Venley

Sentencia N.º 027

Sentencia
N.º 027
Fecha
17/02/2023
Sala
Casación Penal
Expediente
A22-388
Ponente
Carmen Marisela Castro Gilly
Procedimiento
Avocamiento

 

Ponencia de la Magistrada Doctora CARMEN MARISELA CASTRO GILLY

 

El 7 de diciembre de 2022, el abogado Armando José Arteaga Blanco, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 214.324, en su carácter de apoderado judicial del ciudadano JESÚS ALBERTO PÉREZ OROPEZA (víctima), venezolano, titular de la cédula de identidad número. 10.330.972; presentó ante la Secretaría de esta Sala de Casación Penal, escrito contentivo de la solicitud de avocamiento de la causa seguida en contra de los ciudadanos GIRALDIE JESÚS AGUILAR LOZADA, JUAN CARLOS LÓPEZ GARCÍA Y CARLOS ALBERTO RONDÓN BORJAS, ante el “JUZGADO ESPECIAL TERCERO (3°) DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL CON COMPETENCIA EN CASOS VINCULADOS CON DELITOS ASOCIADOS AL TERRORISMO CON JURISDICCIÓN NACIONAL Y COMPETENCIA PARA CONOCER Y DECIDIR EN LOS DELITOS ASOCIADOS A LA CORRUELINCUENCIA ORGANIZADA – CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS” (sic) [mayúsculas y negritas de la solicitud], signada con el número “067-2021”, por la comisión de los delitos de  “(…) CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIO PÚBLICO, FALSA ATESTACIÓN ANTE FUNCIONARIO PÚBLICO, USO Y APROVECHAMIENTO DE ACTO FALSO, APROPIACIÓN INDEBIDA, ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR Y CONCURSO REAL DE DELITOS (…) (sic) [mayúsculas y negritas del poder especial].

 

El 12 de diciembre de 2022, se dio entrada a la presente solicitud y, en la misma oportunidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 99 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, se designó ponente a la Magistrada Doctora CARMEN MARISELA CASTRO GILLY, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

I

DE LA SOLICITUD DE AVOCAMIENTO

 

En su escrito, el solicitante del avocamiento refiere textualmente lo que de seguida se transcribe:

“(…) Antecedentes facticos

No es nuestra intención exponer y trascribir todas las actuaciones que conllevan las más de 22 piezas del expediente, por lo que solamente nos referiremos a las actuaciones que con llevan a las violaciones de las diferentes normas y garantías constitucionales por parte del juez JOSÉ M MARQUEZ GARCIA al exponer su sentencia del 12 de agosto de 2022 en la que suspende la Junta Directiva Ad Hoc de la empresa ICM Proyectos 2001, C.A., y las actuaciones de la Corte de Apelaciones que nieguen los recursos de apelación y responsabilidad del estado:

2 de Marzo de 2022: Se acordó medida innominada de Prohibición de Enajenar y Gravar Bienes y de Otorgar o Inscribir por ante Registros Públicos o Notarias Cualquier Documento en el que sea parte la empresa ICM Proyectos 2001, C.A., Y SE ACORDÓ DESIGNAR UNA COMISION a los fines de evaluar, verificar, el manejo, funcionamiento y situación real y contable de la empresa ICM Proyectos 2001, C.A. “… y en consecuencia los profesionales designados deberán remitir informe a este Juzgado en un lapso no mayor de treinta (30) días contados a partir de la constitución de la citada comisión en la empresa, es menester resaltar que la Junta Directiva actual queda suspendida de atribuciones y competencias hasta que esta Juzgadora decida la designación de una Nueva Junta Directiva Ad Hoc”.

4 de marzo de 2022: Juramentación de la comisión especial.

17 de marzo de 2022: El abogado JULIO CESAR TERAN interpone escrito de apelación de la decisión de las medidas innominadas del 02 de Marzo de 2022, en representación del ciudadano JUAN CARLOS LOPEZ GARCIA, el cual fue declarado INADMISIBLE.

21 de marzo de 2022: la Abogada BETTY REYES introduce recurso de Nulidad Absoluta contra la medida cautelar innominada de conformación de la Comisión Especial de fecha 02 de Marzo de 2022.

24 de marzo de 2022: se declara SIN LUGAR el recurso de nulidad interpuesto por la abogada BETTY REYES contra la medida cautelar innominada de conformación de la Comisión Especial de fecha 02 de Marzo de 2022.

07 de abril de 2022: se consigna informe de la Comisión Especial contentivo de 58 folios de Informe, 645 folios de anexos y un CD con información contable de la empresa, en las que se describen y respaldan IRREGULARIDADES JURÍDICAS, FINANCIERAS, GERENCIALES, ADMINISTRATIVAS Y TRIBUTARIAS que afectan a los accionistas, empleados y acreedores de ICM Proyectos 2001, C.A., y que a su vez, y de manera indirecta, afecta la capacidad de prestación de servicio y los contratos y alianzas suscritos con la primera estatal del país PDVSA. ELLO CONFORMA EL FUNDAMENTO QUE DETERMINA EL NOMBRAMIENTO DE LA JUNTA DIRECTIVA AD HOC.

01 de julio de 2022: El Abogado JULIO CESAR TERAN interpone escrito de recusación al miembro de la Comisión Especial y a la Juez titular de la causa, declarado INADMISIBLE.

7 de julio de 2022: Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que declara INADMISIBLE el Amparo Constitucional intentado por la abogada BETTY ELENA REYES QUINTERO, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 16.624, por no constar en el expediente la debida juramentación ante el tribunal y aceptación del cargo, debido a que su representado GIRALDIE JESUS AGUILAR LOZADA, titular de la Cédula de Identidad N° V-12.311.743 NO SE HA PUESTO A DERECHO.

15 de julio de 2022: La Corte de Apelaciones decide INADMISIBLE la recusación a la Juez y a los miembros de la Comisión Especial.

19 de julio de 2022: El tribunal acuerda NUEVA JUNTA DIRECTIVA AD HOC de la empresa ICM Proyectos 2001, C.A.

Viernes 05 de agosto de 2022: la Juez titular sale de reposo.

Lunes 08 de agosto de 2022: el Juez JOSE M MARQUEZ GARCIA, toma posesión del tribunal.

Lunes 08 de agosto de 2022: la Abogada Betty Reyes introduce Recurso de Nulidad Absoluta de una prueba anticipada y de los actos subsecuentes que incluyen las medidas innominadas Prohibición de Enajenar y Gravar Bienes y de Otorgar o Inscribir por ante Registros Públicos o Notarias Cualquier Documento en el que sea parte la empresa ICM Proyectos 2001, C.A., Y SE ACORDÓ DESIGNAR UNA COMISION

Martes 09 de agosto de 2022: el Abog JULIO CESAR TERAN MARTINEZ, POR REPETIDA VEZ introduce RECURSO DE NULIDAD de las medidas innominadas; prohibición de enajenar y gravar y Junta Directiva Ad Hoc de la empresa ICM Proyectos 2001, C.A.

Miércoles 10 de agosto de 2022: Nosotros como Abogados y defensores de la víctima SOLICITAMOS COPIAS SIMPLES de los abogados Betty Reyes y Julio Cesar Terán de las solicitudes de los días Lunes 08 de agosto de 2022, respectivamente,  Y AL DÍA DE HOY NO NOS HAN SIDO OTORGADAS. Lo cual reposa en el expediente.

Jueves 11 de agosto de 2022: el abogado Julio Cesar Terán SOLICITA COPIAS CERTIFICADAS DE TRES (03) PIEZAS DEL EXPEDIENTE Y LE FUERON APROBADAS Y ENTREGADAS EL MISMO DÍA. Lo cual también reposa en el expediente. Este gran detalle se asemeja a una evidente parcialidad del titular del despacho judicial.

Viernes 12 de agosto de 2022: el Juez JOSE M MARQUEZ GARCIA, dicta decisión suspendiendo la Junta Directiva Ad Hoc.

Martes 23 de Agosto 2022: Se introduce Escrito de Apelación contra la decisión que suspende la Junta Directiva Ad Hoc basado en:

a)        Falta de cualidad de los Abogados a oponerse a una medida cautelar que pesa sobre una persona jurídica de la cual no tiene representación.

b)        Los investigadores no son accionistas de la empresa.

c)        La decisión de la Sala Constitucional del TSJ que sentenció que Betty Reyes NO PUEDE actuar en la causa porque su representante no se ha puesto a derecho.

d)        La violación del artículo 160 del COPP, ya que el tribunal que emite una sentencia, no puede revocar y reformar su propia sentencia.

Martes 13 Septiembre 2022: Se introduce escrito solicitando Recusación del Juez encargado, así como escrito aparte donde se invoca la responsabilidad del Estado Venezolano por lo errores inexcusables cometidos por el juez encargado el 12 de Agosto.

Viernes 07 de Octubre 2022: Se declaran Inadmisibles los escritos de Recusación y de Responsabilidad del Estado desconociendo el carácter especial del poder del representante de la víctima

Lunes 17 de Octubre 2022: Se declara Inadmisible el escrito de Apelación desconociendo el carácter especial del poder del representante de la víctima.

II.- DENUNCIAS DE LAS ACTUACIONES

DEL JUEZ JOSE M. MARQUEZ GARCIA

DE LAS NULIDADES

A)       EL JUEZ ANULA UNA DECISION EMITIDA POR EL MISMO TRIBUNAL VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 160 COPP:

Ciudadanos Jueces de la Corte de Apelaciones, respetuosamente deseamos remitir su atención al hecho de que el Juez José M. Márquez García, el primer día en que ocupa el cargo de Juez del JUZGADO ESPECIAL TERCERO (3°) DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL CON COMPETENCIA EN CASOS VINCULADOS CON  DELITOS ASOCIADOS AL TERRORISMO CON JURISDICCIÓN NACIONAL Y COMPETENCIA PARA CONOCER Y DECIDIR EN LOS DELITOS ASOCIADOS A LA CORRUPCIÓN Y DELINCUENCIA ORGANIZADA – CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, admitió un escrito de solicitud de NULIDAD sobre la sentencia de 19 de julio de 2022 emanada de ese mismo Juzgado, pecando por inobservancia del artículo 160 del COPP, y en consecuencia decidiendo 4 días después con lugar la solicitud, suspendiendo una medida innominada que el mismo tribunal acordó y ratifico recientemente, y de acuerdo al artículo señalado anteriormente, la solicitud de la Doctora Betty Reyes, NO DEBÍA SER CONOCIDO, NI DECIDIDO POR ÉL, sino por la Instancia Superior, de acuerdo al Artículo 160° del Código Orgánico Procesal Penal, el cual es el siguiente tenor (…)

Lo antes expuesto contraviene lo establecido como garantía constitucional, en nuestra Carta Magna  en sus artículos 26° sobre la tutela judicial efectiva y el 49° sobre el debido proceso, viola de manera grosera y beligerante los Artículos 160°, 177° y 179° del Código Orgánico Procesal Penal, en una decisión que no tiene procedente en el derecho procesal. SE HACE EVIDENTE LA FALTA DE COMPETENCIA PARA CONOCER Y DECIDIR SBRE UNA SOLICITUD DE NULIDAD DE UNA DECISION QUE HABÍA SIDO DICTADA POR EL MISMO TRIBUNAL, ADDEMÁS OBVIANDO ACTOS ANTERIORES O CONTEMPORÁNEOS DE FORMA INDIVIDUALIZADA.

Tan solo esta causal acusada debería ser suficiente para que el Juez JOSE M MARQUEZ GARCIA, se hubiese abstenido de decidir sobre el recurso interpuesto tanto por la Abogada Betty Reyes, como por el abogado Julio Cesar Terán, sin embargo, no solo cometió el exabrupto de decidir en contra de una decisión dictada por el mismo tribunal, además se dio el lujo de contravenir disposiciones de nuestro Máximo Tribunal de Justicia referidos a la capacidad de obrar de los abogados que introducen los recursos y solicitudes de nulidad y les da cabida dentro del proceso al admitirles y decidir con lugar su solicitud en contravención de las normas del debido proceso, la tutela judicial efectiva, las garantías constitucionales, y las diferentes normas que amparan el proceso penal y civil invocado en la presente causa y que a continuación explanaremos las demás causales que sin reparo el titular de la acción judicial de manera incesante, cometió al momento de emitir su decisión el 12 de  Agosto de 2022 referido a la suspensión de la Junta Directiva Ad Hoc.

B)       El Juez JOSE M MARQUEZ GARCIA, admite y decide la solicitud de una abogada, DESACATANDO, CONTRAVINIENDO Y DESCONOCIENDO una decisión de la SALA CONSTITUCIONAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA que había declarado INADMISIBLE un Amparo Constitucional intentado en la presente causa por esa misma abogada (Dra. BETTY ELENA REYES QUINTERO, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 16.624), por no constar en el expediente la debida juramentación ante el tribunal y aceptación del cargo, debido a que su representado GIRALDIE JESUS AGUILAR LOZADA, titular de la cédula de identidad N° V-12.311.743 NO SE HA PUESTO A DERECHO.

El Juez Márquez se sustituye ilegalmente en la voluntad y en las razones que tuvieron las instancias jurisdiccionales superiores para dictar los referidos actos que protegían a la víctima, atentando con ello contra el principio de ejecutividad y ejecutoriedad de las decisiones jurisdiccionales, ergo, el principio de presunción de legalidad de los mismos, por cuanto su actuación, como órgano contencioso, por el reconocimiento que la doctrina y jurisprudencia le han atribuido a los Tribunales para el control de las sentencias dictadas por los tribunales superiores, debía limitarse en los términos preceptuados por nuestra Constitución Nacional y las demás normativas que obligan al Juez Márquez a acatar las decisiones dictadas por los tribunales que han tenido a bien conocer de la causa en sus diferentes instancias, incluyendo decisiones dictadas por el tribunal que él mismo representaba para la fecha en calidad de JUEZ ENCARGADO.

Conforme a lo establecido por nuestra Carta Magna, y la Ley Orgánica del Poder Judicial, es necesario destacar que es una OBLIGACIÓN del juzgador, hacer cumplir las sentencias, a tenor de lo preceptuado en el Artículo 2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (que señala que la función de hacer ejecutar lo juzgado, corresponde de manera exclusiva y excluyente a los Tribunales de la República); contrario a esto, el Juez José M. Márquez García, en el momento en que admite y decide sobre una solicitud de la Abogada Betty Reyes, DESACATÓ UNA SENTENCIA  de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia de la Dra. TANIA D´AMELIO CARDIET, declaró INADMISIBLE el Amparo constitucional de la Abogada BETTY ELENA REYES QUINTERO, toda vez de que no consta en el expediente que su representado GIRALDIE JESÚS AGUILAR LOZADA, YA IDENTIFICADO, SE ENCUENTRE PUESTO A DERECHO; con lo cual no puede evidenciarse la juramentación de la precitada abogada, ni su aceptación del cargo como defensora, es criterio y Doctrina en el buen derecho que un poder general es insuficiente para representar a un imputado  imputada en una causa penal. (…)

La acción y decisión del Juez Márquez contraviene el orden público-concerniente a la interpretación de instituciones procesales que se vinculan a la garantía de la tutela judicial efectiva-pues, como se analizará infra, de aceptarse como precedente, la actuación del tribunal que ha actuado en la causa, generaría una incitación al caos social si otros juzgadores llegasen a seguirlo, permitiéndose, a los administradores de justicia, la resolución de conflictos sin el cabal cumplimiento del proceso, lo cual generaría una grave inseguridad jurídica, que, desde luego, desbordan la esfera jurídica subjetiva de las partes intervinientes (vid. sentencia de esta Sala N° 2802/2004).(…)

C)       LOS REPRESENTADOS POR LOS ABOGADOS SOLICITANTES DEL RECURSO DE NULIDAD DE LA MEDIDA CAUTELAR, Y QUE GENERA LA DECISION CONTROVERTIDA NO SON INTERESADOS CALIFICADOS, AUN ASÍ, Y EN FORMA CONRTADICTORIA, ES DESCONOCIDO EL APODERADO LEGAL DE LA VICTIMA EN SUS ACTUACIONES EN DEFENSA DE LOS INTERESES DE SU REPRESENTADO.

Observamos con suma preocupación, que el Juez recurrido decide en consecuencia de una solicitud hecha por la representante o más bien asesora de un quejoso contumaz, que no se pone a derecho y evade a toda costa presentarse ante el Tribunal de Control. Así mismo, la solicitud de nulidad de la Abogada BETTY ELENA REYES QUINTERO, no obra en razón de defender los derechos de su poderdante GERALDIE DE JESUS AGUILAR LOZADA, quien no forma parte de la empresa ni de manera directa ni de manera indirecta, sino que solicita la nulidad de las medidas innominadas que recaen sobre la empresa ICM PROYECTOS 2001, C.A. de la cual su poderdante NO ES ACCIONISTA, NI SIQUIERA TRABAJA EN LA NÓMINA DE LA EMPRESA (AUNQUE EL INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL ACUSA PAGOS REPETITIVOS E INDEBIDOS A SU PERSONA CUANDO NO FORMABA PARTE NI DE LA NOMINA NI DEL PERSONAL GERENCIAL NI DIRECTIVO, EN FORMA CUANTIOSA SIN DEBIDA JUSTIFICACIÓN). En tal sentido la abogada BETTY ELENA REYES QUINTERO, se abroga INDEBIDAMENTE la cualidad de actuar en nombre de la empresa como si su representación extralimitada tuviera más peso que la TITULARIDAD de derecho de mi representado JESÚS ALBERTO PÉREZ OROPEZA como accionista de ICM PROYECTOS 2001, C.A., quien ha sido víctima no sólo de la falsificación de su firma (ya probado en autos), sino que además le fuera despojado más del 94% de su capital accionario. Por todo esto, debe considerarse que la abogada BETTY ELENA REYES QUINTERO, se extralimitó en la capacidad del poder recibir, y en ese sentido pretende actuar en representación de una persona jurídica sin cualidad para tal fin, por lo que NO SE ENTIENDE NI SE EXPLICA, COMO EL JUEZ RECURRIDO, LE DA CAVIDA DENTRO DE ESTE PROCESO JUDICIAL AL ADMITIR Y DECIDIR ESA SOLICITUD DE NULIDAD DE LA CIUDADANA BETTY REYES CON UNA SENTENCIA A SU FAVOR EN CONTRA DE LOS INTERESES LEGÍTIMOS DE LA VÍCTIMA CIUDADANO JESUS PEREZ, DEL PATRIMONIO DE LA EMPRESA ICM PROYECTOS 2001, C.A., DE SUS ACCIONISTAS, DE SUS ACREEDORES Y MAS IMPORTANTE AUN, DE SUS EMPLEADOS con quienes existen cuantiosos pasivos laborales. Siendo así las cosas, esta decisión recurrida, causa un daño irreparable al mencionado ciudadano de conformidad con el artículo 439 numeral 5 del COPP, lesionando los intereses no solo de la víctima sino de todas las personas relacionadas por vía administrativa y jurídica con la sociedad mercantil.

Así mismo, el abogado JULIO CESAR TERÁN MARTÍNEZ, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado con el Nro.: 82740, en su condición de DEFENSOR PRIVADO del investigado JUAN CARLOS LÓPEZ GARCÍA, en fecha 09 de agosto de 2022, presentó un escrito solicitando la nulidad del auto de fecha 19 de julio de 2022, contentivo de la medida innominada donde se nombra la Junta Directiva Ad Hoc de la empresa ICM POYECTOS 2001, C.A. Cabe destacar que la medida innominada, recae sobre la empresa como una medida de control judicial a fin de resguardar los intereses de la misma, de los accionistas y de sus empleados. Las medidas innominadas pretenden proteger los derechos patrimoniales de la empresa y de la víctima, no la de su defendido JUAN CARLOS LÓPEZ, quien haciendo un mal uso de un poder irregular (anexos SS21, SS22 Y SS23 del informe de la Comisión Especial acusando actas fraudulentas con irregularidades en fechas y registros públicos), despojó de su patrimonio a la víctima, con un documento que le fuera dudosamente otorgado el 5 de noviembre de 2019, toda vez que dicho poder no reunió tan siquiera las formalidades legales mínimas ni para el acto   para el cual estaba concebido. El abogado Julio Cesar Terán Martínez, extralimita la capacidad del poder otorgado como defensor privado del imputado JUAN CARLOS LÓPEZ GARCÍA, quien participó de manera protagónica en los actos que conllevaron a la disminución del patrimonio de la víctima y se encuentra involucrado en numerosos actos irregulares administrativos, financieros y gerenciales de la sociedad mercantil (ver amplio acervo probatorio contenido en el informe de la comisión especial). En ese sentido JULIO CESAR TERAN, solicitó la nulidad de las medidas innominadas, que no afectan a su defendido, por cuanto no es accionista de la empresa ICM Proyecto 2001 C.A., ni tiene ningún tipo de interés en la misma, pero que esa medida en cuestión, si protege los derechos del ciudadano JESÚS PÉREZ en su carácter de víctima y al patrimonio de la empresa. De lo anterior se denota, que esta actividad desplegada por el ciudadano JUAN CARLOS LÓPEZ, va en total detrimento de los intereses de la víctima y lo que es peor aún, esta temeraria solicitud del ciudadano JULIO CESAR TERAN, defensor del mencionado ciudadano, ha escalado instancias en este proceso judicial sin que ninguna autoridad judicial ponga reparo en estas actuaciones que cada vez se alejan más del debido proceso judicial irrespetando nuestro derecho procesal, para que finalmente, fuera el ciudadano Juez JOSÉ M MÁRQUEZ GARCÍA, quien le diera cabida a esta solicitud carente de sensatez y logicidad jurídica para suspender la Junta AD HOC, quien haciendo gala de su desconocimiento del proceso, y sin reponer en sus consecuencias, acepta la solicitud ocasionándole un daño irreparable a la víctima en el presente caso, ciudadano JESÚS PÉREZ, de conformidad con lo establecido en el artículo 439 numeral 5 del COPP.

Perdonen de antemano lo que a continuación expreso, porque sé que parecerá lo que llamamos una "cantinflada", pero a ese nivel de desconocimiento legal, procesal y jurídico es a lo que hemos llegado con la decisión del titular del Juzgado al que recusamos; En conclusión, EL RECURSO LO INTERPONEN UNAS PERSONAS QUE NO SON INTERESADOS CALIFICADOS i ACCIONISTAS), representados por sus ABOGADOS QUE NO TIENEN CUALIDAD para obrar el expediente, solicitan (¿???????) la nulidad de una medida cautelar sobre una empresa en la cual no tienen ningún interés legítimo y el Juez JOSÉ M MÁRQUEZ GARCÍA, se lo acuerda (¿??????), contraviniendo una decisión de su mismo tribunal, desconociendo el artículo 160 del COPP y una sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que desacreditaba a una de las jadas para obrar en la causa. Además, ninguno de los abogados actuantes tiene facultad para obraren nombre de ICM Proyectos 2001, C.A., ya que no tienen un poder aprobado en Asamblea de Accionista de la referida empresa. Perdonen el coloquialismo pero aquí se aplicaría el viejo adagio sobre quien tendrá la culpa, "el ciego o quien le da el garrote", lamentablemente para el Juez JOSÉ M MARQUEZ GARCÍA, y afortunadamente para nuestro sistema judicial, es el proceder del Juez JOSÉ M. MÁRQUEZ GARCÍA, quien causa el daño irreparable, al no decidir en base a la amplia literatura jurídica sustanciada en el expediente y que se ha explanado en el presente caso, que incapacitaba a los solicitantes en su temeraria solicitud, es el Juez rector del proceso quien debió poner coto a la atrevida solicitud de los solicitantes y no decidir contra nuestro sagrado proceso judicial, atentando contra decisiones constitucionales del TSJ, decisiones de la Corte de Apelaciones y normativas legales y constitucionales explicadas en el presente escrito, y es ello lo que tipifica el numeral 5to del artículo 439 del COPP, por lo que es a él a quien sanciona nuestra normativa jurídica Constitucional, legal y penal.

Es imperativo concluir que los actos realizados por el Juez JOSÉ M MÁRQUEZ GARCÍA, son nulos conforme a lo establecido en los Artículos 174° y 175° del Código Orgánico Procesal Penal y entó contra los derechos y garantías del debido proceso, consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en los Artículos 26° en lo referido a la tutela judicial, 49° en lo referente al debido proceso, pero queremos remarcar muy enfáticamente lo que está establecido en el Artículo 51° Constitucional.

Queremos resaltar como premisa mayor en este capítulo sobre la FALTA DE CUALIDAD, el caso del abogado ALEJANDRO RAMÓN TERÁN MARTÍNEZ, titular de la cédula de identidad 1 V-4.576.675, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado, bajo el №39.313; quien de forma temeraria ha aparecido en escena en diversos actos procesales de esta causa, con un poder personal de la ciudadana FANI DEL CARMEN LOZADA DE AGUILAR, a quien reconocemos como accionista mayoritaria de ICM Proyectos 2001, C.A. SOLO en razón del 70% de forma legal, que no es parte activa en el presente proceso ni como INVESTIGADA, ni como VÍCTIMA QUERELLADA. En tal sentido, es momento de definir la situación y forma en como este abogado participará en la causa, pero HASTA EL MOMENTO CARECE DE CUALIDAD Y LEGITIMADAD PARA SEGUIR INVOLUCRÁNDOSE ACTIVAMENTE EN LA CAUSA Más preocupante resulta el hecho de que ALEJANDRO TERAN MARTÍNEZ, ha utilizado como un ardid engañoso, noticias públicas por medios digitales e impresos, relacionadas con el caso, pero con la intención de POLITIZAR EL ASUNTO, señalando y aseverando de forma temeraria, injuriosa, difamatoria, grosera y vulgar, una supuesta relación con personeros de la oposición política, atentando contra la ética moral y profesional del Sistema Judicial, del Tribunal, de la Jaez de la causa, del Ministerio Público y el fiscal titular de la causa, de los miembros de la Junta Ad Hoc y de mi representado (ver anexos A); alterando no solo la verdad, además ha -sembrado una imagen falsa y engañosa en nuestro sistema de justicia, dibujando frente a terceros, un cuadro FALSO de ICM Proyectos 2001, C.A., como indispensable para la función de PDVSA comparándola al nivel de Monómeros y Citgo y el oro de Venezuela en Londres, capaz de paralizar las operaciones de Chevron, nada más alejado de la realidad y la verdad. Estimados Magistrados. ICM Proyectos 2001, C.A. NO ES UNA EMPRESA DE EXPLOTACIÓN PETROLERA, sino una contratista que presta servicios de mantenimiento e ingeniería; en tal sentido es absurdo, tan siquiera pensar o interpretar las ideas publicadas de ALEJANDRO TERAN MARTÍNEZ y sus compañeros de trabajo en un diario de circulación nacional (Ver publicación de entrevista realizada al Abogado Terán donde expresa que fue compañero de trabajo del mismo diario que hace las publicaciones de las declaraciones del Abogado Terán en contra de nuestro sistema judicial y RU decisiones lo cual hace que pierda toda objetividad, Anexo "B"), de que impulsamos la presente causa con la mera idea de paralizar la primera estatal del país, lo cual traspasa la frontera de los involucrados en la causa, AFECTANDO LOS INTERESES DE TODOS LOS INVOLUCRADOS CON LA SOCIEDAD MERCANTIL, ENTENDIÉNDOSE, EMPLEADOS, FAMILIAS, ACREEDORES, QUIENES YA HAN SIDO VICTIMAS DE • UNA MALA GERENCÍA QUE ACRECIENTA SUS PASIVOS CONTRA EMPLEADOS Y TERCEROS, EN ESPECIAL, CONTRA OTROS CONTRATISTAS DE PDVSA Y CUYOS FONDOS HAN SIDO DISVIADOS EN INTERÉS PARTICULAR DE QUIENES HOY OSTENTAN EL PODER ADMINISTRATIVO DE ICM, ESTO ÚLTIMO SI HA SIDO AMPLIAMENTE PROBADO CON EL  INFORME PARCIAL DE LA COMISIÓN ESPECIAL CONSIGNADO EN EL PRESENTE I \PUDIENTE. Es necesario y urgente señalar que toda esa campaña de descrédito en contra de mi representado es falsa e intenta burlar la buena fe del sistema de justicia. La respuesta a estas practicas debe ser contundente, al no permitir a esta persona divulgar información confidencial del caso, exponiéndolo con un matiz político.

.- EN CUANTO A LA LEGALIDAD DE LOS PODERES

Como bien se especificó en fecha 28 y 29 de Octubre de 2021 se ejecutó prueba anticipada por el Juzgado Especial Tercero (3°) de Primera Instancia en Funciones de Control con Competencia en Casos Vinculados con Delitos Asociados al Terrorismo con Jurisdicción Nacional y Competencia para Conocer y Decidir en los Delitos Asociados a la Corrupción y Delincuencia Organizada -Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana, que había sido SOLICITADA POR EL MINISTERIO PUBLICO en fecha 23 de octubre de 2021 y acordada en fecha 25 de octubre de 2022 por el referido ente judicial. En esta prueba anticipada realizada por videollamada y en presencia de la suprema autoridad del Tribunal, su Secretaria, la víctima, los apoderados legales de los denunciados, Y MI PERSONA EN CALIDAD DE REPRESENTANTE JUDICIAL DE LA VICTIMA, SEÑALADO ASI POR LA MISMA VICTIMA Y ASENTADO POR LAS AUTORIDADES JUDICIALES EN TODAS LAS ACTAS QUE AL RESPECTO FUERON REALIZADAS EN CALIDAD DE PRUEBA ANTICIPADA.

La prueba antes señalada es de fundamental importancia a los fines del presente Recurso de Amparo, debido a que en la ejecución de la misma se suceden hechos que confirman el reconocimiento del ejercicio de la garantía constitucional del derecho a la defensa y a la asistencia jurídica, debidamente constituido en el artículo 49.1 constitucional, así como la tutela judicial efectiva y el debido proceso, todo lo cual, luego de MAS DE UN AÑO de proceso judicial, en el que. como bien podemos percatarnos en la breve descripción de los antecedentes facticos, en el que han ocupado TODAS LAS INSTANCIAS PROCESALES EN LAS QUE HE ACTUADO COMO REPRESENTANTE JUDICIAL DE LA VICTIMA, AHORA SE PRETENDE DESCONOCER, VIOLANDO DE MANERA FLAGRANTE Y CONTUMAZ LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES QUE YA HABÍAN SIDO RECONOCIDOS POR LAS CORRESPONDIENTES AUTORIDADES JUDICIALES, LOS DENUNCIADOS, LOS VI'ODI RAPOS DE LOS DENUNCIADOS, Y MAS IMPORTANTE AUN. POR LA MISMA VICTIMA. QUEDANDO ASI ASENTADOS EN TODAS Y CADA UNA DE LAS ACTUACIONES QUE CONFORMAN LAS MAS DE 22 PIEZAS DEL PRESENTE EXPEDIENTE.

Vale decir que las personas denunciadas se encontraban representadas por sus apoderados legales, presentes durante la ejecución de la prueba anticipada, por lo cual en todo momento estuvieron en pleno conocimiento de mi representación como Abogado y representante judicial de la victima JESÚS ALBERTO PÉREZ OROPEZA, y conforme al artículo 177 del Código Orgánico Procesal Penal, ellos podían haber objetado mi representación en un lapso que establece la norma de 3 días a partir de la ejecución del acto. Lapso que prescribió el 03 de noviembre de 2021, por lo que A PARTIR DE ESA FECHA Y CONFORME A LAS ACTUACIONES QUE RIELAN EN LAS MAS DE 22 PIEZAS DEL PRESENTE EXPEDIENTE OPERA LA CONVALIDACIÓN ESTABLECIDA EN EL ARTICULO 178 DEL COPP.

La convalidación antes señalada y que opera de pleno derecho se concatena con lo establecido en el articulo 3 de la Ley Orgánica de Amparo sobre derechos y Garantías Constitucionales ya que la violación invocada deriva de una norma que colida con la constitución, referido al Debido Proceso. Derecho a la Defensa y a la Asistencia Jurídica, artículo 49.1 Constitucional, y 257 eiusdem, que contiene el sagrado principio de no sacrificar la justicia por el incumplimiento de formalidades no esenciales.

D) Al Juez JOSÉ M MÁRQUEZ GARCÍA le es solicitado la NULIDAD DE LA DECISIÓN QUE DICTA MEDIDA CAUTELAR DESIGNANDO UNA JUNTA DIRECTIVA AD HOC, y el Juez DECIDE LA SUSPENSIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA AD HOC.

les invitamos a revisar la sentencia del 12 de agosto de 2022, emitida por el Juez José M. Márquez García, en la que DECRETÓ SUSPENDIDA la Medida Cautelas de Control Judicial, aún cuando la SUSPENSIÓN no fue invocada en los petitorios de los solicitantes los abogados BETTY ELENA REYES QUINTERO y JULIO CESAR TERÁN MARTÍNEZ, que son claros, enfáticos y reiterativos en solicitar la NULIDAD de los efectos del auto de 19 de Julio de 2022 que nombra a la ta Directiva Ad Hoc de la empresa ICM Proyectos 2001, C.A. sin tener cualidad para obrar en representación de esta empresa, como ya se indicó; y quienes en realidad hicieron solicitud de NULIDAD, y no hay lugar a dudas de eso, ya ELLO QUEDA FEHACIENTEMENTE DEMOSTRADO AL FUNDAMENTAR SU SOLICITUD EN LOS ARTÍCULOS 174, 175 Y 179 DEL COPP, POR LO CUAL NO EXISTE DUDA ALGUNA QUE LA SOLICITUD REALIZADA FUE DE NULIDAD Y EN BASE A ELLO, SIN QUE MEDIARA NINGUNA OTRA RAZÓN LEGAL, DEBÍA DECIDIRSE.

Pero más perjudicial aún, resulta la decisión emitida por el Juez José M. Márquez García, quien en su decisión otorga algo QUE NO LE FUE SOLICITADO, como lo es la SUSPENSIÓN de la Junta Ad Hoc; con lo cual indudablemente incurre en ULTRAPETITA, por no solo decidir sobre lo que no le fue solicitado, además por beneficiar a una de las partes con un resultado similar o parecido al esperado, pero que no había sido invocado en el petitorio, y sin embargo produce el efecto de retirar el control judicial, dejando en estado de indefensión al patrimonio de ICM Proyectos 2001, C.A., de donde como ya se señaló y está debidamente probado por el informe de la Comisión Especial, los investigados, encabezados por GIRALDIE JESÚS AGUILAR LOZADA, ya han sustraído más de cuatro millones de dólares americanos ($4,000,000.00) de los cuales NO EXISTEN los debidos soportes administrativos, físicos, ni contables para justificar tales movimientos. En este mismo orden de ideas, esta decisión le permite a los investigados JUAN CARLOS LÓPEZ GARCÍA y CARLOS ALBERTO RONDÓN BORJAS, dueños de la empresa Suministros Trébol C.A., continuar simulando el suministro de personal a ICM Proyectos 2001. C.A., por no tener licencia para operar como empresa de seguridad, pero en realidad ellos aparte de ser miembros de la junta usurpadora, son dueños de la empresa que cuida las instalaciones físicas y por esto cobran ALTAS SUMAS DE DINERO; los ingresos que debe cobrar la empresa ICM Proyectos 2001, C.A. por alquiler de equipos, NO LLEGAN NUNCA en sus cuentas de banco, sino que son recibidos en cuentas bancarias de una empresa que es propiedad de CARLOS ALBERTO RONDÓN BORJAS, y que además constituyen ilícitos establecidos en el Código Orgánico Tributario y en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo referidos a la Legitimación de Capitales, todo esto consta en el informe de la Comisión Especial: entonces estimados magistrados, esperamos que pueda apreciarse con claridad la magnitud del daño que ocasiona la sentencia emitida el 12 de agosto de 2022 de manos del Juez José M. Márquez García, quien siendo encargado de un tribunal por un reposo, en ausencia de la Juez titular Dra. Luisa Renee Garrido, quien había observado la urgente necesidad de dictar un auto de control judicial, no arbitrario, sino que por el contrario, solicitado por el representante de la víctima, ante el conocimiento de los desmanes que los denunciados han hecho con el patrimonio de la empresa. Sin embargo, el Juez José M. Márquez García, sin conocer el expediente, sin leer el informe presentado por la comisión especial, enviada por la Juez titular con el objeto de conocer la realidad administrativa de la empresa, decide sentenciar en favor y beneficio de los investigados, incongruentemente desfavoreciendo al débil jurídico que es la víctima en el caso de marras, a quien ya está probado que le quitaron por la fuerza, forjando actas de asambleas sin cualidad, el 95% de su capital accionario, incluso el Juez José M. Márquez García, en su sentencia publica extractos de esa Acta de Asamblea ilegitima donde los investigados forjaron la realidad y benefician de forma ILEGAL e ÍRRITA a la ciudadana FANI DEL CARMEN LOZADA DE AGUILAR para que aparezca como dueña de poco más del 98% de las acciones, siendo esto ABSOLUTAMENTE FALSO. De igual forma, bajo las órdenes expresas de Giraldie Aguilar, los empleados en posiciones gerenciales dejaron de reportarle a la víctima y le despojaron desde 2018 del manejo y conocimiento contable y administrativo de todos los recursos que ingresaron en la empresa. Por lo que solicitamos que esta apelación sea declarada con lugar, por el terrible daño patrimonial al que queda expuesta la empresa y la víctima el ciudadano JESÚS ALBERTO PÉREZ OROPEZA de conformidad con los artículos 49° numeral 8 CNRBV y 439° numeral 5 del COPP.

D)       EL Juez recurrido causa un grave perjuicio a la empresa, los accionistas, acreedores y lo más importante, a sus empleados al dejar a la empresa sin JUNTA DIRECTIVA, debido a que desconocí, que la Junta Directiva Ad Hoc que suspende era la que ocupaba la dirección de la empresa ICM Proyectos 2001, C.A., por cuanto la Junta Directiva de la empresa había sido suspendida en atribuciones y competencias 4 meses antes. Ello deja sin capacidad de contratar a la sociedad mercantil con la primera empresa estatal del país, ampliando el daño a la posible nulidad de todos los actos que se ejecuten a partir de la decisión del Juez recurrido (Art, 179° y 439°, Numeral 5 del COPP).

Todo lo antes expuesto contraviene lo establecido en el artículo 157 del CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL, que establece que las decisiones del Tribunal deben ser siempre debidamente fundamentadas y motivadas so pena de nulidad. En ese sentido, esta decisión recurrida carece de tal coherencia entre lo que intenta motivar y lo que al final decide. Observamos que el juez JOSÉ M. MÁRQUEZ GARCÍA, en su decisión del 12 de agosto de 2022, hace un amplio análisis de las Condiciones que deben existir para dictar una medida innominada, paseándose por fundamentos jurídicos. exposiciones de autores y sentencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, las cuales explican la necesidad de las medidas innominadas para proteger o garantizar las resultas del proceso ante la posibilidad de que queden ilusorias las pretensiones DE LA VÍCTIMA (…)

Púes bien ciudadanos jueces de la Corte de Apelaciones, este riesgo o presunción no puede ser invocado para la protección del que tiene u ostenta el control de la empresa (Los Investigados), sino sino al que obra en calidad v cualidad de víctima que acude al sistema de justicia a denunciar los ilícitos que han afectado su patrimonio y está en búsqueda de la protección, que ya le había sido acordada y que este juez le despoja al suspender a la Junta Directiva Ad Hoc, dejándolo nuevamente (asistido, en estado de indefensión y en riesgo patrimonial, CONTRADICIENDO EN LA DISPOSITIVA SU PROPIA MOTIVACIÓN. . Las medidas de control judicial se basan en talados del Derecho que buscan garantizar un resultado tangible; como lo son el Fumus Boni iuris (presunción de un buen derecho o derecho justo), el Periculum in mora (La presunción de de que el fallo no pueda cumplirse por insolvencia del ejecutado) y el Periculum in Damni (Que el daño sea tan grave que no pueda repararse). El juez José Márquez García hace un análisis inverso de estos postulados y decide como si la insolvencia de la víctima, vaya a ocasionar un daño irreparable al investigado; esto es sin duda un ERROR JUDICIAL que acarrea consecuencias, establecidas en los Artículos 49° numeral 8, 139°, 140° y 255° en su último aparte, todos de nuestra Carta Magna (…)

Los postulados de FumusBoni Iuris, Periculum in mora y Periculum in Damni dieron base y pie a las razones por las que la ciudadana Juez LUISA RENEE GARRIDO, decretó y nombró la Junta Directiva AH HOC; es decir, con el único fin de proteger los intereses de la empresa y de la víctima en esta averiguación; de tal manera, que la decisión recurrida de fecha 12 de agosto de 2022, donde el Juez José M. Márquez García suspende la Junta Directiva Ad Hoc, luego de que en su análisis considerara ‘...Bajo las consideraciones y revisión de las actas procesales que conforman la presente causa se desprende una presunción de que pueda verse infructuoso y nugatorio la materialización de una sentencia favorable en caso de ser declarada, en el sentido de observarse que los bienes objeto de la presente acción pudieran ser enajenados o grabados, mucho antes de haberse resuelto la controversia presentada en torno al mismo..." lo hace atendiendo a intereses y beneficios que para nada son de provecho y en protección de la empresa y de la víctima; o sea, que todos esos postulados y decisiones que mencionó, donde se infiere claramente que son para proteger los intereses de la víctima y no la de los imputados, cuestión que no sucedió en el presente caso, por lo que se denota que estamos en presencia de una clara contradicción entre la fundamentación y su decisión, violando con meridiana claridad el contenido del artículo 157 del COPP, por lo que esa decisión recurrida, le causa un gravamen irreparable a la víctima en la presente investigación, ciudadano JESÚS ALBERTO PÉREZ OROPEZA. En razón de lo expuesto, le solicitamos en un escrito anterior a esta honorable corte que ha de conocer de este recurso, que sea declarado con lugar nuestra apelación y se restablezca la Junta Ad Hoc en las funciones para la cual fue creada.

El juez recurrido incurre en una grave contradicción al motivar las razones que llevaron a establecer a una Junta Directiva Ad Hoc, como medida innominada, y luego decide suspender a dicha junta, contraviniendo su propio fundamento para decidir, desconociendo que la afectación patrimonial dejo de ser una posibilidad o una probabilidad, convirtiéndose y materializándose en daños reales al patrimonio de los socios y accionistas, y esto se puede evidenciar en el informe presentado por la Comisión Especial donde se hicieron hallazgos comprobados de movimientos de dinero fuera de toda proporción y carentes de sustentación física y contable que implican sustracción de fondos de la empresa que sobrepasan los cuatro millones de dólares americanos (US$4,000,000.00), algunos de ellos, autorizados por personas que ni siquiera trabajan para la empresa ni poseen cargo alguno de dirección dentro de la sociedad mercantil, además, curiosamente, el Juez recurrido incurre en el error de traer a la sentencia un Acta de Asamblea controvertida que fue firmada "SIN CUALIDAD" del investigado JUAN CARLOS LÓPEZ GARCÍA, donde se materializa el despojo del capital accionario de mi representado del 30% a menos del 2%. Necesario es mencionar además, la autorización para enajenar bienes muebles e inmuebles que quedó registrada según Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas de fecha 19 de febrero de 2021 y que se encuentra registrada en el Registro Mercantil 3ro. Del Estado Anzoátegui en fecha 4 de marzo de 2021 con el ■omero 185, Tomo 2-A, Acta en la que el apoderado Juan Carlos López García (Denunciado) utiliza un poder firmado en los Estados Unidos de Norteamérica el 5 de noviembre de 2019, que lo acreditaba EN TEORÍA para representar a la ciudadana FANI DEL CARMEN LOZADA DE AGUILAR, en la Asamblea del 18 de noviembre de 2019. pero dicho poder es apostillado en los Estados Unidos de Norteamérica el 03 de Diciembre de 2019, es decir con quince (15) días de retraso por lo que NO HABÍA CUMPLIDO   LAS   FORMALIDADES LEGALES REQUERIDAS PARA REPRESENTAR A LA  PRECITADA CIUDADANA EN LA ASAMBLEA DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2019 y menos en la Asamblea de Accionistas del 19de febrero de 2021, puesto que dicho poder de ser válido, habría fenecido con la celebración de la Asamblea de Accionistas del 18 de noviembre de 2019, de tal suerte que para las Asambleas que se registraron en 2020 y 2021, el investigado JUAN CARLOS LÓPEZ GARCÍA CARECÍA DE ¡CUALIDAD PARA REPRESENTAR A SU PODERDANTE, YA QUE EN TEORÍA SU PODER ERA ‘ESPECIAL y LIMITADO’ PARA EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2019. Todo ello se encuentra debidamente soportado en los anexos identificados con la nomenclatura SS21 y S23 del informe que presentó la comisión especial y que NO FUE REVISADO por el juzgador recurrido. Ese mismo informe no solamente soporta lo señalado ut supra, sino que además señala una gran cantidad de irregularidades financieras, legales, gerenciales y tributarias que han afectado no solo la dirección de la empresa, además afectan a sus accionistas, acreedores y peor aún a los empleados con quien se sostienen cuantiosos pasivos laborales y que fundamentan y soportan por demás la imperiosa necesidad de la medida cautelar innominada que fuese dictada por el tribunal en fecha 2 de marzo de 2022 y 24 de julio de 2022, tal y como bien lo explica ampliamente el Juez recurrido en su motiva, acordando comisión especial y Junta Directiva Ad Hoc, según correspondió, y que hoy ha sido suspendida contradiciendo sus propios fundamentos en la sentencia recurrida. En otro orden de ideas, deseamos llamar la atención en lo contradictorio de la sentencia proferida por el juez recurrido, en lo referido al Periculum in mora, fomus boni iuris y el Periculum in danni, al cual hace referencia amplia y repetidamente en la motivación de su sentencia. Como premisa mayor deseamos destacar que los riesgos o probabilidades referidas, ya se materializaron y se agravarán al suspender el único medio de control judicial que brindaba protección al proceso, por lo que esta decisión del Juez JOSÉ M MÁRQUEZ GARCÍA, le produjo un irreparable daño a la víctima en la presente investigación ciudadano JESÚS ALBERTO PÉREZ OROPEZA de conformidad con los artículo 49° numeral 8 CNRBV y 439° numeral 5 del COPP.

F) Los abogados solicitantes del recurso de nulidad que IRREGULARMENTE les fue admitida y decidida en su favor. NO TIENEN FACULTAD PARA OBRAR EN NOMBRE DE ICM PROYECTOS 2001, C.A., YA QUE NO TIENEN UN PODER APROBADO EN ASAMBLEA DE ACCIONISTA DE LA REFERIDA EMPRESA, tal y como lo ha establecido nuestra normativa legal particular (COPP) y la jurisprudencia al respecto.

Cuando se refiere a personas jurídicas, la formalidad esencial es UN PODER, emitido por los representantes de dicha persona jurídica. Además, ese poder como ya es sabido, en el proceso penal debe ser "ESPECIAL". Y los abogados BETTY ELENA REYES QUINTERO, JULIO CESAR TERÁN MARTÍNEZ y ALEJANDRO RAMÓN TERÁN MARTÍNEZ, así como los investigados, GIRALDIE DE JESÚS AGUILAR LOZADA, JUAN CARLOS LÓPEZ GARCÍA y CARLOS ALBERTO RONDÓN BORJAS, no han sido apoderados en asamblea de accionistas debidamente integrada por FANI DEL CARMEN LOZADA DE AGUILAR Y JESÚS ALBERTO PÉREZ OROPEZA para representar a ICM Proyectos 2001, C.A. en esta causa, lo cual abunda para que la decisión proferida por el Juez JOSÉ M MÁRQUEZ GARCÍA, en su sentencia del 12 de agosto de 12022, sea nula.

G) LA MOTIVA DE LA DECISIÓN DEL JUEZ RECURRIDO ES OPUESTA Y CONTI LA DECISIÓN EMITIDA

El juez José M. Márquez García, omitió MOTIVAR adecuadamente su sentencia del 12 de agosto de 2022, cuando suspendió la Junta Directiva Ad Hoc de la empresa ICM Proyectos 2001, C.A. debido a la simple inobservancia por NO HABER LEÍDO la sentencia del 19 de julio de 2022 en la que se nombró dicha Junta. En otro orden de ideas, la recurrida contraviene lo establecido en el Artículo 157 del CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL, que establece que las decisiones del Tribunal deben ser siempre debidamente fundamentadas y motivadas so pena de nulidad. En ese sentido, esta decisión recurrida carece de total coherencia entre lo que intenta motivar y lo que al final decide.

Comenzaremos por lo risible del fundamento del juez José M. Márquez García en su decisión de suspender la Junta Directiva Ad Hoc, (No entendemos de dónde el nombre de Junta Interventora en la sentencia cuando en realidad es Junta Directiva Ad Hoc, nos llama la atención que ese es el nombre que le daban los Abogados Terán a la Comisión y a la Junta Directiva) Folio 155 de la sentencia. Y que, según su criterio, se encuentra consagrado en la violación de los Artículos 257° '87° constitucionales. Analicemos esto:

El Artículo 87° habla del derecho al trabajo y el Artículo 257° habla del proceso judicial. En base a ello, le preguntamos a esta instancia judicial: ¿De qué manera se está violando el derecho al trabajo? ¿A quién se le ha violado su derecho laboral? O ¿De qué manera se ha sacrificado la justicia por la omisión de formalidades en el presente proceso? En las 26 páginas que tiene la decisión NO SE EXPLICA ningún argumento que sustente la violación al sagrado derecho constitucional del trabajo, ni en qué se fundamenta la violación de la justicia por omisión de formalidad, es más, NI SIQUIERA MOTIVA CUÁL FORMALIDAD.

Nuevamente el Juez José M. Márquez García hace una INTERPRETACIÓN SUBJETIVA, cuando al folio 136 y 137 de su decisión, en el aparte SOLICITUD DE LA DEFENSA, establece que la abogada BETTY ELENA REYES QUINTERO "SOLICITA LA SUSPENSIÓN DE LOS EFECTOS DE LA MEDIDA CUTELAR INNOMINADA ACORDADA POR ESTE TRIBUNAL EN FECHA 19 DE JULIO DE 2022", cuando en realidad la abogada BETTY ELENA REYES QUINTERO, expresa en el punto segundo de su petitorio que riela al folio 26 solicitud para que "SEGUNDO: SE ANULE LA PROHIBICIÓN DE ENAJENAR Y GRABAR, DICTADA EN CONTRA DE LA EMPRESA ICM PROYECTOS 2021, C.A., LA DESIGNACIÓN DE PERITOS EXPERTOS Y LA ORDEN DE SUSTITUCIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA YA MENCIONADA EMPRESA". Señores miembros de esta Corte de Apelaciones, como ustedes pueden apreciar no se corresponde, de ninguna manera lo realmente solicitado por la abogada BETTY ELENA REYES QUINTERO con lo que dice el Juez José M. Márquez García, que fue lo que solicitó la precitada abogada. LA PALABRA SUSPENSIÓN NO APARECE EN NINGUNO DE LOS 12 FOLIOS QUE COMPRENDEN EL ESCRITO DE LA ABOGADA BETTY ELENA REYES QUINTERO, Y QUE RIELAN DEL FOLIO 16 AL 27. Tampoco menciona esa fatal aseveración hecha por el Juez José M. Márquez García sobre los miembros de la comisión especial como "Personas de confianza de la presunta víctima". Por lo antes expuesto, nos volvemos a preguntar ¿Qué fue lo que vio, O ESCUCHÓ, el Juez José M. Márquez García al momento en que hizo su sentencia???

Seguidamente deseamos llamar la atención de su competente autoridad judicial, en el craso error del Juez José M. Márquez García de subrogarse, como dicho por él, lo "aducido" por el abogado JULIO CESAR TERÁN MARTÍNEZ, (quien ya aclaramos, NO TIENE cualidad para la solicitud realizada y que deviene en la sentencia impugnada); y cito:

‘Así mismo se puede observar del presente auto a) No quedó claramente expresado en la decisión si la.Junta Ad Hoc son auxiliares de justicia, b) No se estableció con fundamento... Que esa sociedad mercantil sea administrada conforme a los estatutos sociales de la empresa, o sea, los miembros de la junta directiva conforme a las actas de Asamblea Extraordinaria de dicha empresa, c) No se expresó las facultades de la junta Ad Hoc, d) No se identificó si la empresa queda sujeta a la supervisión y control de cuentas bancarias y activos líquidos, mueble e inmuebles pertenecientes a la empresa... e) No quedó expresa constancia que la designación de la Junta/id Hoc, le otorgara representación en la mencionada compañía... f) Por último, la junta Ad Hoc no se expresó, que deberán rendir cuenta de su gestión por escrito cada mes... ‘

|Lo expuesto por el Juez recurrido en su sentencia del 12 de Agosto de 2022 constituye una contradicción grosera, si se lee la sentencia del 19 de julio de 2022, emitida por la titular del tribunal Jueza Luis Renee Garrido, donde se expresa claramente como sigue:

‘Por lo que, lo ajustado a derecho es nombrar la JUNTA DIRECTIVA AD HOC DE LA EMPRESA KM PROYECTOS 2001, C.A., PRESIDIDA POR... Los cuáles serán los miembros de la Junta directiva de la empresa,  los cuales con mayoría simple de la junta,   TENDRÁN LA REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA ICM PROYECTOS 2001 C.A., PUDIENDO FIRMAR CONTRATOS,  ABRIR, MOVILIZA  Y CERRAR CUENTAS BANCARIAS NACIONALES E INTERNACIONALES, LIBRAR, FIRMAR, ACEPTAR, ENDOSAR, PROTESTAR, DESCONOCER Y NEGOCIAR TODA CLASE DE TÍTULOS, DE CRÉDITOS,  CHEQUES Y EFECTOS DE COMERCIO DE CUALQUIER NATURALEZ; ENAJENAR, GRAVAR, PERMUTAR, ADQUIRIR Y DISPONER DE TODA CLASE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES; DESIGNAR EL PERSONAL DE GERENCIA Y EJECUTIVO DE LA EMPRESA, DETERMINANDO SUS FUNCIONES Y FIJANDO SUS REMUNERACIONES; DESIGNAR APODERADOS JUDICIALES, OTORGANDOLE PODERES GENERALES O ESPECIALES CON FACULTADES PARA ASISTIR TRANSIGIR, CONVENIR, RECIBIR CANTIDADES DE DINERO OTORGANDO RECIBO Y FINIQUITOS, INTENTAR TODA CLASE DE ACCIONES Y CONTESTAR LAS QUE CONTRA LA EMPRESA SE INTENTAREN, ANUNCIAR Y CONSIGNAR TODA CLASE DE RECURSOS, APELAR TODO TIPO DE DECISIONES Y TODAS AQUELLAS GESTIONES QUE SEAN MENESTER REALIZAR PARA LA MEJOR DEFENSA DE LOS INTERESES SOCIETARIOS, SIN LIMITACIÓN ALGUNA; NOMBRAR Y REMOVER EL PERSONAL OBRERO Y EMPLEADOS ; REALIZAR TODAS AQUELLAS GESTIONES Y ACTOS QUE SE REQUIEREN PARA EL CUMPLIMIENTO CABAL DEL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA; TAMBIÉN PARA QUE "REALICEN CUALQUIER GESTIÓN QUE TENGA QUE VER CON ACTIVIDADES DE ÍNDOLE COMERCIAL A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL, DEBIENDO RENDIR INFORME A ESTE JUZGADO TRIMESTRALMENTE, A LOS FINES DE GARANTIZAR EL PATRIMONIO DE LA EMPRESA ICM PROYECTOS 2001, C.A.. Y ASÍ SE DECIDE"

Entonces honorables Jueces de la Corte de Apelaciones, ¿De qué manera "no quedó claramente tesado en la decisión...", o "No se estableció con fundamento la cautelar innominada....", o "No expresó las facultades de la junta...", o "No se identificó si la empresa queda sujeta a la (misión y control de cuentas bancarias y activos líquidos, mueble e inmuebles pertenecientes a empresa...", o "No quedó expresa constancia que la designación de la junta... Le otorgara representación en la mencionada compañía...", o "No se expresó que deberán rendir cuenta de su in por escrito"???

^lentísimos miembros de esta Corte de Apelaciones, necesario es concluir que los fundamentos de la motiva del Juez José M. Márquez en su decisión de fecha 12 de agosto de 2022, SON FALSOS y en consecuencia, su decisión carece de motivación sustentada.

luego continua la sentencia:

‘En segundo lugar, bajo las consideraciones y revisión de las actas procesales que conforman la presente causa se desprende una presunción de que pueda verse infructuoso y nugatorio la materialización de una sentencia favorable en caso de ser declarada, en el sentido de observarse que  los bienes objeto de la presente acción pudieran ser enajenados o grabados..."

Nuevamente el Juez José M. Márquez García nos deja impávidos al no reconocer la sentencia de ' 02 de marzo de 2022 donde ‘Se acordó medida innominada de prohibición de enajenar y ir bienes y de otorgar o inscribir por ante registros públicos o notarías, cualquier documento en que sea parte la empresa ICM Proyectos 2001, C.A...’. Lo desconcertante es que es el mismo José M. Márquez García quien al folio 133 de su sentencia al describir el RECORRIDO ¡ESAL hace referencia a esta misma medida, abonando a las ya reiteradas contradicciones dicha sentencia. De QUE MANERA LOS BIENES OBJETO DE LA PRESENTE ACCIÓN PUDIERAN SER ENAJENADOS O GRABADOS SI ESTE MISMO TRIBUNAL ACORDÓ MEDIDA INNOMINADA DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR Y GRAVAR BIENES Y DE OTORGAR O INSCRIBIE POR ANTE REGISTROS PÚBLICOS O NOTARÍAS???????,

Continúa la sentencia expresando que:

‘se puede concluir, sin nuevamente prejuzgar el fondo, que efectivamente pueda existir elementos de riesgo que permiten la inferencia de la presunción grave del derecho reclamado (Periculum in mora) y la presunción grave del derecho que se reclama (fomus boni iuris) y el Periculum in danni’

Paradójicamente, los derechos reclamados en la parte final de su motiva, son los que sustentan las medidas cautelares, y estas no persiguen más que fundamentar la garantía de cumplimiento de la decisión, EN FAVOR DE LA VÍCTIMA, JAMÁS PUEDEN TENDERSE QUE LAS MEDIDAS INNOMINADAS O "EL GRAVE DERECHO RECLAMADO" PUEDE SER EN FAVOR DE QUIEN HA CAUSADO EL DAÑO. Por tanto, excelentísimos Miembros de esta Corte de Apelaciones, es obligante, jurídica y lógicamente, concluir que lo antes expuesto (Que es lo único atinado de la decisión del Juez José M. Márquez García) "se desprende una presunción de que pueda verse infructuoso y nugatorio la materialización de una sentencia favorable en caso de ser declarada... pueda existir elementos de riesgo que permiten la inferencia de la presunción grave del derecho reclamado (Periculum in mora), y la presunción grave del derecho que se reclama (fomusboni inris) y el Periculum in danni" Ello sustenta por demás la necesidad de mantener la medida innominada. Sorprendentemente, la sentencia continúa de manera inmediata exponiendo que:

‘Lo precedente y ajustado a derecho es declarar con lugar la solicitud presentada por los apoderados judiciales, profesionales del derecho abogados BETTY ELENA QUINTERO REYES... y JULIO CESAR TERÁN MARTÍNEZ" (Que reiteramos carecen de cualidad procesal por ostentar un poder personal de los investigados quienes NO SON ACCIONISTAS DE LA EMPRESA, y solicitan la nulidad de la medida innominada que recae sobre una empresa a la cual NO REPRESENTAN) "LA SUSPENSIÓN DE LA NUEVA JUNTA INTERVENTORA... en aras de garantizar el desarrollo de un proceso judicial sin violaciones constitucionales conforme a lo consagrado en el Artículo 257°y 87° de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela’

A título de ruego, solicitamos su digna atención a revisar la sentencia del Juez José M. Márquez García y que al igual que nosotros, se percaten que, en ninguna parte de la sentencia, es proferida, tan siquiera una oración que sustente la violación del derecho al trabajo o del debido proceso, o del sacrificio de justicia por omisión de formalidad. Más grave aún es que, ni la solicitud de BETTY ELENA REYES QUINTERO, quien fundamentó su solicitud en base a los Artículos 49° numeral 1, 26° y 51° constitucionales, ni en la solicitud de JULIO CESAR TERÁN MARTÍNEZ (Ambos carentes de capacidad legal para solicitar la nulidad) fundamentan los hechos que conforman sus solicitudes en los Artículos mencionados por el Juez José M. Márquez García en su decisión. Entonces ¿De dónde el Juez José M. Márquez García motiva la decisión en violaciones constitucionales (87° Y 257° CNRBV) que no han sido ni solicitadas, ni explicadas, ni invocadas y que según su criterio, fundamentan su motiva y la decisión?, QUE EN NUESTRO CRITERIO SÍ VIOLÓ Y MENOSCABÓ LOS DERECHOS DE LA VÍCTIMA QUE REPRESENTO, EL DEBIDO PROCESO EN LA PRESENTE CAUSA, LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA Y LAS DECISIONES DE ESTA CORTE DE APELACIONES Y DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA, SEGÚN SE HA EXPLICADO.

Incoherente e incomprensiblemente, el Juez José M. Márquez García admite la solicitud realizada por la Abogada BETTY ELENA REYES QUIENTERO, quien en dicho escrito invoca el Artículo 51° constitucional (…)

Evidentemente, el Juez José M. Márquez García, NO SE PERCATO de que tanto la abogada BETTY ELENA REYES QUINTERO, como el abogado JULIO CESAR TERÁN MARTÍNEZ, NO HIÑEN COMPETENCIA PARA REPRESENTAR O DIRIGIR PETICIONES SOBRE LOS ASUNTOS QUE GUARDEN RELACIÓN CON ICM PROYECTOS 2001, C.A. PORQUE NO HAN SIDO APODERADOS POR LOS REPRESENTANTE DE LA MISMA. Además, el Juez José M. Márquez García no tiene capacidad para tomar decisiones que sean diferentes a declarar la INADMISIBILIDAD a las solicitudes de la abogada BETTY ELENA REYES QUINTERO, por cuanto el Tribunal Supremo de Justicia ya resolvió sobre ese punto, según la sentencia de fecha 7 de julio de 2022, de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia la Dra. TANIA D AMELIO CARDIET, que declaró INADMISIBLE el Amparo constitucional de la Abogada BETTY ELENA REYES QUINTERO debido a que su representado no se ha puesto a derecho.

Señores miembros de esta honorable Corte de Apelaciones, NO CONCEBIMOS CÓMO SE PUEDE SER MÁS ANTAGÓNICO Y CONTRADICTORIO EN ESTA DECISIÓN PROFERIDA POR EL JUEZ JOSÉ M. MÁRQUEZ GARCÍA;

Primero: Cuando una solicitud de NULIDAD, se decide por SUSPENSIÓN;

Segundo: Cuando exhibe fundamentos que soportan la decisión en favor de una medida cautelar y luego decide dejar sin efecto esa misma medida cautelar, en razón de que los fundamentos son aplicados como justificativo de una medida cautelar que protege a la víctima, nunca en favor del victimario;

Tercero: Cuando fundamenta su decisión con una clara inobservancia y meridiana contradicción con lo sentenciado por la ciudadana Jueza Luisa Renne Garrido (Que sí estableció competencias, funcionalidad y alcance de la Junta Directiva Ad Hoc);

Cuarto: Cuando el fundamento legal de la suspensión (Que inicia con una solicitud írrita de nulidad) se realiza conforme a lo consagrado en el derecho al trabajo QUE NUNCA FUE INVOCADO, y el sacrificio de la justicia por omisión de formalidades, además del debido proceso; y

Quinto: Finalmente y más increíble aún, cuando la solicitud de nulidad de medida que afecta a una persona jurídica es interpuesta por abogados que representan a personas naturales investigadas en esta causa y que dichas personas NO TIENEN INTERÉS LEGITIMO en ICM Proyectos 2001, C.A.

Señores Jueces de la Corte de Apelaciones, como es de su conocimiento, La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, mediante decisión № 024, de fecha 28-02-2012, ha señalado claramente lo que a continuación transcribimos:

‘..La motivación de las sentencias, constituye un requisito de seguridad jurídica, que permite establecer con exactitud y claridad a las diferentes partes que intervienen en el proceso; cuáles han sido los motivos de hecho y Derecho, que llevaron al juez, acorde con las reglas de la lógica, las máximas de experiencias, la sana crítica y los conocimientos científicos, declarar el derecho a través de decisiones debidamente fundamentadas en la medida que éstas se hacen acompañar de una enumeración congruente, armónica y debidamente articulada de los distintos elementos que cursan en ¡as actuaciones y se eslabonan entre sí, los cuales, al ser apreciados jurisdiccional y soberanamente por el Juez, convergen a un punto o conclusión serio, cierto y seguro...’

De tal manera, que por argumento en contrario existirá inmotivación en aquellos casos donde haya ausencia de fundamentos de hecho y de derecho en la apreciación de los diferentes elementos probatorios cursantes en autos. En este sentido, la doctrina patria se ha referido a la inmotivación señalando:

u...La inmotivación se da cuando la sentencia carece de fundamentos de hecho y de derecho. Para que la sentencia no sea un invento o arbitrariedad del juez, sino producto de un juicio razonable del sentenciador, debe expresar las razones de hecho y de derecho en que se fundamenta....La fundamentación entre el hecho y el derecho son elementos básicos que constituyen ¡as premisas necesarias que dan nacimiento al dispositivo del fallo. Es deber del juez subsumir los hechos que aparecen probados en la causa con los que abstractamente están establecidos en la norma penal aplicable; este juicio de valor es la verdadera fundamentación de la sentencia, constituye la base que da razón y fuerza dispositiva. Por estas razones cuando no se cumplen estos requisitos la sentencia resultaría viciada por inmotivación, y acarrearía la nulidad del fallo...’ (Morao R. J.R.: El Nuevo P.P. y Los derechos del Ciudadano. 2002. pág. 364).

H) EL Juez emite opiniones subjetivas y particulares en contra de mi defendido y que no aparecen en ninguna parte del escrito de solicitud sobre el cual emite su decisión.

En el segundo párrafo del folio 134 de la decisión controvertida, califica a los miembros de la comisión especial como ‘Personas de confianza de la presunta víctima’; nos llama poderosamente la atención que es el propio Juez recurrido en su aparte ‘RECORRIDO PROCESAL’ quien despliega una afirmación tan delicada que ha sido repetida por el Abogado Alejandro Ramón Terán Martínez y el Abogado Julio Cesar Terán Martínez, en sus escritos de Apelación y Recusación ¿De dónde el Juez. José M. Márquez García obtiene fundamentos para emitir tal aseveración en su sentencia?.

Considerando que el Juez José Márquez García tan solo tenía una semana encargado del tribunal. para el momento en que emite la sentencia recurrida, y en ese lapso de tiempo jamás tuvo contacto alguno con los miembros de la Junta Directiva Ad Hoc, es necesario concluir que compartió las apreciaciones subjetivas y personales con los abogados ALEJANDRO TERÁN MARTÍNEZ. JULIO CESAR TERÁN MARTÍNEZ Y BETTY ELENA REYES QUINTERO, quien suspicaz y convenientemente es JUBILADA del Poder Judicial.

Posteriormente, el Juez José M. Márquez continúa abrogándose el criterio del abogado JULIO KESAR TERÁN MARTÍNEZ, el cual reiteramos NO TIENE CUALIDAD PARA REPRESENTAR A ICM PROYECTOS 2001, C.A.; al exponer en su folio 154 de su decisión controvertida, ■coherente e ilógica, con irrefutables vicios de nulidad que:

‘Efectuando las consideraciones que anteceden, observa quien decide que... Así mismo se puede observar de las actas procesales... Que el accionista JESÚS ALBERTO PÉREZ OROPEZA... ha Mantenido su cualidad de accionista minoritario" (¿?)

La sentencia no explica, ni motiva el porqué de la observación antes mencionada si no es oportuna a efectos de la decisión. Pareciera una observación realizada por la parte que ha afectado los derechos de mi defendido, y que hemos sido testigos presenciales de esos comentarios en los pasillos del tribunal en cada encuentro sostenido en el despacho de la Juez Titular de la causa.

I )DAÑO PROFERIDO POR EL JUEZ A LA CAPACIDAD DE CONTRATAR DE ICM PROYECTOS 2001, C.A., POR AFECTAR LA ESTRUCTURA GERENCIAL Y ORGAN1ZACIONAL DE LA EMPRESA (ARTÍCULOS 179 Y 439 NUMERAL 5 DEL COPP)

El Juez recurrido, en una muestra más de su total desconocimiento del proceso, SUSPENDIÓ A LA A DIRECTIVA AD HOC, sin percatarse que, con esa decisión, dejaba sin Junta Directiva a la sociedad mercantil, ergo, deja sin capacidad de representación a la empresa frente a los contratos con la primera empresa estatal del país.

Debo confesar que me encuentro realmente sorprendido al advertir que el Juez Recurrido peca por omisión. al establecer en su sentencia información que utiliza en su fundamento, para luego tomar decisionesnes que contravienen la solicitud, la motivación y los intereses de la víctima, en contravención a los principios de justicia que deben prevalecer en un impartidor de justicia, y esta omisión queda evidenciada cuando el Juez recurrido expresa en su sentencia, (y pido su atención al folio 189 de la sentencia recurrida), que en fecha 02 de marzo de 2022 ‘se acordó designar una designar una comisión’, pues bien señores Jueces, esa misma designación, en su folio 10, establece: "ES MENESTER RESALTAR QUE LA JUNTA DIRECTIVA ACTUAL QUEDA SUSPENDIDA LAS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS HASTA QUE ESTA JUZGADORA DECIDA LA DESIGNACIÓN DE UNA NUEVA JUNTA DIRECTIVA AD HOC. De manera cónsona Don esta decisión, se generó un acto de juramentación de fecha 04 de marzo de 2022, en la cual se Expresa: ‘... QUEDANDO ASI SUSPENDIDAS LAS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS DE LA JUNTA DIRECTIVA ACTUAL HASTA QUE ESTA JUZGADORA DECIDA LA DESIGNACIÓN DE UNA NUEVA JUNTA DIRECTIVA AD HOC DE LA EMPRESA ICM PROYECTOS 2001, C.A., RIF: J-30763856-7, CON BASE A LA DECISIÓN TOMADA EN FECHA 02 DE MARZO DE 2022 POR ESTE JUZGADO (Mayúsculas y Subrayado ro)

Posteriormente, en fecha 19 de Julio de 2022, se designa la Junta Directiva Ad Hoc.

En el momento en que la Abogada Betty Reyes Quintero (sin tener cualidad), solicita la nulidad de la designación de la Junta Directiva Ad Hoc, referida indudablemente a la decisión del 19 de Julio le 2022, y el Juez Recurrido HACIENDO GALA DE SU DESCONOCIMIENTO DEL ¡PROCESO- decide (sin concordancia) suspender la Junta Directiva Ad Hoc, ocasionando un vació a la Dirección de la empresa, pues en fecha 02 de Marzo, y como bien extrajimos de la referida sentencia y su correspondiente juramentación, las atribuciones y competencias de la Junta Directiva [YA HABÍAN SIDO SUSPENDIDAS, Y ESA DECISIÓN AUN SIGUE FIRME. PUES ESA PECISIÓN NO HA SIDO ANULADA NI APELADA CON LUGAR. Sería la nueva Junta Directiva Ad Hoc, la que establecería la dirección de la empresa mercantil. Lo antes expuesto viola establecido en el artículo 179 del COPP (…)

Como bien establecimos, el Juez en su sentencia jamás determinó, de manera concreta y específica cuales son los actos anteriores o contemporáneos a los que la nulidad se extiende por su conexión con el acto anulado..." que en este caso, debía estar en cuenta que al suspender la Junta Directiva Ad Hoc. y estando suspendidas las atribuciones y competencias de la Junta Directiva de la compañía ICM Proyectos 2001. C.A., conforme a la decisión de fecha 02 de mar/o de 2022. DEJABA SIN JUNTA DIRECTIVA A LA SOCIEDAD MERCANTIL. INUTILIZÁNDOLA PARA EJERCER SU OBJETO. AFECTANDO SU PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y LOS CONTRATOS Y ALIANZAS QUE SUSCRIBE CON LA PRINCIPAL ESTATAL DEL PAÍS ADEMAS DE LOS TERCEROS CONTRATISTAS CON LA QUE LA EMPRESA MANTIENE RELACIONES. HACIENDO NULO CUALQUIER CONTRATO QUE EJERZA LUEGO DE LA SENTENCIA PROFERIDA POR EL JUEZ RECURRIDO. Obsérvese que en ninguna parte de la sentencia el Juez recurrido menciona como quedan entonces las atribuciones y competencias que ejercía la Junta Directiva Ad Hoc, o QUE JUNTA DIRECTIVA SERÍA LA QUE DEBÍA EJERCER ESAS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS?, o SI SE RATIFICABA LA JUNTA DIRECTIVA SEGÚN LOS ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA?, simplemente dejó un vacío que menoscaba la acidad de obrar de la Sociedad Mercantil ICM Proyectos 2001, C.A. afectando su operatividad y estructura financiera (Art. 439 Numeral 5 del COPP).

En conclusión, la empresa ICM PROYECTOS 2001, C.A., en la actualidad, y gracias a la decisión inconexa, absurda, desatinada, sin fundamento, y con falta de coherencia, del Juez recurrido, no tiene Dirección ni Junta Directiva, lo cual afecta su representación y capacidad para contratar frente terceros y su objeto social como ente prestador de servicios, deviniendo en que, paradójicamente. Lo que tanto acusaban los abogados de la contraparte públicamente fundamentado en que era la nueva Junta Directiva Ad Hoc quienes querían paralizar la empresa, pues fueron ellos junto con la decisión del Juez recusado, quienes lo han logrado al dejar a la empresa ACÉFALA Y SIN DIRECCIÓN. ESTA ACCIÓN SI PARALIZA EN DEFINITIVA A LA EMPRESA. Pues sus acciones en adelante SON NULAS. ESTE ES UNO DE LOS FUNDAMENTO DEL PERJUICIO CAUSADO.

Lo antes expuesto afecta directamente el patrimonio de los accionistas, los empleados, los terceros y definitivamente el patrimonio de la víctima, Y HACEMOS RESPONSABLE AL JUEZ DEL MENOSCABO QUE OCASIONE la incapacidad de la empresa de contratar y cuantificaremos esos daños para demandar su implicación y el resarcimiento de los perjuicios ocasionados por los ingresos que a partir de su decisión deje de percibir la empresa debido a su incapacidad de contratar, o aquellos contratos que posteriormente sean declarados nulos por ser realizados posteriores a la decisión recurrida del juez. Ya que, A PARTIR DE SU DECISIÓN, todos los actos desplegados por quienes emitan órdenes de carácter administrativo y mercantil dentro de la empresa, SON NULOS, así como cualquier contrato que obligue a la empresa, de lo cual también será responsable el Juez recurrido EN FORMA PERSONAL. (…)

El Juez recurrido, como es bien sabido, es un funcionario público que está prestando un servicio público en el sistema de justicia, al cual acudió la víctima JESÚS ALBERTO PÉREZ OROPEZA, debidamente representado, en la búsqueda de ejercer el derecho contemplado en el Artículo 26° de nuestra Constitución, en lo referido a que: "Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses". En el caso de marras, la víctima ha denunciado que los investigados encabezados por GIRALDIE JESÚS AGUILAR LOZADA, falsificaron su firma para registrar el Acta de Asamblea de fecha 12 de junio de 2018, inscrita ante el Registro Mercantil 3ro. De Barcelona, Estado Anzoátegui bajo el Número 4, Tomo 13-A RM3ROBAR del año 2018; hecho ordenado por GIRALDIE JESÚS AGUILAR LOZADA con el objeto de firmar un contrato en el cual ambos no estaban en acuerdo; de igual manera en el Acta de Asamblea del 19 de julio de 2018, inscrita ante el Registro Mercantil 3ro. De Barcelona. Estado Anzoátegui bajo el Número 140, Tomo 15-A RM3ROBAR del año 2018; la cual fue hecha para cambiar el valor nominal de las acciones de la empresa; además JESÚS ALBERTO PÉREZ OROPEZA ha sido enfático en señalar que tanto él como su socia la ciudadana FANI DEL CARMEN LOZADA DE AGUILAR se encontraban fuera del país y que ninguno de los dos firmó dichas Actas de Asamblea; Y así quedó demostrado con los movimientos migratorios solicitados por  el Ministerio Público y las experticias grafotécnicas realizadas por el CICPC. (…)” [sic] {Mayúsculas, negritas y resaltado del la solicitud}

Finalmente el abogado Armando José Arteaga Blanco, consignó como anexos a la solicitud de avocamiento, copias fotostáticas simples de un recorte de periódico, en donde en uno de sus artículos se lee “CARTA ABIERTA” el cual se encuentra dirigido a la Magistrada Doctora Gladys María Gutiérrez Alvarado, en su carácter de Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, cuyo contenido resulta ilegible.

Así mismo, consignó copia simple del poder especial (y su apostilla) otorgado el 29 de septiembre de 2022, en el estado de Florida, Estados Unidos de América, por el ciudadano Jesús Alberto Pérez Oropeza, a los abogados Oswaldo Yuseb Escalante Uribe y Armando José Arteaga Blanco; el cual faculta a los referidos profesionales del derecho, a representar a su poderdante en la causa penal identificada con el alfanumérico “03 CT-067-2021”

 

II

COMPETENCIA DE LA SALA DE CASACIÓN PENAL

 

Corresponde a esta Sala de Casación Penal determinar su competencia para conocer de la solicitud de avocamiento presentada por el abogado Armando José Arteaga Blanco, en su carácter de apoderado judicial del ciudadano Jesús Alberto Pérez Oropeza y, a tal efecto, observa:

 

La Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en su artículo 31, numeral 1, establece la competencia de cada una de las Salas que integran este Máximo Tribunal para solicitar una causa y avocarse a su conocimiento, en los términos siguientes:

 “(…) Artículo 31. Son competencias comunes de cada Sala del Tribunal Supremo de Justicia:

1.- Solicitar de oficio, o a petición de parte, algún expediente que curse ante otro tribunal y avocarlo en los casos que dispone esta Ley (…)”.

Por su parte, el artículo 106 eiusdem, dispone lo siguiente:

“Artículo 106. Cualesquiera de las Salas del Tribunal Supremo de Justicia, en las materias de su respectiva competencia, de oficio o a instancia de parte, con conocimiento sumario de la situación, podrá recabar de cualquier tribunal, en el estado en que se encuentre, cualquier expediente o causa para resolver si la avoca y asume el conocimiento del asunto o, en su defecto, lo asigna a otro tribunal (…)”.

 

En tal sentido, en el presente caso, la solicitud de avocamiento formulada se relaciona con el proceso penal seguido contra el ciudadano Giraldie Jesús Aguilar Lozada, en la referida solicitud no se encuentran especificados los delito por los cuales se sigue la referida causa, no obstante de los anexos (poder especial) se puede apreciar que la misma se sigue por la presunta comisión de los ilícitos penales de “(…) CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIO PÚBLICO, FALSA ATESTACIÓN ANTE FUNCIONARIO PÚBLICO, USO Y APROVECHAMIENTO DE ACTO FALSO, APROPIACIÓN INDEBIDA, ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR Y CONCURSO REAL DE DELITOS (…) (sic) [mayúsculas y negritas del poder especial], En virtud de ello, esta Sala de Casación Penal resulta competente para conocer de la misma. Así se declara.

 

III

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

 

Determinada la competencia de esta Sala de Casación Penal para conocer de la solicitud de avocamiento, le corresponde pronunciarse sobre la admisibilidad de dicha solicitud y, al respecto, observa lo siguiente:

 

El avocamiento es una institución jurídica de carácter excepcional que le otorga al Tribunal Supremo de Justicia, en cada una de sus Salas y en las materias de su respectiva competencia, la facultad de solicitar en cualquier estado de la causa, bien de oficio o a instancia de parte, el expediente de cuyo trámite esté conociendo cualquier tribunal, independientemente de su jerarquía y especialidad y, una vez recibido, resolver si asume directamente el conocimiento del caso o en su defecto, lo asigna a otro tribunal.

 

Es por ello que, debido a su carácter especial y excepcional, la solicitud que al respecto se realice debe ser examinada exhaustivamente, por cuanto debe cumplir a cabalidad con los requisitos establecidos en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, so pena de la declaración de inadmisibilidad de la misma.

 

En tal sentido, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia en los artículos 107, 108 y 109, regula la figura del avocamiento de la manera siguiente:

 “Procedencia

Artículo 107. El avocamiento será ejercido con suma prudencia y sólo en caso de graves desórdenes procesales o de escandalosas violaciones al ordenamiento jurídico que perjudiquen ostensiblemente la imagen del Poder Judicial, la paz pública o la institucionalidad democrática.

Procedimiento

Artículo 108. La Sala examinará las condiciones de admisibilidad del avocamiento, en cuanto a que el asunto curse ante algún Tribunal de la República, independiente de su jerarquía y especialidad o de la etapa o fase procesal en que se encuentre, así como que las irregularidades que se aleguen hayan sido oportunamente reclamadas sin éxito en la instancia a través de los medios ordinarios. Cuando se admita la solicitud de avocamiento, la Sala oficiará al tribunal de instancia, requerirá el expediente respectivo y podrá ordenar la suspensión inmediata del curso de la causa, así como la prohibición de realizar cualquier clase de actuación. Serán nulos los actos y las diligencias que se dicten en desacato a la suspensión o prohibición que se expida.

Sentencia

Artículo 109. La sentencia sobre el avocamiento la dictará la Sala competente, la cual podrá decretar la nulidad y subsiguiente reposición del juicio al estado que tenga pertinencia, o decretar la nulidad de algunos de los actos de los procesos, u ordenar la remisión del expediente para la continuación del proceso o de los procesos en otro tribunal competente en la materia, así como adoptar cualquier medida legal que estime idónea para el restablecimiento del orden jurídico infringido (…)”.

En consonancia con las normas transcritas, el avocamiento será ejercido, bien de oficio o instancia de parte, en caso de graves desórdenes procesales o escandalosas violaciones al ordenamiento jurídico que perjudiquen ostensiblemente la imagen del Poder Judicial, la paz pública o la institucionalidad democrática, como en aquellos en los cuales sea evidente la violación del derecho al debido proceso consagrado en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

 

De igual modo, para su procedencia se exige el cumplimiento, entre otros, de los requisitos siguientes:

1) Que el solicitante esté legitimado para pedir el avocamiento por tener interés en la causa, salvo en los casos en los que esta Sala de Casación Penal lo hiciere de oficio.

2) Que el proceso cuyo avocamiento se solicita curse ante un juzgado cualquiera sea su jerarquía y especialidad, con independencia de la etapa o fase procesal en que se encuentre.

3) Que la solicitud de avocamiento no sea contraria al orden jurídico, vale decir, opuesta a las normas contenidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

4) Que la solicitud sea interpuesta una vez ejercidos los recursos ordinarios ante la autoridad competente y sin éxito; esto es, que las irregularidades que se alegan deben haber sido oportunamente reclamadas sin el resultado esperado.

 

En tal sentido, cabe acotar que las circunstancias de admisibilidad anteriormente mencionadas deben ser concurrentes, por lo que la ausencia de alguna de estas conllevaría a la declaratoria de inadmisibilidad del avocamiento.

 

Ello, es la razón por la cual esta Sala de Casación Penal reiteradamente ha establecido que “(…) el juicio de admisibilidad se dirige a verificar si la pretensión es jurídicamente apta para que el juzgador pase a estudiar el fondo del asunto, ya que si la materia o el objeto contenido en los planteamientos del solicitante no se adaptan a las exigencias del ordenamiento jurídico, el juez no podrá enjuiciar el fondo de la causa (…)” [Vid. sentencias números 672, del 17 de diciembre de 2009; 287, del 25 de julio de 2016; 351, del 11 de octubre de 2016; y 451, del 14 de noviembre de 2016].

 

Ahora bien, en el presente caso, se observa:

1.- Que la pretensión avocatoria fue interpuesta por el abogado Armando José Arteaga Blanco, en su condición de apoderado judicial del ciudadano Jesús Alberto Pérez Oropeza (quien presuntamente funge como víctima en el proceso), carácter este que se encuentra acreditado en el expediente mediante copias simples que anexó del poder especial otorgado por la víctima, al referido abogado en fecha 29 de septiembre de 2022.

2.- Que, en el caso bajo estudio, se solicita el avocamiento de la causa que cursa ante el “JUZGADO ESPECIAL TERCERO (3°) DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL CON COMPETENCIA EN CASOS VINCULADOS CON DELITOS ASOCIADOS AL TERRORISMO CON JURISDICCIÓN NACIONAL Y COMPETENCIA PARA CONOCER Y DECIDIR EN LOS DELITOS ASOCIADOS A LA CORRUELINCUENCIA ORGANIZADA – CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS” (sic) [mayúsculas y negritas de la solicitud], signada con el número “067-21”, por lo que se encuentra cumplida la exigencia prevista en el citado artículo 108 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, referida a que el asunto curse ante un tribunal de la República, independientemente de su jerarquía y especialidad o de la etapa o fase procesal en la cual se encuentre.

3.- En cuanto al tercer requisito, relativo a que la solicitud no sea contraria al ordenamiento jurídico, tal como dispone el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil, aplicable supletoriamente a los procesos judiciales que cursen ante las distintas Salas de este Máximo Tribunal, de acuerdo con lo previsto en el artículo 98 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, esta Sala de Casación Penal constata que la solicitud presentada por el abogado Armando José Arteaga Blanco, no es contraria a derecho, pues tiene por objeto el avocamiento de un proceso penal en el que, a criterio de este, se han cometido irregularidades que afectan el debido proceso, el derecho a la defensa y el principio de la libertad individual.

4.- Por último, respecto de la exigencia referida a que la solicitud de avocamiento debe ser ejercida previo agotamiento de los recursos ordinarios oportunamente interpuestos ante la autoridad competente, sin el resultado esperado, esta Sala de Casación Penal ha establecido reiteradamente que las partes deben agotar los trámites e incidencias para reclamar las infracciones que consideren han sido cometidas por los órganos jurisdiccionales, y no pretender acudir a la vía del avocamiento para separar momentáneamente la causa de su juez natural o fungir de tercera instancia, subvirtiendo así las formas del proceso.

 

Ahora bien, es necesario señalar que, en virtud del carácter extraordinario del avocamiento, el cual, según se señaló precedentemente, debe ser ejercido con suma prudencia y, solo en casos de graves desordenes procesales o escandalosas violaciones al ordenamiento jurídico, la Sala debe necesariamente realizar un análisis previo a la solicitud avocatoria, a fin de determinar si efectivamente, la misma cumple con los requisitos exigidos por el legislador.

 

En ese sentido, esta Sala observa que fue manifestado en la solicitud de avocamiento que “(…)EL JUEZ ANULA UNA DECISIÓN EMITIDA POR EL MISMO TRIBUNAL VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 160 COPP: (…)” Así mismo señala que con dicha decisión, el Tribunal actuó “(…)DESACATANDO, CONTRAVINIENDO Y DESCONOCIENDO una decisión de la SALA CNSTITUCIONAL DEL TRIBUANL SUPREMO DE JUSTICIA que había declarado INADMISIBLE un Amparo Constitucional intentado en la presente causa por esa misma abogada (Dra. BETTY ELENA REYES QUINTERO (…)”.

 

Aunado a lo anterior, manifiesta el solicitante que los abogados que solicitaron la nulidad de la medida cautelar “(…) NO SON INTERESADOS CALIFICADOS (…)” y por lo tanto dicha solicitud debió ser declarada inadmisible por falta de legitimidad de los solicitantes.

 

Finalmente, en la solicitud avocatoria se alude que la decisión presuntamente violatoria de sus derechos, adolece del vicio de inmotivación y causa un perjuicio irreparable a su representado.

De lo transcrito anteriormente se desprende que, el presunto vicio esgrimido por el solicitante, se centra en denunciar que el “JUZGADO ESPECIAL TERCERO (3°) DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL CON COMPETENCIA EN CASOS VINCULADOS CON DELITOS ASOCIADOS AL TERRORISMO CON JURISDICCIÓN NACIONAL Y COMPETENCIA PARA CONOCER Y DECIDIR EN LOS DELITOS ASOCIADOS A LA CORRUELINCUENCIA ORGANIZADA – CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS (…)”, actuó en contravención al artículo 160 del Código Orgánico Procesal Penal y en desacato a una decisión dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, cuando decidió anular el auto de fecha 19 de julio de 2022, mediante el cual el referido órgano jurisdiccional acordó una nueva directiva Ad Hoc para la Sociedad Mercantil ICM Proyectos 2001, C.A., por cuanto a su decir, tal decisión le correspondía a un Tribunal de alzada, y no al mismo Tribunal que había acordado dicha medida.

 

No obstante a lo anterior, aun y cuando se desprende de la solicitud avocatoria, que se denuncian presuntos vicios acaecidos en el desenvolvimiento del proceso, se observa que los recaudos consignados por el peticionante, no constituyen “per se” prueba suficiente de que en la causa penal seguida contra el ciudadano Giraldie Jesús Aguilar Lozada, haya existido una escandalosa violación al ordenamiento jurídico, toda vez que se tratan, tal como precedentemente se señaló, de copias simples de un recorte de periódico en donde se dirige una “CARTA ABIERTA” de contenido ilegible a la Magistrada Doctora Gladys María Gutiérrez Alvarado, en su condición de Presidenta del Tribunal Supremo de justicia y, del poder especial conferido por su poderdante a fin de representarlo en el proceso penal objeto de la solicitud de avocamiento.

 

En tal sentido, cabe reiterar lo establecido por esta Sala de Casación Penal en  sentencia N°52, de fecha 23 de febrero de 2017, en el sentido siguiente:

“(…) Respecto del carácter necesario e indispensable de los recaudos que han de servir como soporte de las solicitudes de avocamiento, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha destacado que:

(…) se observa que la parte solicitante no especificó cuál es la causa que pretende que esta Sala se avoque, ni ante cuál Juzgado cursa; así como tampoco acompañó copias simples o certificadas de las actas que conforman dicho juicio y de las que se pudiera extraer tal información; requisitos indispensables para verificar su admisibilidad, tal como lo ha establecido de forma reiterada y pacífica la doctrina jurisprudencial que emana de esta Sala Constitucional.

En ese sentido, constituye causal de inadmisibilidad de las demandas, solicitudes o recursos que se interpongan ante cualesquiera de la Salas que integran este Alto Tribunal, no anexar al respectivo escrito los documentos indispensables para verificar la admisibilidad de la solicitud, acción o recurso interpuesto (…)” (Vid sentencia n° 168/2010, del 23 de marzo). (Resaltado de esta Sala).

 

De igual modo, lo establecido en la sentencia de esta Sala de Casación Penal N° 278, del 8 de mayo de 2015, cuyo texto refiere:

“(…) Del escrito presentado se evidencia, que los fundamentos de la solicitud de avocamiento se circunscriben al trámite efectuado por la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, para la admisión y posterior resolución del recurso de apelación interpuesto por el representante del Ministerio Público…sin que haya acompañado alguna documentación que sustente su pretensión.

Al respecto, el artículo 106 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia prevé:

Denotándose en su contenido, que si bien no establece expresamente la exigencia de documentación que soporte la solicitud de avocamiento ello no implica el derecho de alegar todo cuanto se considere en el escrito contentivo de la pretensión, con el deber de la Sala de admitirla confiando solo en lo expuesto por el solicitante y posteriormente paralizar el proceso (tantas veces como se solicite), para comprobar lo denunciado.

Interpretarla en ese sentido, sería crear una fuente de innumerables retardos procesales ante el traslado de expedientes desde la sede judicial natural hasta el Tribunal Supremo de Justicia y viceversa. Por tanto, la suma prudencia que establece el artículo 107 de la ley orgánica que regula al Máximo Tribunal de la República, exige que la Sala ejercite esta potestad cuando existan las condiciones para presumir que efectivamente lo que alega el solicitante es cierto, y ello puede hacerlo con la documentación pertinente, situación que no ocurrió en el caso bajo análisis.

De allí que, resulta necesario que el solicitante del avocamiento acompañe la documentación que sustente su pretensión, la cual es igualmente necesaria a fin de verificar la cualidad y legitimidad de aquel que se presenta ante esta instancia judicial, así como la existencia de un proceso penal ante un tribunal de la República, que permita a la Sala de Casación Penal acreditar una presunción de veracidad para solicitar el expediente y comprobar de las actuaciones lo alegado. Circunstancias estas, que no pueden constatarse en el caso particular, toda vez que el requirente solo presentó un escrito mediante el cual solicitó el avocamiento (…)”. (Negrillas y subrayado de la Sala).

 

En sintonía con lo establecido en las sentencias parcialmente transcritas ut supra, es indudable que a pesar de no encontrarse establecido taxativamente en la norma que la solicitud de avocamiento debe estar acompañada de documentos que la sustenten, sin embargo, no basta con la simple alegación respecto a los graves desórdenes procesales o escandalosas violaciones al ordenamiento jurídico, toda vez que la admisión de la pretensión avocatoria tiene que estar sustentada en la existencia de un desequilibrio procesal importante, capaz de poner en entredicho el buen funcionamiento jurisdiccional por parte de los operadores de justicia, circunstancia que no se encuentra demostrada con los documentos que acompañan la presente solicitud.

 

Dicha necesidad de documentar la pretensión avocatoria, ostenta su naturaleza en evitar que, mediante esta vía excepcional, se genere una fuente de innumerables retardos procesales ante el traslado de expedientes desde la sede judicial natural hasta el Tribunal Supremo de Justicia y viceversa. Por tanto, la suma prudencia que establece el artículo 107 de la Ley Orgánica que regula al Máximo Tribunal de la República, exige que la Sala ejercite esta potestad cuando existan las condiciones para presumir que efectivamente lo que alega el solicitante es cierto, y ello puede hacerlo con la documentación pertinente, situación que no ocurrió en el caso bajo análisis.

 

De allí que, resulta necesario que el solicitante del avocamiento acompañe la documentación que sustente su pretensión, la cual es igualmente necesaria a fin de verificar la cualidad y legitimidad de aquel que se presenta ante esta instancia judicial, así como la existencia de un proceso penal ante un tribunal de la República, que permita a la Sala de Casación Penal acreditar una presunción de veracidad para solicitar el expediente y comprobar de las actuaciones lo alegado.

Por otra parte, de los argumentos expuestos se evidencia el desacuerdo del solicitante, con las decisiones del Tribunal de Primera Instancia, respecto a la decisión del sentenciador de anular la designación de la Junta Directiva Ad Hoc, de la Sociedad Mercanti ICM Proyectos, C.A., siendo criterio reiterado de la Sala de Casación Penal, que el requirente no puede procurar utilizar el avocamiento para impugnar un fallo que le adversa, o que no sea cónsono con todos sus requerimientos, debido a que la excepcionalidad de esta figura jurídica implica el cumplimento de ciertas condiciones y circunstancias previstas en la ley para que pueda prosperar la admisibilidad de la solicitud, elementos estos que no están presentes en el caso de autos. 

 

Advirtiéndose, que para la procedencia del avocamiento es necesario y obligante que el mismo esté fundado sobre la base de la gravedad y urgencia de infracciones normativas acaecidas dentro del procedimiento penal, que vulneren flagrantemente derechos constitucionales. Es por ello, que las solicitudes planteadas de manera aislada, genérica y subjetiva, que no especifiquen detalladamente las presuntas violaciones al ordenamiento jurídico, sino simplemente por la circunstancia que una decisión sea desfavorable para una de las partes, no son susceptibles de ser revisadas a través de esta figura extraordinaria.

 

En consecuencia, en el presente caso, no se encuentran satisfechos los requisitos establecidos por la ley para la admisión del avocamiento, en razón de lo cual, resulta forzoso para esta Sala de Casación Penal declarar inadmisible la solicitud avocatoria formulada por el abogado Armando José Arteaga Blanco, en su carácter de apoderado judicial del ciudadano Jesús Alberto Pérez Oropeza (víctima), de conformidad con lo establecido en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Así se decide.

 

V

DECISIÓN

 

Por las razones antes expuestas, el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara:

 

ÚNICO: INADMISIBLE la solicitud de avocamiento propuesta por el abogado Armando José Arteaga Blanco, en su carácter de apoderado judicial del ciudadano JESÚS ALBERTO PÉREZ OROPEZA (víctima), de la causa penal que se le sigue a los ciudadanos GIRALDIE JESÚS AGUILAR LOZADA, JUAN CARLOS LÓPEZ GARCÍA Y CARLOS ALBERTO RONDÓN BORJAS, ante el “JUZGADO ESPECIAL TERCERO (3°) DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL CON COMPETENCIA EN CASOS VINCULADOS CON DELITOS ASOCIADOS AL TERRORISMO CON JURISDICCIÓN NACIONAL Y COMPETENCIA PARA CONOCER Y DECIDIR EN LOS DELITOS ASOCIADOS A LA CORRUELINCUENCIA ORGANIZADA – CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS”, de conformidad con lo establecido en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

 

Publíquese, regístrese y ofíciese lo conducente. Remítase el expediente.

 

               Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, en Caracas, a los diecisiete (17) días del mes de febrero de dos mil veintitrés (2023). Años: 212° de la Independencia y 163° de la Federación.

La Magistrada Presidenta,

 

 

 

 

 

ELSA JANETH GÓMEZ MORENO

 

 

 

 

      La Magistrada Vicepresidenta,                                      El Magistrado,

 

 

 

 

 

CARMEN MARISELA CASTRO GILLY              MAIKEL JOSÉ MORENO PÉREZ           Ponente

  

 

 

 

La Secretaría,

 

 

 

 

ANA YAKELINE CONCEPCIÓN DE GARCÍA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exp. AA30-P-2022-00388

CMCG

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