Sentencia N.º 02343
Sentencia N.º 02343
- Sentencia
- N.º 02343
- Fecha
- 23/10/2001
- Sala
- Político Administrativa
- Expediente
- 0908
- Ponente
- Yolanda Jaimes Guerrero
- Procedimiento
- Declinatoria de competencia en recurso de nulidad conjuntamente con amparo
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
MagistradaPonente: YOLANDA JAIMES GUERRERO
Exp. Nº 0908
El abogado Manuel Oswaldo Chávez Pérez, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 65.770, en fecha 31 de agosto de 2000, actuando en su carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil REFRIGERACION MASTER METROPOLITANA C.A., (REFRIMASTER) presentó ante esta Sala Político Administrativa, escrito contentivo del recurso contencioso-administrativo de nulidad ejercido conjuntamente con solicitud de amparo cautelar contra el acto administrativo de efectos particulares contenido en Resolución RI.114, de fecha 8 de agosto de 2000, emanado del MINISTRO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES que declaró sin lugar el recurso jerárquico interpuesto por los apoderados de la empresa recurrente, contra el silencio administrativo producido con ocasión del recurso de reconsideración ejercido por ante la Dirección General de Calidad Ambiental de ese Ministerio, contra el acto administrativo contenido en el Oficio Nº 00591 del 6 de septiembre de 1999 de esa Dirección; así como del acto de efectos generales que le sirve de fundamento, contenido en los artículos 4 y 9 del Decreto Presidencial Nº 3.220 del 13 de enero de 1999; y actos administrativos emanados de la Dirección Sectorial General de Calidad Ambiental, de fecha 20 de julio de 2000, por los cuales se negó a REFRIMASTER, ...el permiso de importación para gas refrigerante CFC12 y CFC-114 diclorodifluorometanos para ser utilizados en especialidades farmacéuticas.. (folio 2 vto.)
El día 1º de septiembre de 2000 se dio cuenta en esta Sala y, se designó ponente al Magistrado Carlos Escarrá Malavé, a los fines de decidir la solicitud cautelar de amparo.
En virtud de la designación de los Magistrados Hadel Mostafá Paolini y Yolanda Jaimes Guerrero, y la ratificación del Magistrado Levis Ignacio Zerpa, por la Asamblea Nacional en sesión de fecha 20 de diciembre de 2000, publicada en la Gaceta Oficial Nº 37.105 del día 22 del mismo mes y año, se reconstituyó la Sala Político Administrativa el 27 de diciembre del mismo año, y se reasignó como ponente a la Magistrada Yolanda Jaimes Guerrero, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.
I
FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN DE AMPARO CAUTELAR
La accionante fundamentó su escrito en los alegatos que a continuación esta Sala resume:
1.-Que la sociedad mercantil REFRIMASTER, fue creada y registrada, el 23 de octubre de 1996, siendo su objeto principal la comercialización de gases y repuestos para refrigeración y la realización de todas las actividades comerciales e industriales derivadas de tal actividad principal.
2.-Que el 10 de noviembre de 1997, dicha empresa se dirigió a la Dirección General Sectorial de Calidad Ambiental, del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables y solicitó formalmente su inscripción en el Registro de Productores, Importadores y Exportadores de Sustancias Agotadoras de la capa de ozono, así como la autorización para la importación de dichas sustancias.
3.-Que en fecha 21 de noviembre de 1997, el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables, asignó a la recurrente el Nº 085, que la acredita en el Registro de Productores, Importadores y Exportadores de Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono y por consiguiente, la autoriza para la importación de dichas sustancias.
4.-Que el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables, en inspección realizada en las instalaciones de REFRIMASTER, en marzo de 1998, dejó expresa constancia que dicha empresa contaba con la ...infraestructura necesaria y con los debidos equipos para realizar de forma segura el llenado y distribución de los gases refrigerantes CFC12 y HCFC22. (folio 4).
5.-Que el 8 de diciembre de 1998, el Director de REFRIMASTER, se dirigió a la Directora General Sectorial de Calidad Ambiental y formalmente solicitó el permiso de importación para gases refrigerantes Genetron 12 y 22, para el período del primer semestre de 1999. Que incluyó en dicha solicitud las planillas correspondientes a la solicitud de importación de sustancias agotadoras de la capa de ozono, en relación a lo cual no obtuvo respuesta oportuna.
6.-Que el 20 de abril de 1999, el Director de la empresa recurrente se dirigió al Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales y Renovables, y solicitó al Director General de Calidad de Ambiente, se pronunciara en relación a las diferentes solicitudes que había formulado con el único propósito de obtener una respuesta acerca de la solicitud de importación hecha por REFRIMASTER el 8 de diciembre de 1998, para importar el gas refrigerante. (CFC12).
7.-Resuelta negativamente la solicitud de importación del gas Genetron-12, mediante Oficio Nº 00591 del 6 de septiembre de 1999, de la Dirección General Sectorial de Calidad Ambiental del M.A.R.N.R., los representantes de la empresa recurrente ejercieron recurso de reconsideración, por lo que, ante el silencio negativo que se produjo en virtud del recurso de reconsideración, interpusieron recurso jerárquico ante el Ministro del Ambiente y Recursos Naturales Renovables, en fecha 10 de noviembre de 1999.
8.-Que el 29 de diciembre de 1999, REFRIMASTER obtuvo el permiso de Importación según Resolución Nº 16537 del Ministerio de Salud y Desarrollo Social, para importar 60.000 Kg. de diclorodiflourometano (freón 12 para especialidades farmacéuticas, todo de conformidad con el artículo 20 del Decreto Nº 3220, contentivo de las Normas para Reducir el Consumo de las Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono.
9.-Que el 20 de junio de 2000, REFRIMASTER, solicitó al Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables, permiso para importar 54.000 Kg. de diclorodiflourmetano (freón-12) para especialidades farmacéuticas, para ser utilizada por su cliente Laboratorios OL Oftalmi en aerosoles para inhaladores de asma.
10.-Que posteriormente, el Director General Sectorial de Calidad Ambiental del M.A.R.N.R., mediante Oficio Nº 00722 de fecha 20 de julio de 2000 y Oficio Nº 00725 de la misma fecha, negó el permiso de importación solicitado por la recurrente, porque según el criterio de esa Dirección, REFRIMASTER no realizó importaciones durante el período establecido en el Decreto Nº 3220 y la misma no contaba con el cupo asignado para importar. Señala la referida Dirección que al no constituir las sustancias en cuestión, especialidades farmacéuticas, el permiso de importación correspondía otorgarlo a dicho Ministerio, pero sólo a aquellas empresas que importaron estas sustancias durante el período 1995-1997, tal como lo prevé el referido Decreto Nº 3220.
11.-Que a solicitud del Director General Sectorial de Calidad Ambiental del M.A.R.N.R, Laboratorios L.O. Oftalmi, en fecha 14 de julio de 2000, a través de su Gerente de Producción dejó constancia que ...los productos freón 12 (diclorodiflurometano) y freón 114 (diclorotetrafluoroetano) que nos provee Refrimaster, SON PARA USO EXCLUSIVO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS bajo la forma de aerosol dosificado. Los productos que incluyen tales propelentes son: Cromo-Spray aerosol, Duovent aerosol, Albutan aerosol...no incluyendo ningún otro uso que el especificado... (mayúsculas y negritas del libelo).
12.- Que los apoderados judiciales de Refrimaster, por segunda vez, se dirigieron al Vice-ministro del Ambiente con la finalidad de solicitarle aclaratoria respecto al contenido de la disposición prevista en el artículo 20 del Decreto Nº 3220.
13.-Que los referidos actos impugnados violentan los derechos constitucionales de la recurrente previstos en los artículos 21, 24, 25, 51, 83, 84, 112, 113, 336, ordinales 1º y 4º, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, referentes al derecho a la igualdad y a la no discriminación, al principio de irretroactividad de las leyes, derecho de petición, derecho a la salud, libertad económica, prohibición de monopolios y nulidad de actos contrarios a la Constitución.
En virtud de las consideraciones anteriores, la representación judicial de la recurrente solicita se declare con lugar la presente medida de amparo cautelar y, en consecuencia, se ordene a la Dirección General Sectorial de Calidad Ambiental del M.A.R.N.R. otorgue los permisos de importación a REFRIMASTER, del refrigerante CFC 12, para el segundo semestre del año en curso y para el primero y segundo semestres del año 2001, por las mismas cantidades del año 1998, y se expida el permiso de importación solicitado al M.A.R.N.R., de importación de diclorodifluorometano (Freón CFC-12) para especialidades farmacéuticas.
II
DE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE NULIDAD INTERPUESTO CONJUNTAMENTE CON SOLICITUD DE AMPARO
Corresponde, en primer término, a esta Sala pronunciarse sobre su competencia para conocer de la acción del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto.
Al respecto observa la Sala que el recurso contencioso administrativo de nulidad ha sido ejercido conjuntamente con solicitud de amparo cautelar, en la forma prevista en el artículo 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, por lo que ésta última es una acción accesoria de una acción principal que, en consecuencia, fija el destino de aquélla.
Ahora bien, con la entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aun cuando estableció un cambio en la estructura y denominación de este Máximo Tribunal, consagrando la creación de nuevas Salas y delimitando la competencia de las mismas, sin embargo, ratificó la competencia de la Sala Político Administrativa, para conocer de casos como el de autos (recursos de nulidad por ilegalidad contra actos de efectos particulares que no son dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución).
En efecto, Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, dispone en su artículo 259, que la jurisdicción contencioso administrativa corresponde al Máximo Tribunal y a los demás tribunales que determine la ley, los cuales son competentes para anular los actos administrativos generales o individuales contrarios a derecho, incluso por desviación de poder.
Ciertamente, en el presente caso, observa esta Sala que se trata de un recurso de nulidad, ejercido conjuntamente con la acción de amparo, contra un acto emanado del Ministro del Ambiente y de los Recursos Naturales, acto este que dentro de la ubicación de la estructura y jerarquía normativa, es de rango sub-legal. Cabe indicar que tal circunstancia excluye del conocimiento que tiene atribuida la Sala Constitucional por expresa disposición del Texto Fundamental (Vgr. Artículo 336).
En consecuencia, visto lo anteriormente expuesto, de conformidad con lo establecido en el artículo 259 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo previsto en los artículos 42, numeral 10 y 43 de la Ley que rige las funciones del Máximo Tribunal, debe esta Sala declararse competente para conocer del recurso de nulidad propuesto, y por ende, del amparo cautelar. Así se decide.
En este sentido, visto el escrito de demanda de nulidad interpuesto, por cuanto no se desprende que la acción principal se encuentra incursa en las causales de inadmisibilidad contempladas en los artículos 84 y 124 de la Ley que rige las funciones de este Máximo Tribunal, salvo las referidas a la caducidad de la acción, y al agotamiento de la vía administrativa, las cuales serán analizadas en caso de declararse inadmisible o improcedente la acción de amparo cautelar, conforme a lo previsto en el Parágrafo Único del artículo 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, se admite la presente demanda cuanto ha lugar en derecho y en consecuencia, se ordena notificar, mediante oficio, a los ciudadanos Procurador General de la República y Fiscal General de la República de conformidad con lo establecido en el artículo 125 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, remitiéndoles copias certificadas del escrito de demanda, así como de la documentación anexa al mismo.
III
DE LA ACCIÓN DE AMPARO CAUTELAR
Antes de cualquier otra consideración, resulta necesario reiterar que esta Sala Político Administrativa de conformidad con el artículo 259 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ejerce la jurisdicción contencioso administrativa como máximo y último garante no sólo del Estado de legalidad, sino fundamentalmente de la constitucionalidad de la actividad de la Administración y en consecuencia, persigue el restablecimiento de la situaciones jurídicas subjetivas lesionadas por la actividad administrativa.
Adicionalmente el constituyente refuerza estos poderes del juez contencioso administrativo ya que dispone en el artículo 26, la garantía de la tutela judicial efectiva. Dispositivo este último del cual deriva un mandato expreso para que el sistema contencioso administrativo se materialice a través de un juicio efectivo.
A tales efectos, esta Sala Político Administrativa, en decisión de fecha 20 de marzo de 2001, recaída en el caso: Marvin Enrique Sierra Velasco vs. Ministerio del Interior y Justicia, se pronunció acerca de la necesidad de reinterpretar los criterios relativos a la naturaleza cautelar del amparo conjunto, en los siguientes términos:
...En definitiva, que el examen de los principios constitucionales comentados, lleva implícito el reforzamiento del poder cautelar del juez contencioso-administrativo, particularmente, cuando actúa como árbitro dentro de un procedimiento en el cual se ventilan violaciones a derechos y garantías constitucionales.
Como consecuencia de este planteamiento, resulta de obligada revisión el trámite que se le ha venido otorgando a la acción de amparo ejercida de forma conjunta, pues si bien con ella se persigue la protección de derechos fundamentales, ocurre que el procedimiento seguido al efecto se muestra incompatible con la intención del constituyente, el cual se encuentra orientado a la idea de lograr el restablecimiento de derechos de rango constitucional en la forma más expedita posible.
Por ello, a juicio de la Sala, al afirmarse el carácter accesorio e instrumental que tiene el amparo cautelar respecto de la pretensión principal debatida en juicio, se considera posible asumir la solicitud de amparo en idénticos términos que una medida cautelar, con la diferencia de que la primera alude exclusivamente a la violación de derechos y garantías de rango constitucional, circunstancia ésta que por su trascendencia, hace aún más apremiante el pronunciamiento sobre la procedencia de la medida solicitada.
En tal sentido, nada obsta a que en virtud del poder cautelar que tiene el juez contencioso-administrativo, le sea posible decretar una medida precautelativa a propósito de la violación de derechos y garantías constitucionales, vista la celeridad e inmediatez necesarias para atacar la transgresión de un derecho de naturaleza constitucional.
Con tal objeto, y en tanto se sancione la nueva ley que regule lo relacionado con la interposición y tramitación de esta especial figura, la Sala Político-Administrativa estima necesaria la inaplicación del procedimiento previsto en los artículos 23, 24 y 26 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, por considerar que el mismo es contrario a los principios que informan la institución del amparo, lo cual no es óbice para que la Ley continúe aplicándose en todo aquello que no resulte incongruente a la inmediatez y celeridad requerida en todo decreto de amparo. En su lugar, es preciso acordar una tramitación similar a la aplicada en los casos de otras medidas cautelares.
Se justifica, entonces, que una vez admitida la causa principal por la Sala, se emita al mismo tiempo un pronunciamiento sobre la medida cautelar de amparo solicitada, con prescindencia de cualquier otro aspecto, cumpliéndose así con el propósito constitucional antes acotado... (Cursivas de esta decisión).
Por las razones expuestas, este Máximo Tribunal ha considerado no sólo inadecuado el trámite que se venía acordando al amparo conjunto, sino adicionalmente inconstitucional y por tanto sujeto a una obligatoria desaplicación por vía del control difuso de la constitucionalidad de las leyes, de los artículos 23, 24 y 26 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, lo cual no es óbice para que la ley continúe aplicándose en todo aquello que no resulte incongruente a la inmediatez y celeridad requerida en el decreto de amparo. Tal y como fuere advertido en la decisión antes transcrita, de fecha 20 de marzo de 2001, recaída en el caso: Marvin Enrique Sierra Velasco vs. Ministerio del Interior y Justicia.
De lo anterior se infiere, que el operador jurídico ante la solicitud de un decreto de amparo no debe desaplicar mecánicamente y sin ninguna otra consideración los artículos 23, 24 y 26 de la referida Ley de Amparo, pues ocurre que tal inaplicación sólo obedece al caso concreto y por tanto, responde a circunstancias particulares, que deben ser fundamentadas, y cada una de las cuales no siempre legitiman la implementación del referido control difuso de constitucionalidad de las leyes.
Bajo estas premisas, se colige que el examen de los intereses y derechos tutelados debe realizarse atendiendo al caso concreto. En tal sentido, la empresa presuntamente agraviada (Refrigeración Master Metropolitana, C. A REFRIMASTER), argumenta en su escrito de demanda, que la Dirección General de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales, mediante oficios Nros. 00722 y 00725, ambos de fecha 20 de julio de 2000, le negó el permiso de importación para gas refrigerante CFC12 y CFC-114 diclorodifluorometanos, para ser utilizados en especialidades farmacéuticas, permiso de importación al que tiene la recurrente derecho adquirido -según alega- de conformidad a la autorización otorgada por el Ministerio de Salud y Desarrollo Social a través de la Resolución Nº 16537 de fecha 29 de diciembre de 1999 (según consta en anexo marcado G).
Asimismo, la recurrente alega en su libelo que el referido gas refrigerante es una sustancia utilizada por su cliente Laboratorio L.O. Oftalmi, C.A., como propelente para inhaladores de asma y, en consecuencia de lo expuesto, denuncia la supuesta violación al principio de irretroactividad de las leyes (artículo 24 de la Constitución) e igualdad (artículo 21 eiusdem), ya que por una parte, considera que la Dirección Sectorial General de Calidad Ambiental del M.A.R.N., con fundamento a las normas inconstitucionales contenidas en el Decreto Presidencial impugnado, cercenó a Refrimaster, su derecho adquirido como importador de las sustancias antes mencionadas, permiso que obtuvo en el mes de marzo de 1998 a los fines de importar 142 toneladas métricas de freón CFC-12 y de freón 22 120 toneladas métricas, lo cual -según afirman en su escrito- convirtió a la recurrente en la mayor importadora y distribuidora de dichas sustancias en Venezuela.
Del mismo modo, la representación judicial de la parte actora considera vulnerado su derecho a la libertad de empresa (artículo 112 eiusdem),en virtud del empobrecimiento de su inversión que asciende -según afirman- a la suma de más de un millón de dólares americanos.
Finalmente, la recurrente sostuvo que el referido acto impugnado viola el derecho a la salud (artículo 83 eiusdem) de un gran número de venezolanos que padecen de asma.
En razón de lo anterior, se observa que por la trascendencia de lo debatido en autos, concurren circunstancias particulares, que pueden poner en riesgo la salud pública, el medio ambiente, e incluso la vida y seguridad ciudadana, por lo que tales derechos deben ser tutelados con prescindencia de la celeridad e inmediatez que caracterizan a este tipo de procedimiento, las cuales ceden ante el bien colectivo que se encuentra en juego.
Ahora bien, en virtud de dicha ponderación del interés público que este órgano jurisdiccional está obligado a tutelar (dada la importancia y la afectación del bien colectivo), es por lo que se justifica, entonces, la búsqueda de un equilibrio entre los derechos de la parte quejosa y los importantes derechos antes señalados, todo con el fin de proteger tales intereses.
En tal sentido, esta Sala ordena abrir cuaderno separado a los fines de oir a los ciudadanos Procurador General de la República, Fiscal General de la República y Ministro del Ambiente y de los Recursos Naturales y Ministerio de Salud y Desarrollo Social antes de decidir sobre la medida cautelar solicitada; a quienes se ordena notificar.
IV
DECISIÓN
En virtud de las consideraciones anteriormente expuestas, esta Sala Político Administrativa, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara:
PRIMERO: Que es COMPETENTE para conocer del presente recurso de nulidad interpuesto conjuntamente con solicitud de amparo cautelar por el abogado Manuel Oswaldo Chávez Pérez, actuando en su carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil REFRIGERACION MASTER METROPOLITANA C.A., (REFRIMASTER) contra el acto administrativo de efectos particulares contenido en Resolución RI.114, de fecha 8 de agosto de 2000, emanado del MINISTRO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES que declaró sin lugar el recurso jerárquico interpuesto por los apoderados de la empresa recurrente, contra el silencio administrativo producido con ocasión del recurso de reconsideración ejercido por ante la Dirección General de Calidad Ambiental de ese Ministerio, contra el acto administrativo contenido en el Oficio Nº 00591 del 6 de septiembre de 1999 de esa Dirección; así como, del acto de efectos generales que le sirve de fundamento, contenido en los artículos 4 y 9 del Decreto Presidencial Nº 3.220 del 13 de enero de 1999; y actos administrativos emanados de la Dirección Sectorial General de Calidad Ambiental, de fecha 20 de julio de 2000, por los cuales se negó a REFRIMASTER, el permiso de importación para gas refrigerante CFC12 y CFC-114 diclorodifluorometanos para ser utilizados en especialidades farmacéuticas.
SEGUNDO: ADMITE la acción principal de nulidad, para lo cual ORDENA notificar, mediante oficio, a los ciudadanos Fiscal General de la República y Procurador General de la República, de conformidad con lo establecido en el artículo 125 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, con remisión de copias certificadas del escrito de demanda, así como de la documentación anexa al mismo. De igual forma se ordena enviar el expediente al Juzgado de Sustanciación, a fin de que se continúe la sustanciación del caso.
TERCERO: SE ORDENA abrir cuaderno separado y notificar a los ciudadanos Procurador General de la República, Fiscal General de la República y Ministro del Ambiente y de los Recursos Naturales y Ministerio de Salud y Desarrollo Social, a los fines de decidir sobre la medida cautelar solicitada.
Remítase el expediente al Juzgado de Sustanciación, una vez abierto el cuaderno separado, a los fines de que continúe el curso de la causa principal.
Publíquese, regístrese y comuníquese. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en Caracas en el Salón de Despacho de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los dieciocho (18) días del mes de octubre del año dos mil uno. (2001). Años: 191º de la Independencia y 142º de la Federación.
El Presidente,
LEVIS IGNACIO ZERPA
El Vicepresidente,
HADEL MOSTAFA PAOLINI
YOLANDA JAIMES GUERRERO
Magistrada-Ponente
La Secretaria,
ANAÍS MEJÍA CALZADILLA
Exp. Nº 0908
YJG/
En veintitres (23) de octubre del año dos mil uno, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 02343.
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