Venley

Sentencia N.º 02033

Sentencia
N.º 02033
Fecha
25/09/2001
Sala
Político Administrativa
Expediente
7022
Ponente
Hadel Mostafá Paolini
Procedimiento
Apelación


MAGISTRADO PONENTE: HADEL MOSTAFÁ PAOLINI

EXP.  N° 7022

 

El Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, adjunto a oficio N° 1036 de fecha 23 de noviembre de 1989, remitió a esta Sala el expediente contentivo de la apelación ejercida por la ciudadana Nancy Hernández de Dávila, actuando con el carácter de abogada adjunta de la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, contra la sentencia dictada por ese Tribunal en fecha 26  de octubre de 1989, la cual declaró “CON LUGAR” el recurso contencioso tributario interpuesto  por  la  SUCESIÓN DE LUIS ALBERTO LARRAIN MAWDESLEY, contra  el reparo N° DGAC-4-2-3-259 de fecha 6 de abril de 1988, formulado por dicho organismo a la cuenta de Ingresos de la Renta de Sucesiones, Donaciones y demás Ramos Conexos, correspondientes al segundo semestre de 1985, liquidándose una diferencia de impuesto a pagar a la contribuyente por la cantidad de SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS BOLÍVARES CON  CINCUENTA  Y  SIETE CÉNTIMOS  (Bs. 63.786,57).

El 7 de diciembre de 1989 se dio cuenta en Sala y por auto de la misma fecha, se acordó aplicar el procedimiento de segunda instancia previsto en el Capítulo III, Título V de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, se designó ponente al Magistrado Pedro Alid Zoppi y se fijó la décima (10ª)  audiencia  para  comenzar la relación, la cual inició el 25 de enero de 1990. En  esa misma fecha, los representantes de la Contraloría General de la República,  consignaron escrito contentivo de la formalización de la apelación interpuesta.

En fecha 7 de febrero de 1990, el abogado Emilio Roche González, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 14.750, actuando con el carácter de apoderado judicial de la SUCESIÓN DE LUIS ALBERTO LARRAIN MAWDESLEY, consignó escrito de contestación a la formalización efectuada por los representantes de la Contraloría General de la República. 

            En la audiencia del 21 de marzo de 1990 se llamó a informes, la representante de la Contraloría General de la República, consignó el escrito respectivo y se dijo “VISTOS”. 

            Mediante diligencias presentadas en fechas 28 de junio de 1994 y 25 de enero de 1995, respectivamente, la representante de la Contraloría General de la República, solicitó se dictase decisión y se reasignase la ponencia en el presente asunto.

Por auto del 31 de enero de 1995, se reconstituyó la Sala, se ordenó la continuación del procedimiento en el estado en que se encontraba y se reasignó la ponencia a la Magistrada Hildegard Rondón de Sansó. 

Mediante  diligencias  presentadas  en  fechas  26  de  octubre  de  1995; 28  de  noviembre  del  mismo  año;  13  de  agosto de 1996; 18 de marzo y 2 de julio de 1997; 19 de febrero y 21 de julio de 1998; 12 de mayo y 20 de octubre de 1999, respectivamente,  la representante de la Contraloría General de la República, solicitó se dictase decisión en el presente asunto.

Por  auto de fecha 19 de enero de 2000, se ordenó la continuación de la causa en el estado en que se encontraba y se designó ponente al Magistrado José Rafael Tinoco.

En fecha 6 de junio de 2000, la  representante de la Contraloría General de la República, solicitó se dictase decisión en el presente asunto.

En virtud de la designación de los Magistrados Hadel Mostafá Paolini y Yolanda Jaimes Guerrero, y la ratificación del Magistrado Levis Ignacio Zerpa, por la Asamblea Nacional en sesión de fecha 20 de diciembre de 2000, publicada en la Gaceta Oficial N° 37.105 del día 22 del mismo mes y año, se reconstituyó la Sala Político Administrativa el 27 de diciembre de dicho año, y se reasignó la ponencia al Magistrado Hadel Mostafá Paolini, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

Mediante diligencias presentadas en fechas 22 de febrero y 28 de junio de 2001, respectivamente, la representante de la Contraloría General de la República, solicitó se dictase decisión en el presente asunto.

Para decidir, la Sala observa:

De conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, la instancia se extingue de pleno derecho en las causas que hayan estado paralizadas por más de un año a partir del último acto de procedimiento, por lo que, en tal caso, este Supremo Tribunal sin más trámites debe declarar la perención, de oficio o a instancia de parte.

En este sentido, esta Sala en decisión de fecha 13 de febrero del presente año declaró que la perención:

“Se trata, así, del simple cumplimento de una condición objetiva, independiente por tanto de la voluntad de las partes, es decir, no atribuible a motivos que le son imputables, y consistente en el solo transcurso del tiempo de un año de inactividad para la procedencia de la perención. Ello refleja la verdadera intención del legislador ya plasmada en anterior decisión de esta Sala (Vid. caso: CEBRA, S.A. del 14 de julio de 1983), no sólo de evitar que los litigios se prolonguen indefinidamente, así como el exonerar a los Tribunales, después de un prolongado período de inactividad procesal, del deber de dictar nuevas providencias en casos presuntamente abandonados por los litigantes. Se tuvo también en cuenta la necesidad de eliminar la incertidumbre acerca de la firmeza de los actos del Poder Público, los cuales pudieren ser objeto de impugnación por inconstitucionalidad o ilegalidad ante el Supremo Tribunal o ante los demás órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa

(...omissis...)

Así, declarada la perención en el juicio, el efecto se limita a la extinción del proceso privándose de firmeza al acto recurrido cuando se vulnere el orden público, y su control por Ley, corresponda a este Alto Tribunal; por tanto quienes tengan interés personal, legítimo y directo pueden proponer nuevamente la demanda conforme a los supuestos y mediante los mecanismos legalmente establecidos.

Por último, esta interpretación es en un todo coherente con el resto del texto de la Ley bajo examen, por cuanto no contradice el artículo 96 eiusdem que dispone:

‘Los informes constituyen la última actuación de las partes en relación con la materia litigiosa que sea objeto del juicio o de la incidencia de que se trate. Concluido el acto de informes, no se permitirá a las partes nuevos alegatos o pruebas relacionadas con dicha materia, salvo lo dispuesto en el artículo 407 del Código de Procedimiento Civil (artículo 514 del Código vigente), pero quienes hayan informado verbalmente pueden presentar conclusiones escritas dentro de los tres días siguientes.’

En efecto, cuando la norma transcrita establece que la "última actuación de las partes" en el juicio son los informes, se está refiriendo según el significado de las palabras empleadas y su conexión entre sí a que no se permite a los litigantes después de informes traer nuevos alegatos o pruebas; sin que ello implique un impedimento para seguir actuando en juicio, en la forma de impulsar el procedimiento hasta su definitiva conclusión con el fallo respectivo.

De ahí que no están las partes exceptuadas de actuación en juicio una vez consignados los informes, como pudiera derivarse de una errónea interpretación literal del texto. Por el contrario, como ha quedado puesto de manifiesto la inactividad de las partes en el juicio, aún después de la oportunidad fijada para informes y de vistos, conforme al texto normativo especial que reglamenta los procedimientos que se ventilan ante este Supremo Tribunal, evidencia un abandono del caso que no puede justificar la incertidumbre creada respecto a la firmeza de determinado acto del Poder Público.

En suma, que según los términos del artículo 86 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, aplicable a los procedimientos que se ventilen ante este Tribunal Supremo de Justicia, salvo lo previsto en disposiciones especiales, basta para que opere la perención de pleno derecho, el que se haya paralizado la causa por más de un año, independientemente de que se trate de razones imputables a la parte o del estado en que la misma se encuentre. Así se declara.”

 

Al respecto, examinadas las actas procesales que componen el presente expediente, se constata que la causa estuvo paralizada desde el 21 de marzo de 1990, fecha en la cual se dijo “VISTOS”, hasta el 28 de junio de 1994, cuando la representante de la Contraloría General de la República solicitó se dictase decisión en el presente asunto, sin que en ese lapso se hubiese realizado acto alguno de procedimiento por las partes ni por este Supremo Tribunal.

Igualmente, se aprecia que en el caso de autos no se vulnera ninguna norma de orden público con la aplicación de la indicada disposición, por lo cual, habiendo transcurrido con creces el lapso previsto en la misma y siguiendo el criterio jurisprudencial arriba transcrito, se ha consumado la perención. Así se declara.

En virtud de lo anterior, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA CONSUMADA LA PERENCIÓN y, en consecuencia, EXTINGUIDA LA INSTANCIA en la presente causa.

Queda así, firme la decisión apelada.

Publíquese, regístrese y comuníquese. Devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase lo ordenado.

 Dada, firmada  y  sellada  en  el  Salón  de  Despacho  de  la Sala Político-Administrativa  del  Tribunal  Supremo de Justicia, en Caracas, a los veinte (20) días del mes de septiembre del año dos mil uno. Años 191º de la Independencia y 142º de la Federación.

           El Presidente,

LEVIS IGNACIO ZERPA

El Vicepresidente-Ponente,

HADEL MOSTAFÁ PAOLINI

YOLANDA JAIMES GUERRERO

                 Magistrada

La Secretaria,

ANAÍS MEJÍA CALZADILLA

EXP. N° 7022

HMP/yvt   

En veinticinco (25) de septiembre del año dos mil uno, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 02033.

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