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EXP. Nº 2004-0033
Mediante escrito presentado en fecha 13 de enero de 2004, los abogados LUIS ESTEBAN PALACIOS W., JOSÉ MANUEL ORTEGA P., ARTURO H. BANEGAS MASIÁ, GILBERTO JORGE R. y ADOLFO LEDO NASS, inscritos en el INPREABOGADO bajo los Nos. 1.317, 7.292, 54.058, 79.081 y 79.803, respectivamente, actuando en nombre propio, interpusieron de conformidad con lo dispuesto en el numeral 24 del artículo 42 de la entonces vigente Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, recurso de interpretación del artículo 8 de la Ley del Ejercicio de la Profesión de Licenciados en Relaciones Industriales y Recursos Humanos, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.593 de fecha 17 de diciembre de 2002.
El 20 de enero de 2004 se dio cuenta en Sala y, por auto de esa misma fecha, se designó ponente al Magistrado Hadel Mostafá Paolini, a los fines de decidir el recurso de interpretación.
Mediante sentencia N° 584 del 2 de junio de 2004, esta Sala Político-Administrativa se declaró competente para decidir el recurso interpuesto, admitió la solicitud cuanto ha lugar en derecho, ordenó la publicación del cartel de emplazamiento así como la notificación de la Procuraduría General de la República, la Fiscalía General de la República la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República, la Federación Venezolana de Colegios de Licenciados en Relaciones Industriales y Recursos Humanos, así como de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela. Asimismo, ordenó que una vez notificadas las partes y vencido el lapso de treinta (30) días continuos posteriores a la publicación del mencionado cartel, se fijaría un acto de informe oral.
En fecha 23 de junio de 2004, el Alguacil de esta Sala consignó los recibos de notificaciones recibidos en la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República. Asimismo, los días 29 de junio, 6 y 7 de julio del mismo año, consignó los recibos correspondientes a la Fiscalía General de la República, la Procuraduría General de la República y al abogado Arturo Banegas Masiá como parte solicitante, respectivamente.
El 7 de julio de 2004, el prenombrado abogado retiró el cartel de emplazamiento a las partes interesadas, cuya publicación en prensa fue consignada el día 8 del mismo mes y año.
Los días 15 y 20 de julio de 2004, el Alguacil de esta Sala consignó los recibos de notificaciones recibidas por la Federación del Colegio de Abogados de Venezuela y la Federación Venezolana de Colegios de Licenciados en Relaciones Industriales y Recursos Humanos, respectivamente.
El 20 de julio de 2004, la abogada Luisa Barbella de Osorio, inscrita en el INPREABOGADO bajo el N° 48.312, en sustitución de la Procuradora General de la República solicitó la notificación de la Asamblea Nacional por haber emanado de dicho ente el acto cuya interpretación fue solicitada.
En fecha 5 de agosto de 2004, el abogado Juan Carlos Varela, inscrito en el INPREABOGADO bajo el N° 48.405, actuando como apoderado judicial de la asociación civil Colegio de Licenciados de Relaciones Industriales y Recursos Humanos del Distrito Capital y Estado Miranda, inscrita ante la Oficina Subalterna Segunda de Registro Público del Municipio Baruta, el 5 de de junio de 2003, bajo el N° 47, Tomo 07, Protocolo Primero, presentó ante esta Sala escrito mediante el cual solicitó “la adhesión de mi representada al Recurso de Interpretación (…) a los fines de poder defender los derechos de nuestros afiliados y así poder coadyuvar en la mejor interpretación de la Ley que regula su profesión”.
Mediante auto del 10 de agosto de 2004, se fijó para el día 30 de septiembre del mismo año la celebración de la audiencia oral, la cual fue diferida hasta que constara en autos la notificación de la Asamblea Nacional.
El 30 de septiembre de 2004, los ciudadanos Andrés Méndez y Raúl Núñez, titulares de las Cédulas de Identidad Nos. 7.122.329 y 7.127.157, respectivamente, actuando con el carácter de Presidente y Vicepresidente de la Federación Venezolana de Colegios de Licenciados en Relaciones Industriales y Recursos Humanos, respectivamente, asistidos por el abogado Gerardo Isidoro Vásquez Jiménez, inscrito en el INPREABOGADO bajo el N° 49.069, interpusieron escrito donde manifiestan la posición de la organización que representan con relación al presente recurso de interpretación. Asimismo, consignaron “a través de una Inspección Judicial el poder otorgado a nuestro representado según sentencia de fecha 06-06-04 con el Nro. 00584 de la misma Salas (sic), en la cual citan a este Órgano”.
En fecha 1° de octubre de 2004, el Alguacil de esta Sala consignó el recibo de notificación recibida en la Asamblea Nacional.
Mediante auto del 7 de octubre de 2004, se fijó para el día 28 del mismo mes y año la celebración de la audiencia oral, a la cual asistieron, en la fecha prevista, los abogados Adolfo Ledo Nass en su condición de solicitante, Juan Carlos Varela en su carácter de apoderado judicial de la asociación civil Colegio de Licenciados de Relaciones Industriales y Recursos Humanos del Distrito Capital y Estado Miranda, Merici Vianney Rondón, inscrita en el INPREABOGADO bajo el N° 56.500, apoderada judicial de la Asamblea Nacional, Rossana Spera Rodríguez, inscrita en el INPREABOGADO bajo el N° 57.637, en representación de la Defensoría del Pueblo y Luisa Barbella de Osorio en representación de la Procuraduría General de la República, quienes posteriormente consignaron sus respectivos escritos de conclusiones.
En fecha 17 de enero de 2005, se incorporaron a esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, los Magistrados Emiro García Rosas y Evelyn Marrero Ortíz, designados por la Asamblea Nacional el 13 de diciembre de 2004, quedando integrada por cinco Magistrados, conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, a saber: Presidente, Magistrado Levis Ignacio Zerpa; Vicepresidente, Magistrado Hadel Mostafá Paolini; y Magistrados Yolanda Jaimes Guerrero, Evelyn Marrero Ortíz y Emiro García Rosas.
Posteriormente, en fecha 2 de febrero de 2005, fue elegida la Junta Directiva del Tribunal Supremo de Justicia, quedando conformada la Sala Político-Administrativa de la siguiente forma: Presidenta, Magistrada Evelyn Marrero Ortíz; Vicepresidenta, Magistrada Yolanda Jaimes Guerrero; y Magistrados Levis Ignacio Zerpa, Hadel Mostafá Paolini y Emiro García Rosas.
Mediante diligencia del 23 de marzo de 2006, la abogada Nora Valdivia, inscrita en el INPREABOGADO bajo el N° 13.061, actuando en representación de la Defensoría del Pueblo, solicitó fuese dictada sentencia en la presente causa.
I
DEL RECURSO DE INTERPRETACIÓN
Los abogados Luis Esteban Palacios, José Manuel Ortega, Arturo Banegas Masiá, Gilberto Jorge R. y Adolfo Ledo Nass, solicitaron conforme a lo dispuesto en el numeral 24 del artículo 42 de la entonces vigente Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, la interpretación del artículo 8 de la Ley del Ejercicio de la Profesión de Licenciados en Relaciones Industriales y Recursos Humanos, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.593 del 17 de diciembre de 2002. La norma cuya interpretación requirieron, es del siguiente tenor:
“Artículo 8. Las funciones de asesoría y evaluación concernientes a la administración de recursos humanos que contemple: formulación de políticas, normas y procedimientos para la administración de personal, elaboración de proyectos, planes y programas de recursos humanos, convenciones colectivas, reglamentos u otras normativas en materia laboral y en la formulación de políticas idóneas para el sector, deberán ser ejercidas por Licenciados en Relaciones Industriales y Recursos Humanos.
Parágrafo único: Los Licenciados en Relaciones Industriales y Recursos Humanos avalarán, con su firma, los programas, planes de ejecución y desarrollo de los recursos humanos, y convenciones colectivas que deban ser presentados ante organismos públicos o privados, de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley y su Reglamento.”
Aducen que la norma transcrita enumera las funciones de asesoría y evaluación que, dentro del ámbito de la administración de recursos humanos, deberán ser ejercidas por licenciados en relaciones industriales y recursos humanos. Asimismo, que pareciera desprenderse de la referida norma que el legislador pretendió reservar a dichos profesionales el ejercicio de las funciones de asesoría y evaluación en todo lo concerniente a convenciones colectivas del trabajo, reglamentos u otras normativas en materia laboral.
Por tal razón, señalaron que tal circunstancia “genera una duda interpretativa razonable (...) dado que de ser el sentido de la norma, se estaría excluyendo a los abogados del ejercicio de tales funciones”.
En tal sentido, alegaron que tal duda interpretativa representaría una limitación indebida al ejercicio profesional del abogado, pues -a su decir- impediría ejercer funciones para las cuales los abogados están habilitados por la ley que los rige, lo cual sería contrario a lo dispuesto en el artículo 112 de la Constitución la República Bolivariana de Venezuela, según el cual todas las personas pueden dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia.
Argumentan que la duda deriva luego de interpretar la norma en referencia conforme a los parámetros establecidos en el artículo 4 del Código Civil, los cuales a su decir serían los aspectos relativos al texto de la norma y a la intención del legislador.
Sobre el particular, señalaron que la norma utiliza el termino “deberán” por lo cual surge la pregunta: “¿Debe entenderse que el término ‘deberán’ utilizado por el legislador en el artículo 8 de la Ley del Ejercicio de la Profesión de Licenciados en Relaciones Industriales y Recursos Humanos excluye a los demás profesionales habilitados por su profesión para prestar asesoría en dichas áreas?”.
Alegan que el término “deberán” en modo alguno debería significar que el ejercicio de las funciones de asesoría y evaluación en todo lo concerniente a convenciones colectivas del trabajo, reglamentos u otras normativas en materia laboral sólo puedan ser prestadas por relacionistas industriales, toda vez que los abogados también están capacitados para prestar servicios en esa área.
En tal razón, consideran que “del análisis global de la norma, claramente se desprende que el artículo 8 (…) circunscribe específicamente a las actividades de los relacionistas industriales a ‘Las funciones de asesoría y evaluación concernientes a la administración de recursos humanos (...)’ y no, en general, a todas las actividades de asesoría y evaluación en las materias señaladas en el artículo 8 de la Ley del Ejercicio de la Profesión de Licenciados en relaciones industriales y Recursos Humanos”. (Resaltado de los solicitantes).
Por lo anterior, esgrimieron que sería un absurdo considerar que la norma, cuya interpretación se solicita, regula situaciones que se encuentran fuera del ámbito de aplicación de la Ley del Ejercicio de la Profesión de Licenciados en Relaciones Industriales y Recursos Humanos, al ampliar la reserva de actividades a favor de los relacionistas industriales, más allá del supuesto de hecho de la norma, es decir, de las funciones de asesoría y evaluación concernientes a la administración de recursos humanos.
En virtud de lo expuesto, manifestaron que los abogados no se encuentran limitados para el ejercicio de las funciones de asesoría y evaluación en todo lo concerniente a convenciones colectivas del trabajo, reglamentos u otras normativas en materia laboral, sino única y exclusivamente, cuando éstas actividades se refieran a la administración de recursos humanos.
Por otra parte, señalaron que el artículo 12 eiusdem concerniente al ejercicio ilegal de dicha profesión, no excluye a los abogados de las funciones de asesoría y evaluación en todo lo concerniente a convenciones colectivas del trabajo, reglamentos u otras normativas en materia laboral, pues de haber querido el legislador excluir a los abogados del ejercicio de tales actividades -reservándolas de manera exclusiva a los relacionistas industriales- habría establecido como supuesto de ejercicio ilegal de la profesión tal circunstancia.
A objeto de reafirmar la legitimidad para ejercer el presente recurso de interpretación, señalaron que el mencionado interés deviene en que son abogados de la República en ejercicio que se podrían ver afectados por la norma cuya interpretación solicitaron, pues -a su decir- impediría ejercer libremente dicha profesión en materias que son cónsonas y están íntimamente relacionadas con el ejercicio de la abogacía.
II
INTERVENCIÓN DE TERCEROS
El 5 de agosto de 2004, el abogado Juan Carlos Varela, actuando como apoderado judicial de la asociación civil Colegio de Licenciados de Relaciones Industriales y Recursos Humanos del Distrito Capital y Estado Miranda, acudió a esta Sala a fin de solicitar la adhesión de su representada en el presente recurso, “a los fines de poder defender los derechos de nuestros afiliados y así poder coadyuvar en la mejor interpretación de la Ley que regula su profesión”.
Señaló como fundamento de su legitimación, el cartel de emplazamiento ordenado por esta Sala en concordancia con lo dispuesto en el ordinal 3° del artículo 370 del Código de Procedimiento Civil y el artículo 379 eiusdem. Asimismo, indicó que por tratarse el asunto planteado sobre competencias atribuidas en la Ley del Ejercicio de la Profesión de Licenciados en Relaciones Industriales y Recursos Humanos, su representada se encuentra legitimada para adherirse al presente recurso.
Esgrimió, luego de señalar los argumentos planteados por los solicitantes del presente recurso, que la opinión de la asociación que representa sobre los artículos 8 y 9 eiusdem, “limitan las funciones y actividades allí contenidas a que las realice un profesional egresado en Relaciones Industriales y que no pueden éstas ser ejercidas por otro profesional sin el aval o participación de un Industriólogo”.
III
DE LA OPINIÓN DE LA FEDERACIÓN VENEZOLANA
DE COLEGIOS DE LICENCIADOS EN RELACIONES
INDUSTRIALES Y RECURSOS HUMANOS
Mediante escrito presentado el 30 de septiembre de 2004, los ciudadanos Andrés Méndez y Raúl Núñez, actuando como Presidente y Vicepresidente, respectivamente, de la Federación Venezolana de Colegios de Licenciados en Relaciones Industriales y Recursos Humanos, asistidos por el abogado Gerardo Isidoro Vásquez Jiménez, acudieron a exponer la posición de su representada sobre el recurso de interpretación objeto de la presente decisión. Sobre el particular, señalaron lo siguiente:
“Consignamos a través de una Inspección Judicial el poder otorgado a nuestro representado según sentencia de fecha 02-06-04 con el Nro. 00584 de la misma Salas (sic), en la cual citan a este Órgano. Y a su vez hacemos constar y previo juramento de la defensa, centrarse en torno al caso de las Negociación (sic) Colectivas. Que a nuestro juicio no aparece en los pensa de estudio como asignatura de la digna profesión del derecho tomando como referencia que sustentamos. Igualmente hacemos constar la importancia de la libertad sindical y de los patronos de apoyarse de los Profesionales en Relaciones Industriales por poseer las habilidades y destrezas para la resolución, negociación de conflictos de orden sindical que están inmersos en la negociación colectivas (sic). De tal manera que no existe [en] la Ley de Ejercicio del Abogado ningún artículo referente a contratos o negociación colectivas (sic). Y se puede afirmar que muchos procedimientos administrativos de orden laboral tendrán mecanismos de solución con la participación de los Profesionales en Relaciones Industriales y Recursos Humanos, permitiendo desahogar la saturación de casos que tiene (sic) los tribunales del trabajo, que bien se puede resolver por la vía de la Inspectoría o Ministerio del Trabajo. Luego planteamos el caso del libre ejercicio profesional distinto al Artículo 112 de la carta Magna que se refiere a la libertad económica. Pudiera interpretarse que algunos monopolios concentran con los patronos postura contraria a la ética profesional a traves (sic) de cobros indebidos cercenando la libertad sindical que limita los procesos de Convenciones Colectivas. Lo que pudiera plantearse una postura de vigilancia de los gremios profesionales para hacer valer los distintos derechos de manera conjunta y el respeto de ambas profesiones”.
Anexo a la solicitud supra transcrita, los referidos ciudadanos consignaron una inspección ocular practicada en fecha 29 de septiembre de 2004, mediante la cual se dejó constancia de la “juramentación” que fuera prestada por el relacionista industrial y abogado Gerardo Isidoro Vásquez Jiménez, quien los asistiera en la presente causa, “para representar a la Federación Venezolana de Colegios de Licenciados en Relaciones Industriales y Recursos Humanos (…) Ante el juicio del Informe Oral de la Sala Político Administrativo (sic) del Tribunal Supremo de Justicia”.
Adicionalmente, solicitaron que se dejase constancia en la referida inspección de las siguientes circunstancias:
“3.- Tercero: Que en la defensa del Artículo 8 de la Ley planteara (sic) la separación de las funciones de las Areas (sic) Fundamentales de Relaciones Industriales con la discusión de las Convenciones Colectivas.
4.- Cuarto: Que se haga consta (sic) que el pensum de estudio de abogado que presentamos como referencia la Universidad de Carabobo no consagra las Asignaturas Científicas como Programas, Planes Proyectos de ejecución y desarrollo Formulación de Políticas y Normas de los recursos humanos, que corresponden al Pensa de Estudio de Relaciones Industriales, y que avala los criterios científicos de los recursos humanos para buscar la eficiencia y la eficacia de la gestión de personal ya que cada uno de los criterios es aplicable los conceptos de método y técnicas científicas de acuerdo al Artículo 146 texto final de la carta magna. Esta (sic) herramientas científicas se dependen (sic) de Areas (sic) Fundamentales como: La Evaluación del Desempeño, El Adiestramiento, El Entrenamiento, Planes de Carrera, Estudios de Pasantías y todo lo que conlleva a mejorar los programas, planes, políticas y normas de los recursos humanos.
5.- Quinto: Que se haga constar que de acuerdo el (sic) Libro denominado Imagen (sic) y Semblanza de la Escuela de Relaciones Industriales, cuya autora es la Profesora Mireya Muñoz, recoge un exhaustivo trabajo aprobado por todas las gestiones de la Escuela de Relaciones Industriales desde su creación hasta hoy. Y en este Libro significante de la Academia se puede evidenciar asignaturas como Contratación Colectivas, Supervisión y Dirección del Trabajo, Derecho del trabajo, Relaciones de Trabajo I y Relaciones de Trabajo II, Políticas Normas y procedimientos, Sindicalismo y Contratación Colectiva, Procedimientos Administrativos del trabajo, Indicadores y Costos de Contratación Colectivas (sic), que obedece a la formación muy capaz de los Profesionales en relaciones Industriales y Recursos Humanos para conocer lo concerniente a las convenciones colectivas”.
IV
DE LA OPINIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO
El 28 de octubre de 2004, la abogada Rossana Spera Rodríguez, actuando en representación de la Defensoría del Pueblo, consignó escrito mediante el cual expone la opinión de dicho organismo como complemento de las observaciones y recomendaciones esgrimidas en el acto de informe oral celebrado en esa misma fecha.
Una vez expuestos los argumentos esgrimidos por los solicitantes del presente recurso de interpretación, analizó los requisitos que para su procedencia ha establecido la jurisprudencia de este Máximo Tribunal, concluyendo al respecto que en el presente caso se cumplen las condiciones requeridas para su análisis.
Concuerda la representación de la Defensoría del Pueblo con lo afirmado por los solicitantes del presente recurso, en lo relativo a la duda interpretativa razonable creada por el artículo 8 de la Ley del Ejercicio de la Profesión de Licenciados en Relaciones Industriales y Recursos Humanos, pues a su entender la norma no determina con precisión y exactitud su verdadero alcance, es decir, “si lo que se pretende es excluir a los demás profesionales facultados para dicho ejercicio por las leyes que los regulan, o simplemente fue una expresión utilizada por el legislador de carácter preferente que en modo alguna (sic) busca afectar los ámbitos de competencia de otros profesionales”.
En tal virtud, agregó que en opinión de esa representación la norma evaluada supone la reafirmación de las competencias o atribuciones de asesoría y evaluación referida a los recursos humanos, que la ley otorga a los licenciados en relaciones industriales y recursos humanos, incluyendo materias relativas a convenciones colectivas, reglamentos u otras normativas en materia laboral. Asimismo, en cuanto al término deberán utilizado en el artículo 8 eiusdem, señaló que “quiere decir que, en el ejercicio de su profesión estos licenciados deberán y tendrán que emprender esas funciones de asesoría y evaluación cónsonas con la metería (sic) de su especialidad, y a instancia del Patrono”.
En tal sentido, adujo que el planteamiento supra indicado no podría suponer la exclusión en el área de otros profesionales que legalmente cumplen con dichas funciones, como serían los abogados, quienes se desempeñan en el área de asesoría jurídica en el ámbito laboral en materia de incuestionable índole jurídica como lo son la elaboración y discusión de convenciones colectivas y demás normativas laborales. En consecuencia, advirtió que “el artículo 8 de la ya mencionada ley, no puede y no debe ser interpretado restrictivamente, con abstracción del resto del ordenamiento jurídico”.
Adicionalmente, la representación de la Defensoría del Pueblo indicó que las funciones de asesoría y evaluación en el ámbito normativo laboral, si bien pueden ser ejercidas por licenciados en relaciones industriales, tales funciones no les son exclusivas. Señaló que afirmar lo contrario conllevaría a las empresas que no cuenten con licenciados en relaciones industriales y recursos humanos dentro de su personal, a tener que contratarlos obligatoriamente, lo cual supondría -a su entender- un contrasentido por no ser este el espíritu, propósito y razón del legislador.
Por lo anterior, sugirió que esta Sala al momento de interpretar la norma en referencia, lo haga de una manera congruente y amplia, “donde el alcance de la misma deje abierta la posibilidad de que otras distintas categorías de profesionales que sean afines con la materia puedan ejercer las actividades allí reflejadas (…) o en su defecto, delimitar las áreas específicas en las cuales prive la exclusividad de determinada profesión”.
Así las cosas, luego de referirse a diversos criterios jurisprudenciales sentados por algunas de las Salas de este Máximo Tribunal en materia de interpretación de normas, la Defensoría del Pueblo manifestó que el análisis de la disposición objeto del presente recurso debe efectuarse en función de garantizarle a los profesionales de cualquier carrera afín con la materia laboral, la seguridad y la igualdad de preservar el ejercicio de las funciones para las que están facultados por ley, preservando la garantía del orden jurídico establecido.
V
DE LOS INFORMES ORALES DE LOS TERCEROS
El 28 de octubre de 2004, fecha fijada para la celebración del acto de informe oral, compareció el abogado Juan Carlos Varela, apoderado judicial de la asociación civil Colegio de Licenciados de Relaciones Industriales y Recursos Humanos del Distrito Capital y Estado Miranda, a fin de exponer sus argumentos en el presente juicio, consignando el respectivo escrito de conclusiones.
Así, luego de reiterar los argumentos expuestos en la oportunidad previa en que acudió a esta Sala a fin de ratificar la legitimación que tiene su representada para participar en el presente recurso, manifestó adicionalmente la opinión que sostiene respecto de la intervención de la Federación Venezolana de Colegios de Licenciados de Relaciones Industriales y Recursos Humanos.
Sobre el particular, arguyó que la referida organización no tiene -a su entender-, legitimación para actuar en este proceso “debido a que la misma no existe legalmente”. Agregó, que la Federación aludida carece de los estatutos que rigen su creación así como también que no tiene Colegios afiliados, lo cual constituye un requisito indispensable para su constitución conforme al artículo 21 de la Ley del Ejercicio de la Profesión de Licenciados en Relaciones Industriales y Recursos Humanos.
Asimismo, señaló que la ausencia de legitimación para actuar en el caso de autos fue reconocida por la propia Federación, “cuando en su comparecencia ante esta Sala presenta una Inspección Judicial como forma de demostrar su existencia y representación legal ante este Tribunal (…) Así mismo (…) señala que la misma fue creada por la Ley al señalar, cita textual: ‘Para representar a la Federación (…) creada según Gaceta Oficial nro 37.593 en fecha 17-12-02’ (fecha de publicación de la Ley)”.
Sobre la opinión de su representada en torno a la interpretación del artículo 8 eiusdem, agregó que los profesionales en relaciones industriales y recursos humanos serían los únicos autorizados por la Ley para asesorar y evaluar sobre todo lo concerniente a la administración de recursos humanos que se derive o esté contemplado en convenciones colectivas. Que no obstante, dicha disposición no supone la exclusión de otros profesionales cuando se trata de la discusión, negociación, redacción e interpretación de convenciones colectivas que no estén relacionadas con la administración de recursos humanos. Adicionalmente, indicó que “Lo que si (sic) señala la Ley es que las Convenciones Colectivas deben ser avaladas por un Industriólogo al momento de su presentación por ante organismos públicos o privados”.
Finalmente, solicitó la interpretación de los artículos 21 y 27 de la Ley del Ejercicio de la Profesión de Licenciados en Relaciones Industriales y Recursos Humanos, porque en su criterio “la Federación no puede existir sin que existan previamente los colegios, por ende la supuesta Federación que ha sido llamada a este juicio carece de cualquier tipo de legitimidad (…) es imposible que la Federación se constituyese el mismo día de la publicación de la Ley en Gaceta Oficial, cuando para esa fecha no existía ningún colegio de Relaciones Industriales legalmente constituidos”.
VI
DE LA OPINIÓN DE LA ASAMBLEA NACIONAL
Los abogados Luis Sarmiento Madrid y Merici Vianney Rondón Paz, actuando como apoderados judiciales de la Asamblea Nacional, expusieron en su escrito de opinión sobre el presente recurso de interpretación las siguientes consideraciones:
Luego de referirse a los términos en que fuera expuesto por los solicitantes el caso de autos, señalaron las características de la figura del recurso de interpretación y su alcance, refiriendo que éste tiene como objetivo el preservar la uniformidad de la interpretación de las leyes y la jurisprudencia. Asimismo, al revisar los requisitos para su admisibilidad de acuerdo a los criterios sentados por esta Sala, añadieron que la presente acción sería temeraria por no recaer la interpretación solicitada sobre un caso concreto.
En efecto, arguyeron que de acuerdo a lo solicitado, el presente caso carece de relevancia para el mundo del derecho, por cuanto a su entender no recae sobre un caso específico que permita legitimar la pretensión esgrimida. Asimismo, agregaron que la redacción del artículo 8 de la Ley del Ejercicio de la Profesión de Licenciados en Relaciones Industriales y Recursos Humanos, “no alcanza a generar una duda razonable respecto de su aplicación que genere conflicto que plantean los recurrentes”.
Sobre el particular, indicaron que a través de la interpretación solicitada se pretende delimitar el ejercicio de la profesión de los abogados y de los licenciados en relaciones industriales, “lo cual es a todas luces un planteamiento hipotético que no resuelve un caso concreto sino una hipotética colisión futura y no de la Ley respecto a cualesquiera otras leyes de ejercicio Profesional, sino exclusivamente respecto a la Ley de Abogados”. En tal virtud, adujeron que tal circunstancia genera que el recurso interpuesto sea intempestivo y temerario, pues no habría sido ejercido en aras de asegurar la correcta aplicación de la Ley del Ejercicio de la Profesión de Licenciados en Relaciones Industriales y Recursos Humanos, sino para prever un conflicto entre ésta y la Ley de Abogados.
Asimismo, que de existir una exclusión en la norma objeto de interpretación, tal circunstancia debería ser dilucidada mediante la acción de nulidad correspondiente por la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia, a quien le correspondería declarar si es contrario o no a la Constitución el que se haga ese tipo de reserva en una ley a favor de una clase de profesionales.
Por lo anterior, solicitaron que la presente acción sea declarada inadmisible porque se trata en realidad de un recurso que pretende resolver una colisión de leyes y no una interpretación, así como también un eventual recurso de nulidad contra la ley que contiene la norma analizada, en caso que esta Sala considere que lesiona los derechos de los abogados.
Por otra parte, alegaron los apoderados de la Asamblea Nacional que el presente recurso fue ejercido indebidamente para resolver controversias futuras, por cuanto -a su decir- la presunta ambigüedad normativa alegada por los solicitantes excede el análisis del supuesto regulado en la norma bajo examen, pues en el fondo se pretende resolver futuros conflictos en sede administrativa y judicial relativos a la participación de los profesionales del derecho en negociaciones de convenciones colectivas e incluso redacción y elaboración de normas laborales, lo cual contraría la posición de la Sala al asumir que los efectos jurídicos de los recursos de interpretación revisten carácter mero declarativo y no constitutivos o de condena.
Con base en lo anterior, afirmaron que con la interposición de la presente solicitud se persigue obtener un pronunciamiento previo que serviría de fundamento, o de criterio orientador, para la resolución de eventuales procedimientos administrativos y procesos judiciales, lo que desvirtúa el objeto de este tipo de procesos. En consecuencia, solicitaron fuese declarado inadmisible el presente recurso de interpretación.
No obstante lo anterior, dicha representación aportó la opinión del ente legislativo conforme a la cual debe analizarse la norma bajo estudio. Al efecto, señalaron en primer término nociones relativas a la interpretación normativa y los elementos que deben tenerse en cuenta para su ejercicio.
Posteriormente, advirtieron que luego de aplicar el método global de interpretación, a partir de la redacción literal del artículo 8 de la Ley del Ejercicio de la Profesión de Licenciados en Relaciones Industriales y Recursos Humanos, “es obvio que dicho artículo no excluye del ejercicio de las referidas funciones de asesoría y evaluación, no solo (sic) a los abogados en ejercicio sino a ningún otro profesional de los cuales se nutre la carrera de Relaciones Industriales”.
Al efecto, agregaron que de la exposición de motivos de la Ley se deduce que esa fue la intención del legislador, por cuanto, ante la interrogante de si los profesionales formados en las disciplinas que nutren a las Relaciones Industriales cuentan con las competencias para liderizar actividades propias de recursos humanos dentro de una organización, dispuso lo siguiente:
“La respuesta es sin duda afirmativa desde una visión restringida, pero no puede negarse la necesidad de contar con una visión o enfoque holístico de todos los procesos, si se pretende obtener resultados excelentes. Esta visión o enfoque sólo se encuentra en los egresados de las carreras de Licenciado en Relaciones Industriales y Recursos Humanos”.
En tal sentido, añadieron que los aspectos regulados por la norma analizada no son de la exclusiva competencia de los licenciados en relaciones industriales y recursos humanos, por cuanto lo que les reservó a dichos profesionales son aquellas tareas técnicas que obviamente sólo pueden ser desarrolladas por ellos en virtud de su conocimiento científico sectorial. Asimismo, alegaron que la disposición bajo análisis “no se refiere a la formulación de normas y procedimientos para la administración de personal, elaboración de convenciones colectivas, reglamentos u otras normativas en materia laboral desde la perspectiva jurídica sino meramente técnica”.
Consecuencia de los anteriores planteamientos, la representación de la Asamblea Nacional concluyó señalando que el artículo 8 de la Ley del Ejercicio de la Profesión de Licenciados en Relaciones Industriales y Recursos Humanos, no restringe el ejercicio de la abogacía. Finalmente, solicitaron fuese declarado inadmisible el presente recurso y, en caso contrario, su improcedencia toda vez que a su entender dicha norma es suficientemente clara en su contenido.
VII
DE LA OPINIÓN DE LA PROCURADURÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA
La abogado Luisa Barbella de Osorio, actuando con el carácter de sustituta de la Procuradora General de la República, el 16 de noviembre de 2004 acudió a esta Sala a fin de presentar la opinión de dicho órgano en el presente recurso.
Sobre el particular, una vez expuestos ciertos elementos que caracterizan a este tipo de recursos y luego de evaluar las características de las actividades desarrolladas por los profesionales de las relaciones industriales y recursos humanos, manifestó que la norma cuya interpretación ha sido solicitada genera cierto grado de exclusión, en cuanto a la posibilidad de participación que otros profesionales han tenido tradicionalmente y por costumbre en los temas relacionados con la elaboración y discusión de contratos colectivos, elaboración de políticas, proyectos y normas en materia laboral.
Asimismo, señaló que existe una contradicción entre el encabezado del artículo 8 de la Ley del Ejercicio de la Profesión de Licenciados en Relaciones Industriales y Recursos Humanos y su parágrafo único, toda vez que, a su entender, de la lectura de este último “se desprende la inclusión de cualquier profesional en el área tanto de recursos humanos, como de las convenciones colectivas, al indicar que los Relacionistas Industriales, avalarán programas en el área de recursos humanos y convenciones colectivas, contradiciéndose con el primer aparte donde excluye todo profesional y solo (sic) es permisible en ese campo a los Relacionistas Industriales”.
Finalmente la representación de la Procuraduría General de la República, concluyó solicitando que al momento de interpretar la norma objeto del presente recurso, lo haga bajo un criterio extenso ya que darle una interpretación literal resultaría un criterio restrictivo de la norma.
VIII
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Previo a cualquier pronunciamiento en torno al asunto sometido al conocimiento de esta Sala por los abogados Luis Esteban Palacios W., José Manuel Ortega P., Arturo H. Banegas Masiá, Gilberto Jorge R. y Adolfo Ledo Nass, se impone dilucidar lo concerniente a: i) la intervención de terceros en la presente causa, ii) la legitimidad para actuar de la Federación Venezolana de Colegios de Licenciados en Relaciones Industriales y Recursos Humanos y iii) la inadmisibilidad del recurso de interpretación alegada por los apoderados judiciales de la Asamblea Nacional.
i) Sobre la intervención del Colegio de Licenciados de Relaciones Industriales y Recursos Humanos del Distrito Capital y Estado Miranda
En anteriores oportunidades esta Sala ha dejado sentado que “se puede aceptar dentro de estos especiales recursos de interpretación que un interesado acuda al proceso para coadyuvar u oponerse al recurso ejercido, siempre que se cuente con la misma legitimación exigida al recurrente, la cual deriva en estos casos en forma directa, como se ha dicho, de la necesaria vinculación o participación en las circunstancias específicas que conforman ese caso concreto, ante el cual se plantea la solicitud”. (Sentencia N° 1002 del 5 de agosto de 1999).
En el presente caso, el abogado Juan Carlos Varela, actuando como apoderado judicial del Colegio de Licenciados de Relaciones Industriales y Recursos Humanos del Distrito Capital y Estado Miranda, presentó escrito mediante el cual solicitó la adhesión de su representada al presente recurso, exponiendo la opinión que dicha organización sostiene respecto del artículo 8 de la Ley del Ejercicio de la Profesión de Licenciados en Relaciones Industriales y Recursos Humanos.
Sobre el particular, esta Sala observa que corre inserto al folio 72 del expediente, copia simple del documento constitutivo de la mencionada organización, la cual se identifica como una asociación privada de derecho civil, sin ánimo de lucro, con carácter permanente y con interés colectivo, cuyo artículo 2 establece: “OBJETO Y MISIÓN: El objeto de la asociación es procurar el perfeccionamiento de las instituciones mediante el control y vigilancia de los principios éticos que orientan al Licenciado de Relaciones Industriales y Recursos Humanos, la investigación y el estudio de la disciplina. La misión es fomentar la educación, la mutua colaboración, disciplina y la capacidad profesional entre sus miembros”.
Asimismo, el artículo 7 al referirse a la calidad de los miembros que integran dicha organización, estipula que para ser miembro fundador se requiere tener título de licenciado en relaciones industriales o en recursos humanos, o haber ejercido la profesión durante al menos diez años anteriores a la entrada en vigencia de la ley que regula las funciones de la referida profesión.
Visto lo anterior, esta Sala acepta la intervención en el presente recurso de interpretación como tercero interesado de la asociación civil Colegio de Licenciados en Relaciones Industriales y Recursos Humanos del Distrito Capital y Estado Miranda, por existir un evidente interés de parte de ésta -el cual ha sido debidamente demostrado- en las resultas del mismo. Así se declara.
ii) Sobre la legitimación de la Federación Venezolana de Colegios de Licenciados de Relaciones Industriales y Recursos Humanos.
En la oportunidad pautada para la celebración del acto de informe oral, el apoderado judicial del Colegio de Licenciados de Relaciones Industriales y Recursos Humanos del Distrito Capital y Estado Miranda, alegó que la Federación Venezolana de Colegios de Licenciados de Relaciones Industriales y Recursos Humanos “no tiene legitimación para actuar en este juicio (…) en efecto, la Federación carece de los estatutos que rigen su creación”.
Sobre el particular, esta Sala, luego de una revisión exhaustiva del expediente, constató que al momento de presentar su opinión sobre el presente caso, la aludida Federación estuvo representada por los ciudadanos Andrés Méndez y Raúl Núñez, en su condición de Presidente y Vicepresidente, respectivamente, quienes se asistieron del abogado Gerardo Isidoro Vásquez Jiménez. No obstante, los referidos ciudadanos no acompañaron en su actuación ningún documento o medio de prueba que permitiera corroborar la cualidad con la que acudieron a representar a la prenombrada Federación.
Asimismo, de la lectura de la inspección ocular practicada por el Juzgado Quinto de los Municipios Valencia, Libertador, Los Guayos, Naguanagua y San Diego de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, a solicitud de los precitados ciudadanos, y que fuera consignada junto al escrito presentado por éstos ante esta Sala (folios 106 al 114 del expediente), se observa que en la petición formulada para su realización se señalaron como datos de creación de la Federación los siguientes: “creada según Gaceta Oficial nro 37.593 en fecha 17-12-02 y electa por la Asamblea General en Presencia de un representante del Poder Electoral según consta en el expediente Nro 771 y que cursó en el Juzgado 5to de Valencia a cargo del Juez Dr. Omar González y publicada la convocatoria general en un diario de circulación Nacional el 16 de Mayo de 2003 en su página 13 del Periódico Diario La Calle”. No obstante, no indicaron dato alguno que permitiera corroborar la cualidad con la que aducen actuar.
En virtud de las consideraciones antes expuestas, debe esta Sala desestimar los argumentos esgrimidos en el presente juicio por la representación de la Federación Venezolana de Colegios de Licenciados de Relaciones Industriales y Recursos Humanos, toda vez que no consta en el expediente los instrumentos que demuestren la cualidad con la que dicen actuar los ciudadanos Andrés Méndez y Raúl Núñez, en nombre de la referida Federación. Así se declara.
iii) Sobre la inadmisibilidad del recurso de interpretación alegada por los apoderados judiciales de la Asamblea Nacional
Alegó la representación del ente legislativo en el presente recurso de interpretación, que al revisar los requisitos para su admisibilidad de acuerdo a los criterios sentados por esta Sala, sería temerario por no recaer la interpretación solicitada sobre un caso concreto.
Asimismo, agregaron que la redacción de la norma analizada “no alcanza a generar una duda razonable respecto de su aplicación que genere el conflicto que plantean los recurrentes”. Así, aseguran que el recurso interpuesto no habría sido ejercido en aras de asegurar la correcta aplicación de la Ley del Ejercicio de la Profesión de Licenciados en Relaciones Industriales y Recursos Humanos, sino para prever un conflicto entre ésta y la Ley de Abogados.
Asimismo, que de existir una exclusión en la norma objeto de interpretación, tal circunstancia debería ser dilucidada mediante la acción de nulidad correspondiente por la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia.
Por lo anterior, solicitaron que la presente acción sea declarada inadmisible porque se trata en realidad de un recurso que pretende resolver una colisión de leyes y no una interpretación, así como también un eventual recurso de nulidad contra la ley que contiene la norma analizada, en caso que esta Sala considere que lesiona los derechos de los profesionales del derecho.
Por otra parte, alegaron los apoderados de la Asamblea Nacional que el presente recurso fue ejercido indebidamente para resolver controversias futuras, pues en el fondo se pretende resolver eventuales conflictos en sede administrativa y judicial relativos a la participación de los profesionales del derecho en negociaciones de convenciones colectivas e incluso redacción y elaboración de normas laborales. Con base en lo anterior, afirmaron que con la interposición de la presente solicitud se persigue obtener un pronunciamiento previo que serviría de fundamento, o de criterio orientador, para la resolución de eventuales procedimientos.
Evaluados los argumentos expuestos, se advierte que mediante decisión N° 584 del 2 de junio de 2004 esta Sala admitió el presente recurso de interpretación, oportunidad en la que fueron revisados los requisitos exigidos para su procedencia de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Sala Constitucional en su sentencia N° 708 del 22 de mayo de 2002. Al revisar el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad en el presente caso, esta Sala precisó:
“(…) debe esta Sala analizar el cumplimiento de los requisitos necesarios para la procedencia de este especial recurso, y en tal sentido observa:
El primero de los extremos exigidos, se refiere a la legitimación para recurrir y a la necesidad de que la petición o solicitud sea planteada frente a un caso concreto o específico al cual debe circunscribirse la labor interpretativa, lo que persigue evitar el mero ejercicio académico de este particular mecanismo, restringiéndolo a aquellos casos en que esté demostrada la existencia de un interés jurídico que en criterio de la Sala, ha de ser personal y directo, es decir, cuya situación jurídica particular hace relevante el pronunciamiento que sobre el alcance y aplicación del dispositivo objeto del recurso emita el Alto Tribunal.
En el presente caso observa esta Sala, que el recurso de interpretación ha sido interpuesto por unos abogados de la República en ejercicio, los cuales en resumidas cuentas consideran que algunas de las funciones especificadas en la norma cuya interpretación solicitan, fundamentalmente las relativas a la asesoría y evaluación de todo lo concerniente a convenciones colectivas del trabajo, reglamentos u otras normativas en materia laboral, pueden ser ejercidas por los profesionales del derecho y no solamente de manera exclusiva por los Licenciados en Relaciones Industriales y Recursos Humanos.
Al respecto, es criterio de esta Sala, prima facie y sin prejuzgar sobre el mérito de la interpretación peticionada, que a los efectos de la legitimación que en el presente punto se evalúa se considera satisfecho dicho requisito de admisibilidad, dada cuenta que la naturaleza de las aludidas funciones parece indicar que se tocan aspectos vinculados al ámbito jurídico, esto es, al espectro en que se desarrolla la profesión que ejercen los solicitantes, lo cual determina el interés personal y directo que frente a la interpretación requerida éstos ostentan. Así se declara.
En cuanto al requerimiento de que la interpretación solicitada sea de un texto legal, se advierte que la presente solicitud se contrae a la interpretación del artículo 8 de la Ley del Ejercicio de la Profesión de Licenciados en Relaciones Industriales y Recursos Humanos, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.593 de fecha 17 de diciembre de 2002, quedando por tanto satisfecho el segundo requisito exigido para la procedencia del recurso. Así se declara.
Respecto a la necesidad de que se determine el motivo de la interpretación, en el caso bajo estudio los solicitantes señalan que la norma utiliza el termino “deberán” por lo cual piden se dilucide la siguiente interrogante: si “¿Debe entenderse que el término ‘deberán’ utilizado por el legislador en el artículo 8 de la Ley del Ejercicio de la Profesión de Licenciados en Relaciones Industriales y Recursos Humanos excluye a los demás profesionales habilitados por su profesión para prestar asesoría en dichas áreas?”; con lo cual queda cumplido el tercero de los requisitos exigidos. Así se declara.
Finalmente, advierte la Sala que no se ha pronunciado con anterioridad sobre lo solicitado, que no se han interpuesto acciones incompatibles o excluyentes, como tampoco se han formulado posiciones contradictorias; por tanto, visto que la solicitud de interpretación no incurre en ninguna de las causales de inadmisibilidad que impidan la tramitación del presente recurso de interpretación, esta Sala admite la presente solicitud en cuanto ha lugar en derecho. Así se declara”. (Resaltado del fallo citado, Sentencia N° 584 del 2 de junio de 2004).
Como se puede apreciar, esta Sala ya se pronunció en torno al cumplimiento de los requisitos exigidos para la admisión del caso de autos en los términos transcritos supra, razón por la cual deben desecharse los alegatos esgrimidos por los apoderados de la Asamblea Nacional en cuanto a su inadmisibilidad. Así se declara.
Una vez resueltos los puntos antes expuestos, pasa la Sala a decidir el fondo de la solicitud planteada. De acuerdo a lo alegado por los solicitantes en su escrito, el objeto de la interpretación solicitada se circunscribe a dilucidar los siguientes aspectos:
1. Que pareciera desprenderse del artículo 8 de la Ley del Ejercicio de la Profesión de Licenciados en Relaciones Industriales y Recursos Humanos, que el legislador pretendió reservar a los profesionales de relaciones industriales y recursos humanos el ejercicio de las funciones de asesoría y evaluación en todo lo concerniente a convenciones colectivas del trabajo, reglamentos u otras normativas en materia laboral.
2. Que lo anterior genera una duda interpretativa razonable, la cual expresan de la siguiente manera: “¿Debe entenderse que el término ‘deberán’ utilizado por el legislador en el artículo 8 (…) excluye a los demás profesionales habilitados por su profesión para prestar asesoría en dichas áreas?”.
3. Que de ser ese el sentido de la norma, se estaría excluyendo -entre otros profesionales- a los abogados del ejercicio de tales funciones, lo cual representaría una limitación indebida, contrario a lo dispuesto en el artículo 112 de la Constitución la República Bolivariana de Venezuela, según el cual todas las personas pueden dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia.
Adicionalmente, los solicitantes esgrimieron su posición respecto de cuál debería ser la correcta interpretación de la norma aludida, señalando a tal efecto que “del análisis global de la norma, claramente se desprende que el artículo 8 (…) circunscribe específicamente a las actividades de los relacionistas industriales a ‘Las funciones de asesoría y evaluación concernientes a la administración de recursos humanos (...)’ y no, en general, a todas las actividades de asesoría y evaluación en las materias señaladas en el artículo 8 de la Ley del Ejercicio de la Profesión de Licenciados en relaciones industriales y Recursos Humanos”. (Resaltado de los solicitantes).
En virtud de lo expuesto, manifestaron que los abogados no se encuentran limitados para el ejercicio de las funciones de asesoría y evaluación en todo lo concerniente a convenciones colectivas del trabajo, reglamentos u otras normativas en materia laboral, sino única y exclusivamente, cuando éstas actividades se refieran a la administración de recursos humanos.
Así las cosas, luego de revisar las opiniones presentadas por los diferentes actores que han participado en este juicio, esta Sala aprecia que las representaciones de la Defensoría del Pueblo y de la Procuraduría General de la República coinciden con los solicitantes en aceptar que la norma bajo estudio suscita una duda interpretativa que pudiese generar cierto grado de exclusión, en detrimento de los demás profesionales vinculados al ejercicio de las funciones enunciadas en ella. En consecuencia, solicitan que sea interpretada de una manera amplia, no exclusiva ni excluyente, para lograr el enriquecimiento del campo de los recursos humanos.
Por otra parte, el apoderado judicial del Colegio de Licenciados de Relaciones Industriales y Recursos Humanos del Distrito Capital y Estado Miranda, afirma que la disposición analizada limita las funciones y actividades que enuncia a que sean ejercidas por licenciados en relaciones industriales y recursos humanos, y que no pueden ser desarrolladas por otros profesionales sin el aval o participación de aquéllos.
Finalmente, los apoderados de la Asamblea Nacional esgrimen que el presente recurso debe ser declarado improcedente, por cuanto a su entender el artículo 8 de la Ley del Ejercicio de la Profesión de Licenciados en Relaciones Industriales y Recursos Humanos es suficientemente claro en cuanto a su contenido. Así, estiman que dicho artículo no excluye a ningún profesional del ejercicio de las actividades que identifica, pues lo que reservó a los licenciados en relaciones industriales y recursos humanos, son aquellas tareas técnicas que obviamente sólo pueden ser desarrolladas por ellos, en virtud de su conocimiento científico sectorial.
Una vez precisados los argumentos expuestos por todas las partes intervinientes en el presente recurso, pasa esta Sala a revisar el contenido del artículo 8 de la Ley del Ejercicio de la Profesión de Licenciados en Relaciones Industriales y Recursos Humanos (publicada en la Gaceta Oficial N° 37.593 del 17 de diciembre de 2002), el cual dispone lo siguiente:
“Artículo 8: Las funciones de asesoría y evaluación concernientes a la administración de recursos humanos que contemple: formulación de políticas, normas y procedimientos para la administración de personal, elaboración de proyectos, planes y programas de recursos humanos, convenciones colectivas, reglamentos u otras normativas en materia laboral y en la formulación de políticas idóneas para el sector, deberán ser ejercidas por Licenciados en Relaciones Industriales y Recursos Humanos.
Parágrafo Único: Los Licenciados en Relaciones Industriales y Recursos Humanos avalarán, con su firma, los programas, planes de ejecución y desarrollo de los recursos humanos, y convenciones colectivas que deban ser presentados ante organismos públicos o privados, de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley y su Reglamento”.
Así las cosas, aprecia la Sala que efectivamente de una lectura superficial y aislada de la norma supra transcrita, podría generarse una duda razonable respecto de cuál es su ratio y alcance, por cuanto la utilización del termino “deberán” supondría la exclusión de cualesquiera otros profesionales distintos a los licenciados en relaciones industriales y recursos humanos, para el ejercicio de las funciones de asesoría y evaluación que se describen en su enunciado. Lo anterior se ve reforzado en el parágrafo único de la norma, toda vez que, en concatenación con la parte inicial de la disposición, podría asumirse que los productos que deriven de dichas actividades de asesoría y evaluación deben, adicionalmente, estar avalados por los aludidos profesionales para que puedan ser presentados ante organismos públicos o privados.
Sin embargo, es importante destacar que tal duda se disipa cuando la norma es evaluada en el contexto donde se encuentra ubicada dentro de la estructura de la Ley del Ejercicio de la Profesión de Licenciados en Relaciones Industriales y Recursos Humanos.
En efecto, la norma cuya interpretación se requiere se encuentra ubicada en el Título III “Del Ejercicio Profesional”, que abarca desde el artículo 4 hasta el artículo 10, los cuales se dedican a regular aspectos relativos al derecho de los profesionales de dicha carrera a colegiarse (artículo 4), las competencias y el ámbito de acción de la profesión (artículo 5), creación de unidades especializadas en el área de recursos humanos dentro de la estructura interna de las organizaciones y sobre la selección de su personal encargado (artículos 6 y 7), y lo concerniente a las funciones de asesoría en materia de recursos humanos y las características de las asociaciones que se constituyan para prestar dichas funciones (artículo 8 al 10).
A fin de ilustrar lo anterior, se hace necesario transcribir los artículos 8 al 10 de la Ley para comprender en contexto el alcance de la norma evaluada, los cuales disponen:
“Artículo 8: Las funciones de asesoría y evaluación concernientes a la administración de recursos humanos que contemple: formulación de políticas, normas y procedimientos para la administración de personal, elaboración de proyectos, planes y programas de recursos humanos, convenciones colectivas, reglamentos u otras normativas en materia laboral y en la formulación de políticas idóneas para el sector, deberán ser ejercidas por Licenciados en Relaciones Industriales y Recursos Humanos.
Parágrafo Único: Los Licenciados en Relaciones Industriales y Recursos Humanos avalarán, con su firma, los programas, planes de ejecución y desarrollo de los recursos humanos, y convenciones colectivas que deban ser presentados ante organismos públicos o privados, de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley y su Reglamento.
Artículo 9: Las empresas que se ocupen del asesoramiento de cualesquiera de las actividades señaladas en el artículo 8 de esta Ley deberán ser gerenciadas por un Licenciado en Relaciones Industriales o por profesionales egresados en el campo de la gestión de recursos humanos.
Artículo 10: Cualquier profesional egresado como Licenciado en Relaciones Industriales y Recursos Humanos podrá establecer una firma u organización profesional y asociarse, con otro u otros profesionales del área, para dedicarse al ejercicio de actividades inherentes a la profesión, de conformidad con esta Ley. La asociación así constituida deberá contener los nombres de los socios, tendrá carácter civil y las responsabilidades por sus actuaciones estarán a cargo de sus asociados”.
Observa esta Sala, que al analizar el contenido del artículo 8 de la Ley del Ejercicio de la Profesión de Licenciados en Relaciones Industriales y Recursos Humanos junto con las dos normas que le suceden, se puede apreciar el verdadero sentido y alcance que el legislador quiso otorgarle. En efecto, la referencia expresa contenida en el artículo 9 sobre las actividades señaladas en el artículo 8, esclarece significativamente la interpretación que debe dársele a este último, a saber:
Las funciones de asesoría y evaluación concernientes a la administración de recursos humanos identificadas en el artículo 8, deberán ser ejercidas por Licenciados en Relaciones Industriales y Recursos Humanos, cuando los servicios provengan de empresas especializadas dedicadas a asesorar en materia de administración de recursos humanos, quienes adicionalmente avalarán con su firma los productos obtenidos de tales asesorías, cuando deban ser presentados ante organismos públicos o privados, toda vez que son responsabilidad de los asociados de tales organizaciones todas sus actuaciones.
Lo anterior encuentra mayor asidero cuando en el artículo 9 se establece que las empresas que se dediquen a cualesquiera de esas actividades, deben ser gerenciadas por profesionales del área, aunado al complemento contenido en el artículo 10, el cual precisa las condiciones requeridas para la creación de tales organizaciones y sus características.
Este análisis se ve reforzado conforme a lo previsto en los artículos 6 y 7 de la Ley del Ejercicio de la Profesión de Licenciados en Relaciones Industriales y Recursos Humanos, cuando disponen que:
“Artículo 6: Toda organización de carácter público o privada, de acuerdo con su desarrollo y capacidad económica, deberá contemplar en su estructura organizacional el funcionamiento de algún servicio en el área de recursos humanos, de acuerdo con las disposiciones establecidas en esta Ley y su Reglamento.
Artículo 7: Los organismos públicos o privados que requieran el funcionamiento de un servicio encargado de la administración de los recursos humanos, procurarán seleccionar en la designación de su jefatura a un profesional egresado como Licenciado en Relaciones Industriales y Recursos Humanos, de acuerdo con las disposiciones establecidas en esta Ley y su Reglamento”.
Como se puede apreciar, las normas antes aludidas regulan lo concerniente a la necesidad de mantener dentro de las organizaciones, públicas o privadas, servicios o unidades dedicadas a los recursos humanos. Asimismo, se prevé que para designar al personal responsable de dirigir esos servicios o unidades, se procurará seleccionar a licenciados en relaciones industriales y recursos humanos.
Es decir, la Ley no obliga a que la dirección de las unidades dedicadas a los recursos humanos esté a cargo de licenciados en relaciones industriales, sólo invita, mas no exige obligatoriamente, a que preferiblemente sean dirigidas por dichos profesionales atendiendo a su especialización, pero no impide que se designen en la jefatura de tales unidades a cualesquiera otros profesionales.
Evidencia de lo anterior, son las observaciones plasmadas en el informe elaborado con motivo de la segunda discusión del proyecto de ley que culminó con la sanción de la Ley del Ejercicio de la Profesión de Licenciados en Relaciones Industriales y Recursos Humanos, aprobado en la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional el 28 de noviembre de 2002, donde se propuso modificar el artículo 7 del proyecto de ley, entre otras cosas, sustituyendo la palabra “privilegiar” por la frase “procurará seleccionar en la designación de”.
Así las cosas, el cambio antes referido ayuda a comprender la intención del legislador al redactar la norma contenida en el artículo 6 eiusdem, así como la interpretación que debe guiar en el análisis del artículo 8 objeto del presente recurso. En efecto, de haber querido el órgano legislativo imponer como obligación la selección de profesionales en relaciones industriales y recursos humanos en la jefatura de las unidades dedicadas a dichos servicios en los organismos públicos o privados, no habría modificado la norma al sustituir la palabra “privilegiar” por la expresión “procurarán”, toda vez que la fórmula original utilizada habría sido menos flexible que la que se aprobó en definitiva.
Aunado a ello, de la lectura del aludido informe presentado por la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral, al evaluar la exposición de motivos sugerida para la Ley, esta Sala encuentra que al referirse a las competencias de los profesionales que nutren las carreras de relaciones industriales y recursos humanos y la interacción entre éstas, el legislador se manifestó de la siguiente manera:
“Como bien lo plantean algunos autores, los aportes de las distintas disciplinas de las que se nutre las Relaciones Industriales se ajustan a una axiomática común, a una matriz que las articula y les da coherencia en un todo (el estudio y resolución de los problemas de las relaciones sociales de trabajo en los distintos modos de producción). El enfoque interdisciplinario se muestra más fecundo y enriquecedor que la concentración por separado en aquellas disciplinas que constituyen un área o dominio de aportación a las Relaciones Industriales.
Mediante este enfoque interdisciplinario surge una matriz nueva de conocimientos cuyas fronteras no son las mismas que aquellas de toda disciplina o combinación de disciplinas de las cuales se nutre. Las Relaciones Industriales no son resultado de una mera sumatoria de conocimientos disciplinares o un ensamblaje heteróclito de piezas o partes tomadas de ciertas disciplinas. Su objeto formal le da su sentido especial y único, su identidad como disciplina académica autónoma, al permitirle articular conocimientos de otras disciplinas en función de una nueva finalidad, conformando una nueva totalidad.
Entonces, la pregunta que se nos plantea es.- ¿Los profesionales formados en las distintas disciplinas que nutren a las Relaciones Industriales, cuentan con las competencias para liderizar actividades propias de recursos humanos en la organización? La respuesta es sin duda afirmativa desde una visión restringida, pero no puede negarse la necesidad de contar con una visión o enfoque holístico de todos los procesos, si se pretende obtener resultados excelentes. Esta visión o enfoque sólo se encuentra en los egresados de las carreras de Licenciados en Relaciones Industriales y Recursos Humanos”.
Con fundamento en las consideraciones precedentes, concluye esta Sala que el artículo 8 de Ley del Ejercicio de la Profesión de Licenciados en Relaciones Industriales y Recursos Humanos, sólo reserva a los licenciados en relaciones industriales y recursos humanos el ejercicio de las funciones de asesoría y evaluación que se describen en su enunciado, cuando sean prestados a través de empresas especializadas dedicadas a asesorar en materia de administración de recursos humanos, razón por la cual, no puede considerarse que la norma interpretada limita ni excluye a cualesquiera otros profesionales para el ejercicio de las funciones de asesoría y evaluación, concernientes a la administración de recursos humanos que contemple: formulación de políticas, normas y procedimientos para la administración de personal, elaboración de proyectos, planes y programas de recursos humanos, convenciones colectivas, reglamentos u otras normativas en materia laboral y en la formulación de políticas idóneas para el sector.
En los términos expuestos queda resuelto por esta Sala, el recurso de interpretación solicitado por los abogados Luis Esteban Palacios W., José Manuel Ortega P., Arturo H. Banegas Masiá, Gilberto Jorge R. y Adolfo Ledo Nass, respecto del artículo 8 de la Ley del Ejercicio de la Profesión de Licenciados en Relaciones Industriales y Recursos Humanos. Así se declara.
IX
DECISIÓN
Por las razones antes expuestas, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara:
1.- Se ADMITE la intervención solicitada por la representación judicial del Colegio de Licenciados de Relaciones Industriales y Recursos Humanos del Distrito Capital y Estado Miranda.
2.- PROCEDENTE el recurso de interpretación interpuesto por los abogados Luis Esteban Palacios W., José Manuel Ortega P., Arturo H. Banegas Masiá, Gilberto Jorge R. y Adolfo Ledo Nass, respecto del artículo 8 de la Ley del Ejercicio de la Profesión de Licenciados en Relaciones Industriales y Recursos Humanos, en los términos expuestos en el presente fallo.
En consecuencia, la indicada disposición deberá interpretarse en el siguiente sentido:
El artículo 8 de Ley del Ejercicio de la Profesión de Licenciados en Relaciones Industriales y Recursos Humanos, reserva a los licenciados en relaciones industriales y recursos humanos el ejercicio de las funciones de asesoría y evaluación concernientes a la administración de recursos humanos relativas a la formulación de políticas, normas y procedimientos para la administración de personal, elaboración de proyectos, planes y programas de recursos humanos, convenciones colectivas, reglamentos u otras normativas en materia laboral y en la formulación de políticas idóneas para el sector, sólo cuando tales servicios sean prestados a través de las empresas especializadas dedicadas a asesorar en materia de administración de recursos humanos, a las cuales se refieren los artículos 9 y 10 de dicha Ley. En consecuencia, el artículo 8 eiusdem no limita ni excluye a cualesquiera otros profesionales para el ejercicio de dichas funciones.
Publíquese, regístrese y notifíquese. Publíquese el presente fallo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, cuyo sumario indicará: “Sentencia de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia que interpreta el artículo 8 de la Ley del Ejercicio de la Profesión de Licenciados en Relaciones Industriales y Recursos Humanos”. Archívese el expediente. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los diecisiete (17) días del mes de octubre del año dos mil seis (2006). Años 196º de la Independencia y 147º de la Federación.
La Presidenta
EVELYN MARRERO ORTÍZ
La Vicepresidenta,
YOLANDA JAIMES GUERRERO
Los Magistrados,
LEVIS IGNACIO ZERPA HADEL MOSTAFÁ PAOLINI Ponente EMIRO GARCÍA ROSAS La Secretaria, SOFÍA YAMILE GUZMÁN En dieciocho (18) de octubre del año dos mil seis, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 02276. La Secretaria, SOFÍA YAMILE GUZMÁN