Venley

Sentencia N.º 02561

Sentencia N.º 02561

Sentencia
N.º 02561
Fecha
15/11/2006
Sala
Político Administrativa
Expediente
2004-2179
Ponente
Hadel Mostafá Paolini
Procedimiento
Recurso de Nulidad

MAGISTRADO PONENTE HADEL MOSTAFÁ PAOLINI

EXP. Nº 2004-2179

 

El 20 de octubre de 2004, el abogado César Augusto Dávila Montilla, inscrito en el INPREABOGADO bajo el Nº 25.639, actuando con el carácter de apoderado judicial del ciudadano WILMER ANTONIO OROPEZA BARCO, titular de la cédula de identidad Nº 11.265.864, ejerció recurso contencioso administrativo de nulidad contra la Resolución Nº 8369, dictada el 17 de febrero de 2004 por la COMANDANCIA GENERAL DE LA GUARDIA NACIONAL, en virtud del silencio administrativo frente al recurso jerárquico interpuesto ante el MINISTRO DE LA DEFENSA.

El 26 de octubre de 2004, se dio cuenta en Sala y se ordenó oficiar al Ministerio de la Defensa solicitándole la remisión del expediente administrativo.

El 8 de diciembre del mismo año, el Alguacil de la Sala consignó recibo de notificación dirigida al precitado Ministerio, firmada por el Encargado de Correspondencia de dicho Despacho. Posteriormente, el día 21 del mismo mes y año, se dio por recibido el oficio Nº 4192, anexo al cual el Consultor Jurídico del Ministerio de la Defensa remitió el expediente administrativo.

En fecha 17 de enero de 2005, se incorporaron a esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, los Magistrados Emiro García Rosas y Evelyn Marrero Ortíz, designados por la Asamblea Nacional el 13 de diciembre de 2004, quedando integrada esta Sala por cinco Magistrados, conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, a saber: Presidente, Magistrado Levis Ignacio Zerpa; Vicepresidente, Magistrado Hadel Mostafá Paolini; y Magistrados Yolanda Jaimes Guerrero, Evelyn Marrero Ortíz y Emiro García Rosas.

En fecha 26 de enero de 2005, se pasó el expediente al Juzgado de Sustanciación, y éste, por auto del 1º de febrero del mismo año, admitió el recurso de conformidad con lo previsto en el artículo 19 aparte quinto, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, y ordenó la citación de los ciudadanos Ministro de la Defensa, Fiscal General y Procuradora General de la República. Asimismo, ordenó librar el cartel a que se refiere el artículo 21 aparte 11, eiusdem.

El 2 de febrero de 2005, fue elegida la Junta Directiva del Tribunal Supremo de Justicia, quedando conformada la Sala Político-Administrativa de la siguiente forma: Presidenta, Magistrada Evelyn Marrero Ortíz; Vicepresidenta, Magistrada Yolanda Jaimes Guerrero; y Magistrados Levis Ignacio Zerpa, Hadel Mostafá Paolini y Emiro García Rosas.

En fechas 27 de abril, 10 y 18 de mayo de 2005, el Alguacil del Juzgado de Sustanciación consignó los recibos de las notificaciones dirigidas a las prenombradas autoridades.

El 14 de junio de 2005, se libró el cartel de emplazamiento y el día 28 de ese mes y año, el apoderado del recurrente procedió a su retiro, consignando su publicación en prensa el 14 de julio de 2005.

Mediante diligencia de fecha 27 de julio de 2005, la parte actora solicitó la apertura del lapso probatorio, cuyo inicio fue establecido por el Juzgado de Sustanciación para el día 9 de agosto de 2005.

El 21 de septiembre de 2005, el Juzgado de Sustanciación acordó agregar a los autos el escrito de promoción de pruebas presentado por la abogada Soraya Cedillo Valero, INPREABOGADO Nº 50.212, en representación de la Procuraduría General de la República; y por auto del 16 de febrero de 2006 admitió “las documentales indicadas en los Capítulos I y II del escrito de promoción (…), los cuales se contraen a reproducir el mérito favorable de los autos”. En esta oportunidad, ordenó notificar a la Procuraduría General de la República; notificación que se verificó el 14 de marzo de 2006, conforme lo dejó constar el Alguacil del Juzgado de Sustanciación el día 16 de ese mes y año.

Concluida la sustanciación, se pasó el expediente a la Sala, donde se dio por recibido el 21 de marzo de 2006.

El 4 de abril de 2006, se dio cuenta en Sala, se designó ponente al Magistrado Hadel Mostafá Paolini y se fijó el tercer día de despacho para comenzar la relación.

En la oportunidad fijada para que tuviera lugar el acto de informes, el 11 de mayo de 2006, se acordó diferir dicho acto para el día 20 de julio de ese año, fecha en la cual se dejó constancia de la comparecencia de la abogada María Luz Revollo, INPREABOGADO Nº 49.813, quien con el carácter de sustituta de la Procuradora General de la República expuso sus argumentos y consignó sus conclusiones escritas.

El 25 de julio de 2006, la abogada Eira María Torres Castro, inscrita en el INPREABOGADO bajo el Nº 39.288, procediendo con el carácter de Suplente Especial de la Fiscalía Primera del Ministerio Público ante el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Plena y ante las Salas Constitucional, Político-Administrativa y Electoral, consignó la opinión del organismo que representa.

El 19 de octubre de 2006, se dijo “Vistos”.

Realizado el estudio de las actas que integran el expediente, pasa esta Sala a decidir, conforme a las siguientes consideraciones:

I

CONTENIDO DEL ACTO IMPUGNADO

 

            El acto cuya declaratoria de nulidad pretende el recurrente, emanado de la Comandancia General de la Guardia Nacional, es del siguiente tenor:

“Me dirijo a usted, conforme a lo previsto en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en la oportunidad de notificarle que, fue pasado a la situación de retiro de este Componente por medida disciplinaria, de acuerdo al Acto Administrativo que textualmente dice: ‘REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DE LA DEFENSA GUARDIA NACIONAL COMANDANCIA GENERAL. Caracas, 193º y 144º NRO. GN 8369. ORDEN ADMINISTRATIVA DEL COMANDANTE GENERAL DE LA GUARDIA NACIONAL. Por disposición del ciudadano Comandante General de la Guardia Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, designado para este cargo mediante Resuelto Nro. DG-22704 de fecha 04 de Agosto de 2003 y autorizado para este acto conforme a delegación de firma otorgada mediante Resolución Nro. DG-22849 de fecha 11 de agosto 2003, se pasa a la situación de retiro de este Componente por Medida Disciplinaria, al Cabo Segundo (GN) Wilmer Oropeza Barco, titular de la Cédula de Identidad Nro. 11.265.864, de conformidad al artículo 56, literal ‘e’ del Reglamento de Calificación de Servicios, Evaluación y Ascensos para el Personal de Tropa Profesional y Alistados de las Fuerzas-Armadas Nacionales. El precitado efectivo el día 09 de Enero de 2004, fue sometido a Consejo Disciplinario debido a que para el día 31/12/2003, se encontraba de reposo domiciliario; no obstante fue visto en el Círculo Militar de Barquisimeto en compañía del Cabo Segundo Orlando Pérez Colmenarez, quien había abandonado el servicio para el cual fue designado. Igualmente fue vista la camioneta de su propiedad, tipo Blazer color marrón placas KCL-08L, en el estacionamiento de dichas instalaciones, negando en todo momento estas circunstancias, mostrando un alto grado de indisciplina al dirigirse a sus superiores tanto en el proceso de investigación como en el acto del Consejo Disciplinario, infringiendo con su conducta normas inherentes a la vida militar, tipificadas como faltas graves en el Reglamento de Castigos Disciplinarios Nº 6, contempladas en el artículo 117 apartes 02, 03, 04, 11, 12 y 46, con las agravantes tipificadas en el artículo 114 literales b), d), e), h) e i), eiusdem; e igualmente violó Principios que se califican como contrarios al Deber y Honor Militar, previstos en los artículos 32, 39, 46 y 48 de Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas Nacionales en concordancia con los artículos 12, 16 y 109 literales a y b del Reglamento de Castigos Disciplinarios Nro. 6. CUMPLASE. JESÚS RAMÓN VILLEGAS SOLARTE. GENERAL DE DIVISION (GN) COMANDANTE GENERAL DE LA GUARDIA NACIONAL. (…)’

Se le informa que, en caso de considerar que el presente acto lesiona sus derechos, puede recurrir por vía  administrativa y ejercer el Recurso de Reconsideración contra el mismo, por ante el ciudadano Comandante General de la Guardia Nacional, dentro de los quince (15) días siguientes a su notificación, conforme al artículo 94 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Agotada dicha etapa podrá recurrir por ante el ciudadano Ministro de la Defensa dentro de los quince (15) días siguientes a la decisión del recurso antes mencionado, según lo establece el artículo 95 eiusdem. Agotada dicha vía administrativa podrá interponer el Recurso correspondiente ante la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, conforme al artículo 134 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia.         

(…).”

 

 

II

FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE NULIDAD

            A manera de antecedentes, la representación judicial de la recurrente expuso en su escrito libelar que el ciudadano Wilmer Antonio Oropeza Barco ingresó hace doce años aproximadamente a las Fuerzas Armadas Nacionales, específicamente a la Guardia Nacional, llegando a ostentar el cargo de Cabo Segundo de la referida institución.

En el ejercicio de sus funciones, concretamente, el 22 de diciembre de 2003, el recurrente presentó una lesión física que hizo necesaria su hospitalización para ser intervenido quirúrgicamente, y un reposo domiciliario de diez (10) días.

Señala que entre el 31 de diciembre de 2003 y el 1º de enero de 2004, se sustrajo una cantidad de droga que se encontraba depositada en el Destacamento 47, y que ello llevó al inicio de una averiguación.

Al día siguiente, se presentó en el domicilio del actor una comisión de la Guardia Nacional, requiriéndole su presencia en el Destacamento, para ser trasladado a objeto de la investigación, “quedando desde ese momento retenido en las instalaciones militares como parte del procedimiento administrativo”.

Refiere que una vez designado el Instructor se procedió a sustanciar el procedimiento, acordándose un auto de proceder “sin indicar el procedimiento a seguir ni señalar ordenamiento jurídico o fundamento legal acorde con el caso, librándose boletas de citación a presuntos testigos y realizándose diferentes experticias sin la participación de (su) representado o que de alguna manera hubiese control sobre esas pruebas evacuadas, incluso se le tomó declaración sin la asistencia de un Abogado, ni se especificó si la declaración se tomaba como testigo o como responsable de un hecho de carácter administrativo que lo hiciera responsable de alguna sanción”. En este sentido, señala que mediante escrito de fecha 27 de enero de 2004 se le informó que el día 29 de ese mes y año tendría lugar el Consejo Disciplinario en la sede del Comando Regional Nº 4, indicándosele que debía chequear con anterioridad el informe del funcionario instructor junto a su abogado defensor “a quien no se le permitió acceso al expediente menos aún a presenciar el acto del Consejo”.

Del precitado Consejo surgió la recomendación de poner fin al procedimiento, con la sugerencia de dar de baja al ciudadano Wilmer Antonio Oropeza Barco; informe que fue remitido a la Comandancia General de la Guardia Nacional.

Las circunstancias expuestas vulneran, en criterio del apoderado actor, los derechos constitucionales del recurrente a la defensa, al debido proceso y a la presunción de inocencia.

Por otra parte, aduce que su caso fue indebidamente acumulado en sede administrativa con el expediente abierto a otro funcionario, es decir, que se sustanció y decidió el procedimiento sin que hubiese identidad de sujetos, objeto y contenido, como lo exige la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

Expuesto lo anterior, imputa al acto impugnado, además, los siguientes vicios:

1. Falso supuesto de hecho:

Por estar fundamentado el acto en hechos erróneos o falsos. En este sentido precisa que no es cierto: (i) Que encontrándose de reposo domiciliario, su representado haya sido visto el 31 de diciembre de 2003 en el Círculo Militar, en compañía del Cabo Segundo Orlando Pérez, (ii) Que una camioneta de su propiedad, marca Ford Blazer, color marrón, placas KCL-08L, haya sido vista igualmente en el estacionamiento de las instalaciones del referido lugar, (iii) Que el actor hubiere demostrado alto grado de indisciplina con sus superiores.

2. Falso supuesto de derecho.

A juicio del apoderado actor este vicio se patentiza con la aplicación, a su mandante, de la normativa contemplada en el Reglamento de Castigos Disciplinarios Nº 6,  de rango sub-legal, y en la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas Nacionales.

 3. Desviación de Procedimiento.

En torno a este vicio, destaca que el órgano administrativo violó lapsos importantes como el de la oportunidad para promover y evacuar pruebas, aun más cuando no le fue permitida en el Consejo Disciplinario la defensa de abogado; y que en definitiva “simplemente se utilizó un procedimiento desviado para fundamentar el acto de retiro (…).”

4. Violación del derecho a acceder al expediente.

Reitera el actor en un cuarto punto dentro de su escrito libelar, que en el procedimiento administrativo jamás se le permitió ver el expediente, violentándose con ello lo dispuesto en los artículos 28 y 143 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Precisa al respecto que “es tan evidente la violación de este derecho (…) y obtener copias del mismo que habiéndose solicitado en tiempo oportuno (…) las mismas (copias) se entregaron (…) un día posterior al acto”.

Por las razones que anteceden, solicitó la declaratoria de nulidad de la Resolución Nº 8369, emanada de la Comandancia General de la Guardia Nacional, así como del procedimiento administrativo que dio lugar a ésta. De igual manera, pretendió que una vez declarado lo anterior se procediera a su reincorporación a la función pública que venía desempeñando, y al pago de los salarios caídos y demás beneficios dejados de percibir.

 

 

 

 

III

INFORMES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA

 

            En la oportunidad de celebrarse el acto de informes, la sustituta de la Procuradora General de la República consignó escrito en el que sostuvo, en primer lugar, que debían ser desestimadas las denuncias de violación de los derechos constitucionales a la defensa y al debido proceso, formuladas por el actor, por cuanto de las actuaciones que conforman el expediente administrativo se evidencia que: (i) El recurrente fue debidamente citado a objeto de la entrevista con ocasión a las irregularidades ocurridas entre el 31 de diciembre de 2003 y el 1º de enero de 2004, y rindió declaración en compañía de su abogado; (ii) De igual manera, fue notificado de la oportunidad en que se realizaría el Consejo Disciplinario, y de la posibilidad de acudir asistido de abogado; (iii) Se le concedió al investigado un lapso de diez (10) días para revisar el expediente, y acudido al Consejo Disciplinario contando con la oportunidad de presentar sus alegatos y defensas; (iv) Ejerció los recursos administrativos correspondientes. Agregó la representación de la República que el hecho de haber recibido con tardanza las copias del expediente administrativo solicitadas, no demuestra que se le hubiere imposibilitado al investigado el ejercicio pleno de su derecho a la defensa.

            En segundo lugar, acotó que no existe el falso supuesto de hecho alegado por el recurrente, por cuanto de las declaraciones rendidas por el Distinguido César Sequera, adscrito a la Primera Compañía del Destacamento 47 del CORE-4, y por el Mayor Argenis Pimentel, para la época Sub-Director del Círculo Militar de Barquisimeto, se colige que para la fecha de los hechos investigados el ciudadano Wilmer Antonio Oropeza Barco se encontraba en las instalaciones del Círculo Militar; y tales afirmaciones no fueron objetadas por el actor, quien tampoco aportó -señala- alguna prueba que hiciera al menos presumir la falsedad de los aludidos testimonios.

            Por otra parte, sostuvo la representante de la República que el efectivo investigado incurrió en violación de los preceptos de deber y disciplina, vulnerando el pundonor militar y comprometiendo la imagen institucional de la Guardia Nacional; y que las normas infringidas por aquél se encuentran contenidas en la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas Nacionales y en el Reglamento de Castigos Disciplinarios Nº 6, ambos con rango de ley y aplicables al caso de autos.

            Concluye precisando que en el presente caso se realizó una exhaustiva investigación administrativa cumpliendo con el procedimiento establecido en la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas Nacionales y el Reglamento de Calificación de Servicios, Evaluación y Ascensos para el Personal de Tropa Profesional y Alistados de las Fuerzas Armadas Nacionales.

            Por las razones que anteceden, solicitó se declare sin lugar el recurso de nulidad incoado.

 

IV

OPINIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO

 

            La Suplente Especial de la  Fiscalía del Ministerio Público ante el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Plena y ante las Salas Constitucional, Político-Administrativa y Electoral, consignó la opinión del Ministerio Público, expresando que el apoderado actor confunde la primera fase investigativa con el procedimiento disciplinario propiamente tal, del cual, conforme consta del expediente administrativo, fue notificado inmediatamente el recurrente después del cierre de la investigación. En este sentido, acota que al comparecer al Consejo Disciplinario, el ciudadano Wilmer Antonio Oropeza Barco tenía conocimiento de la averiguación iniciada en su contra y de los hechos imputados; y  que si bien es cierto que su abogado defensor no logró obtener a tiempo las copias del proceso investigativo, no adujo en momento alguno que pudiera acceder a su lectura.

            Con fundamento en lo anterior, concluyó la Fiscal que la Administración “no violó el derecho al debido proceso, y en consecuencia no violó igualmente, el derecho a la defensa del recurrente (…) por lo cual la alegada desviación del procedimiento legalmente establecido y el derecho a la defensa carece de fundamento”.

            Por lo anterior, consideró la Fiscal del Ministerio Público que el presente recurso debe ser declarado sin lugar.

 

V

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

 

            Llegada la oportunidad para decidir, observa la Sala como aspecto previo, que el presente recurso está dirigido a obtener la declaratoria de nulidad de la Resolución Nº 8369, dictada el 17 de febrero de 2004 por la Comandancia General de la Guardia Nacional, por haber operado, en criterio del actor, su confirmatoria tácita en virtud del silencio administrativo del Ministro de la Defensa frente al recurso jerárquico interpuesto.

Al respecto, resulta necesario precisar que en efecto, el 22 de abril de 2004, el abogado César Augusto Dávila, actuando en representación del ciudadano Wilmer Antonio Oropeza Barco, ejerció ante el precitado Ministro recurso jerárquico contra el acto administrativo Nº 8369 supra referido, el cual fue, contrario a lo afirmado por el apoderado actor, resuelto mediante acto Nº DS-CJ- 03525 de fecha 26 de agosto de 2004 (folio 328 del expediente administrativo). Sin embargo, es de hacer notar que no consta en el expediente que tal providencia haya sido notificada al recurrente, situación que, aunada a la circunstancia de que la decisión del jerarca confirmó la Resolución emanada de la Comandancia General de la Guardia Nacional, lleva a esta Sala a pronunciarse sobre la validez de la precitada Resolución Nº 8369, atendiendo a las denuncias formuladas por la parte actora, ello en cumplimiento a su deber constitucional de garantizar una tutela judicial responsable, idónea y sin formalismos inútiles. Así se declara.

Expuesto lo anterior, pasa la Sala a resolver el mérito de la controversia, y al respecto observa:

            Alega el apoderado del recurrente que el acto impugnado viola sus derechos constitucionales a la defensa, al debido proceso y a la presunción de inocencia, por cuanto: a) Se acordó un auto de proceder “sin indicar el procedimiento a seguir ni señalar ordenamiento jurídico o fundamento legal acorde con el caso, librándose boletas de citación a presuntos testigos”; b) Se realizaron diferentes experticias sin la participación de su representado; c) Se le tomó declaración sin la asistencia de un abogado, y no se especificó “si la declaración se tomaba como testigo o como responsable de un hecho de carácter administrativo que lo hiciera responsable de alguna sanción”; d) No se le permitió a su abogado acceder al expediente ni presenciar el Consejo Disciplinario.

            Al respecto, resulta menester destacar, como ya ha sido establecido por esta Sala, que los derechos al  debido procedimiento administrativo y a la defensa comprenden las siguientes garantías: tener conocimiento del inicio de un procedimiento administrativo, tener acceso a las actas que conforman el expediente en el cual le corresponda participar al particular, la posibilidad de ser oído por la autoridad competente y de participar activamente en la fase de instrucción del procedimiento, esto es, para alegar y contradecir lo que considere pertinente en la protección de sus derechos o intereses, y, en definitiva, el que se adopte una decisión oportuna, que abarque y tome en cuenta las probanzas y defensas aportadas al proceso, así como que esa decisión sea efectiva y recurrible. De modo que, cuando la Administración aplica un procedimiento distinto al legalmente establecido y en virtud de ello se atenúan sustancialmente garantías relativas a la defensa de los administrados, el acto que culmine el procedimiento debe ser declarado nulo.

El derecho a la presunción de inocencia, por su parte, fue recogido expresamente en la Constitución de 1999 en el numeral 2 del artículo 49, y se encuentra consagrado además en los artículos 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y 8 numeral 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Rige sin excepciones en el ordenamiento administrativo sancionador para garantizar el derecho a no sufrir sanción que no tenga fundamento en una previa actividad probatoria sobre la cual el órgano competente pueda fundamentar un juicio razonable de culpabilidad. Se refiere, desde otra perspectiva, a una regla en cuanto al tratamiento del imputado o del sometido a un procedimiento sancionador, que proscribe que pueda ser tenido por culpable en tanto su culpabilidad no haya sido legalmente declarada, esto es, que se le juzgue o precalifique de estar incurso en irregularidades, sin que para llegar a esta conclusión se le de la oportunidad de desvirtuar los hechos que se le atribuyen.

            Ahora bien, en el presente caso cursan en el expediente administrativo los siguientes documentos:

Orden de Investigación Administrativa de fecha 1º de enero de 2004, en la que se ordenó abrir una averiguación en relación a las irregularidades detectadas durante la prestación del servicio los días 31 de diciembre de 2003 y 1º de enero de 2004, “quienes presuntamente transgredieron con su conducta normas inherentes a la vida militar” (folio 1).

Oficio de la misma fecha, a través del cual el Comandante del Regional Nº 4 remitió al Jefe de la División de Inteligencia la referida Orden de Investigación Administrativa (folio 2).

Auto de Proceder de fecha 2 de enero de 2004, en el que el funcionario Instructor juró cumplir fiel y cabalmente las funciones inherentes a dicho cargo, y acordó abrir la correspondiente averiguación (folio 3).

Oficio N° CR4-D47-JS003-Parte Especial de fecha 01 de enero de 2004, suscrito por el Comandante del Destacamento N° 47 de la Guardia Nacional, dirigido al Comandante de la Jefatura de Servicios del CR-4, en el que le informó que el día 1º de enero de 2004 “se procedió a efectuar revista a la sala de evidencias físicas de esta Unidad, por haber detectado el servicio de día un hueco, a una altura aproximada del piso de 2 metros con una dimensión de 21 ctms, verticales y 56 ctms horizontales, por lo que se dispuso inmediatamente a realizar inventario de los objetos existentes en la misma (…) encontrando los siguientes resultados, fueron presuntamente sustraídas la cantidad de tres bolsas negras plásticas, contentivas de la droga denominada cocaína, con un peso aproximado de 60 Kilogramos la cual guarda relación con la causa Nro. 13-F11-A-03-406, iniciada en fecha 29/11/03, por la incautación de mil doscientos ochenta y cinco (1.285) envoltorios de cocaína. (…)” (folio 5).

Acta de notificación de derechos de fecha 2 de enero de 2004, firmada por el hoy recurrente, en la que se le informa que el Comando Regional Nº 4 adelanta averiguación administrativa en su contra por la presunta transgresión de normas inherentes a la vida militar. En esta oportunidad el Instructor puso de manifiesto al encausado las actas que conforman el expediente administrativo (folio 73).

Oficio de fecha 3 de enero de 2004, mediante el cual el Teniente Coronel (GN) Comandante del Destacamento 47, solicitó al Presidente de la Junta Permanente de Evaluación de la Guardia Nacional, el perfil disciplinario del ciudadano Wilmer Antonio Oropeza Barco, entre otros, a fin de incluirlo en la averiguación administrativa (folio 196).

Boleta de Citación recibida por el actor el 5 de enero de 2004, para que compareciera “con su abogado de confianza” al Comando del Destacamento N° 47 del Comando Regional N° 4 de la Guardia Nacional, a fin de ser entrevistado con relación a las irregularidades detectadas durante la prestación del servicio los días 31 de diciembre de 2003 y 1º de enero de 2004, con la novedad ocurrida en la Sala de Evidencias Físicas (folio 75).

Acta de Entrevista de fecha 5 de enero de 2004, practicada al accionante, en la que se dejó constancia que compareció acompañado del abogado Paul Froilan Russo, INPREABOGADO Nº 90.345, y expuso lo que consideró en relación al hecho ocurrido el 31 de diciembre de 2003. Asimismo, fue interrogado por el funcionario entrevistador (folio 76).

Oficio de fecha 9 de enero de 2004, a través del cual el Comandante del Destacamento 47 ordenó al ciudadano Wilmer Antonio Oropeza Barco, la presentación, en un lapso no mayor de 24 horas, del vehículo de su propiedad marca Blazer, color marrón, placas KAC-08L, por guardar relación con los hechos investigados (folio 210).

Acta Policial en la que el MT/3 (GN) Roger Coromoto González, dejó constancia de haber salido con una comisión a fin de realizar patrullaje preventivo y procesar información sobre el caso ocurrido con el extravío de sustancias estupefacientes de la Sala de Evidencia del Destacamento 47. Entre otros aspectos, señaló que “en el sector Tierra Negra, AVENIDA PIO ALVARADO con SIMÓN RODRIGUEZ, (…) en un taller de latonería y pintura (…), se localizó oculta una camioneta marca CHEVROLET, modelo BLAZER, de color verde, placas identificadoras GAG-40Y, presuntamente este vehículo (…) presenta suplantación y alteración de seriales y averías producto de volcamiento, y fue llevado al sitio (…) por el C/2DO (GN) PEREZ COLMENAREZ ORLANDO (…) En las pesquisas efectuadas, se determinó que el vehículo anteriormente citado, el día que los trasladó el C/2DO (GN) PEREZ COLMENARES ORLANDO SEGUNDO, se hizo acompañar por el C/2DO (GN) WILMER ANTONIO OROPEZA BARCO (…) quien conducía un vehículo CHEVROLET BLAZER, de color marrón, placas identificadoras KAC-08L, este efectivo (…) hasta el momento se ha negado a indicar donde se encuentra el vehículo referido.”

Acta de notificación para Consejo Disciplinario, de fecha 16 de enero de 2004, a través de la cual se hace del conocimiento del actor que el día 29 de enero de ese año, a las 9:00 a.m., sería sometido a Consejo Disciplinario en la sede del Comando Regional Nº 4 por la presunta transgresión de normas inherentes a la vida militar, al cual podía acudir asistido por un profesional del derecho de su confianza; y que tendría un plazo de diez (10) días hábiles para la revisión del expediente administrativo (folio 244).

Acta del Consejo Disciplinario de fecha 29 de enero de 2004, de la que se desprende: (i) Que el investigado fue puesto en conocimiento del motivo de su comparecencia; (ii) Que se le concedió derecho de palabra, siendo luego interrogado por los miembros del Consejo; (iii) Que oídas las exposiciones del efectivo, de los integrantes del Consejo, y analizados los hechos, se concluyó:

“(…) el efectivo encausado se encontraba de reposo dejando de asistir al Comando (…) a partir del día 28 de Diciembre. Sin embargo no lo hizo por cuanto se encontraba el día 01ENE2004, en horas de la madrugada en el interior de las Instalaciones del Círculo Militar (…) dejando de cumplir las prescripciones reglamentarias en las esferas de sus atribuciones, porque de lo contrario se interpreta que simuló dolencia para evitar el cumplimiento de sus obligaciones. No obstante, durante el desarrollo de la investigación fue llamado para ser entrevistado  respondiendo que tenía años que no visitaba el Círculo Militar, falseando la verdad; también se le solicitó que llevara el vehículo que dice ser de su propiedad (…) para determinar su vinculación o no con el hecho que se averigua, sin embargo no lo hizo, alegando que este fue vendido sin demostrar la certeza del caso y no colaborando con la búsqueda del mismo. (…) el efectivo encausado cometió varias faltas establecidas en el Reglamento de Castigos Disciplinarios Nº 6, tales como: Artículo 117 Aparte 02 (…) Aparte 03 (…) Aparte 04 (…) Aparte 11 (…) Aparte 12 (…) Aparte 46 (…).”

 

El 17 de febrero de 2004, por disposición del General de División (GN) Comandante General de la Guardia Nacional, se pasó a situación de retiro al ciudadano Wilmer Antonio Oropeza Barco, por incurrir en faltas graves tipificadas en el artículo 117 apartes 2, 3, 4, 11, 12 y 46, del Reglamento de Castigos Disciplinarios Nº 6, con las agravantes contempladas en el artículo 114 eiusdem, literales, b), d), e), h) e i); en violación de los principios consagrados en los artículos 32, 39, 46 y 48 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas Nacionales, concordados con los artículos 12, 16 y 109 literales a) y b), del precitado Reglamento (folio 277).

De lo reseñado supra desprende esta Sala que:

a. A través del auto de proceder a que alude el recurrente, se dio inicio a una averiguación sumaria respecto de los hechos ocurridos entre el 30 de diciembre de 2003 y el 1º de enero de 2004 en la Sala de Evidencias Físicas del Destacamento 47, en virtud de la orden impartida  por el Comandante del Regional Nº 4; de modo que constituía un acto preparatorio dirigido a recabar información respecto a una circunstancia irregular, conforme a lo cual la autoridad competente acordaría luego iniciar o no un procedimiento en contra del hoy recurrente o de los otros efectivos relacionados con los hechos investigados. Por ende, no puede colegirse del contenido de dicho acto la alegada violación de los derechos a la defensa y al debido proceso.

b. Contrario a lo afirmado por el apoderado actor, del “Acta de Entrevista” de fecha 5 de enero de 2004 se puede constatar que el ciudadano Wilmer Antonio Oropeza Barco alegó lo que consideró pertinente respecto de los hechos investigados, siendo posteriormente interrogado por el funcionario instructor; y que todo ello ocurrió “en presencia de su abogado de confianza PAUL FROILAN RUSSO”, cuya identificación y firma constan en dicha acta.

c. Resulta igualmente incierto que el recurrente desconociera si la declaración se tomaba como testigo o como responsable de un hecho sancionable, por cuanto en Acta de notificación de derechos de fecha 2 de enero de 2006, firmada por el actor, se le informó que el Comando Regional Nº 4 adelantaba averiguación administrativa en su contra por la presunta transgresión de normas inherentes a la vida militar; en esta oportunidad, cabe acotar, el Instructor puso de manifiesto al encausado las actas que conformaban el expediente administrativo.

d. En cuanto al argumento del apoderado actor referido a que fueron libradas boletas de citación a presuntos testigos y se realizaron diferentes experticias “sin la participación de (su) representado o que de alguna manera hubiese control sobre esas pruebas evacuadas”, esta Sala observa, tal y como fue advertido respecto del mismo alegato en un caso similar al de autos (vid. Sentencia Nº 1315 del 24 de mayo de 2006), que en el presente caso se ordenó la apertura de una investigación a los fines de determinar si el accionante y otros militares estaban involucrados en unos hechos que acarreaban una sanción disciplinaria, formando las declaraciones tomadas a los testigos, parte de los actos previos a aquél en el cual se concluyó que con base en los elementos de convicción cursantes en el expediente administrativo, debía someterse al hoy recurrente a un Consejo Disciplinario. En consecuencia, considera la Sala que si bien el actor no estuvo presente al momento en que los testigos declararon, tal circunstancia no evidencia una violación en el procedimiento que vulnere sus derechos, pues en sede administrativa ni judicial promovió otros testigos que refutasen las declaraciones cursantes en autos.

e. De otra parte, no puede esta Sala sostener, como pretende el recurrente, que la obtención tardía de determinadas copias solicitadas en sede administrativa, evidencie la imposibilidad de acceder al expediente y, por ende, una violación de sus derechos, mucho menos cuando de lo referido en párrafos precedentes se desprende lo contrario, esto es, que sí tuvo oportunidad de acceso a las actas.

Con base en las anteriores consideraciones, concluye esta Sala que en el presente caso no se verificó la alegada violación de los derechos constitucionales a la defensa y al debido proceso, como tampoco la trasgresión del principio de la presunción de inocencia, por cuanto la sanción impuesta al actor estuvo precedida de un procedimiento en el que éste contó con las oportunidades de demostrar su irresponsabilidad en los hechos atribuibles y, en consecuencia, la no comisión de las faltas imputadas. Así se declara.

En cuanto concierne a la alegada indebida acumulación de causas en sede administrativa, debe destacarse que en la orden de investigación administrativa de fecha 1º de enero de 2004, referida supra, se ordenó abrir una averiguación a determinados funcionarios con relación a las irregularidades detectadas durante la prestación del servicio los días 31 de diciembre de 2003 y 1º de enero de 2004, “quienes presuntamente transgredieron con su conducta normas inherentes a la vida militar”. Entre dichos efectivos se encontraba el Cabo Segundo (GN) Orlando Pérez Colmenares, por lo que, en vista de que ambos militares estaban siendo investigados por los mismos hechos, el que las causas fueran acumuladas en un solo expediente no violentó la validez del procedimiento seguido, pues se trata de la tramitación de procedimientos disciplinarios en los que existía identidad de causa y objeto. Ello así, se desestima el alegato in commento. Así se declara. 

Por otra parte, sostiene el apoderado actor que el acto impugnado incurre en un falso supuesto de hecho, limitándose en la fundamentación de tal denuncia a calificar de falsas las circunstancias apreciadas por la Administración como soporte de su decisión, concretamente aquellas conforme a las cuales él y un vehículo de su propiedad fueron vistos el 31 de diciembre de 2003, encontrándose el actor de reposo, en el Círculo Militar. Asimismo, alega falso supuesto de derecho, que vendría dada por la aplicación de la normativa contemplada en el Reglamento de Castigos Disciplinarios Nº 6 y la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas Nacionales.

Al respecto, se impone destacar que en reiteradas oportunidades esta Sala ha expuesto que el falso supuesto se patentiza de dos maneras, dependiendo si se produce respecto de los hechos o del derecho aplicado en el acto de que se trate. Así, cuando la Administración, al dictar un acto administrativo, fundamenta su pronunciamiento en hechos inexistentes, falsos o no relacionados con el o los asuntos objeto de decisión, incurre en el vicio de falso supuesto de hecho; ahora, cuando los hechos que dan origen a la decisión administrativa existen, se corresponden con lo acontecido y son verdaderos, pero la Administración al dictar el acto los subsume en una norma errónea o inexistente en el universo normativo para fundamentar su decisión, incidiendo decisivamente en la esfera de los derechos subjetivos del administrado, se está en presencia de un falso supuesto de derecho que acarrearía la anulabilidad del acto.

En el caso de autos, el ciudadano Wilmer Antonio Oropeza Barco fue sancionado con el pase a situación de retiro por considerar la Administración que: a. Incumplió las prescripciones reglamentarias en la esfera de sus atribuciones. b. Falseó la verdad en sus declaraciones en torno a la situación investigada, c. Dificultó la investigación al omitir información sobre la ubicación de un vehículo de su propiedad aparentemente relacionado con los hechos investigados.

Ahora bien, observa la Sala que durante la investigación que precedió al acto impugnado, se apreciaron los siguientes hechos:

            Entre el 31 de diciembre de 2003 y el 1º de enero de 2004, fueron sustraídas de la Sala de Evidencias Físicas del Destacamento 47, tres bolsas negras contentivas de aproximadamente 60 kgs. de cocaína. En medio de la  investigación practicada para determinar las circunstancias y responsabilidades del caso, se halló a dos metros de la puerta lateral perimétrica del lado interno del Comando, un candado violentado (folio 208 del expediente judicial). Asimismo, se desprende de Acta de Investigación Penal de fecha 1º de enero de 2004 (folio 172), que como parte de las averiguaciones se pasó revista en los dormitorios, lockers y vehículos de todo el personal, localizándose un bolso propiedad del Cabo Sgdo. Orlando Pérez Colmenares, el cual contenía, entre otros objetos, el carnet de circulación correspondiente al vehículo propiedad de Wilmer Antonio Oropeza Barco, una pistola marca Jennings, serial 1308443, solicitada por el delito de robo de vehículo automotor, según expediente llevado por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, y una tenaza para albañil de color negro con dos extensiones metálicas a los extremos.

            De igual manera, se constató en sede administrativa que en la fecha de los acontecimientos, concretamente del 31 de enero de 2003 al 1º de enero de 2004, fueron vistos en el Círculo Militar el Cabo Segundo Orlando Pérez Colmenarez, y el recurrente, Wilmer Antonio Oropeza Barco, así como una camioneta Blazer, color marrón, propiedad de este último. Así se desprende de declaración ofrecida por el efectivo César Sequera Chastre (folio 141 del expediente judicial), quien para la fecha (31 de diciembre de 2003) se desempeñaba como Oficial de Seguridad del Círculo Militar de 9 p.m. a 2 a.m, y a la siguiente pregunta: “¿Diga usted si además del Cabo Segundo PÉREZ COLMENAREZ notó la presencia de algún otro efectivo de la Guardia Nacional durante la prestación de su servicio en el Círculo Militar?”, contestó: “Sí, al Subteniente Grudor, al Cabo Segundo Morillo Félix y a mi Cabo Oropeza Barcos.”

            De otra parte, es de hacer notar que:

- Tal y como se desprende del Informe Médico que cursa al folio 20 del expediente, el 26 de diciembre de 2003 el ciudadano Wilmer Antonio Oropeza Barco fue dado de reposo domiciliario por un lapso de diez (10) días a partir de esa fecha.

        - En la oportunidad de rendir declaración, el hoy recurrente alegó que para la fecha de los hechos se encontraba en su casa con su mamá y todos sus familiares, mas no promovió testigo alguno que diera fe de ello. De otra parte, se aprecia del Acta de Entrevista levantada el 5 de enero de 2003, las siguientes declaraciones del investigado:

“Diga usted las características del vehículo que es de su propiedad. CONTESTADO: Es una camioneta blazer color marrón, placas KAC-08L. (…) ¿Diga usted cómo explica que el 30 y 31 de Diciembre el mencionado vehículo (…) se encontraba estacionado en el Círculo Militar, lo cual fue ratificado por los centinelas de servicio?. CONTESTADO: En ningún momento mi camioneta pudo estar estacionada en el Círculo Militar, motivado que el día 30 de Diciembre una persona de mi entera confianza (…) la trasladó hasta la ciudad de Mérida y San Cristóbal, para efectuar la venta. (…) ¿Diga usted, nombre y apellido, dirección y teléfono de esa persona (…). CONTESTADO: El señor Mario Franco, de la población de cordero, teléfono 0414 5278870 (…). ¿Diga usted por qué en las preguntas verbales que se le efectuaron el día 01, 02 y 03 de enero del año en curso por el suscrito y el Comandante del Comando Regional Nro. 4, usted manifestó que su vehículo había sido trasladado a Ejido Estado Mérida por una persona de nombre Iván y que no se acordaba de su dirección y teléfono?. CONTESTADO: Por sentirme presionado por los oficiales superiores y al cual le manifesté que yo podía disponer con mi camioneta para la venta.” (Sic).

- No obstante el actor señaló en su entrevista que no le había sido solicitada la presentación de su camioneta, se observa que cursa al folio 210 del expediente administrativo oficio de fecha 9 de enero de 2004, a través del cual el Comandante del Destacamento 47 le ordenó la presentación, en un lapso no mayor de 24 horas, del vehículo de su propiedad marca Blazer, color marrón, placas KAC-08L, por guardar relación con los hechos investigados.

- Finalmente, observa la Sala que el efectivo Wilmer Antonio Oropeza Barco fue sancionado con fundamento en los siguientes artículos del Reglamento de Castigos Disciplinarios Nº 6:

“Artículo 117. Se consideran como faltas graves en un militar:

(…)

2. Ocultar, encubrir o falsear la verdad en cualquier asunto del servicio;

3. Encubrir faltas militares;

4. Ser cómplice o auxiliador de una falta grave cometida por un compañero o subalterno;

(…)

11. Aconsejar o complotar para no cumplir una orden superior o para retardar su ejecución, siempre que estos actos no lleguen a constituir delito;

12. Dejar de cumplir una orden por negligencia;

(…)

46. Ofender la moral y las buenas costumbres por medio de palabras o actos que no sean delictuosos;”

“Artículo 109. Constituyen faltas al deber militar:

a) Las omisiones o acciones contrarias a la disciplina militar especificadas en este Reglamento; y

b) Las omisiones o acciones no especificadas en este Reglamento no calificadas como delitos por el Código y que se practiquen contra la Bandera, el Himno y el Escudo Nacionales, símbolos patrióticos e instituciones nacionales: contra la honra y el pundonor individual militar; contra el decoro de la profesión; contra los preceptos sociales y las normas de la moral; contra los preceptos de la subordinación, reglas o disposiciones dictadas por las autoridades competentes.”

 

Visto lo anterior, considera la Sala que existían elementos suficientes para sancionar al actor en los términos del acto impugnado, circunstancia a la que debe sumarse que aquél se limitó a señalar que no era cierto que el 31 de diciembre de 2003 él o el vehículo de su propiedad se encontraran en el Círculo Militar, sin traer a los autos prueba alguna de tal aseveración, esto es, sin probar nada en su respaldo.

Adicional a lo anterior, y como quiera que el actor adujo que el acto cuestionado se fundamentó en normas sub-legales, se impone reiterar en cuanto al Reglamento de Castigos Disciplinarios N° 6, que en virtud de su origen histórico no posee rango sublegal, pues dada su estructura y finalidad, la cual responde a las notas de un Decreto-Ley, resulta equiparable en el rango normativo actual con las conocidas leyes formales. En este sentido, se ha dejado sentado en repetidas ocasiones que dicho texto normativo “(...) no puede considerarse un reglamento tal y como se concibe al emanado del Poder Ejecutivo, cuando en un Estado de Derecho y con plena vigencia de las garantías y derechos fundamentales, complementa los textos de las leyes. Así, ante la inexistencia del Congreso Nacional por su disolución por un régimen de fuerza, los actos de naturaleza normativa dictados por éste adquieren rango de Ley, toda vez que dicho Gobierno Provisorio ejerce su mandato mediante Decretos dictados en ejecución directa, si bien no de la Constitución, del Acta de Constitución de donde dimana su poder transitorio.(...)”. De tal manera que, el hecho de que el referido cuerpo normativo haya sido denominado “reglamento”, no implica, para la Sala, que comparta esa naturaleza. (Ver sentencia de esta Sala N° 2.137 de fecha 21 de abril de 2005).

            Por las razones que anteceden, esta Sala desestima las denuncias de falso supuesto de hecho y de derecho. Así se declara.

            Aunado a las denuncias supra analizadas, la parte recurrente alegó que en el presente caso se produjo una desviación de procedimiento en sede administrativa, por cuanto el órgano administrativo violó lapsos importantes como el de la oportunidad para promover y evacuar pruebas, no le fue permitida en el Consejo Disciplinario la defensa de abogado, y “se utilizó un procedimiento desviado para fundamentar el acto de retiro (…).”

            Al respecto, insiste esta Sala, de acuerdo con lo advertido en consideraciones anteriores, que el prenombrado ciudadano contó con las oportunidades para alegar y probar lo que estimare conducente en su defensa, y que no consta en el expediente que le hubiere sido impedida la asistencia de abogado. De igual manera, resulta genérico el planteamiento referido al empleo de un procedimiento “desviado” para fundamentar el acto. Siendo ello así, esta Sala debe declarar la improcedencia de tal denuncia.

            Desestimados como han sido los argumentos esgrimidos por el actor, debe declararse sin lugar el recurso de nulidad interpuesto. Así se decide.

 

 

 

VI

DECISIÓN

En virtud de las consideraciones precedentemente expuestas, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por el apoderado judicial del ciudadano WILMER ANTONIO OROPEZA BARCO, contra la Resolución Nº 8369, dictada el 17 de febrero de 2004 por la COMANDANCIA GENERAL DE LA GUARDIA NACIONAL, en virtud del silencio administrativo frente al recurso jerárquico interpuesto ante el MINISTRO DE LA DEFENSA. En consecuencia, queda FIRME el acto recurrido.

Publíquese, regístrese y notifíquese. Devuélvase el expediente administrativo y archívese el judicial. Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los catorce (14) días del mes de noviembre del año dos mil seis (2006). Años 196º de la Independencia y 147º de la Federación.

La Presidenta

EVELYN MARRERO ORTÍZ

        La Vicepresidenta,

YOLANDA JAIMES GUERRERO

 

Los Magistrados,

LEVIS IGNACIO ZERPA                                             

HADEL MOSTAFÁ PAOLINI

Ponente

 

EMIRO GARCÍA ROSAS

 

La Secretaria,

SOFÍA YAMILE GUZMÁN

En quince (15) de noviembre del año dos mil seis, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 02561.

La Secretaria,

                                                                              SOFÍA YAMILE GUZMÁN

 

Busca más sentencias en Venley

Búsqueda avanzada, colecciones personalizadas y consultas a Kelsen.

Buscar sentencias