estaba en posesión de ciertos bienes de la República, por órgano del Ministerio; y ii) La voluntad  inequívoca de este último para que ellos le fueran devueltos.

            También observa la Sala que cursan en autos comunicaciones emanadas de la parte actora, a través de las cuales le solicita al Ministerio el pago de los montos adeudados, sin que el Ministerio haya ofrecido respuestas, negando o aceptando total o parcialmente dicha deuda. Es el caso de: i) La comunicación de fecha 5 de marzo de 1998 dirigida al Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables, mediante la cual le rinde una relación de los montos adeudados a esa fecha (folio 17 y 18); y ii) El escrito de fecha 4 de diciembre de 1998 dirigido al entonces Ministro del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 30 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (folios 119 al 121), que aun cuando fueron recibidas por el aludido Ministerio no consta en autos, alguna respuesta a aquéllas.

            Igualmente aprecia la Sala que de las resultas de las pruebas de informes solicitadas al Banco Provincial y al Banco del Caribe, no se desprende que el Ministerio o algún dependiente suyo haya efectuado pagos a favor de la empresa accionante o cualquier otra gestión que lo vinculara con las operaciones mercantiles en referencia. 

            Establecido lo anterior, observa esta Sala que no existen en el expediente medios de pruebas que permitan concluir que la República, por órgano del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables, manifestó su consentimiento para que la actora realizara actividades de almacenamiento o depósito de los bienes propiedad de la demandada, así como tampoco existen en autos elementos de los que se pueda inferir que las supuestas actividades desplegadas por la actora, mediaron algún tipo de acuerdo entre las partes -sea de cualquier naturaleza-, sino que, por el contrario, está acreditado que la República Bolivariana de Venezuela, por órgano del entonces Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables, no autorizó tales gestiones. Así se declara.

            En tal sentido, el artículo 1.753 del Código Civil establece:

“Artículo 1753: El depósito voluntario se efectúa por el espontáneo consentimiento del que da y del que recibe la cosa en depósito.”

            A su vez, el artículo 10 de la Ley de Almacenes Generales de Depósito publicada en la Gaceta Oficial N° 19.105 del 7 de noviembre de 1936, establece:

“Artículo 10: Tanto el certificado de depósito como el bono de prenda contendrá las siguientes indicaciones:

… (omissis) …

Parágrafo Único: Los almacenes expedirán estos títulos desprendiéndolos de libros talonarios en los que se anotarán los mismos datos de los documentos expedidos. Estos datos deberán hacerse constar igualmente en un libro especial, sellado y rubricado de acuerdo a las disposiciones del Código de Comercio, donde se registrarán diariamente y por orden todas las operaciones en que intervengan en el Almacén”.

            El certificado de depósito al que se refiere el artículo citado previamente, acredita el dominio de las mercancías y productos recibidos en los almacenes generales y, según el contenido de dicha norma, los almacenes deben expedir estos títulos desprendiéndolos de libros talonarios en los que se anotan los datos de dicho certificado, así como en un libro especial que lleva el registro de todas las operaciones en las que intervengan el almacén.

            Al efecto, esta Sala observa que tampoco cursan en autos los instrumentos exigidos en la mencionada norma, de los cuales se pudiera concluir que existió una manifestación de voluntad de la República, por órgano del Ministerio, para depositar la mercancía en la sede de la actora.

            En tal sentido, es necesario destacar que al estar involucrados los intereses del Estado -ya que esos bienes (maquinarias pesadas, tuberías) serían presuntamente utilizados para el “saneamiento ambiental, desarrollo y rehabilitación del recurso agua”, era menester que existiera una manifestación expresa de la Administración a fin de proceder al mencionado almacenamiento, toda vez que dichas gestiones estaban relacionadas con actividades que afectaban a la colectividad en general.

            Siendo ello así, analizadas las circunstancias del caso así como los elementos probatorios cursantes en autos, y por cuanto no fue demostrado que la República Bolivariana de Venezuela por órgano del entonces Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables celebró con la sociedad mercantil Almacenes y Depósitos Integrales Portuarios, C.A., (DEPORCA) un contrato de almacenaje o depósito, o en su defecto autorizara que se efectuaran tales actividades, esta Sala debe declarar improcedente el pago reclamado. Así se decide.

VII

DECISIÓN

Con fundamento en lo establecido precedentemente, esta Sala Político-Administrativa Accidental del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR la demanda por cobro de bolívares incoada por la sociedad mercantil ALMACENES Y DEPÓSITOS INTEGRALES PORTUARIOS, C.A., (DEPORCA) contra la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, por órgano del entonces MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES (actualmente denominado MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE).

Se condena en costas a la parte demandante, por haber resultado totalmente vencida en este juicio, de conformidad con el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil.

Publíquese, regístrese y notifíquese. Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los cuatro (04) días del mes de noviembre del año dos mil nueve (2009). Años 199º de la Independencia y 150º de la Federación.

 

             La Presidenta

EVELYN MARRERO ORTÍZ

                                                                                                               El Vicepresidente

                                         HADEL MOSTAFÁ PAOLINI

                                                             Ponente

 

Los Magistrados, 

 

 

EMIRO GARCÍA ROSAS

            

 

                                                                                              RODOLFO ANTONIO LUZARDO BAPTISTA

 

MIRIAM ELENA BECERRA TORRES

                           Suplente

 

La Secretaria,

SOFÍA YAMILE GUZMÁN

 

 

En cinco (05) de noviembre del año dos mil nueve, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 01601, la cual no está firmada por el Magistrado Suplente Rodolfo Antonio Luzardo Baptista, por no estar presente en la discusión por motivos justificados.

 

 La Secretaria,

SOFÍA YAMILE GUZMÁN

 

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