Venley

Sentencia N.º 0246

Sentencia
N.º 0246
Fecha
18/07/2019
Sala
Constitucional
Expediente
15-1453
Ponente
Gladys María Gutiérrez Alvarado
Procedimiento
Reclamo

MAGISTRADA PONENTE: GLADYS MARÍA GUTIÉRREZ ALVARADO

 

El 18 de diciembre de 2015, se recibió en esta Sala, escrito interpuesto por el ciudadano OTONIEL PAUTT ANDRADE, titular de la cédula de identidad número V-13.638.880, e inscrito en el Instituto de Previsión social del Abogado bajo el n° 154.755, contentivo de la demanda de protección de intereses colectivos y difusos con medida cautelar innominada en contra de “La Asamblea Nacional, en la persona de DIOSDADO CABELLO RONDÓN o de quien lo sustituya a partir del 5 de enero de 2016, e igualmente en contra del COMITÉ DE POSTULACIONES JUDICIALES como consecuencia de la eventual designación de los candidatos o candidatas a magistrados o magistradas del Tribunal Supremo de Justicia”.

El 23 de diciembre de 2015, se dio cuenta en Sala del presente expediente y se designó como ponente a la Magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado, quien con tal carácter, suscribe la presente decisión.

El 13 de enero de 2016, compareció por ante la Secretaría de esta Sala el abogado Otoniel Pautt Andrade, quien consignó escrito y anexos.

El 02 de mayo de 2016, esta Sala Constitucional dictó la sentencia n.° 336, mediante la cual declaró inadmisible la demanda interpuesta, en dicha decisión esta Sala impuso al accionante una multa por la cantidad de cincuenta unidades tributarias (Bs. 50 UT), pagaderas a favor de la Tesorería Nacional en cualquier entidad bancaria receptora  de fondos públicos nacionales, dentro de los treinta (30) días continuos siguiente a la recepción del oficio emanado por esta Sala o de la decisión que resuelva el reclamo conforme a lo establecido en el artículo 125 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

Por oficio n.° 16-0311 de fecha 19 de mayo de 2016, esta Sala libró oficio de notificación a la parte demandante con el objeto de informarle acerca del contenido de la decisión antes referida.

El 14 de junio de 2016 el demandante, consignó ante la Secretaría de esta Sala, un escrito mediante el cual interpuso “RECLAMO contra la sentencia N° 336 de fecha 02 de mayo de 2016, dictada por esta Sala, mediante el cual en error judicial y falso supuesto factico se me impone un castigo pecuniario por haber citado –sin intención dolosa alguna y con sus respectivas comillas- noticias de prensa en el escrito libelar que –a criterio de la precitada Sala- contienen conceptos ofensivos o irrespetuosos hacia la investidura de los Magistrados de este Tribunal Supremo de Justicia”.

El 04 de agosto de 2016, compareció nuevamente ante la Secretaría de esta Sala el demandante y consignó escrito solicitando la inhibición de los Magistrados de esta Sala Constitucional Gladys María Gutiérrez Alvarado, Arcadio Delgado Rosales, Carmen Zuleta de Merchán, Juan José Mendoza Jover, Calixto Antonio Ortega Ríos, Luís Fernando Damiani Bustillos, Lourdes Benicia Suárez Anderson, así como todos los Magistrados Suplentes esta Sala, para el conocimiento y decisión del escrito de reclamo interpuesto, haciendo la consideración de que en el caso de que se hiciere caso omiso de la inhibición solicitada, se tramite como una recusación con la respectiva notificación a la Asamblea Nacional para que designe Magistrados Ad Honorem para el conocimiento del reclamo.

El 27 de septiembre de 2016, el Alguacil de esta Sala dejó constancia de lo siguiente: “Consigno Oficio n°. 16-0311 del 19de mayo de 2016, contentivo de copia certificada de la sentencia n°. 336 del 02de mayo de 2016, dirigido al  ciudadano Otoniel Pautt Andrade, para ser agregado al expediente n°. 2015-1453, los cuales fueron devueltos por el Instituto Postal  telegráfico de Venezuela IPOSTEL, por cuanto no pudieron ser entregados a su destinatario, por la razón que se indica en sello de IPOSTEL, colocado en el sobre, el cual refiere de la siguiente manera ‘Rechazada’. Es todo”.

El 19 de octubre de 2017, el abogado Otoniel Pautt Andrade presentó escrito en relación con el caso.

Efectuado el examen correspondiente, pasa esta Sala a decidir, previas las siguientes consideraciones de hecho y de derecho:

 

I

DEL RECLAMO INTERPUESTO

Como argumentos para fundamentar el reclamo, el solicitante de autos señaló lo siguiente:

Que solicita a esta Sala “que se sirva en revocar la referida sanción, por cuanto NUNCA tuv[e] intención alguna de ofender a la majestad del Poder judicial al citar noticias de prensa en el escrito libelar, toda vez que actu[é] de buena fe y sin percibir alguna remuneración o provecho económico o político al redactar e interponer la demanda de autos pues todo lo hic[e] en defensa del Derecho y para contribuir con la buena marcha de la Administración de justicia”.

Que “se puede apreciar en el escrito libelar que no efectu[é] ninguna ofensa, menos aún tuv[e] intención de efectuarla, pues los conceptos extraídos de las citas periodísticas y considerados como ‘irrespetuosos’ por esta respetable Sala, NUNCA fueron emitidos por m[í], sino por el excelente periodista MANUEL ISIDRO MOLINA en su habitual columna del semanario DIARIO LA RAZÓN N° 1 .092, conforme a su derecho establecido en el artículo 57 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y siendo él, y solamente él por haber hecho uso de este derecho constitucional a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones por escrito para informarle a toda la colectividad venezolana sobre el proceso de selección de magistrados, es quien debería asumir plena responsabilidad por todo lo allí expresado y, por consiguiente, es a todas luces contrario a derecho que se m[e] haga a m[í]responsable por la opinión emitida por otra persona en el ejercicio de su libertad de prensa, hasta el punto de que se m[e] haya multado y colocado moralmente al escarnio público por haber hecho sin mala fe la trascripción de algunas citas periodísticas con sus respectivas comillas para ilustrar los antecedentes de la demanda de autos; ¿no es tal sanción así impuesta una manifiesta injusticia hacia la dignidad de mi persona y, a la vez, una palmaria violación del derecho a la libertad de opinión y a la comunicación libre y plural contemplados respectivamente en los artículos 57 y 58 de la Constitución de 1999?”.

Que “es de notar con el debido respeto y ponderación que no conozc[o] ningún catalogo de máximas de experiencias o ley penal del ordenamiento jurídico venezolano en el cual se haya tipificado como ‘conceptos irrespetuosos’ las expresiones utilizadas por el prenombrado comunicador social para informarle a la colectividad sobre la irregularidad procedimental en cuanto a la designación de los candidatos o candidatas a magistrados o magistradas del Tribunal Supremo de Justicia, y en ese sentido si no existe el supuesto de hecho tipificado en la ley, mal puede consecuencialmente aplicarse alguna sanción como tal. De modo que si como abogado no efectúe ninguna ofensa hacia la investidura de los Magistrados de este Tribunal Supremo de justicia, ni tampoco tuve ni teng[o] intención alguna de irrespetar a las máximas autoridades jurisdiccionales de la República Bolivariana de Venezuela, es preciso concluir forzosamente y sin ánimo alguno de herir susceptibilidades humanas que en la mencionada sentencia N° 336 se obró en sentido opuesto al principio de legalidad, porque a causa de errores de percepción se aplicó una sanción sin que se haya dado el supuesto de hecho establecido por el Legislador patrio en la norma contenida en el artículo 121 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, y cuya aplicación se traduce — y así alego responsablemente- en un falso supuesto normativo”

Solicitó:

Que “declare PROCEDENTE el presente Reclamo, ordenando dejar sin efecto la multa impuesta a quien aquí suscribe como abogado.”

II

DE LA COMPETENCIA

El artículo 125 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia señala:

“Artículo 125.- El sancionado o sancionada podrá reclamar por escrito la decisión judicial que imponga las sanciones a que se refieren los artículos 121, 122 y 123 de esta Ley, dentro de los tres días hábiles siguientes a su notificación, cuando expondrá las circunstancias favorables a su defensa. El reclamo será decidido por la Sala respectiva dentro de los cinco días hábiles siguientes al vencimiento del lapso para reclamar la decisión en la cual la Sala podrá ratificar, revocar o reformar la sanción, siempre y cuando no cause mayor gravamen al sancionado”.

           

La referida norma, prevé la posibilidad de que cualquier persona que haya sido sancionada en una decisión judicial, pueda realizar el reclamo, con la obligación de la respectiva Sala de revocar, reformar o ratificar la sanción impuesta, siempre que la misma no cause mayor gravamen al sujeto sancionado. Ello así, y en vista que el ciudadano Otoniel Pautt Andrade en ejercicio la potestad otorgada por el prenombrado artículo, ejerció reclamo en contra de la sanción contenida en la sentencia N° 336 del 02 de mayo de 2016, dictada por esta Sala, se asume la competencia para el conocimiento del reclamo presentado. Y así se decide.

III

PUNTO PREVIO

DE LA SOLICITUD DE INHIBICIÓN Y/O RECUSACIÓN DE TODOS LOS MAGISTRADOS Y MAGISTRADAS DE LA SALA CONSTITUCIONAL EN LA PRESENTE CAUSA

Mediante escrito presentado ante la Secretaría de esta Sala de fecha 04 de agosto de 2016, el ciudadano Otoniel Pautt Andrade, señaló: que solicitaba la Inhibición de los Magistrados de esta Sala Constitucional Gladys María Gutiérrez Alvarado, Arcadio Delgado Rosales, Carmen Zuleta de Merchán, Juan José Mendoza Jover, Calixto Antonio Ortega Ríos, Luís Fernando Damiani Bustillos, Lourdes Benicia Suárez Anderson  y todos los Magistrados Suplentes de la Sala Constitucional, para el conocimiento y decisión del reclamo interpuesto, para lo cual, además manifestó que solo en el caso de que los Magistrados mencionados no se inhiban del conocimiento del presente reclamo, es que solicita que la inhibición peticionada, se entienda  y se tramite como una recusación contra cada uno de los Magistrados anteriormente nombrados, finalmente solicitó sea declarada con lugar la recusación de no haberse producido la inhibición de los Magistrados y Magistradas de esta Sala y se remita copia de certificada de la decisión a la Asamblea Nacional para que esta designe Magistrados Ad Honorem para el conocimiento del presente asunto.

El mencionado escrito fue presentado en los siguientes términos:

“… En hora de Despacho de hoy 04 de agosto de 2016, comparece por ante esta respetable Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, el abogado Otoniel Pautt Andrade, debidamente inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 154.755, actuando en su propio nombre y como miembro del Colegio de Abogado (sic) de Caracas con el N° 64.081, con el debido respeto, expuso:

a)            Que, en fecha 02 de mayo de 2016, con ocasión de la Demanda de Derechos colectivos y Difusos intentada en contra de la Asamblea Nacional saliente e igualmente en contra del COMITÉ DE POSTULACIONES JUDICIALES como consecuencia de la eventual designación de los candidatos o candidatas a magistrados o magistradas del Tribunal Supremo de Justicia, la Sala Constitucional emitió la sentencia N° 336, bajo ponencia de la Magistrada GLADYS MARÍA GUTIÉRREZ ALVARADO, mediante la cual, además de haber declarado inadmisible la demanda incoada en menoscabo de mi derecho de acceso a la justicia que consagra el articulo (sic) constitucional 26, se me impone injustamente una multa lesiva a mi derecho al honor y reputación como abogado y ciudadano de la República, por un monto de cincuenta unidades tributarias (50 U.T.), siendo que dicha multa está fundamentada en falso supuesto de hecho y de derecho, toda vez que en el escrito contentivo de la referida demanda nunca efectué ofensa alguna hacia la investidura de los Magistrados de este Tribunal Supremo de Justicia, ni tampoco legalmente se m[e] puede imputar responsabilidad por el simple hecho de haber transcrito textualmente expresiones manifestadas por articulistas de prensa para ilustrar los antecedentes de la demanda de autos.

b)             Que, en virtud de la situación de hecho que los ciudadanos magistrados: GLADYS MARÍA GUTIÉRREZ ALVARADO, ARCADIO DELGADO ROSALES, CARMEN ZULETA DE MERCHÁN y JUAN JOSÉ MENDOZA JOVER suscribieron la sentencia N° 336, de fecha 02 de mayo de 2016, con lo cual como tribunal colegiado emitieron su opinión con relación a la multa impuesta al considerar “que algunos de los conceptos emitidos por el abogado Otoniel Pautt Andrade, son irrespetuosos, en agravio de la función jurisdiccional que realiza este órgano de Administración de Justicia”; que “acorde con lo dispuesto en el artículo 121 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, sanciona al abogado OTONIEL PAUTT ANDRADE, con multa, por el irrespeto del accionante hacia la investidura de los Magistrados de este Tribunal Supremo de Justicia…”, es evidente consecuencialmente a todas luces la existencia de la causal de recusación contenida en el artículo 82-ordinal 15- del Código de Procedimiento Civil que recae sobre los prenombrados magistrados, a lo cual cada uno de ellos está obligado a declararla, sin aguardar a que se les recuse, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 84 eiusdem, norma ésta de orden público aplicable por remisión expresa del artículo 54 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, por lo que, en consecuencia, ante la falta de inhibición por parte de los mencionados magistrados y en defensa de mi derecho a la tutela judicial efectiva y de la garantía del juez natural, con fundamento en las normas procesales ut supra, solicito respetuosamente a los ciudadanos magistrados: GLADYS MARÍA GUTIÉRREZ ALVARADO, ARCADIO DELGADO ROSALES, CARMEN ZULETA DE MERCHÁN y JUAN JOSÉ MENDOZA JOVER que presenten su respectiva INHIBICIÓN  para el conocimiento y decisión del reclamo de autos y su punto previo, porque en la persona de cada uno de ellos existe la causal de inhibición anteriormente mencionada por haber emitido su opinión con relación a la multa impuesta en la citada sentencia N° 336, de fecha 02 de mayo de 2016, tal como se evidencia en los enunciados supra transcritos y en negrillas y, en ese sentido, mal podría conocer de manera imparcial el reclamo de autos, aquellos ciudadanos magistrados y magistradas, cuya competencia subjetiva está seriamente comprometida al haber suscrito la sanción en referencia, pues de otro modo el Estado Venezolano no m[e] estaría garantizando una justicia imparcial y transparente como lo ordena la Constitución Nacional en su artículo 26 y los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela en lo que se refiere al derecho a la tutela judicial efectiva y a la defensa, los cuales son derechos inherentes a la persona humana.

c)             Que, asimismo, con fundamento en los artículos 82-ordinal 4- y 84 del Código de Procedimiento Civil, concatenado con lo establecido en el artículo 54 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, SOLICITO con el debido respeto que los ciudadanos magistrados : CALIXTO ANTONIO ORTEGA RIOS, LUIS FERNANDO DAMIANI BUSTILLOS y LOURDES BENICIA SUÁREZ ANDERSON, así como todos los magistrados suplentes de esta Sala que hayan sido nombrados y juramentados en fecha 23-12-2015, también presenten su respectiva INHIBICIÓN en la presente causa porque en la persona de cada uno de ellos existe, por lo menos, una causal de inhibición, fundada en su relación con el objeto de la causa principal, por tener un interés directo en el pleito, debido a que los tres prenombrados magistrados y los aludidos suplentes fueron designados por la Asamblea Nacional saliente en sesión extraordinaria celebrada el 22 de diciembre de 2015, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.816 del mismo mes y año.

d)            Solo en caso que los mencionados funcionarios judiciales no se inhiban de conocer el presente Reclamo y su punto previo, a sabiendas de que existe causal de recusación, es que pido entonces que la presente solicitud de inhibición sea entendida y tramitada como una solicitud de recusación contra cada uno de los prenombrados magistrados (GLADYS MARÍA GUTIÉRREZ ALVARADO, ARCADIO DELGADO ROSALES, CARMEN ZULETA DE MERCHÁN, JUAN JOSÉ MENDOZA JOVER, CALIXTO ORTEGA RIOS, LUIS FERNANDO DAMIANI BUSTILLOS y LOURDES BENICIA SUÁREZ ANDERSON) y con base en los fundamentos facticos y jurídicos respectivamente expuestos en los particulares b y c de la presente diligencia, declarándose CON LUGAR dicha recusación, toda vez que si bien es cierto como lo ha establecido la jurisprudencia patria que la inhibición es un deber y un acto procesal del juez, mediante el cual decide separarse voluntariamente del conocimiento de una causa, no es menos cierto que ante la falta de inhibición del juez, la parte está asistida del derecho a recusarlo, por lo cual solo estaría recusados por quien suscribe los mencionados magistrados, si los mismos no se inhiben, y una vez declarada CON LUGAR la inhibición o Recusación de todos los magistrados principales y suplentes que integran esta respetable Sala Constitucional de nuestro Máximo Tribunal como así lo solicito, pido que se remita copia certificada de la respectiva decisión a la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela para que proceda a designar magistrados ad honore (sic) para el conocimiento del reclamo de autos y su punto previo…”.

 

Precisado lo anterior, resulta necesario establecer, por una parte, que la recusación es un mecanismo con el que cuentan las partes en el proceso, para impedir que un juez que afectado de incompetencia subjetiva continúe conociendo de una causa en la cual sus intereses se encuentren involucrados; en tanto que, la inhibición constituye una facultad concedida por el Legislador al juez, para que se separe del conocimiento de una causa, cuando se encuentra incurso en algún impedimento establecido por la ley que no le permite continuar en conocimiento de una causa y decidir la misma.

Así las cosas, el Código de Procedimiento Civil determina las causales de inhibición, que igualmente lo son de recusación que inciden sobre la parcialidad o actuación del magistrado dentro del proceso; de tal manera que, cuando el Juzgador observe la existencia de una de estas causales, se inhiba de manera inmediata, pues, de lo contrario, podrá ser recusado por la parte o las partes, por el mismo motivo que le debió servir de fundamento para la inhibición y que, sin embargo, no estimó procedente, dada la omisión que al respecto mantuvo.

En el presente caso, se observa que el hoy reclamante  “solicita la inhibición” de los siete (7) Magistrados que conforman esta Sala Constitucional. Al respecto, debe indicarse que, la institución de la inhibición constituye una facultad-deber inherente al juez, cuyo ejercicio o utilización puede ser obra de éste, de tal manera que, el ordenamiento jurídico sólo permite a estos funcionarios su invocación y aplicación, por lo que, solamente pueden las partes recusar al juez por los mismos motivos por los cuales aquel se debió inhibir.

Si bien el juez está obligado a declarar su inhibición, de acuerdo con lo ordenado en el artículo 84 del Código de Procedimiento Civil, no se encuentra sujeto a declarar tal a solicitud de parte, pues si la parte pretende la inhabilitación del juez para conocer de la causa dispone de mecanismos que el ordenamiento le otorga a tales fines, sin embargo, solicitárselo al juez es pretender que se produzca una actuación del juzgador que forma parte de su conciencia y en virtud de ello no puede generarse a petición de parte.

Aclarado lo anterior, se aprecia que en la última parte del escrito presentado por el reclamante en fecha 04 de agosto de 2016, éste último expresó que procedía a recusar a los Magistrados principales y suplentes de esta Sala conforme al artículo 82.15 y 82.4, respectivamente del Código de Procedimiento Civil.

Ahora bien, dispone el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil lo siguiente:

 

Art. 90. La recusación de los jueces y secretarios sólo podrá intentarse, bajo pena de caducidad, antes de la contestación de la demanda, pero si el motivo de la recusación sobreviniere con posterioridad a ésta, o se tratare de los impedimentos previstos en el artículo 85, la recusación podrá proponerse hasta el día en que concluya el lapso probatorio.

Si fenecido el lapso probatorio otro Juez o Secretario intervienen en la causa, las partes podrán recusarlos por cualquier motivo legal, dentro de los tres días siguientes a su aceptación.

Cuando no haya lugar al lapso probatorio conforme al artículo 389 de este Código, la recusación de los Jueces y Secretarios podrá proponerse dentro de los cinco primeros días del lapso previsto  para el acto de informes en el artículo 391…”.

 

Por su parte dispone el artículo 102 eiusdem:

 

Artículo 102. Son inadmisibles: la recusación que se intente sin expresar motivos legales para ella; la intentada fuera del término legal, y la que se intente después de haber propuesto dos en la misma instancia, o sin pagar la multa, o sin sufrir arresto en que se haya incurrido por una recusación anterior, según el artículo 98.

 

Siendo ello así, aprecia esta Sala que la recusación presentada contra los Magistrados principales de esta Sala se encuentra incursa en caducidad por no haberse intentado dentro de los términos establecidos en el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, pues no se hizo dentro de los tres días siguientes a la aceptación de la causa, más aún cuando se evidencia que la recusación se propuso una vez dictada la sentencia definitiva en el asunto; mientras que la recusación contra los Magistrados suplentes resulta igualmente inadmisible conforme a la misma norma, pues no puede ser recusado un juez probable o futuro antes de que éste último conozca o acepte el conocimiento del asunto, lo que trae como consecuencia que la recusación presentada sea inadmisible conforme lo dispone el artículo 102 eiusdem. Y así se decide.

IV

DE LA TEMPESTIVIDAD DEL RECLAMO

 

Corresponde a esta Sala verificar si el reclamo presentado cumple con las condiciones señaladas por el artículo 125 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

Al respecto se desprende de autos que el 19 de mayo de 2016, se emitió oficio de notificación de la sentencia n.° 336 del 02 de mayo de 2016, con el objeto de imponer del contenido de la misma al ciudadano Otoniel Pautt Andrade, el cual consta en autos que fue devuelto por el Instituto Postal Telegráfico de Venezuela (IPOSTEL) con una nota de devolución y un sello inserto en el sobre en donde se observa la palabra “Rechazado”, que fue consignado en el presente expediente por el Alguacil de esta Sala el 27 de septiembre de 2016.

De igual manera, consta que el 14 de junio de 2016 el ciudadano Otoniel Pautt Andrade, introdujo ante la Secretaría de esta Sala reclamo contra la sentencia n.°  336 del fecha 02 de mayo de 2016.

Ahora bien, debe esta Sala preliminarmente revisar la tempestividad del reclamo interpuesto, y a tal efecto aprecia:

Dispone el artículo 125 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia lo siguiente:

Art. 125. El sancionado o sancionada podrá reclamar por escrito la decisión judicial que imponga las sanciones a que se refieren los artículos 121, 122 y 123 de esta Ley, dentro de los tres días hábiles siguientes a su notificación, cuando expondrá las circunstancias favorables a su defensa. El reclamo será decidido por la Sala respectiva dentro de los cinco días hábiles siguientes al vencimiento del lapso para reclamar la decisión en la cual la Sala podrá ratificar, revocar o reformar la sanción, siempre y cuando no cause mayor gravamen al sancionado o sancionada.

 

Siendo ello así, y ante la nota de devolución del Instituto Postal Telegráfico y el sello inserto en el sobre contentivo de la notificación de la sentencia n.° 336 del 02 de mayo de 2016, en donde se observa la palabra “Rechazado”, que fue consignado en el presente expediente por el Alguacil de esta Sala el 27 de septiembre de 2016, se tiene como tempestivo el reclamo formulado en razón de que el día 14 de junio de 2016, debe tomarse como el primer día en que el solicitante tuvo conocimiento cierto de la sanción que le fuera impuesta mediante la supra indicada decisión de esta Sala. Y así se decide.

 

V

DEL FONDO DEL RECLAMO

 

Mediante decisión n. º 336 del 02 de mayo de 2016, la Sala Constitucional impuso multa de cincuenta unidades tributarias (50 U.T.), al abogado Otoniel Pautt Andrade, pues consideró que algunos conceptos emitidos por el referido abogado en su escrito libelar resultaban irrespetuosos, en agravio de la función jurisdiccional realizada por este órgano de administración de justicia.

En su reclamo esgrime el abogado sancionado que en su escrito libelar no efectuó ninguna ofensa ni tuvo intención de efectuarla, pues lo que hizo fue transcribir citas periodísticas con sus respectivas comillas y que por tanto los conceptos considerados como irrespetuosos por la Sala no fueron emitidos por él sino por un tercero –el periodista autor del artículo citado-, los cuales fueron puestos de manifiesto en el escrito libelar para ilustrar sobre los antecedentes del caso.

Ahora bien, aprecia esta Sala que de la sola lectura del escrito libelar se pueden observar expresiones como: “que como ciudadano y profesional del Derecho se [m]e está lesionando el derecho a la participación ciudadana y a la justicia transparente con la indebida designación de magistrados que se pretende consumar fraudulentamente el día 23 de diciembre de 2015”; así como que: “el periculum in mora se determina con la sola verificación del bonus (sic) fumus iuris (sic) tal como lo ha sostenido la jurisprudencia patria y, por último el periculum in damni, es la continuidad del daño a los justiciables que se le causaría si no es suspendida o detenida esa ‘designación jalisquera”. (sic)

Aunado a ello, se evidencia que en el capítulo relativo a los fundamentos de la demanda presentada procedió el accionante a transcribir notas periodísticas de varios diarios, pero no sólo las transcribió, sino que las usó como fundamento de su demanda dando por cierto y avalando los conceptos irrespetuosos contenidos en las mismas; por lo que esta Sala considera imputable al accionante de la emisión de los referidos conceptos irrespetuosos, pues los mismos contrariamente a lo afirmado en su reclamo no fueron usados para acreditar los antecedentes del caso sino más bien para fundar su demanda. Y así se decide.

Con fundamento en las anteriores circunstancias, la Sala considera que la multa por la cantidad de cincuenta unidades tributarias (50 UT), impuesta al accionante-reclamante mediante decisión n.º 336 del 02 de mayo de 2016, debe ser ratificada, en consecuencia se debe declarar sin lugar el reclamo formulado a la referida multa y ordenar que el monto de la multa sea pagadero a favor de la Tesorería Nacional en cualquier entidad bancaria receptora  de fondos públicos nacionales, dentro de los treinta (30) días continuos siguientes a la presente decisión, cuya constancia de haberse efectuado el pago deberá ser consignada en autos dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del lapso para el pago, por lo que se deberá ordenar notificar del contenido de la presente decisión al accionante-reclamante. Y así se decide.

 

VI

DECISIÓN

Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, por autoridad de la ley,  declara:

1.- Su COMPETENCIA para conocer del reclamo, interpuesto por el ciudadano OTONIEL PAUTT ANDRADE, actuando en nombre propio, contra la sentencia N° 336 del 02 de mayo de 2016, dictada por esta Sala, a través de la cual se impuso al referido ciudadano una multa por la cantidad de cincuenta unidades tributarias (50 UT), pagaderas a favor de la Tesorería Nacional en cualquier entidad bancaria receptora de fondos públicos nacionales.

2.- INADMISIBLE las recusaciones interpuestas por el reclamante contra los Magistrados principales y suplentes de esta Sala.

3.- SIN LUGAR la solicitud de reclamo interpuesta por el referido ciudadano en contra de la sentencia N° 336 del 02 de mayo de 2016, dictada por esta Sala.

4.- RATIFICA la imposición de la multa al referido ciudadano por la cantidad de cincuenta unidades tributarias (50 UT), pagaderas a favor de la Tesorería Nacional en cualquier entidad bancaria receptora de fondos públicos nacionales, dentro de los treinta (30) días continuos siguientes a la presente decisión, cuya constancia de haberse efectuado el pago deberá ser consignada en autos dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del lapso para el pago, a tal efecto se ordena notificar del contenido de la presente decisión al accionante-reclamante.

Publíquese, regístrese y notifíquese. Archívese el expediente.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Sesiones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 18 días del mes de Julio  dos mil diecinueve (2019). Años: 209º de la Independencia y 160º de la Federación.

 

El Presidente,

 

 

 

JUAN JOSÉ MENDOZA JOVER

 

El Vicepresidente, 

 

 

 

ARCADIO DELGADO ROSALES

                                                                      

 

Los Magistrados,

 

 

 

CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

 

 

 

 

GLADYS MARÍA GUTIÉRREZ ALVARADO

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Ponente

 

 

 

CALIXTO ORTEGA RÍOS     

 

 

 

 

LUIS FERNANDO DAMIANI BUSTILLOS

 

 

 

LOURDES BENICIA SUÁREZ ANDERSON

 

La Secretaria,

 

 

 

MÓNICA ANDREA RODRÍGUEZ FLORES

 15-1453

GMGA

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