Sentencia N.º 02238
- Sentencia
- N.º 02238
- Fecha
- 11/10/2006
- Sala
- Político Administrativa
- Expediente
- 1994-10580
- Ponente
- Emiro García Rosas
- Procedimiento
- Demanda
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
MAGISTRADO PONENTE: EMIRO GARCÍA ROSAS
EXP. Nº 1994-10580
Mediante escrito de fecha 15 de marzo de 1994, presentado ante la Sala Político-Administrativa de la extinta Corte Suprema de Justicia, el abogado Rubén Darío Farías Harris, inscrito en el INPREABOGADO bajo el Nº 7.590, actuando con el carácter de apoderado judicial del ciudadano ANTONIO MARTÍNEZ LÓPEZ, interpuso demanda por reivindicación de un inmueble y subsidiariamente por cobro de bolívares contra el INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INAVI), instituto autónomo creado mediante Decreto Ejecutivo Nº 908 de fecha 13 de mayo de 1975, publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 1.746 Extraordinario de fecha 23 del mismo mes y año.
El 17 de marzo de 1994 se pasó el expediente al Juzgado de Sustanciación y mediante auto de fecha 27 de abril de 1994 ese Juzgado admitió la demanda, ordenando emplazar al Instituto Nacional de la Vivienda (INAVI) en la persona de su Presidenta Carmen Elena Oehlerking, para que compareciera dentro de los veinte (20) días de despacho siguientes a su citación a dar contestación a la demanda. Asimismo se ordenó la notificación del Procurador General de la República, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, aplicable ratione temporis.
Los días 1 y 7 de junio de 1994 el alguacil consignó la notificación del Procurador General de la República y la citación firmada por la representante legal del demandado, respectivamente.
En fecha 28 de junio de 1994 se recibió oficio Nº 136213 emanado de la Directora General Sectorial de Personería Judicial de la Procuraduría General de la República, acusando recibo de la notificación practicada.
El 20 de julio de 1994, el abogado Pedro Betancourt López, inscrito en el INPREABOGADO bajo el Nº 8565, consignó instrumento poder que lo acredita como apoderado judicial del instituto demandado.
En fecha 26 de julio de 1994, el apoderado judicial de la parte accionada opuso las cuestiones previas establecidas en los ordinales 3º, 6º, 9º y 11 del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil.
Mediante sentencia Nº 404, de fecha 7 de junio de 1995, esta Sala Político-Administrativa declaró sin lugar las cuestiones previas opuestas por el demandado, ordenando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil su condenatoria en costas.
En fecha 14 de junio de 1995, el expediente fue remitido al Juzgado de Sustanciación, el cual el 20 de ese mismo mes y año acordó notificar a las partes de la continuación de la causa para que tuviese lugar la contestación de la demanda, dentro de los cinco (5) días de despacho siguientes a la última de las notificaciones.
El 27 de junio de 1995 el apoderado actor se dio por notificado de la decisión y el 6 de julio de ese año solicitó la revocatoria por contrario imperio del auto que ordenó la notificación a las partes, ya que en su criterio se prorroga el lapso que tiene el instituto accionado para contestar la demanda.
En fecha 26 de julio de 1995, el alguacil del Juzgado de Sustanciación consignó la notificación firmada por el Consultor Jurídico del Instituto Nacional de la Vivienda (INAVI).
Mediante auto de fecha 1º de agosto de 1995 el Juzgado de Sustanciación declaró improcedente por extemporánea la solicitud de revocatoria por contrario imperio presentada por el actor.
El 8 de agosto de 1995, los abogados Alí Domínguez Sánchez, Ana Irene Vidal Colorado y Alejandro Silva Febres, inscritos en el INPREABOGADO bajo los Nos. 1.256, 53.082 y 42.333, respectivamente, actuando con el carácter de apoderados judiciales del Instituto Nacional de la Vivienda (INAVI) contestaron la demanda.
En fecha 24 de octubre de 1995, el apoderado judicial del actor consignó escrito en el que además de insistir en la extemporaneidad de la contestación a la demanda, solicitó el cómputo de los días de despacho transcurridos dentro del lapso de promoción de pruebas y pidió la indexación de los montos indicados en su demanda.
En la misma fecha, los apoderados judiciales del demandado promovieron pruebas.
Por auto del 1º de noviembre de 1995 el Juzgado de Sustanciación admitió las pruebas promovidas por el instituto demandado. Asimismo, mediante auto de fecha 6 de diciembre de 1995, se realizó el cómputo solicitado.
El 23 de enero de 1996 el apoderado actor indicó: “impugno el auto de admisión de las pruebas promovidas por la parte demandada”, por cuanto en su criterio, éstas fueron promovidas extemporáneamente. Asimismo y a todo evento impugnó también las documentales producidas por el demandado, por ilegales e impertinentes.
Mediante escrito de fecha 25 de enero de 1996 el apoderado judicial del demandante solicitó que el expediente fuese remitido a la Sala a los fines de la decisión en torno a la impugnación de las pruebas y a la confesión ficta del demandado.
En fecha 8 de febrero de 1996 el apoderado judicial del accionado se opuso a lo solicitado por el actor.
En la misma fecha, concluida la sustanciación se pasó el expediente a esta Sala.
En fecha 15 de febrero de 1996 se designó ponente al Magistrado Humberto La Roche.
El 29 de ese mismo mes y año comenzó la relación de la causa, estableciéndose que los informes se realizarían el primer día de despacho siguiente al vencimiento de los quince (15) días continuos, contados a partir de dicha fecha.
En fecha 19 de marzo de 1996, comparecieron los apoderados judiciales del Instituto Nacional de la Vivienda (INAVI) y consignaron escrito de informes.
El día 15 de mayo de 1996 terminó la relación y se dijo “Vistos”.
Mediante auto de fecha 18 de marzo de 1997 se dejó constancia de que “Por cuanto no se logró la mayoría requerida para la aprobación de la ponencia presentada por el Magistrado Humberto La Roche”, se reasignó la ponencia al Magistrado Alfredo Ducharne Alonzo.
Por diligencia de fecha 3 de noviembre de 1998, el apoderado judicial del demandante solicitó la inhibición del ponente de conformidad con lo dispuesto en el ordinal 18 del artículo 82 del Código de Procedimiento Civil.
El 25 de mayo de 1999 se reasignó la ponencia al Magistrado Héctor Paradisi León.
Mediante auto de fecha 27 de marzo de 2000 se dejó constancia de que por cuanto la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela estableció un cambio en la estructura y denominación de este Máximo Tribunal, en sesión de fecha 27 de diciembre de 1999, previa juramentación, tomaron posesión de sus cargos como integrantes de la Sala Político- Administrativa, los Magistrados Carlos Escarrá Malavé (Presidente), José Rafael Tinoco (Vicepresidente) y Levis Ignacio Zerpa.
En la misma fecha se designó ponente al Magistrado Carlos Escarrá Malavé y se ordenó la continuación de la causa.
Por auto de fecha 4 de abril de 2001 se dejó constancia de la incorporación a esta Sala de los Magistrados Yolanda Jaimes Guerrero y Hadel Mostafá Paolini, asi como de la ratificación del Magistrado Levis Ignacio Zerpa. Igualmente, se indicó que la Sala Político-Administrativa quedó integrada de la siguiente manera: Presidente, Magistrado Levis Ignacio Zerpa; Vicepresidente, Hadel Mostafá Paolini; y Magistrada Yolanda Jaimes Guerrero.
En la misma fecha se reasignó la ponencia a la Magistrada Yolanda Jaimes Guerrero y se ordenó la continuación de la causa.
Mediante diligencias de fechas 3 de abril y 26 de junio del 2001 el apoderado judicial del actor solicitó que se reasignara la causa y se procediera a sentenciar.
Por decisión Nº 2318, de fecha 17 de octubre de 2001, esta Sala declaró consumada la perención y extinguida la instancia.
En fecha 22 de mayo de 2003, el accionante presentó ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia solicitud de revisión constitucional de la sentencia dictada por la Sala Político-Administrativa que había declarado la perención de la instancia.
Mediante decisión del 19 de diciembre de 2003, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, declaró procedente la solicitud de revisión constitucional interpuesta y en consecuencia ordenó “la remisión de esta sentencia a la Sala Político-Administrativa para que decida el juicio de reivindicación”.
De esta decisión fue notificada la Sala Político-Administrativa el día 3 de febrero de 2004, mediante oficio Nº 04-0150, de fecha 19 de enero de 2004, emanado del Presidente de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.
En fecha 5 de febrero de 2004 se designó ponente a la Magistrada Yolanda Jaimes Guerrero a los fines de decidir el fondo del asunto.
El 6 de mayo de 2004, el abogado Rubén Darío Farías Harris, sustituyó, reservándose su ejercicio, en los abogados Marisol Nogales Zamora y Lombardo Bracca López, inscritos en el INPREABOGADO bajo los Nos. 49.506 y 15.508, respectivamente, el poder que le fuera conferido por el actor.
Por diligencias de fechas 15 de julio y 16 de septiembre de 2004, 13 de octubre y 7 de diciembre de 2005 y 16 de marzo de 2006, el apoderado judicial del demandante solicitó que se dictara sentencia.
Mediante auto de fecha 4 de abril de 2006 se dejó constancia que el 17 de enero de 2005 se incorporaron a esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, los Magistrados Emiro García Rosas y Evelyn Marrero Ortíz, designados por la Asamblea Nacional el 13 de diciembre de 2004; y que en fecha 2 de febrero de 2005 fue electa la Junta Directiva de esta Sala quedando integrada por cinco Magistrados, conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, a saber: Presidenta, Magistrada Evelyn Marrero Ortíz; Vicepresidenta, Magistrada Yolanda Jaimes Guerrero y Magistrados Levis Ignacio Zerpa, Hadel Mostafà Paolini y Emiro García Rosas. Asimismo se ordenó la continuación de la causa.
En fecha 6 de junio de 2006, en virtud de la nueva conformación de la Sala se designó ponente al Magistrado EMIRO GARCÍA ROSAS.
- I -
DE LA DEMANDA
El abogado Rubén Darío Farías Harris, ya identificado, actuando con el carácter de apoderado del actor, en apoyo de sus pretensiones adujo:
Que “el Instituto Nacional de la Vivienda (…) (INAVI) incurrió en una ‘expropiación indirecta’ cuando por ‘vía de hecho’ despojó de su posesión, un terreno, propiedad de mi representado (…)” (Sic) que forma parte de mayor extensión, con una superficie de tres mil setecientos cincuenta metros cuadrados (3.750 m2) ubicado en la parroquia Sucre de la ciudad de Caracas, cuya propiedad se deriva de las copias certificadas del documento de fecha 27 de septiembre de 1963, inscrito ante la Oficina Subalterna del Primer Circuito de Registro del Municipio Libertador del Distrito Federal, anotado bajo el Nº 6, Tomo 16, Protocolo Primero y del documento aclarativo de linderos inscrito en la misma oficina de Registro bajo el Nº 27, Tomo 20, Protocolo Primero, en fecha 4 de marzo de 1964, que anexa marcado con las letras “C” y “D”, respectivamente.
Que los linderos del referido inmueble son los siguientes: Norte: Avenida Tercera frente a la Plaza Lisandro Alvarado; Sur: con terrenos de la Compañía Anónima Sucesión de Lugo González Guanche; Este: con la calle séptima y casas del Banco Obrero; y Oeste: con la Capilla Propatria.
Que su representado “se encontraba en el interior de la República, y hace doce (12) años, fue al terreno de su propiedad y encontró que en su terreno se encontraban unas edificaciones y dentro de ellas, unas personas que dicen ser arrendatarias del Instituto Nacional de la Vivienda, mediante contrato. (…).” (Sic).
Que “(…) ante tal desposesión sufrido por mi conferente, él personalmente y su anterior apoderada (…) realizaron diligencias ante el mencionado instituto, tendiente a buscar un arreglo (…)” (Sic).
Que “el artículo 548 del Código Civil Vigente, establece, mediante la acción reivindicatoria que el propietario podrá recuperar el inmueble de su propiedad, en manos de quien lo poseyera, por lo cual se cumple en el presente caso, que mi poderdante es el dueño y su posesión le fue arrebatada, requisitos para la procedencia de la acción reivindicatoria. El aludido artículo preceptúa que si el propietario no pudiere readquirir el inmueble que reivindica, podrá hacerse pagar el precio de dicho bien (…)” (Sic).
Que “(…) en este orden de idea, el precio del metro cuadrado se calcula (…) en veinte mil bolívares (Bs. 20.000,oo) que calculado con la extensión de terreno ya señalado, hacen un total de setenta y cinco millones de bolívares (Bs. 75.000.000,oo) (…)” (Sic).
Que según se evidencia de comunicación original de fecha 2 de marzo de 1994, dirigida al Presidente del Instituto Nacional de la Vivienda (INAVI), que anexa marcada con la letra “E”, su representado ya agotó la vía administrativa.
Que demandó al Instituto Nacional de la Vivienda (INAVI) “(…) para que convenga o (…) a ello sea condenado por este máximo Tribunal a entregar dicho inmueble, libre de personas y cosas, mediante la presente acción de reivindicación, en acción principal o de lo contrario, pague las cantidades de dinero que menciono a continuación, mediante la presente acción de cobro de bolívares intentada en forma subsidiaria, a saber: a) La cantidad de setenta y cinco millones de bolívares (Bs. 75.000.000,00) por concepto del valor del inmueble ya mencionado, en el mercado inmobiliario. b) Los intereses legales calculados al doce por ciento (12%) anual y los que se sigan venciendo hasta la cancelación del precio del inmueble. c) Las Costas procesales, de conformidad con el artículo 287 del Código de Procedimiento Civil (…)” (Sic).
- II -
DE LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA
Los apoderados judiciales del instituto demandado rechazaron y contradijeron la demanda esgrimiendo:
Que no es cierto que el ciudadano Antonio Martínez López sea propietario de la parcela de terreno indicada en el libelo.
Que el Instituto Nacional de la Vivienda (INAVI), cuando su denominación era Banco Obrero, adquirió de la firma J. Boccardo y Cía una mayor extensión de terrenos dentro de la que se encuentra el inmueble objeto de la demanda, según se deriva de documento protocolizado ante la Oficina Subalterna del Primer Circuito de Registro del Departamento Libertador del Distrito Federal, anotado bajo el Nº 127, folio 171, de fecha 31 de marzo de 1939, que anexa en copia simple marcado con la letra “B1”.
Que la firma J. Boccardo y Cía, adquirió parte de los aludidos terrenos a través de venta que le hiciera el ciudadano Damián Lugo, según se evidencia de documento registrado ante la Oficina de Registro del Distrito Federal en fecha 14 de mayo de 1894, anotado bajo el Nº 133, folio 244 vto., Protocolo Primero, Tomo 3, Segundo Trimestre y por venta que le hiciera el ciudadano Simón Lugo, en su carácter de apoderado de los integrantes de la Sucesión Lugo. Siendo que dichos herederos venden una parcela de mayor extensión que incluye el área de terreno objeto de la demanda, según se desprende de documento registrado ante la Oficina Subalterna de Registro del Primer Circuito del Distrito Federal, en fecha 5 de noviembre de 1904, anotado bajo el Nº 86, folio 133 vto. Tomo II, Protocolo Primero, que consignó en copia simple marcado con la letra “ B2”.
Que los precitados documentos demuestran la tradición de la propiedad del inmueble objeto de la demanda, desde el año 1894 hasta la fecha de interposición de ésta.
Que su mandante no incurrió en expropiación indirecta por vía de hecho en contra del ciudadano Antonio Martínez López, “(…) debido a que mal podía (…) despojar de la POSESIÓN al actor, si este mismo en su libelo de demanda, reconoce que se encontraba en el interior de la República y al regresar (…) luego de haber permanecido fuera de ella por un período de 12 años, encontró edificaciones en su terreno y personas que se identificaron como arrendatarias del INAVI (…)” (Sic).
Que es falso que su defendido haya privado al demandante del uso y goce del inmueble objeto de la demanda, en primer término, porque el INAVI es el propietario legítimo de dichos terrenos, de acuerdo a documento público registrado con anterioridad a la fecha de registro del documento aportado a los autos por Antonio Martínez López y en segundo lugar, porque no obstante lo indicado, éste ejerció la posesión pacífica e ininterrumpida con ánimo de dueño desde hace más de cincuenta años.
Que el actor jamás ha poseído el inmueble objeto de la demanda ni por sí ni por medio de persona alguna.
Que en cambio, su representado sí ha ejercido todos los atributos derivados de su cualidad de propietario, “(…) máxime cuando ha dispuesto de dichos terrenos, siendo el caso de que (…) celebró un contrato de comodato con el Servicio Social Internacional (Comisión Venezolana) (…)” (Sic), en fecha 19 de febrero de 1965, mediante documento autenticado ante la Notaría Pública Quinta de Caracas, anotado bajo el Nº 68, Tomo 23 de los libros de autenticaciones llevados por esa Notaría que anexa en copia simple marcado con la letra “D”.
Que dicho comodato obró sobre una parte de menor extensión de unos terrenos que pertenecen al INAVI según se desprende del documento protocolizado ante la Oficina Subalterna del Primer Circuito de Registro del Departamento Libertador del Distrito Federal, anotado bajo el Nº 127, folio 171, de fecha 31 de marzo de 1939, terrenos cuya propiedad reclama el actor.
Que su mandante no sólo es propietario sino poseedor legítimo de dichos terrenos con anterioridad a la fecha de los títulos que el actor invoca.
Que “(…) de acuerdo con lo afirmado en el Libelo de la demanda, el actor señala como linderos del terreno de su propiedad los siguientes: Norte: Avenida Tercera, frente a la Plaza Lisandro Alvarado; Sur: Con terrenos de
la compañía Anónima de la Sucesión de LUGO GONZALEZ GUANCHE; Este: Con la calle séptima y casas del Banco Obrero; y Oeste: Con la Capilla Propatria; Si tomamos en cuenta estos linderos a los efectos de determinar cuál sería la parcela de terreno supuestamente despojada, constataríamos que es totalmente falso que éstos sean los linderos de la parcela de terreno donde funciona el SERVICIO SOCIAL INTERNACIONAL tal y como lo menciona el actor, debido a que los linderos de dichos terrenos, los cuales se mencionan en los contratos de comodato que se acompañan al presente escrito, no se corresponden con los citados por el actor, por lo que claramente podemos constatar que no existe identidad entre los linderos de la parcela que el actor sostiene que le pertenece, y la ubicación de las edificaciones que el sostiene que funcionan en su terreno, tal y como lo narra en su libelo (…) (Sic).
Que “(…) de acuerdo a los linderos suministrados por el actor, la parcela de terreno objeto de la presente demanda, se identificaría con una parcela diferente, la cual el INAVI había dado en venta en fecha 9 de agosto de 1.945, al COMITE BOLIVARIANO DE DAMAS PARA LA PROTECCION DE LA MADRE Y DEL NIÑO DESVALIDO Y PARA LA REDENCION DE LA MUJER CAIDA, (…) según consta en documento protocolizado en la Oficina Subalterna de Registro del Departamento Libertador en fecha 13 de Febrero de 1.941, inserto bajo el No. 73, Folio 93 del Protocolo Primero, Tomo Septimo; es decir 18 años antes de que el actor supuestamente la adquiriera. Y cuyos linderos coinciden con los señalados por el actor en su escrito, tal y como consta de contrato de venta que acompañamos al presente escrito en copia simple (…)” (Sic), el cual anexa marcado con la letra “C”.
Que “(…) es falso que nuestro mandante haya incurrido a través de vías de hecho en una expropiación indirecta de los terrenos objeto de la presente demanda, porque de tomarse en cuenta los linderos suministrados por el actor, los mismos no pertenecían al INAVI para la fecha en que supuestamente el actor los adquiere; y si la parcela a que se refiere es donde funciona el SERVICIO SOCIAL INTERNACIONAL, aunque no coincidan los linderos, nuestro mandante como ya lo dijimos, no solo era propietario legítimo con título anterior al invocado en la presente demanda, sino que además está en posesión legítima de los terrenos por más de treinta años para la fecha en que el actor supuestamente adquirió (….)” (Sic).
Que “(…) negamos y rechazamos la afirmación del actor en su escrito en el sentido de que nuestro mandante ha debido seguir juicio expropiatorio en su contra por los terrenos objeto de la demanda, debido a que como lo dijimos anteriormente, los mismos le pertenecen legítimamente al INAVI, siendo el caso de que procede juicio expropiatorio cuando la administración pretende tomar en propiedad un bien que pertenece a un particular en virtud de una causa de utilidad pública o interés social, situación esta que no se presenta en este caso. En consecuencia, mal puede indemnizarce (…) a un particular que no es el propietario o ni siquiera poseedor de los terrenos que como ya dijimos pertenecen a nuestro mandante (…)” (Sic)
Que el INAVI en todo momento actuó apegado a la legalidad y al derecho que le otorga su cualidad de ser propietario legítimo de los terrenos que se pretende reivindicar y en consecuencia, no es cierto que su defendido adeude indemnización alguna al actor.
Con fundamento en lo expuesto solicita que se declare sin lugar la demanda y se condene en costas al accionante.
- III -
DE LAS PRUEBAS
La Sala observa que sólo la parte demandada promovió pruebas, que seguidamente pasa a analizar:
Los abogados Alí Domínguez Sánchez, Ana Irene Vidal Colorado y Alejandro Silva Febres, actuando como apoderados judiciales del demandado, invocaron a favor de su representado el mérito favorable que se desprende de los autos. Asimismo promovieron en copias certificadas las siguientes documentales:
1.- Documento protocolizado ante la Oficina de Registro del Distrito Federal en fecha 14 de mayo de 1894, anotado bajo el Nº 133, folio 244 vto, Protocolo Primero, Tomo 3, Segundo Trimestre, por medio del cual el ciudadano Damián Lugo dio en venta a J. Boccardo y Cía. el mencionado terreno, anexo marcado con la letra “B”.
2.- Documento protocolizado en la Oficina Subalterna de Registro del Primer Circuito del Distrito Federal, en fecha 5 de noviembre de 1904, anotado bajo el Nº 86, folio 133 vto. Tomo II, Protocolo Primero, donde consta la venta que le hiciera el ciudadano Simón Lugo en representación de la Sucesión Lugo a J. Boccardo y Cía., el cual anexan marcado con la letra “C”.
3.- Documento protocolizado ante la Oficina Subalterna del Primer Circuito de Registro del Departamento Libertador del Distrito Federal, anotado bajo el Nº 127, folio 171, de fecha 31 de marzo de 1939, por medio del cual J. Boccardo y Cía. dio en venta un lote de terreno al Banco Obrero posteriormente denominado INAVI, anexo marcado con la letra “A”.
4.- Documento protocolizado ante la Oficina Subalterna del Primer Circuito de Registro del Distrito Federal el 9 de agosto de 1945, bajo el Nº 94, Tomo 6, Protocolo Primero, mediante el cual el Banco Obrero posteriormente denominado INAVI dio en venta un lote de terreno al “Comité Bolivariano de Damas para la Protección de la Madre y del Niño Desvalido y para la redención de la mujer caída”, anexo marcado con la letra “E”.
5.- Documento protocolizado ante la Oficina Subalterna del Primer Circuito de Registro del Distrito Federal el 5 de noviembre de 1958, bajo el Nº 25, Tomo 1, Protocolo Tercero, por medio del cual Simón Lugo vendió a la firma comercial J. Boccardo y Cia. los derechos en la posesión de los lotes de terreno que ahí se indican, anexo marcado con la letra “F”.
6.- Documento autenticado en la Notaría Pública Quinta de Caracas, en fecha 19 de febrero de 1965, anotado bajo el Nº 68, Tomo 23 del libro de autenticaciones llevados por esa Notaría, mediante el cual el Banco Obrero, posteriormente denominado INAVI celebró sobre el inmueble un contrato de comodato con el Servicio Social Internacional (Comisión Venezolana), anexo marcado con la letra “D”.
- IV -
MOTIVACIÓN PARA DECIDIR
PUNTO PREVIO
Antes de entrar a conocer del fondo de la causa, corresponde a esta Sala decidir lo planteado por el apoderado actor cuando solicitó que este Tribunal se pronuncie acerca “(…) del alcance de los artículos 7 y 15 del Código de Procedimiento Civil pues su correcta aplicación produciría la verdadera igualdad procesal de las partes (…) se llega a la conclusión de que el organismo descentralizado (…) incurrió (…) no solamente en la Confesión Juris et de Jure, sino en la confesión ficta (…) esta Sala (…) deberá pronunciarse sobre la Confesión Alegada y ordenar la no apertura del lapso de evacuación de pruebas (…)” (Sic).
Al respecto debe aclararse en primer término, que cuando se solicita a esta Sala “que se pronuncie sobre el alcance de los artículos 7 y 15 del Código de Procedimiento Civil”, pareciera requerirse que se interprete las mencionadas normas, conforme al llamado recurso de interpretación, previsto en el ordinal 24 del artículo 42 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia aplicable ratione temporis, actualmente contemplado en el numeral 6 del artículo 266 de nuestra Carta Fundamental que establece dentro de las atribuciones a cargo de este Supremo Tribunal la de conocer de los recursos de interpretación sobre el contenido y alcance de los textos legales, disposición que se reitera en el numeral 52 del artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, recurso que será conocido por la Sala afín con la materia debatida, que en este caso sería la Sala de Casación Civil de este Alto Tribunal.
Sin embargo, entiende esta Sala, que dentro del contexto en que fue realizada la anterior solicitud (folios 109 y 110 del expediente) lo que el apoderado del demandante requiere es que se revise si con motivo del auto dictado por el Juzgado de Sustanciación en fecha 20 de junio de 1995 que ordenó notificar a las partes de la sentencia del 7 de junio de 1995 que declaró sin lugar las cuestiones previas, se vulneraron los artículos 7 y 15 del Código de Procedimiento Civil.
De las actas procesales se deriva que la articulación probatoria iniciada con motivo de la contradicción que hiciera el actor de las cuestiones previas opuestas, culminó el 22 de septiembre de 1994, iniciándose a partir del día de despacho siguiente (27 de septiembre de 1994 inclusive) el lapso de diez (10) días de despacho del que disponía el tribunal para decidir, conforme a lo previsto en el artículo 352 del Código de Procedimiento Civil.
Sin embargo, dicho lapso feneció sin que se produjera la respectiva decisión, y es en fecha 7 de junio de 1995 cuando mediante sentencia Nº 404 esta Sala declaró sin lugar las cuestiones previas.
Como puede observarse, el mencionado fallo fue dictado fuera del lapso debiendo por tanto notificarse a las partes de esa sentencia, a objeto de salvaguardar su derecho a la defensa.
En atención a lo expuesto, una vez que el expediente fue remitido nuevamente al Juzgado de Sustanciación, éste dictó el auto del 20 de junio de 1995 ordenando notificar de esa sentencia a las partes, conforme a lo previsto en el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil, indicando expresamente que la contestación tendría lugar dentro de los cinco (5) días siguientes a la última de las notificaciones, de acuerdo a lo establecido en el articulo 358 eiusdem.
Lo anterior se refuerza con lo dispuesto en los artículos 7 y 15 del Código de Procedimiento Civil, que rezan:
Artículo 7.- “Los actos procesales se realizarán en la forma prevista en este Código y en las leyes especiales. Cuando la ley no señale la forma para la realización de algún acto, serán admitidas todas aquellas que el Juez considere idóneas para lograr los fines del mismo.”
Artículo 15.- “Los Jueces garantizarán el derecho de defensa, y mantendrán a las partes en los derechos y facultades comunes a ellas, sin preferencia ni desigualdades y en los privativos de cada una, las mantendrán respectivamente, según lo acuerde la ley a la diversa condición que tengan en el juicio, sin que puedan permitir ni permitirse ellos extralimitaciones de ningún género.” (Resaltado de la Sala).
Conforme a los artículos transcritos, corresponde al Juez garantizar el derecho a la defensa de ambas partes y una de las formas es a través del cumplimiento estricto de los actos procesales tal y como están previstos en el citado Código y en las leyes.
Estima este Alto Tribunal que el auto del Juzgado de Sustanciación que ordenó notificar a las partes de la sentencia de esta Sala del 7 de junio de 1995, procuraba ponerlas en conocimiento de esa decisión a objeto de que realizaran la actuación procesal siguiente, que en este caso, era la contestación a la demanda. Nótese que conforme a lo previsto en el artículo 358 del Código de Procedimiento Civil, la contestación tendría lugar dentro del quinto (5º) día de despacho siguiente a la decisión de las cuestiones previas, pero en el caso de autos, por haber sido dictada la sentencia fuera del tiempo previsto para ello, el lapso para contestar se abriría una vez que las partes fuesen notificadas del fallo.
Con fundamento en las consideraciones que anteceden considera la Sala, que el auto de fecha 20 de junio de 1995 dictado por el Juzgado de Sustanciación garantizó el derecho a la defensa de las partes y que tal decisión, lejos de contrariar lo preceptuado en los artículos 7 y 15 del Código de Procedimiento Civil, hizo efectivo su contenido. Así se decide.
Adicionalmente argumentó el apoderado actor, que el instituto demandado quedó confeso al no haber contestado la demanda dentro del lapso fijado para ello, independientemente de que el instituto demandado gozare o no de los privilegios procesales del Fisco.
Al respecto, este Tribunal observa, que según las actas procesales, la parte actora se dio por notificada de la decisión el día 27 de junio de 1995 y que el 26 de julio de 1995 se notificó de la sentencia al instituto demandado. De manera que, conforme a los días de despacho del tribunal, el lapso de cinco (5) días para contestar la demanda culminaba el 8 de agosto de 1995, fecha en la que el demandado presentó su contestación (folios 83 y 85 al 91 del expediente). En consecuencia, constata la Sala que el accionado contestó la demanda dentro del lapso previsto para ello, no operando la confesión ficta alegada. Así se decide.
Por otra parte, esta Sala considera propicia la ocasión para precisar que para la fecha de interposición de la demanda, el INAVI conforme a lo previsto en su Decreto de creación, no gozaba de los privilegios procesales que la Ley acuerda a la República, y que como corolario de lo anterior podía quedar confeso si no comparecía dentro del lapso establecido en el Código de Procedimiento Civil a dar contestación a las demandas incoadas en su contra.
Sin embargo, la dinámica legislativa ha hecho que la situación de los institutos autónomos cambie y en concreto, a partir de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de la Administración Pública (publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.305, de fecha 17 de octubre de 2001), los institutos autónomos gozan de todos los privilegios y prerrogativas procesales y fiscales acordados a la República, resultando imposible que hoy en día queden confesos conforme a lo dispuesto en el artículo 97 eiusdem en concordancia con lo previsto en el artículo 66 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.
Finalmente, corresponde a esta Sala pronunciarse en relación a la solicitud del apoderado judicial del actor de fecha 23 de enero de 1996, quien pidió que las documentales promovidas por el demandado no fuesen valoradas. En concreto el mencionado apoderado indicó:
“(…) impugno el auto de admisión de las pruebas promovidas por la parte demandada, pues el mismo viola el artículo 362 del Código de Procedimiento Civil (…) el cómputo de la promoción de pruebas, según auto de fecha 6-9-95 (folio 173), terminó en fecha 19-10-95 y la parte en forma extemporánea (en fecha 24-10-95 promueve pruebas a favor del INAVI) de allí la ilegalidad de la admisión. De igual manera impugno los documentos de INAVI por ilegales e impertinentes (…)” (Sic) (Resaltado de la Sala) (folio 174 del expediente).
A este pedimento se opuso la apoderada judicial del ente demandado en fecha 7 de febrero de 1996, al señalar:
“(…) acompañé con el escrito de contestación a la demanda (…) copias simples de los documentos que demuestran suficientemente la tradición legal de la propiedad del inmueble objeto de la presente demanda, las cuales no fueron impugnadas por el adversario. Solicito que de acuerdo con lo establecido en el artículo 429 del Código de procedimiento Civil las mismas se tengan como fidedignas y sean apreciadas conforme a derecho por este Juzgado. Igualmente, solicito que de acuerdo con el artículo 435 del mismo Código, este Juzgado proceda a la apreciación de los instrumentos públicos que fueron promovidos en fecha 24 de octubre de 1995, ya que por su carácter los mismos pueden ser promovidos hasta los últimos informes. Por las razones antes expuestas solicito a este Juzgado que las pruebas (…) sean sustanciadas (…) y apreciadas en todo su valor probatorio en la definitiva (…)” (Sic).
Para resolver el asunto planteado, esta Sala observa que junto con su contestación a la demanda, el instituto demandado consignó copias simples de los siguientes instrumentos:
· Documento protocolizado ante la Oficina de Registro del Distrito Federal en fecha 14 de mayo de 1894, anotado bajo el Nº 133, folio 244, Protocolo Primero, Tomo 3, Segundo Trimestre.
· Documento protocolizado ante la Oficina Subalterna del Primer Circuito de Registro del Departamento Libertador del Distrito Federal, anotado bajo el Nº 127, folio 171, de fecha 31 de marzo de 1939.
· Documento protocolizado ante la Oficina Subalterna del Primer Circuito de Registro del Departamento Libertador del Distrito Federal, el 9 de agosto de 1945, bajo el Nº 94, Tomo 6, Protocolo Primero.
· Documento autenticado ante la Notaría Pública Quinta de Caracas, en fecha 19 de febrero de 1965, anotado bajo el Nº 68, Tomo 23 de los libros de autenticaciones llevados por esa Notaría.
Asimismo la Sala constata que posteriormente, en fecha 25 de octubre de 1995, la parte demandada promovió copias certificadas de todos esos documentos públicos, pruebas que fueron admitidas por el Juzgado de Sustanciación el 1º de noviembre de 1995 (folio 171 del expediente).
Igualmente se observa, que el 6 de diciembre de 1995, el referido Juzgado realizó -a solicitud del actor- el cómputo de los días de despacho transcurridos durante el lapso de promoción de pruebas, y señaló:
“(…) certifica: que del lapso de promoción de pruebas han transcurrido quince (15) días de despacho correspondientes al 9 y 10 de agosto; 19, 20, 26, 27 y 28 de septiembre; 3, 4,5,10,11,17,18 y 19 de octubre de mil novecientos noventa y cinco.” (Resaltado de la Sala).
Del auto transcrito se deriva que efectivamente para la fecha en que el demandado promovió pruebas, dicho lapso había fenecido; sin embargo, de las actas procesales se desprende que las referidas pruebas son en su totalidad documentos públicos, para cuya consignación en autos el artículo 435 del Código de Procedimiento Civil prevé lo siguiente:
Artículo 435.- “Los instrumentos públicos que no sea obligatorio presentar con la demanda, ya por no estar fundada en ellos la misma, ya por la excepción que hace el artículo 434, podrán producirse en todo tiempo, hasta los últimos informes.” (Resaltado de la Sala)
De la norma transcrita se colige, que los instrumentos públicos pueden ser consignados por las partes hasta los últimos informes, es decir, hasta la última instancia.
Así lo indicó esta Sala en decisión Nº 0023, de fecha 27 de enero de 2004, caso:Cartuchos Deportivos Arauca, C.A. vs. Banco Industrial de Venezuela, C.A. oportunidad en la que señaló:
“(…) La regla general para aquellos casos en que una parte pretende hacer valer un documento en juicio, consiste en que el momento de promoción y evacuación de los mismos debe ser coetáneo; sin embargo, el Código de Procedimiento Civil, consagra supuestos excepcionales a dicho principio.
Así, por ejemplo, los artículos 434 y 435 del mencionado cuerpo normativo, permiten diferir la consignación de aquellos instrumentos que sean fundamentales privados o públicos para la fase de evacuación de pruebas, o cuando se trate de documentos que sin ser fundamentales son públicos y por tanto, pueden ser traídos “...hasta los últimos informes...(…)” (Resaltado de la Sala).
En el mismo sentido, la Sala ha establecido recientemente:
“(…) se observa del cómputo practicado por el Juzgado de Sustanciación (…)- que efectivamente, el lapso de evacuación de pruebas en el presente juicio feneció el 6 de marzo de 2003, precluyendo en esa misma fecha la oportunidad para que las partes promovieran pruebas (…) razón por la cual, en principio, conforme a lo expuesto por el referido Juzgado en el auto apelado, el aludido escrito de fecha 18 de marzo de 2003, fue presentado extemporáneamente.
No obstante lo anterior, el representante judicial de la parte apelante alegó que las pruebas promovidas con el mencionado escrito se refieren a instrumentos públicos “que gozan del privilegio previsto en el artículo 435 del Código de Procedimiento Civil”, esto es, que pueden producirse en cualquier momento hasta los últimos informes.
Por regla general, el documento que quiera hacerse valer en juicio, debe producirse en el mismo momento de su promoción o en el lapso de evacuación de pruebas; sin embargo, se reitera que el Código de Procedimiento Civil consagra un supuesto excepcional a dicho principio, contenido en el artículo 435, que permite diferir la consignación de instrumentos públicos fundamentales “hasta los últimos informes”.
En efecto, la norma establece: (…)
De lo anterior se observa que, ciertamente como lo afirma el apelante, dichos instrumentos podrán producirse hasta la oportunidad indicada, e incluso en segunda instancia si hubiere apelación, en razón de la fuerza probatoria que éstos tienen por su autenticidad y certeza de contenido.
En el presente caso, se observa que mediante escrito presentado (…) la parte apelante consignó en copia certificada “dos (2) actas de asambleas (…) debidamente registradas ante la Oficina de Registro (…) Las referidas actas de asambleas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1357 del Código Civil, son instrumentos públicos, (…)
Dichos documentos, al haber sido producidos en copia certificada, hacen fe pública a tenor de lo indicado en el artículo 1384 eiusdem; en consecuencia, estima la Sala que se subsumen en el supuesto de excepción previsto en el artículo 435 del Código de Procedimiento Civil, aplicable supletoriamente por remisión del primer aparte del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en tal virtud, se admiten cuanto ha lugar en derecho, salvo su apreciación en la sentencia definitiva y se revoca el auto dictado por el Juzgado de Sustanciación en fecha 13 de mayo de 2003, que declaró inadmisible por extemporáneo el escrito de promoción de pruebas presentado por los apoderados judiciales de la parte demandada en fecha 18 de marzo de 2003. Así se declara. (…)” (Resaltado de la Sala) (Sentencia de esta Sala Nº 1771, de fecha 12 de julio de 2006. Caso: Sural, C.A. vs. Almacenadora Caracas, C.A.).
Ahora bien, constatado como ha sido que los documentos producidos por el accionado son copias certificadas de documentos registrados y autenticados, los cuales a tenor de lo dispuesto en el artículo 1.357 del Código Civil son documentos públicos, y aplicando el criterio parcialmente transcrito al caso de autos, esta Sala estima que los documentos consignados por el instituto demandado, que cursan del folio 115 al 169 del expediente -aun cuando fueron producidos fuera del lapso de promoción de pruebas- por ser instrumentos públicos, deben ser apreciados con fundamento en lo previsto en el artículo 435 del Código de Procedimiento Civil, aplicable supletoriamente por remisión del primer aparte del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, por cuanto fueron consignados antes de los informes. Así se decide.
Corresponde ahora a esta Sala analizar el fondo del asunto debatido, el cual se contrae a decidir sobre la demanda de reivindicación interpuesta, figura que está prevista en el artículo 548 del Código Civil en los siguientes términos:
“Artículo 548.- El propietario de una cosa tiene el derecho de reivindicarla de cualquier poseedor o detentador, salvo las excepciones establecidas por las leyes. (...)”.
Respecto a la acción reivindicatoria esta Sala ha señalado:
“(…) Partiendo del contenido del precepto transcrito, dicha acción se ha definido como aquella que puede ejercer el propietario que no posee contra el poseedor que no puede alegar un título jurídico como fundamento de su posesión, y su finalidad no es otra que recuperar la posesión sobre la cosa de la que el actor se vio despojado y obtener la declaratoria del derecho de propiedad discutido por el poseedor ilegítimo. De modo que corresponde al actor la carga de probar su derecho de propiedad así como la posesión por parte del demandado sobre el bien inmueble objeto de su pretensión; faltando lo primero el demandante sucumbirá en el juicio aun cuando el accionado no demuestre su derecho sobre la cosa. Asimismo, debe resaltarse que si la adquisición del inmueble es derivada, el interesado deberá exhibir el título por el cual adquirió dicho bien y justificar, igualmente, el derecho del transfirente, dado el principio conforme al cual nadie puede transferir más derechos de los que realmente tiene.
La procedencia de la acción vendrá determinada, entonces, por la comprobación de las circunstancias siguientes:
a. El derecho de propiedad o dominio del actor (reivindicante).
b. El hecho de encontrarse el demandado en posesión de la cosa que pretende reivindicarse.
c. Que se trate de una cosa singular reivindicable.
d. Que exista una identidad entre el bien cuyo dominio se pretende y el que detenta el demandado (…).”(Resaltado de la Sala) (Sentencia de esta Sala Nº 01558, de fecha 20 de junio de 2006).
En el caso de autos, el actor adujo que fue despojado mediante “vía de hecho” y “expropiación indirecta” de la posesión que mantenía sobre un terreno cuya propiedad reclama, con una superficie de TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA METROS CUADRADOS (3.750 m2), ubicado en la Parroquia Sucre de la ciudad de Caracas, cuyos linderos y demás determinaciones se encuentran establecidos en las copias certificadas del documento de fecha 27 de septiembre de 1963, inscrito ante la Oficina Subalterna del Primer Circuito de Registro del Municipio Libertador del Distrito Federal, anotado bajo el Nº 6, Tomo 16, Protocolo Primero y del documento aclarativo de linderos inscrito en la misma Oficina de Registro bajo el Nº 27, Tomo 20, Protocolo Primero, en fecha 4 de marzo de 1964, que anexó marcado con las letras “C” y “D”, respectivamente.
Por su parte el instituto demandado indicó, que el referido inmueble le pertenece y en apoyo de sus pretensiones consignó junto con su contestación documento protocolizado ante la Oficina de Registro del Distrito Federal en fecha 14 de mayo de 1894, anotado bajo el Nº 133, folio 244, Protocolo Primero, Tomo 3, Segundo Trimestre. Consignando el 25 de octubre de 1995, copia certificada del mencionado documento público.
En este sentido se observa, que para la procedencia de esta pretensión reivindicatoria deben concurrir los siguientes requisitos:
a. El derecho de propiedad o dominio del actor (reivindicante).
b. El hecho de encontrarse el demandado en posesión de la cosa que pretende reivindicarse.
c. Que se trate de una cosa singular reivindicable.
d. Que exista una identidad entre el bien cuyo dominio se pretende y el que detenta el demandado.
Atendiendo a las condiciones indicadas, la acción reivindicatoria corresponde exclusivamente al propietario contra el poseedor; por tal razón recae sobre el propietario la carga de probar su derecho de propiedad, demostrando que la cosa a reivindicar es idéntica a la poseída por el demandado.
En cuanto a este requisito, observa este Alto Tribunal que el actor consignó junto con su libelo copia certificada del documento registrado ante la Oficina del Primer Circuito de Registro del Municipio Libertador del Distrito Federal, anotado bajo el Nº 6, Tomo 16, Protocolo Primero el 27 de septiembre de 1963, siendo corregidos los linderos del referido inmueble mediante documento aclarativo anotado en la misma oficina de registro bajo el Nº 27, Tomo 20, Protocolo Primero, el día 4 de marzo de 1964. (Folios 8 al 16 del expediente).
Según esos instrumentos, el demandante es propietario de un terreno ubicado en la Parroquia Sucre de la ciudad de Caracas, en la zona denominada Propatria, cuyos linderos son los siguientes: Norte Avenida Tercera frente a la Plaza Lisandro Alvarado; Sur: con terrenos de la compañía anónima “Sucesión Lugo González Guánchez”; Este: Con la Capilla de Propatria; Oeste: Con la calle séptima y casas del Banco Obrero, demarcada en el plano que se encuentra agregado al cuaderno de comprobantes de esa oficina de registro, instrumento que es apreciado como documento público de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1.357 y 1.359 del Código Civil.
Por su parte, los apoderados judiciales de INAVI indicaron que su mandante (antes denominado Banco Obrero) adquirió una mayor extensión de terrenos dentro de los cuales se ubica el inmueble objeto de la demanda, y en apoyo de su defensa consignaron copia certificada del documento protocolizado ante la Oficina Subalterna del Primer Circuito de Registro del Departamento Libertador del Distrito Federal, anotado bajo el Nº 127, folio 171, de fecha 31 de marzo de 1939, mediante el cual J. Boccardo y Cía. dio en venta al Banco Obrero, un inmueble cuyos linderos son los siguientes: “(…) Norte o Noroeste: terrenos pertenecientes a la Cárcel Modelo y Cuartel de Infantería en construcción, camino real de Fipe, por medio, y terrenos que son o fueron de la sucesión de Santiago Vargas, Sur y Oeste: terrenos que me he reservado y la fila; y Este: terrenos que me he reservado y la quebrada de la Aguada(…)” (Sic), documento que cursa del folio 115 al 151 del expediente, el cual se aprecia como instrumento público de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1.357 y 1.359 del Código Civil.
De lo expuesto se colige que ambas partes se atribuyen la propiedad de los terrenos objeto de esta demanda, sin embargo, de los elementos aportados por ellas que reposan en autos, aprecia la Sala que los linderos señalados en el documento de propiedad del actor no coinciden con los indicados en el instrumento consignado por el demandado, lo cual impide que esta Sala pueda determinar si los documentos de propiedad aportados por el actor y el demandado se refieren al mismo terreno o si uno está comprendido dentro del otro.
Considera la Sala que siendo el asunto debatido una acción reivindicatoria, es fundamental el requisito de identidad que necesariamente debe existir entre el inmueble cuya reivindicación se pretende y el inmueble que se señala como ocupado por el demandado, o por otras personas a nombre del demandado.
En casos como el de autos, corresponde al actor no sólo la carga de probar su derecho de propiedad, sino la identidad mencionada y la posesión por parte del demandado del inmueble objeto de su pretensión, elementos que permitirían al juzgador establecer tanto la correspondencia entre el bien a reivindicar y el poseído por el demandado, como la cualidad de ambas partes dentro del juicio.
En el caso que se examina, constata la Sala, que el actor consignó copias certificadas de los documentos protocolizados en los que fundamenta su derecho de propiedad; y que el instituto demandado también consignó copias certificadas de documentos protocolizados según los cuales éste sería el propietario de un terreno de mayor extensión dentro del que supuestamente están contenidos los terrenos del actor. Frente a esta situación, a juicio de la Sala, el actor debió proporcionarle los medios para establecer la identidad entre el bien que reclama y el supuestamente poseído por el INAVI o por otras personas a nombre de ese instituto.
Advierte este Máximo Tribunal que en estos casos, para demostrar las circunstancias relativas a la identidad de un inmueble se requiere de una prueba de experticia, con el objeto de establecer con certeza, que el bien supuestamente ocupado por el demandado es el mismo que se pretende reivindicar, en función de su extensión, ubicación y linderos.
De los autos se deriva que la parte actora no realizó eficazmente la actividad probatoria destinada a demostrar la identidad del bien inmueble que pretende reivindicar, con el que supuestamente posee elInstituto Nacional de la Vivienda (INAVI), limitándose a consignar como fundamento de su demanda los documentos públicos mediante los cuales adquirió dicho inmueble, lo cual en criterio de esta Sala no resulta suficiente para establecer con certeza que los terrenos que el actor reclama sean los mismos o estén comprendidos dentro del inmueble que el INAVI adquirió mediante documento protocolizado ante la Oficina Subalterna del Primer Circuito de Registro del Departamento Libertador del Distrito Federal, anotado bajo el Nº 127, folio 171, de fecha 31 de marzo de 1939.
De manera que, al no haber aportado la parte actora elementos fundamentales para demostrar la relación de identidad entre el inmueble pretendido en reivindicación y el señalado bajo posesión del demandado, se estima que el demandante no dio cumplimiento a los requisitos necesarios para la procedencia de la demanda; en consecuencia, esta Sala debe declarar sin lugar la demanda de reivindicación. Así se decide.
Por otra parte, en relación a la acción por cobro de bolívares intentada en forma subsidiaria por el demandante en la que pide que se condene al INAVI a pagar: “(…) a) La cantidad de setenta y cinco millones de bolívares (Bs. 75.000.000,00) por concepto del valor del inmueble ya mencionado, en el mercado inmobiliario. b) Los intereses legales calculados al doce por ciento (12%) anual y los que se sigan venciendo hasta la cancelación del precio del inmueble. c) Las Costas procesales, de conformidad con el artículo 287 del Código de Procedimiento Civil (…)” (Sic), esta Sala ratifica con fundamento en las mismas consideraciones esbozadas anteriormente, que la mencionada acción subsidiaria debe ser declarada sin lugar, por cuanto el actor no demostró la relación de identidad entre el inmueble cuya propiedad reclama y el señalado bajo posesión del demandado. Así se decide.
Por último, debe señalarse que en los procesos en los cuales la demandada sea la República, si la parte actora resultare totalmente vencida en el juicio, procede de conformidad con lo previsto en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil la condenatoria en costas del actor.
Sin embargo, en casos similares al que se examina, esta Sala ha decidido abstenerse de imponer el pago de costas a la parte perdidosa con fundamento en el criterio establecido por la Sala Constitucional de este Supremo Tribunal en materia de costas. Al respecto, esta Sala Político-Administrativa ha concluido:
“(…) visto que el presente caso se trata de una demanda contra (…) un instituto autónomo, (…) ente que goza del citado privilegio según lo señalado en el (…) artículo 97 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, (…); y en atención al criterio de la Sala Constitucional establecido en la sentencia N° 172 de fecha 26 de abril de 2004, antes señalada, la Sala se abstiene de imponer el pago de costas a la parte perdidosa en este juicio. Así se declara. (…)” (Sentencia Nº 01277 de fecha 18 de mayo de 2006. Caso: Régulo Valecillos Rojas vs. Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria (FOGADE). (Resaltado de esta Sala).
En el caso de autos, constata este Máximo Tribunal que el demandado es el Instituto Nacional de la Vivienda (INAVI), instituto autónomo creado por Decreto Ejecutivo Nº 908 de fecha 13 de mayo de 1975, publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 1.746 Extraordinario de fecha 23 del mismo mes y año, ente que de conformidad con lo preceptuado en el artículo 97 de la Ley Orgánica de la Administración Pública disfruta de todos los privilegios y prerrogativas que la ley nacional acuerda a la República, por lo que en aplicación del criterio transcrito esta Sala se abstiene de imponer al actor el pago de las costas. Así se declara.
- V -
DECISIÓN
En virtud de los razonamientos antes expuestos, esta Sala Político- Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:
1.- SIN LUGAR la demanda por reivindicación incoada por el ciudadano ANTONIO MARTÍNEZ LÓPEZ contra elINSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INAVI).
2.- SIN LUGAR la acción por cobro de bolívares intentada en forma subsidiaria por el ciudadano ANTONIO MARTÍNEZ LÓPEZ contra el INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INAVI).
Publíquese, regístrese y comuníquese. Archívese el expediente.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los diez (10) días del mes de octubre del año dos mil seis (2006). Años 196º de la Independencia y 147º de la Federación.
La Presidenta
EVELYN MARRERO ORTÍZ
La Vicepresidenta
YOLANDA JAIMES GUERRERO
Los Magistrados,
LEVIS IGNACIO ZERPA
HADEL MOSTAFÁ PAOLINI
EMIRO GARCÍA ROSAS
Ponente
La Secretaria,
SOFÍA YAMILE GUZMÁN
En once (11) de octubre del año dos mil seis, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 02238.
La Secretaria,
SOFÍA YAMILE GUZMÁN
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