Venley

Sentencia N.º 02645

Sentencia
N.º 02645
Fecha
22/11/2006
Sala
Político Administrativa
Expediente
2006-1635
Ponente
Hadel Mostafá Paolini
Procedimiento
Regulación de jurisdicción

MAGISTRADO PONENTE HADEL MOSTAFÁ PAOLINI

EXP. N° 2006-1635

 

Adjunto a oficio Nº 06-0920 de fecha 10 de octubre de 2006, recibido el día 31 del mismo mes y año, el Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio para el Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, remitió a esta Sala Político-Administrativa el expediente contentivo de las actuaciones correspondientes a la solicitud de calificación de despido, reenganche y pago de salarios caídos, formulada por el ciudadano SAMUEL ANTONIO NIÑO SALAS, titular de la cédula de identidad Nº 4.708.623, asistido por el abogado Néstor Palacios, inscrito en el INPREABOGADO bajo en Nº 56.945, contra la sociedad mercantil PDVSA PETRÓLEO, S.A., inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda en fecha 16 de noviembre de 1978, bajo el N° 26, Tomo 127-A-Sgdo.; cuyo documento Constitutivo-Estatutario ha sido objeto de varias reformas, estando la última de éstas protocolizada en el prenombrado Registro Mercantil, en fecha 9 de mayo de 2001, bajo el N° 23, Tomo 81-A-Sgdo.

Tal remisión se efectuó en virtud del recurso de “Regulación de Competencia” ejercido por el abogado José Loreto Rivas Faria, inscrito en el INPREABOGADO bajo el N° 16.520, actuando con el carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil antes mencionada, contra la sentencia dictada por el referido Juzgado el 4 de julio de 2006, mediante la cual afirmó su jurisdicción para conocer de la solicitud interpuesta.

El 1° de noviembre de 2006, se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado Hadel Mostafá Paolini, a los fines de decidir la regulación de jurisdicción.

Para decidir, la Sala observa:

I

ANTECEDENTES

Por escrito de fecha 18 de febrero de 2003, el ciudadano Samuel Antonio Niño Salas, asistido por el abogado Néstor Palacios, introdujo ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, solicitud de calificación de despido, reenganche y pago de los salarios caídos, en virtud de haber sido despedido por la sociedad mercantil PDVSA PETRÓLEO, S.A., según aviso de prensa publicado el 13 de febrero de 2003, en el Diario Panorama.

Señaló el actor que el 17 de julio de 1975, comenzó a prestar servicios en la sociedad mercantil PDVSA PETRÓLEO, S.A., “con domicilio  principal en (…) Caracas, pero con dependencias, oficinas e instalaciones en el Edificio Laboratorio de Aguas en Tía Juana, Municipio Simón Bolívar del Estado ZULIA, donde últimamente presté mis servicios realizando las labores de Capataz en la Gerencia de Servicios Logísticos”.

En su solicitud calificó de injustificado el despido, en virtud de no haber incurrido en ninguna de las causales previstas en el artículo 102 de la Ley Orgánica del Trabajo. Asimismo, invocó lo dispuesto en el artículo 116 eiusdem, en concordancia con el artículo 32 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de Hidrocarburos.

Mediante auto de fecha 25 de febrero de 2003, el Juzgado Tercero de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, admitió la solicitud formulada, ordenando el emplazamiento de la parte demandada y la notificación de la Procuradora General de la República. Asimismo, fijó la fecha en que se realizaría el acto conciliatorio.

Luego, el 3 de junio de 2003, a fin de corregir y ampliar el auto de admisión el mencionado Juzgado acordó la suspensión del proceso de conformidad con el artículo 94 del Decreto con Rango y Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

Por diligencia del 15 de diciembre de 2003, el abogado Néstor Palacios, actuando con el carácter de apoderado judicial del demandante, amplió la anterior solicitud en la cual adujo que aunada a la estabilidad absoluta que otorgaba a su representado el artículo 32 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de Hidrocarburos, también estaba protegido por la “…Estabilidad Absoluta convencional establecida en la Cláusula 49 de la Convención Colectiva de Trabajo Petrolera, suscrita entre PDVSA Petróleo, S.A., DELTAVEN S.A., PDVSA GAS, S.A., BARIVEN S.A. con FEDEPETROL, FETRAHIDROCARBUROS, SINUTRAPETROL y los Delegados de Empresa, la cual fue legalmente depositada en el Ministerio del Trabajo (…) en fecha 23 de septiembre de 2002, y la cual todavía se encuentra vigente…”.

Vista la entrada en vigencia de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, las actuaciones fueron remitidas al Juzgado Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución para el Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, el cual en fecha 18 de diciembre de 2003 se abocó al conocimiento de la presente causa, en el estado en que se encontraba. Asimismo, ordenó la notificación de la demandada, fijando la oportunidad para que tuviese lugar la audiencia preliminar.

Posteriormente, por auto del 4 de noviembre de 2005, en virtud de la redenominación acordada por la Sala Plena de este Máximo Tribunal mediante Resolución N° 2004-00034 del 8 de diciembre de 2004, se hizo constar que el caso de autos sería sustanciado por el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, el cual se abocó al conocimiento de la presente causa en el estado en que se encontraba. En esa misma fecha, ordenó nuevamente librar los carteles de notificación a la demandada y fijó la oportunidad para que tuviese lugar la audiencia preliminar.

El 12 de junio de 2006, oportunidad fijada para efectuar la audiencia preliminar, se dejó constancia de la comparecencia de las partes, así como de la imposibilidad de lograr la mediación en el caso de autos y de la consignación que hicieron de sus respectivos escritos de promoción de pruebas. Asimismo, se dio por concluida la audiencia preliminar.

Por escrito del 19 de junio de 2006, el abogado José Loreto Rivas Faria, actuando con el carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil PDVSA Petróleo, S.A., contestó la demanda interpuesta, oponiendo además como punto previo la falta de jurisdicción del Poder Judicial frente a la Administración Pública, en los siguientes términos:

“…el solo dicho del actor, alegando y haciendo valer expresamente una supuesta inamovilidad laboral absoluta que lo protege, implica la ausencia absoluta de jurisdicción en el presente caso frente a la Administración Pública, a quien corresponde, legalmente, la competencia de conocer de todas aquellas causas de despidos en los que el actor ALEGE (sic) estar amparado en una causal de inamovilidad laboral absoluta…”.

 

Luego, el referido Juzgado por auto del 20 de junio de 2006, ordenó la remisión del expediente al Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio para el Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, de conformidad con lo previsto en el artículo 135 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

Mediante auto de fecha 28 de junio de 2006, el prenombrado Juzgado dio por recibido el expediente y, por sentencia del día 4 de julio de ese mismo año, afirmó su jurisdicción para conocer del asunto planteado, con fundamento en lo siguiente:

“…En el caso sometido a decisión, se observa que la parte demandada, sociedad mercantil PDVSA, PETRÓLEO S.A., se repite, fundamenta su defensa en el hecho que mediante escrito de demanda, el ciudadano SAMUEL ANTONIO NIÑO SALAS invocó para solicitar su calificación de despido como injustificado y el reenganche a sus labores ordinarias de trabajo con el pago de los salarios caídos y demás beneficios (…), que gozaba de estabilidad absoluta (sic) que disfrutan los trabajadores petroleros concedida por la Ley que Reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos, hoy, artículo 32 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos y en el supuesto de que esta instancia judicial le otorgara dicha estabilidad, debe declarar la falta de jurisdicción para seguir conociendo respecto a la Administración Pública…

…en atención al artículo 29 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, los asuntos contenciosos del trabajo, que no correspondan a la conciliación ni al arbitraje y las solicitudes de calificación de despido o de reenganche, formuladas en base en la estabilidad laboral consagrada en la carta magna, será (sic) sustanciados y decididos por los Tribunales del Trabajo que se indican en dicha ley adjetiva, y como quiera que el ciudadano SAMUEL ANTONIO NIÑO SALAS afirma ser trabajador petrolero, es evidente que todo lo referente o concerniente a la relación que existe o existió con la sociedad mercantil PDVSA, PETRÓLEO S.A., se regirá por el procedimiento pautado en el texto procesal adjetivo reseñado anteriormente…

…En consecuencia, (…) LA JURISDICCIÓN atribuida para tramitar y sustanciar esta acción corresponde a este JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO PARA EL RÉGIMEN PROCESAL TRANSITORIO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA…”.  (Destacados de ese fallo).

 

En fecha 9 de octubre de 2006, el abogado José Loreto Rivas Faria, actuando con el carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil demandada solicitó “LA REGULACIÓN DE LA COMPETENCIA POR FALTA DE JURISDICCIÓN”, contra el precitado fallo.

II

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Corresponde a esta Sala pronunciarse sobre la “…REGULACIÓN DE LA COMPETENCIA POR FALTA DE JURISDICCIÓN” solicitada por el apoderado judicial de la empresa demandada en fecha 9 de octubre de 2006, y al respecto observa que en el caso de autos, el Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio para el Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, mediante decisión del 4 de julio de 2006, declaró tener jurisdicción para conocer la solicitud de calificación de despido, reenganche y pago de salarios caídos, incoada por el ciudadano Samuel Antonio Niño Salas.

Por otra parte, observa la Sala que en la oportunidad de dar contestación a la referida solicitud, la sociedad mercantil opuso la falta de jurisdicción del Poder Judicial frente a la Administración Pública.

De la revisión de las actas procesales, se desprende que el abogado José Loreto Rivas Faria, actuando en representación de la parte demandada, incurrió en un error al equiparar la jurisdicción a la competencia, aun cuando dichos conceptos han sido reiteradamente diferenciados por la jurisprudencia de este Máximo Tribunal.

En el caso bajo análisis, el aludido fallo no emite pronunciamiento alguno sobre la competencia, sino sobre la jurisdicción del Poder Judicial frente a la Administración Pública.

Visto lo anterior, y toda vez que el apoderado judicial de la empresa demandada interpuso solicitud de “REGULACIÓN DE LA COMPETENCIA” contra un fallo que afirmó su jurisdicción para conocer del juicio, considera esta Sala que en el presente caso lo que se ha ejercido es un recurso de regulación de jurisdicción contra la sentencia previamente mencionada.

Determinado lo anterior, corresponde a esta Sala pronunciarse sobre dicho recurso, y al respecto se observa:

Del escrito presentado por el actor en fecha 18 de febrero de 2003, ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, se constata lo siguiente:

“…por lo cual de conformidad con lo establecido en el artículo 116 de la Ley Orgánica del Trabajo, en concordancia con lo establecido en el artículo 32 de la Ley Orgánica del (sic) Hidrocarburos vigente, acudo ante usted muy respetuosamente para solicitarle califique mi despido como injustificado (…) por cuanto estoy cubierto por la estabilidad absoluta de que disfrutan los trabajadores petroleros en este país…”.

 

Por otra parte, de la revisión de las actas que conforman el expediente se observa que cursa al folio 11 del expediente, diligencia de fecha 15 de diciembre de 2003, a través de la cual el apoderado judicial del actor expuso:

“…Adicional a la Estabilidad Absoluta que le otorga a mi representado el artículo 32 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, también está protegido mi mandante por la Estabilidad Absoluta convencional establecida en la Cláusula 49 de la Convención Colectiva de Trabajo Petrolera, suscrita entre PDVSA PETRÓLEO, S.A., DELTAVEN, S.A., PDVSA GAS, S.A., BARIVEN, S.A. con FEDEPETROL, FETRAHIDROCARBUROS, SINUTRAPETROL y los delegados de la empresa, la cual fue legalmente depositada en el Ministerio del Trabajo, Dirección de Inspectoría Nacional y Asuntos Colectivos del Trabajo del Sector Público en fecha 23 de septiembre de 2002, y la cual todavía se encuentra vigente…”.

 

De lo antes expuesto se desprende que la parte actora señaló que gozaba de “estabilidad absoluta”, en virtud de lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de Hidrocarburos y en la Cláusula 49 de la Convención Colectiva de Trabajo Petrolera.

Con respecto a la estabilidad consagrada en el Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de Hidrocarburos, el artículo 32 dispone:

“Los trabajadores y trabajadoras de las empresas petroleras estatales, con excepción de los integrantes de las Juntas Directivas de las empresas gozarán de estabilidad en el trabajo y sólo podrán ser despedidos por las causales expresamente consagradas en la legislación laboral…”. (Resaltado de la Sala).

 

De la norma precedentemente transcrita se evidencia que los trabajadores de las empresas petroleras gozan de estabilidad en sus cargos y sólo pueden ser despedidos cuando medie justa causa, por lo que de no estar de acuerdo con la causal invocada por el patrono como fundamento del despido, el trabajador podrá, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 187 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, acudir ante el Juez Laboral a los fines de que califique el despido, ordene el reenganche y el pago de los salarios caídos.

En orden a lo anterior, cabe destacar que la estabilidad consagrada en el artículo antes referido y en la convención colectiva a favor de los trabajadores petroleros, no comporta que éstos gocen de la inamovilidad consagrada fundamentalmente en los artículos 94, 384, 449 y 520 de la Ley Orgánica del Trabajo, caso en el cual el conocimiento de la solicitud incoada corresponde a la Administración Pública, por órgano de la Inspectoría del Trabajo respectiva.

En el caso bajo examen, observa la Sala que ni del escrito libelar ni de las actas del expediente se evidencia que se haya alegado causal alguna de inamovilidad que dé lugar a que la presente solicitud de calificación de despido, reenganche y pago de salarios caídos deba ser conocida por el Inspector del Trabajo respectivo, pues como se señaló anteriormente, el accionante plantea su solicitud al considerar que su despido fue injustificado, por cuanto no incurrió en ninguna de las causales consagradas en el artículo 102 de la Ley Orgánica del Trabajo. Por tanto, la materia objeto de litigio sólo debe ser conocida y decidida por los Tribunales del Trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y no por el mencionado órgano administrativo.

En consecuencia, considera esta Sala que el Poder Judicial sí tiene jurisdicción para conocer y decidir el caso de autos, en razón de lo cual debe declararse improcedente el recurso de regulación de jurisdicción interpuesto. Así se decide.

III

DECISIÓN

De conformidad con los razonamientos antes señalados, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara:

1.- Que el PODER JUDICIAL SÍ TIENE JURISDICCIÓN para conocer y decidir la solicitud de calificación de despido, reenganche y pago de salarios caídos, incoada por el ciudadano SAMUEL ANTONIO NIÑO SALAS, contra la sociedad mercantil PDVSA PETRÓLEO, S.A.

2.- IMPROCEDENTE el recurso de regulación de jurisdicción formulado por la representación judicial de PDVSA PETRÓLEO, S.A.

En consecuencia, se confirma la decisión de fecha 4 de julio de 2006, dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio para el Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia.

Se condena en costas a la sociedad mercantil PDVSA PETRÓLEO, S.A., de conformidad con los artículos 274 y 276 del Código de Procedimiento Civil.

Publíquese, regístrese y notifíquese. Remítase el expediente al Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio para el Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia. Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los veintiún (21) días del mes de noviembre del año dos mil seis (2006). Años 196º de la Independencia y 147º de la Federación.

La Presidenta

EVELYN MARRERO ORTÍZ

        La Vicepresidenta,

YOLANDA JAIMES GUERRERO

 

Los Magistrados,

LEVIS IGNACIO ZERPA                                             

HADEL MOSTAFÁ PAOLINI

Ponente

 

EMIRO GARCÍA ROSAS

 

La Secretaria,

SOFÍA YAMILE GUZMÁN

En veintidós (22) de noviembre del año dos mil seis, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 02645, la cual no esta firmada por la Magistrada Yolanda Jaimes Guerrero, por no estar presente en la discusión por motivos justificados.

 

La Secretaria,

                                                                              SOFÍA YAMILE GUZMÁN

 

 

 

 

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