Busca más sentencias en Venley
Búsqueda avanzada, colecciones personalizadas y consultas a Kelsen.
Buscar sentenciasEl Juzgado de Sustanciación, adjunto a Oficio N° 1790 de fecha 31 de enero de 2006, remitió a esta Sala el cuaderno separado contentivo de las copias certificadas relativas a la solicitud de “medida cautelar de embargo” formulada en la demanda que por cobro de bolívares incoara el abogado Gerardo Alberto Patiño Vásquez, inscrito en el INPREABOGADO bajo el Nro. 26.128, actuando con el carácter de PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO TÁCHIRA contra la sociedad mercantil CONSTRUCTORA JARQUIN, inscrita por ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, en fecha 28 de enero de 1997, bajo el Nro. 21, Tomo 3-B, con la finalidad de obtener el pago de la multa impuesta mediante Resolución N° 041-98 de fecha 6 de noviembre de 1998, dictada por la Dirección de Infraestructura y Mantenimiento de Obras (DIMO) de la Gobernación del Estado Táchira, por incumplimiento del contrato de obras signado con el N° H-03-060-96. Asimismo, estimó la demanda en la cantidad de setenta y tres mil setecientos cuarenta bolívares con sesenta céntimos (Bs. 73.740,60).
I
ANTECEDENTES
El abogado Gerardo Alberto Patiño Vásquez, ya identificado, actuando con el carácter de PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO TÁCHIRA, demandó ante el Juzgado Segundo de los Municipios San Cristóbal y Torbes de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, a la sociedad mercantil CONSTRUCTORA JARQUIN, también identificada, por cuanto la Gobernación del mencionado Estado y la aludida empresa “...celebraron contrato Nº H-03-060-96, para la ejecución de la obra ‘TERMINACIÓN ACUEDUCTO LA CASIANA, MUNICIPIO PANAMERICANO’, por un monto de DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE BOLIVARES(sic) CON VEINTICINCO CENTIMOS(sic) (Bs.2.999.999,25), mediante RESOLUCIÓN Nº 041-98, de fecha 06 de Noviembre de 1998, emanada de la Dirección de Infraestructura y Mantenimiento de Obras (D.I.M.O), la Gobernación del Estado, rescindió el Contrato de obra (sic)Nº H-03-060-96 por incumplimiento de la Empresa, y se le impuso una multa de SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA BOLIVARES CON SESENTA CENTIMOS (Bs.73.740,60), la cual no fue cancelada por la Empresa, encontrándose ésta líquida, exigible y de plazo vencido”.
Por tal motivo solicitó, el pago de la multa impuesta en virtud de la rescisión del contrato de obras antes descrito, con sus respectivos intereses moratorios causados y la condenatoria en costas calculadas al veinticinco por ciento (25%), así como medida ejecutiva de embargo sobre bienes.
Por auto de fecha 1º de agosto de 2000, el Juzgado Segundo de los Municipios San Cristóbal y Torbes de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, admitió la demanda por cobro de bolívares interpuesta por la representación de la Gobernación del Estado Táchira y ordenó la intimación a la empresa demandada, de conformidad con el procedimiento de ejecución de créditos fiscales previsto en los artículos 653 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.
Mediante sentencia interlocutoria de fecha 30 de septiembre de 2003, el mencionado juzgado declinó la competencia para conocer del presente asunto por razón de la materia, en el Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Los Andes, por cuanto de conformidad con lo establecido en el artículo 333 del Código Orgánico Tributario, los tribunales de la jurisdicción civil ordinaria debían conocer de los juicios ejecutivos de naturaleza tributaria hasta tanto se crearen los tribunales contencioso tributarios.
Recibido el expediente por el Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Los Andes, éste en sentencia interlocutoria de fecha 27 de abril de 2004, declaró su incompetencia para conocer el presente caso y planteó conflicto negativo de competencia entre ese órgano jurisdiccional y el Juzgado Segundo de los Municipios San Cristóbal y Torbes de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, solicitando de oficio la regulación de la misma ante esta Sala. En tal sentido, ordenó la remisión de las actuaciones de conformidad con lo dispuesto en los artículos 70 y 71 del Código de Procedimiento Civil.
El 20 de mayo de 2004, se dio cuenta en Sala y por auto de la misma fecha se designó ponente a la Magistrada YOLANDA JAIMES GUERRERO, a los fines de decidir la regulación de competencia planteada.
Mediante decisión de fecha 19 de mayo de 2005, la Sala aceptó la competencia, para conocer de la presente causa.
Por auto de fecha 24 de enero de 2006, el Juzgado de Sustanciación admitió la demanda incoada, ordenando las notificaciones y emplazamientos de ley y acordó la apertura del correspondiente cuaderno separado, con el objeto de dar curso al pronunciamiento sobre la medida solicitada.
El 31 de enero de 2006, el Juzgado de Sustanciación mediante Oficio signado con el Nro. 1790 remitió el cuaderno de medidas relacionado con la demanda incoada.
El 21 de febrero de 2006, se designó ponente a la Magistrada YOLANDA JAIMES GUERRERO, a los fines de decidir “la medida cautelar de embargo”.
II
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Corresponde a esta Sala decidir sobre la medida ejecutiva de embargo solicitada y al efecto observa:
En el presente caso se ha intentado una demanda “…por cobro de bolívares, de conformidad con el procedimiento de ejecución de créditos fiscales…”, establecido en los artículos 653 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, estimada en la cantidad de setenta y tres mil setecientos cuarenta bolívares con sesenta céntimos (Bs. 73.740,60).
De igual manera se observa que dicha cantidad representa el monto de la multa impuesta por la Gobernación del Estado Táchira, a la sociedad mercantil demandada Constructora Jarquin, por incumplimiento del contrato signado con el Nro. H-03-060-96 para la ejecución de la obra “Terminación Acueducto La Casiana, Municipio Panamericano”, suscrito por ambas partes.
Ahora bien, observa esta Sala que si bien el accionante solicitó la ejecución de un crédito fiscal con fundamento en los artículos 653 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, la Sala mediante sentencia de fecha 19 de mayo de 2005, al aceptar la competencia determinó:
“Sin embargo, en el caso que nos ocupa la controversia no se origina de obligación tributaria alguna, es decir, la multa impuesta a la sociedad mercantil Constructora Jarquin por la cantidad de setenta y tres mil setecientos cuarenta bolívares con sesenta céntimos (Bs.73.740,60) y cuyo pago se intima mediante la demanda incoada por el apoderado judicial de la Gobernación del Estado Táchira, no proviene de un tributo estadal, ni del incumplimiento de un deber formal asociado al mismo, ni de la comisión de ilícitos tributarios; sino por el contrario, dicha multa se deriva del incumplimiento de un contrato y por tanto se encuentra fuera del ámbito de competencia de los Tribunales Contenciosos Tributarios. Así se declara. (Negrillas de la Sala)”.
En tal sentido se observa que la Sala, a través de la mencionada sentencia determinó que el sustento de la pretensión del accionante, la multa, se deriva del incumplimiento de un contrato, lo cual por interpretación en contrario se entiende que no se trata de una ejecución por un crédito fiscal, sino de una demanda por cobro de bolívares.
La anterior interpretación fue precisamente la que motivó al Juzgado de Sustanciación a admitir la demanda por auto de fecha 24 de enero de 2006, conforme a los lineamientos del procedimiento ordinario.
Al respecto se advierte, que si bien la medida ejecutiva de embargo de bienes solicitada tuvo su origen en el “juicio de ejecución de crédito fiscal”, al haber determinado esta Sala que se trata de una demanda por cobro de bolívares, se hace necesario advertir que ese tipo de medida sólo procede para los juicios monitorios y por consiguiente al tratarse el presente caso de un juicio ordinario debe declararse improcedente.
III
DECISIÓN
Atendiendo a los razonamientos expresados, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara IMPROCEDENTE la medida ejecutiva de embargo solicitada por el Procurador del Estado Táchira con ocasión del juicio incoado por dicho estado contra la sociedad mercantil Constructora Jarquin.
Publíquese, regístrese, notifíquese. Agréguese copia certificada de la presente decisión a la pieza principal. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los dos (02) días del mes de noviembre del año dos mil seis (2006). Años 196º de la Independencia y 147º de la Federación.
La Presidenta
EVELYN MARRERO ORTÍZ
La Vicepresidenta - Ponente
YOLANDA JAIMES GUERRERO
Los Magistrados,
LEVIS IGNACIO ZERPA
HADEL MOSTAFÁ PAOLINI
EMIRO GARCÍA ROSAS
La Secretaria,
SOFÍA YAMILE GUZMÁN
En siete (07) de noviembre del año dos mil seis, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 02417.
La Secretaria,
SOFÍA YAMILE GUZMÁN