Venley

Sentencia N.º 02509

Sentencia
N.º 02509
Fecha
01/12/2004
Sala
Político Administrativa
Expediente
2004-2533
Ponente
Yolanda Jaimes Guerrero
Procedimiento
Consulta

MAGISTRADA PONENTE: YOLANDA JAIMES GUERRERO

Exp. Nº 2004-2533

 

            El Juzgado Segundo Transitorio de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, adjunto a Oficio N° 2004-2046, de fecha 22 de septiembre de 2004, remitió expediente contentivo del procedimiento que por calificación de despido, reenganche y pago de salarios caídos, incoara el ciudadano MANUEL CESTARI G., portador de la cédula de identidad N° 3.172.788, contra la sociedad mercantil PDVSA PETROLEO, S.A., inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción  Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda en fecha 9 de mayo de 2001, bajo el N° 23, Tomo 81-A-Sgdo. Dicha remisión fue efectuada a los fines de decidir la consulta prevista en los artículos 59 y 62 del Código de Procedimiento Civil, por haber declarado el tribunal remitente su falta de jurisdicción respecto a la Administración Pública.

El 4 de noviembre de 2004, se dio cuenta en Sala y se designó ponente a la Magistrada YOLANDA JAIMES GUERRERO, a los fines de decidir la consulta.

Para decidir, la Sala observa:

I

ANTECEDENTES

En la solicitud presentada en fecha 5 de febrero de 2003, ante el Juzgado de Primera Instancia del Trabajo y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, el ciudadano MANUEL CESTARI G., ya identificado, relató que en fecha 14 de septiembre de 1992, comenzó a prestar servicios para la sociedad mercantil PDVSA PETROLEO, S.A., siendo el último cargo ocupado el de “MENTOR AI2S”, hasta el 30 de enero de 2003, fecha en la cual fue publicada la notificación de su despido en el diario “La Prensa”. Así mismo, indicó que no había incurrido en ninguna de las causales de despido contenidas en los literales a), f), i) y j) del artículo 102 de la Ley Orgánica del Trabajo, por tal motivo solicitó la calificación de su despido, su reenganche y como consecuencia el pago de los salarios caídos.

En fecha 19 de febrero de 2003, el antes mencionado Tribunal admitió la solicitud incoada.

Mediante escrito del 3 de junio del 2003, el actor, asistido por los abogados Cris Ana García Rodríguez, Javier A. Porras Amundaray, Reina C. Romero Alvarado, Rafael Ramos García y José G. Salaverria Lander, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 84.799, 97.885, 54.464, 10.205 y 2.104, respectivamente, procedió a ampliar su solicitud.

El Tribunal remitente, hoy denominado Juzgado Segundo Transitorio de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, en fecha 13 de enero de 2004, admitió la ampliación de la solicitud incoada.

Posteriormente, mediante decisión de fecha 22 de septiembre de 2004, el citado tribunal declaró su falta de jurisdicción para conocer la causa, en los términos siguientes:

“...Ahora bien, observa este Tribunal, que en el Escrito de Ampliación de la Solicitud de Calificación de Despido, el  reclamante aduce, a través de sus Apoderados Judiciales lo siguiente “...Mi relación laboral con la referida empresa se inició el 14 de septiembre de 1.992 y finalizó el 30 de Enero de 2.003, según consta (sic) aviso publicado en el diario LA PRENSA de fecha 30 de Enero de 2.003, enterándome del injustificado despido que se me había efectuado...”, igualmente argumenta: “...El justo temor que me infundió y aún me infunde la presencia en esa área de los públicamente conocidos como “Círculos Bolivarianos”, así como la ocurrencia de otros hechos igualmente intimidantes, impidió que asistiera en todo momento a mis oficinas, razón por la que tal incomparecencia, en vez de ser causal de despido, configuró y aún configura una circunstancia de fuerza mayor que necesaria, inmediata y directamente impidieron y siguen impidiendo la atención de mis cotidianas labores, y por ende, son constitutivas de una causal de suspensión de la relación de trabajo, en conformidad con el literal h) del artículo 94 de la LOT...”.

De acuerdo a la doctrina la suspensión de la relación de trabajo por casos fortuitos o de fuerza mayor tiene en nuestro ordenamiento jurídico un carácter unilateral a diferencia de lo que ocurre en otros ordenamientos jurídicos como el español, donde la existencia de la fuerza mayor necesita ser constatada por la autoridad laboral para evitar un uso abusivo de la figura.

En consideración, quien aquí decide, por ser un Tribunal de Sustanciación, Mediación y Ejecución observa, que siéndole imposible al reclamante el acceso a las instalaciones donde debía cumplir con sus obligaciones laborales por hecho de terceras personas, corresponde al Inspector del Trabajo competente, por ser el facultado para calificar el referido despido por estar amparado el reclamante por el supuesto de Inamovilidad laboral regulado por el artículo 94 literal h de la Ley Orgánica del Trabajo...”.

II

MOTIVACIONES PARA DECIDIR

Corresponde a esta Sala, pronunciarse acerca de la consulta planteada por el Juzgado Segundo Transitorio de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, en virtud de la sentencia que dictara en fecha 22 de septiembre de 2004, mediante la cual declaró su falta de jurisdicción respecto a la Administración Pública.

Ahora bien, en el presente caso, la parte accionante señaló que en fecha 14 de septiembre de 1992, comenzó a prestar servicios para la sociedad mercantil PDVSA PETROLEO, S.A., siendo el último cargo ocupado el de “MENTOR AI2S”, hasta el 30 de enero de 2003, fecha en la cual fue publicada la notificación de su despido en el diario “La Prensa”, el cual considera fue realizado sin causa justificada al no haber incurrido en ninguna de las causales de despido contenidas en los literales a), f), i) y j) del artículo 102 de la Ley Orgánica del Trabajo.

En su escrito de ampliación, la actora alegó:

“...Carece igualmente de veracidad la aseveración de PDVSA, de que contribuyera “a la paralización ilegal de las actividades económicas de la empresa, a partir de del cuatro (4) de diciembre de 2002, por no estar fundamentada en reivindicaciones o derechos laborales...” y por tanto incumpliera con algunos de mis deberes fundamentales.

Es notorio el hecho de que, ante el llamado público efectuado a través de la radio y la televisión por el Dr. Alí Rodríguez Araque para que el pueblo “Protegiera” a PDVSA, los denominados “Círculos Bolivarianos” se apoderaron, desde el 04 de Diciembre de 2002, de las vías de acceso y portones que permiten el ingreso a las instalaciones del edificio sede de PDVSA, en Guaraguao, permaneciendo en esos lugares, impidiendo con actitudes permanentemente ofensivas, agresivas u hostiles el acceso, de cualquier persona que ellos consideren “enemiga”, a las edificaciones de PDVSA.

Mis oficinas estaban, en el Edificio Sede PDVSA, ubicado en Guaraguao, Puerto la Cruz, como se señaló anteriormente.

El justo temor que me infundió y aún me infunde la presencia en esa área de los públicamente conocidos como “Círculos Bolivarianos”, así como la ocurrencia de otros hechos igualmente intimidantes, impidió que asistiera en todo momento a mis oficinas, razón por la que tal incomparecencia, en vez de ser causal de despido, configuró y aún configura una circunstancia de fuerza mayor que necesaria, inmediata y directamente impidieron y  siguen impidiendo la atención de mis cotidianas labores, y por ende, son constitutivas de una causal de suspensión de la relación de trabajo, en conformidad con el literal h) del artículo 94 de la LOT...”.

Como se desprende de lo expuesto por el accionante, éste considera que no procedía su despido, puesto que se encontraba amparado por la causal de suspensión de la relación de trabajo contenida en el literal h) del artículo 94 de la Ley Orgánica del Trabajo, el cual dispone que son causales de suspensión de la relación laboral “... Casos fortuitos o de fuerza mayor que tengan como consecuencia necesaria, inmediata y directa, la suspensión temporal de las labores...”. Por tanto, solicitó su reenganche y el pago de los salarios caídos.

De tal modo, conforme a las disposiciones de la Ley Orgánica del Trabajo y por remisión expresa del artículo 96 se infiere claramente, que el procedimiento a seguir para el despido de los trabajadores que se encuentren suspendidos por alguna de las causales previstas en el artículo 94 de la citada Ley es el contenido en los artículos 453 y siguientes de la Ley Orgánica que regula la materia, cuyo procedimiento es tramitado ante la Inspectoría del Trabajo.

Al respecto, los artículos 453 y 454 de la Ley Orgánica del Trabajo, disponen:

“Artículo 453: Cuando un patrono pretenda despedir por causa justificada a un trabajador investido de fuero sindical, o trasladarlo o desmejorarlo en sus condiciones de trabajo, solicitará la autorización correspondiente del Inspector del Trabajo de la jurisdicción donde esté domiciliado el sindicato, en escrito que determine el nombre y domicilio del solicitante y el carácter con el cual se presenta; el nombre y el cargo o función del trabajador a quien se pretende despedir, trasladar o desmejorar, y las causas que se invoquen para ello. (...)”.

“Articulo 454: Cuando un trabajador que goce de fuero sindical sea despedido, trasladado o desmejorado sin llenar las formalidades establecidas en el artículo anterior, podrá, dentro de los treinta (30) días continuos siguientes, solicitar ante el Inspector del Trabajo, el reenganche o la reposición a su situación anterior (...)”.

De las normas parcialmente transcritas se evidencia que, corresponderá a la Inspectoría del Trabajo determinar si en efecto el accionante estaba amparado por dicha causal de suspensión, es decir, la contenida en el literal h) del artículo 94 de la Ley Orgánica del Trabajo y pronunciarse, de ser procedente, acerca de la solicitud de calificación de despido, reenganche y pago de salarios caídos incoada. Así se decide.

III

DECISIÓN

Atendiendo a los razonamientos antes señalados, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara que el PODER JUDICIAL NO TIENE JURISDICCIÓN para conocer de la solicitud de calificación de despido, reenganche y pago de salarios caídos, intentada por el ciudadano MANUEL CESTARI G., ya identificado, asistido por los abogados Cris Ana García Rodríguez, Javier A. Porras Amundaray, Reina C. Romero Alvarado, Rafael Ramos García y José G. Salaverria Lander, también identificados, contra la sociedad mercantil PDVSA PETROLEO, S.A.

En consecuencia se confirma la decisión consultada de fecha 22 de septiembre de 2004, dictada por el Juzgado Segundo Transitorio de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui.

            Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítase el expediente al Juzgado de origen, y remítase copia certificada de la presente decisión a la Inspectoría del Trabajo del Estado Anzoátegui. Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas a los treinta (30) días del mes de noviembre de dos mil cuatro (2004). Años 194º de la Independencia y 145º de la Federación.

 

            El Presidente

LEVIS IGNACIO ZERPA

El Vicepresidente,

HADEL MOSTAFÁ PAOLINI

         La Magistrada-Ponente,

YOLANDA JAIMES GUERRERO

La Secretaria,

ANAÍS MEJÍA CALZADILLA

YJG.-

EXP. Nº 2004-2533

En primero (01) de diciembre del año dos mil cuatro, se publicó y registró la anterior sentencia, bajo el Nº 02509.

La Secretaria,

ANAIS MEJÍA CALZADILLA

 

 

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