Venley

Sentencia N.º 02263

Sentencia
N.º 02263
Fecha
18/10/2006
Sala
Político Administrativa
Expediente
2006-0581
Ponente
Levis Ignacio Zerpa
Procedimiento
Recurso de Nulidad

MAGISTRADO PONENTE: LEVIS IGNACIO ZERPA

Exp. N° 2006-0581

 

            En fecha 28 de junio de 2006, compareció la abogada VILMA PANTOJA DE NEGRÍN, inscrita en el INPREABOGADO bajo el Nº 7.517, actuando en su propio nombre y mediante escrito solicitó una aclaratoria de la sentencia dictada por esta Sala, publicada en fecha 21 de junio de 2006, bajo el N° 1.606, en virtud de la cual se declaró sin lugar el recurso de apelación ejercido por la referida abogada contra el auto dictado por el Juzgado de Sustanciación en fecha 09 de mayo de 2006 que declaró inadmisible, por haber operado la caducidad, el recurso contencioso administrativo de nulidad ejercido contra el acto administrativo de fecha 06 de agosto de 1991, emanado del extinto CONSEJO DE LA JUDICATURA.

Dicha solicitud fue ratificada mediante escritos presentados por la parte accionante en fechas 04 y 20 de julio, 03 de agosto y 26 de septiembre de 2006.

I

DE LA SOLICITUD DE ACLARATORIA

            Por escrito presentado el 28 de junio de 2006, la abogada VILMA PANTOJA DE NEGRÍN, previamente identificada, actuando en su propio nombre, solicitó la aclaratoria del fallo, en los siguientes términos:

“Solicito una aclaratoria para saber el por qué mis alegatos sobre los vicios señalados como motivos suficientes para anular el acto administrativo por medio del cual se me destituyó de mi causa, no son motivos suficientes (…)”.

 

II

ANTECEDENTES

            La Sala, por decisión N° 1.606 publicada el 21 de junio de 2006, estableció:

“Tal como se refirió anteriormente, en el presente caso se ejerció recurso de reconsideración en fecha 06 de agosto de 1991 contra el acto impugnado.

Por tanto, debe atenderse a lo dispuesto en el artículo 93 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, el cual prevé que la vía contencioso administrativa queda abierta cuando interpuestos los recursos que ponen fin a la vía administrativa, éstos hayan sido decididos en sentido contrario a lo solicitado o no se haya producido decisión en el lapso previsto.

Ahora bien, dado que en el caso de autos el recurso de reconsideración interpuesto no fue decidido por el Consejo de la Judicatura y visto también que, según lo previsto en el artículo 91 de la de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, el funcionario correspondiente tenía noventa (90) días hábiles siguientes para responder el mismo, venciendo dicho lapso, en el presente caso, el 10 de diciembre de 1991,  es a partir del día siguiente a esa fecha, es decir, el 11 de diciembre de 1991 que se produjo el silencio administrativo denegatorio, quedando abierta para la recurrente la vía contenciosa.

En consecuencia, concluye esta Sala que la parte actora tenía hasta el 11 de junio de 1992, oportunidad para presentar el  recurso de nulidad.

Así, como quiera que la presente acción fue ejercida ante la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo el 25 de marzo de 2003, siendo luego la causa remitida a esta Sala por declinatoria de competencia, resulta forzoso declarar de conformidad con lo preceptuado en el artículo 124, ordinal 4º, de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, en concordancia con el artículo 84, ordinal 3º eiusdem, vigentes para el momento del ejercicio de la acción, que el recurso fue interpuesto fuera del lapso legalmente previsto; por lo que comparte esta Sala lo expuesto por el Juzgado de Sustanciación, en auto de fecha 09 de mayo de 2006, respecto a que en el presente caso operó la caducidad, debiendo declararse sin lugar el recurso de apelación ejercido. Así se decide.”

III

MOTIVACIONES PARA DECIDIR

Corresponde a esta Sala pronunciarse acerca de la solicitud de aclaratoria efectuada por la parte accionante, para lo cual debe previamente verificarse la tempestividad de dicha petición. En tal sentido dispone el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, lo siguiente:

“Artículo 252: Después de pronunciada la sentencia definitiva o la interlocutoria sujeta a apelación, no podrá revocarla ni reformarla el Tribunal que la haya pronunciado.

Sin embargo, el Tribunal podrá, a solicitud de parte, aclarar los puntos dudosos, salvar las omisiones y rectificar los errores de copia, de referencias o de cálculos numéricos, que aparecieren de manifiesto en la misma sentencia, o dictar ampliaciones, dentro de tres días, después de dictada la sentencia, con tal de que dichas aclaraciones y ampliaciones las solicite alguna de las partes el día de la publicación o en el siguiente.” (Resaltado de la Sala).

Con fundamento en la norma supra transcrita, la solicitud de ampliación y aclaratoria requiere por parte del juzgador un análisis respecto de la oportunidad en la cual alguna de las partes la requirió, debiendo entenderse por dicha oportunidad “el día de la publicación o el día siguiente”; sin embargo, esta Sala del Alto Tribunal, en relación al lapso procesal del cual disponen las partes para solicitar las aclaratorias y ampliaciones del fallo, ha establecido que el mismo debe preservar el derecho al debido proceso y a una justicia transparente, consagrados en la vigente Constitución, y no constituir por su extrema brevedad, un menoscabo al ejercicio de dichos derechos. Así, se dispuso en cuanto al lapso en referencia lo siguiente:

“(...) Examinada la norma bajo análisis se observa que en un sistema fundamentalmente escrito como el nuestro, y limitadas las presentes consideraciones a los procesos seguidos ante esta Sala, y a los supuestos contenidos en la norma considerada, la misma carece de racionalidad en virtud de que no encontramos elemento de tal naturaleza que justificando la extrema brevedad del lapso, no implique un menoscabo del contenido esencial a solicitar el derecho a una justicia transparente, en comparación con supuestos de gravedad similares como es el caso de la apelación y, siendo así esta Sala, en el presente caso, considera necesario aplicar con preferencia la vigencia de las normas constitucionales sobre el debido proceso relativas a la razonabilidad de los lapsos con relación a la norma del artículo 252 del Código de Procedimiento Civil y, en ejecución de lo dispuesto en el artículo 334 de la Constitución, dispone en forma conducente, con efectos ex nunc, que el lapso para oír la solicitud de aclaratoria formulada es igual al lapso de apelación del artículo 298 del Código de Procedimiento Civil, salvo que la ley establezca un lapso especial para la misma en los supuestos de los actos a que se refiere el artículo 252 eiusdem” (Negrillas de la Sala). (Vid. sentencia Nº 00124 del 13 de febrero de 2001, caso: Olimpia Tours and Travel C.A.).

  Aplicando el anterior criterio al caso de autos, se observa que la sentencia fue publicada por esta Sala el día 21 de junio de 2006, en tanto que la solicitud de aclaratoria que nos ocupa fue consignada el día 28 de junio de 2006, esto es, al tercer (3) día de despacho siguiente a la publicación del fallo. No obstante, dado que en el expediente no se aprecia que se haya notificado a las partes de la referida sentencia, de autos sí se observa que en la primera oportunidad en que se presentó al proceso la parte actora solicitó la aludida aclaratoria, en cuya virtud debe entenderse que fue tempestivamente interpuesta, en razón de lo cual esta Sala entra a conocer en torno a lo solicitado.

          Resulta oportuno destacar que las figuras de la aclaratoria, salvatura, ampliación y rectificación de las sentencias se encuentran contempladas en el supra transcrito artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, cuyo alcance alude a la posibilidad jurídica de hacer correcciones a las sentencias, por medios específicos, siendo tales medios de corrección los siguientes: las aclaratorias, las salvaturas, las rectificaciones y las ampliaciones; teniendo cada uno de ellos finalidades distintas conforme a las deficiencias que presenten las sentencias (ver sentencia N° 186, de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 17 de febrero de 2000).

          Así, cada uno de los medios de corrección de la sentencia, presenta su propia especificidad procesal, a pesar de que con frecuencia se les trate uniformemente, creándose así confusiones que pueden impedir el cabal conocimiento y decisión de la solicitud.

            En el presente caso, se trata de una solicitud de “aclaratoria”, dicha figura está dirigida a dilucidar algún concepto ambiguo o poco claro que se haya deslizado en el texto de la sentencia y pueda prestarse a confusión, es decir, es necesario para su procedencia que algún término de la sentencia sea dudoso, ambiguo o impreciso.

            De la revisión efectuada a los términos en que fue planteada la solicitud, se advierte que la petición de la abogada Vilma Pantoja de Negrín, no se refiere a una “aclaratoria” por cuanto en tal supuesto la petición estaría dirigida a precisar algún concepto ambiguo, oscuro, vago o poco claro que se haya deslizado en el fallo y pueda prestarse a confusión; sino que en criterio de la Sala, los planteamientos de la solicitante se centran en su desacuerdo con el dispositivo del fallo; en concreto, con la declaratoria sin lugar del recurso de apelación ejercido, lo cual no constituye, en modo alguno, una “aclaratoria” de la sentencia publicada por esta Sala en fecha 21 de junio de 2006; además de ser contraria dicha solicitud al principio de la cosa juzgada, el cual impide remover en juicio lo que ha sido ya decidido de manera irrevocable por el órgano jurisdiccional, razón por la cual debe declararse improcedente la solicitud de aclaratoria. Así se decide.

 

IV

DECISIÓN

En virtud de los razonamientos precedentemente expuestos, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara IMPROCEDENTE la solicitud de aclaratoria, efectuada por la abogada VILMA PANTOJA DE NEGRÍN, respecto al fallo publicado por esta Sala en fecha 21 de junio de 2006, bajo el N° 1.606.

Publíquese, regístrese y comuníquese. Cúmplase lo ordenado. Archívese el expediente.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los diecisiete (17) días del mes de octubre del año dos mil seis (2006). Años 196º de la Independencia y 147º de la Federación.

La Presidenta

EVELYN MARRERO ORTÍZ

        La Vicepresidenta,

YOLANDA JAIMES GUERRERO

 

Los Magistrados,

LEVIS IGNACIO ZERPA                                             

Ponente

HADEL MOSTAFÁ PAOLINI

 

EMIRO GARCÍA ROSAS

 

La Secretaria,

SOFÍA YAMILE GUZMÁN

En dieciocho (18) de octubre del año dos mil seis, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 02263.

La Secretaria,

                                                                             SOFÍA YAMILE GUZMÁN

Busca más sentencias en Venley

Búsqueda avanzada, colecciones personalizadas y consultas a Kelsen.

Buscar sentencias