Venley

Sentencia N.º 017

Sentencia
N.º 017
Fecha
13/02/2017
Sala
Casación Penal
Expediente
A16-374
Ponente
Juan Luis Ibarra Verenzuela
Procedimiento
Avocamiento

 

Ponencia del Magistrado Doctor JUAN LUIS IBARRA VERENZUELA

El 7 de noviembre de 2016, el abogado Hernán José Linares Figueroa, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 86.569, presentó ante esta Sala de Casación Penal escrito contentivo de la solicitud de avocamiento del proceso penal seguido ante el Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Nueva Esparta, contenido en el expediente signado bajo el alfanumérico OP01-P-2013-006786 (de la nomenclatura de dicho Tribunal), contra los ciudadanos AQUILES ENRIQUE SANDOVAL, ARCIDES RAMÓN ROJAS GUZMÁN, MARÍA ALEJANDRA ROSALES SUNIAGA, NELLY CRISTINA ALMEIDA ALGARÍN, JENNY ROSELYN MANTILLA ALMEIDA, LIGIA BIBINA ALMEIDA DE MANTILLA y RONEL HERRERA ALMEIDA, titulares de las cédulas de identidad números V-13.538.010, V-8.974.663, V-14.586.375, V-6.018.002, V-12.174.082, V-3.799.699 y V-16.972.152, respectivamente, por la comisión de los delitos de secuestro agravado, tipificado en el artículo 3 en relación con el articulo 10, numerales 8 y 16, de la Ley Contra el Secuestro y la Extorsión, y asociación en grupo de delincuencia organizada, tipificado en el artículo 37 de la Ley contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, en concordancia con los artículos 4, numeral 9 y 27, y 28 eiusdem.

El 9 de noviembre de 2016, se dio cuenta en esta Sala de Casación Penal de haberse recibido la solicitud de avocamiento y, conforme con lo establecido en el artículo 99 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, se asignó la ponencia al Magistrado Doctor JUAN LUIS IBARRA VERENZUELA, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

I

DE LOS HECHOS

En la solicitud de avocamiento, el abogado Hernán José Linares Figueroa, señaló los hechos siguientes:  

“(…) ´se le indicó que en fecha 05 de julio del año 201 (sic) se presentó una comisión del CICPC caracas, (sic) que según recibieron una llamada del detective Alejandro Gutiérrez, quien se encuentra en comisión de servicio en margarita, Estado Nueva Esparta e informa en relación a un secuestro del ciudadano AIMAN ILBI YARAMANI EN EL EXPEDIENTE k-13-0103-00822, de fecha 28-02-2013, con posterioridad según acta procesal el ciudadano secuestrado tubo (sic) contacto vía telefónica con un familiar y por allí triangularon las llamadas y presuntamente dio como resultado una ubicación en los manolos caracas, (sic) de allí se constituyó una comisión de funcionarios actuantes y presuntamente se obtuvo los resultados, es decir, la detención de nuestros patrocinados´ En este sentido el Ministerio Público precalifica y califica el hecho en el que nuestros patrocinados pudieran estar incursos como Autores del delito de SECUESTRO AGRAVADO tipificado en el artículo 3 en relación con el artículo 10 numerales 8 y 16, ambos de la ley contra el secuestro y la extorsión (sic) y el delito de asociación en grupo de delincuencia organizada, tipificado en el artículo 37 de la ley orgánica contra la DELINCUENCIA ORGANIZADA Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO, (sic) en concordancia con el articulo 4 numerales 9 y artículo 27 y 28 Ejusdem, en perjuicio de AIMAN ILBI YARAMANI y el Estado Venezolano (…)”.

III

FUNDAMENTOS DE LA SOLICITUD

El abogado Hernán José Linares Figueroa, fundamentó la solicitud de avocamiento del proceso penal seguido contra los ciudadanos Aquiles Enrique Sandoval, Arcides Ramón Rojas Guzmán, María Alejandra Rosales Suniaga, Nelly Cristina Almeida Algarín, Jenny Roselyn Mantilla Almeida, Ligia Bibina Almeida de Mantilla y Ronel Herrera Almeida, en las consideraciones de hecho y de derecho siguientes:

“(…) Conforme a lo dispuesto en el artículo 175 del Código Orgánico Procesal Penal, la defensa opone como petición del (sic) previo pronunciamiento en la audiencia preliminar, la nulidad absoluta del escrito de acusación presentado por el Ministerio Público, en ocasión a la vulneración en contra de mis defendidos de los derechos constitucionales previstos en los artículos 26, 49 y 253 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, sobre la base de las consideraciones que de seguidas procedemos a desarrollar (…).

En el caso de marras, la defensa procederá a realizar un exhaustivo análisis de situaciones procesales que han devenido indefectiblemente en la violación de los derechos de los ciudadanos RONEL HERRERA ALMEIDA, AQUILES ENRIQUE SANDOBAL (sic), ALCIDES ROJAS GUZMÁN (…) MARÍA ALEJANDRA ROSALES ZUNIAGA, NELLY ALMEIDA AGORIN, VANESSA CEDEÑO BRAVO, YENNY JOSELIN MANTILLA ALMEIDA, LIGIA ALMEIDADE (sic) MANTILLA, (…) y que conllevan a la aplicación de los correctivos jurisdiccionales correspondientes por parte de este órgano decisor, tendientes a establecer las condiciones jurídicas idóneas para lograr un juzgamiento adecuado, ajeno a todo acto que afecte la capacidad de defensa del imputado, como ha ocurrido a través de actuaciones previas ejecutadas por el Ministerio Público, desde nuestra humilde perspectiva (…).

Ciudadano Juez, a los fines de delimitar las circunstancias de hecho y de derecho en virtud de las cuales consideramos conculcado el derecho a la defensa de mi defendido, hemos creído oportuno realizar una delimitación precisa de cada uno de los actos que, en nuestro criterio jurídico, han vulnerado o violentado el derecho a la defensa de los ciudadanos (…)  en el presente proceso.

A tales fines solicito expresamente que en el acto de la audiencia preliminar, de manera expresa, bajo el análisis exhaustivo de cada una de las alegaciones aquí señaladas, proceda a decidir la procedencia o improcedencia de las nulidades aquí opuestas, en base a cada hecho que se considere violatorio de los derechos de mí defendido (sic) (…).

Haciendo un llano análisis de los actos procesales desarrollados en la presente causa, se observa que en el acto de imputación verificado en fecha 09 de julio de 2013, por ante su competente autoridad como juez de primera instancia en funciones de control N° 2 de esta Circunscripción Judicial, (sic) se realizó una imputación genérica que en modo alguno, tal y como se repite posteriormente en el libelo acusatorio, cumple con los presupuestos y requisitos para que la misma tenga validez o eficacia jurídica.

Así las cosas, se evidencia del acta levantada en ocasión a la verificación de dicho acto procesal, la imputación realizada por parte del Ministerio Público en dicho acto en los términos siguientes:      

se le indicó que en fecha 05 de julio del año 201 (sic) se presentó una comisión del CICPC caracas, que según recibieron una llamada del detective Alejandro Gutiérrez, quien se encuentra en comisión de servicio en margarita, Estado Nueva Esparta e informa en relación a un secuestro del ciudadano AIMAN ILBI YARAMANI EN EL EXPEDIENTE k-13-0103-00822, de fecha 28-02-2013, con posterioridad según acta procesal el ciudadano secuestrado tubo (sic) contacto vía telefónica con un familiar y por allí triangularos las llamadas y presuntamente dio como resultado una ubicación en los manolos caracas, de allí se constituyó una comisión de funcionarios actuantes y presuntamente se obtuvo los resultados, es decir, la detención de nuestros patrocinados´ En este sentido el Ministerio Público precalifica y califica el hecho en el que nuestros patrocinados pudieran estar incursos como Autores del delito de SECUESTRO AGRAVADO tipificado en el articulo 3 en relación con el articulo 10 numerales 8 y 16, ambos de la ley contra el secuestro y la extorsión (sic) y el delito de asociación en grupo de delincuencia organizada, tipificado en el artículo 37 de la ley orgánica contra la DELINCUENCIA ORGANIZADA Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO, (sic) en concordancia con el artículo 4 numerales 9 y artículo 27 y 28 Ejusdem, (sic) en perjuicio de AIMAN ILBI YARAMANI y el Estado Venezolano.

Como puede apreciarse del contenido de la anterior trascripción, el Ministerio Público en su genérica y circunstanciada imputación incurre en una serie de imprecisiones contradicciones y falsos supuestos que se traducen en una incongruencia absoluta entre los hechos deducidos y la norma sustantiva invocada.

La imputación así verificada constituye, de Perogrullo, una flagrante vulneración del numeral 1 del artículo 49 del texto constitucional y de aquellas normas procedimentales que, en desarrollo de la noción conceptual de la defensa como derecho fundamental ha previsto en (sic) legislador en el Código Orgánico Procesal Penal, muy particularmente en el artículo 133 de dicho texto normativo (…).

En definitiva, la violación del Derecho a ser informado de todos los hechos por los cuales se investiga, previamente a la presentación de la acusación, en forma clara, precisa y circunstanciada, trae como ineludible consecuencia la nulidad absoluta de las investigaciones que guarden relación con los hechos imputados y que no hubieren sido expresamente informados a mi defendido y sobre los cuales este no ha tenido posibilidad de defenderse, ni ha tenido oportunidad de ser oído por el Ministerio Público o bien el Juez de Control, si así lo deseare conforme a lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 127 del Código Orgánico Procesal Penal, con anterioridad a la presentación de la acusación del Ministerio Público (…).

Sin el ánimo de parecer repetitivo quiero puntualizar para concluir mis disertaciones en relación al presente alegato, que la imputación realizada en modo alguno fue clara, precisa ni circunstanciada, no expresó el Ministerio Público en modo alguno las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la comisión del supuesto hecho punible cometido por mi defendido, de tal manera que los genéricos hechos señalados el 09 de julio del año 2013 en su contra, se convirtieron en una suerte de adivinanza procesal para ellos y para su defensor, pues desconocemos, aun a la presente fecha y luego de leer el acto conclusivo, también vago e impreciso, los supuestos fácticos que justifican no solo la existencia del presente proceso sino su continuidad y vida jurídica.

Constituiría en mi humilde criterio, un yerro procesal grave el consentir tan flagrante violación al derecho a la defensa de mis defendidos, al quedar claro que por lo genérica de la imputación realizada, no fueron cumplidos los efectos requeridos por el legislador, cuales son, el garantizar plenamente al justiciable, sin limitación alguna, un amplísimo conocimiento de los hechos objeto de la investigación que se adelanta en su contra, con el objeto de delimitar los limites de sus defensa y en correspondencia con dicho criterio, proponer desde el inicio del proceso, aquellas diligencias que, en su descargo permitan enervar la imputación y conducir el acto conclusivo hacia aquellas resoluciones fiscales ajenas a la acusación prevista en el artículo 308 del Código Orgánico Procesal Penal.

Por todo lo expuesto, solicito respetuosamente se sirva decretar la nulidad de la acusación presentada por el Ministerio Público y de todos aquellos actos previos a la misma y posteriores a la defectuosa imputación de fecha 09 de julio de 2013, conforme a lo dispuesto en los artículos 174 y 175 del Código Orgánico Procesal Penal (…).

Ciudadano Juez; en el transcurso de la fase preparatoria y mientras el Ministerio Público recababa los elementos tendientes al total esclarecimiento de los hechos, la defensa acudió ante las Fiscalías DÉCIMA y SESENTA Y NUEVE de esta Circunscripción Judicial, con fundamento en los artículos 127.5 y 287 del Código Orgánico Procesal Penal, y presentó escrito el 29 de julio del año 2013, solicitando al Fiscal encargado de la investigación, la práctica de diversas diligencias de investigación, las cuales eran útiles para la exculpación de nuestros defendidos, sin embargo esa petición en algunos casos jamás fue no acordada ni expresamente negada por el Ministerio Público y en otros, fue objeto de instrucción, más no se consumaron sus resultas en el proceso. El titular de la acción penal procedió a culminar las indagaciones correspondientes con la emisión del acto conclusivo previsto en el artículo 308 ejusdem, sin facilitar al imputado los datos que lo favorecían. (…).

De acuerdo con las normas antes indicadas, se evidencia que el ordenamiento adjetivo penal establece que el Ministerio Público dará comienzo, sin pérdida de tiempo, a la investigación correspondiente, así como la práctica de las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos denunciados.

Sin embargo, en el caso de marra, la defensa ha constatado un vicio procedimental, al no haberse proveída la solicitud en la fase de investigación, lo que trajo consigo la imposibilidad de incorporar los elementos necesarios a la exculpación de los ciudadanos de los ciudadanos   

RONEL HERRERA ALMEIDA, AQUILES ENRIQUE SANDOBAL (sic), ALCIDES ROJAS GUZMÁN (…) MARÍA ALEJANDRA ROSALES ZUNIAGA, NELLY ALMEIDA AGORIN, VANESSA CEDEÑO BRAVO, YENNY JOSELIN MANTILLA ALMEIDA, LIGIA ALMEIDADE (sic) MANTILLA, (…) deber insoslayable del Ministerio Público, pues así expresamente lo señala la normativa que rige la fase preliminar (…).

En el presente caso a nuestros defendidos se le vulneró el derecho ´de disponer de los medios adecuados para su defensa´, al no permitirle incorporar las diligencias de investigación solicitadas, lesionando de esta forma Derechos fundamentales que lo amparan en su condición de imputado.

En este sentido, de las actas de investigación se observa claramente que la defensa solicitó al Ministerio Público de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1 Constitucional y en concordancia con los artículos 127.5 y 287 del Código Orgánico Procesal Penal, la práctica de varias diligencias de investigación, en descargo de la imputación formulada y especialmente tendentes a procurar el total esclarecimiento de los hechos, no obstante la representación fiscal omitió la práctica de las diligencias pedidas oportunamente.

Pero no solamente la defensa invocó el derecho a la práctica de las diligencias de investigación, sino que los propio[s] imputados e imputadas, en forma expresa en su declaración y aún ajeno en el manejo de la Ley y como una simple manifestación de su lógica y derecho natural a la defensa, esgrimieron la necesidad de proponer testimonios tendientes a desvirtuar la imputación genérica recaída en su contra (…).   

En consecuencia, en el presente caso, han sido inobservados principios y garantías que asisten al imputado por lo que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 174 y 175 del Código Orgánico Procesal Penal debe declararse la nulidad absoluta de la acusación fiscal por inobservancia de normas de rango constitucional que asisten a mi representado en la fase preparatoria del proceso penal.

Nuevamente debemos señalar que efectivamente las peticiones de incorporación de los elementos de exculpación, en las actas del expediente, resultan útiles, necesarias y pertinentes a los fines de esclarecer los hechos imputados por el Ministerio Público (…).

(…) la defensa compareció en diversas oportunidades ante el Ministerio Público y sostuvo entrevista con los Fiscales Jesús Marcano, Trino Salazar quien suscribe el acto conclusivo, actos en los cuales pedida la celeridad correspondiente en la práctica de las diligencias de investigación solicitadas. (y el doctor Trino Salazar me manifestaba que todavía no tenia respuestas del fiscal nacional Dr. Daniel D´Andrea).

Concretamente una de tales comparecencias se demuestra en la ´hoja de audiencia´ de la Fiscalía Decima del Ministerio Público de esta Circunscripción Judicial, de fecha 19 de agosto de 2013 y de cuyo contenido se evidencia la petición expresa de evacuación de diligencias de investigación solicitadas tanto por la defensa en su escrito motivado, como por el imputado en su declaración rendida ante el Tribunal.

Sobre estos particulares, precisa la defensa señalar que fue imposible hacer uso del control judicial, porque el Ministerio Público no emitió ni ha emitido hasta la presente fecha por escrito la resolución fiscal donde debía hacer constar los motivos de su negativa de proveer la petición de la defensa, luego entonces sobre que íbamos a recurrir, si ni siquiera sabíamos la razones de la Fiscalía.

Peor aún resultaría para la defensa, cualquier argumento de este Tribunal, si pretendiera negar la nulidad aquí opuesta, aduciendo la posibilidad de la defensa de incorporar los medios de prueba negados en la investigación, en la oportunidad de que trata el presente escrito, a los fines de emitir pronunciamiento sobre la licitud, necesidad y pertinencia de tales medios de prueba, para así garantizar la igualdad de las partes (…).

Es evidente que los argumentos que lo que ocurrió en este caso, es que el Ministerio Público obvio dar cumplimiento al contenido del artículo 287 del Código Orgánico Procesal Penal, y con ello violó el derecho a la defensa que Constitucionalmente asiste a nuestros patrocinados, de tal manera que, con la presentación petición de nulidad, se pretende sea inmediatamente restituida esa garantía Constitucional vulnerada (…).

Por todo lo antes expuesto de conformidad con lo dispuesto en los artículos 174 y 175 del Código Orgánico Procesal Penal y bajo los efectos del artículo 196 ejusdem, solicito formal y respetuosamente de este honorable Tribunal, la declaratoria de Nulidad Absoluta del acto conclusivo Fiscal y como consecuencia de ello, se ordene la reposición de la presente causa, a la fase de investigación en forma tal que sean practicadas las diligencias de investigación requeridas por el imputado y su defensa, las cuales deberán ser tomadas en consideración por el Ministerio Público en el momento de la emisión del nuevo acto conclusivo.

3. Se denuncia la vulneración del Derecho a la Legalidad Procesal, consagrado en el artículo 253 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al no haber sido evacuadas por el Ministerio Público las diligencias de investigación solicitadas y por tanto, no haber agotado la investigación en forma previa a la emisión del acto conclusivo (…).   

En el caso que nos ocupa como en todos los casos, el Ministerio Público, se encontraba obligado a culminar la investigación, una vez evacuadas todas las diligencias tendientes al esclarecimiento de los hechos objeto del proceso. Sin embargo vulneró de manera ostensible el principio a la legalidad procesal al obviar dar cumplimiento al contenido del artículo 282 del Código Orgánico Procesal Penal (…).

En forma sorprendente, la digna representación del Ministerio Público vulneró el principio de legalidad procesal, al entrar en una contradicción en las propias resultas de su investigación, por no hacer constar todas las circunstancias que fueron objeto de aquella.

Así como indicamos en el capítulo precedente, que el Ministerio Público vulneró el derecho de la defensa por impedir la actividad probatoria en el proceso, también realizó actuaciones reñidas con una actividad probatoria completa y eficaz, al no culminar las investigaciones que sí ordenó oportunamente, vinculadas, a título de ejemplo, a la declaración de la víctima. Rindió entrevista en el proceso, pero no fueron investigados los hechos narrados por la supuesta víctima.

Incurrió así el Ministerio Público en una evidente contradicción en el desarrollo de su propia investigación, al permitirse la emisión de un acto conclusivo a pesar de no evacuar las diligencias que en forma expedita y previa había ordenado.

Es incuestionable en consecuencia, la procedencia de la nulidad que aquí invocamos, motivo por el cual solicito se sirva declarar la nulidad absoluta de todos los actos procesales verificados a la presente fecha, dependientes del acto conclusivo presentado en flagrante violación de los derechos de mis defendido (…).

Petitorio

Por todos los razonamientos anteriormente expuestos, solicito respetuosamente se sirva Avocarse [al] presente escrito declarando su interposición en tiempo hábil y consecuentemente emitir los pronunciamientos a que haya lugar en torno a las defensa propuestas en el siguiente orden:

1.            Se sirva declarar con lugar la solicitud de avocamiento y sustraer la causa a otro estado (estado Anzoátegui) por cuanto se encuentran mis patrocinados de sexo masculinos privados de libertad en el Internado Judicial de Puente Ayala) y mis patrocinadas de sexo femenino se encuentran privadas de libertad en el estado Nueva Esparta (…)”. [Negritas de la solicitante].

III

COMPETENCIA DE LA SALA DE CASACIÓN PENAL

Corresponde a esta Sala de Casación Penal determinar su competencia para conocer de la solicitud de avocamiento formulada por el abogado Hernán José Linares Figueroa y, a tal efecto, observa:

La Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en su artículo 31, numeral 1, establece la competencia de cada una de las Salas que integran este Máximo Tribunal, para solicitar y avocarse al conocimiento de una causa, en los términos siguientes:

“(…) Artículo 31. Son competencias comunes de cada Sala del Tribunal Supremo de Justicia:

1.- Solicitar de oficio, o a petición de parte, algún expediente que curse ante otro tribunal y avocarlo en los casos que dispone esta Ley (…)”.

Por su parte, el artículo 106 eiusdem, dispone lo siguiente:

“Artículo 106. Cualesquiera de las Salas del Tribunal Supremo de Justicia, en las materias de su respectiva competencia, de oficio o a instancia de parte, con conocimiento sumario de la situación, podrá recabar de cualquier tribunal, en el estado en que se encuentre, cualquier expediente o causa para resolver si la avoca y asume el conocimiento del asunto o, en su defecto, lo asigna a otro tribunal (…)”.

En el presente caso, la solicitud de avocamiento formulada está referida y se relaciona con un proceso penal, en virtud de lo cual, esta Sala de Casación Penal resulta competente para conocer y decidir al respecto. Así se declara.

IV

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Determinada la competencia de esta Sala de Casación Penal para conocer de la solicitud de avocamiento formulada por el abogado Hernán José Linares Figueroa, le corresponde pronunciarse sobre la admisibilidad de dicha solicitud y, al respecto, observa lo siguiente:

El avocamiento es una institución jurídica de carácter excepcional que le otorga al Tribunal Supremo de Justicia, en cada una de sus Salas, y en las materias de su respectiva competencia, la facultad de solicitar, en cualquier estado de la causa, bien de oficio o a instancia de parte, el expediente de cuyo trámite esté conociendo cualquier tribunal, independientemente de su jerarquía y especialidad y, una vez recibido, resolver si asume directamente el conocimiento del caso o en su defecto, lo asigna a otro tribunal.

Es por ello, que debido a su carácter especial y excepcional, la solicitud que al respecto se realice debe ser examinada reflexivamente por cuanto debe cumplir a cabalidad con los requisitos establecidos en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, so pena de la declaración de inadmisibilidad de la misma.

En tal sentido, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia en los artículos 106, 107, 108 y 109, respectivamente, regula la figura en análisis de la manera siguiente:

“(…) Artículo 106. Cualesquiera de las Salas del Tribunal Supremo de Justicia, en las materias de su respectiva competencia, de oficio o a instancia de parte, con conocimiento sumario de la situación, podrá recabar de cualquier tribunal, en el estado en que se encuentre, cualquier expediente o causa para resolver si la avoca y asume el conocimiento del asunto o, en su defecto, lo asigna a otro tribunal.

Procedencia

Artículo 107. El avocamiento será ejercido con suma prudencia y sólo en caso de graves desórdenes procesales o de escandalosas violaciones al ordenamiento jurídico que perjudiquen ostensiblemente la imagen del Poder Judicial, la paz pública o la institucionalidad democrática.

Procedimiento

Artículo 108. La Sala examinará las condiciones de admisibilidad del avocamiento, en cuanto a que el asunto curse ante algún Tribunal de la República, independiente de su jerarquía y especialidad o de la etapa o fase procesal en que se encuentre, así como que las irregularidades que se aleguen hayan sido oportunamente reclamadas sin éxito en la instancia a través de los medios ordinarios. Cuando se admita la solicitud de avocamiento, la Sala oficiará al tribunal de instancia, requerirá el expediente respectivo y podrá ordenar la suspensión inmediata del curso de la causa, así como la prohibición de realizar cualquier clase de actuación. Serán nulos los actos y las diligencias que se dicten en desacato a la suspensión o prohibición que se expida.

Sentencia

Artículo 109. La sentencia sobre el avocamiento la dictará la Sala competente, la cual podrá decretar la nulidad y subsiguiente reposición del juicio al estado que tenga pertinencia, o decretar la nulidad de alguno o algunos de los actos de los procesos, u ordenar la remisión del expediente para la continuación del proceso o de los procesos en otro tribunal competente en la materia, así como adoptar cualquier medida legal que estime idónea para el restablecimiento del orden jurídico infringido (…)” [Resaltado de la Sala].

En consonancia con las normativas transcritas, el avocamiento será ejercido sólo en caso de graves desórdenes procesales o escandalosas violaciones al ordenamiento jurídico que perjudiquen ostensiblemente la imagen del Poder Judicial, la paz pública o la institucionalidad democrática, además, de la violación del derecho al debido proceso consagrado en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

De igual modo, para su procedencia se exige el cumplimiento, entre otros, de los requisitos siguientes:

1) Que la solicitud de avocamiento no sea contraria al orden jurídico, vale decir, no debe ser contraria a las normas contenidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

2) Que el proceso cuyo avocamiento se solicite debe cursar ante un tribunal cualquiera sea su jerarquía y especialidad, con independencia de la etapa o fase procesal en que se encuentre.

3) Que el solicitante esté legitimado para pedir el avocamiento por tener interés en la causa, o en su defecto, salvo que esta Sala de Casación Penal lo hiciere de oficio.

4) Que la solicitud se interponga una vez ejercidos los recursos ordinarios ante la autoridad competente y sin éxito; esto es, que las irregularidades que se alegan deben haber sido oportunamente reclamadas sin el resultado esperado.

En tal sentido, cabe acotar, que las circunstancias de admisibilidad anteriormente mencionadas deben ser concurrentes, en razón de lo cual, la ausencia de alguno de éstos conllevaría a la declaratoria de inadmisibilidad del avocamiento.

De allí, que esta Sala de Casación Penal haya establecido reiteradamente que “(…) el juicio de admisibilidad se dirige a verificar si la pretensión es jurídicamente apta para que el juzgador pase a estudiar el fondo del asunto, ya que si la materia o el objeto contenido en los planteamientos del solicitante no se adaptan a las exigencias del ordenamiento jurídico, el juez no podrá enjuiciar el fondo de la causa (…)” [vid. Sentencia n° 672 del 17 de diciembre de 2009].

Bajo estos supuestos, en el presente caso se observa, que la solicitud de avocamiento fue formulada por el abogado Hernán José Linares Figueroa, quien alegó el carácter de defensor privado de los ciudadanos Aquiles Enrique Sandoval, Arcides Ramón Rojas Guzmán, María Alejandra Rosales Suniaga, Nelly Cristina Almeida Algarín, Jenny Roselyn Mantilla Almeida, Ligia Bibina Almeida de Mantilla y Ronel Herrera Almeida, acusados en el proceso penal cuyo avocamiento se solicita por la presunta comisión de los delitos de secuestro agravado y asociación en grupo de delincuencia organizada; sin embargo, al momento de presentar la solicitud no consignó documento, actuación o diligencia, ni siquiera en copia simple, que acredite tal condición, motivo por el cual no puede verificarse su designación, menos aún la aceptación y el juramento correspondiente ante el tribunal de la causa, requisito de obligatorio cumplimiento, pues no basta con mencionar que se es defensor privado, debe además demostrarse el carácter con el cual se actúa.

Al respecto, esta Sala de Casación Penal estima preciso reiterar lo establecido en la sentencia N° 40, del 10 de febrero de 2015, en la cual respecto de la legitimación en el avocamiento, señaló lo siguiente:

“(…) La consignación, aún en copia simple, de la aceptación y de la juramentación de los defensores ante el juez competente, que los habilite para actuar como parte en el proceso penal seguido contra el ciudadano (...) es ineludible, pues en el avocamiento que procede a solicitud de parte, tal como ocurre en el presente caso, es necesario asegurar el examen de la legitimación de los solicitantes para el uso de esta figura, es decir, la Sala debe comprobar que los solicitantes (en el momento) estén acreditados por las partes para requerir este remedio procesal (…)”.

En atención al criterio antes referido, cuando se interpone una solicitud de avocamiento, es impretermitible la consignación, aún en copia simple, de la aceptación y juramentación del defensor privado ante el juez competente, determinando así su cualidad para actuar en el caso y, por ende, demostrar la legitimación del solicitante para requerir la rectificación procesal mediante la figura del avocamiento.

Con base en las consideraciones precedentes, resulta forzoso para esta Sala de Casación Penal declarar inadmisible la presente solicitud de avocamiento por la falta de legitimación del abogado Hernán José Linares Figueroa, de conformidad con el artículo 108 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Así se decide.

V

DECISIÓN

Por las razones antes expuestas, el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara INADMISIBLE la solicitud de avocamiento propuesta por el abogado Hernán José Linares Figueroa, del proceso seguido contra los ciudadanos AQUILES ENRIQUE SANDOVAL, ARCIDES RAMÓN ROJAS GUZMÁN, MARÍA ALEJANDRA ROSALES SUNIAGA, NELLY CRISTINA ALMEIDA ALGARÍN, JENNY ROSELYN MANTILLA ALMEIDA, LIGIA BIBINA ALMEIDA DE MANTILLA y RONEL HERRERA ALMEIDA, de conformidad con el artículo 108 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

Publíquese, regístrese y remítase el expediente. Ofíciese lo conducente.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, en Caracas, a los trece (13) días del mes de febrero de dos mil diecisiete (2017). Años 206º de la Independencia y 157º de la Federación.

El Magistrado Presidente,

MAIKEL JOSÉ MORENO PÉREZ

La Magistrada Vicepresidenta,

FRANCIA COELLO GONZÁLEZ

La Magistrada,

ELSA JANETH GÓMEZ MORENO

El Magistrado,

JUAN LUIS IBARRA VERENZUELA

                        Ponente

La Magistrada,

YANINA BEATRIZ KARABIN DE DÍAZ

La Secretaria,

ANA YAKELINE CONCEPCIÓN DE GARCÍA

JLIV

EXP. AA30-P-2016-000374

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