Sentencia N.º 0258
Sentencia N.º 0258
- Sentencia
- N.º 0258
- Fecha
- 28/03/2012
- Sala
- Casación Social
- Expediente
- 11-1564
- Ponente
- Juan Rafael Perdomo
- Procedimiento
- Recurso de control de la legalidad
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA. SALA DE CASACIÓN SOCIAL.
Caracas, veintiocho (28) de marzo de 2012. Años: 201º y 153º.-
En el juicio de cobro de prestaciones sociales y otros conceptos laborales incoado por los ciudadanos DELFIN ALFREDO CERMEÑO BLANCA, CARLOS ALFREDO FUENTES, JOSÉ FRANCISCO UTRERA GEROME, CARLOS JOSÉ BERMÚDEZ SÁNCHEZ, ELVIS ANTONIO BRITO GEROME, GREGORIO ANTONIO GARCÍA MAIZ y JUAN LORENZO LOPEZ CABRERA, representados judicialmente por las abogadas Maritza Mercedes Siverio Apure y Victoria Briceño, contra la asociación mercantil PETROLEUM CONTRACTOR, C.A., representada judicialmente por los abogados Estrella Morales Montserrat y Omar Antonio Morales Monserrat; el Juzgado Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar, con sede en Puerto Ordaz, en sentencia publicada el 10 de noviembre de 2011, declaró parcialmente con lugar la demanda y modificó la decisión del Juzgado a quo.
Contra esa decisión, la parte actora interpuso el recurso de control de la legalidad previsto en el artículo 178 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
Recibido el expediente, se designó ponente al Magistrado quien con tal carácter suscribe el presente fallo y siendo la oportunidad legal para ello, pasa esta Sala de Casación Social a pronunciarse sobre su admisibilidad en los siguientes términos:
Dispone el artículo 178 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, que el Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Social podrá, a solicitud de parte, conocer de aquellos casos emanados de los Tribunales Superiores del Trabajo, que aun y cuando no fueran recurribles en casación, sin embargo, violenten o amenacen con violentar las normas de orden público.
Esta Sala de Casación Social en decisión de fecha 12 de diciembre de 2002, expresó que aun cuando los requisitos de admisibilidad se cumplan corresponde a esta Sala de Casación Social restringir, atendiendo a la potestad discrecional conferida por el artículo 178 de la Ley Orgánica Procesal Laboral, la admisibilidad de dicho recurso, cuando se hallen violentadas o amenazadas disposiciones de orden público.
Por tanto, se refiere la Sala a que la admisibilidad del recurso se restringe a situaciones donde la violación o amenaza son de tal entidad, que resulte alterada la legalidad de la decisión o proceso sujeto a revisión. De allí, que se trate entonces, de violaciones categóricas del orden legal establecido, que en definitiva, transgredirían el Estado de Derecho.
En el presente caso, denuncia el recurrente que la recurrida viola normas de orden público establecidas en la Ley Orgánica del Trabajo, en virtud que omitió pronunciamiento sobre la procedencia del pago del 100% de los conceptos establecidos en el artículo 125 eiusdem, a pesar de haber quedado demostrado en autos la decisión unilateral de la demandada de dar por terminada la relación laboral, esto es, el despido injustificado de los trabajadores.
Alude el recurrente, que la recurrida viola los artículos 125 y 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, por cuanto a su decir omitió pronunciamiento sobre la base salarial de cálculo utilizada por el patrono al momento de liquidar los contratos de trabajo y por los actores al momento de demandar.
Denuncia el recurrente, la infracción de los artículos 133 y 146 de la Ley Orgánica del Trabajo, así como el artículo 77 de su Reglamento, y lo establecido en las cláusulas 42 y 43 de la Convención Colectiva de Trabajo de la Industria de la Construcción Similares y Conexos de Venezuela 2007-2009, dado que la recurrida no consideró los salarios bases de cálculo utilizados por la demandada al momento de liquidar a los actores, y los salarios promedios e integrales conformados por sus respectivas alícuotas de Bono Vacacional y Utilidades, detalladas en el libelo de la demanda.
Esgrime el recurrente, que la recurrida consideró que la relación de trabajo terminó por culminación de obras, cuando lo cierto es que en ninguna de las pruebas aportadas a los autos, aparece expresada la voluntad de las partes, en forma inequívoca, de vincularse sólo con ocasión a una obra determinada, contrariando lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley Orgánica del Trabajo.
Señala el recurrente, que la recurrida viola el contenido de los artículos 509 y 510 del Código de Procedimiento Civil, en virtud que omitió pronunciamiento sobre pruebas del proceso que demuestran que el patrono manifiesta inequívocamente su voluntad unilateral de poner fin a la relación laboral, lo que demuestra que al momento de analizar y juzgar las pruebas producidas no se apreciaron en su conjunto, teniendo en consideración su gravedad, concordancia y convergencia entre sí, y su relación con las demás pruebas de autos, transgrediendo, igualmente, los artículos 9º y 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, al no considerar las pruebas que más favorecían a los trabajadores.
Por último, manifiesta el recurrente, que se infringe el artículo 89.1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en cuanto no se aplicó el principio de la realidad de las formas o apariencias, con base en los artículos 5º y 6º de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, que consagra el principio general según el cual el Juez debe tener por norte de sus actos la verdad, y debe inquirirla por todos los medios a su alcance, garantizando con ello la tutela judicial efectiva y el acceso a la justicia.
Ahora bien y en atención a lo antes expuesto y efectuado el análisis del fallo impugnado, así como de las actas que conforman el expediente, considera este alto Tribunal que la sentencia recurrida se encuentra ajustada a derecho, pues no vulnera normas de orden público laboral, por lo que resulta innecesario desplegar la actividad jurisdiccional para el conocimiento del recurso de control de la legalidad, al no ajustarse la pretensión a los fines de este medio excepcional de impugnación.
Por lo tanto, resulta forzoso declarar inadmisible el recurso de control de la legalidad ejercido. Así se resuelve.
DECISIÓN
Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara INADMISIBLE el recurso de control de la legalidad interpuesto por la parte actora contra la sentencia publicada el 10 de noviembre de 2011, dictada por el Juzgado Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar.
No hay condenatoria en costas dada la índole de la decisión.
Publíquese, regístrese y remítase el expediente a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar. Particípese esta remisión al Juzgado de origen ya mencionado, todo de conformidad con el artículo 176 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
El Presidente de la Sala,
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OMAR ALFREDO MORA DÍAZ
El Vicepresidente, Magistrado y Ponente,
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LUIS E. FRANCESCHI GUTIÈRREZ JUAN RAFAEL PERDOMO
Magistrado, Magistrada,
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ALFONSO VALBUENA CORDERO CARMEN ELVIGIA PORRAS DE ROA
El Secretario,
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MARCOS ENRIQUE PAREDES
C.L. N° AA60-S-2011-001564.
Nota: Publicada en su fecha a las
El Secretario,
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