Venley

Sentencia N.º 02122

Sentencia
N.º 02122
Fecha
31/10/2000
Sala
Político Administrativa
Expediente
16230
Ponente
Carlos Escarrá Malavé
Procedimiento
Exequátur


 Magistrado–Ponente: CARLOS ESCARRÁ MALAVÉ

Exp. Nº 16.230

 

 En escrito presentado el 1° de julio de 1999, ante la Secretaría de esta Sala Político Administrativa, el ciudadano ANTONIO TAHHAN, venezolano, titular de la cédula de identidad N° 5.528.046, inscrito en el Inpreabogado N° 34.417, actuando en su propio nombre, solicitó exequátur de la sentencia que declaró disuelto el vínculo matrimonial existente entre el solicitante y la ciudadana RITHA EUGENIA SALVADOR BASTIDAS, venezolana por naturalización, titular de la cédula de identidad N° 12.073.442, dictada el 4 de noviembre de 1996 por el Juzgado Vigésimo Primero de lo Civil de Pichincha, Quito, República del Ecuador. Ello, a fin de que se declare la fuerza ejecutoria de dicha sentencia en Venezuela.

 

El solicitante acompañó a su escrito libelar, Acta de Matrimonio legalizada en Venezuela, copia fotostática de las partidas de nacimiento de sus dos hijos que llevan por nombres STEPHANYA ALEXANDRA y FRANCISCO ANTONIO, la sentencia cuyo pase se solicita debidamente legalizada y copia fotostática de sentencia dictada por la Sala Político Administrativa de la entonces denominada Corte Suprema de Justicia, de fecha 2 de junio de 1977 como documento demostrativo de la existencia de reciprocidad en el pase de sentencias entre Venezuela y Ecuador.

 

            El 6 de julio de 1999 se dio cuenta en Sala del referido escrito y los recaudos acompañados y, por auto de la misma fecha, se ordenó el pase del expediente al Juzgado de Sustanciación, a los fines legales consiguientes.

 

            Por auto de 14 de julio de 1999, el Juzgado de Sustanciación de la Sala admitió la solicitud cuanto ha lugar en derecho y acordó oficiar a la Dirección General de Control de Extranjeros del entonces denominado Ministerio de Relaciones Interiores, solicitando el movimiento migratorio de la ciudadana RITHA EUGENIA SALVADOR BASTIDAS, a los fines de practicar la citación de acuerdo con la información que emanara de ese Despacho, cumplido mediante Oficio N° 716 de fecha 27 de julio de 1999 emanado de ese Juzgado Sustanciador.

 

En fecha 26 de octubre de 1999, se recibió en la Secretaría del Juzgado de Sustanciación de esta Sala Político Administrativa, Oficio S/N del 5 de octubre del mismo año suscrito por el Director de Migración y Zonas Fronterizas del Ministerio del Interior y de Justicia, mediante el cual informó que la prenombrada ciudadana no registró movimiento migratorio. En diligencia estampada el 16 de noviembre de 1999, el solicitante del exequátur requirió se notificara por carteles a la nombrada ciudadana.

 

Por auto del 17 de noviembre del mismo año, se acordó emplazar a la ciudadana RITHA EUGENIA SALVADOR BASTIDAS DE TAHHAN para que compareciera por ante ese Juzgado Sustanciador a fin de darse por citada en la presente solicitud, dentro de los treinta (30) días continuos siguientes a la última publicación de los carteles que allí se ordenaron librar, de conformidad con el artículo 224 del Código de Procedimiento Civil. Igualmente se ordenó la notificación del ciudadano Fiscal General de la República, de conformidad con lo previsto en los artículos 11 y 40, numeral 3° de la Ley Orgánica del Ministerio Público, remitiéndole copia certificada del libelo y de la documentación que acompaña al mismo, cumplido mediante Oficio N° 1127 de fecha 2 de diciembre de 1999, remitido por ese Juzgado de Sustanciación a la Fiscal ante la Corte Suprema de Justicia en Pleno y ante la Sala Político Administrativa, quien lo recibió en fecha 1° de febrero de dos mil.

 

            Posteriormente, en diligencia estampada el 23 de febrero de 2000, el ciudadano ANTONIO TAHHAN solicitó que por cuanto habían transcurrido los treinta días establecidos en los carteles publicados a fin de citar a la ciudadana RITHA EUGENIA SALVADOR BASTIDAS, se nombrara Defensor Ad-litem. Por auto del 24 de febrero de 2000, se acordó, de conformidad con el artículo 53, ordinal 1° de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, notificar a la ciudadana ZORAIDA FRONTADO DE BRETO, Defensora ante la Sala Político Administrativa, a fin de que compareciera y diese contestación a la solicitud de exequátur, notificación verificada en fecha 6 de abril del mismo año, según se constata en nota que riela al folio cincuenta y seis (56) del expediente.

 

En fecha 25 de abril de 2000, fue consignado escrito de contestación a la solicitud de exequátur por la Defensora ante la Sala Político Administrativa, en la cual no se opuso al pase de la sentencia extranjera, una vez corregida, por la parte solicitante, la legalización de la sentencia ante autoridad competente.

 

En fecha 26 de abril de 2000, según nota del Juzgado de Sustanciación, se pasó el expediente a la Sala, dándose cuenta en ésta  el 2 de mayo del mismo año y, por auto de igual fecha, se  designó Ponente al Magistrado CARLOS ESCARRÁ MALAVÉ y se fijó el quinto día de Despacho para comenzar la relación.

 En fecha 9 de mayo de 2000, el solicitante del exequátur solicitó, previa su certificación en autos, le fuese devuelto el original de la sentencia cuyo pase requiere, lo cual fue acordado por auto del día 10 de mayo del mismo año. El 11 de mayo de 2000, comenzó la relación, luego, el 30 del mismo mes y año tuvo lugar el acto de informes y en fecha 18 de julio de dos mil terminó la relación en el juicio y la Sala dijo “Vistos”.

 

En diligencia estampada el 25 de julio de 2000, el solicitante del exequátur consignó original de la sentencia de divorcio debidamente legalizada por el Cónsul de Venezuela en la República del Ecuador.

 

Pasa la Sala a decidir, previas las consideraciones siguientes:

I

PUNTO PREVIO:

DE LA INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO

EN LOS JUICIOS DE EXEQUÁTUR

 

 

                        Considera esta Sala imperioso concretar, a propósito de la no intervención del Ministerio Público en este juicio, a pesar de haber sido notificado, de conformidad con los artículos 11 y 40, ordinal 3°, de la Ley Orgánica que rige sus funciones, en fecha 1° de febrero de 2000, mediante Oficio N° 1127 de fecha 2 de diciembre de 1999, en la persona de la Fiscal Encargada ante la Corte Suprema de Justicia en Pleno y ante la Sala Político Administrativa, lo siguiente:

 

                        Por auto de la Sala Político Administrativa del 24 de noviembre de 1998, en el juicio Gian Paolo Diana Menin, expediente N° 8.778, se dejó sentado, referente a la intervención del Ministerio Público que “cuando el legislador en el ordinal 3° del artículo 40 de la Ley Orgánica del Ministerio Público prevé su intervención “en los procedimientos relativos a la ejecución de actos de autoridad extranjera”, utilizando la vieja terminología es evidente que se refiere al exequátur, o sea al momento de la declaratoria de la eficacia y no sólo a la propia ejecución y éste es exactamente el sentido del artículo 426 del Código de Derecho Internacional Privado (Código Bustamante), norma que expresamente prevé la intervención del Fiscal o del Ministerio Público y requiere del Tribunal el de oírlo antes de decretar o denegar la solicitud de ejecución de las sentencias dictadas por tribunales extranjeros. (Subrayado de la Sala).

Las sentencias, objeto del exequátur, pueden ser constitutivas y no sólo meramente declarativas de condena...omissis...

Ahora bien, en todos estos casos de exequátur subyacen problemas de soberanía nacional, en vista de que la jurisdicción como poder de administrar justicia es función del Estado... La intervención del Ministerio Público, en los juicios de exequátur, se debe además, a su función de garante de la Constitución y las leyes... y de la buena marcha de administración de justicia en los asuntos en que estén interesados “el orden público y las buenas costumbres”...”.

Así, desde la fecha en que fue notificada la Fiscal Encargada del Ministerio Público designada para actuar en esta Sala, hasta la fecha en que se publica el presente fallo, no fue consignado en el expediente escrito alguno que demuestre la intervención del Ministerio Público.

 

En este estado de cosas, si bien es cierto que el criterio imperante hasta la fecha es el ejercicio facultativo de la atribución contenida en el numeral 3° del artículo 40 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, considera esta Sala, que con la entrada en vigor de la nueva Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que en su numeral 2 del artículo 285 atribuye al Ministerio Público la misión de garantizar la celeridad y buena marcha de la administración de justicia y el debido proceso, en concordancia con lo dispuesto en el ordinal 5° del artículo 131 del Código de Procedimiento Civil, que debe exhortarse a ese Órgano de la República, a que disponga lo conducente para ejercer en todo procedimiento de exequátur la mencionada atribución. A tal efecto, esta Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, remitirá copia certificada del presente fallo al ciudadano Fiscal General de la República. Así se decide.

II

DE LA SOLICITUD DE EXEQUÁTUR

 

El ciudadano ANTONIO TAHHAN, solicitante del exequátur, señaló en su escrito lo siguiente:

 

Que en fecha 2 de agosto de 1984 contrajo matrimonio con la ciudadana RITHA EUGENIA SALVADOR BASTIDAS, en la República del Ecuador, ciudad de Quito, cuya acta de matrimonio fue legalizada en Venezuela ante la Primera Autoridad Civil de la Jefatura de la Parroquia La Vega del Distrito  Federal. Que de dicha unión procrearon dos hijos. Que desde el año 1990, decidieron mutuamente separarse de hecho, siendo que su ex cónyuge decidió domiciliarse en la ciudad de Quito, Ecuador y el solicitante en la ciudad de Caracas, afirmando que hasta 1999 no había habido ningún tipo de relación conyugal. Que la sentencia cuyo pase solicita fue dictada por el Juzgado Vigésimo Primero de lo Civil de Pichincha de la ciudad de Quito, República del Ecuador, que decidió disuelto el vínculo matrimonial entre ellos, fundándose, de acuerdo con lo expresado por su ex cónyuge en que se encuentran separados desde hace más de cinco años, siendo su deseo divorciarse. Que durante el proceso el demandado fue debidamente citado, habiendo sido convocados para su conciliación y contestación de la demanda. Que por cuanto la sentencia cuyo pase se solicita fue dictada por autoridad competente y en ningún momento le fue arrebatada a Venezuela la jurisdicción, pues el vínculo matrimonial disuelto fue contraído en Ecuador, constituye una sentencia de divorcio definitivamente firme con fuerza ejecutoria, fue dictada en materia civil, el demandado fue legalmente citado, no contiene declaraciones contrarias al orden legal venezolano, es susceptible de ser ejecutada en Venezuela o de surtir efecto de cosa juzgada y existe reciprocidad entre ambos países, debe concederse su pase en Venezuela.

 

III

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

 

           Toda solicitud de exequátur impone su estudio dentro del marco del Derecho Procesal Civil Internacional, por lo que, al igual que ocurre en todos los casos que presentan elementos de extranjería, debe atenderse para su decisión a la jerarquía de las fuentes en materia de Derecho Internacional Privado. A partir del 6 de febrero de 1999, dicho orden de prelación aparece claramente expuesto en el artículo 1 de la Ley de Derecho Internacional Privado en los términos siguientes:

“Los supuestos de hecho relacionados con los ordenamientos jurídicos extranjeros se regularán, por las normas de Derecho Internacional Público sobre la materia, en particular, las establecidas en los tratados internacionales vigentes en Venezuela; en su defecto, se aplicarán las normas de Derecho Internacional Privado venezolano; a falta de ellas, se utilizará la analogía y, finalmente, se regirán por los principios de Derecho Internacional Privado generalmente aceptados”.

 

            Dicha disposición ordena, en primer lugar, la aplicación de las normas de Derecho Internacional Público sobre la materia, en particular, las establecidas en los tratados internacionales vigentes en Venezuela. En el caso de autos, se solicita que por el procedimiento de exequátur se declare la fuerza ejecutoria en la hoy República Bolivariana de Venezuela de una sentencia dictada por un Tribunal de la República del Ecuador, país con el que Venezuela tiene tratados internacionales vigentes en esta materia, vale decir, el Acuerdo sobre Ejecución de Actos Extranjeros suscrito en 1911 (Acuerdo Boliviano), y la Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros, celebrada en la ciudad de Montevideo, Uruguay en 1979, cuya Ley Aprobatoria fue publicada en la Gaceta Oficial de la República N° 33.144 del 15 de enero de 1985, habiéndose efectuado el depósito del Instrumento de Ratificación el 28 de febrero del mismo año, ratificada por la República del Ecuador, en virtud de lo cual, por ser posterior al Acuerdo Boliviano de 1911, debe esa Convención Interamericana ser aplicada con preferencia en el presente juicio, de conformidad con lo establecido en el artículo anteriormente trascrito de la Ley de Derecho Internacional Privado.

 

De modo pues, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 de la citada Convención, la sentencia extranjera tendrá eficacia extraterritorial en Venezuela si reúne las siguientes condiciones:

 

Que venga revestida de las formalidades externas necesarias para que sean consideradas auténticas en el Estado de donde procede;

 

            Que se presente debidamente legalizada de acuerdo con la ley del Estado donde deba surtir efecto;

 

           Que el juez sentenciador tenga competencia en la esfera internacional para conocer y juzgar del asunto de acuerdo con la ley del Estado donde debe surtir efecto;

 

           Que el demandado haya sido notificado en la forma legal;

 

            Que se haya asegurado la defensa de las partes;

 

            Que tenga el carácter de ejecutoriada o fuerza de cosa juzgada en el Estado donde fue dictada;

 

            Que no contraríe manifiestamente los principios y las leyes de orden público del Estado en el que se pide el reconocimiento o la ejecución.

 

            De otra parte, conviene advertir, que ni la Convención antes citada ni la novísima Ley de Derecho Internacional Privado exigen como requisito, la prueba de la reciprocidad a que hace alusión el artículo 850 del Código de Procedimiento Civil, motivo por el cual no entra la Sala a considerar la prueba que para ese fin consignara el solicitante y así se declara.

 

Atendiendo a los requisitos previstos en el mencionado artículo 2 de la Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros, constata esta Sala que, en el presente caso, se les ha dado cumplimiento a los mismos, por cuanto:

 

l.- La sentencia extranjera fue dictada en materia civil, específicamente en un juicio de divorcio.         

2.- Tiene fuerza de cosa juzgada conforme se evidencia del texto contenido en la sentencia original cuyo pase se solicita, que dice: “La sentencia se encuentra ejecutoriada por el Ministerio de la Ley. Certifico. E. Burbano de Lara, Secretario.”

3.- La sentencia extranjera no afecta ni contraría los principios esenciales del orden público venezolano.

4.- Que el ciudadano ANTONIO TAHHAN, parte demandada en ese juicio, fue debidamente citado, conforme se infiere de la sentencia cuyo pase se solicita, pues en la instrumental que cursa inserta al expediente se expresa “Citado el demandado en legal y debida forma, mediante publicacione, (sic) conforme se desprende de los recortes aparejados al proceso”.

5.- El Tribunal Ecuatoriano tenía jurisdicción para conocer de la causa, por cuanto según consta de la inserción del Acta de Matrimonio efectuada ante la Primera Autoridad Civil de la Parroquia La Vega del Municipio Libertador del Distrito Federal, que riela al folio cinco (5) del expediente, la pareja, al momento de contraer nupcias, estaba domiciliada en la ciudad de Quito, República del Ecuador, por lo cual se demuestra que existía una vinculación efectiva con dicho territorio.

6.- Que la sentencia extranjera reviste las formalidades externas necesarias para ser considerada auténtica en Ecuador y se encuentra debidamente legalizada por ante la Sección Consular en la Embajada de Venezuela en Ecuador.

7.-  Que los hijos habidos en el matrimonio quedarán bajo el cuidado y protección de su madre, debiendo el padre suministrar una pensión equivalente a un salario mínimo vital para cada uno de sus dos hijos.

 

IV

DECISIÓN

 

Con fundamento en las razones expuestas, esta Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, CONCEDE FUERZA EJECUTORIA en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela a la sentencia de divorcio dictada por el Juzgado Vigésimo Primero de lo Civil de Pichincha, Quito, República del Ecuador, en fecha 4 de noviembre de 1996, mediante la cual se declaró disuelto el vínculo matrimonial existente entre ANTONIO JORGE TAHHAN JUNCAL y RITHA EUGENIA SALVADOR BASTIDAS.

 Publíquese, regístrese y notifíquese. Remítase copia certificada del presente fallo al ciudadano Fiscal General de la República. Archívese el expediente. Cúmplase lo ordenado.

 

Dada,  firmada  y  sellada  en  el  Salón  de  Despacho de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los días  treinta y un (31)   del mes de   octubre    del año dos mil. Años: 190º de la Independencia y 141º de la Federación.

El Presidente-Ponente,

 

CARLOS ESCARRÁ MALAVÉ

                                                                                                                                  El  Vicepresidente,

 
JOSE RAFAEL TINOCO-SMITH

LEVIS IGNACIO ZERPA

 

             Magistrado

La Secretaria,

 

 
ANAÍS MEJÍA CALZADILLA

 

 

CEM/ 4A

Exp. Nº 16230

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