Sentencia N.º 0185
- Sentencia
- N.º 0185
- Fecha
- 02/02/2006
- Sala
- Casación Social
- Expediente
- 05-1947
- Ponente
- Carmen Elvigia Porras de Roa
- Procedimiento
- Recurso de control de la legalidad
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
SALA DE CASACIÓN SOCIAL
Caracas, dos (02) días del mes de febrero de 2006. Años: 195° y 146°
En el procedimiento de cobro de prestaciones sociales y otros conceptos laborales instaurado por el ciudadano CARLOS ALVIDIO GARCÍA CARRERO, titular de la cédula de identidad Nº V-8.081.536, representado judicialmente por el abogado Ángel Atilio Contreras, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 25.383, contra la sociedad mercantil EXPRESOS MOCOTIES C.R.L., inscrita en el Registro de Comercio llevado por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, el 1° de septiembre de 1982, bajo el Nº 118, representada judicialmente por la abogado Sandra Caterine Pernía, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 70.067; el Juzgado Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, conociendo del recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la decisión del 17 de junio de 2005 dictada por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de esa misma Circunscripción Judicial, en sentencia publicada el 25 de octubre de 2005, declaró sin lugar el recurso de apelación ejercido y confirmó el fallo recurrido, que declaró sin lugar la demanda.
Contra la decisión de alzada, la parte demandante interpuso el recurso de control de la legalidad previsto en el artículo 178 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, mediante escrito presentado oportunamente.
Recibido el expediente en esta Sala de Casación Social, el 1° de diciembre de 2005 se dio cuenta del asunto y se designó ponente a la Magistrada doctora Carmen Elvigia Porras de Roa, quien con tal carácter suscribe la decisión.
En la oportunidad legal, pasa esta Sala a pronunciarse sobre la admisibilidad del recurso ejercido, en los términos siguientes:
ÚNICO
El artículo 178 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo contempla el recurso de control de la legalidad como un medio de impugnación excepcional, al establecer que el Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Social podrá, a solicitud de parte, conocer de aquellos fallos emanados de los Tribunales Superiores del Trabajo, que aun cuando no fueren recurribles en casación, violenten o amenacen con violentar normas de orden público, o cuando contraríen la reiterada doctrina jurisprudencial de la Sala, circunstancias que configuran algunos de sus requisitos de admisibilidad.
Además, la admisión del recurso in commento exige verificar que el mismo haya sido interpuesto mediante escrito, cuya extensión no debe ser mayor de tres (3) folios útiles y sus vueltos, así como su tempestividad, por cuanto la referida norma establece para su ejercicio, un lapso preclusivo de cinco (5) días de despacho a partir de la fecha en que se publicó la sentencia sujeta a revisión.
Adicionalmente, es necesario dejar sentado que, tratándose de un recurso de naturaleza extraordinaria, corresponde a esta Sala restringir su admisibilidad, atendiendo a la potestad discrecional conferida por el citado artículo 178 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, especialmente a aquellas situaciones donde se denuncie la violación de disposiciones de orden público o de la jurisprudencia reiterada de esta Sala.
En tal sentido, debe entenderse que tales quebrantamientos o amenazas afectan gravemente las instituciones fundamentales del Derecho sustantivo del trabajo, derechos indisponibles o reglas adjetivas que menoscaban los derechos al debido proceso y a la defensa, este último supuesto, sustentado en el mandato expreso contemplado en el artículo 334 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establece la obligación de todos los jueces de la República de asegurar la integridad del orden constitucional, mediante el uso de las vías procesales ordinarias y extraordinarias consagradas en la ley.
En el caso bajo análisis, señala el recurrente que la sentencia impugnada amenaza normas de orden público y es contraria a la reiterada doctrina jurisprudencial. Afirma que la decisión dictada en primera instancia es írrita lo que hace a su vez viciada e írrita la decisión del ad quem puesto que confirmó la primera, en virtud de que ambos fallos conceden más de lo pedido, rechazado, alegado y probado en autos por la parte demandada, supliendo las defensas de ésta.
Alega que la parte patronal en su escrito de contestación a la demanda no rechazó taxativamente, ni en forma expresa los alegatos expuestos en la demanda, ni negó el hecho de que despidió injustificadamente al trabajador demandante; tampoco opuso durante el trámite procesal la falta de cualidad o interés para sostener el juicio y, de haberla opuesto, tampoco prosperaría esta defensa, por cuanto la demandada reconoció la existencia de la relación laboral en su escrito de contestación, al alegar la prescripción de la acción.
Ahora bien, del análisis de los argumentos del recurrente, así como de la sentencia impugnada y las restantes actas que conforman el expediente, considera esta Sala que la decisión recurrida no vulnera normas de orden público ni la doctrina de esta Sala de Casación Social y por tanto la pretensión no se ajusta a los fines de este medio de impugnación, por lo que es forzoso concluir que el recurso de control de la legalidad interpuesto por el ciudadano Carlos Alvilio García Carrero, no llena los extremos de ley requeridos, lo que deviene en su inadmisibilidad. Así se decide.
DECISIÓN
En mérito de las anteriores consideraciones, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE el recurso de control de la legalidad interpuesto por el demandante, ciudadano Carlos Alvilio García Carrero, contra la decisión dictada por el Juzgado Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, publicada 25 de octubre de 2005.
No hay condenatoria en costas, dada la naturaleza de la decisión.
Publíquese, regístrese y remítase el expediente a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de la Circunscripción Judicial respectiva. Particípese de esta remisión al Juzgado Superior de origen antes mencionado, de conformidad con lo establecido en el artículo 176 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
Presidente de la Sala, ____________________________ OMAR ALFREDO MORA DÍAZ | |
Vicepresidente, ________________________ JUAN RAFAEL PERDOMO | Magistrado, _______________________________ LUIS E. FRANCESCHI GUTIÉRREZ |
Magistrado, _______________________________ ALFONSO VALBUENA CORDERO | Magistrada Ponente, _________________________________ CARMEN ELVIGIA PORRAS DE ROA |
Secretario, _____________________________ JOSÉ E. RODRÍGUEZ NOGUERA | |
C.L. Nº AA60-S-2005-1947
Nota: Publicada en su fecha a
El Secretario,
Busca más sentencias en Venley
Búsqueda avanzada, colecciones personalizadas y consultas a Kelsen.
Buscar sentencias