Sentencia N.º 02047
- Sentencia
- N.º 02047
- Fecha
- 25/09/2001
- Sala
- Político Administrativa
- Expediente
- 9239
- Ponente
- Yolanda Jaimes Guerrero
- Procedimiento
- Demanda de nulidad
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
MAGISTRADA-PONENTE: YOLANDA JAIMES GUERRERO
Exp. Nº 9239
Los abogados José Humberto Flores Rincón y Juan Carlos Linares Sequera, inscritos en el Inpreabogado bajo los números 36.209 y 38.366, respectivamente, actuando como apoderados de la sociedad mercantil C.A. GRASAS DE VALENCIA, inscrita en el Registro de Comercio que llevaba el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil del Distrito Valencia del Estado Carabobo el 14 de junio de 1946, bajo el número 28, mediante escrito presentado ante la Secretaría de esta Sala en fecha 30 de octubre de 1992, interpusieron recurso de nulidad contra el acto administrativo contenido en el Acta de Reconocimiento Nº 5300, Mesa Nº 1 de fecha 31 de julio de 1991, emitido por el Instituto Nacional de Puertos, contra la Resolución número HGA-SR-028 de fecha 12 de marzo de 1992, emanada de la Dirección General Sectorial de Aduanas, así como, contra la planilla de liquidación de gravámenes número PCA91-1-05939, liquidada el 02 de agosto de 1991 y emitida por concepto de diferencia de tasa por servicios de aduanas.
El 04 de noviembre de 1992 se dio cuenta en Sala y por auto de la misma fecha, se ordenó solicitar del Ministerio de Hacienda, la remisión del respectivo expediente administrativo, el cual fue recibido el 02 de febrero de 1993 y se formó pieza separada con el mismo.
En fecha 03 de febrero de 1993 se pasó el expediente al Juzgado de Sustanciación, donde por auto de fecha 24 de febrero de 1993 se admitió el recurso y se ordenaron las notificaciones de Ley.
El 19 de mayo de 1993 se libró el cartel de emplazamiento, el cual fue retirado, publicado en prensa y consignado oportunamente por la recurrente.
Concluida la sustanciación del expediente, se pasó el mismo a la Sala, donde el 13 de julio de 1993 se designó ponente al Magistrado Luis H. Farías Mata y se fijó el quinto (5º) día de despacho para comenzar la relación.
En la audiencia del 10 de agosto de 1993, oportunidad fijada para el acto de informes, únicamente compareció la abogada Xiomara Accurso, actuando como representante de la Procuraduría General de la República y consignó el escrito respectivo. Posteriormente, el 02 de noviembre de 1993 se dijo VISTOS.
En fecha 31 de mayo de 1995, la abogada Velma Soltero de Ruán, actuando como Fiscal del Ministerio Público ante esta Sala, consignó escrito de consideraciones.
Mediante diligencia de fecha 29 de junio de 1995, el abogado Juan Carlos Linares, actuando como apoderado de la recurrente, solicitó la reasignación de la ponencia y que se fijara oportunidad para comenzar la relación de la causa.
El 04 de julio de 1995 se reasignó la ponencia al Magistrado Humberto J. La Roche.
Por diligencia de fecha 26 de septiembre de 1995, el abogado Juan Carlos Linares, nuevamente solicitó fijar la oportunidad para dar comienzo a la relación. Posteriormente, el 22 de noviembre del mismo año igualmente expuso:
...que sea fijada oportunidad para que comienze (sic) la relación del presente proceso y una vez acordado se fije nueva oportunidad para que tenga lugar el acto de Informes, toda vez de que por haber sido electas nuevas autoridades, fue reasignada la ponencia...
Mediante diligencias de fechas 14 de mayo, 12 de junio y 26 de septiembre, 24 y 30 de octubre de 1996 y 05 de marzo, 08 de abril y 06 de mayo de 1997, el abogado actor ratificó su anterior solicitud.
El 22 de octubre de 1997, se reasignó la ponencia a la Conjuez Ilse van der Velde Hedderich.
En diligencias de fechas 26 de febrero, 15 de abril y 29 de septiembre de 1998, el abogado actor solicitó decisión en la presente causa.
Por auto de fecha 13 de abril de 2000, se reasignó la ponencia al Magistrado Carlos Escarrá Malavé.
En virtud de la designación de los Magistrados Hadel Mostafá Paolini y Yolanda Jaimes Guerrero, y la ratificación del Magistrado Levis Ignacio Zerpa, por la Asamblea Nacional en sesión de fecha 20 de diciembre de 2000, publicada en la Gaceta Oficial N° 37.105 del día 22 del mismo mes y año, se reconstituyó la Sala Político Administrativa el 27 de diciembre de dicho año, y se reasignó la ponencia a la Magistrada Yolanda Jaimes Guerrero, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.
Para decidir, la Sala observa:
De conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, la instancia se extingue de pleno derecho en las causas que hayan estado paralizadas por más de un año a partir del último acto de procedimiento, por lo que, en tal caso, este Supremo Tribunal sin más trámites debe declarar la perención, de oficio o a instancia de parte.
En este sentido, esta Sala en decisión de fecha 13 de febrero del presente año declaró que la perención:
Se trata, así, del simple cumplimento de una condición objetiva, independiente por tanto de la voluntad de las partes, es decir, no atribuible a motivos que le son imputables, y consistente en el solo transcurso del tiempo de un año de inactividad para la procedencia de la perención. Ello refleja la verdadera intención del legislador ya plasmada en anterior decisión de esta Sala (Vid. caso: CEBRA, S.A. del 14 de julio de 1983), no sólo de evitar que los litigios se prolonguen indefinidamente, así como el exonerar a los Tribunales, después de un prolongado período de inactividad procesal, del deber de dictar nuevas providencias en casos presuntamente abandonados por los litigantes. Se tuvo también en cuenta la necesidad de eliminar la incertidumbre acerca de la firmeza de los actos del Poder Público, los cuales pudieren ser objeto de impugnación por inconstitucionalidad o ilegalidad ante el Supremo Tribunal o ante los demás órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa
(...omissis...)
Así, declarada la perención en el juicio, el efecto se limita a la extinción del proceso privándose de firmeza al acto recurrido cuando se vulnere el orden público, y su control por Ley, corresponda a este Alto Tribunal; por tanto quienes tengan interés personal, legítimo y directo pueden proponer nuevamente la demanda conforme a los supuestos y mediante los mecanismos legalmente establecidos.
Por último, esta interpretación es en un todo coherente con el resto del texto de la Ley bajo examen, por cuanto no contradice el artículo 96 eiusdem que dispone:
Los informes constituyen la última actuación de las partes en relación con la materia litigiosa que sea objeto del juicio o de la incidencia de que se trate. Concluido el acto de informes, no se permitirá a las partes nuevos alegatos o pruebas relacionadas con dicha materia, salvo lo dispuesto en el artículo 407 del Código de Procedimiento Civil (artículo 514 del Código vigente), pero quienes hayan informado verbalmente pueden presentar conclusiones escritas dentro de los tres días siguientes.
En efecto, cuando la norma transcrita establece que la "última actuación de las partes" en el juicio son los informes, se está refiriendo según el significado de las palabras empleadas y su conexión entre sí a que no se permite a los litigantes después de informes traer nuevos alegatos o pruebas; sin que ello implique un impedimento para seguir actuando en juicio, en la forma de impulsar el procedimiento hasta su definitiva conclusión con el fallo respectivo.
De ahí que no están las partes exceptuadas de actuación en juicio una vez consignados los informes, como pudiera derivarse de una errónea interpretación literal del texto. Por el contrario, como ha quedado puesto de manifiesto la inactividad de las partes en el juicio, aún después de la oportunidad fijada para informes y de vistos, conforme al texto normativo especial que reglamenta los procedimientos que se ventilan ante este Supremo Tribunal, evidencia un abandono del caso que no puede justificar la incertidumbre creada respecto a la firmeza de determinado acto del Poder Público.
En suma, que según los términos del artículo 86 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, aplicable a los procedimientos que se ventilen ante este Tribunal Supremo de Justicia, salvo lo previsto en disposiciones especiales, basta para que opere la perención de pleno derecho, el que se haya paralizado la causa por más de un año, independientemente de que se trate de razones imputables a la parte o del estado en que la misma se encuentre. Así se declara.
Al respecto, examinadas las actas procesales que componen el presente expediente, se constata que la causa estuvo paralizada desde el 02 de noviembre de 1993, fecha en la cual se dijo VISTOS, hasta el 31 de mayo de 1995, cuando la Fiscala del Ministerio Público consignó escrito de consideraciones y desde el 29 de septiembre de 1998, fecha en la cual el abogado actor solicitó decisión, hasta el presente, sin que se hubiese realizado acto alguno de procedimiento por las partes ni por este Supremo Tribunal.
Igualmente, se aprecia que en el caso de autos no se vulnera ninguna norma de orden público con la aplicación de la indicada disposición, por lo cual, habiendo transcurrido con creces el lapso previsto en la misma y siguiendo el criterio jurisprudencial arriba transcrito, se ha consumado la perención. Así se declara.
En virtud de lo anterior, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA CONSUMADA LA PERENCIÓN y, en consecuencia, EXTINGUIDA LA INSTANCIA en la presente causa.
Publíquese, regístrese y comuníquese. Devuélvase el expediente administrativo y archívese el judicial. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada, en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los veinte (20) días del mes de septiembre del año dos mil uno. (2001). Años 191º de la Independencia y 142º de la Federación.
El Presidente,
LEVIS IGNACIO ZERPA
El Vicepresidente,
HADEL MOSTAFÁ PAOLINI
YOLANDA JAIMES GUERRERO
Magistrada-Ponente
La Secretaria,
ANAÍS MEJÍA CALZADILLA
Exp. Nº 9239
YJG/jam
En veinticinco (25) de septiembre del año dos mil uno, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 02047.
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