Venley

Sentencia N.º 02569

Sentencia
N.º 02569
Fecha
15/11/2006
Sala
Político Administrativa
Expediente
2006-0980
Ponente
Hadel Mostafá Paolini
Procedimiento
Apelación

MAGISTRADO PONENTE HADEL MOSTAFÁ PAOLINI

EXP. Nº 2006-0980

 

Mediante oficio Nº 2006-1289 de fecha 16 de mayo de 2006, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo remitió a esta Sala copias certificadas de las actuaciones relacionadas con el expediente contentivo del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con solicitud de suspensión de efectos, por los abogados Tomás Polanco Fernández, Gustavo J. Reyna, Faustino Flamarique, José Valentín González P., José Humberto Frías y Álvaro Guerrero Hardy, inscritos en el INPREABOGADO bajo los números 6.268, 5.876, 66.226, 42.249, 56.331 y 91.545, respectivamente, actuando el primero de los nombrados con el carácter de representante judicial y los restantes en su condición de apoderados judiciales de la sociedad mercantil CEMEX DE VENEZUELA S.A.C.A., inscrita inicialmente en el Registro de Comercio que llevaba el Juzgado de Primera Instancia en lo Mercantil del Distrito Federal, en fecha 23 de septiembre de 1943, bajo el N° 3.249, contra la Resolución N° SPPLC/0033-03, de fecha 14 de noviembre de 2003, emanada de la Superintendencia para la Promoción y Protección de la Libre Competencia (PROCOMPETENCIA), mediante la cual se impuso a su representada una multa de ochocientos seis millones novecientos diez mil bolívares (Bs. 806.910.000,00), por incurrir en la conducta prevista en el artículo 10, numeral 1 de la Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia, específicamente, prácticas concertadas para la fijación de precios aplicada para el producto cemento Pórtland Tipo I.

Dicha remisión fue efectuada en virtud del recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la sociedad mercantil Cemex Venezuela, S.A.C.A en fecha 24 de abril de 2006, contra la decisión dictada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo el 10 de mayo de 2005, mediante la cual se declaró improcedente la solicitud de suspensión de efectos de la Resolución impugnada, efectuada con base a lo establecido en el artículo 54 de la Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia.

El 31 de mayo de 2006, se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado Hadel Mostafá Paolini, fijándose un lapso de quince (15) días de despacho para que las partes presentaran sus alegatos.

Mediante escrito de fecha 13 de junio de 2006, la representación judicial de la sociedad mercantil recurrente consignó escrito de fundamentación de la apelación.

Por escrito de fecha 3 de octubre de 2006, los abogados José Valentín González y José Humberto Frías, actuando con el carácter de apoderados judiciales de la recurrente, solicitaron a esta Sala “revoque la Sentencia N° 2005-255 del 10 de mayo de 2005 de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”, fundamentando tal solicitud en la sentencia N° 1590 dictada por la Sala Constitucional de este Máximo Tribunal en fecha 10 de agosto de 2006.

Para decidir, la Sala observa:

 

 

I

ANTECEDENTES

Mediante escrito presentado ante la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, los abogados Tomás Polanco Fernández, Gustavo J. Reyna, Faustino Flamarique, José Valentín González P., José Humberto Frías y Álvaro Guerrero Hardy, actuando con el carácter de apoderados judiciales de la sociedad mercantil Cemex Venezuela, S.A.C.A., interpusieron recurso contencioso administrativo de nulidad conjuntamente con solicitud de suspensión de efectos, contra la Resolución N° SPPLC/0033-03 de fecha 14 de noviembre de 2003, dictada por la Superintendencia para la Promoción y Protección de la Libre Competencia (PROCOMPETENCIA), mediante la cual se impuso a su representada una multa por la cantidad de ochocientos seis millones novecientos diez mil bolívares (Bs. 806.910.000,00), por la comisión de la conducta prevista en el artículo 10, numeral 1 de la Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia, específicamente, prácticas concertadas para la fijación de precios aplicada para el producto cemento Pórtland Tipo I.

Al respecto, sustentan el presente recurso en lo siguiente:

Que la Resolución impugnada viola la garantía de la presunción de inocencia, por cuanto la Superintendencia presumió la culpabilidad de su representada “con base a meras intuiciones subjetivas sin fundamento en las pruebas que cursan en el expediente administrativo”.

Agregaron que para “Procompetencia basta presumir que el supuesto paralelismo en el mercado se explica mediante la concertación para imponer sanciones millonarias, sin que se requieran pruebas de la existencia de tal concertación; es decir, Procompetencia presumió la culpabilidad de [su] representada (y del resto de las empresas investigadas) y con base en ello procedió a imponer las sanciones”.

Señalan que la Superintendencia sancionó a la recurrente sin probar debida y válidamente la realización de los hechos que verifican la existencia de un acuerdo o práctica concertada a fin de fijar los precios del cemento.

            Asimismo, alegan que la Resolución impugnada adolece del vicio de falso supuesto y, al respecto, arguyen que no se precisó si la sanción impuesta se debió a la existencia de un “acuerdo” o de una “práctica concertada”, ambas conductas previstas en el ordinal 1° del artículo 10 de la Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia, lo cual -a su decir- dificulta la impugnación por cuanto “existen diferencias entre dichas modalidades de práctica concertada”.

            Añaden, que no hay pruebas de que las empresas investigadas hayan incurrido en alguna de las dos modalidades de prácticas restrictivas señaladas en el “artículo 10 (1) de la Ley de Procompetencia”. En tal sentido, analizaron lo que a su juicio constituye el presupuesto necesario para poder afirmar que existe acuerdo o práctica concertada, a saber: el paralelismo en los precios de las empresas investigadas y las condiciones de tipicidad analizadas en la Resolución impugnada.

            Finalmente y en cuanto a la solicitud de medida cautelar, indicaron lo siguiente:

“De conformidad con el artículo 54 de la Ley Procompetencia (sic) y el monto indicado en la Resolución, presentamos Anexo “C” copia certificada de la fianza otorgada por Venezolano de Crédito, S.A. Banco Universal por ochocientos seis millones novecientos diez mil bolívares sin céntimos (Bs. 806.910.000,00) a favor de la República Bolivariana de Venezuela, debidamente autenticada ante la Notaría (…) con el objeto de que se suspendan los efectos de la Resolución durante la tramitación de la presente demanda de nulidad.

En este sentido, el artículo 54 de la Ley Procompetencia (sic) dispone  (…)

 

…omissis…

 

Ahora bien, el citado artículo establece una caución casi automática, pues el legislador estableció que para la procedencia de la suspensión de efectos de la Resolución sólo basta que el particular sancionado presente una caución por el monto fijado por la Superintendencia en la Resolución, por lo que el órgano jurisdiccional no tiene, ni debe, analizar otros motivos para su procedencia.

 

…omissis…

 

En virtud de lo anterior, esa Corte debe asumir que los efectos de la Resolución N° SPPLC/0033 del 14 de noviembre de 2003 están suspendidos respecto de Cemex”.

 

II

DE LA DECISIÓN APELADA

            La Corte Primera de lo Contencioso Administrativo mediante decisión de fecha 10 de mayo de 2005, declaró improcedente la solicitud de suspensión de efectos de la Resolución Nº SPPLC/0033-03 de fecha 14 de noviembre de 2003, dictada por la Superintendencia para la Promoción y Protección de la Libre Competencia, en los términos siguientes:

“(…) En el presente caso, la Resolución N° SPPLC/0033-03, de fecha 14 de noviembre de 2003, de la Superintendencia para la Promoción y Protección de la Libre Competencia, dispuso lo siguiente:

…omissis…

Como se desprende de la sentencia de la Sala Constitucional de fecha 11/06/2002, parcialmente transcrita supra, la Ley de la materia no consagra una suspensión automática -con la sola interposición del recurso y la presentación de la caución-, pues el órgano jurisdiccional encargado de conocer de la nulidad de los actos de la Superintendencia para la Promoción y Protección de la Libre Competencia deberá tener en cuenta, en cada caso concreto, a los efectos de decidir sobre la suspensión de efectos según lo establecido en el tantas veces aludido artículo 54, la afectación que tal medida de suspensión tendría sobre los intereses generales o de terceros definidos. Es decir, el juez, debe efectuar una evaluación de las circunstancias del caso, tomando en cuenta que la Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia tiene como objeto proteger la libertad económica, en beneficio de los productores y consumidores, función que cumple la República, a través de la Superintendencia para la Promoción y Protección de la Libre Competencia.

En tal sentido, esta Corte observa que el acto administrativo cuya suspensión se solicita contiene una multa impuesta a la parte actora (y otras empresas), en virtud de haberse constatado la comisión de una infracción contemplada en la Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia, específicamente prácticas concertadas para la fijación de los precios aplicada para el producto cemento Pórtland Gris Tipo I, que, de acuerdo con la Resolución ‘la dimensión del mercado afectado como consecuencia de la práctica identificada tuvo lugar en la Región Oriental, Región Capital, Región Occidental, Región Zulia/Andes, Región Central/Llanos, lo que equivale a decir a todo el territorio nacional’.

Visto el alcance de la infracción, que de acuerdo con la Superintendencia, abarca todo el territorio nacional, producto de que las empresas sancionadas habrían concertado la fijación de precios del producto cemento Pórtland Gris Tipo I, esta Corte considera que en este caso, existe un evidente interés de la Administración en proteger tanto la libertad económica como el derecho de los consumidores del referido producto frente a esa práctica que los afecta considerablemente, y en consecuencia, también existe un interés en el ejercicio de su potestad sancionatoria, la cual, tiene en estos casos una función de prevención, en el sentido de persuadir a los agentes del mercado de la realización de ese tipo de conductas. Es por ello que, en casos como el de autos, el interés general de la Administración interesada en la ejecución del acto administrativo sancionatorio debe tutelarse frente al interés individual de la parte accionante (que es una de las empresas sancionadas), salvo que se demuestre que los efectos de la aplicación de la sanción pueda causar tal perjuicio al administrado que el juez considere necesario suspender la Resolución impugnada.

Aplicando los criterios al caso de autos, esta Corte considera que la parte accionante no ha aportado elementos suficientes para que este órgano jurisdiccional sacrifique el interés general de la Administración encargada de promover y proteger la libre competencia, para favorecer el interés individual de la empresa sancionada; por lo cual, considera improcedente la solicitud de suspensión de la multa, solicitada de conformidad con el artículo 54 de la Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia, para que se suspende (sic) la Resolución impugnada respecto de la sanción de multa impuesta a Cemex de Venezuela S.A.C.A., por la cantidad de ochocientos seis millones novecientos diez mil sin céntimos (806.910.000,00). Así se decide” (Resaltado del texto).

 

III

ALEGATOS DE LA PARTE APELANTE

Señala la representación judicial de la sociedad mercantil Cemex Venezuela, S.A.C.A., que la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo interpretó erróneamente el artículo 54 de la Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia, al fundamentar la improcedencia de la medida “en elementos ajenos” a los establecidos en la aludida Ley, apartándose así del criterio establecido por la jurisprudencia de la Sala Constitucional de este Supremo Tribunal, “respecto a la aplicación de los artículos 38 y 54 de la Ley Procompetencia”.

Agrega que la medida cautelar contenida en el artículo 54 de la precitada Ley, constituye una modalidad de suspensión de efectos de actos administrativos distinta a la contemplada en el artículo 121 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, por cuanto “opera de forma semi-automática, sin necesidad que el juez contencioso administrativo verifique la existencia de los extremos tradicionalmente exigidos para dictar medidas cautelares, a los fines de la suspensión de los efectos de las Resoluciones dictadas por la Superintendencia”. (Subrayado del texto).

Señala que a los fines de otorgar la medida cautelar solicitada, el juez contencioso administrativo debe circunscribir su revisión al cumplimiento de los siguientes requisitos: 1) que la fianza esté válidamente constituida; 2) que sea otorgada conforme al monto señalado en la Resolución y 3) que el acto impugnado contenga el señalamiento del monto de la caución que deben presentar los interesados a fin de suspender sus efectos.

Destaca que la única condición que debe verificarse para acordar la suspensión de efectos de las Resoluciones de la “Superintendencia”, conforme lo establecen los artículos 38 y 54 de la Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia, “es la presentación de caución por parte de los recurrentes”. (Subrayado del apelante).

Manifiesta que la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, fundamentó la improcedencia de la solicitud de medida cautelar en la sentencia Nº 1260 dictada por la Sala Constitucional en fecha 11 de junio de 2002, a la cual, según señala, no dio cumplimiento en lo concerniente a la debida interpretación del artículo 54 de la Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia, por cuanto -a su decir- sólo se limitó a reproducir lo señalado por la “Superintendencia” en la Resolución impugnada, para motivar que existía “una supuesta afectación del interés general”, sin realizar previamente un análisis del caso concreto y “sin motivar en qué consiste el supuesto interés general de la Administración”.

Arguye que la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo estableció ilegalmente un requisito de procedencia distinto a los contemplados en la Ley que rige la materia y en la sentencia dictada por la Sala Constitucional, cual es probar que la no suspensión de los efectos de la Resolución causaría un perjuicio irreparable o de difícil reparación por la definitiva y que Cemex debía aportar elementos suficientes que permitieran crear la convicción en “la Corte” para decretar la medida solicitada con lo cual, a su juicio, se vulneró el principio de legalidad.

En consecuencia, solicitó se revoque la sentencia apelada y se decrete la medida de suspensión de efectos de la Resolución impugnada.

IV

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Corresponde a esta Sala pronunciarse respecto de la apelación interpuesta contra la sentencia dictada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, sin embargo, previamente se observa que mediante escrito de fecha 3 de octubre de 2006, la representación judicial de la sociedad mercantil recurrente, solicitó la revocatoria de la sentencia N° 2005-255 dictada por dicha Corte en fecha 10 de mayo de 2005, con fundamento en el contenido de la sentencia N° 1590, dictada por la Sala Constitucional en fecha 10 de agosto de 2006, de la cual, según arguye, se desprende que “de la potestad sancionatoria de la Administración no nacen derechos respecto a terceros, por lo que en los casos de solicitud de medidas cautelares semi-automáticas previstas por Ley -como lo es la medida prevista en el artículo 54 de la Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de Libre Competencia (la Ley Procompetencia’)- mal podría estimarse que la suspensión de una multa pueda perjudicar en forma alguna los intereses de terceros, en protección del derecho a la presunción de inocencia de los administrados sancionados”. (Resaltado del escrito).

Agregó que la mencionada decisión declaró la constitucionalidad del artículo 205 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones que -según manifiesta- contempla una medida cautelar semi-automática muy similar a la medida regulada en el artículo 54 de la Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de Libre Competencia.

Concluyó que la medida cautelar solicitada por Cemex prevista en el artículo 54 de la prenombrada Ley fue declarada improcedente por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, en virtud de “una supuesta afectación a los intereses generales y de terceros definidos, es decir fue negada por las mismas razones que motivaron a la Sala Constitucional a revocar la Sentencia N° 06438 de esta Sala Político-Administrativa”.

Así las cosas, debe destacar esta Sala que a través de la sentencia N° 1.590 dictada por la Sala Constitucional de este Supremo Tribunal en fecha 10 de agosto de 2006, se estableció la constitucionalidad del artículo 205 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, que consagra:

“La interposición de acciones contencioso administrativas contra las multas impuestas por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones suspenderá su ejecución, cuando así lo solicite expresamente el actor en su recurso.

Sin perjuicio de lo anterior la Comisión Nacional de Telecomunicaciones podrá hacer uso de las medidas cautelares a que se refiere el Código de Procedimiento Civil en materia de créditos fiscales”.

 

De lo anterior se desprende que el análisis efectuado respecto a la norma supra transcrita, se refiere a la materia de Telecomunicaciones, supuesto con particularidades evidentemente distintas a las de autos, toda vez que el presente caso se enmarca en la materia denominada PROCOMPETENCIA, y en el cual la Administración aplicó la sanción con base al artículo 54 de la Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia.

Por tal razón, y en consideración a que incluso mucho antes a la decisión supra descrita, la propia Sala Constitucional mediante sentencia N° 1.260 de fecha 11 de junio de 2002, concretamente se pronunció sobre los alcances del supuesto normativo previsto en el artículo 54 de la Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia -con fundamento en el cual se efectuará el análisis del siguiente aspecto de la presente apelación-, esta Sala considera improcedente que la apelante invoque el criterio esbozado en aquélla decisión (la referida al artículo 205 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones), como sustento de su solicitud de revocatoria del fallo apelado. En consecuencia, se desecha el alegato de la sociedad mercantil recurrente, relacionado con el aspecto analizado. Así se declara.

Determinado lo anterior, observa esta Sala que la controversia planteada se circunscribe a decidir respecto al falso supuesto de derecho en que supuestamente incurrió la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, al interpretar erróneamente -según denuncia la parte apelante- el artículo 54 de la Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia, a fin de declarar la improcedencia de la solicitud de suspensión de efectos de la resolución impugnada.

Así las cosas, el fallo apelado con fundamento en la sentencia N° 1.260, dictada por la Sala Constitucional en fecha 11 de junio de 2002, estableció que la Ley que rige la materia, vale decir, la Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia, específicamente su artículo 54 “no consagra una suspensión automática -con la sola interposición del recurso y la presentación de la caución-“, ya que el órgano encargado de conocer la nulidad de los actos de la Superintendencia para la Promoción y Protección de la Libre Competencia, debe tener en cuenta “en cada caso concreto”, la afectación que tal medida de suspensión tendría sobre los intereses generales o de terceros definidos.

En virtud de lo anterior, declaró improcedente la suspensión de efectos de la resolución impugnada, dado que en su criterio la recurrente no aportó elementos suficientes que permitieran al órgano jurisdiccional sacrificar el interés general que representa y tutela la Administración, para favorecer el individual de la sociedad mercantil sancionada.

Por su parte, señalaron los apoderados judiciales de la sociedad mercantil recurrente que el órgano jurisdiccional interpretó erróneamente el artículo 54 de la Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia, al fundamentar la improcedencia de la medida de suspensión de efectos solicitada “en elementos ajenos a los establecidos en la Ley Procompetencia y apartándose del criterio vinculante establecido por la jurisprudencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia”, respecto a la aplicación de los artículos 38 y 54 de la Ley antes aludida.

Asimismo, arguyen que la medida cautelar contenida en el artículo 54 de la Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia, opera de forma semi-automática sin necesidad de que el Juez contencioso administrativo verifique la existencia de los extremos exigidos tradicionalmente para dictar medidas cautelares, a fin de suspender los efectos de las resoluciones dictadas por la Superintendencia para la Promoción y Protección de la Libre Competencia (PROCOMPETENCIA), acotando que la única condición que debe verificarse para acordar la suspensión “es la presentación de caución por parte de los recurrentes”.

Visto lo anterior, resulta pertinente destacar el contenido de la sentencia N° 1.260 dictada por la Sala Constitucional en fecha 11 de junio de 2002, con motivo del recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra los artículos 38, 52 y 54 de la Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia, que respecto al sentido y alcance del artículo 54, estableció lo siguiente:

“…Observa esta Sala que una correcta interpretación de las disposiciones comentadas permite afirmar:

Que la Ley prevea la obligación de que Procompetencia señale un monto que sería suficiente para garantizar los posibles daños que podrían producirse con la suspensión del acto, lejos de ser un elemento que vulnere o dificulte la posibilidad de obtener una tutela judicial cautelar, por el contrario la facilita. Ciertamente, el señalamiento de dicho monto por parte de la Superintendencia constituye una manifestación clara del principio constitucional de colaboración de poderes  hecha en interés y beneficio del sancionado por las Resoluciones de Procompetencia y que en nada afecta el principio de separación de poderes de origen constitucional, toda vez que es una estimación (opinión técnica) que por exigencia de la Ley se establece “a priori” -antes de que el interesado ocurra a la jurisdicción contencioso-administrativa- y que, de ser aceptada por el recurrente, en principio, podría considerarse suficiente por el Juez contencioso administrativo para la suspensión de los efectos del acto impugnado de una manera semi-automática.

Asimismo, deben resaltarse algunos elementos que informan la figura analizada como lo son:

a) La naturaleza de la caución es judicial. Se da en el marco de un proceso contencioso-administrativo de anulación, no se constituye ante la autoridad Administrativa;

b) Como una opinión técnica que es, el Juez contencioso administrativo no está sujeto en ejercicio de su potestad cautelar al "monto" que estima la Administración como suficiente para caucionar en el caso concreto. No hay menoscabo de la autonomía judicial en esta materia;

c) La determinación de la corrección, idoneidad y suficiencia del monto a solicitarse para los efectos de la caución la determina el juez contencioso administrativo y está sometida al control del sujeto contra quien obra;

d) La existencia de la modalidad de suspensión de los efectos del acto por la vía de la caución no excluye la posibilidad de que dicha suspensión pueda obtener el recurrente por los otros mecanismos legales existentes.

De esta forma, en aras de la celeridad consustancial a la tutela judicial cautelar efectiva -cuya vulneración aduce el recurrente-, la Ley previó que el juez contencioso administrativo contara con un simple parámetro técnico de referencia que le permitiera suspender los efectos del acto por una vía más expedita y menos gravosa desde el punto de vista procedimental y argumental para el accionante para obtener la suspensión de efectos, toda vez que al suspender la ejecución del acto sancionatorio como consecuencia de la aludida caución, no se requeriría demostrar los extremos del artículo 136 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, ni los correspondientes a la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

Hechas las disquisiciones anteriores, resulta fácil comprender que, aún en el caso de que la Administración incurriera en el error de excederse en la fijación del quantum de la referida caución, ya sea por errores meramente técnicos o como medida efectista que impide a los administrados suspender preventivamente la ejecución de la sanción por presuntas prácticas prohibidas, tal como es sabido sucede abiertamente en la práctica administrativa, ello en ningún modo obsta para que el juez contencioso administrativo rechace ese quantum referencial y, en virtud de la potestad cautelar que le es inherente, modifique discrecionalmente, el monto de la caución por considerar que la misma sea desproporcionada e irracional. Por otra parte, reitera esta Sala Constitucional, una vez quede establecido el monto de la caución por el Tribunal y cumplidas por el administrado las actuaciones pertinentes para la constitución de dicha garantía, queda excluido de plano todo análisis sobre los extremos legales de procedencia de la medida cautelar de suspensión de efectos (fumus boni iuris y periculum in mora), puesto que, al ser la caución -como se indicó supra- una garantía en beneficio de los particulares, constituida la misma opera la suspensión de la ejecución de la sanción sin necesidad de ninguna otra actuación.   

Finalmente, por cuanto esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en virtud de su cualidad de máximo y  último interprete de la Constitución en cuanto al control concentrado de  las leyes, no se encuentra restringida en cuanto a sus potestades por los argumentos esgrimidos por las partes en juicio, pasa a hacer ciertas consideraciones sobre puntos no alegados por las partes pero que han sido objeto de examen en el presente fallo.

Justamente, como fuera advertido en párrafos precedentes, la modalidad cautelar establecida en el artículo 54 de la Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia pudiese afectar a particulares diferentes del accionante en el juicio contencioso administrativo de nulidad, más aún atendiendo a la realidad de que los procesos sancionatorios llevados a cabo por la Superintendencia para la Promoción y Protección de la Libre Competencia pudiesen ser enmarcados dentro del concepto de los procedimiento “cuasijurisdiccionales”.

En estos términos, debe esta Sala hacer notar el hecho de que la aplicación de la modalidad cautelar establecida en el artículo 54 de la Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia pudiese afectar de manera grave tanto al mercado y en consecuencia a los consumidores, como a aquellos agentes económicos contra los cuales hubiese operado de hecho la conducta prohibida desplegada por el particular sancionado, de manera tal que en una interpretación constitucionalizante, estima esta Sala que el órgano jurisdiccional encargado de conocer de la nulidad de los actos de la Superintendencia para la Promoción y Protección de la Libre Competencia deberá tener en cuenta, en cada caso concreto, a los efectos de acordar la suspensión de efectos según lo establecido en el tantas veces aludido artículo 54, la afectación que tal suspensión tendría sobre los intereses generales o terceros definidos. Así pues, la amplia potestad cautelar que le es propia a los jueces de la jurisdicción contencioso administrativa, permite que éstos reduzcan el monto de la caución “propuesta referencialmente” por la Administración, cuando consideren que ésta se haya excedido en tal fijación; pero, asimismo, deben rechazar la caución y la consecuente suspensión de la ejecución del acto impugnado, en el exclusivo caso de que sea evidente que tal medida afectará intereses generales o de terceros definidos…”.

 

Del anterior criterio, acogido por esta Sala en decisión N° 00191 de fecha 23 de marzo de 2004 (caso: CANTV), se desprende que a los fines de determinar la procedencia de la suspensión de efectos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia, ciertamente, como lo indicó la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, debe atenderse “en cada caso concreto” a la afectación que dicha suspensión produzca sobre los intereses generales o terceros definidos.

Siendo ello así, considera esta Sala que a los fines de determinar la procedencia de la suspensión de efectos solicitada, en el caso de autos el órgano jurisdiccional recurrido analizó específicamente el aspecto inherente al alcance de la infracción que, según señala, abarca todo el territorio nacional debido a que las empresas sancionadas, entre ellas, la recurrente, habrían concertado la fijación de precios del producto Portland Gris Tipo I, con lo cual consideró que existe un incuestionable interés de la Administración, no sólo en proteger la libertad económica y el derecho de los consumidores del aludido producto, sino también el ejercicio de su potestad sancionatoria, que en el presente caso se traduce en una función de prevención que tiene como objeto evitar que los agentes del mercado incurran en la práctica de este tipo de conductas.  

En consecuencia, no encuentra esta Sala que se haya producido el falso supuesto de derecho por parte del órgano jurisdiccional con respecto a la interpretación del artículo 54 de la Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia, por lo que debe desecharse el argumento expuesto por la parte apelante en este sentido. Así se declara.

Atendiendo a lo antes expuesto, esta Sala declarará sin lugar la apelación interpuesta por la representación judicial de la sociedad mercantil Cemex Venezuela, S.A.C.A, contra la decisión dictada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo en fecha 10 de mayo de 2005, mediante la cual se declaró improcedente la solicitud de suspensión de efectos de la Resolución Nº SPPLC/0033-03 emanada de la Superintendencia para la Promoción y Protección de la Libre Competencia. Así se decide.

V

DECISIÓN

Con base en los razonamientos expresados, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido por CEMEX DE VENEZUELA, S.A.C.A. contra la decisión de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo de fecha 10 de mayo de 2005, mediante la cual se declaró improcedente la suspensión de efectos de la Resolución N° SPPLC/0033-03, de fecha 14 de noviembre de 2003, dictada por la Superintendencia para la Promoción y Protección de la Libre Competencia (PROCOMPETENCIA).

En consecuencia, se confirma el fallo apelado.

Publíquese, regístrese y comuníquese. Notifíquese a las partes. Devuélvase el expediente a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo. Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los catorce (14) días del mes de noviembre del año dos mil seis (2006). Años 196º de la Independencia y 147º de la Federación.

La Presidenta

EVELYN MARRERO ORTÍZ

La Vicepresidenta,

YOLANDA JAIMES GUERRERO

 

Los Magistrados,

LEVIS IGNACIO ZERPA                                             

HADEL MOSTAFÁ PAOLINI

Ponente

 

EMIRO GARCÍA ROSAS

 

La Secretaria,

SOFÍA YAMILE GUZMÁN

En quince (15) de noviembre del año dos mil seis, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 02569.

La Secretaria,

                                                                              SOFÍA YAMILE GUZMÁN

 

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