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Buscar sentenciasExp. Nº 2008-0860
Mediante Oficio N° 2.425-08A de fecha 03 de octubre de 2008, el Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Los Andes remitió a esta Sala el expediente contentivo del recurso de apelación ejercido en fecha 17 de julio de 2008, por la abogada Dora Inés Padrón Cegarra, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 63.996, en su carácter de sustituta de la Procuradora General de la República, en representación del FISCO NACIONAL, según se evidencia de documento poder otorgado ante la Notaría Pública Undécima del Municipio Bolivariano Libertador del Distrito Capital el 15 de septiembre de 2006, bajo el N° 54, Tomo 155 de los Libros de Autenticaciones llevados por esa Notaría; contra la sentencia N° 267-2008, dictada por el Tribunal remitente en fecha 20 de junio de 2008, mediante la cual declaró con lugar el recurso contencioso tributario interpuesto por las ciudadanas Elda María Rodríguez de Avendaño y Silvia Avendaño Rodríguez, titulares de las cédulas de identidad números 9.189.060 y 5.445.218, respectivamente, en su condición de integrantes de la SUCESIÓN DE JESÚS OVIDIO AVENDAÑO BENÍTEZ, inscrita en el Registro de Información Fiscal N° J-30877811-7, debidamente asistidas por el abogado José Marcelino Sánchez Vargas, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 31.092, y el recurso contencioso tributario interpuesto por el ciudadano Gustavo Adolfo Avendaño Figueroa, titular de la cédula de identidad N° 3.618.396, actuando también en su condición de integrante de la Sucesión supra identificada, debidamente asistido por la abogada Karina Janeth Morales de Ruiz, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 74.822; contra la Resolución N° GCSJ/GR/DRAAT/2006 de fecha 21 de noviembre de 2006, emanada de la Gerencia de Recursos adscrita a la Gerencia General de Servicios Jurídicos del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT).
A través de la Resolución supra identificada, la prenombrada Gerencia de Recursos declaró parcialmente con lugar el recurso jerárquico incoado por la referida Sucesión contra la Resolución N° RLA-DSA-2005-076 del 27 de octubre de 2006, emanada de la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Los Andes del mencionado Servicio Nacional, en la cual: i) formuló a su cargo reparo fiscal por un monto de diecisiete millones trescientos treinta y siete mil seiscientos cincuenta bolívares con ochenta y cinco céntimos (17.337.650,85), expresados actualmente en la suma de diecisiete mil trescientos treinta y siete bolívares con sesenta y cinco céntimos (Bs. 17.337,65), por concepto de diferencia de impuesto sucesoral; ii) impuso multa por contravención, por la cantidad de veinticinco millones setecientos diecisiete mil quinientos quince bolívares con doce céntimos (Bs. 25.717.515,12), reexpresados en el monto de veinticinco mil setecientos diecisiete bolívares con cincuenta y dos céntimos (Bs. 25.717,52), equivalentes al ochenta y nueve por ciento (89%) del tributo presuntamente omitido; y iii) liquidó intereses moratorios por un monto total de treinta y tres millones ciento sesenta y nueve mil ochocientos ochenta y seis mil bolívares (Bs. 33.169.886,00), expresados actualmente en la suma de treinta y tres mil ciento sesenta y nueve bolívares con ochenta y nueve céntimos (Bs. 33.169,89).
El 23 de octubre de 2008, se dio cuenta en Sala, y por auto de la misma fecha se designó Ponente al Magistrado Levis Ignacio Zerpa, se ordenó aplicar el procedimiento de segunda instancia previsto en el artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, se dejó constancia del inicio de la relación de la causa y se fijó un lapso de quince días de despacho, a los efectos de fundamentar el recurso de apelación interpuesto.
En escrito de fecha 27 de noviembre de 2008, la abogada Iris Josefina Gil Gómez, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 47.673, actuando en su condición de sustituta de la Procuradora General de la República, en representación del Fisco Nacional, procedió a fundamentar el presente recurso de apelación.
Posteriormente, en auto del 08 de enero de 2009, se fijó el quinto día de despacho siguiente, a los fines de celebrar el respectivo acto de Informes. Luego, en auto del 21 de enero de 2009, se difirió la celebración del acto para el día 13 de agosto del mismo año.
Estando en la oportunidad prevista en el auto que antecede (13 de agosto de 2009), se llevó a cabo el respectivo acto de Informes con la sola comparecencia de la representación judicial del Fisco Nacional, la cual, una vez culminada su exposición, consignó sus conclusiones escritas y, seguidamente, se dijo VISTOS.
I
ANTECEDENTES
Según se desprende de las actas, la Sucesión de Jesús Ovidio Avendaño Benítez omitió presentar escrito de descargos contra el acta de reparo supra identificada y, en su lugar, las ciudadanas Elda María Rodríguez de Avendaño y Silvia Rodríguez Avendaño, mediante escrito de fecha 31 de agosto de 2005, aceptaron el reparo formulado a su cargo, procediendo a consignar el comprobante de pago de sus respectivas cuotas, por un monto total de once millones quinientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos treinta y tres bolívares con noventa céntimos (Bs. 11.558.433,90), equivalentes en la actualidad a la suma de once mil quinientos cincuenta y ocho bolívares con cuarenta y tres céntimos (Bs. 11.558.43).
Luego, en Resolución Culminatoria de Sumario N° RLA/DSA-2005-076 de fecha 27 de octubre de 2005, la Gerencia Regional de Tributos Internos Región Los Andes del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) confirmó el aserto fiscal plasmado en el acta de reparo supra señalada y, en consecuencia: i) formuló reparo a cargo de la referida Sucesión, por la suma de diecisiete millones trescientos treinta y siete mil seiscientos cincuenta bolívares con ochenta y cinco céntimos (Bs. 17.337.650,85), expresados actualmente en diecisiete mil trescientos treinta y siete bolívares con sesenta y cinco céntimos (Bs. 17.337,65), por concepto de diferencia de impuesto sucesoral; ii) impuso multa por contravención por un monto de veinticinco millones setecientos diecisiete mil quinientos quince bolívares con doce céntimos (Bs. 25.717.515,12), reexpresados en la cantidad de veinticinco mil setecientos diecisiete bolívares con cincuenta y dos céntimos (Bs. 25.717,52), equivalentes al ochenta y nueve por ciento (89%) del monto total del tributo presuntamente omitido; y iii) liquidó intereses moratorios por una suma de treinta y tres millones ciento sesenta y nueve mil ochocientos ochenta y seis bolívares (Bs. 33.169.886,00), reexpresados en la cantidad de treinta y tres mil ciento sesenta y nueve bolívares con ochenta y nueve céntimos (Bs. 33.169,89).
Asimismo, en fecha 03 de febrero de 2006, los ciudadanos Miriam Avendaño de Zorrilla, titular de la cédula de identidad N° 3.618.397, y Gustavo Adolfo Avendaño Figueroa, supra identificado, actuando también en su condición de integrantes de la referida Sucesión, presentaron escrito complementario al recurso supra identificado, de conformidad con lo establecido en el artículo 242 del Código Orgánico Tributario de 2001.
En respuesta a lo anterior, la Gerencia de Recursos adscrita a la Gerencia General de Servicios Jurídicos del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), a través Resolución N° GCSJ/GR/DRAAT/2006 de fecha 21 de noviembre de 2006, declaró parcialmente con lugar el recurso jerárquico incoado por la referida Sucesión contra la Resolución Culminatoria de Sumario N° RLA/DSA-2005-076 de fecha 27 de octubre de 2005, emanada de la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Los Andes del mencionado Servicio Nacional, formulando en consecuencia un nuevo reparo fiscal por la suma de diecisiete millones trescientos treinta y siete mil seiscientos cincuenta bolívares con ochenta y cinco céntimos (Bs. 17.337.650,85), equivalente en la actualidad a diecisiete mil trescientos treinta y siete bolívares con sesenta y cinco céntimos (Bs. 17.337,65), por concepto de diferencia de impuesto causado y no liquidado, al tiempo que impuso multa por contravención por un monto de quince millones cuatrocientos treinta mil quinientos nueve bolívares con veintiséis céntimos (Bs. 15.430.509,26), reexpresado en la suma de quince mil cuatrocientos treinta bolívares con cincuenta y un céntimos (Bs. 15.460,51), equivalentes al ochenta y nueve por ciento (89%) del monto del tributo presuntamente omitido, como resultado de haber sustraído previamente el monto cancelado por concepto de multa del diez por ciento (10%), generada en razón del supuesto allanamiento parcial manifestado por las ciudadanas Elda María Rodríguez de Avendaño y Silvia Avendaño Rodríguez al acta de reparo supra mencionada; y por último, liquidó intereses moratorios por la suma de diecinueve millones novecientos un mil novecientos treinta y un bolívares con sesenta céntimos (Bs. 19.901.931,60), ahora diecinueve mil novecientos un bolívares con noventa y tres céntimos (Bs. 19.901,93), como resultado de acreditar al monto total de los intereses liquidados a cargo de la Sucesión, el monto de los intereses cancelados por las ciudadanas identificadas precedentemente.
Mediante escrito presentado en fecha 18 de abril de 2007 ante el Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Los Andes, las ciudadanas Elda María Rodríguez de Avendaño y Silvia Avendaño Rodríguez, supra identificadas, actuando en su condición de integrantes de la Sucesión de Jesús Ovidio Avendaño Benítez, también previamente identificada, debidamente asistidas por el abogado José Marcelino Sánchez Vargas, ejercieron recurso contencioso tributario contra el acto administrativo descrito en el párrafo que antecede.
Por auto del 23 de abril de 2007, el Tribunal de la causa le dio entrada al expediente, ordenando por consiguiente practicar las respectivas notificaciones de ley.
En fecha 09 de mayo de 2007, fue recibido por el Tribunal de instancia el Oficio N° GRLA/DJTARTJ/2007/191 del 30 de abril de 2007, emanado de la División Jurídico Tributaria de la Gerencia Regional de Tributos Internos Región Los Andes del SENIAT, anexo al cual el ente tributario nacional remitió al Tribunal de instancia el recurso contencioso tributario interpuesto en fecha 25 de abril de 2007, por el ciudadano Gustavo Adolfo Avendaño Figueroa, asistido por la abogada Karina Janeth Morales Ruiz, ambos previamente identificados, contra la referida Resolución N° RLA-DSA-2005-076 del 27 de octubre de 2006. En tal sentido, manifestó el Tribunal que ( ) por cuanto ya fue presentado personalmente por el contribuyente e inventariado bajo el expediente N° 1375, es[e] Juzgado ac[ordó] agregarlo al mismo. Corríjase foliatura. ( ). (Agregados de la Sala).
Luego, en auto del 24 de octubre de 2007, el Tribunal de la causa, luego de constatar que no había ( ) sido notificado uno de los recurrentes, y cumpliendo con lo establecido en el artículo 264 del Código Orgánico Tributario ( ), ordenó librar boleta de notificación al ciudadano Gustavo Adolfo Avendaño Figueroa, en su condición de coheredero de la Sucesión recurrente.
Practicadas las notificaciones ordenadas anteriormente, en auto de fecha 15 de febrero de 2008, el Tribunal a quo admitió el recurso contencioso tributario interpuesto ( ) por la Sucesión del ciudadano Jesús Ovidio Avendaño Venitez; debidamente asistidos por abogado ( ) (sic), dejando constancia que la causa quedaría abierta a pruebas a partir del primer día de despacho siguiente, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 267 y 268 del vigente Código Orgánico Tributario.
Culminada la sustanciación de la causa, el Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Los Andes en sentencia N° 267-2008 de fecha 20 de junio de 2008, declaró con lugar el recurso contencioso tributario ejercido por las ciudadanas Elda María Rodríguez de Avendaño y Silvia Avendaño Rodríguez, en su condición de integrantes de la Sucesión accionante, así como también con lugar el recurso contencioso tributario incoado por el ciudadano Gustavo Adolfo Avendaño Figueroa, en su condición de coheredero de la referida Sucesión. En consecuencia, anuló el acto administrativo impugnado.
Por diligencia del 17 de julio de 2008, la representación judicial del Fisco Nacional apeló de la sentencia anterior.
En auto de fecha 03 de octubre de 2008, el Tribunal a quo oyó la apelación interpuesta en ambos efectos y, por consiguiente, ordenó remitir el expediente a esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia.
II
DE LA SENTENCIA RECURRIDA
Mediante sentencia N° 267-2008 de fecha 20 de junio de 2008, el Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Los Andes señaló:
( ) Planteados así los hechos, considera esta juzgadora imprescindible realizar ciertas consideraciones sobre el nacimiento y extinción de la comunidad hereditaria y el efecto patrimonial que conlleva ésta extinción, teniendo así suficientemente claro que la comunidad hereditaria es aquella que nace entre varios herederos que aceptan una herencia, se trata pues de una comunidad fortuita que tiene por objeto la totalidad del patrimonio hereditario, cuya propiedad pasa simultáneamente a los herederos, como producto de su aceptación. Así pues, según lo dispuesto en el artículo 995 del Código Civil, la posesión de todos los bienes que pertenecían al causante, pasa de pleno derecho a los herederos al abrirse la Sucesión.
Ahora bien, esta comunidad hereditaria puede disolverse a través de la correspondiente liquidación y partición de la herencia, la cual ha sido definida doctrinalmente como el negocio jurídico mediante el cual cada coheredero se hace exclusivo propietario de los bienes sucesorales que le son adjudicados en dicho acto, a la vez pierde todos sus derechos de copropiedad sobre los demás bienes de la herencia que son adjudicados a los restantes coherederos, en ese mismo negocio (Francisco López Herrera. Derecho de Sucesiones. Segunda Edición. Universidad Católica Andrés Bello. Caracas 1997. Pág. 228)
El efecto primordial de la división de la herencia, se encuentra establecido en el art. 1.116 del Código Civil, que establece: ( )
( ) Entiéndase así la partición como un negocio jurídico complejo y sui generis, cuyos efectos se retrotraen a la fecha de la apertura de la sucesión; puesto que se entiende que ha habido una sucesión parcial aunque siempre universal, ya que cada heredero sucede al de cujus en la propiedad de los bienes comprendidos en el respectivo lote de partición. Sin embargo, es preciso enfatizar que en todo caso el objeto de la partición es siempre poner fin a la comunidad hereditaria.
No obstante lo anterior, la Administración no tomó en cuenta el hecho de que al momento en que dio inicio a la investigación fiscal, la comunidad hereditaria se encontraba disuelta por haberse efectuado la partición y liquidación de los bienes que conforman el patrimonio del causante, la cual fue registrada el 01/07/2004, fecha ésta a partir de la cual la mencionada sentencia adquirió efectos erga omnes, siendo plenamente oponible a terceros, sin embargo, este hecho fue interpretado por la Administración Tributaria en los siguientes términos:
que aunque en el presente caso los miembros de la comunidad hereditaria se encuentren disfrutando de sus correspondientes cuotas partes, y solo una parte de ellos haya pagado su cuota de la obligación, la deuda tributaria no se ha extinguido en su totalidad, lo que trae como consecuencia que frente a la Administración Tributaria siga existiendo solidaridad en dicha obligación .
Así pues, según considera la Gerencia General de Servicios Jurídicos en el presente caso, que los integrantes de la comunidad hereditaria continúan siendo obligados solidariamente al pago del tributo causado, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 del Código Orgánico Tributario, el cual dispone: ( )
( ) Sin embargo, aun cuando el mencionado dispositivo normativo se considerase plenamente aplicable, encuentra esta juzgadora que más allá de la determinación de la responsabilidad (solidaria o individual), lo trascendental en el caso de autos era el hecho cierto de que a la fecha en que la administración inició el procedimiento de investigación fiscal, la comunidad sucesoral se encontraba disuelta y los sujetos que la conformaban ya no poseían ningún nexo que los vinculara entre sí, pues habiendo dividido el patrimonio hereditario cada cual había pasado a convertirse en único propietario de su cuota hereditaria, de modo que la investigación que correspondiese aplicar a la ya disuelta Sucesión, debía garantizar la notificación y debida participación de todos y cada uno de los herederos, pues en ello radica la garantía constitucional del debido proceso y el sagrado derecho a la defensa.
Al respecto la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha señalado que la manera de garantizar el derecho al debido proceso, así como su elemento integrante y esencial, como es, el derecho a la defensa, cuando se aplican procedimientos de investigación fiscal a los integrantes de una Sucesión, es a través de la notificación del inicio del procedimiento a cada uno de quienes conforman la comunidad hereditaria, así se plasmó expresamente en la Sentencia N° 2455 de fecha 01/09/2003, Caso: Martín Rene Jiménez Ocampo, la cual estableció: ( )
Según se infiere del criterio antes expuesto, la única vía para que el procedimiento de fiscalización no resulte lesivo de los derechos y garantías constitucionales de los coherederos, es que el órgano fiscalizador le garantice a los sujetos investigados la notificación personal y directa del inicio del procedimiento a cada uno de los integrantes de la Sucesión, puesto que la notificación en sólo uno de ellos es incapaz de producir efectos con respecto a los demás, quienes han sido injustificadamente excluidos del procedimiento de determinación.
Lo anterior evidencia pues, que en el caso de autos la Gerencia Regional incurrió en una gravísima falta de procedimiento, puesto que llevó a cabo una investigación fiscal sin participar oportunamente a los particulares cuya esfera jurídica se vería afectada por el acto resultante, en efecto la Sucesión Jesús Ovidio Avendaño Benítez estaba efectivamente conformada por los ciudadanos: Gustavo Adolfo Avendaño Figueroa ( ); Miriam Celina Avendaño de Zorrilla ( ); Jesús Alberto Avendaño Lizarazu ( ) o su cesionario Alexis Arias García ( ); Silvia Avendaño Rodríguez ( ); Jesús Ovidio Avendaño Laguna ( ); Olga Mireya Avendaño Gómez ( ) y Elda María Rodríguez Viuda de Avendaño ( ), y sólo se comunicó de la Providencia Administrativa N° GRTI/RLA/2418 a la ciudadana Elda de Avendaño en su carácter de cónyuge heredera, tal y como efectivamente se plasma en el acta en cuestión, desconociendo abruptamente los derechos de los restantes herederos, quienes además, y como agravante de la situación, ya no poseían ningún tipo de vínculo con la suscrita heredera, puesto que, como ya se ha señalado, a la fecha del inicio de la fiscalización ya había tenido efecto la división legal del patrimonio hereditario o partición de la herencia, así pues, aun en el caso de que los mismos mantuvieran vigente su obligación solidaria ante el Fisco Nacional, ello no implica, tal y como erradamente lo interpretó el Superior Jerárquico Administrativo, que la comunidad hereditaria subsistiera a los efecto tributarios.
Así además, de la revisión del presente expediente se pueden constatar otros vicios en el acto administrativo en cuanto a la determinación del tributo correspondiente, considerando que la Administración partió de la certeza de que la Sucesión estaba conformada por cinco integrantes, y sobre la base de ese hecho determinó el tributo correspondiente. Sin embargo, según se ha dejado plenamente acreditado en los autos, la Sucesión Jesús Ovidio Benítez estaba conformada por siete herederos, y ello fue obviado totalmente por la ciudadana fiscal actuante, quien en todo caso debió haber tenido conocimiento de tal hecho, pues ello se evidencia claramente de la sentencia contentiva de la partición y liquidación de la herencia.
De acuerdo a lo anterior, es palmario el vicio de falso supuesto de hecho en que incurrió la Gerencia Regional al determinar el tributo correspondiente al Impuesto Sucesoral sobre la base de un hecho incierto como lo es el numero de integrantes de la Sucesión, lo cual, sin embargo es desconocido por la Gerencia General de Servicios Jurídicos en la resolución del Recurso Jerárquico, basándose para ello en el incongruente argumento de que: la Administración Tributaria Regional al efectuar la fiscalización a la Declaración Sucesoral N° 020032, presentada en fecha 10 de enero de 2002, no constató ninguna irregularidad en la misma, en cuanto a los integrantes que conforman la Sucesión, siendo que dicha declaración, según lo dispuesto en el articulo 147 del Código Orgánico Tributario vigente, se debe tener como definitiva, aun cuando pueda ser modificada espontáneamente, siempre y cuando no se hubiere iniciado el procedimiento de fiscalización y determinación.
Por lo que no puede pretender el recurrente, que se tomen en consideración los dos herederos que no fueron incluidos por la Sucesión ni en su Declaración Sucesoral N° 020032, ni en la sustitutiva que debieron presentar a los fines de que la Administración Tributaria tomara en cuenta dichos sujetos, cuando dicha información la fijó la propia sucesión, la cual fue encontrada conforme al fiscal actuante.
Ante tal aseveración, es imperativo establecer que dicha declaración no es otra cosa que un acto formal y material que consiste en una manifestación de voluntad realizada bona fide por el contribuyente ante los organismos competentes de la Administración Tributaria, con el único fin de determinar, con la mayor exactitud, el monto del impuesto correspondiente, sin que, en ningún caso, pueda atribuírsele a tal acto efectos constitutivos o extintivos de derechos, tal y como pareciera hacerlo Gerencia General de Servicios Jurídicos, que desconoce la calidad de herederos de aquellos sujetos que no fueron incluidos por los declarantes en la suscrita Declaración Sucesoral N° 020032, aun cuando cuenta con todos los elementos para constatar la certeza de ese hecho.
En virtud de los hechos anteriormente explanados, y habiéndose constatado la existencia de vicios en el procedimiento administrativo capaces de causar indefensión, y vicios en los hechos que constituyen la causa del acto recurrido, debe forzosamente declararse la nulidad absoluta del acto, de conformidad con lo establecido en los numerales 1 y 4 del articulo 240 del Código Orgánico Tributario. Y así se decide.
Así también, en aras de garantizar la tutela judicial efectiva y lograr el restablecimiento de la situación jurídica infringida de conformidad con lo dispuesto en el articulo 259 de la Constitución Nacional, es necesario dejar a salvo el derecho de las ciudadanas Elda María Rodríguez de Avendaño y Silvia Rodríguez Avendaño, titulares de las cédulas de identidad N° V9.189.060 y N° 5.445.218, de exigir de la Administración Tributaria la repetición de los montos indebidamente pagados en razón del reparo. Y así se declara.
Finalmente, en lo atinente a las costas procesales el artículo 327 del Código Orgánico Tributario señala: ( )
( ) En consecuencia al ser el juicio contencioso declarado Con Lugar, considerando que en el caso de autos no encuentran fundamentos para eximir de la condenatoria en costas y en orden al criterio establecido por el Supremo Tribunal en sentencia N° 01838 de fecha 14/11/2007 de la Sala Político Administrativa, en consecuencia este tribunal condena en costas a la República Bolivariana de Venezuela por la cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES BOLÍVARES CON CINCUENTA CENTIMOS (Bs.2.633, 50) equivalente al 5% del monto en que se estima el presente juicio. Y así se declara. ( )
( ) Por las razones precedentemente expuestas, ESTE TRIBUNAL ( ) DECLARA:
1.- CON LUGAR el Recurso Contencioso Tributario interpuesto por las ciudadanas Elda María Rodríguez Viuda de Avendaño ( ) y Silvia Avendaño Rodríguez ( ) obrando como carácter de integrantes de la SUCESIÓN JESUS OVIDIO AVENDAÑO BENITEZ ( )
( ) 2.- Con Lugar el Recurso Contencioso Tributario interpuesto por el ciudadano Gustavo Adolfo Avendaño Figueroa ( ) en su carácter de heredero legítimo en la Sucesión de Jesús Ovidio Avendaño Benítez ( )
( ) 2.- SE ANULA la Resolución del Jerárquico N° GGSJ/GR/DRAAT/2006-2600, de fecha 21/11/2006, emitida por la Gerencia General de Servicios Jurídicos del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT).
3.- Se deja a salvo el derecho de repetición de las ciudadanas Elda María Rodríguez de Avendaño y Silvia Rodríguez de Avendaño ( ) ante el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria SENIAT.
4.- SE CONDENA EN COSTAS a la República Bolivariana de Venezuela, por la cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA BOLÍVARES CON CINCUENTA CENTIMOS (Bs. 2.633,50) ( ) (sic) (Subrayado y destacados del texto).
III
FUNDAMENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN
De la sentencia supra transcrita recurrió en apelación la representación judicial del Fisco Nacional, y estando en la oportunidad fijada por la Sala a tales efectos, presentó ante esta Alzada el respectivo escrito de alegaciones, en el cual expuso las razones que resumidamente se exponen:
En primer lugar, manifiesta que el ente decisor incurrió en el vicio de errónea interpretación de ley, específicamente de la norma contenida en el artículo 20 del vigente Código Orgánico Tributario, por cuanto si bien reconoce acertadamente la aplicabilidad del mencionado precepto al caso que nos ocupa, yerra en su alcance al considerar que no existe responsabilidad solidaria entre los miembros de la Sucesión accionante frente a las obligaciones fiscales derivadas de la transmisión mortis causa del patrimonio del de cujus, en razón de haberse llevado a cabo la partición de la comunidad sucesoral.
En tal sentido, sostiene la representación fiscal, reproduciendo los términos del acto recurrido, que ( ) aunque en el presente caso los miembros de la comunidad hereditaria se encuentren disfrutando de sus correspondientes cuotas partes, y solo una parte de ellos haya pagado su cuota de la obligación, la deuda tributaria no se ha extinguido en su totalidad, lo que trae como consecuencia que frente a la Administración Tributaria siga existiendo solidaridad en dicha obligación, todo ello por efecto de lo dispuesto en el referido artículo 20 del Código Orgánico Tributario ( ).
En sustento de esta afirmación, aduce que ( ) en el caso que nos ocupa, la obligación tributaria principal, conformada por el pago del impuesto sucesoral, surge como consecuencia de las transmisiones patrimoniales gratuitas de derechos por causa de muerte. ( ) todo lo cual, ( ) significa que un mismo hecho imponible ( ) se verifica en varias personas, a saber, en los herederos miembros de la Sucesión, de allí que exista ex lege la solidaridad entre tales sucesores. ( )
En otro orden de ideas, argumenta la representación judicial del Fisco Nacional que el fallo recurrido incurrió en falta de aplicación de ley, concretamente del artículo 168 del Código Orgánico Tributario vigente, ( ) pues desconoció la existencia de esta norma cuando declaró la existencia de una gravísima falta de procedimiento en la que habría incurrido la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Los Andes del SENIAT, por haber iniciado una investigación fiscal sin participar oportunamente a los particulares cuya esfera jurídica se vería afectada por el acto resultante, vale decir, los otros miembros de la Sucesión Avendaño distintos de ELDA MARÍA RODRÍGUEZ DE AVENDAÑO. ( ).
En respaldo a esta denuncia, asegura que la notificación practicada a cualquiera de los integrantes de una Sucesión se considera válida para el resto de sus miembros, por así disponerlo expresamente el último aparte del artículo 168 del vigente Código Orgánico Tributario, y por esta razón, considera que ( ) la notificación del inicio de la investigación fiscal practicada en la persona de ELDA MARÍA RODRÍGUEZ DE AVENDAÑO, miembro de la Sucesión de Jesús Avendaño, no afecta de nulidad al procedimiento de determinación tributaria desplegado por la Gerencia Regional tantas veces mencionada ( ).
Por último, para el supuesto en que resulte revocado el pronunciamiento judicial objeto del presente recurso de apelación y decida la Sala conocer del fondo de la controversia suscitada en instancia, ratifica esa representación fiscal los fundamentos de hecho y de derecho que sustentan el acto determinativo, en el cual se precisó una diferencia de impuesto sucesoral al favor de la Administración Tributaria, ( ) toda vez que la modificación en el valor de los bienes inmuebles resultante de la investigación fiscal, se realizó con la utilización de métodos de valoración válidamente aplicables a estos bienes, ( ) al extremo que las dos herederas que principalmente han actuado a lo largo de este procedimiento, aceptaron los reparos formulados y pagaron sus cuotas de tributos correspondiente ( ).
Finalmente, solicita de esta Sala declare con lugar el presente recurso de apelación y, en consecuencia, revoque la sentencia dictada por el Tribunal remitente, y en caso de resultar desestimada su pretensión, solicita que se exima del pago de costas procesales a la República, por haber tenido motivos racionales suficientes para ejercer el presente recurso.
IV
PUNTO PREVIO
Antes de emitir su pronunciamiento sobre el tema debatido en la presente causa, debe la Sala dictaminar sobre el mérito de la incorporación del recurso contencioso tributario interpuesto en sede administrativa por el ciudadano Gustavo Adolfo Avendaño Figueroa, en su condición de integrante de la Sucesión de Jesús Ovidio Avendaño Benítez, al proceso judicial iniciado con el recurso contencioso tributario incoado por las ciudadanas Elda María Rodríguez de Avendaño y Silvia Avendaño Rodríguez, ambas supra identificadas, contra la Resolución N° GGSJ/GR/DRAAT/2006-2600 de fecha 21/11/2006, emanada de la Gerencia de Recursos adscrita a la Gerencia General de Servicios Jurídicos del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT).
En tal sentido, observa esta Alzada que en auto de fecha 09 de mayo de 2007, el Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Los Andes manifestó al arribo del mencionado recurso, lo siguiente:
( ) Recibido por correspondencia oficio Nro. 191, de fecha 30/04/2007, proveniente del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), junto con Recurso Contencioso Tributario, por cuanto ya fue presentado personalmente por el contribuyente e inventariado bajo el expediente Nro. 1375, este Juzgado acuerda agregarlo al mismo. Corríjase foliatura.( ) (sic).
Nótese del fragmento transcrito, que al momento de dar cuenta de la llegada del recurso contencioso tributario interpuesto en sede administrativa por el ciudadano Gustavo Adolfo Avendaño Figueroa, el Tribunal remitente procedió de inmediato a incorporarlo a los autos, sin antes advertir que en efecto se trataba de una acción judicial distinta a la ejercida previamente, y mucho menos efectuar el correspondiente análisis de los extremos de procedencia previstos en el Código Adjetivo sobre la figura de la acumulación de causas, lo cual constituye en esencia un error in procedendo de tal magnitud, que podría viciar de nulidad el acto procesal en cuestión y provocar la reposición del juicio a la fase procesal inmediatamente anterior.
Ello así, por cuanto la acumulación de causas constituye un mecanismo de ley que impone a los órganos de justicia reunir en una misma instancia dos o más acciones judiciales, cuando exista entre ellas una relación de accesoriedad, conexión o continencia, y no estén presentes ninguna de las causales previstas en el artículo 81 del Código de Procedimiento Civil, pues con ello se busca evitar el dictado de pronunciamientos contradictorios que afecten la resolución de las controversias y atenten en definitiva contra la posibilidad de concretar la tutela judicial acordada en ambos procesos.
De modo que, dado el error de actividad advertido en el accionar del Tribunal remitente, considera esta Sala necesario reproducir el contenido del artículo 206 del Código de Procedimiento Civil, el cual dispone textualmente:
Artículo 206.- Los Jueces procurarán la estabilidad de los juicios, evitando o corrigiendo las faltas que puedan anular cualquier acto procesal. Esta nulidad no se declarará sino en los casos determinados por la ley, o cuando haya dejado de cumplirse en el acto alguna formalidad esencial a su validez.
En ningún caso se declarará la nulidad si el acto ha alcanzado el fin al cual estaba destinado. (Subrayado de la Sala).
Sin embargo, en atención al precepto contenido en la parte in fine del artículo supra transcrito, juzga necesario esta Alzada formular algunas consideraciones sobre el régimen jurídico aplicable al examinado instituto procesal y, en tal sentido, observa:
El artículo 52 del aludido Código de Procedimiento Civil, instrumento jurídico aplicable al caso de autos, por remisión expresa del aparte 1 del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, dispone:
Artículo 52. Se entenderá también que existe conexión entre varias causas a los efectos de la primera parte del artículo precedente:
1º Cuando haya identidad de personas y objeto, aunque el título sea diferente.
2º Cuando haya identidad de personas y títulos, aunque el objeto sea distinto.
La disposición legal transcrita anteriormente, describe las múltiples modalidades de vinculación que pueden presentarse entre dos o más controversias, a la luz de la combinación de los elementos integrantes de la acción judicial, vale decir, sujetos, objeto y título o causa pretendi.
Por su parte, el aludido cuerpo normativo establece también en su artículo 81, los supuestos en los cuales la acumulación de causas no resulta procedente, en los términos que se transcriben a continuación:
Artículo 81.- No procede la acumulación de autos o procesos:
1° Cuando no estuvieren en una misma instancia los procesos.
2° Cuando se trate de procesos que cursen en tribunales civiles o mercantiles ordinarios a otros procesos que cursen en tribunales especiales.
3° Cuando se trate de asuntos que tengan procedimientos incompatibles.
4° Cuando en uno de los procesos que deban acumularse estuviere vencido el lapso de promoción de pruebas.
5° Cuando no estuvieren citadas las partes para la contestación de la demanda en ambos procesos.
De manera que, a los fines de acordar la acumulación de causas, debe observarse detalladamente el cumplimiento de todos los requisitos indispensables para la constitución de toda relación procesal, a fin de que el juez pueda dictar un pronunciamiento de mérito adecuado a las reglas adjetivas que regulan la materia, vale decir, deberá el órgano jurisdiccional que conozca de la acumulación examinar lo relativo a la competencia para conocer de las acciones judiciales, al trámite específico que prevé la ley para la resolución de las controversias planteadas y, además, preservar la garantía del derecho a la defensa de las partes.
Bajo tales premisas, advierte esta Máxima Instancia del estudio de las actas procesales, que entre el recurso contencioso tributario interpuesto por las ciudadanas Elda María Rodríguez de Avendaño y Silvia Avendaño Rodríguez, y el recurso contencioso tributario ejercido por el ciudadano Gustavo Adolfo Avendaño Figueroa, existe una evidente conexión derivada de la doble identidad que se produce entre los elementos constitutivos de ambas acciones judiciales, específicamente en lo que respecta al objeto de las controversias y sus causas pretendi, en tanto que ambas pretensiones están orientadas a la consecución de un fin común, cual es enervar los efectos de la Resolución N° GGSJ/GR/DRAAT/2006-2600 de fecha 21/11/2006, y a su vez, el acto determinativo impugnado en ambos recursos deviene de la relación jurídica surgida entre los accionantes y el Fisco Nacional, en virtud de la transmisión mortis causa y a título universal del patrimonio de su causante, ciudadano Jesús Ovidio Avendaño Benitez.
Por consiguiente, constatado como fuera que existe entre ambas causas la identidad requerida por ley entre los señalados elementos de la acción procesal, y visto además, la inexistencia de las causales previstas en el citado artículo 81 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto se trata de dos recursos contencioso tributarios y, por consiguiente, ambos debían ser sustanciados conforme al mismo procedimiento, se encontraban en la misma instancia y ante el mismo órgano jurisdiccional, y la incorporación del último de los recursos se produjo antes del vencimiento de la fase probatoria en ambas causas; concluye esta Alzada que la acumulación de las acciones judiciales era procedente y, por esta razón, el vicio de procedimiento advertido anteriormente resulta irrelevante, por cuanto el auto del 09/05/2007 alcanzó el fin a que estaba destinado, al continuarse la tramitación de ambos recursos bajo una sola causa y ser decididos en un solo fallo. Así se declara.
No obstante lo anterior, estima conveniente este Máximo Tribunal hacer un llamado a la titular del Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Los Andes para que en el futuro procure guardar el cuidado necesario en el resguardo de las formas jurídicas esenciales a las causas sometidas a su conocimiento. Así se decide.
V
MOTIVACIONES PARA DECIDIR
De acuerdo a los argumentos expuestos por la representación judicial del Fisco Nacional en sustento del recurso de apelación sometido al examen de esta Superioridad, la presente controversia queda circunscrita en segunda instancia a verificar la juridicidad de la sentencia N° 267-2008 dictada el 20 de junio de 2008 por el Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Los Andes, que declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto por las ciudadanas Elda María Rodríguez de Avendaño y Silvia Rodríguez de Avendaño, y el recurso contencioso tributario incoado por el ciudadano Gustavo Adolfo Avendaño Figueroa, en su condición de integrantes de la Sucesión de Jesús Ovidio Avendaño Benítez, todos asistidos de abogado, contra la Resolución N° RLA-DSA-2005-076 del 27 de octubre de 2006, emanada de la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Los Andes del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), en la cual formuló a su cargo reparo fiscal por diferencia de impuesto sucesoral, impuso multa por contravención y liquidó intereses moratorios, por los montos detallados precedentemente.
En tal sentido, corresponderá a esta Máxima Instancia pronunciarse sobre el denunciado vicio de falso supuesto de derecho por errónea interpretación de ley, específicamente del artículo 20 del Código Orgánico Tributario vigente, así como del falso supuesto de derecho por falta de aplicación del artículo 168 del mencionado cuerpo normativo, suscitados respectivamente en criterio de la representación fiscal, al declarar el ente decisor que no existe responsabilidad solidaria entre los miembros de la Sucesión accionante frente a las obligaciones fiscales determinadas en el acto recurrido, y al considerar de otra parte, que la notificación del inicio de la investigación fiscal en uno solo de los herederos, constituye una gravísima falta de procedimiento.
Establecido lo anterior, considera necesario esta Alzada formular las siguientes consideraciones:
1.- De la errónea interpretación del artículo 20 del Código Orgánico Tributario vigente.
El falso supuesto de derecho por errónea interpretación de ley constituye un error de juzgamiento que se origina en la construcción de la premisa mayor del silogismo judicial, específicamente cuando el juez que conoce del caso, no obstante apreciar correctamente los hechos y reconocer la existencia y validez de la norma jurídica apropiada a la relación controvertida, distorsiona el alcance del precepto general, dando como resultado situaciones jurídicas no previstas en la concepción inicial del dispositivo.
De manera que, para estar en presencia de un error de juzgamiento de esta naturaleza resulta imprescindible que exista una total correspondencia entre la situación material objeto de examen y el precepto normativo cuya interpretación se aduce inexacta. De lo contrario, si la norma escogida por el decisor no es efectivamente aplicable al supuesto de hecho controvertido, el error in iudicando que se configura, lejos de constituir técnicamente una errónea interpretación de ley, daría lugar más bien a una falsa aplicación de una norma jurídica vigente, o a cualquier otra modalidad de falso supuesto de derecho.
En este contexto, denuncia la representación fiscal en el escrito de fundamentación presentado ante esta Alzada, que la sentencia recurrida adolece del vicio de errónea interpretación de ley, específicamente, del artículo 20 del vigente Código Orgánico Tributario, al afirmar que ( ) el Juez a quo consideró que no pueden calificarse como deudores solidarios a los miembros de la Sucesión de Jesús Avendaño Benítez, desconociendo con ello las consecuencias jurídicas que se derivan de la norma comentada. ( ) (sic).
En respaldo de su denuncia, considera que ( ) aunque en el presente caso los miembros de la comunidad hereditaria se encuentren disfrutando de sus correspondientes cuotas partes, y solo una parte de ellos haya pagado su cuota de la obligación, la deuda tributaria no se ha extinguido en su totalidad, lo que trae como consecuencia que frente a la Administración Tributaria siga existiendo solidaridad en dicha obligación ( ).
Ahora bien, sobre este particular estima esta Sala pertinente resaltar que la solidaridad pasiva (obligados al pago del tributo como contribuyentes o responsables en calidad de heredero o legatario, para el supuesto específico del impuesto sobre sucesiones), es entendida por el derecho tributario, al igual que en materia civil u otra rama del Derecho, como el vínculo obligacional que se establece entre varios sujetos respecto de una misma cosa, y conforme al cual cada uno de ellos puede ser constreñido al pago por la totalidad de la prestación debida, liberando al resto de sus codeudores del cumplimiento de la obligación.
En tal sentido, conviene precisar que por efecto de la norma contenida en el artículo 1.223 del Código Civil de Venezuela, no hay solidaridad entre acreedores ni deudores, sino en virtud de pacto expreso o disposición de la Ley; no obstante, en materia tributaria, dado su eminente carácter reservado, reglado e indisponible, la existencia de un vínculo crediticio de esta naturaleza deriva exclusivamente de la existencia de previsión legal.
Por esta razón, el máximo instrumento regulador de la materia impositiva, vigente y aplicable a la fecha del deceso del causante (26/04/2001), a saber, el Código Orgánico Tributario de 1994, previó los supuestos generales de solidaridad pasiva en sus artículos 20, 26 y 27, en los siguientes términos:
Artículo 20: Están solidariamente obligadas aquellas personas respecto de las cuales se verifique el mismo hecho imponible. En los demás casos la solidaridad debe ser expresamente establecida en la ley.
Artículo 26: Son responsables solidarios por los tributos derivados de los bienes que administren o dispongan:
1. Los padres, los tutores y los curadores de los incapaces;
2. Los directores, gerentes, o representantes de las personas jurídicas y demás entes colectivos con personalidad reconocida;
3. Los que dirijan, administren o tengan la disponibilidad de los bienes o entes colectivos que carecen de personalidad jurídica;
4. Los mandatarios, respecto de los bienes que administren o dispongan; y
5. Los síndicos y liquidadores de las quiebras y los liquidadores de las sociedades.
Parágrafo Único: La responsabilidad establecida en este artículo sólo se hará efectiva cuando el responsable hubiese actuado con dolo o culpa grave, y se limitará al valor de los bienes que se administren o dispongan.
Artículo 27: Son responsables solidarios, los adquirentes de fondos de comercio y demás sucesores a título particular de empresas o entes colectivos con personalidad jurídica o sin ella. A estos efectos, se consideran sucesores a los socios y accionistas de las sociedades liquidadas. La responsabilidad de los sucesores estará limitada al valor de los bienes que reciban, a menos que hubiesen actuado con dolo o culpa grave. Esta responsabilidad cesará a los seis (6) meses de comunicada la operación a la autoridad tributaria correspondiente, y no se hará efectiva si el sucesor no pudo conocer oportunamente la obligación.
Ahora bien, para el caso específico del aludido tributo, la Ley de Impuesto sobre Sucesiones, Donaciones y Demás Ramos Conexos, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 5.391 Extraordinario de fecha 22 de octubre de 1999, dispuso en sus artículos 4, 7, 16 y 17, lo que se transcribe a continuación:
Artículo 4: Sin perjuicio de las garantías reales previstas en la presente Ley para asegurar el pago de la obligación tributaria, los herederos y legatarios responden individual y particularmente del impuesto que recae sobre su propia cuota. (Resaltado de la Sala).
Artículo 7: El impuesto sobre sucesiones y legados se calculará sobre la parte líquida que corresponda a cada heredero o legatario, de acuerdo con la siguiente tarifa progresiva graduada: ( ). (Resaltado de la Sala),
Artículo 16: La cuota líquida del heredero se calculará en base al patrimonio neto dejado por el causante después de restarle el valor de los legados y cargas establecidos por éste en beneficio de terceros y aplicándole las exoneraciones que le beneficien como tal.
Artículo 17: La cuota líquida del legatario se calculará por el valor del bien o los bienes que forman el legado, habida cuenta de las exoneraciones que le beneficien como tal.
De las normas supra transcritas, se colige claramente que cada heredero o legatario responde personal e individualmente ante la Administración Tributaria, por el pago del importe fiscal que se genera a su cargo, vale decir, por la cuota que le corresponde según su condición jurídica en la sucesión, no obstante verificarse respecto de todos los sucesores un mismo hecho generador, cual es la transmisión a título gratuito y por causa de muerte, del patrimonio del de cujus.
Por esta razón, al constituir la materia debatida una clara excepción al precepto general previsto en el citado artículo 20 del Código Orgánico Tributario de 1994, queda excluida por lógica consecuencia, toda posibilidad de aplicar válidamente la norma en cuestión, o su equivalente en el Código Orgánico Tributario vigente (artículo 20), al supuesto de hecho sometido al conocimiento de esta Sala, y por esta razón, se torna improcedente cualquier alegato de errónea aplicación de ley, en los términos esgrimidos en alzada por la representación del Fisco Nacional. Así se declara.
De la falta de aplicación del artículo 168 del Código Orgánico Tributario vigente.
Vista la declaratoria que antecede, corresponde a esta Superioridad pronunciarse en torno a la denuncia correspondiente a la falta de aplicación al caso de autos, de la norma contenida en el artículo 168 del Código Orgánico Tributario vigente, habida cuenta que asegura la representación fiscal que el ente decisor ( ) desconoció la existencia de esta norma cuando declaró la existencia de una gravísima falta de procedimiento en la que habría incurrido la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Los Andes del SENIAT, por haber iniciado una investigación fiscal sin participar oportunamente a los particulares cuya esfera jurídica se vería afectada por el acto resultante, vale decir, los otros miembros de la Sucesión Avendaño distintos de ELDA MARÍA RODRÍGUEZ DE AVENDAÑO. ( ).
Al respecto, considera oportuno esta Sala destacar, que la notificación constituye un requisito condicionante para la eficacia de los actos administrativos de efectos particulares, mediante el cual la Administración comunica a los receptores o destinatarios el contenido y alcance de sus resoluciones, con el objeto de garantizar que los sujetos pasivos del acto y, en general, cualquier afectado, pueda ejercer la defensa de sus derechos e intereses legítimos, personales y directos, a través del ejercicio de los medios recursivos previstos en la ley. (vid. artículo 161 del Código Orgánico Tributario vigente).
En tal sentido, dada la relevancia que adquiere esta figura jurídica tanto en el desempeño de la actividad administrativa, como en la defensa de los particulares frente al accionar de los entes públicos, el Legislador Nacional consideró de vital importancia, a los fines de preservar el equilibrio entre los sujetos de la relación jurídico tributaria, incluir en los instrumentos normativos aplicables a la materia, reglas específicas de notificación diseñadas minuciosamente para evitar, de parte de los administrados, el uso de prácticas que afecten o impidan el cumplimento de este requisito con el fin último de neutralizar indebidamente la eficacia de las actuaciones fiscales dictadas a su cargo, y de parte de los entes tributarios, la comisión de irregularidades en la comunicación de sus actos, capaces de colocar a los sujetos pasivos en estado de indefensión.
Así, el artículo 162 del prenombrado Código Orgánico Tributario, establece lo siguiente:
Artículo 162. Las notificaciones se practicarán, sin orden de prelación, en alguna de estas formas:
1. Personalmente, entregándola contra recibo al contribuyente o responsable. Se tendrá también por notificado personalmente el contribuyente o responsable que realice cualquier actuación que implique el conocimiento del acto, desde el día en que se efectuó dicha actuación.
2. Por constancia escrita, entregada por cualquier funcionario de la Administración Tributaria en el domicilio del contribuyente o responsable. Esta notificación se hará a persona adulta que habite o trabaje en dicho domicilio, quien deberá firmar el correspondiente recibo, del cual se dejará copia para el contribuyente o responsable en la que conste la fecha de entrega.
3. Por correspondencia postal efectuada mediante correo público o privado, por sistemas de comunicación telegráficos, facsimilares, electrónicos y similares, siempre que se deje constancia en el expediente de su recepción. Cuando la notificación se practique mediante sistemas facsimilares o electrónicos, la Administración Tributaria convendrá con el contribuyente o responsable la definición de un domicilio facsimilar o electrónico.
Parágrafo Único: En caso de negativa a firmar al practicarse la notificación conforme a lo previsto en los numerales 1 y 2 de este artículo, el funcionario, en presencia de un fiscal del Ministerio Público, levantará acta en la cual se dejará constancia de esta negativa. La notificación se entenderá practicada una vez se incorpore el acta en el expediente respectivo.
Conforme puede observarse del dispositivo transcrito, son múltiples los métodos que asisten a la Administración Tributaria en el cumplimiento de su obligación de imponer a los particulares destinatarios del contenido de sus actos, en tanto se admiten válidamente y sin orden de prelación alguno, diversas modalidades de notificación que van desde la comunicación personal y directa del contribuyente o responsable, hasta el uso de medios electrónicos sujetos a certificación.
No obstante la variedad de medios disponibles y la libertad de escogencia que existe entre cada uno de ellos, surge incuestionable el deber del ente fiscal de practicar la notificación de los actos de efectos particulares en cabeza de todos sus destinatarios, en tanto cada uno de ellos detenta una personalidad jurídica propia que les confiere la capacidad de ser titulares de derechos y obligaciones de manera autónoma e independiente.
De ahí, podría concluir esta Superioridad que el ente tributario nacional, representado en este caso por la Gerencia Regional de Tributos Internos Región Los Andes del SENIAT, se encontraba en el deber de notificar a todos los integrantes de la Sucesión de Jesús Ovidio Avendaño Benítez del inicio de la investigación fiscal practicada a su cargo y, en general, de todo acto determinativo derivado del aludido procedimiento, lo cual coincidiría con la tesis sostenida por el Tribunal remitente en la página 17 del fallo impugnado (folio 511), cuando concluye sobre este particular lo que se transcribe a continuación:
( ) lo trascendental en el caso de autos era el hecho cierto de que a la fecha en que la administración inició el procedimiento de investigación fiscal, la comunidad sucesoral se encontraba disuelta y los sujetos que la conformaban ya no poseían ningún nexo que los vinculara entre sí, pues habiendo dividido el patrimonio hereditario cada cual había pasado a convertirse en único propietario de su cuota hereditaria, de modo que la investigación que correspondiese aplicar a la ya disuelta Sucesión, debía garantizar la notificación y debida participación de todos y cada uno de los herederos, pues en ello radica la garantía constitucional del debido proceso y el sagrado derecho a la defensa. ( )
( ) Lo anterior evidencia pues, que en el caso de autos la Gerencia Regional incurrió en una gravísima falta de procedimiento, puesto que llevó a cabo una investigación fiscal sin participar oportunamente a los particulares cuya esfera jurídica se vería afectada por el acto resultante ( ).
Sin embargo, ante la declaratoria supra transcrita, surge imperioso para esta Alzada reproducir el último aparte del artículo 168 del Código Orgánico Tributario de 2001, el cual establece lo siguiente:
Artículo 168.- ( )
( ) En el caso de sociedades conyugales, uniones estables de hecho entre un hombre y una mujer, sucesiones y fideicomisos, las notificaciones se realizarán a sus representantes, administradores, albaceas, fiduciarios o personas que designen los componentes del grupo, y en su defecto a cualquiera de los interesados. (Subrayado de la Sala).
La norma que antecede, consagra una excepción expresa al precepto general que impone al ente fiscal informar del contenido de sus actos de efectos individuales a todos y cada unos de sus destinatarios, cuando en la situación de sujeto pasivo del tributo, contribuyente o responsable, se ubiquen dos clases especiales de entidades jurídicas, a saber: de un lado, el fideicomiso como único supuesto de patrimonio separado que existe en nuestra legislación nacional, y del otro, las sociedades conyugales, las uniones estables de hecho y las sucesiones, como institutos de derecho civil capaces de generar comunidades de bienes por efecto de la ley, disponiendo ante estos supuestos especiales que las notificaciones deberán practicarse en la persona de sus representantes, administradores, albaceas, fiduciarios, sujetos designados por sus integrantes, y en su defecto, en cualquier persona que detente un interés legítimo respecto a la situación material derivada del acto administrativo.
En este orden de ideas, vale destacar que como toda norma de excepción, su aplicabilidad se encuentra circunscrita a los supuestos de hecho en ella descritos, no debiendo abundar el intérprete sobre otras consideraciones que no se desprendan de su literalidad, salvo que existan elementos jurídicos implícitos, de cuya observancia podría depender inclusive, que la disposición sea efectiva y correctamente aplicable a la situación material para la cual habría sido concebida.
Así, en lo que respecta al segundo supuesto descrito en la parte final del citado artículo 168 del Código Orgánico Tributario, que refiere a las sociedades conyugales, las uniones estables de hecho y las sucesiones por causa de muerte, cabría precisar que la circunstancia que justifica en estos casos la creación de un tratamiento especial en materia de notificaciones, no es simplemente su condición jurídica de generar comunidades de bienes por efecto de la ley, sino el elemento material que mantiene cohesionados a todos los partícipes de una comunidad de bienes que permanezca proindivisa. (vid. artículo 759 y siguientes del Código Civil).
Vale acotar en respaldo de esta afirmación, que al menos desde la perspectiva patrimonial, el elemento que mantiene cohesionados a todos los integrantes de una comunidad de bienes como las enunciadas en el párrafo que antecede, no es más que el interés colectivo que subyace de la posibilidad de servirse de las cosas comunes y aprovechar en la misma proporción de su cuota, los frutos correspondientes, en tanto, dispone el artículo 768 del aludido Código Civil de Venezuela que [a] nadie puede obligarse a permanecer en comunidad y siempre puede cualquiera de los partícipes demandar la partición. ( ) (Agregado de la Sala).
Por consiguiente, aunque la norma citada cuenta con determinadas excepciones de ley, se puede advertir que la partición de la comunidad presupone la pérdida del interés de los comuneros y, en algunos casos, la imposibilidad de permanecer unidos en el aprovechamiento de la cosa común, de manera que extinguida la comunidad por efecto de una partición legalmente realizada, desaparece el vínculo material entre sus integrantes y, por esta razón, éstos deberán recibir un tratamiento individual desde el propio momento en que se produzca la extinción de la entidad económica.
De lo anterior podría concluirse, que la norma contenida en el 168 del Código Orgánico Tributario vigente sería aplicable exclusivamente a las comunidades de bienes gananciales, a las comunidades de bienes derivadas de uniones estables de hecho y a las comunidades sucesorales, que a la fecha en que se produzcan las actuaciones fiscales no hubieran sido liquidadas por los medios legales previstos al efecto; en caso contrario, la notificación deberá concretarse en cada uno de los contribuyentes o responsables individualmente concebidos.
Bajo tales premisas, se observa de las actas, específicamente de los folios 108, 298, 348 del presente expediente judicial, que tanto la Providencia Administrativa que autoriza la apertura de la investigación fiscal, como el Acta de Reparo y la Resolución Culminatoria del Sumario Administrativo dictadas a cargo de la Sucesión de Jesús Ovidio Avendaño Benítez, fueron notificadas únicamente en la persona de Elda María Rodríguez de Avendaño, en su condición de viuda heredera del causante, con lo cual se habría dado aparente cumplimento a las formalidades requeridas en torno a la eficacia de estas actuaciones.
Sin embargo, advierte esta Superioridad de la copia simple del Informe de Partición protocolizado ante el Registro Subalterno Inmobiliario del Municipio Bolívar de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira en fecha 01 de julio de 2004, bajo el N° 575, Tomo XII, Protocolo R.I. (folios 395 al 427), la cual se aprecia en su pleno valor probatorio ante la ausencia de impugnación en los términos establecidos en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil; que el ciudadano Félix Guglielmi Medina, actuando en su carácter de partidor, procedió a disgregar el acervo hereditario cuantificado en la suma de un mil setecientos treinta y tres millones doscientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos noventa y tres bolívares con cinco céntimos (Bs. 1.733.249.493,05), adjudicándole a cada uno de los siete sucesores del causante, activos y pasivos por un monto equivalente a sus respectivas cuotas de participación en la herencia.
De igual modo, corre inserto en las actas copia simple del auto de aprobación expedido sobre el aludido Informe de Partición, por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira en fecha 05 de marzo de 2004, la cual al no haber sido impugnada por la representación fiscal en los términos establecidos en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, se toma como fidedigna y, en consecuencia, pasa a ser apreciada en su pleno valor probatorio.
Por consiguiente, concluye esta Alzada, sin que ello constituya pronunciamiento alguno sobre la validez del asiento registral supra mencionado, que la comunidad de bienes integrada por los sucesores a título universal del ciudadano Jesús Ovidio Avendaño Benítez, había quedado disuelta el día 05 de marzo de 2004, vale decir, dos meses y veinticinco días antes de la fecha de apertura de la investigación fiscal, a saber, el 30 de mayo de 2005.
Así las cosas, producida el Acta de Reparo Fiscal N° RLA/DF/F/2005-101 de fecha 02 de agosto de 2005, notificada a la ciudadana Elda María Rodríguez de Avendaño el día nueve del mismo mes y año, ésta conjuntamente con su coheredera Silvia Avendaño Rodríguez, a través del escrito fechado 31 de agosto de 2005 con el sello húmedo de la División de Tramitaciones de la Gerencia Regional de Tributos Internos Región Los Andes del SENIAT (inserto en autos en original al folio 452), procedieron a allanarse a las objeciones fiscales halladas por el funcionario actuante, consignaron copia simple de la Planilla de Pago de Impuesto sobre Sucesiones Forma PS-32 N° 0030491 de fecha 30 de agosto de 2005 y del Informe de Partición supra señalado, informando en el mismo acto al ente fiscal, lo siguiente:
( ) Por ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, la cual acompaña en copia marcada A; en la misma participaron como Herederos los siguientes comuneros: ( ) o sea, concurren como sucesores del causante ( ) seis (6) hijos y su cónyuge respectivamente. ( )
A partir de lo anterior, advierte esta Máxima Instancia que una vez comunicado al Fisco Nacional la circunstancia de haberse producido con anticipación temporal a la apertura del procedimiento de fiscalización (02/05/2005), la incorporación de dos sucesores desconocidos al momento de presentarse la autoliquidación del impuesto sobre sucesiones, así como la partición forzosa de la comunidad hereditaria en fecha 05/03/2004, era deber de la Administración Tributaria, en ejercicio de su potestad de autotulela de sus actos, anular el Acta de Reparo Fiscal N° RLA/DF/F/2005-101 de fecha 02 de agosto de 2005, y reiniciar el procedimiento de fiscalización incorporando a todos los herederos del ciudadano Jesús Ovidio Avendaño Benítez, a través de la notificación individual de cada uno de ellos, motivo por el cual, en criterio de esta Sala resulta inaplicable al caso de autos la norma contenida en el artículo 168 del Código Orgánico Tributario de 2001 y, por esta razón, se desestima el alegato de falta de aplicación de una norma jurídica vigente, esgrimido por la representación judicial del Fisco Nacional. Así se declara.
En mérito de cuanto antecede, se impone declarar sin lugar el presente recurso de apelación y, en consecuencia, confirmar del fallo recurrido lo relativo a la nulidad de la Resolución impugnada, no obstante se ordena a la Administración Tributaria Nacional reiniciar el procedimiento de fiscalización, notificando a todos los sucesores del ciudadano Jesús Ovidio Avendaño Benítez. Así se declara.
VI
DECISIÓN
1. SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido por la representación judicial del FISCO NACIONAL contra la sentencia N° 267-2008, dictada por el Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Los Andes en fecha 20 de junio de 2008, mediante la cual declaró con lugar el recurso contencioso tributario interpuesto por las ciudadanas Elda María Rodríguez de Avendaño y Silvia Avendaño Rodríguez, en su condición de integrantes de la SUCESIÓN DE JESÚS OVIDIO AVENDAÑO BENÍTEZ, y el recurso contencioso tributario interpuesto por el ciudadano Gustavo Adolfo Avendaño Figueroa, actuando también en su condición de integrante de la Sucesión supra identificada, contra la Resolución N° GCSJ/GR/DRAAT/2006 de fecha 21 de noviembre de 2006, emanada de la Gerencia de Recursos adscrita a la Gerencia General de Servicios Jurídicos del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT). En consecuencia, se CONFIRMA la declaratoria de nulidad del acto administrativo impugnado, contenida en el fallo recurrido en apelación.
SE EXIME DEL PAGO DE LAS COSTAS al Fisco Nacional, en razón de haber tenido motivos racionales suficientes para litigar, dado la vigencia de la norma contenida en el examinado artículo 168 del Código Orgánico Tributario de 2001, cuya aplicabilidad al caso de autos fue objeto del presente pronunciamiento, todo de conformidad con lo dispuesto en el Parágrafo Único del artículo 327 del Código Orgánico Tributario vigente.
Publíquese, regístrese y notifíquese. Devuélvanse el expediente al tribunal de origen. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los diez (10) días del mes de noviembre del año dos mil nueve (2009). Años 199º de la Independencia y 150º de la Federación.
La Presidenta
EVELYN MARRERO ORTÍZ
La Vicepresidenta
YOLANDA JAIMES GUERRERO
Los Magistrados,
LEVIS IGNACIO ZERPA
Ponente
HADEL MOSTAFÁ PAOLINI
EMIRO GARCÍA ROSAS
La Secretaria,
SOFÍA YAMILE GUZMÁN
En once (11) de noviembre del año dos mil nueve, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 01614, la cual no está firmada por la Magistrada Yolanda Jaimes Guerrero, por no estar presente en la discusión por motivos justificados.
La Secretaria,
SOFÍA YAMILE GUZMÁN