Sentencia N.º 02343
- Sentencia
- N.º 02343
- Fecha
- 25/10/2006
- Sala
- Político Administrativa
- Expediente
- 2005-4719
- Ponente
- Emiro García Rosas
- Procedimiento
- Consulta de jurisdicción
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
MAGISTRADO PONENTE: EMIRO GARCÍA ROSAS
EXP. Nº 2005-4719
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, adjunto a oficio N° 363 del 10 de junio de 2005, remitió a esta Sala el expediente contentivo de la demanda por demolición de obras, que incoaran los abogados Juan Luis Augusto Suárez Novoa y Diamela Coromoto Calderón Briceño, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 8.152 y 31.109, respectivamente, actuando con el carácter de apoderados judiciales de la ASOCIACIÓN CIVIL CONJUNTO RESIDENCIAL DE EDUCADORES VILLA DORADA, denominada anteriormente Asociación Civil Conjunto Residencial de Educadores Elba Medina de Ruiz, inscrita ante la Oficina de Registro Público del Distrito San Cristóbal del Estado Táchira, bajo el Nº 20, Tomo 17, Protocolo Primero, Tercer Trimestre, en fecha 1º de agosto de 1996, contra la ciudadana LAUDYH MAYELA RAMÍREZ CHÁVEZ, portadora de la cédula de identidad Nº 5.678.387; en su carácter de residente del CONJUNTO RESIDENCIAL DE EDUCADORES VILLA DORADA.
Dicha remisión fue efectuada a los fines de decidir la consulta prevista en el artículo 62 del Código de Procedimiento Civil, por haber declarado el referido Juzgado su falta de jurisdicción para conocer y decidir el presente asunto.
El 6 de julio de 2005, se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado EMIRO GARCÍA ROSAS, a los fines de decidir la consulta.
Mediante escrito de fecha 2 de agosto de 2005, el apoderado judicial de la parte actora, consignó escrito de consideraciones.
Realizado el estudio del expediente, pasa la Sala a decidir con fundamento en las siguientes consideraciones:
- I -
ANTECEDENTES
En su demanda los apoderados judiciales de la accionante alegaron:
Que la demandada es propietaria de una vivienda dentro del Conjunto Residencial de Educadores Villa Dorada.
Que la mencionada ciudadana decidió “construir ilegalmente y a su antojo, en contra de los vecinos inmediatos y de la Asociación Civil su techo cobertor para vehículos sin ninguna inclinación, en forma de platabanda que le sirviera de balcón contiguo a su habitación principal, dándose vista a las propiedades inmediatas” (Sic).
Que este tipo de construcción ha sido combatido en las dos últimas Juntas Directivas de la Asociación debido a que “invade la privacidad de los vecinos contiguos, al darse vista directa a la propiedad de estos y en especial a la habitación principal de los dos vecinos inmediatos” (Sic).
Que la Asamblea Extraordinaria celebrada por la referida asociación en fecha 26 de octubre de 2003, protocolizada en la Oficina Subalterna de Registro Inmobiliario del Municipio San Cristóbal del Estado Táchira, el 12 de mayo de 2004, anotada bajo el Nº 02, Tomo 32, aprobó por mayoría de votos que “los techos cobertores de vehículos se pueden construir en tabelon y teja, pero con caída hacia la calle; cuestión (…) que permite al asociado habitante del Conjunto Residencial la construcción de sus techos, pero de forma como se determina en la Asamblea de la Asociación” (Sic) (Destacado de la demandante).
Que la Alcaldía del Municipio San Cristóbal del Estado Táchira le negó a la demandada el permiso de construcción de la obra, motivo por el que ésta ejerció los recursos administrativos, los cuales fueron declarados sin lugar.
Que la accionada se permitió terminar la construcción de la obra, contrariando tanto lo establecido por la Asamblea General de Propietarios, como la prohibición emanada de la Alcaldía del Municipio San Cristóbal del Estado Táchira.
En atención a lo expuesto, la demandante solicitó de conformidad con lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística que “se ordene por cuenta del infractor la demolición de la construcción ilegal, en la parte de su platabanda (…) pero ordenándose conservar las columnas construidas las cuales pueden servir de base o soporte de un techo de los (…) permitidos en el Conjunto Residencial de Educadores Villa Dorada (…)” (Sic), para lo cual pide que se aplique el procedimiento previsto en los artículos 102 y 103 eiusdem.
De esta solicitud le correspondió conocer por distribución al Juzgado Primero de los Municipios San Cristóbal y Torbes de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, quien decidió en fecha 16 de febrero de 2005 que la demanda interpuesta era inadmisible, con fundamento en las siguientes consideraciones:
“Tal solicitud, está fundamentada en los artículos 102 y 103 de la Ley de Orgánica de Ordenación Urbanística. (…)
Al (…) observar el final del encabezado, se evidencia que el mismo no deja lugar a dudas que son sólo dos circunstancias las que permiten acudir a ésta vía, como son: a) La paralización de las actividades; y b) el cierre o clausura del establecimiento.
De esto se desprende cuáles son las dos únicas medidas que el Juez puede tomar en este tipo de procedimiento, por lo que la demolición no está consagrada en estos supuestos normativos. (…)
De lo anteriormente expuesto, concluye esta Juzgadora que al elegir la vía establecida en la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística, referida a la defensa de la zonificación, es sólo pertinente solicitar: La paralización de la actividad y el cierre o clausura del establecimiento, por ende, constituyen estas las dos únicas medidas que puede adoptar el Juez, por lo que en el caso que nos ocupa la medida condenatoria solicitada, escapa del ámbito de aplicación de esta Sentenciadora pues no se encuentra dentro de los supuestos y consecuencias de la norma prevista en el artículo 102 de la Ley in comento, y así se decide.
En este sentido, no es procedente la solicitud presentada (…), por ser contraria a derecho conforme lo dispone el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil (…).
Por todos los razonamientos precedentemente expuestos, este Juzgado (…) DECLARA INADMISIBLE LA SOLICITUD DE DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIÓN (…)” (Sic) (Mayúsculas del Juzgado Primero de los Municipios San Cristóbal y Torbes de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira).
De esta decisión apelaron los apoderados judiciales de la demandante, en fecha 24 de febrero de 2005.
Correspondió conocer de la apelación al Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, por distribución, el cual en fecha 6 de junio de 2005 decidió:
“(…) El Juzgado a-quo basó su decisión en la creencia de que la parte demandante basaba principalmente su petición en los artículos 102 y 103 de la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística.
Del análisis del libelo de la demanda resulta evidente que la acción ejercida no es el control de la regularidad del uso urbanístico o procedimiento de defensa de la zonificación regulado en la ley Orgánica de Ordenación Urbanística, en su título VIII capítulo I, a consecuencia de la presunta irregularidad de las obras realizadas por la demandada. (…)
Por tanto, el Juzgado a-quo no debió negar la admisión con base a la interpretación de los artículos 102 y 103 de la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística sino negar la admisión de la demanda incoada (…) con base en la interpretación del artículo 69 de la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística, pero declarando en consecuencia, SU FALTA DE JURISDICCIÓN, en virtud de que las pretensiones reales en las que basa la pretensión la demandante se refieren al conocimiento de la Administración Pública Descentralizada. Y así se decide. (…)
En mérito de las precedentes consideraciones este JUZGADO (…) declara:
1.- Sin lugar la apelación interpuesta por (…) los Apoderados Judiciales de la ASOCIACIÓN CIVIL CONJUNTO RESIDENCIAL DE EDUCADORES VILLA DORADA (…).
2.- PARCIALMENTE CONFIRMADA la Sentencia de fecha 16 de febrero de 2005, dictada por el Juzgado Primero de los Municipios San Cristóbal y Torbes de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira en el sentido de que SE NIEGA la admisión de la demanda (…) POR FALTA DE JURISDICCIÓN.
3.- De conformidad con lo establecido en el artículo 62 del Código de Procedimiento Civil, se ordena la remisión del presente Expediente inmediatamente al Tribunal Supremo de Justicia en Sala Político-Administrativa, suspendiéndose el proceso desde la presente fecha, todo en beneficio de la celeridad procesal (…)
4.- Se condena (…) en costas a la parte actora por haber resultado su petición totalmente vencida.”. (Sic) (Resaltado y mayúsculas del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira).
- II -
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN
Corresponde a esta Sala pronunciarse acerca de la consulta planteada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, en virtud de la sentencia que dictara en fecha 6 de junio de 2005, mediante la cual declaró su falta de jurisdicción respecto a la Administración Pública.
En el libelo de demanda la actora indicó textualmente:
“(…) ante Usted con el debido respeto acudimos para (…) solicitar la demolición de las obras construidas fuera del marco de la legalidad por la ciudadana LAUDY MAYELA RAMÍREZ CHAVEZ.
(…) todos esos atributos adornaban a la ciudadana (…) hasta que decidió construir ilegalmente y a su antojo (…) su techo cobertor para vehículos sin ninguna inclinación (…).
(…) la Asociación Civil (…) procedió a efectuar el día 22 de Julio de 2.004 una Inspección Judicial (…) a la construcción levantada hasta esa fecha, para demostrar que en ese momento se encontraba intentando construir ilegalmente una platabanda, (…). Con esta prueba (…) podemos demostrar que la ciudadana (…) ha tenido la intención desde un principio de construir ilegalmente el techo con platabanda que le había sido prohibido (…).
La ciudadana (…) continuó construyendo a su antojo y de manera contraria a lo establecido en la Asamblea, el techo cobertor (…) levantándose una terraza que le sirve de balcón; (…) de igual manera procedió a construir sin ningún permiso emanado del ente rector municipal (…).
Por la violación tanto de la norma del Código Civil, como (…) de las normas internas de la Asociación Civil, como por la terminación de la construcción sin el correspondiente permiso municipal, se puede concluir que la construcción así realizada (…) es ilegal.
(…) Para proceder a la terminación de la construcción del techo a su manera, la ciudadana (…) se aprovechó de un oficio emanado del Tribunal Superior de lo Contencioso Administrativo Región Los Andes.
(…) se construyó sin el respectivo permiso Municipal; (…) habiéndose por tanto levantado allí una obra de manera ilegal. (…) la ciudadana (…) está obstinada en la construcción final de su obra (…) pues construyó violentando las disposiciones de la Asamblea de propietarios; (…) dando así por terminada su obra a viento y marea; (…).
la ciudadana (…) se permitió terminar la construcción de un techo cobertor para vehiculo (…) de forma ilegal (…) y ahora sin ningún tipo de permiso municipal (…) se permite construir el final de la obra (…).
De conformidad al Artículo 69 de la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística (…) solicitamos (…) se ordene por cuenta del infractor la demolición de la construcción ilegal, en la parte de su platabanda (…) pero ordenándose conservar las columnas construidas las cuales pueden servir de base o soporte de un techo de los normalmente permitidos en el Conjunto Residencial (…)
solicitamos que se emplee (…) el procedimiento señalado en el Artículo 102 y 103 de la Le Orgánica de Ordenación Urbanística (…)” (Sic) (Negrillas y subrayado de la demandante).
En el caso de autos la demandante pidió conforme a lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística, la demolición de las obras construidas por la demandada en su vivienda signada con el Nº 66, ubicada dentro del Conjunto Residencial de Educadores Villa Dorada, en el Municipio San Cristóbal, Estado Táchira, debido a la presunta ilegalidad de éstas, pedimento que permite a este Máximo Tribunal arribar a la conclusión de que la obra en cuestión ya estaba terminada. Solicitó además que la demanda se ventilara por el procedimiento previsto en los artículos 102 y 103 eiusdem.
Las citadas normas de la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística disponen:
Artículo 69.- “Las zonas de parques y recreación no podrán ser destinadas a ningún otro uso; las destinadas a servicios comunales o de infraestructura, sólo podrán afectarse a otro uso cuando fueren sustituidas por otras de igual uso y, por lo menos, igual dimensión y similares características. Cualquier otro uso o acto contrario será nulo de nulidad absoluta y el organismo competente, local o nacional, podrá ordenar, por cuenta del infractor, la demolición de las construcciones o instalaciones realizadas en contravención de lo dispuesto en el presente artículo. Las áreas verdes de protección podrán servir para la prestación de determinados servicios o vías conforme lo establezca el Reglamento.”
Artículo 102.- “Si un inmueble se destinare presuntamente a un uso contrario al que le corresponda conforme al plan o a la ordenanza de zonificación o si en dicho inmueble se realizaren construcciones ilegales, la Asociación de Vecinos o cualquier persona con interés legítimo, personal y directo podrá solicitar de un Juez de Distrito, Departamento o de equivalente jerarquía, según el caso, de la respectiva Circunscripción Judicial la paralización de las actividades y el cierre o clausura del establecimiento.
El interesado motivará suficientemente su solicitud y acompañará las evidencias que fueren pertinentes al caso. La Fiscalía General de la República podrá intervenir en el procedimiento a solicitud de la Asociación de Vecinos afectada.”
Artículo 103.- “Recibida la solicitud a que se refiere el artículo anterior, el Juez citará al ocupante del inmueble a objeto de que éste presente, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, original o copia certificada de los documentos o actas que evidencien la legalidad del uso dado al inmueble.
Si no se evidenciare dicha legalidad y el Juez considerase que el destino dado al inmueble es contrario al plan o a la ordenanza de zonificación, deberá ordenar la paralización de las actividades o el cierre o clausura del establecimiento. De esta decisión podrá apelarse libremente ante el Juez de Primera Instancia en lo Civil quien deberá resolver en un plazo de diez (10) días hábiles.
El Juez revocará la medida dictada cuando el interesado presentare original o copia certificada del documento o acto que evidencie la legalidad del uso dado al inmueble, sin perjuicio de los recursos administrativos o contencioso administrativos que puedan interponerse contra los actos relativos al caso.” (Resaltado de la Sala).
El artículo 69 del mencionado texto legal establece a cargo de las autoridades administrativas, la facultad de ordenar -por cuenta del infractor- la demolición de las construcciones o instalaciones realizadas en contravención a lo dispuesto en ese mismo artículo. Dicha norma faculta expresamente a las autoridades administrativas locales o nacionales para ordenar la demolición de las obras realizadas en contravención a los usos establecidos para las zonas de parques o recreación, así como de infraestructura.
Por su parte, el artículo 102 eiusdem prevé dos supuestos, el primero se refiere a los inmuebles que se destinen a un uso contrario al que les corresponde de acuerdo al plan o a la ordenanza de zonificación, y el segundo cuando en un inmueble se están realizando construcciones ilegales. En cualquiera de estas dos circunstancias, el Juez de Municipio de la Circunscripción Judicial correspondiente a la ubicación del inmueble, puede, a petición de parte interesada, ordenar:
· la paralización de las actividades, o
· la clausura del establecimiento.
Como puede observarse, los artículos 69 y 102 de la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística, estando dirigido el primero a la autoridad administrativa y el segundo a la jurisdiccional, prevén supuestos de hecho distintos, que producen consecuencias jurídicas también diferentes.
El supuesto de hecho del artículo 102 consiste en que las obras estén en proceso de construcción, único caso en el cual el Juez podría ordenar “la paralización de las actividades”, previo cumplimiento del procedimiento previsto en el artículo 103 eiusdem.
En el caso de autos, la demandante pidió la demolición del techo construido por la accionada, alegando que ya estaba terminado, basando su pretensión en lo previsto en el artículo 69 de la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística, cuyo supuesto corresponde al hecho de que las obras estén concluídas y deba decidir el organismo local o la autoridad urbanística nacional, únicos autorizados para ordenar la demolición de las construcciones ilegales ya concluídas. En consecuencia, esta Sala concluye que en esta etapa de la controversia el Poder Judicial no tiene jurisdicción para conocer y decidir la solicitud planteada por la parte actora, la cual puede requerir a la autoridad local competente la demolición de la obra de acuerdo con lo dispuesto en el citado artículo 69 eiusdem, y en caso de inconformidad con la decisión administrativa, podrá entonces acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa, tal como lo prevé el artículo 103 in fine. Así se declara.
DECISIÓN
Atendiendo a los razonamientos antes señalados, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara que el PODER JUDICIAL NO TIENE JURISDICCIÓN para conocer y decidir la acción intentada por la ASOCIACIÓN CIVIL CONJUNTO RESIDENCIAL DE EDUCADORES VILLA DORADA, contra la ciudadana LAUDYH MAYELA RAMÍREZ CHÁVEZ.
En consecuencia, se confirma la decisión consultada en los términos expuestos en el presente fallo.
Publíquese, regístrese y comuníquese. Devuélvase el expediente al Juzgado de origen. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los veinticuatro (24) días del mes de octubre del año dos mil seis (2006). Años 196º de la Independencia y 147º de la Federación.
La Presidenta
EVELYN MARRERO ORTÍZ
La Vicepresidenta,
YOLANDA JAIMES GUERRERO
Los Magistrados,
LEVIS IGNACIO ZERPA
HADEL MOSTAFÁ PAOLINI
EMIRO GARCÍA ROSAS
Ponente
La Secretaria,
SOFÍA YAMILE GUZMÁN
En veinticinco (25) de octubre del año dos mil seis, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 02343.
La Secretaria,
SOFÍA YAMILE GUZMÁN
Busca más sentencias en Venley
Búsqueda avanzada, colecciones personalizadas y consultas a Kelsen.
Buscar sentencias