Sentencia N.º 02561
Sentencia N.º 02561
- Sentencia
- N.º 02561
- Fecha
- 15/11/2006
- Sala
- Político Administrativa
- Expediente
- 2004-2179
- Ponente
- Hadel Mostafá Paolini
- Procedimiento
- Recurso de Nulidad
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
MAGISTRADO PONENTE HADEL MOSTAFÁ PAOLINI
EXP. Nº 2004-2179
El 20 de octubre de 2004, el abogado César Augusto Dávila Montilla, inscrito en el INPREABOGADO bajo el Nº 25.639, actuando con el carácter de apoderado judicial del ciudadano WILMER ANTONIO OROPEZA BARCO, titular de la cédula de identidad Nº 11.265.864, ejerció recurso contencioso administrativo de nulidad contra
El 26 de octubre de 2004, se dio cuenta en Sala y se ordenó oficiar al Ministerio de
El 8 de diciembre del mismo año, el Alguacil de
En fecha 17 de enero de 2005, se incorporaron a esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, los Magistrados Emiro García Rosas y Evelyn Marrero Ortíz, designados por
En fecha 26 de enero de 2005, se pasó el expediente al Juzgado de Sustanciación, y éste, por auto del 1º de febrero del mismo año, admitió el recurso de conformidad con lo previsto en el artículo 19 aparte quinto, de
El 2 de febrero de 2005, fue elegida
En fechas 27 de abril, 10 y 18 de mayo de 2005, el Alguacil del Juzgado de Sustanciación consignó los recibos de las notificaciones dirigidas a las prenombradas autoridades.
El 14 de junio de 2005, se libró el cartel de emplazamiento y el día 28 de ese mes y año, el apoderado del recurrente procedió a su retiro, consignando su publicación en prensa el 14 de julio de 2005.
Mediante diligencia de fecha 27 de julio de 2005, la parte actora solicitó la apertura del lapso probatorio, cuyo inicio fue establecido por el Juzgado de Sustanciación para el día 9 de agosto de 2005.
El 21 de septiembre de 2005, el Juzgado de Sustanciación acordó agregar a los autos el escrito de promoción de pruebas presentado por la abogada Soraya Cedillo Valero, INPREABOGADO Nº 50.212, en representación de
Concluida la sustanciación, se pasó el expediente a
El 4 de abril de 2006, se dio cuenta en Sala, se designó ponente al Magistrado Hadel Mostafá Paolini y se fijó el tercer día de despacho para comenzar la relación.
En la oportunidad fijada para que tuviera lugar el acto de informes, el 11 de mayo de 2006, se acordó diferir dicho acto para el día 20 de julio de ese año, fecha en la cual se dejó constancia de la comparecencia de la abogada María Luz Revollo, INPREABOGADO Nº 49.813, quien con el carácter de sustituta de
El 25 de julio de 2006, la abogada Eira María Torres Castro, inscrita en el INPREABOGADO bajo el Nº 39.288, procediendo con el carácter de Suplente Especial de
El 19 de octubre de 2006, se dijo Vistos.
Realizado el estudio de las actas que integran el expediente, pasa esta Sala a decidir, conforme a las siguientes consideraciones:
I
CONTENIDO DEL ACTO IMPUGNADO
El acto cuya declaratoria de nulidad pretende el recurrente, emanado de
Me dirijo a usted, conforme a lo previsto en el artículo 73 de
Se le informa que, en caso de considerar que el presente acto lesiona sus derechos, puede recurrir por vía administrativa y ejercer el Recurso de Reconsideración contra el mismo, por ante el ciudadano Comandante General de
(
).
II
FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE NULIDAD
A manera de antecedentes, la representación judicial de la recurrente expuso en su escrito libelar que el ciudadano Wilmer Antonio Oropeza Barco ingresó hace doce años aproximadamente a las Fuerzas Armadas Nacionales, específicamente a
En el ejercicio de sus funciones, concretamente, el 22 de diciembre de 2003, el recurrente presentó una lesión física que hizo necesaria su hospitalización para ser intervenido quirúrgicamente, y un reposo domiciliario de diez (10) días.
Señala que entre el 31 de diciembre de 2003 y el 1º de enero de 2004, se sustrajo una cantidad de droga que se encontraba depositada en el Destacamento 47, y que ello llevó al inicio de una averiguación.
Al día siguiente, se presentó en el domicilio del actor una comisión de
Refiere que una vez designado el Instructor se procedió a sustanciar el procedimiento, acordándose un auto de proceder sin indicar el procedimiento a seguir ni señalar ordenamiento jurídico o fundamento legal acorde con el caso, librándose boletas de citación a presuntos testigos y realizándose diferentes experticias sin la participación de (su) representado o que de alguna manera hubiese control sobre esas pruebas evacuadas, incluso se le tomó declaración sin la asistencia de un Abogado, ni se especificó si la declaración se tomaba como testigo o como responsable de un hecho de carácter administrativo que lo hiciera responsable de alguna sanción. En este sentido, señala que mediante escrito de fecha 27 de enero de 2004 se le informó que el día 29 de ese mes y año tendría lugar el Consejo Disciplinario en la sede del Comando Regional Nº 4, indicándosele que debía chequear con anterioridad el informe del funcionario instructor junto a su abogado defensor a quien no se le permitió acceso al expediente menos aún a presenciar el acto del Consejo.
Del precitado Consejo surgió la recomendación de poner fin al procedimiento, con la sugerencia de dar de baja al ciudadano Wilmer Antonio Oropeza Barco; informe que fue remitido a
Las circunstancias expuestas vulneran, en criterio del apoderado actor, los derechos constitucionales del recurrente a la defensa, al debido proceso y a la presunción de inocencia.
Por otra parte, aduce que su caso fue indebidamente acumulado en sede administrativa con el expediente abierto a otro funcionario, es decir, que se sustanció y decidió el procedimiento sin que hubiese identidad de sujetos, objeto y contenido, como lo exige
Expuesto lo anterior, imputa al acto impugnado, además, los siguientes vicios:
1. Falso supuesto de hecho:
Por estar fundamentado el acto en hechos erróneos o falsos. En este sentido precisa que no es cierto: (i) Que encontrándose de reposo domiciliario, su representado haya sido visto el 31 de diciembre de 2003 en el Círculo Militar, en compañía del Cabo Segundo Orlando Pérez, (ii) Que una camioneta de su propiedad, marca Ford Blazer, color marrón, placas KCL-08L, haya sido vista igualmente en el estacionamiento de las instalaciones del referido lugar, (iii) Que el actor hubiere demostrado alto grado de indisciplina con sus superiores.
2. Falso supuesto de derecho.
A juicio del apoderado actor este vicio se patentiza con la aplicación, a su mandante, de la normativa contemplada en el Reglamento de Castigos Disciplinarios Nº 6, de rango sub-legal, y en
3. Desviación de Procedimiento.
En torno a este vicio, destaca que el órgano administrativo violó lapsos importantes como el de la oportunidad para promover y evacuar pruebas, aun más cuando no le fue permitida en el Consejo Disciplinario la defensa de abogado; y que en definitiva simplemente se utilizó un procedimiento desviado para fundamentar el acto de retiro (
).
4. Violación del derecho a acceder al expediente.
Reitera el actor en un cuarto punto dentro de su escrito libelar, que en el procedimiento administrativo jamás se le permitió ver el expediente, violentándose con ello lo dispuesto en los artículos 28 y 143 de
Por las razones que anteceden, solicitó la declaratoria de nulidad de
III
INFORMES DE
En la oportunidad de celebrarse el acto de informes, la sustituta de
En segundo lugar, acotó que no existe el falso supuesto de hecho alegado por el recurrente, por cuanto de las declaraciones rendidas por el Distinguido César Sequera, adscrito a
Por otra parte, sostuvo la representante de
Concluye precisando que en el presente caso se realizó una exhaustiva investigación administrativa cumpliendo con el procedimiento establecido en
Por las razones que anteceden, solicitó se declare sin lugar el recurso de nulidad incoado.
IV
OPINIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO
Con fundamento en lo anterior, concluyó
Por lo anterior, consideró
V
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Llegada la oportunidad para decidir, observa
Al respecto, resulta necesario precisar que en efecto, el 22 de abril de 2004, el abogado César Augusto Dávila, actuando en representación del ciudadano Wilmer Antonio Oropeza Barco, ejerció ante el precitado Ministro recurso jerárquico contra el acto administrativo Nº 8369 supra referido, el cual fue, contrario a lo afirmado por el apoderado actor, resuelto mediante acto Nº DS-CJ- 03525 de fecha 26 de agosto de 2004 (folio 328 del expediente administrativo). Sin embargo, es de hacer notar que no consta en el expediente que tal providencia haya sido notificada al recurrente, situación que, aunada a la circunstancia de que la decisión del jerarca confirmó
Expuesto lo anterior, pasa
Alega el apoderado del recurrente que el acto impugnado viola sus derechos constitucionales a la defensa, al debido proceso y a la presunción de inocencia, por cuanto: a) Se acordó un auto de proceder sin indicar el procedimiento a seguir ni señalar ordenamiento jurídico o fundamento legal acorde con el caso, librándose boletas de citación a presuntos testigos; b) Se realizaron diferentes experticias sin la participación de su representado; c) Se le tomó declaración sin la asistencia de un abogado, y no se especificó si la declaración se tomaba como testigo o como responsable de un hecho de carácter administrativo que lo hiciera responsable de alguna sanción; d) No se le permitió a su abogado acceder al expediente ni presenciar el Consejo Disciplinario.
Al respecto, resulta menester destacar, como ya ha sido establecido por esta Sala, que los derechos al debido procedimiento administrativo y a la defensa comprenden las siguientes garantías: tener conocimiento del inicio de un procedimiento administrativo, tener acceso a las actas que conforman el expediente en el cual le corresponda participar al particular, la posibilidad de ser oído por la autoridad competente y de participar activamente en la fase de instrucción del procedimiento, esto es, para alegar y contradecir lo que considere pertinente en la protección de sus derechos o intereses, y, en definitiva, el que se adopte una decisión oportuna, que abarque y tome en cuenta las probanzas y defensas aportadas al proceso, así como que esa decisión sea efectiva y recurrible. De modo que, cuando
El derecho a la presunción de inocencia, por su parte, fue recogido expresamente en
Ahora bien, en el presente caso cursan en el expediente administrativo los siguientes documentos:
Orden de Investigación Administrativa de fecha 1º de enero de 2004, en la que se ordenó abrir una averiguación en relación a las irregularidades detectadas durante la prestación del servicio los días 31 de diciembre de 2003 y 1º de enero de 2004, quienes presuntamente transgredieron con su conducta normas inherentes a la vida militar (folio 1).
Oficio de la misma fecha, a través del cual el Comandante del Regional Nº 4 remitió al Jefe de
Auto de Proceder de fecha 2 de enero de 2004, en el que el funcionario Instructor juró cumplir fiel y cabalmente las funciones inherentes a dicho cargo, y acordó abrir la correspondiente averiguación (folio 3).
Oficio N° CR4-D47-JS003-Parte Especial de fecha 01 de enero de 2004, suscrito por el Comandante del Destacamento N° 47 de
Acta de notificación de derechos de fecha 2 de enero de 2004, firmada por el hoy recurrente, en la que se le informa que el Comando Regional Nº 4 adelanta averiguación administrativa en su contra por la presunta transgresión de normas inherentes a la vida militar. En esta oportunidad el Instructor puso de manifiesto al encausado las actas que conforman el expediente administrativo (folio 73).
Oficio de fecha 3 de enero de 2004, mediante el cual el Teniente Coronel (GN) Comandante del Destacamento 47, solicitó al Presidente de
Boleta de Citación recibida por el actor el 5 de enero de 2004, para que compareciera con su abogado de confianza al Comando del Destacamento N° 47 del Comando Regional N° 4 de
Acta de Entrevista de fecha 5 de enero de 2004, practicada al accionante, en la que se dejó constancia que compareció acompañado del abogado Paul Froilan Russo, INPREABOGADO Nº 90.345, y expuso lo que consideró en relación al hecho ocurrido el 31 de diciembre de 2003. Asimismo, fue interrogado por el funcionario entrevistador (folio 76).
Oficio de fecha 9 de enero de
Acta Policial en la que el MT/3 (GN) Roger Coromoto González, dejó constancia de haber salido con una comisión a fin de realizar patrullaje preventivo y procesar información sobre el caso ocurrido con el extravío de sustancias estupefacientes de
Acta de notificación para Consejo Disciplinario, de fecha 16 de enero de
Acta del Consejo Disciplinario de fecha 29 de enero de 2004, de la que se desprende: (i) Que el investigado fue puesto en conocimiento del motivo de su comparecencia; (ii) Que se le concedió derecho de palabra, siendo luego interrogado por los miembros del Consejo; (iii) Que oídas las exposiciones del efectivo, de los integrantes del Consejo, y analizados los hechos, se concluyó:
(
) el efectivo encausado se encontraba de reposo dejando de asistir al Comando (
) a partir del día 28 de Diciembre. Sin embargo no lo hizo por cuanto se encontraba el día 01ENE2004, en horas de la madrugada en el interior de las Instalaciones del Círculo Militar (
) dejando de cumplir las prescripciones reglamentarias en las esferas de sus atribuciones, porque de lo contrario se interpreta que simuló dolencia para evitar el cumplimiento de sus obligaciones. No obstante, durante el desarrollo de la investigación fue llamado para ser entrevistado respondiendo que tenía años que no visitaba el Círculo Militar, falseando la verdad; también se le solicitó que llevara el vehículo que dice ser de su propiedad (
) para determinar su vinculación o no con el hecho que se averigua, sin embargo no lo hizo, alegando que este fue vendido sin demostrar la certeza del caso y no colaborando con la búsqueda del mismo. (
) el efectivo encausado cometió varias faltas establecidas en el Reglamento de Castigos Disciplinarios Nº 6, tales como: Artículo 117 Aparte 02 (
) Aparte 03 (
) Aparte 04 (
) Aparte 11 (
) Aparte 12 (
) Aparte 46 (
).
El 17 de febrero de 2004, por disposición del General de División (GN) Comandante General de
De lo reseñado supra desprende esta Sala que:
a. A través del auto de proceder a que alude el recurrente, se dio inicio a una averiguación sumaria respecto de los hechos ocurridos entre el 30 de diciembre de 2003 y el 1º de enero de 2004 en
b. Contrario a lo afirmado por el apoderado actor, del Acta de Entrevista de fecha 5 de enero de 2004 se puede constatar que el ciudadano Wilmer Antonio Oropeza Barco alegó lo que consideró pertinente respecto de los hechos investigados, siendo posteriormente interrogado por el funcionario instructor; y que todo ello ocurrió en presencia de su abogado de confianza PAUL FROILAN RUSSO, cuya identificación y firma constan en dicha acta.
c. Resulta igualmente incierto que el recurrente desconociera si la declaración se tomaba como testigo o como responsable de un hecho sancionable, por cuanto en Acta de notificación de derechos de fecha 2 de enero de 2006, firmada por el actor, se le informó que el Comando Regional Nº 4 adelantaba averiguación administrativa en su contra por la presunta transgresión de normas inherentes a la vida militar; en esta oportunidad, cabe acotar, el Instructor puso de manifiesto al encausado las actas que conformaban el expediente administrativo.
d. En cuanto al argumento del apoderado actor referido a que fueron libradas boletas de citación a presuntos testigos y se realizaron diferentes experticias sin la participación de (su) representado o que de alguna manera hubiese control sobre esas pruebas evacuadas, esta Sala observa, tal y como fue advertido respecto del mismo alegato en un caso similar al de autos (vid. Sentencia Nº 1315 del 24 de mayo de 2006), que en el presente caso se ordenó la apertura de una investigación a los fines de determinar si el accionante y otros militares estaban involucrados en unos hechos que acarreaban una sanción disciplinaria, formando las declaraciones tomadas a los testigos, parte de los actos previos a aquél en el cual se concluyó que con base en los elementos de convicción cursantes en el expediente administrativo, debía someterse al hoy recurrente a un Consejo Disciplinario. En consecuencia, considera
e. De otra parte, no puede esta Sala sostener, como pretende el recurrente, que la obtención tardía de determinadas copias solicitadas en sede administrativa, evidencie la imposibilidad de acceder al expediente y, por ende, una violación de sus derechos, mucho menos cuando de lo referido en párrafos precedentes se desprende lo contrario, esto es, que sí tuvo oportunidad de acceso a las actas.
Con base en las anteriores consideraciones, concluye esta Sala que en el presente caso no se verificó la alegada violación de los derechos constitucionales a la defensa y al debido proceso, como tampoco la trasgresión del principio de la presunción de inocencia, por cuanto la sanción impuesta al actor estuvo precedida de un procedimiento en el que éste contó con las oportunidades de demostrar su irresponsabilidad en los hechos atribuibles y, en consecuencia, la no comisión de las faltas imputadas. Así se declara.
En cuanto concierne a la alegada indebida acumulación de causas en sede administrativa, debe destacarse que en la orden de investigación administrativa de fecha 1º de enero de 2004, referida supra, se ordenó abrir una averiguación a determinados funcionarios con relación a las irregularidades detectadas durante la prestación del servicio los días 31 de diciembre de 2003 y 1º de enero de 2004, quienes presuntamente transgredieron con su conducta normas inherentes a la vida militar. Entre dichos efectivos se encontraba el Cabo Segundo (GN) Orlando Pérez Colmenares, por lo que, en vista de que ambos militares estaban siendo investigados por los mismos hechos, el que las causas fueran acumuladas en un solo expediente no violentó la validez del procedimiento seguido, pues se trata de la tramitación de procedimientos disciplinarios en los que existía identidad de causa y objeto. Ello así, se desestima el alegato in commento. Así se declara.
Por otra parte, sostiene el apoderado actor que el acto impugnado incurre en un falso supuesto de hecho, limitándose en la fundamentación de tal denuncia a calificar de falsas las circunstancias apreciadas por
Al respecto, se impone destacar que en reiteradas oportunidades esta Sala ha expuesto que el falso supuesto se patentiza de dos maneras, dependiendo si se produce respecto de los hechos o del derecho aplicado en el acto de que se trate. Así, cuando
En el caso de autos, el ciudadano Wilmer Antonio Oropeza Barco fue sancionado con el pase a situación de retiro por considerar
Ahora bien, observa
Entre el 31 de diciembre de 2003 y el 1º de enero de 2004, fueron sustraídas de
De igual manera, se constató en sede administrativa que en la fecha de los acontecimientos, concretamente del 31 de enero de 2003 al 1º de enero de 2004, fueron vistos en el Círculo Militar el Cabo Segundo Orlando Pérez Colmenarez, y el recurrente, Wilmer Antonio Oropeza Barco, así como una camioneta Blazer, color marrón, propiedad de este último. Así se desprende de declaración ofrecida por el efectivo César Sequera Chastre (folio 141 del expediente judicial), quien para la fecha (31 de diciembre de 2003) se desempeñaba como Oficial de Seguridad del Círculo Militar de 9 p.m. a
De otra parte, es de hacer notar que:
- Tal y como se desprende del Informe Médico que cursa al folio 20 del expediente, el 26 de diciembre de 2003 el ciudadano Wilmer Antonio Oropeza Barco fue dado de reposo domiciliario por un lapso de diez (10) días a partir de esa fecha.
- En la oportunidad de rendir declaración, el hoy recurrente alegó que para la fecha de los hechos se encontraba en su casa con su mamá y todos sus familiares, mas no promovió testigo alguno que diera fe de ello. De otra parte, se aprecia del Acta de Entrevista levantada el 5 de enero de 2003, las siguientes declaraciones del investigado:
Diga usted las características del vehículo que es de su propiedad. CONTESTADO: Es una camioneta blazer color marrón, placas KAC-08L. (
) ¿Diga usted cómo explica que el 30 y 31 de Diciembre el mencionado vehículo (
) se encontraba estacionado en el Círculo Militar, lo cual fue ratificado por los centinelas de servicio?. CONTESTADO: En ningún momento mi camioneta pudo estar estacionada en el Círculo Militar, motivado que el día 30 de Diciembre una persona de mi entera confianza (
) la trasladó hasta la ciudad de Mérida y San Cristóbal, para efectuar la venta. (
) ¿Diga usted, nombre y apellido, dirección y teléfono de esa persona (
). CONTESTADO: El señor Mario Franco, de la población de cordero, teléfono 0414 5278870 (
). ¿Diga usted por qué en las preguntas verbales que se le efectuaron el día 01, 02 y 03 de enero del año en curso por el suscrito y el Comandante del Comando Regional Nro. 4, usted manifestó que su vehículo había sido trasladado a Ejido Estado Mérida por una persona de nombre Iván y que no se acordaba de su dirección y teléfono?. CONTESTADO: Por sentirme presionado por los oficiales superiores y al cual le manifesté que yo podía disponer con mi camioneta para la venta. (Sic).
- No obstante el actor señaló en su entrevista que no le había sido solicitada la presentación de su camioneta, se observa que cursa al folio 210 del expediente administrativo oficio de fecha 9 de enero de
- Finalmente, observa
Artículo 117. Se consideran como faltas graves en un militar:
(
)
2. Ocultar, encubrir o falsear la verdad en cualquier asunto del servicio;
3. Encubrir faltas militares;
4. Ser cómplice o auxiliador de una falta grave cometida por un compañero o subalterno;
(
)
11. Aconsejar o complotar para no cumplir una orden superior o para retardar su ejecución, siempre que estos actos no lleguen a constituir delito;
12. Dejar de cumplir una orden por negligencia;
(
)
46. Ofender la moral y las buenas costumbres por medio de palabras o actos que no sean delictuosos;
Artículo 109. Constituyen faltas al deber militar:
a) Las omisiones o acciones contrarias a la disciplina militar especificadas en este Reglamento; y
b) Las omisiones o acciones no especificadas en este Reglamento no calificadas como delitos por el Código y que se practiquen contra
Visto lo anterior, considera
Adicional a lo anterior, y como quiera que el actor adujo que el acto cuestionado se fundamentó en normas sub-legales, se impone reiterar en cuanto al Reglamento de Castigos Disciplinarios N° 6, que en virtud de su origen histórico no posee rango sublegal, pues dada su estructura y finalidad, la cual responde a las notas de un Decreto-Ley, resulta equiparable en el rango normativo actual con las conocidas leyes formales. En este sentido, se ha dejado sentado en repetidas ocasiones que dicho texto normativo (...) no puede considerarse un reglamento tal y como se concibe al emanado del Poder Ejecutivo, cuando en un Estado de Derecho y con plena vigencia de las garantías y derechos fundamentales, complementa los textos de las leyes. Así, ante la inexistencia del Congreso Nacional por su disolución por un régimen de fuerza, los actos de naturaleza normativa dictados por éste adquieren rango de Ley, toda vez que dicho Gobierno Provisorio ejerce su mandato mediante Decretos dictados en ejecución directa, si bien no de
Por las razones que anteceden, esta Sala desestima las denuncias de falso supuesto de hecho y de derecho. Así se declara.
Aunado a las denuncias supra analizadas, la parte recurrente alegó que en el presente caso se produjo una desviación de procedimiento en sede administrativa, por cuanto el órgano administrativo violó lapsos importantes como el de la oportunidad para promover y evacuar pruebas, no le fue permitida en el Consejo Disciplinario la defensa de abogado, y se utilizó un procedimiento desviado para fundamentar el acto de retiro (
).
Al respecto, insiste esta Sala, de acuerdo con lo advertido en consideraciones anteriores, que el prenombrado ciudadano contó con las oportunidades para alegar y probar lo que estimare conducente en su defensa, y que no consta en el expediente que le hubiere sido impedida la asistencia de abogado. De igual manera, resulta genérico el planteamiento referido al empleo de un procedimiento desviado para fundamentar el acto. Siendo ello así, esta Sala debe declarar la improcedencia de tal denuncia.
Desestimados como han sido los argumentos esgrimidos por el actor, debe declararse sin lugar el recurso de nulidad interpuesto. Así se decide.
VI
DECISIÓN
En virtud de las consideraciones precedentemente expuestas, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de
Publíquese, regístrese y notifíquese. Devuélvase el expediente administrativo y archívese el judicial. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los catorce (14) días del mes de noviembre del año dos mil seis (2006). Años 196º de la Independencia y 147º de la Federación.
La Presidenta
EVELYN MARRERO ORTÍZ
La Vicepresidenta,
YOLANDA JAIMES GUERRERO
Los Magistrados,
LEVIS IGNACIO ZERPA
HADEL MOSTAFÁ PAOLINI
Ponente
EMIRO GARCÍA ROSAS
La Secretaria,
SOFÍA YAMILE GUZMÁN
En quince (15) de noviembre del año dos mil seis, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 02561.
La Secretaria,
SOFÍA YAMILE GUZMÁN
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